Consecuencias
económicas y políticas de Petro Urrego
Luis
Guillermo Vélez Álvarez
Economista
“Es
una ley eterna que todo hombre que tiene poder tiende a abusar de él; va hasta
que encuentra límites”
(Montesquieu,
El espíritu de las leyes)
Agradezco al doctor Héctor
Hoyos y demás organizadores por haberme invitado a participar en este Foro. Me
siento muy honrado y muy complacido de estar en este panel con la doctora María
José Bernal, mi querida exalumna, y con mi amigo el doctor Oscar Darío Pérez, con
quien he compartido ideas sobre política pública y tributación desde hace
muchos años.
En este escrito doy respuesta
a las cuatro preguntas que formularon los organizadores, las cuales he
incorporado como notas de pie de página.
Colombia
y la economía mundial
La colombiana es una economía
pequeña. Por volumen de su PIB ocupa el lugar 45 entre 196 países, el 97 por su
PIB per cápita y aporta el 0,33% al PIB del mundo y el 0,65% a la población. Es
una economía relativamente abierta, - con un grado de apertura de 28%
aproximadamente - y los productos primarios representan el 65% de las
exportaciones. Finalmente, no nos
caracterizamos por hacer las grandes innovaciones tecnológicas que revolucionan
los mercados.
En esas condiciones, es
comprensible que el ciclo económico de Colombia esté determinado por la
dinámica de la economía mundial, es especial de las economías de Estados
Unidos, Unión Europea y China con las cuales se realiza el 50% del comercio
exterior y hacia las cuales se destina el grueso de las exportaciones primarias.
El cuadro 1 presenta las proyecciones de crecimiento del Fondo Monetario
Internacional (FMI) para 2023.
Cuadro
1
Ahora bien, el hecho de que
dependamos tanto de factores externos, no significa que no podamos hacer nada
para mitigar el impacto de las recesiones y amplificar el de las expansiones.
No soy partidario de lo que llaman políticas contra cíclicas, prefiero una
política macroeconómica consistente, neutral y de largo plazo, que deje en el
sector privado la responsabilidad de identificar y aprovechar las ventajas
comparativas, de crear sus ventajas competitivas y de esquivar los riesgos y
aprovechar las oportunidades de la economía mundial. Esa política se resume en
los siguientes puntos:
- Tipo
de cambio completamente flexible.
- Expansión
monetaria neutral y ajustada al crecimiento real.
- Baja
presión tributaria y déficit fiscal reducido.
- Apertura
comercial total y a la inversión extranjera.
- Mercado
laboral libre y ningún control de precios.
Nunca hemos tenido esa clase
de política y mucho menos la tendremos bajo el gobierno actual que apunta
exactamente en la dirección contraria.
Las proyecciones del FMI son
de enero, razón por la cual ya deben incorporar los efectos esperados de la
reforma tributaria y de los anuncios de política pública que están minando la
confianza inversionista y del consumidor. Aunque el escenario
internacional no es el más favorable, en forma alguna es el más trágico. Las
políticas internas están agravando el impacto de lo que, de acuerdo con las
cifras, es una recesión moderada.
Un crecimiento de 1% significa
un retroceso de un punto porcentual en el PIB per cápita, por supuesto más
desempleo y mayor pobreza monetaria, todo ello en un ambiente de alta
inflación.
Constitucionalismo
fiscal
La segunda pregunta se enmarca
dentro de la doctrina del Constitucionalismo Fiscal, desarrollada por los
economistas de la llamada Escuela de Virginia y, en especial, por James
Buchanan, Nobel de Economía de 1986.
El Constitucionalismo Fiscal
niega el supuesto del gobierno omnisciente y benevolente del keynesianismo y
retoma dos ideas fundamentales formuladas ya por John Stuart Mill desde el
siglo XIX:
1.
El interés del gobierno es una elevada presión
fiscal; el de la comunidad pagar tan pocos impuestos como permita la cobertura
de los gastos que necesita un buen gobierno.
2.
El verdadero principio del gobierno
constitucional exige que se presuma que se abusará del poder político para
alcanzar los objetivos particulares de quien lo detenta.
Argumentan, con base en la
historia de Estados Unidos y los países de Europa Occidental, que el proceso
político ordinario – elecciones periódicas, alternancia en el poder, oposición
parlamentaria, etc. – ha sido insuficiente para limitar el crecimiento de la
presión fiscal y el tamaño del gobierno. Y ello es así porque “los políticos de
cualquier ideología tienen intereses comunes y la posibilidad que tienen para
explotarlos a expensas del electorado es muy considerable”.
De ahí que sea necesario imponer limitaciones constitucionales para frenar
el apetito fiscal del gobierno.
Aunque precarias, en la
constitución colombiana hay algunas disposiciones que imponen límites a la
arbitrariedad fiscal del gobierno, a saber:
1.
Los conceptos de sostenibilidad fiscal e
incidente de impacto fiscal, incorporados en el artículo 336 por el acto
legislativo 03 de 2011, en desarrollo de los cuales se expidió la ley 1473 de
2011, que fija límites cuantitativos al déficit fiscal y al endeudamiento de la
Nación.
2.
La distribución de competencias entre la Nación
y las entidades territoriales, artículos 356 y 357, que dan fundamento a las
leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007 que reglamentan el Sistema General de
Participaciones (SGP).
Estas normas constitucionales
y las leyes que las desarrollan parecen incomodar al gobierno de Petro. En el
Plan de Desarrollo se lee:
“Los porcentajes fijos, amarrados a
normas constitucionales, han reducido considerablemente el lado
discrecional de la política pública, y han limitado el margen de la planeación.
La abundancia de reglas hace inflexibles los presupuestos y entorpece el diseño
de programas estratégicos”.
Otra norma constitucional que
incomoda al gobierno de Petro es la autonomía de Emisor y del mandato de una
política monetaria centrada en controlar la inflación, consagradas en los
artículos 371, 372, y 373. Se lee en el PND:
“…la política monetaria debe
favorecer las necesidades de financiación inherentes a la transformación de la
matriz energética; por ello, las decisiones de la autoridad monetaria se tienen
que coordinar con las políticas de producción y empleo (…) la financiación de
los proyectos estratégicos que se proponen en el Plan exige que haya
concurrencia de recursos”
La regla fiscal y la autonomía del Emisor son los
pilares de la estabilidad macroeconómica. La regla existe para poner límites al
gasto y al endeudamiento del gobierno y la autonomía busca impedir que financie
su déficit con emisión monetaria.
El SGP es el soporte del precario federalismo fiscal
de Colombia. Sin las reglas del SGP los municipios y departamentos quedarían
sometidos a la arbitrariedad del gobierno nacional en los recursos para salud,
educación, agua potable y saneamiento. Las trasferencias del SGP son el 45% del
Presupuesto General de la Nación. Con el manejo discrecional de las
transferencias, el gobierno nacional pondría de rodillas a las autoridades de cualquier
departamento o municipio.
Cuadro 2
Evidentemente,
hay que defender la regla fiscal, el SGP y la autonomía del Emisor y las normas
constitucionales que les dan fundamento. Hacia futuro, hay que buscar ahondar
el federalismo fiscal, reforzar los límites al gasto público y tratar de
introducir límites constitucionales a los impuestos.
El espejismo de transición energética
Colombia produce el 0,33% del
PIB y - con 1,6 toneladas por habitante, frente al promedio mundial 4,4 -
genera el 0,24% de las emisiones de C02. Con esas cifras resulta ridículo
pretender liderar la lucha contra el cambio climático y, para ello, desmantelar
las actividades minero- energéticas, como si la contaminación resultara más de
la producción que del consumo de los energéticos.
Cuadro
3
El sector minero-energético
emplea unas 200.000 personas y en el bienio 2021-2022
las regalías minero energéticas ascendieron a 16 billones de pesos . Pero, sin duda, lo más
importante del sector es el valor de sus exportaciones que, en el bienio
2021-2022, sumaron cerca de cincuenta y dos mil millones de dólares,
equivalentes al 53% del total.
Cuadro
4
En esas condiciones en obvio
que el desmonte de las actividades minero-energética en nada contribuiría a la
reducción de la contaminación y causaría enormes traumatismos a la economía
colombiana.
¿Hacia
dónde vamos?
Abordaré este último punto
empezando con dos enunciados:
1.
Gustavo Francisco Petro Urrego es el marxista
latinoamericano más estructurado después de Fidel Castro y el caudillo más
carismático después de Hugo Chávez y su objetivo político último es la destrucción
del capitalismo y el establecimiento de un régimen comunista.
2.
Gustavo Francisco Petro Urrego no controla todos
los factores del poder y la sobreestimación de sus fuerzas lo ha llevado a la
apertura de demasiados frentes de lucha lo que ha ocasionado enfrentamientos
que no esperaba con otros poderes institucionales y al debilitamiento de la
coalición de gobierno, incluso con fisuras en el mismo gabinete ministerial. La premura de Petro se
explica porque su conocimiento del proceso político le indica que, pasadas las
elecciones de autoridades locales, su capacidad para controlar la coalición se
reduce considerablemente.
Voy a valerme del resultado
final de un ejercicio de prospectiva que recientemente hicimos algunos amigos
con el acompañamiento de expertos de la Fundación ECSIM.
·
Horizonte de análisis: los 4 años de gobierno,
es decir que los escenarios son los que se presentarían en 2026. No hay pues un
escenario de terminación anticipada del mandato porque no hay mecanismos
institucionales para hacerlo. También se excluye la posibilidad de un golpe de
estado militar.
·
Dimensiones de análisis: Evolución del régimen
político, en el eje horizontal, y Evolución de la situación económica y social,
en el eje vertical.
Los escenarios que se
presentarían en 2026 resultan de la combinación de esas dimensiones:
1.
E1: Democracia con beneficios: Mejoras (+) en
la situación económica y social y el País mantiene y consolida su democracia.
Este es un escenario de muy baja probabilidad de ocurrencia pues significaría
la renuncia de Petro a su proyecto político.
2.
E2: El Nirvana comunista: El País se orienta
hacia el totalitarismo comunista no obstante lo cual se presentan mejoras en la
situación económica y social. Este escenario es similar al que se presentó
durante los cinco o seis primeros años del Chávez, período en el cual los altos
precios del petróleo dieron importantes ingresos su gobierno lo cual le
permitió repartir subsidios a discreción al tiempo que avanzaba, casi sin
oposición, en la consolidación de su proyecto totalitario. Este escenario no es
descartable si se presentan altos precios del petróleo y el carbón y Petro renuncia
a su proyecto de salvar el planeta de cambio climático para salvar su gobierno
y la continuidad de la izquierda en el poder.
3.
E3: Venezuelanización. Deterioro (-) económico
y social y orientación al totalitarismo comunista. Este escenario es bastante
probable por la dimensión económica y por la dimensión política depende de la
capacidad del gobierno de movilizar las fuerzas de extrema izquierda, incluso
de forma violenta y semi-insurrecional, y de convencer a las masas de que el
fracaso de sus políticas es consecuencia del saboteo de la burguesía, el
imperialismo y la derecha.
4.
E4: Libres, pero sin fondos. La situación
económica se deteriora y la izquierda se debilita políticamente de tal suerte
que pierde estruendosamente las elecciones de 2026 ante una derecha fortalecida
y el País mantiene y consolida su democracia. El gobierno fracasa en su
estrategia de movilización popular semi-insurrecional.
Ningún escenario es
ineluctable, todo dependen de la acción humana. Se trata pues de escoger entre
los escenarios probable aquel que es más deseable y orientar la acción a su
materialización.
Aquí lo fundamental es evitar
que el régimen político se oriente hacia la izquierda. Para ello señalo diez puntos:
1.
No tratar de convencer a Petro y sus más
estrechos aliados de sus errores y no hacerles propuestas bien intencionadas.
2.
Esforzarse en evitar que Petro capitalice a su
favor sus fracasos económicos acusando a enemigos internos o externos.
3.
Apoyar a las Altas Cortes, a la Procuraduría,
la Fiscalía y la Contraloría y presionarlas para que cumplan sus funciones
constitucionales de contrapeso.
4.
Presionar los partidos políticos de derecha,
centro derecha y centro izquierda para romper la coalición de gobierno y
llevarlos a la oposición.
5.
Conminar a los gremios económicos para que
abandonen sus estrategias acomodaticias y asuman posiciones radicales en
defensa de la iniciativa privada, las libertades, la democracia y la economía
de mercado.
6.
Convocar a los principales dirigentes políticos
para que realicen alianzas electorales para impedir que la izquierda mantenga las
alcaldías de Bogotá, Cali y Medellín.
7.
Apoyar a las entidades y centros de pensamiento
que difunden los valores de la libertad económica y la democracia.
8.
Mantener la presencia en las calles haciéndole
entender a la gente que se trata de una estrategia de mediano plazo.
9.
Apoyar al Ejército y la Policía y reivindicar
sus tradiciones republicanas para neutralizar las pretensiones del gobierno de
emplearlos para reprimir la protesta.
10. Promover acciones jurídicas contra decisiones
del gobierno y los políticos que lo apoyan.
L La evolución del precio del petróleo es una variable fundamental pues las finanzas del gobierno dependen de él en gran medida. Un alto precio del petróleo en los próximos años le daría gran capacidad de hacer populismo y clientelismo mientras avanza en su proyecto totalitario, tal como hizo Chávez durante los primeros años. La gráfica muestra la relación entre el precio del petróleo y el balance fiscal.
Insisto en un punto: tomen muy
en serio a Petro y tomen en serio sus amenazas:
“He
propuesto un pacto de paz que no solo es con grupos armados, sino con esa
sociedad de los privilegios para que permitan las reformas que marquen un
camino de mayor justicia social. Esa es la paz. Aun la mano está tendida. Pero
no piensen que este gobierno se arrodilla”
LGVA
Marzo de 2023.
