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lunes, 30 de septiembre de 2019

Cincuenta y ocho años de crecimiento económico colombiano


Cincuenta y ocho años de crecimiento económico colombiano

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista

En la base de datos del Banco Mundial se reportan las tasas de crecimiento anual del PIB per-cápita colombiano, entre 1961 y 2018. Con esos datos, se me ocurrió hacer la gráfica y la tabla que se muestran a continuación.



La primera barra promedia las cifras de 14 de los 16 años que duró el Frente Nacional. El promedio de 2,7 para el período es una buena cifra, explicada en buena medida por el notable crecimiento registrado en el cuatrienio de Misael Pastrana Borrero, bajo cuyo gobierno se presentaron las más altas tasas de crecimiento del PIB en un siglo: 6,5% promedio anual.

Lo del período de Pastrana Borrero es aún mas notable habida cuenta de que durante esos años el desempeño del sector cafetero y de sus exportaciones fue relativamente moderado, al contrario de lo que ocurrió bajo el gobierno de López Michelsen, que se benefició de la más extraordinaria bonanza de precios del café de todo el siglo XX, que jalonó la economía para hacerla crecer 4,9% promedio anual en ese período.

El gobierno de Turbay se benefició también de la bonanza cafetera en los dos primeros años; pero los dos últimos estuvieron marcados por una gran recesión económica a nivel mundial, que golpeó duro a la economía colombiana especialmente durante el gobierno de Belisario Betancur.

Los gobiernos de Barco y Gaviria tuvieron unas condiciones externas relativamente favorables y en esos años la economía creció a tasas superiores al 4% anual, dando como resultado un desempeño bueno del PIB per cápita. Durante los gobiernos de Samper y Pastrana, especialmente el de este último, las condiciones externas no podían ser más desfavorables – la llamada crisis del fin del siglo – e internamente el deterioro del orden público y la creciente inseguridad llevaron al colapso de la inversión, lo que se tradujo en un mediocre crecimiento del PIB, lo cual llevó al estancamiento, cuando no al retroceso, del PIB per cápita.

La recuperación del orden público con la política de Seguridad Democrática, permitió que el País aprovechara la bonanza del precio de los commodities – el petróleo, en especial – que se extendió entre 2002 y 2014, jalonando el crecimiento económico y permitiendo, por tanto, un gran avance del PIB per cápita, especialmente en los 8 años de Uribe.



Alcanzar y mantener una tasa de crecimiento elevada del PIB per cápita es fundamental para el crecimiento económico de largo plazo y las consiguientes mejoras en el bienestar de las personas. Eso se debe al poderoso efecto del interés compuesto. Si el PIB per cápita de un país crece a una tasa media anual de 1%, se tardará 71 años para duplicarse y al cabo de 100 años se multiplicará por 3. Pero, si la tasa es 2% anual, el tiempo de duplicación pasa a 35 años y en cien años la cifra inicial se multiplica por 7.

En la última fila de la tabla se presenta la que, según el GRECO[1], fue la tasa media anual de crecimiento del PIB per cápita colombiano en el siglo XX: 2,3%. Esta tasa permitió que el PIB per cápita se multiplicara por 10, en el siglo pasado: en dólares constantes pasamos de 500 a 5.000.

En otras filas de la tabla muestran las tasas de crecimiento medio anual del PIB per cápita en los períodos indicados y al frente de cada una de ellas el tiempo requerido para duplicar el nivel inicial y número de veces por las que se habrá multiplicado en 100 años. Con la tasa de 3,2% de los años Uribe, en cien años el PIB per cápita se multiplicaría por 23; con la de los años de Pastrana Borrero se multiplicaría por 53.

En la penúltima fila se muestra la tasa media de crecimiento del PIB per cápita en lo corrido del siglo XXI: 2,6, y las cifras respectivas de duplicación, 28 años, y multiplicación al cabo de cien años, 13; ligeramente superiores a las del siglo XX.

Para el crecimiento actual de la población – 1,3% anual en el período inter-censal 2005-2018- esa cifra de 2,6% puede obtenerse con un crecimiento de 3,9% anual del PIB. No está fuera del alcance de la economía colombiana superar ampliamente esa cifra, ya lo hizo en el siglo XX, y si eso no se tradujo en un mayor crecimiento del PIB por habitante fue a causa del fuerte crecimiento poblacional. Si alcanzáramos el crecimiento medio del PIB real del siglo pasado – 4,5% anual – tendríamos en aumento medio anual del PIB per cápita de 3,2%. Con esto el producto por habitante se multiplicaría por 22 a finales del siglo XXI. No parecen malas las perspectivas económicas de nuestros nietos.

LGVA

Septiembre de 2019.



[1] GRECO: Grupo de estudios del crecimiento económico del Banco de la República. (2004). El crecimiento económico colombiano en el siglo XX. Banco de la República de Colombia-Fondo de Cultura Económica, Bogotá, 2004.

viernes, 20 de septiembre de 2019

El Barco de Malcolm Deas


 El Barco de Malcolm Deas

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista


Malcolm Deas ha escrito un hermoso libro. Por supuesto que es un libro riguroso y bien documentado, como corresponde a un escrupuloso historiador de su talla. Pero es también un libro hermoso, calificativo tal vez impropio para un trabajo académico, pero a mí me pareció que lo era, quizás por la enorme simpatía y admiración que me inspiran biógrafo y biografiado y por el dolor que sentí leyendo algunas de sus partes. La belleza, como se sabe, se asocia más a la tristeza que a la hilaridad.

A Deas lo admiro porque escribe con cariño de la historia de nuestro País, algo que les falta a muchos de nuestros historiadores nacionales, y por su genuina modestia de hombre verdaderamente sabio. Hace muchos años estuvo dictando una conferencia en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. Los organizadores del evento se sentían avergonzados por la magra concurrencia, no más de una veintena de asistentes, que les parecía indigna de los pergaminos de su invitado. Sospechando quizás ese azoramiento, Deas empezó su charla agradeciendo la amplia asistencia pues él estaba acostumbrado – dijo -  a no tener más de tres o cuatro oyentes en sus clases de historia de América Latina en la Universidad de Oxford. 



Siempre que pienso en Barco, lo imagino encerrado en su oficina del Palacio de Nariño, acompañado, quizás, de Germán Montoya y Gustavo Vasco, una oscura noche de noviembre de 1989, pendiente de lo que ocurría en el Congreso, donde Carlos Lemos Simmons, su Ministro de Gobierno, cuyo discurso esa noche honra toda su vida, libraba en solitario una dura lucha por impedir que un Congreso acobardado por el terrorismo de Pablo Escobar introdujera en el texto de su proyecto de reforma constitucional un artículo que prohibía la extradición.  El proyecto fue retirado. Después Barco, con un decreto de dudosa ortodoxia, abrió la Caja de Pandora de la séptima papeleta que condujo a la Constituyente de 1991. En todo caso, a Virgilio Barco le tocó gobernar un País acosado y acobardado por el terrorismo desatado por el Cartel de Medellín y desorientado por la claudicación de sus jueces y la pusilanimidad de la mayor parte de dirigentes políticos.   

El tratado de extradición con Estados Unidos se firmó en 1980, en el gobierno de Turbay Ayala y con Barco Vargas como embajador en Washington. Cuando se convirtió en Ley de la República, en 1982, la notica no mereció en El Tiempo más que un titular de tres columnas. López Michelsen dejó crecer el narcotráfico mirando para otro lado, argumentando que era un problema de los gringos. Modificó el estatuto cambiario para permitir la compra de los dólares provenientes de esa actividad por el Banco de la República a través de lo que Lleras Restrepo llamó la “ventanilla siniestra”. Turbay Ayala ocupado como estaba en enfrentar el desafío del M-19 – asalto al Cantón Norte, toma de la embajada de República Dominicana – le prestó poca atención.

Belisario Betancur quiso apaciguar a los narcotraficantes prometiendo no aplicar el tratado de extradición, no obstante, nombró a Rodrigo Lara como Ministro de Justicia con la orden de enfrentarlos. El asesinato de Lara, a quien los narcos quisieron desprestigiar con un supuesto soborno, provocó la reacción airada de Betancur quien extraditó a algunos personajes cercanos a los narcos. Se inició así la guerra con el narcotráfico para la cual el Gobierno Nacional estaba pobremente preparado. Barco heredó de Betancur esa guerra al igual que el caótico proceso de paz con la guerrilla, herido de muerte por el asalto del M-19 al Palacio de Justicia que había convertido el gobierno de éste en un cadáver insepulto.

Creo que Barco, como la mayoría de los dirigentes del País, con la excepción de Galán, no había calibrado la magnitud del desafío que para la Nación representaba el narcotráfico. Inició su gobierno con la ilusión de modernizar las instituciones políticas y económicas dejando atrás el modelo frente nacionalista de gobiernos compartidos, que se había extendido durante tres administraciones después de terminada la vigencia constitucional del Frente Nacional, e iniciando el desmonte del proteccionismo cepalino, empezando por eliminar, como lo hizo, su piedra angular: el control de cambios. Con su Plan Nacional de Rehabilitación buscaba responder a la problemática del campo con un esquema diferente al reformismo agrarista de los años sesenta. Todos esos propósitos se vieron parcialmente opacados por la guerra con el narco que se convirtió en la principal preocupación y ocupación de su gobierno.

En esa guerra el gobierno de Barco estuvo tremendamente solo, acompañado no más por un grupo de aguerridos políticos del Nuevo Liberalismo, unos cuantos jueces de gran integridad y un puñado de periodistas que no quisieron callar. Todos pagaron por ello un elevado precio. La Corte Suprema de Justicia, amedrentada, declaró inaplicable el tratado de extradición, en diciembre de 1986, con el argumento deleznable de que la ley que lo adoptaba no había sido firmada por el presidente Turbay Ayala sino por Zea Hernández, el ministro delegatario en funciones presidenciales. Barco la volvió a firmar y en febrero de 1987 extraditó a Carlos Lehder. En junio de ese año, nuevamente la Corte declaró la inconstitucionalidad del tratado. Barco respondió aplicando la extradición por la vía administrativa y ahí tuvo que enfrentar la pusilanimidad del Consejo de Estado que en marzo de 1988 declaró inexequibles los decretos de extradición de Pablo Escobar y otros narcos, expedidos por el ministro de justicia Enrique Low Murtra, quien, en abril de 1991, completamente desprotegido, sería acribillado cuando abordaba la buseta para ir a dictar sus clases en una universidad de Bogotá.  

Los años de formación académica de Barco están narrados con base en la correspondencia entre don Jorge Barco y su hijo, estudiante de ingeniería en el MIT. Deas, acertadamente, usa profusamente esa correspondencia, al igual que la intercambiada entre Barco y su novia Carolina, que le sirve para describir los inicios de su actividad política en Norte de Santander. Esa actividad y su notable formación académica – ingeniero y master en economía del MIT - le permitieron escalar posiciones en la política nacional.

Será ministro de obras públicas y de agricultura de Lleras Camargo y declinará el ministerio de hacienda en el gobierno de Valencia por considerar que sus ingresos en dólares por las regalías de la concesión heredada de su abuelo eran incompatibles con el manejo cambiario responsabilidad de ese ministerio. Carlos Lleras Restrepo lo nombrará alcalde de Bogotá para no verse obligado a tenerlo como ministro en su gabinete. En el debate sobre la cuestión agraria y la acelerada  urbanización del País de los años sesenta, Barco estuvo más del lado de las ideas de su amigo Lauchin Currie que del agrarismo de Lleras. Después de dejar la alcaldía es nombrado director en el Banco Mundial, cargo en el que permanece hasta 1974. 

Los acontecimientos que se presentaron en los años del gobierno de Barco son de los más dolorosos en la historia del País y no conviene olvidarlos para la valoración justa de lo que fue su presidencia. “Es difícil encontrar – dice Deas – en la historia reciente de Occidente un Estado democrático confrontado con amenazas tan graves como fue el caso de Colombia a mediados de los años ochenta”[1]. Una enumeración no exhaustiva de algunos sucesos basta ilustrar la magnitud del desafío que enfrentó.

Un mes antes de la posesión de Barco, en julio de 1986, es asesinado Hernando Baquero Borda, juez de la Corte Suprema. En diciembre es acribillado Don Guillermo Cano, director de El Espectador. Después vendrían los secuestros de Andrés Pastrana, Álvaro Gómez y Francisco Santos y los asesinatos de los candidatos presidenciales Jaime Pardo, en octubre de 1987, Luis Carlos Galán, en agosto de 1989, Bernardo Jaramillo, en marzo de 1990, y Carlos Pizarro, en abril de 1990.  Cayeron también asesinados Carlos Mauro Hoyos, en enero de 1988, Antonio Roldan, en julio de 1989, y el coronel Franklin Quintero, el 18 de agosto de 1989, el mismo día que Luis Carlos Galán. Y el colmo de los ultrajes a la sociedad: la bomba al Espectador, en septiembre de 1989, y en noviembre de ese mismo año las bombas al edificio del DAS y al vuelo 203 de Avianca, y la operación pistola contra los agentes de policía de Medellín desatada por Pablo Escobar que dejó más de 200 agentes muertos.

Habida cuenta de todo esto, probablemente se entienda la verdad que encierran las palabras con las que Gustavo Vasco respondiera a la pregunta: ¿Cuál fue el mayor logro en la vida de Barco?:

“Mantener el Estado Colombiano. Todavía no creo cómo se mantuvo hasta el final. Había días en que no veíamos de dónde tenerlo, cómo sostenerlo”[2]

Y también la verdad de la palabra con la que Deas termina su libro calificando la persona de Barco: admirable.

LGVA

Septiembre de 2019.



[1] Deas, Malcolm. Barco: vida y sucesos de un presidente crucial y del violento mundo que enfrentó. Taurus, Penguin Random House Grupo Editorial, Bogotá, septiembre de 2019. Página 192.

[2] Idem, pagina 241.

sábado, 14 de septiembre de 2019

¡Ojo con la alcaldía de Medellín!


¡Ojo con la alcaldía de Medellín!


Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista


Medellín ha sido una ciudad bien gobernada durante todo el período de elección popular de alcaldes. Desde 1988, se han sucedido alcaldes de las más diversas orientaciones sin que ello haya dado lugar a cambios bruscos en la administración municipal ni a la irrupción de situaciones escandalosas de corrupción, lo cual ha permitido su progreso al mantener un entorno institucional favorable a la actividad empresarial y la vida familiar, aún en los momentos más críticos de la violencia narcotraficante.

Esto ha sido posible por la continuidad en tres líneas fundamentales que son de la incumbencia directa de las autoridades locales:  los servicios públicos domiciliarios, la movilidad y la seguridad. En los dos primeros aspectos ello ha sido posible porque casi todos los alcaldes de elección popular han entendido que se trata de cuestiones técnicas y financieras que deben, en lo fundamental, dejarse en manos de los especialistas que desde las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y de la Empresa Metro de Medellín (EMM) se ocupan de esos asuntos con visión de largo plazo y criterios de autosuficiencia financiera. En lo referente a la seguridad, el consenso ha sido en torno a la necesidad de superar la violencia del narcotráfico y sus secuelas sobre la seguridad y la vida cotidiana de los habitantes y la percepción nacional e internacional de la Ciudad y buscar neutralizar los cabecillas de las bandas criminales.

El buen manejo de la Ciudad pasa pues por respetar la autonomía administrativa y financiera de las EPM y de la EMM y darles continuidad a sus políticas operativas y a sus planes y programas de expansión. Esto supone también respetar esa autonomía y apoyar a los equipos técnicos de esas empresas en los momentos de dificultad, como ocurrió con la EMM, cuando se suspendieron las obras del metro, y, más recientemente, con EPM, con ocasión de los problemas que se presentaron en la construcción de la hidroeléctrica de Ituango.  

El avance de la Ciudad y la continuidad de sus proyectos pueden ponerse en riesgo de llegar a la alcaldía Daniel Quintero Calle cuyo programa de gobierno contiene propuestas que de materializarse acabarían con la autonomía de las EPM y de la EMM.

Dejando de lado la retórica de “rescatar a EPM para hacerla grande otra vez” y del “Gran Pacto por EPM”, se encuentran en el programa del señor Quintero dos propuestas concretas contrarias a la autonomía de las EPM y que comprometen su situación financiera en el corto y en el mediano plazo: la congelación de las tarifas, y la creación, con recursos de EPM, de dos nuevas entidades: “la empresa de información pública de Medellín” y “la empresa tuneladora de Medellín”.

La congelación de tarifas es abiertamente ilegal y contraria a la regulación. Ya Luis Pérez lo hizo una vez ocasionando que a la Empresa le fuera impuesta, por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, una sanción multimillonaria. Peor aún, en vista de la coyuntura financiera, la congelación de tarifas significaría para EPM renunciar a un ingreso cercano a los US $ 500 millones en tres años, con el agravante de que la mayor parte de esos recursos serían transferidos a las familias que pagan las facturas más elevadas. En síntesis, la congelación de tarifas es ilegal, menoscaba los recursos financieros de las EPM y es regresiva.

La creación de las dos empresas propuestas no está contemplada en los planes de expansión de las EPM ni cuenta con ningún estudio de factibilidad. Además, las actividades a las que se dedicarían, gaseosamente enunciadas en el programa del candidato Quintero, no son compatibles con el objeto social de EPM que tienen limitaciones legales, que no puede ser arbitrariamente alteradas ni por el alcalde ni por el concejo. Adicionalmente, los recursos de capital requeridos para su creación y puesta en funcionamiento aumentarían el estrés financiero al que se encuentra sometida la Empresa como consecuencia de las dificultades de Hidroituango. En síntesis: la creación de las empresas soñadas por el señor Quintero le quita a EPM la autonomía para definir su plan de expansión, es contraria al marco normativo de los servicios públicos domiciliarios y aumenta el riesgo financiero de la Entidad.

El señor Quintero quiere también disponer de la EMM al proponer la construcción del “primer metro subterráneo”. Esta, como las dos empresas que le quiere imponer a EPM, es una ocurrencia sin ninguna sustentación de tipo técnico. Metro a nivel, metro elevado o metro subterráneo, metro ligero o tranvía, buses articulados, cables, etc.  son decisiones de orden técnico y financiero que no deberían estar contaminadas por los caprichos y ocurrencias de los políticos como desde hace años ocurre en Bogotá, para desgracia de sus habitantes. El candidato Quintero quiere meternos en ese lodazal lo que puede tener graves consecuencias sobre la EMM y el buen manejo que esta empresa le ha dado a la operación y expansión del sistema de transporte público de la Ciudad.

No valdría la pena detenerse en las ocurrencias del candidato Quintero si no fuera por el hecho de que al parecer su propuesta populista de congelación de tarifas le está dando una elevada intención de voto, por encima de varios candidatos con mayor trayectoria política en la Ciudad.

Como se ha visto una victoria de Quintero sería nefasta para Medellín porque pone en riesgo la autonomía de las EPM y la EMM, entidades claves para lo continuidad de las políticas públicas que tanto beneficio le han traído al Ciudad. Pero además, su programa carece de una verdadera propuesta de seguridad, pues después de un enunciado retórico sobre ser “implacables con los cabecillas”, se diluye en consideraciones sobre el desempleo, la inversión social, la aplicación de tecnologías disuasivas y los demás predicamentos de la llamada “seguridad integral”, que en la práctica se traduce en la renuncia al combate de la delincuencia, como ocurrió en Bogotá, bajo la alcaldía de Gustavo Petro, el mentor político de Quintero, aunque este quiera mantenerlo en la clandestinidad. No se debe olvidar que en los momentos más críticos de la crisis de Hidroituango, Quintero estuvo al lado de Petro en su campaña de desprestigio contra EPM. De hecho, su candidatura surge de esa campaña.

Candidatos como Juan Carlos Vélez, Santiago Gómez, Juan David Valderrama, Jesús Aníbal Echeverry e, incluso, Beatriz Rave, quienes, en su actividad política y sin renunciar al disenso y a la crítica, se han mostrado respetuosos de la autonomía de las EPM y la EMM, deberían entender el riego que para dicha autonomía y, por tanto, para el bienestar de Medellín, representa la eventual victoria del señor Quintero. Todos ellos pueden mantenerse como opciones políticas válidas para la Ciudad si contribuyen a evitar el triunfo de Quintero y se aprestan a participar en una administración encabezada por Alfredo Ramos, quien tiene más probabilidades de derrotarlo. Por su parte, Ramos, debe buscar desde ahora acercamientos programáticos con esos candidatos y formar una coalición que conjure el peligro de trasladar a Medellín la visión del manejo de la administración municipal que tanto daño le han hecho a Bogotá.

LGVA
Septiembre de 2019.

miércoles, 4 de septiembre de 2019

Sobre una imprecisión histórica de Acemoglu y Robinson


Sobre una imprecisión histórica de Acemoglu y Robinson


Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista


Cuando leí hace seis años el celebrado libro de Acemoglu y Robinson, “¿Por qué fracasan los países?”, la parte consagrada a Colombia me pareció superficial, con algunas imprecisiones y marcada por cierto sesgo ideológico. Me pregunté si algo similar les ocurriría a los lectores de otros países a cuyos procesos de desarrollo  hacen referencia los autores. Esto lo dejé consignado en la reseña que entonces hice del libro, publicada en este mismo blog[1].

Llamó también mi atención la afirmación según la cual en su afán por mantener las instituciones extractivas que las beneficiaban, las élites de algunos países bloquearon la industrialización y la introducción de nuevas tecnologías que podían amenazar su supervivencia.

Se lee lo siguiente:

“En Rusia y Austria-Hungría, no fue simplemente el abandono y la mala gestión de las élites y el deslizamiento económico insidioso bajo instituciones extractivas lo que impidió la industrialización, sino que los gobernantes bloquearon activamente cualquier intento de introducir aquellas tecnologías e inversiones básicas en infraestructuras como ferrocarriles que podrían haber actuado de catalizadores”[2] 

Y más adelante:

“La segunda forma fue que se opuso a la construcción de vías férreas, una de las tecnologías clave que aportaba la revolución industrial. En una ocasión en la que le presentaron un proyecto para construir una vía férrea en el norte, Francisco I contestó: No tendré nada que ver con esto, no vaya a ser que la revolución llegue al país”[3]   

Estas afirmaciones no cuadraban con lo que había leído en otras partes. En el caso de Rusia, es archiconocida la historia del tren blindado en el que Lenin y sus amigos fueron transportados desde Suiza para liderar la revolución[4]. También es sabido que Trotsky se movió a sus anchas por toda Rusia en un tren armado durante la guerra civil[5].  En fin, Ana Karenina viaja en tren entre San Petersburgo y Moscú y se suicida arrojándose a la vía férrea en la estación de Moscú donde había conocido al pérfido Vronski.   

Sobre el imperio Austro-Húngaro, recordaba que, en su biografía de Böhm-Bawerk, Schumpeter le atribuía el mérito de haber financiado, como ministro de hacienda, la construcción de ferrocarriles, canales y puertos manteniendo el presupuesto equilibrado[6]. Recordé también que había ferrocarriles en Kakania, el país de Leona, Bonadea y Diotima, las amadas de  Ulrich, el hombre sin atributos de Musil.  

En su momento dejé las cosas así, pensando que si los autócratas rusos y austro-húngaros se habían opuesto al ferrocarril, como afirmaban Acemoglu y Robinson, no habían sido especialmente exitosos en su propósito.

Recientemente encontré, en el también celebrado libro de Angus Deaton, “El gran escape”, una referencia al texto de Acemoglu y Robinson y esta afirmación que me hace volver sobre el asunto:

“De igual manera, Francisco I, emperador de Austria, prohibió los ferrocarriles debido a su potencial de provocar revoluciones y amenazar su poder”[7]

Veamos algunos hechos:

Francisco José I asciende al trono en 1848 y reina hasta 1916. Es emperador durante la segunda mitad del siglo XIX, período en el cual se produce la gran expansión del ferrocarril en Europa.  La primera línea férrea del mundo se inaugura en Inglaterra, en 1830, uniendo las ciudades de Liverpool y Manchester. En 1837 se funda la Kaiser Ferdinands-Norbahn, la primera empresa de locomotoras a vapor de Austria que extiende líneas entre Viena y otras ciudades del Imperio[8].  En 1846 se inaugura en Hungría la primera línea que une las ciudades de Pest y Vác. Entre 1846 y 1868, se desarrollan multitud de líneas por empresas privadas. En este último año, uno después de la instauración de la monarquía dual, se funda la Magyar Államvasutak – Ferrocarriles Estatales Húngaros[9]. En 1884 se fundan los Reales Ferrocarriles Estatales de Austria Imperial, resultado de la nacionalización de varias empresas privadas, algunas de capital extranjero. Al finalizar el siglo XIX el Imperio contaba con varios miles de kilómetros de líneas férreas.  

Los ferrocarriles rusos que usaron Lenin y Trotsky no los hicieron los bolcheviques. Estaban allí desde hace tiempo y, según el historiador David Landes, fueron construidos por el propio estado zarista. En 1917 había en Rusia más de 80.000 kilómetros de ferrocarril. El extraordinario Ferrocarril Transiberiano, de más de 9.000 kilómetros, se construyó entre 1891 y 1904. 

“Rusia, el estado ayudaba a la banca y a la industria, y también construía, poseía y se ocupaba del funcionamiento de los ferrocarriles, sin darle mayor importancia al comercio y a la topografía. El ejemplo emblemático: la construcción de la primera línea importante, desde Moscú a San Petersburgo. Se le pidió al zar que seleccionara una ruta. Tomó una regla y trazó una línea recta entre ambas ciudades. Pero la punta de un dedo sobresalió, de manera que la línea se construyó con una sección curva”[10]

Tampoco parece ser cierto, como afirman Acemoglu y Robinson, que la autocracia zarista haya querido obstaculizar la industrialización. Al menos no es eso lo que sostiene Landes:

“Rusia, la pobre Rusia, fue el epítome del desarrollo impulsado por el estado. (…) El producto industrial ruso aumentó de 5 a 6 por ciento al año entre 1885 y 1900, y de nuevo entre 1909 y 1912. La longitud de vías férreas se duplicó entre 1890 y 1904, y la producción de hierro y acero aumentó diez veces desde 1880 hasta 1900. Entre 1860 y 1914, Rusia pasó del séptimo al quinto lugar entre las mayores potencias industriales del mundo. No es poca cosa, pero es algo ya olvidado hace tiempo, dado que después de las revoluciones de 1917, los voceros comunistas y sus aduladores extranjeros reescribieron las historia para denigrar la reputación del régimen zarista, mientras arrojaban los testimonios favorables al olvido”[11]

Finalmente, por aquello de que una imagen vale más que mil palabras, se muestra el mapa de la red férrea de Europa a principios del siglo XX. Los imperios ruso y austro-húngaro no parecen lo desprovistos líneas férreas que se esperaría después de que unas autocracias reaccionarias obstaculizaron su desarrollo.  


Red férrea de Europa a principios del Siglo XX[12]


El desliz histórico de Acemoglu y Robinson – acogido por Deaton - no puede interpretarse como una equivocación menor pues de él depende en buena medida toda la teoría del desarrollo presentada en su aclamado libro.

Las naciones progresan cuando se da el circulo virtuoso de instituciones económicas y políticas incluyentes y fracasan cuando coinciden instituciones extractivas en lo económico y en lo político. Cuando se presenta la combinación de instituciones extractivas e incluyentes se da un equilibrio inestable que debe conducir a una ruptura revolucionaria o autoritaria que lleve a la combinación incluyente-incluyente, que conduce al progreso, o a la extractiva-extractiva que conduce al atraso. Sin hechos históricos valederos esa teoría no pasa de ser una tautología.

Por su parte, Deaton cae en un error cuando sostiene que el aumento de la desigualdad asociado al progreso económico puede ser inducido por la acción de aquellos que habiéndose beneficiado de dicho progreso, los que han conseguido realizar el Gran escape,  “protegen sus posiciones destruyendo las rutas de escape que quedan detrás de ellos”[13]. Eso no fue así, al menos en el caso del Imperio Austro-húngaro que acríticamente toma de Acemoglu y Robinson para ilustrar su tesis.

LGVA

Septiembre de 2019.



[2] Acemoglu y Robinson (2012). ¿Por qué fracasan los países? Ediciones DEUSTO-Grupo Planeta, Bogotá, octubre de 2012. Página 265.

[3] Idem, página 269.

[4] Johnson, Paul (1989). Tiempos modernos. Javier Vergara Editor, Bogotá, 1988. Dice Johnson: “Lenin salió de Zurich para regresar a Rusia el 8 de abril de 1917. Algunos de sus camaradas del exilio lo acompañaron a la estación, discutiendo con él. Debía regresar viajando a través de Alemania por invitación del general Ludendorff, que le garantizó el derecho de paso con la condición de que en el camino no conversara con los sindicalistas alemanes”. Página 60.

[5] Service, Robert (2010).  Trotsky: una biografía. Ediciones B. Barcelona, 2010. En especial el capítulo 13. Service habla de que Trotsky persiguió a los ejércitos blancos derrotados “a lo largo de la línea del Transiberiano”. Página 320.

[6] Böhm-Bawerk (1999). Ensayos de teoría económica-Volumen 1. Unión Editorial, Madrid, 1999. Prefacio de Lorenzo Infantino. Página 15.

[7] Deaton, Angus (2015). El gran escape: salud, riqueza y los orígenes de la desigualdad. Fondo de Cultura Económica, México, 2015. Página 27.

[10] Landes, D.S. (1999). La riqueza y la pobreza de las naciones. Javier Vergara Editor, Buenos Aires, 1999. Página 342.

[11] Idem, página 346.

[13] Deaton, Op. Cit. Página 14.

domingo, 1 de septiembre de 2019

El rearme de las Farc


El rearme de las Farc

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

El rearme de una fracción de las Farc o, más precisamente, de Márquez y su pandilla, es una mala noticia para el País, para los que apoyaron el proceso de La Habana y también para quienes lo cuestionamos, durante su desarrollo y ahora. Aunque parece que el grupo que retoma las armas no es muy grande, el hecho no debe minimizarse porque tiene consecuencias significativas sobre la percepción del País en el contexto internacional, sobre la situación política interna y sobre el orden público y la seguridad.

Independientemente de la apreciación negativa que se tenga internamente sobre el proceso de La Habana, por las desmedidas concesiones que se hicieron a una guerrilla derrotada políticamente y menguada en lo militar, lo cierto es que la llamada comunidad internacional lo ha visto con buenos ojos, tanto en las instancias políticas como en las económicas y financieras. El Gobierno y las entidades gremiales con proyección internacional deben actuar para evitar que ese hecho cambie la percepción de Colombia como un país seguro y propicio para la inversión, percepción esta que se venía forjando gracias a la Seguridad Democrática, mucho antes de los acuerdos de La Habana. Esto exige una acción militar rápida y contundente contra la pandilla de Márquez.

El rearme de las Farc favorece al régimen de Maduro y sus secuaces, el peor enemigo de Colombia y que seguramente fue su instigador. Venezuela y Cuba han venido siendo los protectores del ELN y ahora lo serán de Márquez y su pandilla, que fueron acogidos clamorosamente en la reunión del Foro de Sao Paulo celebrada en Caracas en julio pasado. La anunciada instalación en Venezuela de una fábrica rusa para la producción de fusiles kalashnikov aumenta la amenaza que se cierne sobre Colombia. El Gobierno nacional debe denunciar todo esto sin ambages y actuar decididamente en contra de esos regímenes por todos los medios a su alcance. Es imperioso mantener y fortalecer la alianza con Estados Unidos, sin descartar recurrir al TIAR, en caso de una agresión desde Venezuela.   

El reame de Márquez y su pandilla es un duro golpe contra todas las fuerzas políticas que apoyaron y apoyan la claudicación institucional de La Habana y una gran oportunidad para el fortalecimiento político de sus opositores. Pero esto no puede hacerse debilitando al gobierno del Presidente Duque al exigirle actuaciones por fuera del marco constitucional y legal. Es necesario avanzar en las elecciones regionales de octubre para poder aspirar a una mayoría clara en el Congreso de 2022 para proceder, ahí sí, al desmonte de los aspectos más lesivos de los acuerdos, incluido su retiro de la constitución y el desmantelamiento de la JEP.

Como habían logrado que los acuerdos de La Habana garantizaran la casi inmunidad de los cultivos de coca, Márquez y Santrich esperaban continuar dirigiendo el tráfico de cocaína, cómodamente instalados en sus curules de congresistas y protegidos por la JEP: el mejor de los mundos. La elección del Presidente Duque, en lugar de un amigo de Santos, y la intervención de Estados Unidos frustró esa pretensión.  

A la cúpula de las Farc que sigue en el proceso hay que continuar dándole protección y, principalmente, mantenerla vigilada. A los guerrilleros de base hay que darles todo el apoyo en su reinserción, para evitar que sean reclutados por la pandilla narcotraficante de Márquez, que claramente ha informado su intención de recurrir al asesinato selectivo y al terrorismo urbano como su principal forma de actuación. Estamos advertidos.

LGVA

Septiembre de 2019.