Terratenientes,
narcotraficantes y el libre comercio
Luis
Guillermo Vélez Álvarez
Economista
– Consultor
Docente,
Universidad EAFIT
“Si los intereses de los terratenientes fuesen de suficiente importancia
para determinarnos a no aprovecharnos de los beneficios
que resultarían de importar grano a precios más bajos,
también debieran movernos a rechazar todos los
progresos de la agricultura y de los instrumentos
de labranza; ya que esos progresos abaratan el cereal, reducen las renta
y amenguan la capacidad de los terratenientes para pagar impuestos (…)
exactamente lo mismo que la importación de grano”
(David Ricardo, Ensayo sobre las
utilidades)
En todos los tiempos y en todos los
países los agricultores y terratenientes han sido enemigos del comercio libre
entre las naciones. Sus argumentos en favor de la protección han sido siempre
los mismos: defender el empleo en el campo y garantizar la seguridad
alimentaria. A continuación se examinan
esos argumentos.
I
La demanda de los productos agrícolas
crece menos que el ingreso de las personas. Incluso, la demanda de algunos de
ellos disminuye cuando el ingreso aumenta. Esto puede ser muy desagradable para
los agricultores, pero es así como la gente se comporta: una vez satisfechas
las necesidades de alimentación, los ingresos adicionales se dedican preferentemente
a la adquisición de otra clase de bienes. Como dijo Adam Smith, las necesidades
del cuerpo son limitadas, no así las de la imaginación y la fantasía.
Adicionalmente, el progreso técnico - en la forma de maquinaria, métodos de cultivo, semillas mejoradas, etc. – afecta la producción agrícola elevando continuamente su productividad física, tanto por unidad de tierra como por unidad de trabajo. Las sombrías predicciones de Malthus y del Club de Roma no se ha materializado hasta el momento y la oferta mundial de alimentos es ampliamente suficiente para abastecer las necesidades de todos los habitantes del planeta. Inevitablemente, el crecimiento en la productividad de la agricultura se traduce en la disminución del precio relativo de sus productos.
Estas dos fuerzas – demanda inelástica y costos declinantes – se combinan para hacer declinar la participación del ingreso agrícola en el ingreso agregado. Por esa razón, la única forma de garantizar que el ingreso per cápita de la gente del campo crezca o, por menos, se mantenga es la disminución progresiva de la población que vive de las labores agropecuarias. Esto no tiene nada de horroroso. Al contrario, el hecho de que un hombre sea capaz de producir los alimentos de 10, 20 ó más de sus congéneres es el signo más elocuente del progreso económico. La cultura – dejó dicho el Maestro Echandía – es la diversidad de los oficios. Y esa diversidad descansa en el incremento de la productividad del campo y su despoblamiento relativo.
II
La seguridad alimentaria fue el
principal argumento de los terratenientes ingleses para oponerse a la
importación del trigo procedente de Polonia y Ucrania. Durante casi dos siglos,
y hasta finales del XVIII, Inglaterra fue exportadora neta de granos. Esta
situación empezó a cambiar con los comienzos de la revolución industrial que
elevó la demanda de alimentos y con ello el precio del cereal. La primera gran
obra de Ricardo – el célebre Ensayo sobre las Utilidades – es una contundente
demostración de cómo las rentas de los terratenientes se acrecientan con el
atraso y las restricciones a la libre
importación, restringiendo con ello la acumulación de capital.
El bloqueo que Napoleón
impuso a Inglaterra en el curso de la larga guerra que la enfrentó con Francia,
fue esgrimido por los terratenientes como la prueba reina para demostrar que el
país precisaba ser autosufiente en materia alimentaria. Curiosamente, la primera Ley de Granos entró
en vigor en 1815, cuando Napoleón estaba ya derrotado y el bloqueo había
cesado. Mientras el bloqueo duró no fue necesaria, naturalmente, ninguna
restricción legal a la importación de cereales: sus precios, y con ellos las
rentas de los terratenientes, subieron alegremente. Las restricciones a la
importación, que se mantuvieron hasta 1846,
no hicieron nada más que prolongar el bloqueo napoleónico para
complacencia y lucro de los terratenientes.
Aunque la probabilidad de un nuevo Napoleón bloqueando países es un tanto remota, lo que prueba el caso de Inglaterra es que en caso de bloqueo, por guerra u otra perturbación en el comercio internacional, las leyes son inútiles para garantizar la seguridad alimentaria y sólo operan en tiempos de paz, cuando el comercio libre puede hacer llegar el grano a cualquier lugar donde exista un demanda solvente.
El de la seguridad alimentaria, tanto o
más que el de la protección del empleo agrícola, es un argumento falaz a
contrapelo de la historia y de la teoría económica más elemental. Y sin
embargo, uno y otro, parecieran tener un gran poder persuasivo, reforzado la
enorme influencia política que aun conservan los terratenientes. Prueba de ello
la dan las cifras del cuadro donde se muestra el porcentaje del ingreso
agrícola que proviene de subsidios del estado, es decir, de transferencias del
conjunto de la sociedad. En Noruega y Suiza prácticamente se les paga por
cuidar las parcelas, como abiertamente lo reclamara para Colombia más de un ministro de agricultura.
III
Para oponerse al TLC los terratenientes de Colombia han esgrimido los mismos argumentos que congéneres de otras épocas y latitudes. La existencia de subsidios a la agricultura en los países desarrollados les ha servido de coartada para dar cierta respetabilidad intelectual a lo que en definitiva no es otra cosa que la defensa de una renta basada en la monopolización de la propiedad territorial. Sin embargo, los terratenientes de los Estados Unidos y Europa argumentan de manera análoga: los subsidios que reciben de sus estados serían una simple política defensiva frente a la ventaja que a la agricultura tercermundista da la baja remuneración del trabajo. Este es el llamado dumping social.
Desde la famosa Ley 200 de los años 30, en Colombia se ha intentado modificar el régimen de tenencia de la tierra porque supuestamente es contrario a la distribución más equitativa del ingreso y al incremento de la productividad agropecuaria. Todos los esfuerzos han sido nugatorios. El Incora perdió sus dientes en el acuerdo de El Chicoral. Tampoco han prosperado las tentativas indirectas como la renta presuntiva - desvirtuada en su propósito y alcance por sucesivas reformas tributarias – ni, mucho menos, el gravamen a la propiedad terrateniente pregonado desde tiempos inmemoriales por Don Hernán Echavarría Olorzoga, ilustre economista burgués que leyó muy bien su Ricardo y su Schumpeter.
La riqueza del propietario territorial
depende de la cantidad de tierra acaparada y, sobre todo, de su valor
comercial. Este no es otra cosa que la renta capitalizada, la que a su turno es
función del precio de la producción agropecuaria. El comercio libre de
productos agrícolas entre las naciones pone en competencia los fundos y
parcelas del mundo entero, reduciendo sus rentas y por tanto su valor
comercial. La baja en las rentas y, por tanto, en el precio de la tierra
deterioran las ventajas derivadas de su monopolización y su uso ineficiente,
forzando al terratenientes a ponerla en circulación y a entregarla - por venta
o arriendo – a quien pueda darle el mejor empleo. La libertad de comercio
tendría sin duda efectos más contundentes y duraderos que cualquier reforma
agraria o que el impuesto de Don Hernán, totalmente inconveniente en una
economía abierta.
Pero hay algo más. Se dice que los
narcotraficantes son hoy los mayores terratenientes de Colombia. La ley de
extinción de dominio de las propiedades adquiridas con los ingresos del
narcotráfico fue un total fracaso. También parece que será un fracaso la famosa
ley de tierras. Pues bien, ahí está el comercio libre para expropiarles a todos
los terratenientes sin trámites
judiciales – y en beneficio de la
sociedad toda – parte de su riqueza mediante la desvalorización de sus tierras.
LGVA.
Abril de 2010. 
