EPM: del cuento chino al racionamiento
Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista
Si las cosas siguen como van en EPM, muy probablemente
los chinos realizarán su sueño largamente acariciado de construir una
hidroeléctrica en Antioquia, aunque ello signifique poner en riesgo de
racionamiento al País.
Representantes de la China Three Gorges
Corporation (CTGC) estuvieron rondando por Medellín, en 2003-2004, cuando se
preparaba el proceso licitatorio de Porce III. Finalmente, la CTGC no se presentó
a la licitación pues al parecer deseaba una contratación directa que no pudo
cuajar, gracias, en buena medida, a la vigilancia de la veeduría que se creó
para controlar la administración de EPM, entonces permeada por la
política, y, sobre todo, por la acción de la gerencia media y los
profesionales que supieron imponer los criterios de rigor técnico, jurídico y
financiero propios de la Empresa.
Luego, en 2010, la CTGC calificó para la subasta
internacional convocada para la construcción de Hidroituango. Este intento también
se vió frustrado cuando los socios de Hidroituango – EPM y la Gobernación de
Antioquia – acordaron encomendarle la construcción del proyecto a EPM mediante
un contrato BOOMT.
Nunca se sabrá lo que habría sido de Hidroituango si
su construcción hubiese sido encomendada a la CTGC. Lo que sí sabemos es que, bajo
el liderazgo de la Gerencia y la Junta Directiva de entonces, pudo
desarrollarse la acción coordinada de directivos, profesionales y técnicos de
EPM con los diseñadores, los interventores y los constructores que evitó el
colapso de la presa, impidiendo que la contingencia de abril de 2018 se
convirtiera en una tragedia de grandes proporciones. Ese heroico esfuerzo fue
atacado burdamente por el entonces candidato Quintero, quien hoy, como alcalde, lo desconoce y quiere que
caiga en el olvido.
Los chinos son persistentes y saben esperar. En
reciente comunicado del Sindicato de Profesionales de EPM (SINPRO) y en
declaraciones de su presidente a los medios, se indica que los chinos rondan nuevamente
por Medellín y que los funcionarios vinculados a la construcción de
Hidroituango recibieron la orden de suminístrales información del proyecto,
desde antes de la crisis desatada por la renuncia de la junta directiva ante el
desconocimiento de sus funciones por el alcalde y el gerente.
El escenario parece estar listo para que los chinos de
la CTGC vean recompensada la inagotable paciencia propia de su cultura
milenaria.
En efecto, sería un sinsentido que el alcalde, amo y
señor de EPM, extienda el contrato a un consorcio que tiene demandado por
inepto. Tampoco parece lógico que las empresas del consorcio estén dispuestas a
continuar trabajando en el proyecto en esas condiciones. A la demanda de EPM se
adicionarán las contrademandas del consorcio y empezará una batalla legal de 10
años por lo menos de la que los únicos ganadores ciertos serán los abogados.
El proceso licitatorio para conseguir un nuevo
contratista que concluya lo que falta de Hidroituango tomaría por lo menos un
año, desde la elaboración de los pliegos hasta la adjudicación. Así las cosas,
la declaratoria de la urgencia manifiesta para hacer una contratación directa,
invocando el riesgo de racionamiento, aparece como la opción más razonable. Y ahí
estarán los persistentes y pacientes chinos de la CTGC para coger al vuelo la
oportunidad soñada.
El problema es que aún con una contratación directa no
se garantiza la puesta en operación de Hidroituango de forma oportuna para
cumplir el compromiso que EPM tiene con el sistema interconectado, bajo el esquema
del cargo por confiabilidad. Tampoco, por su puesto, se conjura el riesgo de
racionamiento. La obra es en extremo compleja y su desarrollo está plagado de
dificultades, aún para los contratistas actuales que llevan 10 años en el
terreno.
Esto es algo que no parece importarle al alcalde
Quintero cuyos objetivos personales y políticos – así como los de sus apoyos
actuales, Vargas Lleras y Petro Urrego - están por completo desalineados de los
objetivos de largo plazo de EPM y del objetivo de las autoridades del sector
eléctrico colombiano de garantizar el abastecimiento confiable de la demanda
eléctrica.
Los miembros de la novísima Junta Directiva de EPM si deberían
preocuparse por la compleja situación en la que voluntariamente se han puesto
aceptando su designación. Si el alcalde, como ha dicho con displicencia, en
gracia de discusión, somete a su consideración la demanda contra el consorcio
constructor, quedan mal tanto si la aprueban como si la desaprueban.
En el primer caso se montan en el barco del alcalde
que seguramente conduce al detrimento patrimonial de EPM por el incumplimiento
de sus obligaciones con el sistema interconectado y, eventualmente, al
racionamiento energético. Si desaprueban darían razón a la junta saliente y
nadie entendería por qué están ahí. Es bueno que la inducción que se hace a los
miembros de la junta incluya lo referente a las responsabilidades, incluso
patrimoniales, que comportan sus decisiones.
Llama la atención el hecho de que a estas alturas las
autoridades nacionales del sector eléctrico no hayan dicho nada sobre lo que
está pasando en EPM. El Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, la Unidad de Planeamiento Minero Energético y
la Comisión de Regulación de Energía y Gas harían bien en pedirle a XM, el
operador del sistema, el balance energético del País bajo el supuesto de que
Hidroituango demore su entrada en operación comercial uno o dos años más
después de noviembre de 2022.
Al problema del atraso de Hidroituango habría que
añadirle el de los proyectos eólicos de La Guajira, en los que el Ministerio de
Minas y Energía tiene fincadas sus esperanzas. Los promotores de esos proyectos,
al parecer, no tenían idea del berenjenal tan espantoso que es el proceso de
consulta previa con las comunidades indígenas de ese departamento. Para EPM, el
pequeño parque de Jepirachi fue una verdadera pesadilla: cuatro veces por lo
menos la infraestructura fue desmantelada por el robo de alambre de cobre y
otros materiales.
Por lo anterior el sistema interconectado quedaría muy
vulnerable y con alto riesgo de racionamiento. Ese riesgo de racionamiento
debería ser suficiente para que las autoridades sectoriales, en especial la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, empiecen a preguntar
sobre lo que está pasando en EPM. También la Procuraduría y la Contraloría
deberían estar haciendo lo suyo en lugar de esperar para actuar la ocurrencia
de un gran daño a EPM y al País entero.
Los chinos de la CTGC pueden ser pacientes y buenos
para hacer proyectos hidroeléctricos, pero todavía no se sabe que hagan
milagros. Porque un milagro es lo que se necesitaría para que terminaran oportunamente la
primera fase del proyecto en 2022. Así pues, hay que preparase para que EPM
incumpla sus compromisos con el sistema interconectado poniendo en riesgo el
abastecimiento eléctrico del País. Pero esto al alcalde Quintero le importa un
pepino: lo suyo parecen ser los cuentos chinos.
LGVA
Agosto de 2020.
