Una reflexión sobre los acuerdos de La Habana y cinco
propuestas para mejorarlos.
Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Docente Universidad EAFIT
"¡Viva la paz, viva la
paz!"
Así trinaba alegremente un
colibrí
sentimental, sencillo de flor en flor...
Y el pobre pajarillo
trinaba tan feliz sobre el anillo
feroz de una culebra mapaná.
Mientras que en un papayo
reía gravemente un guacamayo
bisojo y medio cínico:
-¡Cúa, Cúa!
(Luis Carlos López)
I
El
objetivo de toda violencia es la obtención de riqueza, poder político o una y
otro. En La Habana, las Farc están negociando su renuncia a violencia a cambio
de riqueza – la legalización de la que tienen ya y la que les transferirán
todos los colombianos por medio de los programas asistencialistas a los que se
ha comprometido el gobierno – y de una porción de poder político, inicialmente,
y de ciertas reformas que les permitan tener una expectativa relativamente
cierta de aumentar más tarde esa porción y, ¿por qué no? de tomárselo algún día
en su totalidad. No puede ser de otra forma. Si las Farc han recurrido a la
violencia es porque, a su juicio, los medios pacíficos de la institucionalidad
vigente no les daban una expectativa cierta de alcanzar el poder que es el
objetivo último de la acción política. Evidentemente buscan garantizar la
integridad física de sus militantes y dejar en la impunidad la totalidad de los
crímenes cometidos. El llamado acuerdo final se firmará con toda seguridad en
uno o dos meses. La Corte Constitucional ya declaró exequible el plebiscito
refrendatorio y muy probablemente la
mayoría de los ciudadanos lo votará afirmativamente.
Las
Farc sólo tenían que comprometerse una cosa: renunciar al uso de las armas. El
“acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y
dejación de las armas” da garantías relativamente ciertas de que puede ser así.
Seguramente se presentarán problemas en su aplicación efectiva. A los
campamentos no llegarán muchos guerrilleros que preferirán mantener su
actividad delictiva independientemente o amparados en la franquicia del ELN,
donde serán recibidos con alborozo; llegarán pseudo-guerrilleros, buscando los
beneficios de la reinserción y serán muchas las armas “encaletadas” por
decisión individual o colectiva. Pero en sí mismo, en el papel, el acuerdo es
prácticamente inobjetable. De hecho, las objeciones de los críticos de la negociación
de La Habana están referidas a los demás acuerdos, es decir, a las concesiones
que el gobierno se comprometió a otorgarle a las Farc a cambio de su renuncia a
la violencia.
II
Es
preciso decir que en el acuerdo de participación en política, el suscrito en
junio de 2013, no hay nada que pueda considerarse inapropiado o excesivo. Lo
acordado incluye la expedición de un estatuto de oposición, cuyos lineamientos
serán definidos por los partidos y movimiento políticos con personería
jurídica; la creación de un sistema integral de seguridad para el ejercicio de
la política, es decir, el esquema de escoltas que protegerá a los dirigentes de
las Farc, y la reforma de régimen electoral, para lo cual se convocará una
misión técnica que en seis meses debe elaborar la propuesta. Se acordaron también una serie de acciones
para para facilitar el ejercicio de la política, como la desvinculación de
personería jurídica de los movimientos políticos de la obtención de un umbral
mínimo de votación y el establecimiento de un régimen de transición de 8 años
que incluye la financiación y divulgación de los programas de movimientos que
irrumpan por primera vez en el escenario político. Se crea un número aún no
definido de circunscripciones electorales especiales “en zonas afectadas
especialmente por el conflicto” donde se elegirá un número aún no definido de
representantes a la cámara durante un número de períodos electorales también
por definir. Los partidos con representación en el congreso no tendrán
candidatos en esas circunscripciones y los ciudadanos que en ellas voten podrán
también hacerlo en la circunscripción ordinaria de su departamento. El gobierno
creará un canal institucional de televisión para la divulgación de plataformas
y programas de los partidos con personería jurídica. Hay otra serie de
enunciados sobre planeación democrática, presupuestos participativos, distribución
de dineros y recursos públicos, acceso gratuito a emisoras y a canales de
televisión y todas aquellas cosas que son la delicia de los estatistas de todos
los partidos.
En
el borrador del acuerdo de junio de 2013 no se menciona la asignación directa
de curules sin que medie votación alguna. Esa es una propuesta puesta en
circulación por un antiguo guerrillero y aupada por algunos políticos cercanos
a las ideas de las Farc. Los áulicos de
la guerrilla han hablado de asignar directamente 9 curules al senado,
adicionales a las existentes y durante dos períodos electorales, Esa cifra
parece exagerada pues equivale a suponer que las Farc cuentan con más del 10%
de la votación para senado, cifra que no ha alcanzado nunca la izquierda en
elecciones legislativas. Tampoco tiene antecedentes en anteriores procesos de
negociación con insurgentes. El M-19 no recibió ninguna curul directa, obtuvo 9
en las elecciones de 1991. Para dar algún sustento a tan descarada pretensión,
el ex – guerrillero que lanzó la propuesta no duda en mentir afirmando que “la
Unión Patriótica, hija del acuerdo de paz entre Betancur y las FARC, obtuvo en
su primera incursión en el escenario electoral 14 parlamentarios”. En esa
primera incursión, que tuvo lugar en las legislativas de 1986, la UP obtuvo 2
curules en el senado y 3 en la cámara. En la de 1990 obtuvo una curul en cámara
y en la de octubre de 1991, realizada después de que la constituyente revocara
el congreso, la UP obtuvo 1 senador y 3 representantes.
III
El
almendrón del mal llamado acuerdo de víctimas es la Jurisdicción Especial para
la Paz (JEP). Este no es otra cosa que un procedimiento tortuoso, confuso y
costoso para garantizar la impunidad total a los militantes de la guerrilla.
Las Farc no llegaron a La Habana como fuerza vencida que se somete a la
legalidad que combatía. Llegaron, guste o no, como contraparte insurgente
reconocida así por el gobierno. En ningún proceso de negociación de esta
naturaleza adelantado en el mundo, los insurgentes han salido para la cárcel.
En Colombia, las negociaciones con el M-19, el Ejército Popular de Liberación, una
fracción del ELN y el Quintín Lame concluyeron todas con la impunidad total de
sus militantes y su participación en política sin cortapisas de ninguna índole,
pero tampoco con beneficios especiales. Con esos antecedentes, las Farc no
podían aspirar a nada menos que al mismo tratamiento. Pero con el Tratado de
Roma y la entrada en vigencia de la jurisdicción de Corte Penal Internacional
en noviembre de 2009, no era ya posible otorgarles impunidad total como se hizo
con los otros grupos guerrilleros. Permanecer en el Tratado de Roma y dar a las
FARC garantías de impunidad es la cuadratura de círculo que se intenta con la
JEP. La JEP fue diseñada para garantizar impunidad a los guerrilleros de las
FARC sin que el País se viera obligado a denunciar el Tratado de Roma. Esta es
la verdad monda y lironda.
La
objeción fundamental que puede hacerse a la JEP es que su competencia extienda a
“todos los participantes en el conflicto, de forma directa o indirecta,
combatientes o no combatientes” quienes “deberán asumir su responsabilidad por
las graves violaciones e infracciones cometidas en el contexto y en razón del
conflicto armado”. Esto se reitera una y otra vez a lo largo del documento: “El componente de justicia del Sistema
Integral de verdad, justicia, reparación, y no repetición se aplicará a todos
los que participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado. Se
aplicará a los investigados o condenados por el delito de rebelión u otros
relacionados con el conflicto, aunque no pertenezcan a las organizaciones
armadas en rebelión”.
A
pesar de los matices que se introducen – colaboración que no sea resultado de
coacciones o participación determinante o habitual – son muchas las personas que
están en riesgo de ser llamadas a responder ante la JEP. El acuerdo abre la
Caja de Pandora al establecer que además de la información “sobre todas las
investigaciones en curso relativas a las conductas cometidas con ocasión del
conflicto armado” allegada por la fiscalía, la contraloría, la personería, la
justicia penal militar, el órgano administrativo de la rama judicial y
cualquier órgano judicial o administrativo que haya proferido sentencias o
resoluciones sobre actos cometidos en el conflicto; los tribunales de la JEP recibirán
“informes de organizaciones de víctimas y derechos humanos relativos también a
los actos delictivos cometidos durante el conflicto, informes estos a los que
la JEP dará el mismo tratamiento que a los emanados de las autoridades
mencionadas”.
Es
también sorprendente el hecho de haber extendido la JEP a los agentes del
estado. Las declaraciones retóricas sobre
“tratamiento equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico” o aquello
de que “deberá tenerse en cuenta la calidad de garante de los derechos” son
insuficientes para eliminar el riesgo y la vergüenza que para un militar supone
verse sometido al mismo sistema de justicia diseñado para los insurgentes que
estaba obligado a combatir. Los oficiales de alto rango que participaron en las
conversaciones de La Habana parecen creer que los militares acusados de “falsos
positivos” y otros delitos reales o supuestos podrán verse por fin libres de
toda persecución judicial si se someten a esa jurisdicción. No de otra forma se explica que hayan aceptado que sus
camaradas de armas tengan que pasar por las Horcas Caudinas de la JEP.
IV
El
acuerdo sobre “Política de desarrollo agrario integral” ha sido recibido con
alborozo por los portaestandartes de “las causas objetivas del conflicto”. Son
22 páginas escritas en ese “lenguaje incluyente” que en nada desmerece la neolengua
de Orwell. Se crea un fondo de tierras de distribución gratuita de aún no se
sabe cuántos millones de hectáreas que se distribuirán durante un período de
duración aún no definida. Las tierras provendrán de varias fuentes: baldíos,
tierras inexplotadas, tierras donadas y tierras adquiridas o expropiadas por
motivos utilidad pública e interés social. Además, habrá subsidios y créditos
especiales para la adquisición de tierras. Serán beneficiarios los
“trabajadores con vocación agrícola sin tierra o tierra insuficiente” y todo se
acompañará con planes y programas de vivienda, electrificación, agua potable,
saneamiento, educación rural, asistencia técnica, capacitación, adecuación de
tierras, recuperación de suelos, proyectos productivos, comercialización, etc.,
etc., etc. Habrá programas masivos de formalización de la pequeña y mediana
propiedad. Las tierras distribuidas gratuitamente o adquiridas con subsidios y
créditos especiales serán inalienables e inembargables durante un período de 7
años. Los planes y programas tendrán enfoque territorial, pluriétnico,
multicultural, ambiental, sostenible, priorizado, participativo, con equidad de
género y todo lo demás. Las zonas de reserva campesina (ZRC), creadas por la
ley 160 de 1994 y de las cuales ya existen seis, adquieren rango constitucional
con la incorporación de los acuerdos al llamado bloque de constitucionalidad.
Hace también parte del acuerdo la figura de seguridad o soberanía alimentaria
como elemento fundamental de la política agraria. En breve, el gobierno se
compromete a una reforma agraria integral como esas de las que se hablaba por
allá en los años 50 y 60.
No
hay nada que objetar a la pretensión de que en el campo coexistan propiedades
de la más diversa extensión; de la misma forma que en el comercio, la industria
o los servicios coexisten empresas de todos los tamaños. La competencia se
encarga de establecer la escala mínima que permite la supervivencia de los
negocios en las distintas actividades. Igual cosa debería ocurrir en el campo.
Pero no, el acuerdo está marcado por la obsesión de mantener a cualquier costo
la pequeña propiedad sin que importe si es o no productiva y pueda garantizar,
de forma competitiva, un ingreso adecuado al campesino. Subsidios directos,
créditos subsidiados, seguros de cosecha subsidiados, compras públicas
subsidiadas, planes gubernamentales de comercialización subsidiados, centros de
acopio subsidiados, etc. esos son los pilares sobre los que descansa la
supervivencia de la idolatrada “economía campesina, familiar y comunitaria”.
Otro
componente del acuerdo agrario es la creación del Sistema de seguridad o
soberanía alimentaria. No se ha definido aún si es la una o la otra: los
negociadores del gobierno prefieren la primera, los de las Farc la segunda. La
diferencia no es de poca monta: la seguridad alimentaria alude a una serie de
propósitos de política pública con los que nadie puede estar en desacuerdo
(erradicación del hambre y la desnutrición, precios accesibles al consumidor
final, etc.), mientras que la de soberanía alimentaria es un concepto
claramente proteccionista cuya materialización como política pública puede
llevar al reforzamiento de las restricciones arancelarias y para-arancelarias al
comercio internacional de la producción agropecuaria. Sería muy grave que
finalmente primara la posición de las Farc y que la tal “soberanía alimentaria”,
convertida en elemento del “bloque de constitucionalidad”, condujera al cierre
del sector agropecuario al comercio internacional. Lo que beneficia a los productores
agropecuarios de todo tamaño y, disminuyendo
la renta derivada del monopolio de su propiedad, convierte a la tierra en un
factor de producción capitalista es la competencia internacional que lleva a la
especialización y a la eficiencia productiva. Los subsidios y la protección solo sirven para
perpetuar el atraso y la pobreza del campo.
Las
zonas de reserva campesina (ZRC) son una especie de falansterios igualitaristas.
Ya existen 6 con una extensión de 900.000 hectáreas y 95.000 habitantes. Allí todo
mundo debe tener la misma cantidad de tierra: la unidad agrícola familiar (UAF),
definida como la extensión de tierra que permite remunerar el trabajo de la
familia y obtener un excedente capitalizable. Normalmente, la UAF no admite más
que el trabajo del propietario y su familia, aunque excepcionalmente puede
emplear “mano de obra extraña”. El propietario de la UAF no puede venderla
antes de quince años de su primera adjudicación y sólo puede transferirla, con
autorización del gobierno, a campesinos sin tierra o minifundistas. Nadie puede
ser propietarios de dos o más UAF ni emplear sistemáticamente trabajo
asalariado. La UAF no puede ser dividida materialmente, lo que lleva al
restablecimiento de la institución feudal del mayorazgo. En definitiva, a los campesinos de las ZRC se
les niega la posibilidad de ser más productivos que sus vecinos, transformarse
en empresarios y enriquecerse. Si
alguien escoge libremente trabajar y
vivir esas condiciones está en todo su derecho. Las limitaciones a la enajenación
destruyen todo incentivo a la
valorización de la propiedad y el campesino que eventualmente se aburra de
tanta igualdad está condenado a salir arruinado al estar obligado a venderla a
muy bajo precio a alguien más pobre que él. En la práctica esto lleva a que el
campesino de la ZRC no tenga salida. Es ominoso que una figura de esta
naturaleza haya sido incluida en una ley y más ominoso aún que vaya a quedar
incorporada en la constitución una vez que los acuerdos de La Habana pasen a
ser parte del “bloque de constitucionalidad”.
V
El de
“solución al problema de las drogas ilícitas” es el más retórico y gaseoso de
todos los acuerdos. Realmente allí no se ha acordado nada: todo el documento es
una reiteración del compromiso de las partes de dar solución algún día al
problema de las drogas ilícitas. Las
Farc no reconocen ninguna responsabilidad en el narcotráfico, salvo una alusión
general según la cual “…la producción y comercialización de drogas ilícitas
también han atravesado, alimentado y financiado el conflicto interno”. De ahí
que su compromiso sea igualmente general: “poner fin a cualquier relación, que
en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno”. Para el
gobierno el objetivo es “lograr que el territorio nacional esté libre de
cultivos ilícitos” y para las FARC “lograr que evitando el deterioro del medio
ambiente el territorio nacional esté libre de cultivos ilícitos”.
El
periodismo bobalicón y los políticos tontarrones le han enrostrado a las Farc el no haber informado en la mesa de
negociación de su riqueza proveniente del narcotráfico, la extorsión y el
secuestro y no haber puesto esa riqueza a disposición del gobierno para la
indemnización de las víctimas. No se
puede ser más ingenuo. ¿Por qué no pedirles la declaración de renta y
patrimonio, los datos sobre sus cuentas en el exterior y las coordenadas de las
caletas donde guardan el efectivo? En la mesa de negociaciones correspondía a
los representantes del gobierno, respaldados por la fiscalía y el sistema
judicial, poner en evidencia esa riqueza y forzar a los representantes de las
Farc a reconocer la realidad de los hechos. Por pusilanimidad, falta de
información o incompetencia no hicieron nada y las Farc quedaron como la Pobre
Viejecita y los negociadores del gobierno como Simón el Bobito.
El
único compromiso real es el del gobierno con el Programa Nacional Integral de
Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Este programa “tendrá un carácter
civil”, contará con la “participación activa de las comunidades” y tendrá como
principio fundamental “la sustitución voluntaria”. El PNIS hace parte de la
reforma rural integral y como ésta contribuirá a “las transformaciones
estructurales de la sociedad rural”
y a “superar las condiciones de
pobreza de las comunidades campesinas” que al parecer es la condición sine qua non de la desaparición
definitiva de los cultivos ilícitos. A los cultivadores, recolectores y
amedieros que se acojan al programa, se les suministrarán mercados durante 6
meses o dos años (el gobierno prefiere lo primero, las Farc lo segundo), se les
dotará de huertas caseras, se les dará empleos temporales y todas las otras
dádivas de las que habla la reforma rural integral. Dice el acuerdo que en caso
de que los cultivadores no se allanen a la erradicación voluntaria “el gobierno
procederá a la erradicación de los cultivos de uso ilícito, priorizando la
erradicación manual donde sea posible, teniendo en cuenta el respeto por los
derechos humanos, el medio ambiente y el buen vivir”. Las Farc insisten que en
cualquier caso la erradicación debe ser manual.
En
realidad el gobierno y las Farc no podían acordar nada concreto sobre el
narcotráfico porque parten de reconocer su incapacidad para hacerlo. Los
cultivos ilícitos existen por “las condiciones de pobreza y marginalidad” y
porque el propósito de su eliminación “depende también de consensos y
definiciones de alcance global por parte de todos los estados”. Ni lo uno ni lo
otro es cierto: la pobreza y la marginalidad abundan en muchas partes sin que
abunden los cultivos ilícitos y países como Holanda, Portugal, Uruguay y varios
estados de Estados Unidos han legalizado la marihuana sin esperar esos
consensos y definiciones de alcance global y sin verse precisados a denunciar
la Convención de Viena contra el tráfico ilícito de estupefacciones y
sustancias sicotrópicas.
Colombia
es signataria de esa convención, como también lo es del Tratado de Roma que creó la temida Corte Penal Internacional. Llama la
atención el hecho de que los abogados asesores de la mesa, que pusieron tanto
empeño en encontrar una fórmula que permitiera dar impunidad a las Farc sin
denunciar el Tratado de Roma, no hayan hecho lo propio para idear una salida
jurídica decorosa de los compromisos de la Convención de Viena y para buscar la
legalización de la producción, comercialización y consumo de toda suerte de
drogas en Colombia. El mundo algún día entenderá que esta es la única forma de
superar los problemas de violencia, criminalidad y corrupción que resultan de
la ilegalidad. Colombia, que es el país que más ha padecido esas penurias,
estaba en todo su derecho de avanzar en la descriminalización de las drogas y
obtener para ello la aceptación de la comunidad internacional, que
supuestamente está apoyando clamorosamente los acuerdos de La Habana. Pero los
negociadores y sus abogados estaban pensando en otra cosa. Lo acordado en La Habana deja el problema del
narcotráfico en una situación peor pues en la práctica otorga a las Farc el
monopolio de la producción y comercialización de la hoja de coca pues la mayor
parte de los cultivos están en territorios que están bajo su control. Mientras
la cocaína tenga el alto precio que le da la ilegalidad, el PNIS es una broma.
VI
De
lo expuesto salen las siguientes cinco propuestas:
1. El hecho de que los crímenes de las Farc vayan a
quedar en la impunidad es sencillamente repugnante y es igualmente repugnante
saber que tendremos que ver a sus dirigentes pavonearse como grandes señorones
de la política en el congreso y en los medios de comunicación. Pero lo uno y lo
otro son los resultados inevitables de la naturaleza misma de las negociaciones
de La Habana. Pero no tiene sentido, como pretenden sus turiferarios, darle a las Farc más gabelas que las ya acordadas
en principio en junio de 2013. Tomando como criterio para decidir el número de
curules a las que se les facilitaría transitoriamente el acceso a las Farc los
resultados obtenidos por los movimientos políticos que les son afectos en las
elecciones legislativas realizadas desde 1986, año en que aparece la UP, debería establecerse un circunscripción
especial de dos curules para senado y tres circunscripciones para cámara de
representantes con dos curules cada una. Esto es bastante generoso. En esas
circunscripciones no podrían participar los partidos y movimientos con representación en el congreso, pero, para que
haya competencia, si podría hacerlo cualquier partido o movimiento que lo
desee, bajo las mismas condiciones y reglas que se dispongan para las Farc. Los
ciudadanos que deseen votar en las circunscripciones especiales no podrán
hacerlo en las ordinarias. Dichas circunscripciones se mantendrían por dos
períodos electorales y las curules en cuestión serían adicionales a las
existentes. Los demás aspectos del acuerdo de participación en política deben
hacerse extensivos a todos los movimientos y partidos sin personería jurídica
ni representación en el congreso. En particular se les debe dar participación
en los procesos conducentes a la formulación del estatuto de oposición y a la
reforma del régimen electoral.
2. La JEP se crea para garantizar la impunidad a los
militantes de las FARC sin denunciar el Tratado de Roma. Debe limitarse a eso y
excluir de su jurisdicción a todos los demás ciudadanos. Aceptando el criterio de los altos oficiales
que participaron en las negociaciones, los militares que así lo deseen pueden
someterse libremente a ella. Para considerar las actuaciones de éstos se
tendrán en cuenta únicamente los expedientes y sumarios que aporten las
autoridades judiciales y en ningún caso los informes de terceros.
3. Los campesinos que reciban tierra del fondo de
distribución de tierras deben poder disponer libremente y en cualquier momento
de su propiedad sin restricción alguna. Todos los campesinos y en especial los de
las ZRC deben también poder explotar sus talentos naturales, emplear trabajo
asalariado, acrecentar el tamaño de sus parcelas, disponer libremente de su
propiedad y venderla a quien deseen a un precio libremente acordado. Esos campesinos,
como todos los colombianos, deben tener libertad económica pues sin ésta no hay
libertad política ni libertad de ningún tipo. Para garantizar a los campesinos
el derecho a la salida de las ZRC, el gobierno se compromete a adquirir las UAF
que se le ofrezcan por su precio de mercado, es decir, al precio de propiedades
de características similares que no hagan parte de ninguna ZRC.
4. El desarrollo de una producción agropecuaria
eficiente, rentable y auto-sostenible no puede depender de subsidios y de la protección
arancelaria y para-arancelaria. Eso en definitiva castiga al consumidor urbano,
especialmente a los más pobres cuyo gasto en alimentos absorbe el 35% del
ingreso. Los subsidios y tratamientos especiales deben limitarse en el tiempo.
De ninguna forma debe aceptarse la inclusión de la figura de “soberanía
alimentaria” como principio orientador de la política pública en el sector
agropecuario. Esto conduciría al progresivo cierre del sector a la competencia
internacional y sería nefasto para el sector agropecuario mismo y la economía
en su conjunto.
5. La solución al problema del narcotráfico pasa por su
descriminalización total. La descriminalización de la marihuana debe hacerse de
forma inmediata, en un plazo no mayor de un año, como ya lo hicieron países
como Uruguay, Holanda, Portugal y varios estados de los Estados Unidos sin
verse obligados a denunciar la Convención de Viena de 1988. En el marco de los
acuerdos se creará una comisión de expertos para que en seis meses después de
la firma de acuerdo final presente el procedimiento y el cronograma de
descriminalización de la producción, comercialización y consumo de todas las drogas
ilícitas. La descriminalización total debe estar concluida en dos años después de
la firma del acuerdo.
LGVA
Julio
de 2016.
