El silencio de los dirigentes

 

El silencio de los dirigentes

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

Pasadas cuatro semanas de desórdenes y bloqueos que han dejado varios muertos, decenas de heridos y graves afectaciones a la economía, lo que más desconcierta no es la timorata reacción del gobierno sino la falta de respuesta de la dirigencia política y empresarial del País. Como si esto no fuera con ellos, como si no entendieran cabalmente qué se lo que está en juego.

Los dirigentes políticos de los que hablo son los de los partidos – Liberal, Conservador, Centro Democrático, Cambio Radical, Unidad Nacional, Mira, Colombia Justa y libre - que forman la mayoría en el Congreso y que se identifican en lo fundamental con los valores de la democracia liberal y la economía de mercado y propiedad privada. Esos partidos tienen 82 de las 106 curules del Senado y representan a más del 80% de los votantes colombianos.

La dirigencia empresarial la identifico con la treintena de gremios de la producción reunidos en el Consejo Gremial Nacional, supuestamente comprometidos con la defensa de la libre empresa, la propiedad privada, la economía de mercado, la democracia y el estado de derecho. Todos los sectores económicos están representados ahí y son miles las empresas afiliadas.

La mayoría de esos dirigentes ha tenido un papel significativo en la vida política y económica del País en los últimos 30 ó 40 años, algunos hasta cincuenta. Por eso, nuestra institucionalidad económica y política – con sus defectos y cualidades – es creación colectiva de todos ellos y también de quienes hemos votado por los dirigentes políticos y de quienes hemos apoyado a los dirigentes económicos trabajando en sus empresas, comprando libremente sus productos e invirtiendo nuestros ahorros en ellas.  

Lo que está pasando es un ataque en línea contra la propiedad privada, la economía de mercado y la democracia liberal. Por eso, lo que está pasando tiene que ver con esos dirigentes y con todos los colombianos que de alguna forma los hemos apoyado para alcanzar los rangos y dignidades que hoy ostentan. Con su silencio – el silencio de los dirigentes – parecen estar significando que no creen en lo construido, que se avergüenzan de ello, que no hay nada que valga la pena defender. De forma inconexa y desordenada, los dirigidos, los ciudadanos colombianos, se levantan en las ciudades para rechazar los violentos de la extrema izquierda y decirles a sus dirigentes que nuestra democracia y nuestras libertades merecen y deben ser defendidas.

Hay que agradecerle a la izquierda radical y a sus vándalos mercenarios por hacernos comprender que el bloqueo es un delito contra la vida, la libertad, la democracia, el derecho a la educación, el derecho a la salud, derecho al trabajo y a la libre empresa. Por la lección en los valores de la libertad que con sus bloqueos le están dando al pueblo colombiano al hacerle comprender la significación de la atmósfera de libertades, necesarias para la paz y la tranquilidad, en la que vivían sus vidas.

Y de pronto el bloqueo, la violencia en las calles, la agresión. Y de pronto los colombianos empezaron a verse privados de la posibilidad de hacer cosas tan elementales como viajar en paz en el transporte público de su trabajo a la casa. De pronto ir a la cita de la ansiada vacunación o a la de la rutinaria dentistería se convierte en una riesgosa aventura. El acto elemental de comprar los alimentos se torna súbitamente en imposible por la acción de los bloqueadores. Las empresas desprovistas de insumos van cerrando sus puertas y despidiendo a sus trabajadores. De pronto los policías que nos protegen de los delincuentes se convierten en blancos móviles de los vándalos mercenarios. De pronto, los bloqueadores, suprimen de tajo todas las libertades y derechos. Han desaparecido el derecho a la vida, a la seguridad, a la movilidad, al trabajo, a la salud, a la educación. Ha desparecido la libertad de elección en la que sintetizan todos los derechos y libertades.

Los colombianos estamos descubriendo que la libertad de elección es un hecho ontológico, el rasgo fundamental de la naturaleza humana. El estado liberal no crea las libertades, sino que se limita a protegerlas, su deber es protegerlas. La protección de las libertades es la atmósfera de la acción humana. Y es esa atmósfera la que por la acción violenta de la extrema izquierda y la debilidad del gobierno la que los colombianos sienten que están perdiendo. Los colombianos se sienten ahogados y agobiados y sus dirigentes guardan silencio.

LGVA

Mayo de 2021

 

La bancarrota política de Sergio Fajardo

 

La bancarrota política de Sergio Fajardo

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

 

La alabanza de Sergio Fajardo a Gustavo Petro es una muestra del abismo de inmoralidad en el que indefectiblemente se precipitan quienes, carentes de principios, llegan a la política movidos por la ambición personal.

Fajardo entró en la política con lo que desde Aristóteles se considera el discurso típico del demagogo: la condena airada de la corrupción. Inicialmente, mientras se nutrió de las ideas de algunos amigos, la gente creyó que había en su ideario político algo más que la machacona insistencia en aquello de “nunca me he robado un peso”; pero con el paso del tiempo se fue haciendo evidente su vacuidad y muchos de sus amigos de las primeras horas se fueron apartando. También se apartaron los electores de Medellín y Antioquia: sus candidatos en las pasadas elecciones locales hicieron el ridículo.

En su errática trayectoria de trepador de la política, Fajardo se ha arrimado a los árboles de buen sombrío. Al igual que todos los oportunistas de Colombia, en un momento dado fue “uribista”, escribiendo sobre el gobernador Uribe Vélez algunos párrafos que ameritan figurar en la antología universal de la lambonería. Probablemente, su odio contra el expresidente provenga, como el de muchos otros, de no haber visto premiada su actitud genuflexa con un cargo ministerial.

Tampoco Santos, a quien apoyó con delirio, apreció sus excelsas calidades de estadista de talla ministerial, que había puesto en evidencia en su paso por la Gobernación de Antioquia, dejando al departamento al borde de la quiebra con una nefasta operación financiera que hoy trata de justificar convirtiendo la ignorancia en virtud.       

Carlos Gaviria lo trató con desprecio al decirle que no se puede pretender dirigir un país sin los principios de los que puede prescindirse para barrer las calles o cambiar las luminarias de una ciudad de la que se es alcalde.

Buscando algo de soporte ideológico y deslumbrado, quizás, por el rancio proteccionismo cepalino, se acercó al senador marxista-leninista-maoísta Jorge Enrique Robledo, un enemigo declarado de la libertad comercial y favorecedor, en consecuencia, de capitalistas incapaces de competir y de terratenientes rentistas.  

La reliquia del “nuevo liberalismo”, el senador Iván Marulanda, a quien Fajardo sacó del limbo político, emprendió su propia aventura presidencial por creer, no sin razón, que en su cacumen hay más ideas para dirigir un país que las que anidan en el flaco magín del matemático enredado en las tramposas ecuaciones de la política politiquera.

Su publicitada “coalición de la esperanza” – integrada por dos oportunistas políticos de todas las horas, un pobre huerfanito que lleva décadas viviendo del cadáver de su papá y un marxista-leninista-maoísta trasnochado – naufraga en un piélago de incoherencias, que se sintetizan en la posición asumida frente a los violentos desórdenes que agobian el País: “Bloqueos sí, pero no muy prolongados”.

Ahora Fajardo busca hacerse perdonar de Petro quien lo responsabiliza de su derrota en la segunda vuelta en las presidenciales de 2018. Si Petro llegara a ganar en 2022, cosa que no sucederá, con su mísero 6%, tal vez Fajardo pueda aspirar al ministerio de la eterna juventud y el deporte, poca cosa frente a su vergonzosa claudicación moral.

Las diferencias con un personaje como Petro, más que políticas, son de orden ético y moral y alguien que, como Fajardo, se proclama adalid de la decencia no puede ignorarlas. Petro recurrió a las armas como medio de lucha política contra un estado democrático. El movimiento al que perteneció asesinó, asaltó, robó, secuestró e incendió para llegar al poder. Hoy Petro alienta la violencia y el vandalismo como método de acción política. Petro apoya regímenes totalitarios y liberticidas como los de Cuba y Venezuela y su proyecto político es la implantación en Colombia de ese tipo de dictaduras. A Petro no lo puede apoyar ningún político que se precie de ser decente.

LGVA

Mayo de 2021.  

 

 

¿Llegó la hora de la resistencia fiscal?

 

¿Llegó la hora de la resistencia fiscal?

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

El primer deber del gobierno, de todo gobierno, es la protección de la vida y la propiedad de los ciudadanos. No importa lo que haga el gobierno, si dolosamente o culposamente no ejerce ese deber, es un gobierno que incumple su parte del contrato y su incumplimiento libera a los ciudadanos de la obligación sostenerlo económicamente.

Los alcaldes de Medellín, Cali, Bogotá, Popayán y otros municipios han incumplido ostensiblemente sus deberes constitucionales y legales. Desde el 28 de abril, día tras día, han tolerado e, incluso, propiciado toda suerte de desmanes y la destrucción de bienes públicos y privados y han permitido la realización de bloqueos en las vías y redes de transporte público. Muchas vidas se han perdido en medio de desordenes que han podido ser evitados. 

El artículo 315 de la Constitución señala, entre otras, las siguientes funciones de los alcaldes:

“1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas y los acuerdos del concejo.

2. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La policía nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante.”

El artículo 189 señala que corresponde al Presidente:

“4. Conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere perturbado”.

Claramente Colombia no es una aglomeración de feudos municipales en los que cada alcalde hace lo que quiera en su municipio y mucho menos en materia de orden público. Las atribuciones presidenciales en esta materia se extienden a todo el territorio, mientras que los gobernadores y alcaldes las tienen en los suyos, con sujeción a la constitución, a las leyes, los decretos del gobierno y las instrucciones y ordenes del Presidente la República.

En materia de orden público hay una jerarquía constitucional que sin ambigüedad alguna establece que el Presidente de la República no tiene que pedirle permiso a los alcaldes para reestablecer el orden público en cualquier lugar de la Nación y que, además, para hacerlo, está facultado para darles a gobernadores y alcaldes instrucciones y órdenes de obligatorio cumplimiento.

Al cabo de cuatro semanas es claro que los alcaldes están incumpliendo sus deberes e incurriendo por tanto en faltas disciplinarias gravísimas, graves y leves, entre las que se encuentran las siguientes:  

·         Por omisión de su obligación de levantar los bloqueos a la red pública de transporte, han ocasionado que muchas personas abandonen sus actividades económicas habituales, lo que constituye una infracción al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

·         Sus omisiones en el manejo del orden público han dado lugar a se dañen bienes del estado y sus empresas, lo que se constituye en falta grave por el carácter esencial de los servicios públicos afectados y la enorme cuantía de las afectaciones.

·         Funcionarios de las alcaldías, abiertamente o disfrazados de "gestores de paz", han participado en las manifestaciones de un paro con motivaciones esencialmente políticas,  en lo que constituye una clara participación en política. Han utilizado los cargos públicos para respaldar un paro de móviles políticos innegables.   

·         Por omitir y retardar el ejercicio de sus funciones en lo referente al control del orden público y el levantamiento de los bloqueos, esos alcaldes han permitido que se origine un grave riesgo a la salud las personas, el deterioro de la de muchas otras y, muy posiblemente, la muerte de algunas por falta de medicamentos y atención.

·         Sus omisiones en materia de orden público los hacen responsables de faltas contra la libertad y derechos fundamentales como la libre movilidad, el derecho al trabajo, la libertad de empresa, etc.  

Todas esas faltas están tipificadas en el Código General Disciplinario o ley 734 de 2002 y en la ley 1952 de 2019, que sustituye a la primera a partir del 1 de julio de 2021. Es deber de la Procuraduría investigar y sancionar a los alcaldes, incluso con la destitución o suspensión del cargo. El Presidente dio la orden de levantar los bloqueos y constitucionalmente esa orden cobija a los alcaldes y los gobernadores. Esta es una razón más para que la Procuraduría proceda a sancionar a los alcaldes de Medellín, Cali, Bogotá y demás ciudades y municipios que están en flagrante incumplimiento de sus deberes constitucionales y legales y en desacato de las órdenes presidenciales.   

Ahora bien, si esta situación persiste, es decir, si los alcaldes no cumplen sus deberes constitucionales y legales, si desacatan las órdenes presidenciales y si la Procuraduría se muestra incapaz de disciplinarlos, a los ciudadanos no les quedaría otra alternativa que cesar de financiar los gobiernos locales negándose a pagar impuestos como el predial y el de industria y comercio. No les quedaría a los ciudadanos otro camino que la resistencia fiscal.

LGVA

Mayo de 2022.

De callejones más oscuros y más de noche hemos salido, para salir de este se necesita el liderazgo presidencial

 

De callejones más oscuros y más de noche hemos salido, para salir de este se necesita el liderazgo presidencial

 

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

“…nunca se debe dejar persistir un desorden por evitar una guerra, porque esta no se evita, sino que se difiere con mayor desventaja”

(Maquiavelo, El Príncipe, Capítulo III)

 

El gobierno no se va a caer, pues lo que está ocurriendo es un motín vandálico y no una revolución. Para que un motín se transforme en una revolución se necesitan dos cosas: que las fuerzas armadas se desintegren y que una vanguardia política organizada se ponga al frente de los amotinados y oriente sus acciones dispersas hacia el objetivo de tomarse el poder. Ni lo uno ni lo otro está sucediendo.

La policía ha respondido al reto, ha estado a la altura de las circunstancias y mantiene alta la moral. La acción de la policía y en especial del ESMAD ha sido hasta ahora suficiente para controlar poco a poco los desmanes que, por otra parte, los más graves, han quedado localizados en Cali y Popayán. El Ejército está intacto, no ha tenido que emplearse a fondo. No ha sido necesario declarar el estado de conmoción interior. Los bloqueos se están levantado poco a poco, tanto por la acción de la fuerza pública como por voluntad de los bloqueadores, ante el rechazo creciente que sus acciones suscitan en la ciudadanía. Hay policía y ejército para rato.

El paro es convocado por tres organizaciones sindicales de tercer grado – CGT, CUT, CTC – que, en conjunto, tienen aproximadamente 1.400.000 afiliados, menos del 2% de la población. La parte más activa en las manifestaciones, usualmente violentas, la protagonizan comandos con entrenamiento en guerrilla urbana, militantes de extrema izquierda, lumpen de las barriadas, maestros de FECODE, funcionarios públicos y, como carne de cañón, estudiantes universitarios, tan apasionados como ignorantes. Aunque los partidos de la izquierda con representación en el Congreso – Colombia Humana, Partido Verde, Polo Democrático, Comunes-Farc, etc. – han querido capitalizar las protestas, ninguno de sus dirigentes ha tendido el valor de abandonar la comodidad de sus hogares para ponerse al frente del movimiento en las calles y barricadas. Parece que todavía no es posible hacer una revolución a punta de twitter y el movimiento, escasamente representativo, carece de un liderazgo político insurreccional sin el cual se desvanece toda posibilidad de amenaza real al gobierno constitucional.

La amplitud y violencia del movimiento cogió por sorpresa a todo mundo. Al Gobierno, en primer lugar, cuya incorrecta lectura de la situación social del País lo llevó a presentar un proyecto de reforma tributaria que, afectando los intereses de todo el mundo, se convirtió en detonante y combustible de lo que pudo convertirse en una insurrección. También han quedado sorprendidas las organizaciones convocantes del paro cuyos dirigentes más sensatos a estas alturas deben estar preguntándose: ¿qué hago con este fusil?  En fin, sorprendidos deben estar los dirigentes de la izquierda legal e ilegal quienes, soñado siempre las masas en las calles, se acobardaron cuando había que salir a liderarlas para transformar el motín en una verdadera insurrección.

A las Fuerzas Armadas son las únicas a las que no tomó de sorpresa el movimiento. Como es su deber, han respondido a las órdenes de la autoridad civil. Si en ocasiones su presencia no ha sido oportuna o su accionar contundente, ello se debe las limitaciones que les imponen las autoridades civiles y los códigos de conducta a los que deben someterse.

En estos momentos el liderazgo del presidente es fundamental, no para conjurar una revolución que no se dará sino para restaurar prontamente el orden público y evitar así más sufrimiento a población y el mayor deterioro de la economía. Es necesario levantar prontamente todos los bloqueos y conjurar el terrorismo urbano, mediante el empleo de una fuerza abrumadora.

El presidente debe asumir con determinación su rol de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y hacerse responsable de sus actuaciones, explicarlas claramente a la sociedad y defenderlas ante la comunidad internacional, sin temor a las críticas de organismos infiltrados o influenciados por la izquierda o, en el mejor de los casos, mal informados.

LGVA

Mayo de 2021.

 

Pacto nacional por la juventud: excluyente y nocivo

 

Pacto nacional por la juventud: excluyente y nocivo

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

“La juventud es bella, aunque no se bañe”

(Fernando González Ochoa)

“La juventud es un defecto que se corrige con el tiempo”

(Enrique Jardiel Poncela)

 

La juventud es generosa, la juventud es heroica y también candorosa. En primera línea de la protesta está la juventud, la juventud universitaria, para ser precisos. Empeñado en calamar los ánimos, el Gobierno ha lanzado la propuesta de un “pacto nacional por la juventud”, cuyo componente fundamental es la matrícula universitaria gratuita para los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3. Aunque bien intencionado, ese pacto es excluyente y nocivo.

En las calles hay centenas de jóvenes policías y de jóvenes soldados que diariamente son agredidos por los jóvenes universitarios que protestan airadamente. Esos jóvenes policías y esos jóvenes soldados no hacen parte del pacto y de ellos se espera que, a riesgo de sus propias vidas, protejan las de los demás. Si, en cumplimiento de su deber, lesionan a uno de los jóvenes universitarios que los atacan, son calificados de “abusadores” y “genocidas” y castigados luego con la pérdida de su trabajo y la prisión.

Tampoco están en el pacto los jóvenes agricultores y jornaleros agrícolas cuyos productos se están perdiendo en las carreteras bloqueadas por los jóvenes universitarios que protestan airadamente. Tampoco están en el pacto los jóvenes albañiles, los jóvenes obreros, los jóvenes empleados, los jóvenes que prestan servicios a domicilio que no pueden llegar su trabajo o deben caminar largas horas para hacerlo porque los jóvenes universitarios que protestan airadamente han destruido los sistemas públicos de transporte.

No hacen parte del pacto los jóvenes que venden tinto en las calles, los jóvenes quincalleros, los jóvenes recicladores, los jóvenes que venden alimentos o enseres de todo tipo, los jóvenes que los llevan a domicilio, los jóvenes floristas, los jóvenes que hacen piruetas en los semáforos y los que limpian los vidrios a cambio de una moneda, los que venden libros de segunda, los que reparan bicicletas, los que vende aguacates y bananos, los que simulan cuidar los carros en una esquina, los jóvenes de la variopinta y extensa informalidad que vive al día y que en los días de paro no puede salir a ganarse la vida.

Y con el sacrificio de los que no están en el pacto, los jóvenes universitarios que protestan airadamente han logrado un regalo envenado: matrícula gratis en universidades públicas. La matrícula gratis en las universidades públicas solo favorece a los profesores y administradores de esas universidades pues consolida el casi-monopolio que tienen garantizándoles una clientela cautiva. Por eso se opusieron y acabaron con “Ser pilo paga”. Es lo mismo que ocurre con la educación básica primaria y secundaría donde millones de niños están sometidos al ominoso monopolio de la FECODE. Los jóvenes universitarios están dando la lucha equivocada con los aliados equivocados. Deberían luchar por romper el monopolio con la implantación del voucher educativo a todos los niveles.   

¡Qué paradoja! Los jóvenes universitarios que protestan airados en las calles se enfrentan con jóvenes policías y soldados, impiden la movilización y el trabajo de otros jóvenes, todo para renunciar a parte de su libertad porque nadie les ha explicado que educación pública de calidad no quiere decir monopolio público de la educación.

LGVA

Mayo de 2022.

La neolengua de la izquierda y el paro nacional

 

La neolengua de la izquierda y el paro nacional

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

“¿No ves que la finalidad de la neolengua es limitar el alcance del pensamiento, estrechar el radio de acción de la mente?

(George Orwell, 1984, capítulo V)

 

El principal instrumento de lucha ideológica y de censura de la izquierda colombiana es el lenguaje. Primero impusieron el lenguaje de la corrección política, que prohíbe decir ciertas cosas, y luego vino el lenguaje inclusivo, que obliga a decir otras. Ahora, con el propósito de justificar el paro y la cruel violencia desatada contra las personas y sus bienes, ha lanzado, en medios de comunicación y redes sociales, un amplio y coordinado ataque para imponer su neolengua. 

Como recordarán los lectores de la novela 1984, en neolengua las palabras no significan lo que significan sino lo que quieren que signifiquen los agentes del Gran Hermano que las pronuncian o las escriben. Pero no hay que confiarse pues ese significado varía según las circunstancias y, peor aún, en algunas de ellas una palabra puede significar una cosa y exactamente su contrario.

La izquierda colombiana y sus corifeos de los medios, a la mejor manera de Orwell, avanzan en su tarea de distorsión del lenguaje para sembrar en las mentes de los ciudadanos los siguientes lemas:

1.    LA VIOLENCIA ES PACÍFICA

2.    EL DELITO ES UN DERECHO

3.    DEFENDERSE ES ABUSAR

4.    LOS ATACANTES SON LOS ATACADOS

5.    LA MINORÍA ES LA MAYORÍA

6.    DENUNCIAR ES ESTIGMATIZAR

7.    EL ORDEN ES EL CAOS

 

1.    Ni una sola de las marchas y movilizaciones de la izquierda colombiana en los últimos años ha sido pacífica. Todas, absolutamente todas, terminan en violencia, en destrucción de bienes públicos y privados, en agresiones a las personas y a los agentes de la policía. No obstante, los medios de comunicación hablan sin cesar de “marchas pacíficas” que, supuestamente, se ven empañadas por la acción de vándalos desadaptados. De tanto escuchar y leer esa cantinela, en la mente de los ciudadanos va quedando gravado el primero de los lemas: LA VIOLENCIA ES PACÍFICA.

 

2.  Amenazó el Fiscal General de la Nación con confiscar los vehículos automotores usados en los bloqueos de vías a efectos de aplicarles la extinción de dominio y de inmediato saltó un abogado demasiado famoso a increparlo porque, según él, el bloqueo es un derecho constitucional. En la Constitución no aparece la palabra “bloqueo” y mucho menos la expresión “derecho al bloqueo”. El artículo 37 de la Carta consagra el derecho reunirse y manifestarse pacíficamente, lo que evidentemente no se cumple con el bloqueo que por definición es una acción violenta pues obliga a las personas a hacer algo contra su voluntad. El bloqueo es un delito tipificado en el artículo 353A del Código Penal. Sin embargo, los abogados de la izquierda y sus propagandistas de los medios siguen hablando de que es un derecho y en la mente de las personas va quedando gravado el segundo lema: EL DELITO ES UN DERECHO.

 

 

3.    La izquierda quiere imponer la narrativa según la cual con relación a las marchas supuestamente pacíficas el deber principal y casi único de la fuerza pública es proteger a los marchantes - ¿de quién? - y abstenerse de intervenir cuando, preludio de acciones cada vez más violentas, destrozan el mobiliario público o pintan vidrios y paredes. Eso es solo “pinturita” proclamó el pintoresco alcalde de Medellín. Cuando son agredidos directamente – con machetes, palos, adobes, acido o bombas incendiarias – los policías no pueden reaccionar pues solo pueden hacerlo en caso de “extrema necesidad, en forma proporcional y buscando minimizar el efecto de su respuesta sobre el agresor”. Si por desgracia, el agente reacciona para salvar la integridad de uno de sus compañeros o la suya propia, esto inmediatamente se califica de uso desproporcionado de la fuerza, de abuso policial. ¡Abuso policial! ¡Abuso policial! grita la izquierda, gritan sus corifeos de los medios y en las mentes de las personas va quedando gravando el tercero de los lemas: DEFENDERSE ES ABUSAR. 

 

4.    El resguardo es una institución colonial supuestamente creada para proteger a los indígenas. Al momento de la Independencia, Bolívar ordenó su disolución y esta pudo hacerse efectiva en el Altiplano Cundiboyacense. En algunas regiones – Cauca y La Guajira, principalmente - se mantienen hasta hoy. Las tierras resguardadas, que representan casi una tercera parte del territorio colombiano, son santuarios inviolables donde los indígenas ejercen total autoridad y nadie puede entrar en ellos sin su consentimiento, salvo los narcotraficantes y las Farc. No hay reciprocidad con las tierras no-resguardadas: los indígenas transitan libremente por ellas de forma pacífica o de forma violenta, cuando salen en las llamadas mingas. Usualmente las mingas se traducen en bloqueos a la Vía Panamericanas y en muchas ocasiones avanzan hasta las ciudades sembrando a su paso destrucción en plena impunidad, como está ocurriendo hoy con ocasión del paro nacional. Vandalizan bienes públicos, agreden a la población, bloquean las vías impidiendo el paso de alimentos y medicinas, atacan a todo mundo, cometen toda clase de tropelías, pero nada puede hacerse en contra de ellos porque supuestamente están ejerciendo sus “derechos ancestrales” y cobrando la “deuda histórica”. Recientemente, en Cali los mingueros asaltaron conjuntos residenciales y la legitima reacción de los habitantes en defensa de sus propiedades y sus vidas fue de inmediato calificada por la izquierda y sus corifeos de los medios de ataque a la minga, pues de acuerdo con el cuarto lema LOS ATACANTES SON LOS ATACADOS.

 

5.    El paro nacional que estamos padeciendo es promovido por tres organizaciones sindicales de tercer grado – CGT, CUT, CTC – que, en conjunto, con cifras del Censo Sindical de 2017, tienen 1.352.896 afiliados. Dentro de ese número están los afiliados de FECODE porque esta organización hace parte de la CUT. Un 15% de los representados son maestros afiliados a la FECODE y 13% funcionarios del sector público. Los afiliados a otras organizaciones como Dignidad Agropecuaria y Cruzada Camionera también están incluidos en los afiliados a las Centrales Sindicales. Tenemos pues que en el paro nacional están representados menos de un millón y medio de colombianos. Esto equivale a menos de 6% de la población económicamente activa y a menos de 3% de la población total. El 97% de la población no está representado por las organizaciones promotoras del paro y, sin embargo, la izquierda y sus corifeos de los medios, hablan de que la calle ha hablado, que hay que escucharlos, que hay que negociar con ellos, porque por arte birlibirloque se cumple el quinto lema según el cual LA MINORIA ES MAYORIA.   

 

 

6.    ¡Ay de quien se atreva a contradecir esos lemas! ¡Ay de quien diga que las marchas son violentas, que bloquear es un delito, que la policía tiene derecho a defenderse, que los mingueros atacan a la población o que el tal comité de paro no representa a la mayoría y solo defiende sus mezquinos intereses! El que ose incurrir en semejante sacrilegios inmediatamente es acusado de “estigmatizar la protesta social”. No se puede denunciar la violencia de las marchas y los bloqueos, ni las agresiones a la policía, ni los ataques de los mingueros a los ciudadanos y a los bienes públicos, ni poner en evidencia la ilegitimidad del paro y los mezquinos intereses que animan a sus dirigentes, porque, como proclama el sexto lema: DENUNCIAR ES ESTIGMATIZAR.

 

7.    Todos estos lemas han legitimado el DESORDEN Y EL CAOS impuesto por la izquierda a una sociedad aterrorizada y a un gobierno decente pero acobardado. Los derechos y libertades de la inmensa mayoría de los colombianos están suspendidos, pues sin orden no hay ningún derecho ni ninguna libertad. Así pues, preparémonos para ver cómo la divisa republicana de nuestro escudo, LIBERTAD Y ORDEN, se sustituye por el séptimo lema orwelliano de la izquierda colombiana: EL ORDEN ES EL CAOS.

LGVA

Mayo de 2021.

 

La ciudadanía desarmada e indefensa

 

La ciudadanía desarmada e indefensa

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

“…todos los profetas armados tuvieron éxito, y se arruinaron cuantos estaban desarmados”

 (Maquiavelo, El Príncipe, capítulo VI)

Los desmanes de las dos últimas semanas mostraron la situación de indefensión en que se encuentran los ciudadanos por carecer de armas de fuego y porque los miembros de la Fuerza Pública, que deben defenderlos, no pueden usar las suyas.

El ya difícil acceso de los particulares al porte y posesión de armas, en los términos de la ley 61 de 1993 y el decreto 2523 del mismo año, se tornó prácticamente imposible después de la expedición del decreto 2515 de 2015, que ordenó la suspensión general de los permisos de porte. Un proyecto de ley de la Senadora María Fernanda Cabal busca restablecer las condiciones de porte anteriores al mencionado decreto. El hecho es que, por decisión del gobierno de Santos, ratificada por el gobierno de Duque, los ciudadanos están desarmados y totalmente indefensos frente a los criminales corrientes y a los criminales camuflados en la llamada protesta social.

El desarme de la policía frente a los vándalos se ordenó en el decreto 003 de enero de 2021, mediante el cual se expide el “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”. Allí se dispone que la policía encargada de vigilar manifestaciones pacíficas no podrá portar ni usar armas de fuego, lo que está bien cuando se trata de manifestaciones efectivamente pacíficas, pero es algo completamente absurdo cuando dichas manifestaciones concluyen, como es usual, en bloqueos a las vías públicas, vandalización de la propiedad pública y privada y ataques a los propios agentes de policía.

El hecho de que el agente de policía no tenga armas de fuego o que en el caso de portarlas no pueda usarla contra su agresor, a menos que este le ataque con armas también de fuego, pone al agente en total situación de indefensión, cuando es atacado con armas como machetes, bates, adobes, bombas incendiarias, frascos de ácido que pueden tener un efecto letal.

 Por tener la certeza más o menos grande de que el agente no puede responder con contundencia a su agresión, el agresor se siente confiado y lo agrede. Diferente sería su actitud si tuviera la certeza de que el agente puede responderle con un disparo en la pierna, por ejemplo.

Hay que insistir en este asunto. Hoy predomina la teoría según la cual los policías o los soldados no puede usar armas de fuego a menos que sean atacados con armas también de fuego. Eso es gravísimo, porque equivale a desarmar al policía o al soldado. Si el atacante está seguro de que el policía o el soldado no usará su arma de fuego, esta pierde su poder disuasivo y estando armados están más desarmados que si no tuviera arma alguna y más indefensos.

La base del contrato social es la entrega al estado del monopolio de la fuerza legítima. El estado funciona no por usar permanente la fuerza sino por el poder disuasivo de esta. Cuando ese poder disuasivo desaparece, el estado colapsa. Así, cada vez que un policía o soldado pierde el poder disuasivo que le confieren sus armas, el estado está colapsando un poco.

LGVA

Mayo de 2021

El bloqueo es violencia, no está autorizado por la constitución y es un delito penal, abogado Bernate.

 

El bloqueo es violencia, no está autorizado por la constitución y es un delito penal, abogado Bernate.

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

 

El Fiscal General de la Nación, señor Francisco Barbosa, amenazó con incautar con fines de extinción de dominio los vehículos empleados en bloquear las vías públicas. En su cuenta de Twitter, el señor Francisco Bernate, lo reprendió de la siguiente forma:

“No es viable la incautación de los vehículos con fines de extinción de dominio por cuanto se trata de un bloqueo autorizado por la Constitución Política”

Como el señor Bernate es un abogado muy famoso, decidí ahondar en el alcance de la expresión “bloqueo autorizado por la Constitución”. Este es el resultado de esa indagación:  

1.    En la Constitución no aparece el sustantivo “bloqueo”, ni el adjetivo “bloqueado” y tampoco el verbo “bloquear”.

2.    Tampoco aparecen “protesta”, ni “protestar”. La expresión “derecho a la protesta” está ausente del texto constitucional.

3.    Lo que si aparece en la Constitución es el “derecho de reunión”, consagrado en el artículo 37 en los siguientes términos: “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar este derecho”.

Como no existe un “derecho al bloqueo” es lícito suponer que para el abogado Bernate el “bloqueo” es una forma de “reunirse y manifestarse pública y pacíficamente”. Dilucidemos la cuestión.

Bloqueo es la acción y el efecto de bloquear. Y bloquear, en la acepción que aquí interesa, es “detener o interceptar algo para que no llegue al sitio donde va dirigido”. Evidentemente, el “bloqueo” debe ser una acción pública - en lugar público o en propiedad de otros - pues un “bloqueo privado”, es decir, realizado, por ejemplo, dentro de los límites de la propiedad del bloqueante, es algo que solo a él concierne. La cuestión es, por tanto, saber si puede haber algo como un “bloqueo pacífico”.

Si algo o alguien se detiene en un sitio durante un lapso cualquiera y puede continuar su marcha cuando a bien lo tenga, evidentemente no está “bloqueado”. Por tanto, el bloqueo es necesariamente una acción – la acción de bloquear – que se impone a la voluntad del bloqueado. En consecuencia, el bloqueo – legal o ilegal – es necesariamente una acción violenta, porque en caso de tratar de evitarlo la persona bloqueada recibirá la sanción de la autoridad o la agresión del bloqueador ilegal.

La idea de que un bloqueo puede ser pacífico resulta de la absurda suposición de que solo hay violencia cuando el bloqueado es atacado en su integridad o en su vehículo por tratar de seguir su camino sin el consentimiento de los bloqueadores. Esto es tan absurdo como suponer que un robo o un secuestro no son acciones violentas mientras el asaltado o el secuestrado no ofrezcan resistencia al despojo o a la privación de su libertad y, en consecuencia, el asaltante o el secuestrador no le propine un garrotazo en la cabeza, por ejemplo.

Bloquear es violentar y violentar es “obligar o forzar a una persona en cualquier forma a hacer una cosa que no hace con gusto”, enseña Doña María Moliner.

El Diccionario Océano, el mejor en la materia, da los siguientes sinónimos de violentar:

“Violar, forzar, profanar, atropellar, vulnerar, quebrantar, transgredir, infringir, compeler, obligar, coaccionar, conminar, amenazar, apremiar, boicotear, constreñir, empujar, estrechar, hacer que, imponer, intimidar, mandar, precisar, poner un puñal en el pecho”.  

Así las cosas, el bloqueo no puede ser nunca pacífico y, por tanto, no está autorizado por el artículo 37 de la Constitución.   

Pero, además, el bloqueo es un delito, porque bloquear es obstruir. Y el delito de obstrucción de las vías públicas está tipificado en el artículo 353A del Código Penal.   

El que por medios ilícitos incite, dirija, constriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la infraestructura de transporte de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, incurrirá en prisión de veinticuatro (24) a cuarenta y ocho meses (48) y multa de trece (13) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes y pérdida de inhabilidad de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión.

Se ha molestado, el abogado Bernate, por un par de trinos míos a propósito del suyo citado, poniendo en entredicho, sin que nadie sepa por qué, mi decencia. Yo no hago lo mismo con la suya, pero sí, pobre economista que soy sin su “gran sabiduría jurídica”, no me atrevería a recomendar los servicios profesionales de alguien que crea que quien te pone un puñal en el pecho solo es violento cuando te lo hunde hasta la empuñadura.

LGVA

Mayo de 2021.

Contralor recuerde sus palabras: Hidroituango debe seguir

 

Contralor recuerde sus palabras: Hidroituango debe seguir

 

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

 

En febrero de 2019, en audiencia pública citada por la Procuraduría para evaluar la situación del proyecto Hidroituango, como consecuencia de la contingencia de abril de 2018, el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, manifestó lo siguiente:

“La entrada tardía del proyecto Hidroituango podría afectar a la sociedad colombiana (…) se podría generar un costo mayor en el valor de la energía y probablemente mayores tarifas para la gente en todo el País”.   

Y añadía el Contralor: “si hay responsables de malos manejos en Hidroituango, ellos pagarán por esos hechos, pero el proyecto debe seguir”.

No hay forma de que el proyecto siga si, con el embargo de sus cuentas, a los contratistas actuales se les priva de los recursos financieros para cumplir sus obligaciones, tanto si las cuentas embargadas son la del consorcio o las de las consorciadas individualmente consideradas. En el primer caso, el resultado sería evidentemente catastrófico; pero también en el segundo, pues la parálisis inevitable de sus otras actividades llevaría a las consorciadas a situaciones de iliquidez y eventual insolvencia que afectarían sin lugar a dudas la capacidad operativa del consorcio, provocando, eventualmente, la parálisis del proyecto.

Las decisiones del Contralor están ya conduciendo al resultado que consideraba indeseable hace dos años: el alza en el precio de la energía al consumidor final.  El mero anuncio del embargo de las cuentas de Integral provocó ya el aumento de los precios de los contratos para entrega de energía en 2022, el cual pasó de un promedio de $/KWh 217 a cerca de $/KWh 230. Para el caso del mercado regulado, el que afecta a los consumidores residenciales, se estaba transando a $/KWh 229, precio que pasó en las convocatorias más recientes a $/KWh 237. Algunos analistas estiman que podría llegar a $/KWh 250.

Además, las decisiones de Contraloría ponen en riesgo la única fuente de pago cierta que permitiría recuperar los sobrecostos causados por la contingencia de abril de 2018: el sistema internacional de seguros y reaseguros.  

El proyecto estaba muy bien asegurado, incluido el túnel que colapsó, y la aseguradora estaba dispuesta a pagar. El valor asegurado de la póliza todo riesgo para daños materiales asciende a US$ 2.557 millones y la de lucro cesante a US$ 629 millones. A una tasa de cambio 3.700 $/US$, esas sumas equivalen a COP 9,5 billones y COP 2,3 billones, aproximadamente. La primera cifra equivale a un 60% del costo del proyecto inicialmente estimado y a un 43% del que probablemente tendrá finalmente, incluidos los sobre costos generados por la contingencia. La segunda es poco más de dos veces el valor de la energía que se vendería en dos años de operación del proyecto.

El 2 de mayo de 2018 se dio aviso del siniestro a Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. El 16 de septiembre de 2019, Mapfre informó a EPM su decisión de otorgar cobertura bajo la póliza “Todo riesgo construcción y montaje”. Mapfre determinó que la causa de la contingencia estaba enmarcada dentro de la cobertura de dicha póliza que aplica a la reparación de la infraestructura, obras civiles, equipo y lucro cesante.

Al otorgar cobertura la aseguradora está reconociendo la ausencia de dolo o negligencia grave en la ocurrencia del siniestro. Por eso, cuando EPM demanda a sus contratistas por incompetentes o la Contraloría les imputa responsabilidad fiscal por culpa grave, están dando a la aseguradora argumentos para desistir de la cobertura ya reconocida.

LGVA

Mayo de 2021. 

Respuesta liberal a la marcha hacia el socialismo

 

Respuesta liberal a la marcha hacia el socialismo

 

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

 

Está colapsando el sistema asistencialista de subsidios masivos, de empleo burocrático y corrupción legalizada montado a partir de la renta petrolera y una tributación corporativa asfixiante. Es el mismo sistema que, con base en una renta petrolera muchísimo mayor, colapsó en Venezuela a finales del siglo pasado, conduciendo a la instauración de la dictadura socialista de Chávez y Maduro.

Gracias a ese asistencialismo, Venezuela alcanzó en 1990 las tasas de pobreza monetaria más bajas de América Latina. Cuando cayeron los ingresos petroleros y no fue posible mantener las transferencias, la gente salió a protestar porque se había vuelto dependiente de ellas. Entonces apareció Chávez como salvador y la gente creyó en él.

El asistencialismo conduce a la creación de una masa electoral dependiente de los subsidios y el empleo público que solo aspira perpetuarse en esa condición y vota por los políticos que le ofrecen la mejor garantía de hacerlo. A la larga, los políticos de derecha y centro derecha, más sensibles a la responsabilidad fiscal y monetaria, no pueden competir con la oferta de los políticos de izquierda a quienes esa responsabilidad les tiene sin cuidado o ignoran lo que significa. Por esa razón, la competencia electoral asistencialista conduce inexorablemente a la ampliación de poder fiscal del gobierno y, por ese camino, a la socialización forzosa de los resultados de la producción y al colapso de la democracia y la libertad.

Por eso es necesario construir una repuesta verdaderamente liberal al discurso asistencialistas y estatista basada en las siguientes medidas:

1.    Restablecer y mantener el orden público. Sin orden no hay libertades.

2.    Venta de la totalidad de empresas de la Nación y aplicación de los recursos a la reducción de la deuda asociada al manejo de la pandemia.

3.    Recorte inmediato del aparato burocrático, desmonte del asistencialismo y reducción concomitante de los impuestos.

 

LGVA

Mayo de 2021.