Teorema de Jouvenel

El teorema de Jouvenel sobre el bien común

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista, Docente, Universidad EAFIT

Actuar conforme al bien común o al bien colectivo se supone que es la obligación de los gobiernos. Desde los griegos, entender en qué consiste ese bien común ha sido un problema central de la filosofía o la ciencia política.  Platón pretendió que era discernible por la razón y por ello encomendó el gobierno de la Polis a los sabios que podían identificarlo. Aristóteles también creyó en su existencia pero supuso que podía ser percibido por cualquiera, no sólo por los sabios, y que su realización era posible bajo distintas formas de gobierno.

Los economistas han tratado este problema en el marco de la teoría de la elección colectiva. Es bien conocido el Teorema de Arrow de acuerdo con el cual, cuando existen por lo menos tres alternativas, no puede haber ninguna ordenación colectiva que satisfaga simultáneamente el axioma de transitividad, el principio de Pareto, la independencia de alternativas irrelevantes y la ausencia de dictadura. O en términos más simples, que no es posible construir una preferencia colectiva a partir de las preferencias individuales sin que alguno de los individuos que integran el conjunto social se convierta en dictador.

En 1955 en su obra “De la soberanía: en busca del bien público”, Bertrand de Jouvenel (1903-1987) desarrolló, hasta donde sé,  de manera independiente lo que me he atrevido a denominar el “Teorema de Jouvenel sobre el bien común” en el que sin ningún aparato formal llega a un resultado análogo al de Arrow. Me ha parecido interesante destacar esta contribución especialmente en beneficio de quienes encuentran tortuoso seguir la demostración de Arrow. La exposición se encuentra en el capítulo dos de la segunda parte del libro mencionado[1].  La presentación que sigue resume el argumento a partir de un conjunto de proposiciones extraídas del texto en cuestión.

·        El bien del conjunto social es el bien propio de los individuos que lo conforman. Este es un postulado cuya negación suprime el problema pues equivale a suponer que un individuo o grupo de individuos definen el bien común. Es el postulado de no dictadura.

·        El bien propio de los individuos no es la adquisición de la virtud o la salvación del alma.  Este es también un postulado. Estamos hablando de una sociedad civil, no de una comunidad religiosa o de una comunidad civil con fines trascendentes o metafísicos.

·        El bien particular se asocia a la adquisición de  cosas limitadas como las riquezas o los honores. Naturalmente si la riqueza o los honores fueran ilimitados no habría necesidad de elegir ni posibilidad de conflicto entre los individuos. Tampoco existiría conflicto en una sociedad integrada por ascetas.

·        El bien propio de los individuos es el percibido por cada uno de ellos y no como es concebido por los gobernantes por sabios que estos puedan ser.  Este es equivalente al postulado de racionalidad individual y es la base de la sociedad liberal.

·        El bien común será percibido de forma diferente por cada individuo según lo que le dicte la percepción de su bien propio.  Es la consecuencia inevitable del postulado anterior.

·        Si no es posible medir las percepciones – la utilidad – ni ponderar las satisfacciones de los individuos, la autoridad se verá imposibilitada para establecer el bien común a partir del bien propio de los individuos. Aún si se supone la existencia de alguna medida de la utilidad o de la intensidad de las preferencias se obtendrían múltiples medidas del bien común dependiendo de las ponderaciones asignadas – ¿por la autoridad? – a cada individuo.

LGVA, Diciembre de 2011.

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[1] Hay traducción al español. De Jouvenel, La Soberanía. Editorial Comares. Granada, 2000.

Mendigarios y Proletandigos

Mendigarios y proletandigos: ¡Uníos!

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Docente, Escuela de Economía, Universidad EAFIT

“El Estado es la gran ficción a través de la cual todo el mundo se esfuerza en vivir a expensas de los demás”. Bastiat.

Ayer encontré a René, por azar, en una calle cualquiera de Medellín, no en su taller de reparaciones eléctricas del Barrio San Pablo donde lo había buscado infructuosamente para encomendarle la reparación de un secador y un viejo radio. Cerré el taller hace como ocho meses - me dijo. Ya no necesito trabajar. Mis dos hijas se casaron y el muchacho está prestando servicio militar. Estoy solo con mi esposa. Recibo la platica que le dan a los desplazados y otro poquito por enviar los niños a la escuela, almorzamos en el comedor municipal de la tercera edad  y el acueducto me lo paga la alcaldía. Para el resto me basta con lo que recibo por el arriendo del segundo piso. Pero René – le dije- tú no eres desplazado, no tienes niños de escuela, no está en la tercera edad y siempre pudiste pagar por ti mismo el servicio de acueducto. El hombre sonrió socarronamente.

Había llegado al Barrio San Pablo por la época de su fundación, hace más de 20 años. Armado con su diploma de técnico en electricidad y una hombría de bien que le salía por los poros, consiguió que le arrendaran barato un garaje y allí instaló su taller. Durante años trabajó reparando radios, ventiladores, licuadoras, hornos y toda clase de cachivaches  eléctricos a los que daba una nueva vida por un precio inverosímilmente bajo. Me encantaba visitarlo en su taller, escuchar tangos y hablar de las cosas de la vida. Su ingreso moderado le permitió educar a sus tres hijos – bachillerato y formación técnica, para que sepan ganarse la vida, decía – y le alcanzó para construir una casita – después le haré el segundo piso, para arrendarlo y tener una rentica – en la que vivió dignamente con su familia. Y hace 3 años compró una moto con la que pudo prestar sus servicios a domicilio. No sabía nada de asistencia pública, ni de seguridad social, ni del Sisben, ni de familias en acción. Responsable, parsimonioso, alegre, ahorrativo durante todos esos años enfrentó sólo las contingencias de la vida sin esperar que el gobierno  o los traficantes de la caridad vinieran en su socorro.

Un día llegó a su taller un abogado del municipio y le habló de todos esos beneficios sociales que el gobierno tiene para la gente pobre. René es un hombre bueno, pero no un ángel y en él los incentivos actúan, como en todo mundo. El panorama descrito por el abogado era en extremo tentador: dinero por desplazamiento, plata por enviar los niños a la escuela, almuerzo todos los días, agua gratis. “Y ofreció a ayudarme – por un pequeño pago- con todos los trámites”.  René cayó en la tentación: dejó su trabajo de hombre libre y decidió convertirse en mendigario o proletandigo. Lo que es peor: en un mendigario o proletandigo tramposo.

Cuando los países alcanzan la senda del crecimiento económico sostenido logran primero mantener a sus pobres antes de conseguir que éstos se hagan más productivos y puedan valerse por sí mismos. Hace cinco o seis décadas Colombia tenía tanta o más pobreza que ahora con el agravante de que entonces no podíamos mitigarla con nuestros propios medios. Todavía en los años 60 y 70 del siglo pasado recibíamos ayuda humanitaria internacional y nos visitaban los cuerpos de paz.  Uno de los efectos del crecimiento económico es hacer más ostensibles la pobreza y la desigualdad, que no son la misma cosa. La solidaridad y el redistribucionismo, esas formas travestidas de la envidia,  también afloran con el crecimiento y se convierten en los pilares de la política pública.

No es lo mismo pobreza que desigualdad ni solidaridad que redistribución. Cuando una persona  desempleada recibe de los servicios sociales un subsidio monetario que sustituye un salario que no puede ganarse o una atención médica que no puede pagarse, estamos ante una acción de solidaridad que mitiga una clara situación de pobreza. Pero si esa misma persona recibe un estipendio que le permite hacer un gasto que podría haber cubierto de su propio bolsillo, estamos ante una redistribución: su ingreso ha aumentado porque una parte del mismo queda disponible para otra cosa.

El gasto del gobierno es el principal mecanismo empleado en las sociedades modernas para combatir la pobreza y redistribuir el ingreso. Durante casi todo el siglo pasado  la participación del estado en la economía colombiana, medida por el gasto del gobierno central como porcentaje del PIB, fue modesta: 5% promedio anual entre 1905 y 1960 y 9% entre 1960 y 1990. A partir de este último año se incrementó sustancialmente y hoy supera el 26%; cifra que está por encima de todos los países de América Latina y que es comparable con la de los países desarrollados, excepción hecha de los países socialistas de Europa Occidental. 

Cuando el estado alcanza ese tamaño la lucha por incrementar la participación en la distribución del gasto público y por disminuir la participación en su financiación intensifica y todos empezamos a asemejarnos un poco a René, tratando de aparecer más  pobres de lo que somos. Con un estado de ese tamaño y el inusitado despliegue del asistencialismo, nos estamos convirtiendo en una economía de mendigarios y tramposos, buscando siempre gastar más y pagar menos, acrecentando la deuda pública para terminar al cabo de unos cuantos años indignados protestando en las calles contra la injusticia social.

Los anti-taurinos y la libertad

Los anti-taurinos y la libertad

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Docente, Universidad EAFIT

La sociedad liberal se fundamenta en el respeto a las preferencias de las personas y a sus propiedades legítimamente adquiridas. Aunque no pueden descartarse totalmente, las mayores  amenazas contra los pilares de la libertad no provienen en nuestra época de tiranos hirsutos, déspotas ilustrados, movimientos abiertamente totalitarios o cualquier clase de minorías que se ampara violentamente del poder político.  Por el contrario, proviene de las decisiones tomadas mayoritariamente por la sociedad haciendo uso de sus mecanismos legítimos de democracia representativa o directa. Proviene, como lo había anticipado Stuart Mill, de la tiranía de las mayorías, es decir, de la tiranía de aquella porción de sociedad más numerosa o más activa que en un momento dado encuentra condenables las preferencias de una minoría o, lo que usualmente se le asocia, los empleos que ésta da a sus propiedades.

En las sociedades modernas, las mayorías usualmente son negativas, “anti-algo”. Probablemente la única mayoría positiva, “pro-algo”, sea la conformada por los aficionados al futbol. En casi todos los otros casos los “pro-algo” suelen ser agrupaciones minoritarias. Es natural que sea así: ello es expresión de la diversidad de preferencias en una sociedad libre. Generalmente se puede vivir tranquilo perteneciendo a las incontables minorías de las que se es parte.  Sin embargo, en ocasiones, algunas minorías “pro” se hacen detestables para otras minorías “anti” que buscan por todos los medios obtener el apoyo de la mayoría de la sociedad a la que en principio el objeto de la disputa le resulta completamente indiferente. Este parece ser hoy el caso de los taurinos y los anti-taurinos.

Los taurinos son una minoría, en todas partes, incluso en España. Lo han sido desde siempre, pero durante muchos años, incluso bajo regímenes despóticos, pudieron disfrutar de su afición sin molestar a nadie ni ser molestados por nadie. Hace algunas décadas la situación cambió con la aparición de los grupos de anti-taurinos. Su visión es simple: los aficionados a la fiesta brava son unos sádicos que se solazan con el sufrimiento de los pobres toros. Éstos, los toros, tienen derechos y aquellos, los anti-taurinos, son sus defensores. La eliminación de la fiesta brava es su objetivo y a ello consagran todos sus esfuerzos.

No viene al caso repetir los argumentos en defensa de la fiesta brava, a los cuales son totalmente insensibles los anti-taurinos y que han sido magistralmente expuestos por Fernando Savater en su Tauroética. La cuestión  que aquí se plantea es de libertades y derechos; de un conflicto de derechos entre humanos. El cuento de los derechos de los toros y de los animales es una tontería; pero estoy dispuesto a reconocérselos a todos el día en que los reclamen por sí mismos.

Los toros de casta, las haciendas donde pastan, las plazas de toros, los corrales, los caballos, los capotes, las banderillas, las botas, en fin, todos los aperos de la fiesta y; sobre todo, habilidades de los toreros, de los empresarios y de todas las gentes que trabajan en la fiesta brava son, mientras no se demuestre lo contrario, la propiedad legítima de un grupo de personas. También son legítimos, mientras no se pruebe lo contrario, los ingresos que los aficionados gastan libremente en comprar las boletas para asistir a las corridas y en toda la parafernalia de la fiesta brava. Este es el punto fundamental.

La decisión del parlamento catalán de prohibir la fiesta brava en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que seguramente será imitada en nuestro país,  se traduce finalmente en la expropiación sin indemnización de los bienes, habilidades y rentas de los artífices de la fiesta brava y sus aficionados. ¿Con qué argumento?. Es dudoso que pueda argüirse la función social de la propiedad o la utilidad pública con las que se sustenta en las constituciones de los estados democráticos, Colombia entre ellos, la posibilidad de la expropiación.

Los anti-taurinos quieren que los toros de casta se mueran de viejos pastando en las dehesas. Es una aspiración legítima que podrían realizar comprando todas las ganaderías del mundo dedicadas a la cría del ganado bravo. También podrían buscar, mediante la propaganda y la difusión pacífica de sus ideas, que el gusto por la tauromaquia se marchite y la actividad taurina desaparezca por si sola. Sin embargo prefieren autoproclamarse como los más bondadosos y sensibles de los seres humanos, transformando de paso a los taurinos en monstruos sádicos,  y convertir - con la complacencia bobalicona de la mayoría y de los políticos oportunistas -  sus inclinaciones en un valor absoluto que debe ser asumido por toda la sociedad. Los anti-taurinos, en efecto, son una nueva especie de totalitarios como los fundamentalistas religiosos, los homófobos o los racistas. Están convencidos de la superioridad moral de sus preferencias y no se detienen ante nada para imponérselas a los demás.

Los anti-taurinos colombianos seguramente conseguirán, como en Cataluña, fabricar una mayoría para prohibir las corridas de toros. Los sufrimientos reales o imaginarios de los pobres toros son suficiente argumento para la gran mayoría de las personas que ignora todo sobre la fiesta brava. Pocos se detendrán a pensar en lo que realmente está en juego: el derecho a disponer  libremente de las propiedades legítimamente adquiridas. Los taurinos serán expropiados sin indemnización.  El toro de casta desaparecerá como especie. Los anti-taurinos impondrán su credo. Todos perderemos un poco de libertad.

LGVA, Diciembre de 2011.