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sábado, 18 de febrero de 2017

La balanza de pagos manda, la balanza comercial obedece.

La balanza de pagos manda, la balanza comercial obedece.

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Universidad EAFIT

Hay preocupación por la situación de las cuentas externas del País. En 2015, el déficit en cuenta corriente fue de US$ 18.925 millones, equivalente a 6,5% del PIB. Un año antes había sido de US$ 19.593 millones, 5,2% del PIB. El aumento como proporción del PIB, a pesar de la reducción de US$ 668 millones, se explica por el menor valor en dólares del PIB, a causa de la depreciación del peso frente al dólar que en ese año fue de 37%. En el período enero - septiembre de 2016, el déficit alcanza US$ 9.599 millones, equivalente a 4,7% del PIB. Esto se explica por el resultado deficitario de la balanza comercial, US$ 7.829 millones, y el déficit en la cuenta de servicios, US$ 2.437 millones, y en la cuenta de ingreso de factores, US 3.355 millones, parcialmente compensados por las transferencias corrientes de US$ 4.023[1].

Los políticos y los periodistas se escandalizan con el déficit de la balanza comercial y acusan a los TLC y a la globalización de lo que ven como un tragedia. Los comentaristas económicos se devanan los sesos tratando de entender por qué persiste el déficit comercial a pesar de la enorme devaluación del peso. El Ministro de Hacienda habla  de que se está produciendo un ajuste ordenado de las cuentas externas a la caída del precio del petróleo y se esfuerza por desviar la atención tratando de que nadie se percate de que es el propio gobierno con su exceso de gasto el responsable del desajuste.

El saldo de la cuenta corriente es el resultado de las transacciones de bienes y servicios y pagos por factores realizadas por las personas y empresas colombianas con personas y empresas de otros países. Cuando los residentes nacionales gastan en bienes y servicios importados y realizan pagos por factores por un valor superior al de  los bienes y servicios que exportan y a los pagos por factores que reciben, se ven obligados a disminuir sus activos financieros en el exterior o a aumentar sus pasivos. Aumentan su endeudamiento neto con residentes extranjeros.

Hay personas y empresas, principalmente personas, que pueden comprar en el exterior bienes y servicios por un valor superior al de los bienes y servicios que venden sin aumentar su endeudamiento neto, es decir, sin reducir sus activos ni aumentar sus pasivos. Pueden hacerlo porque reciben donaciones o transferencias voluntarias de otros particulares residentes o no residentes. Estas son principalmente las remesas que los trabajadores colombianos en el exterior envían a sus familias que en el período enero-septiembre de 2016 fueron de US$ 3.535 millones.

Pero hay también personas y entidades que sin variar su endeudamiento ni recibir transferencias o donaciones voluntarias de otros particulares pueden importar bienes y servicios por un valor superior al valor de los bienes y servicios que venden o incluso comprarlos sin vender nada en absoluto. Como no se endeudaron ni recibieron transferencias voluntarias, solo han podido hacerlo porque han recibido transferencias forzosas  de alguien que se ha endeudado por ellas. ¿Quiénes son esos privilegiados que pueden comprar sin vender? Si, esos son, los empleados y las entidades del gobierno que son pagados con los impuestos corrientes o, cuando estos no alcanzan, con los impuestos futuros que pagarán la deuda en la que ha incurrido el gobierno para pagar los sueldos y gastos de hoy.  

Los economistas hablan de los déficits gemelos aludiendo con ello a la simultaneidad entre el déficit fiscal y el déficit en  cuenta corriente. Algunos hacen complicados ejercicios econométricos para tratar de establecer el sentido de una causalidad que es evidente: el déficit corriente, en especial el de la balanza comercial, es causado por el déficit fiscal. Uno no se endeuda porque está gastando por encima de sus ingresos, uno gasta por encima de sus ingresos porque se ha endeudado. El déficit en cuenta corriente no se crea primero y después se financia con endeudamiento, el endeudamiento viene primero y financia el déficit fiscal y el déficit corriente. Cuando el gobierno habla de la financiación del déficit corriente no se refiere al déficit pasado sino al actual y al futuro. O más precisamente aún, se está endeudando para poder gastar más hoy y mañana.

Entre enero y septiembre de 2016, el sector privado recibió US$ 966 millones - por colocación de títulos de deuda externa y venta de acciones a no residentes -  y realizó amortizaciones por US$ 414 millones, con lo cual su financiamiento externo neto fue de US$ 552 millones. Frente al mismo período de 2015, las entradas de capital de portafolio al sector privado disminuyeron en US$ 1.733 millones. Esto significa que el sector privado si se está ajustando o, dicho de otra forma, no son los particulares quienes están viviendo por encima de sus medios.

¿Y el sector público? Bien, gracias, endeudándose para gastar en exceso y provocar el déficit en la balanza comercial. En efecto, entre enero y septiembre de 2016, el sector público recibió US$ 6.898 millones de financiamiento externo: colocación de deuda externa, TES vendidos a extranjeros y créditos bancarios. Es decir que a diferencia del sector privado, el gobierno insiste en vivir por encima de sus medios. No importa cuánto se ajuste el sector privado ni cuánto se devalúe el peso, el déficit comercial persistirá mientras el gobierno no reduzca el déficit fiscal que aumenta su endeudamiento externo. Nunca como ahora ha sido tan cierto el  espléndido aforismo de Böhm-Bawerk: la balanza de pagos manda, la balanza comercial obedece.  

LGVA
Febrero de 2017.






[1] Banco de la República. Subgerencia de estudios económicos. Evolución de la balanza de pagos y posición de inversión internacional. Enero-septiembre de 2016. Diciembre de 2016. 

domingo, 12 de febrero de 2017

Corrupción y demagogia

Corrupción y demagogia
Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Universidad de EAFIT

“el pueblo no se irrita tanto por estar alejado del gobierno – al contrario, incluso se alegra de que se le deje dedicarse a sus asuntos privados – como por creer que los magistrados están robando los bienes públicos, porque entonces le molestan ambas cosas: el no participar de los honores y de las ganancias”
(Aristóteles, Política).  

Es probable que la corrupción afecte episódicamente el crecimiento económico, pero es un hecho que no lo impide  de forma absoluta. Si fuera así, Colombia y la mayoría de países del mundo estarían sumidos en el estancamiento secular o, incluso, habrían retrocedido a formas primitivas de producción y consumo. Ningún país del mundo, por corrupto que haya sido, registra de forma sistemática tasas de crecimiento negativas en los últimos cincuenta años. Estados Unidos se convirtió en la mayor potencia económica del mundo en la segunda mitad del siglo XIX cuando su sistema político estaba afectado por las formas más inicuas de la corrupción como el soborno y el clientelismo político.

Contra todas las apariencias, tampoco hay evidencia de que la corrupción afecte de forma duradera la distribución del ingreso y la riqueza ni que sea la causante principal de la pobreza. Si hay una relación entre ésta y aquella, lo más seguro es que vaya en sentido contrario pues es más probable que las gentes más pobres y de bajos ingresos sean más susceptibles al clientelismo político y a las prácticas asistencialistas corruptas que aquellos cuyo nivel de ingreso les permite cierto grado de independencia en sus elecciones políticas. En cuanto a la distribución, basta con mencionar que pueden fatigarse las centenas de páginas de la obra del adalid del igualitarismo, Monsieur Piketty, sin encontrar una sola referencia a la corrupción como causante de la desigualdad. Más que en los patrimonios acumulados en el pasado y en las herencias, el origen de la desigualdad se encuentra en las fortunas amasadas por empresarios innovadores en los nuevos sectores de actividad cuya aparición caracteriza el crecimiento económico moderno, cosa reconocida por el propio Piketty aunque ignorada sus fanáticos.  

La corrupción puede afectar la calidad del gobierno al permitir que a los puestos públicos de todos los niveles lleguen personajes ignorantes y mediocres que no tienen a su haber merecimiento distinto que ser familiar o hacer parte de la clientela de algún dirigente político. Esta es probablemente una de las formas más extendidas de corrupción política que en general es bastante tolerada pues la gente encuentra natural favorecer a los amigos y asociados antes que a los desconocidos y rivales. A diferencia de las relaciones de mercado que tienden a ser impersonales, la relaciones con los organismos del gobierno y al interior de ellos suelen estar basadas en el conocimiento personal, la estima, la amistad o el favorecimiento mutuo. Lo asombroso en realidad es que el funcionamiento del gobierno como organización impersonal se haya presentado en algunos países y en algunos momentos de la historia.

Un gobierno impersonal, que trate a todos los ciudadanos por igual, e integrado por funcionarios competentes interesados en el bien público, que actúan conforme a una ley, también impersonal y abstracta, y que responden políticamente por sus actuaciones es el ideal del orden político, como lo entienden Huntington y su discípulo Fukuyama. De dientes para afuera, ese ideal es compartido casi todos los políticos de todos los partidos  y de todos los países en donde se practica la democracia electoral. La corrupción es todo lo contrario a ese ideal y por esa razón todos los políticos de todos los partidos de todos los países son sus más feroces enemigos. Pero, si todos los políticos son sus enemigos, ¿por qué la corrupción no desaparece?

Desde hace unas 3 décadas la lucha contra “el cáncer de la corrupción” se ha convertido en el centro del debate político, especialmente en épocas electorales, en casi todas las democracias incipientes y también en muchas de las más consolidadas. Aunque esa “lucha” eventualmente da lugar a reformas institucionales cosméticas o estructurales para mejorar la calidad del gobierno, es más frecuente que el uso de las acusaciones de corrupción sea un medio de acción de los políticos para alcanzar el poder o despojar de éste a sus rivales. La denuncia de la corrupción al igual que la denuncia de la pobreza y la desigualdad conforman el coctel ideológico con el cual los demagogos de todos los partidos abrevan las huestes populares para lograr su respaldo. Las contiendas electorales dejan de ser una confrontación de ideas y programas y se asemejan cada vez más a concursos de belleza donde el vencedor suele ser aquel que logre parecer a los electores como el más impoluto o el menos corrupto.

En Colombia, Laureano Gómez Castro es probablemente el político del siglo XX que con mayor fortuna utilizó las acusaciones de corrupción como instrumento de acción política como quiera que con ellas forzó la renuncia de dos presidentes: Marco Fidel Suarez, en 1921, y Alfonso López Pumarejo, en 1945. Jorge Eliecer Gaitán Ayala hizo también de la lucha contra la corrupción su principal bandera sintetizada en su consigna: “por la restauración moral de la república, a la carga”.  La corrupción, como lo ha documentado el periodista Alberto Donadío en su delicioso libro El Uñilargo, superó los límites tolerables durante  la dictadura Rojas Pinilla y fue una de las causas de su caída. Durante el Frente Nacional, cuando los dos partidos tradicionales compartieron en feliz compadrazgo el banquete burocrático y contractual del gobierno, el eterno debate sobre la corrupción política se puso un poco en sordina para reaparecer vigorosamente a principios de la década de 1980 con la figura Luis Carlos Galán Sarmiento, quien desde entonces se convirtió en el referente de todos los “outsiders” de la política colombiana y también de muchos “incumbentes” que con éxito desigual han tratado de asemejársele.

Curiosamente, Luis Carlos Galán irrumpió en la arena política poniendo en duda la transparencia de las negociaciones del contrato mediante el cual el Gobierno Nacional entregó a la multinacional EXXON la explotación de los yacimientos carboníferos del Cerrejón Zona Norte. Hoy los sobornos de la multinacional Odebrecht ponen nuevamente “el cáncer de la corrupción” en el centro del debate político colombiano; como en muchos otros países pues en materia de sobornos las multinacionales actúan Urbi et Orbi, como lo muestra el Informe de la ODCE sobre cohecho internacional de 2015 donde se documentan 427 caso de cohecho internacional en los que participaron encopetadas multinacionales como  Siemens, BAE Systems, Hyundai, Lockheed Martin y Halliburton.

Hace algunos años un presidente colombiano, Julio Cesar Turbay Ayala, dijo que era necesario “llevar la corrupción a sus justas proporciones”. Aunque todavía esa frase provoca hilaridad no se puede desconocer su sabiduría política. En la Política, el que sigue siendo el más espléndido tratado de ciencia política, Aristóteles, especialmente en los libros V y VI,  plantea que la corrupción amenaza siempre la supervivencia de los regímenes políticos y con frecuencia es causa eficiente de su destrucción. Los hombres se corrompen, dice el Estagirita, y por eso es importante, en todo régimen político, “que las leyes y el resto de la administración estén organizadas de modo que no sea posible que las magistraturas sean fuente de lucro” (Aristóteles, Política, V, 8, 15). Cuando esto no se logra y el pueblo cree que los magistrados están robando los bienes públicos, irrumpen los demagogos. El problema radica en que “la mayor parte de los tiranos antiguos han salido de los demagogos” (Aristóteles, Política, V, 5, 6).

Y modernamente también la mayor parte de los tiranos del mundo han surgido de los demagogos que pretendía acabar con la corrupción. Demagogos fueron Hitler, Mussolini, Castro y Chávez para solo mencionar unos cuantos. El régimen político colombiano, según la clasificación de The Economist, es una democracia imperfecta y desde hace años está en el puesto sesenta y algo de entre los más de 150 países incluidos en el escalafón. Siguiendo la clasificación aristotélica de las formas de gobierno, puede decirse que es una oligarquía con algunos elementos de aristocracia. No está mal en libertades civiles ni en pluralismo electoral; pero flaquea en funcionamiento del gobierno, participación y cultura políticas. El tamaño del gobierno es excesivo pero aún tolerable y en la administración, aunque infestada estúpidos y corruptos,  han logrado consolidarse núcleos de eficiencia con funcionarios honestos y competentes.

A pesar de sus imperfecciones, el orden político colombiano es algo que vale la pena defender y contribuir a mejorarlo. La principal amenaza proviene más que de la corrupción de su utilización política por los demagogos que atizarán sin descanso la hoguera de indignación para obtener el favor de los electores. Si los demagogos llegan a tener éxito podría abrirse el paso hacia la tiranía que es la peor forma de gobierno y que puede resultar extremadamente difícil de derrocar. Ahí está la cotidiana y trágica lección de Venezuela, ideal político de los demagogos colombianos.

LGVA

Febrero de 2017.