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martes, 13 de septiembre de 2022

El decrecimiento en la teoría y en la práctica

 

El decrecimiento en la teoría y en la práctica

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

 

En un congreso minero en Cartagena, la ministra Irene Vélez Torres conminó a los países desarrollados a decrecer sus economías para dar espacio ambiental, por así decirlo, al crecimiento de los menos desarrollados. Buscando defenderla de las críticas que provocó esa ocurrencia, Petro Urrego manifestó haber estudiado la teoría del decrecimiento de Serge Latouche durante su estancia en Bruselas.  Esta confesión es en extremo inquietante.

La frivolidad, estupidez y cinismo de la intelectualidad francesa de izquierda – Sartre, Althusser, Beauvoir, Deleuze, Foucault, Derrida, Bettelheim, Debray, etc. – no tiene parangón en la historia de la humanidad. Alabaron a Stalin, incluso mucho tiempo después de que Kruschev denunciara sus más horrorosos crímenes. Después, endiosaron a Mao Tse Tung cuando, en medio de la Revolución Cultural, perseguía, encarcelaba y asesinaba a los intelectuales chinos. Convirtieron a criminales genocidas y homófobos, como Fidel Castor y Che Guevara, en los referentes políticos y morales de América Latina. 

Por ello, no tiene nada de sorprendente que, desde la opulencia del primer mundo rico, sean intelectuales franceses los promotores de las ideas de decrecimiento para uso de los países del tercer mundo pobre.

Hace unos cincuenta años, estando en sus treinta, el hoy reconocido banquero y exitoso político, Jaques Attali, escribió, en compañía de su colega Marc Guillaume, un librillo titulado El antieconómico, diatriba implacable contra la "sociedad de consumo unidimensional" escrita desde la opulencia, en donde puede leerse, entre otras perlas, la siguiente:

“…en la actualidad existen dos estrategias de desarrollo. Una, fundada en la exacerbación de las necesidades mercantiles a través de la desigualdad (…) Otra, colectiva e igualitaria, hace del consenso colectivo el motor del crecimiento (…). La primera estrategia, adoptada por la mayor parte de los países industriales (…) conduce, sin duda alguna, a evoluciones del tipo que describe el informe del M.I.T. (…). La segunda estrategia, llevada a cabo con diferente intensidad en unos pocos países (Cuba, Tanzania, China) conduce a un crecimiento de la producción mercantil quizá menos rápido, pero con mayor respeto a hacia la naturaleza, una mayor reducción de la desigualdad…”[1]

La Cuba de hoy sigue siendo la Cuba de entonces, para desgracia de los cubanos y para consuelo de Attali y Guillaume, porque la China de Mao de la Revolución Cultural y el comunismo agrario que idealizaron en su libro se transformó en la China de Xi Jinping, mercantilizada, industrializada y contaminante para contento de sus habitantes.

La Tanzania a la que se refieren Attali y Guillaume, es la de Julius Nyerere, primer presidente de esa nación tras su independencia del Reino Unido y fundador de la ideología conocida como “socialismo africano” o Ujamaa en Suahili[2].  Nyerere estuvo en el gobierno entre 1964 y 1985, año en el que se retira admitiendo el fracaso de la Ujamaa. Hoy sus habitantes están entre los más pobres del mundo, puesto 168 en el ranking del PIB per cápita y puesto 163 en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas. Esa es la herencia del “socialismo africano” que los habitantes de Tanzania tratan de superar contrariando el querer de los intelectuales franceses que todavía les aconsejan lo contrario.

Cuando los países africanos más pobres se esfuerzan por dejar atrás los desvaríos socialistas y buscan integrarse a la economía mundial y atraer inversión extranjera buscando mejorar el bienestar material; uno se queda perplejo sin saber si es por frivolidad, cinismo o ignorancia que los intelectuales franceses escriben estas cosas:

“¿Qué mejor podría ocurrir a los habitantes de los países pobres que ver bajar su PIB? El Incremento de su PIB mide únicamente el crecimiento de la hemorragia. Cuanto más aumenta más se destruye la naturaleza, más alienados están los hombres, más se desmantelan los sistemas de solidaridad y se lanzan al olvido las técnicas simples pero eficaces y las habilidades ancestrales. Decrecer, para los habitantes de los países pobres, significaría, por tanto, preservar su patrimonio natural, salir de las fábricas de sudor para reconciliarse con la agricultura de subsistencia, la artesanía y el pequeño comercio, retomar en sus manos su destino común”[3]

Estas palabras del novelista Martin Hervé-René son recogidas con entusiasmo por el economista Serge Latouche, sumo sacerdote de la religión del decrecimiento, quien tuvo su epifanía en Indochina:  

 “Fue en Laos donde se produjo el cambio de perspectiva, en 1966-1967. Allí descubrí una sociedad que no estaba ni desarrollada ni subdesarrollada, sino literalmente “adesarrollada”, es decir, fuera del desarrollo: comunidades rurales que plantaban el arroz glutinoso y que se dedicaban a escuchar cómo crecían los cultivos, pues una vez sembrados, apenas quedaba ya nada más por hacer. Un país fuera del tiempo donde la gente era feliz, todo lo feliz que puede ser un pueblo. Pero ya se veía venir lo que iba a ocurrir, y que de hecho está ocurriendo en el momento actual: que el desarrollo iba a destruir esta sociedad que, aunque no fuera idílica (no existe ninguna sociedad idílica), poseía una especie de bienestar colectivo, de arte de vivir, refinado a la par que relativamente austero, pero en cualquier caso en equilibrio con el medio ambiente”[4].

Este párrafo resume la visión de la naturaleza humana que comparten todos los enemigos del crecimiento económico moderno: todos son rousseaunianos. En efecto, todos comparten con el Ginebrino el mito del buen salvaje – generoso, tranquilo y pacífico – corrompido por la sociedad capitalista que lo vuelve codicioso, ansioso y violento[5]. Convencidos de que esa es la verdadera naturaleza humana, están empeñados, desde Marx, el más importante e influyente de los rousseaunianos, en destruir la sociedad capitalista de la codicia para construir sobre sus ruinas la sociedad comunista de la generosidad.

Aunque los modernos rousseaunianos hayan cambiando de lenguaje, el contenido esencial sigue siendo el mismo, pero añadiendo un elemento mistico-religioso completamente ajeno a Marx. Escribe el sumo sacerdote Latouche:

“La vía del decrecimiento es una conversión de uno mismo y de los otros (…) Implica la necesidad de una descreencia. Es preciso abolir la fe en la economía, renunciar al ritual del consumo y al culto del dinero. Para los teólogos (…) la sociedad de crecimiento se basa en una estructura de pecado”[6].

Pol Pot, el sanguinario líder de los Jemeres Rojos, estudió en Francia y, en sus años de formación, estuvo estrechamente vinculado al Partido Comunista Francés por lo que no resulta sorprendente que haya sido uno de los más aventajados discípulos de la escuela francesa del decrecimiento. Lo trágico es que llevó a la práctica las ideas de sus maestros mientras estos padecían en Paris los tormentos de la sociedad de consumo.

Cuentan los biógrafos que, a su regreso de Vietnam, Pol Pot se refugió en las montañas de Camboya para vivir con una tribu.  Allí, como Latouche, tuvo su epifanía, impresionado por la simplicidad de la vida de esos montañeses, que vivían felices con pocas cosas materiales compartidas generosamente, se convence de que ese es el ideal del comunismo, y decide consagrar su vida a implantarlo en su país[7]

En 1975, Pol Pot se tomó el poder. al frente de sus Jemeres Rojos. De inmediato decidió implantar su comunismo agrario en lo que llamó el Gran Salto, a la manera de Mao.

·         Aisló por completo el país para cumplir el ideal de la autosuficiencia.

·         Suprimió la moneda y el mercado para acabar con la codicia.  

·         Se cerraron las escuelas y se suprimió la televisión para acabar la influencia de la ideología burguesa.

·         Ordenó la destrucción de la infraestructura urbana y la conversión forzosa de la población camboyana en agricultores.

Cinco años duró el decrecimiento de la economía y su retorno a la simplicidad de la vida campesina. Se estima que en ese periodo la población camboyana decreció en tres millones de personas - casi la mitad de la existente al inicio del experimento – quienes murieron de hambre o asesinadas por sus salvadores.

En la península de Corea se realizó, y se continúa realizando desde hace 70 años, el más grande experimento comparativo de las economías del crecimiento, en el Sur, y del decrecimiento, en el Norte.

Al final de la guerra, los dos países estaban en la misma situación de devastación y pobreza. Kim IL Sung impuso en el Norte la estrategia del Juche, es decir, de la autarquía y la vida sencilla del campo. El Sur optó por la economía de mercado abierta y el desarrollo de la industria orientada a la exportación.

Hoy el PIB per cápita de Corea del Norte es de 600 dólares, el de Corea del Sur de 31.000. Los ciudadanos del Norte no pueden salir de su país, lo del Sur tienen los medios y la libertad para moverse por el mundo entero. Como una imagen vale más que mil palabras, ahí puede verse cómo lucen vistas desde el espacio las noches de las dos Coreas. 




En América Latina hay también casos notables de decrecimiento deliberado como Cuba y Venezuela, países estos que, antes de comenzar sus procesos de involución, ostentaban los primeros lugares de producto por habitante en América Latina. Estos países han visto decrecer o estancarse sus economías al tiempo que sus poblaciones decrecían como consecuencia de la emigración pues sus habitantes, en cuanto pueden, huyen de los paraísos donde ha sido desterrada la codicia capitalista y el consumo suntuario que destruyen el medio ambiente.

No está demás decir que todos los países que han seguido las ideas de Serge Latouche, el maestro de Petro Urrego, han visto decrecer su economía, su población y su libertad.

LGVA

Septiembre de 2022.  



[1] Attali, J. y Guillaume, M. (1974, 1976). El antieconómico. Editorial Labor, Barcelona, España, 1976. Página

 

[2] Ujamaa se puede traducir más precisamente por “familia extensa” o “hermandad”. Nyerere y sus partidarios la tradujeron como “socialismo africano”.  

 

[3] Hervé-René, Martin (2007) Éloge de la simplicité volontaire. Flammarion, Paris, 2007. Página 190.

 

[5] Dice Rousseau: “"Algunos se han apresurado a concluir que el hombre es naturalmente cruel y que hay necesidad de organización para dulcificarlo, cuando nada hay tan dulce como él en su estado primitivo…”

Rousseau, Jean-Jacques (1755, 1990). Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. Madrid: Alianza. p. 256.

 

[6] Latouche, Serge (2010, 2012). Salir de la sociedad de consumo. Ediciones Octaedro, Barcelona, España, 2012. Páginas 188 y 190.

 

lunes, 12 de septiembre de 2022

El alza en las tarifas de electricidad no es una fatalidad

 

El alza en las tarifas de electricidad no es una fatalidad

 

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

Alfredo Trespalacios Carrasquilla

Ingeniero

I

A diferencia de lo que ocurre en otros países del mundo, el alza en las tarifas de electricidad no es una consecuencia de la geopolítica, como en Europa con la guerra de Ucrania, ni una fatalidad de la naturaleza, como en China, donde la pésima hidrología ha colapsado la generación hidráulica, provocando además racionamiento. En Colombia, el alza en las tarifas es el resultado de una regulación carente de flexibilidad para enfrentar situaciones inesperadas.

Las tarifas de electricidad reguladas de los 29 distribuidores-comercializadores integrados han aumentado por encima de la inflación del IPC en el último año (agosto/21-agosto/22) y en lo corrido (diciembre/21-agosto/22). Esos aumentos se presentan en el gráfico 1 para 8 de ellas[1]. Más adelante se verá que, en buena medida, son explicados por el aumento del costo de distribución.

Gráfica 1



 

La tarifa del estrato cuatro es equivalente al costo unitario de prestación del servicio, pues no tiene ni subsidios que la disminuyan ni contribuciones que la aumenten. Ese costo unitario (CU) es la suma de seis componentes: generación (G), transmisión (T), distribución (D), comercialización (C), pérdidas reconocidas (P) y restricciones (R).

Aunque hay diferencias de una empresa a otra, el peso de cada componente en la tarifa final es aproximadamente el que se indica a continuación[2]:

CU (100%) = G (30%) + T (7%) + D (40%) + C (13%) + P (7%) + R (3%)

De acuerdo con estas ponderaciones son las variaciones de los componentes de generación y distribución las que mayor impacto tienen en la tarifa final. El promedio simple del CU de las 29 empresas aumentó 25%, mientras que el G lo hizo 14% y 34% el D.  En el gráfico 2 se muestran las variaciones respectivas para las empresas seleccionadas.

Gráfico 2

 


 

 

II

Es claro pues que son las variaciones en el cargo de distribución las que en mayor medida explican el aumento de la tarifa. Si bien el promedio de la componente de distriubución es del 34%, siete empresas tienen incrementos cercanos a 50%. Cinco de estas siete empresas hacen parte del grupo EPM.

La metodología para la fijación del cargo de distribución es la establecida en la resolución 015 de 2018 que se fundamenta en el régimen de libertad regulada establecido en el artículo 88.1 de la ley 142, que a la letra dice:

“Las empresas deberán ceñirse a las fórmulas que defina periódicamente la respectiva comisión para fijar sus tarifas, salvo en los casos excepcionales que se enumeran adelante. De acuerdo con los estudios de costos, la comisión reguladora podrá establecer topes máximos y mínimos tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas; igualmente, podrá definir las metodologías para determinación de tarifas si conviene en aplicar el régimen de libertad regulada o vigilada”.

La resolución 15 consta de 25 artículos y un anexo técnico de 16 capítulos todo ello en 239 aterradoras páginas llenas de fórmulas y cifras. Para el problema que nos ocupa, no hay que entrar en esos detalles y basta referirse solo a la indexación de los componentes que determinan el cargo D que llega al consumidor.

La de distribución es una regulación de ingreso máximo, tanto para el capital como para los gastos de administración, operación y mantenimiento (AOM). La remuneración del capital es el producto del valor de los activos reconocidos – base regulatoria de activos eléctricos, en el lenguaje de la resolución – por la tasa de rentabilidad reconocida. La base regulatoria está indexada con el Índice de Precios al Productor (Resolución 15/18, Anexo técnico, capítulo 3, página 41). También están indexados con el IPP los gastos AOM reconocidos (Resolución 15/18, Anexo técnico, capítulo 4, página 64).

Además de la resolución 15 de 2018, para la fijación del cargo de distribución las empresas podían acogerse a la resolución 12 de 2020 mediante la cual se estableció una opción tarifaria con el propósito de moderar los incrementos de la tarifa difiriéndolos en un mayor período de tiempo. Esta práctica de la opción tarifaria de incremento gradual ha sido muy recurrente en el sector eléctrico.

III

La indexación de las tarifas es necesaria para garantizar la suficiencia financiera de las empresas y evitar, como ocurría en el pasado, incrementos abruptos para absorber el déficit de caja acumulado. En el sector eléctrico el indexador más utilizado es IPP. El IPC se emplea en la actualización del cargo de comercialización.

En general el IPP había sido un buen indexador, con aumentos y disminuciones dentro de un rango variación relativamente ajustado. Hubo períodos con caídas importantes que ponían en tensión la caja de las empresas. A lo largo de todo el período tarifario alzas y bajas tendían a compensarse. El alza que se viene presentando desde hace un par de años llama la atención por su persistencia y amplitud no registradas en el pasado. Una especie de cisne negro.  

Gráfico 3

 


Nassim Taleb[3] describe como Cisne Negro a un suceso con tres atributos: rareza, impacto tremendo  y, a pesar de su rareza, la naturaleza humana hace que inventemos explicaciones después de ya conocerlo. Dicho de otra forma, impacto extremo y predictibilidad retrospectiva.

La indexación con IPP abrió la puerta para que los riesgos internacionales se materialicen en los hogares e industria colombiana. La guerra en Ucrania, con la consecuente la escasez de insumos agrícolas a nivel mundial y la devaluación del peso colombiano han llegado a la tarifa de energía a través del indexador. Asuntos que, en el corto plazo, no deberían influir en la formación de precio de la energía eléctrica en mercado eléctrico colombiano.

Ante estas variaciones atípicas del IPP, que entendemos impredecibles y con alto impacto para el bolsillo de los usuarios, el regulador pudo haber actuado evitando el traslado de este shock. Una eliminación transitoria del IPP como indexador de la componente de la distribución, tendría al País hoy en otro escenario y bajo otro tipo de discusiones. Afortunadamente, aún hay oportunidad de hacer las redefiniciones que sean adecuadas. También citando a Taleb, en una de las ideas finales de su libro: “Es más difícil perder en un juego que uno mismo haya planteado”.

 

IV

El gobierno ha tomado la decisión de asumir las funciones de la CREG, valiéndose para ello de un supuesto artículo del plan de desarrollo de Duque. Esta intervención es brusca, mal fundamentada y puede resultar desastrosa para el sector eléctrico. Con su habitual violencia verbal, Pero Urrego ha dicho:

“…las comisiones reguladoras son para regular los mercados en función del derecho universal, no para afirmar procesos de especulación financiera, como hasta ahora lo han realizado…”

En boca de un candidato, eso es retórica demagógica vacía; en boca de un presidente, una tremenda amenaza contra una entidad como la CREG que en sus 25 años de existencia ha hecho bien su trabajo, ganándose el respeto de las empresas y el reconocimiento de entidades internecionales y de los conocedores de regulación.

Especialmente preocupante resulta que el editorialista de La República se refiera a ella como “entidad oscura, sin mucho protagonismo y responsable de la situación actual”.  Esos calificativos son completamente injustos y al proferirlos se hace mucho daño.

En este momento solo queda esperar que la ministra de Minas y Energía actúe con sindéresis y prudencia, identificando la verdadera causa el problema y buscando resolverlo sin causar daños colaterales.

Dos son las premisas a tener en cuenta:

·         Lo primero que hay que señalar es que este no es un problema de generación. El precio de los contratos de largo plazo no ha sufrido variaciones bruscas y el precio de bolsa está más bajo, respondiendo a una situación hidrológica ajustada a la media histórica.

 

·         El incremento de las tarifas de usuarios final se explica fundamentalmente por el incremento del cargo de distribución. Las variaciones del cargo de distribución se explican por las variaciones del IPP que se utiliza para su actualización.  

   Dos acciones muy sencillas pueden resolver el problema sin graves traumatismo:

·         Limitar temporalmente la indexación a una fracción del IPP determinada conforme a las variaciones históricas en un período de cinco años. Nuestros cálculos indican que puede ser un cuarto del aumento del IPP.

 

·         Hacer que las empresas que han tenido mayores incrementos en la tarifa final explicados por el incremento en el cargo de distribución, adopten la opción tarifaria de la resolución 12 de 2020 u otra similar que para el efecto expida la CREG.

Un elemento fundamental de la regulación es la estabilidad de las fórmulas tarifarias, que se expiden para un período de cinco años. Esto debe seguirse manteniendo. El problema que debe resolverse a mediano plazo es darle a regulador un instrumento de reacción en coyunturas como la actual para que pueda enfrentarlas sin poner al estado en riesgo de demandas por cambios arbitrarios que afecten la viabilidad financiera de los agentes.

LGVA ATC

Septiembre de 2022.



[1] La información tarifaria de las 29 empresas se encuentra en:

https://www.superservicios.gov.co/Empresas-vigiladas/Energia-y-gas-combustible/Energia/Tarifas

 

[2] Estas ponderaciones son estimadas por la Superintendencia de Servicios Públicos en:

https://www.superservicios.gov.co/Empresas-vigiladas/Energia-y-gas-combustible/Energia/Tarifas

[3] Libro “El Cisne Negro. El impacto de lo altamente improbable” Editorial Paidós

miércoles, 31 de agosto de 2022

La reforma tributaria podría costarle 200.000 millones a EPM

 

La reforma tributaria podría costarle 200.000 millones a EPM

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

A juicio de los expertos, una de las mayores deficiencias del actual régimen tributario es su alta dependencia del recaudo proveniente de las empresas. La nueva reforma tributaria (RT) busca elevar la carga de las personas naturales relativa a la de las empresas, la cual, no obstante, aumenta en términos absolutos, como quiera que el 20% de los 25 billones pesos que se trata de recaudar provendría de ellas.    

En efecto, con relación a las empresas, lo más significativo de la RT es la eliminación de algunos incentivos – exenciones, descuentos y tarifas reducidas – al tiempo que mantiene la tarifa general de renta actual, 35%, extraordinariamente elevada en el contexto internacional. Por esa razón, los impuestos de muchas empresas aumentarán de forma significativa y ese es el caso de Empresas Públicas de Medellín (EPM).

Los impactos más importantes de la RT sobre EPM tienen que ver con los siguientes puntos:

1.    Supresión del descuento de 50% del Impuesto de Industria y Comercio (ICA).

2.    Aumento de la tarifa del impuesto de ganancia ocasional.

3.    Supresión del incentivo a Mega Inversiones.

Descuento del ICA. Actualmente el 50% del ICA es descontable del impuesto de renta, según lo dispone el artículo 115 del Estatuto Tributario (ET). El artículo 12 de la RT deroga esa disposición de tal suerte que la totalidad del ICA solo será deducible de la renta gravable. Este cambio elevaría significativamente el impuesto a cargo de EPM.  En efecto, en 2021, EPM pagó ICA por 25.000 millones de pesos de los cuales se descontó la mitad – 12.500 millones – del impuesto de renta de 2022. Sin ese descuento EPM habría pagado 22.900 millones más[1].

Ganancia ocasional. En el artículo 17 de la RT, modificatorio del artículo 313 del ET, eleva de 10% a 30% el impuesto a las ganancias ocasionales para las empresas. En lo inmediato, esto puede afectar transacciones como la venta de las participaciones en UNE y en ISA.  En libros, la participación en UNE tiene un valor de 2,3 billones de pesos. Se ha estimado que podría venderse por 2,5 billones, lo cual arrojaría una ganancia ocasional de 200.000 millones. Con la RT, el impuesto de ganancia ocasional pasaría de 20 mil millones a 60 mil millones.

Mega Inversiones. La RT deroga el artículo 235 – 3 del ET, el cual establecía un incentivo - tarifa de renta reducida de 27% - a las llamadas Mega Inversiones, las superiores a 30 millones de UVT y que generaran 400 empleos. EPM habría podido hacer uso de este beneficio en el caso de las cuantiosas inversiones – 2 billones en cinco años - que debe realizar en AFINIA. Un cálculo a mano alzada indica que ese incentivo habría significado para EPM un menor pago de impuestos por 160.538 millones de pesos en 2022.

Todo lo que se paga de más en impuestos se traduce, finalmente, en menores transferencias para el Municipio o mayor endeudamiento de EPM para financiar sus inversiones. Si no se quiere afectar el flujo de caja de la Empresa, las transferencias tendrían que reducirse en 20%. Ojalá la bancada antioqueña en el Congreso tenga en cuenta esos impactos y busque defender el interés de Medellín y Antioquia en el trámite de la reforma tributaria.

LGVA

Agosto de 2022.  



[1] El impacto total (IT) del cambio se calcula así:

I1 = (B – 0,5*ICA) *t – 0,5*ICA

I2 = (B – ICA) *t

AI = I2 - I1

AI = - 0,5*ICA*t + 0,5*ICA

IT = AI + 0,5*ICA

I1 : Impuesto de renta de EPM con ICA descontable en 50%.

I2 : Impuesto de renta de EPM con ICA no descontable.

AI : aumento del impuesto.

B: Renta gravable.

t : tarifa de renta de 35%

 

 

jueves, 28 de julio de 2022

Las crisis de EPM*

 

Las crisis de EPM*

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

Agradezco al concejal Julio González Villa por haberme invitado a pronunciarme como experto en este debate de control político a los gerentes de EPM, señor Carrillo, y de Caribe Mar, señor Lastra. Son tres los temas del debate: futuro de Hidroituango, la situación de AFINIA y lo que está ocurriendo en la alta dirección de EPM. Antes de referirme a cada uno de esos asuntos, quiero expresar mi extrañeza por no ver entre los citados al señor Quintero Calle, alcalde de Medellín, quien es, como veremos, el principal responsable de las crisis en la que está sumida EPM.

I[1]

El 22 de agosto de 2020, publiqué un artículo titulado “La Toma de EPM”, en el cual, entre otras cosas, escribí a propósito de las personas nombradas en la junta directiva: 

“…no ostentan en materia de servicios públicos domiciliarios otra credencial que saber pulsar el interruptor de electricidad, encender la estufa o vaciar el sanitario. También son desconocidas sus ejecutorias empresariales o en el mundo de los negocios…”

Sobre el equipo directivo señalé:

“Se trajeron seis vicepresidentes igualmente ignorantes en asuntos de servicios públicos domiciliarios y que por toda experiencia no pueden acreditar más que pequeños cargos como empleados del gobierno. Para abrir espacio a los allegados, se crearon un par de vicepresidencias nuevas: la legal y la de riesgos. Hay que esperar a ver quién llega. Por lo pronto, la casi totalidad de la Junta Directiva y del equipo de gerencia está compuesta por personas que nada saben de servicios públicos domiciliarios, empezando por el alcalde y el gerente general”

De esta forma el alcalde de Medellín desconocía las promesas de campaña hechas a la que llamó "Familia EPM" en carta pública del 18 de octubre del 2019, en la que decía lo siguiente:

“…nombraré en EPM una gerencia confiable, técnica y responsable (…) Trabajaré para establecer un gobierno corporativo que le de estabilidad en el tiempo a la gerencia (…) invertiremos en el talento humano de su gente y nos soportaremos en su carácter técnico para la toma de decisiones. Desataré una reflexión profunda que nos permita no solo sacar a Hidroituango adelante, sino además aprender con humildad y gallardía de los errores cometidos, no para señalar culpables, sino para encontrar lecciones que nos permitan construir un futuro con esperanza”

Quintero Calle incumplió todas esas promesas y hoy en EPM y sus filiales se vive un proceso de desprofesionalización de la alta dirección que conduce a no solo a crecientes errores sino también a la corrupción pues la idoneidad y la ética profesionales son la primera barrera de contención contra ese flagelo.

Son muchos los profesionales y directivos que, a la primera oportunidad, han salido huyendo de EPM para no tener que soportar el ambiente sórdido de incompetencia y corrupción que se extiende a todos los niveles. Se presenta así la situación impensable hace años: la gente tratando de irse de la empresa a la que todo mundo quería entrar.

Pero como si fuera poco, se ha desatado un régimen de terror e intimidación contra los directivos y profesionales de tradición cuya más ostensible manifestación es el retiro humillante de la Doctora Mónica Ruiz, funcionaria con 25 años de trayectoria, a quien, en un momento de crisis, la Junta Directiva encontró idónea para encargarla de la gerencia general. ¿Cómo es posible que el gerente Carrillo quiera sacar por la puerta de atrás a una persona con esa trayectoria y de quien dijo lo siguiente?

“Reconozco cualidades de Mónica como su talento, su experiencia, su recorrido y la contribución en sus diferentes roles al interior de la Empresa”

Esta canallada es el más reciente episodio del proceso de destrucción del capital humano de EPM, acumulado a lo largo de los años, que es también la destrucción de la planeación de largo plazo, la continuidad de los proyectos, la memoria institucional, los valores fundacionales y la ética laboral.

II[2]

El señor Lastra, impuesto en la gerencia de AFINIA por el alcalde de Medellín, está a punto de lograr la hazaña de hacer fracasar, por primera vez, a EPM en sus intervenciones, hasta hoy exitosas, en los mercados de comercialización- distribución de Colombia y algunos países de Centro América.

Ese fracaso, además de tener graves consecuencias económicas y reputacionales para EPM, volverá inútiles los enormes esfuerzos del Gobierno Nacional para hacer financieramente viable el mercado de la Costa Atlántica y facilitar la llegada de nuevos operadores después del colapso de Electricaribe, filial de Gas Natural.

El Gobierno Nacional asumió la deuda de Electricaribe con el sector financiero y el mercado eléctrico, se hizo cargo del pasivo pensional y modificó drásticamente la regulación de comercialización y distribución para hacer posible el ingreso de EPM en el mercado de Caribe Mar, compuesto por los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar y el sur de Magdalena. La ley 1955 eliminó el tope de 25% del mercado nacional de comercialización que podía tener directa o indirectamente un mismo agente. Con la incorporación de Caribe Mar – AFINIA, el Grupo EPM pasó del 23% al 35% en comercialización-distribución, con 1.5 millones de clientes adicionales.

En solo cinco meses al frente de AFINIA, Lastra Fuscaldo logró arruinar los indicadores llevando su cumplimiento a 75%, frente al 96% bajo la gerencia de Blanca Liliana Ruiz Arroyave. Por esa razón, el 28 de febrero, la Superservicios decidió activar comité de seguimiento al programa de gestión suscrito con la Empresa. Se están incumpliendo, entre otras cosas, las metas de reducción de pérdidas y de reducción del riesgo eléctrico, todo lo cual depende de la adecuada y oportuna ejecución del programa de inversiones al que está comprometida la Empresa con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), por las resoluciones 025 y 079 de 2021 mediante las cuales se aprobaron las tarifas. Y aquí llegamos al almendrón del asunto.

Los ingresos de AFINIA provienen de sus actividades de comercialización y distribución que, aunque están vinculadas, son negocios diferentes. Como comercializadora AFINIA compra energía en el mercado mayorista y la vende en el minorista; como distribuidora gestiona la red eléctrica para garantizar la continuidad y calidad del suministro.

La actividad de distribución es intensiva en capital fijo y es remunerada mediante una tarifa o cargo unitario ($/KWh) fijado por la CREG, con base en las inversiones que debe realizar la empresa durante el período de vigencia de dicho cargo. El valor del cargo, evidentemente, está condicionado a la realización de las inversiones pues si estas no se ejecutan cobrarlo se constituiría en un fraude.

Por regulación, AFINIA tiene que realizar, en cinco años, inversiones por 2 billones de pesos o, como mínimo, 1.3 billones, es decir, unos 260.000 millones anuales.  Por razones incomprensibles, el gerente Lastra Fuscaldo decidió suspender varios procesos de contratación en marcha y retrasar el inicio de otros, todo lo cual se ha traducido en un incumplimiento del plan de inversiones de tal magnitud que tiene preocupadas a las autoridades del sector eléctrico.

Si no se cumple las inversiones mínimas, AFINIA podría perder hasta 10 puntos en las pérdidas reconocidas en la tarifa lo que llevaría una disminución de 500.000 millones pesos en los ingresos anuales. Este desastre financiero iría acompañado de un desastre reputacional pues nadie entendería, ni en la Costa Atlántica ni en ninguna parte del País, que EPM hubiera fracasado en la recuperación del servicio en Caribe Mar después de las concesiones que hizo el Gobierno Nacional para facilitar su entrada en ese mercado.

Con todo lo grave que es, lo más grave con relación a AFINIA no es lo que acabo de decir. Mucho más grave es que el abogado Abelardo de la Espriella haya acusado públicamente el La Hora de la Verdad al alcalde Quintero Calle de haber vendido la gerencia de AFINIA, afirmando haber presentado la correspondiente denuncia a la Fiscalía. No he conocido respuesta del alcalde ni se ha sabido que haya presentado denuncia por calumnia, injuria y difamación. 

Igualmente sorprende que el señor Lastra a su turno no haya denunciado por los mismos cargos al alcalde de Cartagena quien públicamente se niega a reunirse con él por considerarlo corrupto. Tampoco respondió a las graves acusaciones de el diario El Colombiano que,  en un artículo titulado "Alerta por AFINIA: pobre gestión y ruidos de corrupción en filial de EPM", publicado el 5 de junio, hizo serias denuncias de corrupción, entre ellas la existencia de una oficina paralela para el manejo de la contratación fraudulenta. 


III[3]

Impresiona la frescura y el cinismo de Quintero Calle, presentándose como el salvador de Hidroituango cuando, desde que se posesionó, no ha hecho otra cosa que tratar de sacar los contratistas actuales, a riesgo de paralizar el proyecto de forma indefinida sin que importen los costos para EPM y el País.

La absurda demanda contra los consorcios de agosto de 2020 no tenía otro propósito que desprestigiarlos para forzar al gerente Rendón a no renovar los contratos que vencían en diciembre de ese año. Advertido de que las consecuencias nefastas de esa decisión caerían sobre su cabeza, Rendón firmó el acta bilateral y los renovó permitiendo la continuación de la obra. Por esa razón Quintero Calle lo sacó de EPM.

 La demanda en cuestión no ha sido admitida y nadie está haciendo nada para que lo sea. Lo que sí avanza es el tribunal de arbitramento que estaba pactado para resolver los desacuerdos referentes a la GAD y en el cual EPM está demandada por el Consorcio CCC.

Es bueno recordar que el mismo tiempo que se preparaba la demanda, Quintero Calle impulsaba en la Junta de EPM la causa de las empresas chinas interesadas en Hidroituango. SINPRO denunció la existencia de un borrador de un memorando de confidencialidad para permitir la entrega de información a la empresa China Three Gorges Corporation.

El infundado e irresponsable proceso de responsabilidad fiscal adelantado por la Contraloría General de Nación contra los consorcios y una veintena de personas naturales de alguna forma vinculadas al desarrollo del proyecto, le dio a Quintero Calle una nueva esperanza de sacar a los contratistas, sin asumir la responsabilidad de las nefastas consecuencias del atraso del proyecto. Y se activó el famoso Plan B en el marco del cual, en septiembre de 2021, visitaron el proyecto 7 firmas constructoras, entre las cuales estaba la PowerChina International Group LTD Sucursal Colombia.

De alguna forma al Contralor también entendió que, al quedar inhabilitados los consorcios, las consecuencias del retraso del proyecto – alza en el precio de la electricidad y riesgo de racionamiento – caerían sobre sus espalada. Por ello decidió echar marcha atrás vinculando a la aseguradora MAPFRE al proceso y montando la increíble farsa de que por obra de su gestión ésta pagaba los 4.3 billones del supuesto detrimento fiscal. En el interín se le agotó el tiempo y la gerencia de EPM se vio obligada a prorrogar el contrato de CCC-Ituango por once meses, tres de los cuales se destinarían a hacer la entrega del proyecto al contratista resultante del proceso de licitación adelantado en desarrollo del Plan B.

El hecho es que a la tal licitación no parece ir por muy buen camino como quiera que su cierre ha debido aplazarse en dos oportunidades. Los riesgos son muy grandes y parece que ninguna aseguradora está dispuesta a darles cobertura. Así las cosas, todo apunta a que, de presentarse algún proponente, sea un consorcio liderado por una empresa china a la que seguramente se le aceptará en sustitución del seguro una garantía bancaria.

A la incertidumbre sobre la licitación se añade la incertidumbre sobre la licencia ambiental. Hidroituango no tiene licencia ambiental plena. Las labores que hoy se desarrollan están amparadas por la Resolución ANLA 820 de junio de 2018, la cual ordenó suspender las actividades y obras tendientes a la puesta en operación comercial y dispuso que podían continuarse las necesarias para superar la contingencia. Como el funcionamiento de las dos primeras unidades permitirá pasar caudal por la casa de máquinas, aliviando la presión sobre el vertedero, se considera que contribuye a superar la contingencia. De ahí en adelante las cosas no parecen tan claras.

Para levantar la suspensión de la licencia, la ANLA exigió la contratación de un peritaje sobre la estabilidad de las obras principales del proyecto. Ese es el Informe Pöyry, cuyas tres principales conclusiones fueron las siguientes:

  • El abandono del proyecto y restablecimiento de las condiciones originales no es opción. 
  • El proyecto se debe terminar de la manera más expedita para eliminar, reducir y mitigar riesgos ambientales existentes. 
  • Debe evitarse el cambio de los actores principales del proyecto. 

A pesar de tan rotundas conclusiones, el mañoso director de la ANLA, que conoció el Informe desde hace ocho meses, eludió decidir de fondo sobre la suspensión de la licencia, quizás, para no quedar mal parado si Petro Urrego, enemigo declarado de Hidroituango, ganaba las elecciones. Al igual que con la Quebradona, el señor Suarez, le puso una vela a dios y otra al diablo.

Puesto que toda situación es susceptible de empeorar, reaparece en el escenario de Hidroituango, como jefe de una inverosímil comisión de empalme, el señor Modesto Portilla, quien, en 2018, se hizo célebre por el desatino de sus “conceptos técnicos” en los que fundamentaba su propuesta delirante de desembalsar y desmontar la presa, en lo que coincide, faltaba más, con Petro Urrego. Tampoco el señor Portilla se ha mostrado muy ilustrado en asuntos de regulación y economía del sector eléctrico. Pues bien, es ese personaje quien informará al futuro presidente sobre el estado del proyecto y propondrá los cursos de acción a seguir.

Los obstáculos técnicos al desembalse del agua y al desmantelamiento de la presa son de tal magnitud y sus costos tan elevados que es prácticamente imposible que ese despropósito llegue a realizarse. Sin embargo, muy seguramente, Petro Urrego conseguirá hacer desde la presidencia lo que su pupilo, Quintero Calle, no pudo hacer desde la alcaldía: paralizar duraderamente el proyecto poniendo en riesgo las finanzas de EPM y el abastecimiento eléctrico del País. 

Quintero Calle fracasó en su propósito por el contrapeso de las entidades nacionales del sector eléctrico. Después del siete de agosto, esos contrapesos desaparecerán y el futuro de Hidroituango quedará completamente en manos de Petro Urrego.

LGVA

Julio de 2022.

 

 



* Intervención en el debate de control político en el Concejo de Medellín a las gerencias de EPM y Caribe Mar el 28 de julio de 2022.  En esta presentación se emplean extensamente documentos del autor publicados en este mismo blog y en el diario El Colombiano.

 

[1] Esta sección esta basada en los artículos “La toma de EPM” , “La desbanda en EPM y las promesas de Quintero Calle” y “Canallada en EPM”.

https://luisguillermovelezalvarez.blogspot.com/2022/07/canallada-en-epm.html

https://luisguillermovelezalvarez.blogspot.com/2020/08/la-toma-de-epm.html

https://luisguillermovelezalvarez.blogspot.com/2022/03/desbandada-en-epm-y-las-promesas-de.html

 

 

[2] Esta sección está basada en el artículo titulado “AFINIA no debe trabajar”. 

https://luisguillermovelezalvarez.blogspot.com/2022/05/afinia-no-debe-fracasar.html

[3] Esta sección está basada en los artículos “Los chinos tendrán que esperar por Hidroituango” y “Hidroituango en manos de Petro”.

https://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/hidroituango-en-manos-de-petro-urrego-BB18083741

https://luisguillermovelezalvarez.blogspot.com/2022/03/los-chinos-tendran-que-esperar-por.html