La embarrada de la Contraloría con Hidroituango

 

La embarrada de la Contraloría con Hidroituango

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

 

La decisión de la Contraloría General de la Nación de embargar las cuentas de los contratistas de Hidroituango es irresponsable, por sus graves consecuencias colaterales, y claramente ineficaz, para su supuesto objetivo de evitar el detrimento patrimonial del que se acusa a dichos contratistas.

El embargo, hasta ahora limitado a la firma Integral, puede llevar a la quiebra de los contratistas y a la consiguiente parálisis del proyecto. La parálisis del proyecto afectaría de inmediato la calificación crediticia de EPM y la pondría en dificultades con sus acreedores bancarios, especialmente el BID. Con el retraso en el cronograma, la entrada en operación comercial de las dos primeras unidades se tardará uno o dos años más de lo previsto, poniendo al País en riesgo de racionamiento en el verano de 2023 o 2024.  Y todo esto por nada.

El patrimonio todo de todas las empresas constructoras y de ingeniería de Colombia probablemente no suma los cuatro billones de pesos que la Contraloría pretende recuperar. Las encartadas a lo sumo representan el 10% de ese monto. Esto no tiene nada de anormal pues para contingencias como la de Hidroituango ninguna empresa del mundo debe responder con su patrimonio, menos con sus cuentas bancarias. Para eso se inventaron los seguros y reaseguros.

El problema es que, al igual que EPM con su demanda, la Contraloría pone en riesgo la única fuente de pago cierta que permita recuperar los sobrecostos causados por la contingencia de abril de 2018. El proyecto estaba muy bien asegurado, incluido el túnel que colapsó, y la aseguradora estaba dispuesta a pagar.

El valor asegurado de la póliza todo riesgo para daños materiales asciende a US$ 2.557 millones y el del lucro cesante a US$ 629 millones. A una tasa de cambio 3.700 $/US$, esas sumas equivalen a COP 9,5 billones y COP 2,3 billones, aproximadamente. La primera cifra equivale a un 60% del costo del proyecto inicialmente estimado y a un 43% del que probablemente tendrá finalmente, incluidos los sobre costos generados por la contingencia. La segunda es poco más de dos veces el valor de la energía que se vendería en dos años de operación del proyecto. Cualquier cosa puede decirse del proyecto Hidroituango, menos que estuviese infra - asegurado.

El 2 de mayo de 2018 se dio aviso del siniestro a Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. El 16 de septiembre de 2019, Mapfre informó a EPM su decisión de otorgar cobertura bajo la póliza “Todo riesgo construcción y montaje”. Mapfre determinó que la causa de la contingencia estaba enmarcada dentro de la cobertura de dicha póliza que aplica a la reparación de la infraestructura, obras civiles, equipo y lucro cesante. En diciembre de 2019, la aseguradora realizó el primer desembolso de US$ 150 millones y el septiembre de 2020 el segundo por US$ 100 millones. La compañía de seguros aceptó pagar por la contingencia causada por el colapso de la Galería Auxiliar de Desviación porque había admitido la inclusión de esta y del conjunto de obras que conformaban el Sistema Auxiliar de Desviación dentro de la cobertura de la póliza de todo riesgo.

Al otorgar cobertura la aseguradora está reconociendo la ausencia de dolo o negligencia grave en la ocurrencia del siniestro. Por eso, cuando EPM demanda a sus contratistas por incompetentes o la Contraloría les imputa responsabilidad fiscal por culpa grave, están dando a la aseguradora argumentos para desistir de la cobertura ya reconocida. La demanda de EPM y la imputación fiscal de la Contraloría no parecen acciones muy inteligentes porque exoneran al único actor que puede pagar el siniestro: el sistema internacional de seguros y reaseguros.  

LGVA

Abril de 2021.   

Ingreso solidario permanente: mala política pública

 

Ingreso solidario permanente: mala política pública

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

El ingreso solidario permanente es una mala política pública porque eleva el desempleo estructural, incentiva la corrupción y aumenta el atractivo del socialismo.

La cantidad de trabajo que ofrece cualquier persona depende de la combinación de ingreso y ocio que le parece mejor, dado un valor del salario. El costo de oportunidad del tiempo de ocio es el salario monetario que se deja de ganar al abstenerse de trabajar ese tiempo. Cuando sube el salario, se eleva el costo de oportunidad de no trabajar y las personas ofrecen más trabajo, cuando el salario se reduce, el costo de oportunidad del ocio se reduce también y las personas ofrecen menos trabajo. Como, para quien lo recibe, el ingreso solidario permanente es un pago por no trabajar, su efecto es reducir el costo de oportunidad del ocio y, por tanto, su oferta de trabajo. Proyectada a una gran población, esta conducta se traduce en aumento del desempleo voluntario estructural.

Todo subsidio requiere un método de identificación de sus beneficiarios. La estratificación y el SISBEN en las tres versiones que hasta hoy se han inventado cumplen ese papel. Permear esos métodos y hacerlos funcionar en su beneficio es el objetivo de cualquier político corrupto para convertirse en redentor de sus clientelas. Las denuncias de corrupción en familias en acción, en el PAE y todos los programas sociales son pan de todos los días. La aplicación de la estratificación, dejada en manos de los alcaldes, ha llevado a la desaparición de los estratos 5 y 6 en casi todos los municipios pues de esta forma se maximizan los subsidios recibidos de la Nación. Los 5 o más billones del programa ingreso solidario son un suculento manjar para el clientelismo y la corrupción.

La obligación de velar por el interés personal disciplina a las personas en los hábitos de la regularidad, la moderación, la previsión y la confianza en sí mismas. Esto no ocurre, en general, por voluntad propia consciente sino por la fuerza de la costumbre.  Cuando las personas están obligadas a tomar sus propias decisiones y a mantenerse con su propio trabajo, son más esforzadas, constantes, ahorrativas, sobrias, orgullosas de sus propios logros y amantes de la libertad. Habituar a la gente a depender de las ayudas o los empleos poco demandantes del gobierno tiene un efecto deletéreo sobre esos hábitos, socava la dignidad personal y diluye el sentido de libertad, todo lo cual predispone a la aceptación de la sumisión y la servidumbre. No tiene por ello nada de sorprendente que los ideólogos totalitarios sean al mismo tiempo los ideólogos del asistencialismo, que busca hacer a las personas dependientes del gobierno porque esa dependencia moldea también las actitudes políticas.

LGVA

Abril de 2021.

Enajenar activos y reducir drásticamente el endeudamiento del gobierno

 

Enajenar activos y reducir drásticamente el endeudamiento del gobierno

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

 

A marzo de 2021 la deuda total del Gobierno Nacional asciende a 645 billones de pesos o a 173 mil millones de dólares. El 61% es deuda interna, el 39% externa. Con relación a diciembre de 2019, el nivel alcanzado en marzo de 2021 supone un aumento de 144 billones de pesos o 20 mil millones de dólares. Pero no todo ese aumento es atribuible al mayor gasto provocado por la pandemia.  

 

Entre 2010 y 2019, periodo pre-pandemia, la deuda se multiplicó por 2,5, lo que supone una tasa de crecimiento anual compuesta de 10,5%. A falta de una hipótesis diferente, que tiene que sustentar el Ministerio de Hacienda, suponer que la deuda, en un escenario sin Covid, habría aumentado a esa misma tasa, parece razonable; con lo que la deuda a marzo habría sido de 595 billones, en lugar de 645. Esto significa que el Covid explica 50 billones del endeudamiento de la Nación.  

Las finanzas públicas han recibido un choque exógeno puntual que hay que evitar se convierta en un problema permanente.  La única forma de hacerlo es actuar sobre las cuentas del balance, es decir, realizar activos y pagar deuda.  

Los activos de la Nación en el sector energético valen 97 billones de pesos o 27 mil millones de dólares. ECOPETROL e ISA representan, respectivamente, el 84% y 12,5 % de ese monto; siete empresas del sector eléctrico, el 2,5 % restante, aproximadamente. Todos esos activos son muy atractivos para el sector privado y en un proceso competitivo podrían alcanzar un mayor precio.

 

Los activos del sector energético permiten cubrir holgadamente el pasivo generado por la pandemia y sobraría para reducir el endeudamiento total. Los rendimientos de esos activos que ayudan a la financiación del gobierno son del orden de 6-7 billones, que pueden ser compensados con una reducción concomitante del gasto público.

Así las cosas, no habría necesidad de ninguna reforma tributaria. No es ocioso recordar que hace un año hice una propuesta similar[1]. Entonces no fui escuchado, no abrigo esperanzas de serlo ahora. Dixi et salvavi animam meam.  

LGVA

Abril de 2021

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[1]  https://luisguillermovelezalvarez.blogspot.com/2020/05/vender-ecopetrol-para-solventar-las.html

 

Ideas para la austeridad (V) Menos y más pequeños ministerios: un ahorro de 2,5 billones pesos

 

Ideas para la austeridad (V)

Menos y más pequeños ministerios: un ahorro de 2,5 billones pesos

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

“La bureaucratie, pouvoir gigantesque mis en mouvement par des nains …”

(Balzac, Les employés)

La República de Colombia nacida del Congreso de Cúcuta de 1821 empezó con cuatro Secretarías Presidenciales: Interior, Hacienda, Relaciones Exteriores y Guerra y Marina. En 1863 se crea la del Tesoro, curiosa escisión de la de Hacienda. Con estas cinco, más las de Fomento e Instrucción Pública, creadas ambas en 1880, llegamos hasta la Constitución de 1886, que les cambia el nombre por el de Ministerios que mantienen hasta la actualidad. El siglo XIX terminó con 7 ministerios, pues el de Justicia, creado en 1890, tuvo una vida efímera y se fusionó con el de Gobierno, antes Interior, del que se había desprendido.

Ya en el Siglo XX, bajo el gobierno del General Rafael Reyes, se crea el Ministerio de Obras Públicas y se fusionan los de Hacienda y Tesoro. En 1913 se crea el de Agricultura, el de Correos y Telégrafos en 1923, en 1938 y 1940 nacen los de Trabajo y Minas y Petróleos, en fín, el de Higiene es de 1946. Como el de Justicia reaparece en ese mismo año, a mediados del siglo se tienen 13 ministerios.

Con algunos cambios de nombre, el número de 13 ministerios se mantuvo inalterado hasta los años 90. Ese número resultó muy adecuado durante los 16 años de el Frente Nacional pues el gabinete paritario de liberales y conservadores se garantizaba nombrando como Ministro de Defensa al militar del más elevado rango. En los noventa aparecen otros tres ministerios: comercio exterior, ambiente y cultura. Y el siglo XXI empieza con 16.

El gobierno de Álvaro Uribe consiguió del Congreso la aprobación de la ley 790 de 2002 mediante la cual se fusionaron los ministerios del Interior y de Justicia; los de desarrollo económico y comercio exterior y los de trabajo y salud. El Ministerio del Medio Ambiente asumió algunas funciones del de desarrollo económico y pasó a llamarse Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por unos pocos años el gabinete volvió a la mágica cifra de 13.

En su primer gobierno, Juan Manuel Santos echó por la borda el esfuerzo descomunal y único en toda nuestra historia republicana de Uribe Vélez por reducir el tamaño del gabinete de gobierno. Con la ley 1444 de 2011 resucitó todos los ministerios a los que Uribe Vélez había dado de baja y creó una multitud de agencia para acompañar, completar, sustituir o estorbar ¡vaya uno a saber! el trabajo de los ministerios. Y así el número de ministerios volvió a 16.

El presidente Iván Duque Márquez, que en esto de los ministerios siguió más a Santos que a su supuesto mentor Uribe, se inventó el de Ciencia, tecnología e innovación y el de Deporte, ampliando la mesa del consejo de ministros a 18. En realidad, son 19, pues el director del DNP tiene rango ministerial.

Pero los ministerios no vienen solos, usualmente vienen con viceministerios y otras arandelas.  En efecto, así como ellos son como planetas que orbitan alrededor de la presidencia, en torno a cada ministerio giran como satélites una serie de dependencias – agencias, unidades, fondos, etc. -- que supuestamente le ayudan a cumplir su objetivo misional. El Ministerio de Transporte tiene cinco de esos satélites al igual que los de Salud, Minas y Energía y TIC. Agricultura tiene cuatro y Minambiente como cuarenta, incluidas las CAR.

Son por lo menos 150 los objetos que conforman ese sistema planetario-burocrático que se alimenta del presupuesto general de la nación con unos gastos de personal de 25 billones de pesos. Un ahorro de 2,5 billones no parece imposible de alcanzar con algunas fusiones, supresiones y reducciones de nómina.

Pero no hay que hacerse muchas ilusiones. Excepción hecha de la reducción temporal de Uribe Vélez, el gabinete ministerial colombiano ha seguido la marcha inexorable de la ley de Wagner – Adolph, el economista; no Richard, el músico – que pronostica el crecimiento del tamaño del gobierno a un ritmo incluso superior al de la economía. 

Según Wagner, que era un socialista de cátedra, y sus modernos seguidores, ese crecimiento es el resultado la demanda de bienes públicos indivisibles que supuestamente solo pueden proveerse por el gobierno. Probablemente hay algo de eso, pero hay mucho más de la acción de un par de personajes que, según Balzac, son a la vez creación y creadores del gobierno hipertrofiado: el funcionario y el hombre de estado.

En pequeño ensayo titulado Fisiología del funcionario, Honoré de Balzac caracterizó los dos tipos humanos que conforman el entramado de la burocracia. El funcionario es un hombre que para vivir necesita su sueldo y no puede abandonar el puesto porque no sabe otra cosa que el papeleo. A diferencia del funcionario, que vive para servir al gobierno pues no tiene alternativa, el hombre de estado, que hoy llamaríamos el político profesional, vive para servirse del gobierno. El interés combinado de esos personajes es, según Balzac, la fuerza que impulsa el crecimiento del gobierno y el mayor obstáculo a su reducción.

La persistencia de la burocracia por la acción de los “funcionarios” y los “hombres de estado”, la estudia Balzac en su maravillosa novela Los empleados, donde cuenta la historia Xavier Rabourdin, sesudo empleado gubernamental de la época de la restauración borbónica, que aspira a ascender en la administración pública para hacerla más reducida, pero a la vez más eficiente y eficaz. Desgraciadamente, el ambicioso proyecto de reforma es descubierto por sus mediocres compañeros de oficina quienes, aterrados por las ideas de Rabourdin, conspiran en contra suya con un poderoso hombre de estado, obligando a renunciar al infortunado reformador.

LGVA

Abril de 2021.  

Lo que Vicky Dávila no le preguntó a Quintero Calle

 

Lo que Vicky Dávila no le preguntó a Quintero Calle

 

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

 

La dulzura de Vicky Dávila en su entrevista a Quintero Calle solo tiene parangón en las que le hacía, hace algunos años, a Gustavo Petro en una afamada emisora, que más que entrevistas parecían publirreportajes.

Al igual que con Petro, una mordacidad de mentirijillas permite el constante lucimiento del entrevistado.

Como la más inexperta de las reporteras, pregunta Vicky:

-       ¿Usted es el Petro de Medellín?

Ni corto ni perezoso, responde el entrevistado:

-       No, yo soy el Daniel Quintero de Medellín.

Después se viene con una serie de preguntitas medio tontas con el propósito de “hacerle confesar” a Quintero que él también, como todo político, quiere ser presidente. Le pregunta por su hermano Miguel, el de los contratos, y le permite hacer una conmovedora apología de alguien muy bueno – vendió la moto para regalarle un computador - y que por ser gordito debe cuidarse del Covid. La apoteosis se alcanza cuando Quintero, sin que la entrevistadora diga esta boca es mía, convierte la injerencia nepotista de su esposa Diana en la administración municipal en la intervención providente de una heroína que ya debe estar en la mira de Marvel o DC Comics.

Pero más que por esas frivolidades, la entrevista es mediocre por los temas sobre los que Vicky no se atrevió o no quiso preguntar, a pesar de que Quintero los puso sobre el tapete.

Quintero se ufana, una vez más, de la demanda de los 9.9 billones que en buena medida es el origen del caos en el que se encuentra sumida EPM. Y a Vicky Dávila no se le ocurre hacerle ninguna pregunta, de las cuales he aquí algunos ejemplos:

¿Por qué se renovó un contrato millonario al consorcio CCC cuya negligencia e incompetencia, según la demanda, lo hace responsable de la contingencia de Hidroituango en abril de 2018?

¿Cuáles son las implicaciones que la demanda tiene para EPM en su condición de contratista de Hidroituango S.A. por el contrato BOOMT y por tanto responsable de sus subcontratistas?   

¿Cuáles son las consecuencias de la demanda sobre la posición jurídica de EPM frente a las demandas que en su contra han presentado los abogados representantes de los habitantes aguas abajo del proyecto que alegan afectaciones por la contingencia de abril de 2018?

¿Por qué se demandó al consorcio constructor a pesar de tener pactado un tribunal de arbitramento para dirimir las controversias surgidas de la contingencia de abril de 2018?

Lo del tal GEA en esa entrevista es patético. Quintero como dice una cosa dice la otra sin que Vicky abra la boca para objetar o preguntar. Es increíble que, cuando la Quintero habla de la toma de EPM por el GEA, la buena periodista que Vicky cree ser, no le pregunte por los vínculos con el GEA de los gerentes de EPM y los miembros de la Junta Directiva que se han sucedido desde la alcaldía de Fajardo, cuando se supone inició esa toma. Si se hubiera tomado el trabajo de averiguar para no ser engañada por Quintero, se habría enterado de que ninguno de ellos tenía vínculos laborales con las empresas del llamado GEA. Y aunque haber o no trabajado en una empresa antioqueña no puede ser motivo de inhabilidad para ser de la Junta de EPM, creo que ninguna de las 23 personas que pasaron por ella  desde Fajardo hasta Quintero, tenía vinculo laboral. Eran profesores universitarios, representantes de los usuarios, jubilados de EPM, expertos en servicios públicos.     

Y ante la temeraria afirmación de que el tal GEA, en la entrevista convertido en tres personas, hizo de EPM su caja menor, no se le ocurre preguntarle por las pruebas de ello que deben estar en la contabilidad de EPM y sus soportes. ¿Por qué – ha debido preguntarle Vicky a Quintero – si sabía que los del GEA habían saqueado a EPM, no ordenó una auditoria para recaudar las pruebas respectivas e instaurar la denuncia penal respectiva? ¿Si tiene las pruebas, por qué no los denuncia, como es su deber de acuerdo con el artículo 197 del Código de procedimiento penal?   

Todo lo que dice Quintero sobre Hidroituango es falso o tendencioso. El tal programa de aceleración no tiene nada que ver con la construcción de la galería auxiliar de desviación, eso es algo que sabe el alcalde pues en múltiples presentaciones a la Junta Directiva los técnicos de EPM han explicado ese punto. Lo sorprendente no es que Quintero mienta al respecto, sino que Vicky Dávila no pregunte nada. No pregunta nada tampoco sobre lo de Orbitel, ni sobre los 30 millones de dólares que supuestamente Fajardo recibió del “GEA”.  ¿ Por qué - ha debido preguntarle Vicky a Quintero - no denuncia a Fajardo por haber recibido soborno? ¿Por qué no ha denunciado a los que lo sobornaron? 

En esa entrevista hay demasiadas cosas turbias. Las personas mencionadas no pueden guardar silencio frente a las afirmaciones de Quintero. El fiscal Barbosa debe leer atentamente esa entrevista y emprender de oficio una indagación al alcalde Quintero quien afirma saber de la comisión de dos delitos sin haberlos denunciado.  

La ausencia de cuestionamiento de las temerarias afirmaciones de Quintero es una gran falla periodística que implica una cierta complicidad con la difusión de falsedades, pues el silencio de la entrevistadora lleva a suponer que avala las afirmaciones del entrevistado.  

LGVA

Abril de 2021.

 

La aterradora entrevista de Quintero Calle en Semana

 

La aterradora entrevista de Quintero Calle en Semana

 

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

 

Aterradora me pareció la entrevista de Vicky Dávila a Quintero Calle. No me aterró tanto la frivolidad complaciente de las preguntas de la entrevistadora; ni la ignorancia, la estupidez y la vulgaridad de las respuestas. Me aterra el hecho de saber que quien dice tales cosas es el alcalde de Medellín, elegido por votación popular. 

Quintero Calle es la más acabada representación de lo que Ortega y Gasset llamara el hombre-masa-rebelde. Son varias las características de este hombre-masa rebelde, que se identifica con el demagogo y el retórico que aterraba a Aristóteles, quien nos advirtió que una sociedad puede acabarse cuando le llega la hora de la demagogia.

El hombre-masa-rebelde es ignorante y vanidoso, se siente perfecto y cree tener un conocimiento pericial de todos los asuntos. Se siente con el derecho de tener una opinión sobre todo sin haberse tomado el trabajo de estudiar nada para forjársela. Todas las decisiones tomadas desde la alcaldía, en especial las relativas a EPM, han estado fundamentadas en la más sólida e inexpugnable ignorancia. Quintero ha dando pruebas repetidas y contundentes de que es un ignorante vitalicio, íntegro y sin fisuras. Personas como él en cargos de responsabilidad son especialmente peligrosos pues, como decía Anatol France, el necio es más funesto que el malvado, porque el malvado descansa algunas veces, pero el necio jamás.

El hombre-masa-rebelde es mentiroso y miente de las tres formas posibles. Miente por ignorancia, miente por prejuicio y miente de forma deliberada y premeditada. Su ignorancia lo hace impermeable a lo racional, sus prejuicios lo apartan de lo razonable y su vanidad lo lleva al convencimiento de que lo que diga será aceptado como verdad por los hombres-masa-rebeldes cuyo liderazgo ostenta. Todo en esa entrevista son mentiras rotundas o pérfidas insinuaciones, que la complaciente entrevistadora deja pasar dulcemente.

El hombre-masa-rebelde es vulgar. Ya las dos facetas anteriores del hombre-masa-rebelde que es Quintero Calle - la ignorancia vanidosa y la mitomanía compulsiva - eran bien conocidas; la tercera, la vulgaridad, se despliega en esa entrevista arrolladoramente, porque la combinación de la ignorancia, la vanidad y la mentira es la vulgaridad.

Lo aterrador de todo esto no es que el vulgar se crea sobresaliente y no vulgar, como es el caso de Petro, López, Robledo y otros más. Lo verdaderamente aterrador en el caso de Quintero es que, superando de lejos a sus ídolos, pasa a otro nivel, no pretendiéndose sobresaliente sino asumiéndose como vulgar y proclamando e imponiendo el derecho a la vulgaridad o la vulgaridad como derecho, como dejó dicho Ortega y Gasset.

Hemos llegado a la situación de elegir y tener como alcalde de Medellín a un personaje que parece decir soy ignorante, vanidoso, mentiroso, vulgar y ¿qué? ¡Eso es lo que quieren las masas!

Hace años a un experimentado político le oí decir que en política lo que importa no es el conocimiento o la inteligencia sino la popularidad. Chávez y Maduro en Venezuela, Correa en Ecuador, Lula en Brasil, Evo en Bolivia, en fin, los Kirchner en Argentina prueban hasta la saciedad la verdad de esa afirmación.

No soy capaz de entender el cúmulo de circunstancias que hacen que las masas en determinados momentos históricos se regodeen con la vulgaridad en política. Pero es un hecho que esas coyunturas existen y en ellas emergen con fuerza los demagogos y entre todos ellos el que sea más vulgar. Nadie puede hoy comprender, leyendo sus discursos, que italianos y alemanes hayan votado por Mussolini y Hitler.  

Creo que Quintero hoy por hoy es el más vulgar de los demagogos colombianos, el que más se parece a los mencionados “próceres” latinoamericanos y el que más posibilidades tiene de llegar a la presidencia, porque es el que mejor interpreta el sentir de una sociedad a la que parece haberle llegado la hora de la demagogia y del derecho a la vulgaridad.

LGVA

Abril de 2021.    

Ideas para la austeridad (IV) Contener la voracidad de las asustadurías: ahorro un billón quinientos mil millones

 

Ideas para la austeridad (IV)

Contener la voracidad de las asustadurías: un ahorro de un billón quinientos mil millones

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

 

Entre los funcionarios públicos se da el nombre “asustadurías” a la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía. De las tres, la más antigua es la primera, cuyos orígenes se remontan a los inicios de nuestra vida republicana, en el Congreso de Cúcuta de 1821. La Contraloría es una de las instituciones creadas en 1923, por el gobierno de Pedro Nel Ospina, siguiendo las recomendaciones de la Misión Kemmerer, las otras fueron la Superintendencia Financiera y el Banco de la República. Las Fiscalía es más joven, con solo treinta años de existencia como quiera es una creación de la Constituyente de 1991, aunque empezó a operar en 1992, con Gustavo de Greiff como primer fiscal.

A lo largo de sus años de existencia de estas entidades se han alternado períodos de esplendor con otros de menor brillo o, incluso, de total oscuridad. Hubo una época en que el paso por la Contraloría se convirtió en la antesala del ingreso a prisión de su titular. El solo nombre de algunos procuradores de antaño imponía respeto, sin necesidad de que estuvieran gesticulando o haciendo monerías donde quiera que había un micrófono o cámara de televisión. En fín, la Fiscalía despertó esperanzas de mejor justicia que se fueron diluyendo con el tiempo y, sobre todo, con el paso de fiscales cada vez más duchos en asuntos de la política que en los del derecho penal.   

Hoy las “asustadurías” no pasan por su mejor momento. Seguramente asustan mucho a los funcionarios públicos competentes y honestos, que a veces inexplicablemente caen en investigaciones de esas entidades; pero no así a los bandidos que entran a la administración pública con el claro propósito de robar, dando por descontados los honorarios que pagarán a los abogados para defenderse en los procesos e, incluso, los años de prisión domiciliaria a los que sean condenados si las cosas salen realmente mal.

Pero hay otro aspecto asustador de estas entidades, que concierne a todos los ciudadanos, cual es su incontenible voracidad presupuestal. Entre 2010 y 2020, su presupuesto total creció 153%, es decir, casi el doble del PIB nominal, que aumentó 84% entre esos años. Otra forma de ver las cosas es decir que en el período el PIB nominal de todos los colombianos ni siquiera se duplicó, mientras que el presupuesto de la Contraloría se multiplicó por más de tres y los de la Fiscalía y la Procuraduría lo hicieron por 2,5 y 2,2, respectivamente.

Ese desmesurado crecimiento presupuestal no ha estado acompañado de una mejora sustancial y ostensible en el desempeño de esas entidades. Muchos ciudadanos no vemos en ellas más que poderosos fortines burocráticos usados para impulsar las carreras políticas de quienes llegan a su dirección y, de paso, acabar, si es posible, con las de algunos rivales. Y si el aumento del presupuesto no ha llevado a ninguna mejora en su desempeño, su disminución no debería provocar ningún deterioro.  

No es disparatado pensar que, si el ingreso de los colombianos como consecuencia de la pandemia retrocedió tres años, los entes de control hagan el sacrificio correspondiente y recorten sus presupuestos solo en 25%. Esto daría a las finanzas públicas un ahorro de un billón quinientos cincuenta y dos mil millones.

LGVA

Abril de 2021.