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martes, 9 de junio de 2020

El festival de poesía de Medellín: otra víctima del Covid 19


El festival de poesía de Medellín: otra víctima del Covid 19


Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista


Un día Jean-Paul Sartre recibió la carta de un lector que le preguntaba por qué nunca había publicado poesía en su célebre revista Les Temps Modernes, la cual, dicho sea de paso, dejó de existir, sin que casi nadie lo notara, en junio de 2019, después de 74 años de publicación ininterrumpida. Sartre agradeció la pregunta porque le permitía decir algo que quería decir desde hace mucho tiempo: no publico poesía porque no me gusta la poesía y no me gusta porque, a diferencia del prosista, que lleva la palabra, el poeta se deja llevar por ella. O algo así.

No comparto la antipatía general de Sartre por la poesía, pero debo confesar que los poetas que me gustan son más bien pocos, porque la mayoría, en especial los jóvenes poetas modernos, creo, escriben bastante mal y, más que dejarse llevar por las palabras, pareciera las lanzan al azar para ver qué sale.

El de los poetas es un oficio difícil al que le cuesta mucho encontrar un lugar en la división del trabajo y en la vasta trama del intercambio mercantil a la que esta da lugar. Los grandes poetas de la antigüedad medraban alrededor de los príncipes. Virgilio era protegido de Julio Cesar y fue por encargo suyo que escribió La Eneida, un largo poema propagandístico que le salió muy bien, convirtiéndolo en el símbolo de la lírica.  
 
En Colombia, otrora, los poetas eran personas acomodadas que dedicaban parte de su tiempo al arte por puro diletantismo, como Guillermo Valencia, o que, como Silva, consumían su patrimonio mientras componían versos.

Más recientemente se convirtieron en protegidos de los gobiernos que los empleaban en pequeños cargos burocráticos sin mayor exigencia o, los más afortunados, en cargos diplomáticos o consulares, igualmente inocuos, pero mejor remunerados y con la oportunidad de ver mundo.  Eduardo Carranza nos representó en Chile y España; Aurelio Arturo fue agregado cultural en Estados Unidos; mientras que León de Greiff, menos afortunado, pasó su vida como funcionario medio haciendo trabajos contabilidad y de estadística. Hoy es común que los poetas ejerzan la docencia, el periodismo o una profesión liberal como medio de vida.

Belisario Betancur Cuartas fue, sin duda, el presidente de los poetas. Belisario amaba la poesía, la escribía y les dio a los poetas colombianos una casa, la Casa Silva, para que celebraran la poesía, por cuenta de los contribuyentes. En Medellín, los poetas consiguieron que la alcaldía les montara, también por cuenta de los contribuyentes, un Festival de Internacional de Poesía, que se realiza todos los años ininterrumpidamente desde 1991. El encuentro, que reunía poetas de todo el mundo, algunos de ellos traídos de los lugares más exóticos y que leían poemas en lenguas igualmente exóticas, este año se frustró por causa del Convid 19, en su trigésima convocatoria.

A mí, por razones de principio, me parece discutible la financiación con recursos públicos de eventos como el Festival Internacional de Poesía, y encontraría legítimo que la gente rechazara, por ejemplo, la financiación del Festival Internacional de la Economía, si a alguien se le ocurriera proponerlo. Pero, cedo a mis principios y me parece aceptable que la Alcaldía lo apoye, habida cuenta de que no es mucho el dinero que se gasta – unos cuantos pasajes y algunas noches de hotel – y, sobre todo, porque son miles las personas de toda condición que asisten a las lecturas de poemas en las decenas de escenarios de Medellín y de los muchos otros municipios de Antioquia a los que se ha extendido el Festival. Este año todas esas personas se verán privadas de un sencillo y placentero goce espiritual.

Es una lástima que el Covid 19, como lo ha hecho con tantas cosas gratas, nos haya quitado también el Festival. Me han dicho que lo harán virtual, y que también así será el Festival del Tango, puede ser que funcione, habrá que ver, a lo mejor resulta algo interesante. En todo caso, detestaría que ese experimento obligado se volviera permanente porque la virtualidad empobrece la poesía, el tango y toda la vida humana.


LGVA

Junio de 2020.


Hayek no defendió la renta básica universal


Hayek no defendió la renta básica universal


Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista


I.                   Introducción

Unas declaraciones del Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en las que supuestamente apoya la renta básica universal, escandalizaron a algunos jóvenes liberales, como mi amigo en redes, Pedro Rangel Mejía, quien cree por ello que Carrasquilla se volvió marxista. Mi también amigo, Daniel Gómez, a quien sus grandes ocupaciones del el DNP le dejan tiempo para estar activo en redes, defiende al Ministro diciendo que se convirtió en libertario hayekiano, y remite a un texto de un señor Matt Zwolinski en apoyo de su punto; lo que hace trastabillar a Rangel quien encaja el golpe y trata de defenderse diciendo que ese es un error de Hayek.  Mejía, Gómez y Zwolinski están equivocados: Hayek no defendió nunca la renta básica universal. 

Voy a mostrar la equivocación de mis amigos, con base en los textos relevantes de Hayek, pero antes me parece importante decir algo sobre las nociones de solidaridad y responsabilidad personal, que son fundamentales para entender la posición genuinamente liberal frente a la suerte de las personas menos favorecidas y el concepto de renta mínima garantizada de Hayek.

II.            Solidaridad

El liberalismo arrastra el sambenito de que su afirmación de la libertad y la responsabilidad individual, como pilares fundamentales de la sociedad, y de la primacía de mercado sobre el estado, en la asignación de los recursos y la distribución de los bienes y servicios, supone desentenderse de la suerte de los pobres y los menos afortunados. Nada más contrario a la verdad.

En el centro del pensamiento liberal, como lo señala  Bertrand de Jouvenel, está “la idea de que los que sufren necesidades apremiantes deben ser atendidos es inherente al concepto mismo de sociedad”[1]. No debe haber ninguna duda al respecto. La discusión tiene que ver con sobre la forma en de atender esas necesidades. Tal vez no sea ocioso decir que Bertrand de Jouvenel, gran filósofo y economista liberal francés, es uno de los 37 fundadores de la Sociedad Mont Pelerin.

Lo que debe ser claro es que esa atención solidaria de los necesitados no puede confundirse con el ideal, rechazado, ese sí, por cualquier liberal, de igualación de rentas y patrimonios por la acción del estado, mediante la implantación del socialismo o por obra del asistencialismo ilimitado del estatismo parasitario de nuestra época.

Los liberales deben siempre distinguir, en el concepto y en la acción, entre solidaridad y redistribución y adoptar como suyo, sin ambages, el primer ideal para oponerlo vigorosamente al segundo. Un pequeño texto de Bertrand de Jouvenel ilumina esa distinción:

“Cuando, por la acción de los servicios sociales, un hombre realmente necesitado recibe medios para subsistir, ya sea un salario mínimo en días de desempleo o atención médica básica que no podría haber pagado, eso es una manifestación primaria de solidaridad, y no forma parte de la redistribución. Lo que si constituye redistribución es todo lo que evita al hombre un gasto que podría hacer y presumiblemente haría de su propio bolsillo, y que, al liberar una parte de su ingreso, equivale por lo tanto a una elevación de ese ingreso”[2]

III.          Responsabilidad

Pero la acción solidaria misma, incluso si se distingue cuidadosamente de la redistributiva, no puede llevar a socavar el valor supremo de la sociedad liberal: la responsabilidad de cada uno de su propio destino.

La obligación de velar por el interés personal – plantea Alexis de Tocqueville[3] – disciplina a las personas en los hábitos de la regularidad, la moderación, la previsión y la confianza en sí mismas. Esto no ocurre, en general, por voluntad propia consciente sino por la fuerza de la costumbre.  Cuando las personas están obligadas a tomar sus propias decisiones y a mantenerse con su propio trabajo, son más esforzadas, constantes, ahorrativas, sobrias, orgullosas de sus propios logros y amantes de la libertad.

Habituar a la gente a depender de las ayudas o los empleos poco demandantes del gobierno tiene un efecto deletéreo sobre esos hábitos, socava la dignidad personal y diluye el sentido de libertad, todo lo cual predispone a la aceptación de la sumisión y la servidumbre. No tiene por ello nada de sorprendente que los ideólogos totalitarios sean al mismo tiempo los ideólogos del asistencialismo, que busca hacer a las personas dependientes del gobierno porque esa dependencia moldea también las actitudes políticas.

La crítica de los economistas clásicos – Malthus y Ricardo[4]- a las Leyes de pobres inglesas se apoyaba principalmente en consideraciones de esa índole. Es por ello que Malthus[5] dejó dicho que las leyes de pobres nunca tendrán recursos suficientes para atender a los pobres que esas mismas leyes crean.

Pero al mismo tiempo los economistas liberales clásicos daban por descontado que había que asistir a los desvalidos y a las personas afectadas por graves calamidades. Nassau William Senior - contemporáneo y discípulo de Ricardo, y amigo y corresponsal de Alexis de Tocqueville - dejó este extraordinario texto que parece escrito a propósito de la pandemia que nos agobia:

“Ningún fondo público para la asistencia a estas calamidades tiene tendencia alguna a disminuir la laboriosidad o la previsión. Son males demasiado grandes para permitir a los individuos una previsión suficiente contra ellos, y demasiado raros, en realidad, para que los individuos se hallen previstos contra ellos absolutamente. Por otro lado, su permanencia es probable que canse la paciencia privada. (…). Yo deseo, por consiguiente, ver atendidos estos males con una amplia asistencia obligatoria”[6]

También los capaces de ser independientes y valerse por sí mismos, podían, eventualmente, requerir alguna asistencia. Esa asistencia, pensaba Senior, debía ser limitada en el tiempo y en la cuantía y no podía convertirse en un derecho incondicional. El asistido no debería recibir una ayuda que excediera lo que los trabajadores independientes ganan con su propio trabajo. Esto se conoce como el principio de la menor preferencia.

Muchas veces oí decir a mi maestro Hugo López Castaño, conocedor como el que más de la cuestión de la pobreza en Colombia, que el problema de ayudar a los pobres no era tanto el tener con qué ayudarlos, sino el saber cómo ayudarlos sin tirarse en ellos. Por lo que evidentemente entendía ayudarlos sin volverlos totalmente dependientes, sin despojarlos de la capacidad de valerse por sí mismos, que, a fin de cuentas, es lo que nos hace verdaderamente libres, verdaderamente humanos.


IV.          Hayek y la renta mínima garantizada

La idea de una renta mínima garantizada, que es totalmente distinta a la idea de una renta básica universal que proponen los socialistas, se encuentra en diversas partes de la vasta obra de Hayek. En Los fundamentos de la libertad hay una formulación que citaré extensamente porque en ella queda clara la distinción entre esos dos conceptos:

“A continuación viene el importante aspecto de la seguridad, de la protección de contra riesgos comunes a todos nosotros. La actitud del gobierno puede consistir tanto en reducir tales riesgos como en ayudar al pueblo para que se defienda de los mismos. De cualquier manera, se impone la distinción entre dos conceptos de seguridad: la seguridad limitada, que puede lograrse para todos y que, por tanto, no constituye privilegio, y la seguridad absoluta. Esta última, dentro de una sociedad libre, no puede existir para todos. La primera es la seguridad contra las privaciones físicas severas, la seguridad de un mínimo determinado de sustento para todos. La segunda es la seguridad de un determinado nivel de vida, fijado mediante comparación de los niveles de que disfruta una persona con los que disfrutan otras. La distinción, por tanto, se establece entre la seguridad de un mínimo de renta igual para todos y la seguridad de la renta particular que se estima que merece una persona. La seguridad absoluta está íntimamente relacionada con la principal ambición que inspira al estado-providencia: el deseo de usar los poderes del gobierno para asegurar una más igual o más justa distribución de la riqueza. Siempre que los poderes coactivos se utilicen para asegurar que determinados individuos obtengan determinados bienes, se requiere cierta clase de discriminación entre los diferentes individuos y su desigual tratamiento, lo que resulta inconciliable con la sociedad libre. De esta manera, toda clase de estado-providencia que aspira a la ´justicia social´ se convierte primariamente en un redistribuidor de renta. Tal estado no tiene más remedio que retroceder hacia el socialismo, adoptando sus métodos coactivos, esencialmente arbitrarios”[7].

Se trata de una especie de aseguramiento colectivo con el objeto de garantizar a todo aquel que caiga en desgracia un ingreso mínimo que le permita cubrir sus necesidades básicas y librarlo de privaciones severas. No es una renta mínima para todos ni, mucho menos, un ingreso igual para todos.

En su obra El espejismo de la justicia social, el segundo volumen de su gran trilogía Derecho, legislación y libertad, Hayek retoma la idea haciendo más explícita la noción de aseguramiento y reiterando que el beneficio está limitado a aquellos que por cualquier razón no son capaces de ganar en el mercado un ingreso adecuado.  

“No hay motivo para que en una sociedad libre no deba el estado asegurar a todos la protección contra la miseria bajo la forma de un renta mínima garantizada, o de un nivel por debajo del cual nadie caiga. Es interés de todos participar en este aseguramiento contra la extrema desventura, o puede ser un deber moral de todos asistir, dentro de una comunidad organizada, a quien no pueda proveer por sí mismo. Si esta renta mínima uniforme se proporciona al margen del mercado a todos los que, por la razón que sea, no son capaces de ganar en el mercado una renta adecuada, ello no implica una restricción a la libertad, o un conflicto con la soberanía del derecho. Los problemas que aquí interesan surgen cuando la remuneración por los servicios prestados la determina la autoridad, quedando inoperante el mecanismo impersonal del mercado que orienta los esfuerzos individuales”[8]

V.           Conclusiones

La idea de solidaridad es inherente al concepto mismo de sociedad. La sociedad solidaria es aquella que ayuda a que los más desfavorecidos puedan suplir sus necesidades básicas en aquello que no pueden proveerse por sí mismos.

La solidaridad debe ejercerse de forma que no destruya en las personas el sentido de responsabilidad personal, que no las despoje de su capacidad de valerse por sí mismas, de la autoestima, lo que es en definitiva el fundamento de la libertad.

La renta mínima garantizada propuesta por Hayek reposa en esas dos nociones – solidaridad y responsabilidad- y es por eso que está destinada a aquellos que verdaderamente, de forma circunstancial o permanente, son incapaces de alcanzarla con su propio esfuerzo.

LGVA

Junio de 2020.




[1] De Jouvenel, B. (1951, 2010). La ética de la redistribución. Katz-editores. Capellades, España, 2010.  Página 44.

[2] De Jouvenel, B. (1951, 2010). La ética de la redistribución. Katz-editores. Capellades, España, 2010.  Página 47.

[3] Véase: Alexis de Tocqueville (1981). De la democratie en Amerique . Volumen II. Segunda parte, capítulo 9

[4]  Ricardo, David. Principios de economía política y tributación. Fondo de Cultura Económica, México-Bogotá, 1997. Página 80-81. 

[5]  Malthus, T.R. Primer ensayo sobre la población. Alianza Editorial, Madrid, 1982. Página 95.

[6] El texto se encuentra en Letters and Conversations of Alexis de Tocqueville with N. W. Senior y es citado por Robbins, Lionel en Teoría de la política económica, Ediciones Rialp S.A, Madrid, 1966. Páginas 97-98.

[7] Hayek, F.A. (1996). Los fundamentos de la libertad.  2 Vol. Ediciones Folio, Barcelona, 1996. Vol. 2, página 322.

[8] Hayek, F.A. (1976, 2006) Derecho, legislación y libertad. Unión Editorial. Madrid, 2006.  Páginas 289-290

domingo, 7 de junio de 2020

El pecado español de cantar el Cara al sol


El pecado español de cantar el Cara al sol

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista


Circula en las redes sociales un pequeño video con el que se pretende menoscabar el prestigio de Vanesa Vallejo, acusándola de fascista, por el “pecado” de cantar el Cara al sol. Para quienes no lo han visto, describo su contenido. 

Aparece, inicialmente, un pequeño recuadro que muestra un ventilador en movimiento y al fondo se escucha la voz de Vanesa entonando unas estrofas del Cara al sol. Luego sale un señor, con un marco de libros, se presenta y empieza a pasar un montaje de cortos en los que se muestran grupos de españoles franquistas cantando la misma tonada, para revelarnos, ¡oh descubrimiento!, que se trata del himno de la falange española y “demostrar” así que Vanesa es una fascista.

La frivolidad del “argumento” es evidente. A mí y a muchos de mis amigos nos gusta la Internacional y en ocasiones, animados por unos vinillos, nos divertimos cantándola, incluso con el puño en izquierdo en alto, sin que eso nos vuelva comunistas. Como tampoco nos volvemos franceses cuando marchamos entonando La Marseillaise.

Me cuesta trabajo imaginar una idiotez mayor que la de clasificar a las personas por las tonadas que les gusta cantar. Quienes proceden así no están lejos de clasificarlas por su raza o el color de su piel, lo que también es una idiotez, pero una idiotez criminal, como lo sabe todo mundo.

Cara al sol es en efecto el himno de la Falange y su letra, montada sobre una música de Juan Telleria, fue escrita por el propio José Antonio Primo de Rivera y otros falangistas, una tarde de copas en el bar madrileño La Cueva del Or-kompon, en diciembre de 1935. La Falange era entonces el partido pequeño y electoralmente insignificante que nunca dejó de ser. En las elecciones para las Cortes de 1936 obtuvo el 0,7% de la votación y alcanzó un único escaño, el del propio Primo de Rivera. Era un partidito ruidoso que debía a su notoriedad al hecho de que su líder máximo era el primogénito del dictador Miguel Primo de Rivera, que había gobernado el país entre 1923 y 1930.

En 1936, año fatídico en la historia de España, Primo de Rivera no era más que un abogado de 33 años, alto y guapo, con un desbordante deseo de agradar, con el desprecio aristocrático por el dinero de quienes lo han heredado y no ganado, a quien su holgada posición económica le permitía vivir casi sin ejercer su profesión y dedicar su tiempo libre, que era la mayor parte, a la bohemia literaria y a jugar a la política, fascinado como estaba, al igual que muchos jóvenes de la Europa de su época, por las marchas embanderadas y ruidosas del fascismo italiano. 

En el fondo, Primo de Rivera, no era más que un filipichín encantador que cultivó la amistad de personas de toda índole, incluido el poeta Federico García Lorca, con quien sostuvo una tierna amistad que desde siempre ha avergonzado a la izquierda española, la que tiene como símbolo de la brutalidad franquista el asesinato del poeta en Granada. La ejecución de Primo de Rivera en Alicante es el símbolo de la brutalidad del bando republicano.

La estructuración ideológica de Primo de Rivera era más bien precaria. “Sus escritos producían la impresión de proceder de un estudiante aventajado que hubiera leído, sin digerirlo del todo, un curso muy largo de teoría política”, escribe Hugh Thomas, el gran historiador de la guerra civil española, quien, por otra parte, ha publicado una selección de los escritos de Primo de Rivera. Como mediocre imitador de Mussolini, creía que el estado era el alfa y omega de la vida social y detestaba el capitalismo liberal del que afirmaba era “un sistema de enriquecimiento de unos cuantos”, como diría cualquier escolar con devaneos socialistas.

Sin embargo, Primo de Rivera, José Antonio, como prefería ser llamado y como lo llamaba todo mundo, no era un hombre malvado y, a pesar de su gusto por los desfiles marciales y su retórica amenazante, no le gustaba la acción directa como si a Ramiro Ledesma Ramos, fundador y dirigente de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas, otra escuálida organización fascista, con la que Primo de Rivera había fusionado la Falange, en un esfuerzo fracasado por acrecentar el peso político del fascismo en España. Falange de las JONS era el nombre completo de la organización fusionada.

Como lo ha señalado Stanley Payne, otro gran historiador de la guerra civil española, hacia 1936, cuando se produce el alzamiento militar, “el Fascismo en España era un fracaso”. Primo de Rivera estaba preso en Alicante, desde el 14 de marzo, por lo que no pudo tener ningún papel protagónico en el alzamiento del 17 de julio ni, mucho menos, en los hechos que se sucedieron después. Su ejecución, el 28 de noviembre, contribuyó al sobredimensionamiento de su figura histórica y a magnificar el rol del fascismo como supuesto instigador del alzamiento militar que desencadenó la Guerra Civil. Este no es más un mito carente de fundamento histórico, pero profundamente enraizado en la mentalidad de la izquierda española que la lleva a calificar de fascista a cualquier fuerza de derecha.

Ni los fascistas de Primo de Rivera ni, incluso, los monárquicos de Calvo Sotelo, cuyo asesinato consideran los historiadores como el detonante del alzamiento, eran las fuerzas relevantes de la oposición al gobierno del Frente Popular, alianza de los republicanos de izquierda de Manuel Azaña y de los socialistas de Largo Caballero. La mayor fuerza política de oposición era la llamada Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), partido católico y republicano liderado por José María Gil Robles.

Gil Robles, también abogado, era un elocuente orador, pero tremendamente vacilante a la hora de las decisiones. Monárquicos, fascistas, socialistas, comunistas y anarquistas lo odiaban por igual. Quizás por sus vacilaciones a la hora del levantamiento, por no haber sido asesinado por los franquistas o, por no haber compuesto una tonada pegajosa como jingle publicitario, su figura histórica se opacó cediendo el lugar simbólico a la de José Antonio, carismático, encantador y, sobre todo, buen compositor de himnos partidistas.

Causa un poco de tristeza, al ver la situación actual de España, que muchos españoles estén perdiendo de vista un elemento fundamental del Pacto de la Moncloa que, además de ser un pacto político, era un pacto con la historia, un pacto de reconciliación y perdón con la dolorosa historia de la Guerra Civil. No debe olvidarse que el 23 de febrero de 1981, día del asalto violento a las Cortes por los hombres del Coronel Tejero, el único dirigente que, como Adolfo Suarez, permaneció sentado en su curul, impertérrito, desafiante, cuando la balas silbaban por doquier, fue Santiago Carrillo, el viejo líder del Partido Comunista Español, quien, quizás, por haber vivido los horrores de la Guerra Civil, entendía que no puede haber una España democrática y libre sin ese pacto de reconciliación. Pero eso supone un conocimiento real de esa historia y no la visión esquemática e ideologizada de muchísimos españoles que los lleva a ver fascistas hasta en el puchero.

LGVA

Junio de 2020.  


sábado, 6 de junio de 2020

La infame captura del gobernador Aníbal Gaviria Correa


La infame captura del gobernador Aníbal Gaviria Correa

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista


Me duele la detención de Aníbal Gaviria Correa, acusado por la Fiscalía de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado en favor de terceros. Ser acusado de esos delitos es un riesgo al que está expuesto cualquier funcionario público en Colombia. Un enemigo político o un contratista frustrado por no haber resultado favorecido, puede, en cualquier momento, saltar y, por la falta de una firma o de cualquier papelillo, acusar al funcionario de violar el estatuto de contratación pública, el cual, con su infinidad de artículos, incisos, parágrafos y acápites, supuestamente destinados a dar “transparencia” a la contratación, se ha convertido una gigantesca trampa en la que con frecuencia caen funcionarios honestos que solo buscan cumplir de forma eficaz y eficiente con sus obligaciones.

A los riesgos inherentes a la maraña de normas que rigen la contratación pública en Colombia, se añaden los que supone “la vigilancia y control” de las dos entidades existentes en el País para velar por su “transparencia”:  Contraloría y Procuraduría, a las cuales frecuentemente se añade la Fiscalía, que encuentra en la acusación de un funcionario público, desde un alcalde de pueblo hasta un funcionario de elevado rango, la forma de ocultar su incapacidad de combatir las múltiples formas de delincuencia que azotan el País.

A los grandes delincuentes instalados en la política no les asusta el riesgo de ser cogidos in fraganti o a posteriori cuando usan sus influencias en el aparato gubernamental, usualmente algún funcionario a quien hicieron nombrar en el cargo, para favorecer al contratista del que reciben la coima. Ello se debe a que estos delincuentes roban en grande y por no tener prestigio alguno que perder, están dispuestos a asumir la deshonra de un proceso fiscal, administrativo o judicial y a pagar, incluso, un tiempillo de reclusión en las celdas doradas que el sistema carcelario colombiano tiene reservadas para los delincuentes de cuello blanco, los narcotraficantes y todos los criminales que puedan pagar por ellas a los corruptos funcionarios del INPEC. Pero lo más usual es que ni siquiera lleguen ahí pues sus recursos les permiten pagar legiones de abogados mañosos que consiguen librarlos de cualquier sanción “por vencimiento de términos”. Después disfrutan en tranquilidad sus fortunas mal habidas y, pasado un tiempo, vuelven a la política como si nada fuera.

No ocurre así con los funcionarios honestos que, frecuentemente, por algún otrosí que amplía el presupuesto para atender alguna obra adicional no contemplada en el contrato inicial pero cuya necesidad es descubierta en el terreno al momento de ejecutarlo. En cualquier obra pública o privada, con los mejores estudios de factibilidad técnica, es usual encontrar contingencias geológicas o ambientales que demandan una adición presupuestal so pena de dejar inconclusa la obra o de ejecutarla imperfectamente.

Y este es justamente el caso por el que acusan Aníbal Gaviria. En un contrato de cerca de 42.000 millones de pesos, celebrado en 2005, cuando Gaviria era gobernador por primera vez, se otorgó al contratista un anticipo del 25% que luego se amplió a 29%.  Por este cambio, que según la Fiscalía “significó casi 1.500 millones de pesos más para el contratista” es que acusan al Gobernador.

Pero no es la inanidad del hecho que fundamenta la acusación lo único que llama la atención en este caso, sino la desmesura de la actuación de la Fiscalía y el momento en el que se produce. Quince años después de celebrado un contrato, que no ha dado lugar a ninguna investigación fiscal o administrativa, por la Contraloría o la Procuraduría, salta la Fiscalía con una orden de captura contra un hombre cuyo ya enorme prestigio se había visto acrecentado por el exitoso manejo de la pandemia del Covid 19 en su departamento.

Eso hace inevitablemente pensar el caso de Andrés Felipe Arias, condenado por la Corte Suprema de Justicia a 17 años de prisión con una acusación similar que destruyó su promisoria carrera política. Arias, recordémoslo, fue acusado, procesado y condenado, por el supuesto delito de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos y por favorecer, presuntamente, a determinas personas con los subsidios otorgados por el programa Agro Ingreso Seguro.

El caso de Aníbal Gaviria pone en evidencia, una vez más, el enorme problema institucional que enfrenta Colombia: la politización de la justicia y de sus organismos de control fiscal y administrativo. La Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría no solo se han convertido en trampolines para impulsar la carrera política a la presidencia de todos quienes llegan a esas dignidades sino también en instrumento de la lucha política en su forma más abyecta. Por supuesto, la más peligrosa es la Fiscalía que lo puede meter a uno a la cárcel mientras investiga si ha delinquido o no.  

Aníbal Gaviria seguramente saldrá libre de toda acusación. Y, aunque logre recuperarse del golpe artero que sus enemigos agazapados han querido darle a su carrera política, el sufrimiento humano causado a su familia y sus amigos es irreparable. El sufrimiento de Doña Adela, su madre, que ha tenido que encajar golpes tan duros como el asesinato de Guillermo, su hijo, por las Farc y la orden de captura proferida por otro fiscal contra Don Guillermo, su esposo, sin consideración con su edad avanzada ni su precario estado de salud. El sufrimiento de Sofía y de Irene, sus inteligentes y corajudas hermanas, comprometidas como su padre y sus hermanos en la defensa de las libertades. El sufrimiento de su valiente esposa Claudia y de sus pequeños hijos. En fin, el sufrimiento de mi entrañable amiga, Luz María Tobón Vallejo, que para todos los efectos y afectos es una miembro más de esa distinguida y sufrida familia que le ha servido al País desde la empresa, la política y el periodismo, ejercido con singular nobleza. A todas ellas y a los otros hermanos ofrezco mi solidaridad y afecto en estos momentos de infinito dolor.

LGVA

Junio de 2020.

jueves, 4 de junio de 2020

¡La plusvalía no existe!


¡La plusvalía no existe!

(Para el Tino Jaramillo y su prima)


Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista


Hace algunos días escuché en la radio de la mañana a un señor hablando de plusvalía. Me parecía increíble el tono ex – cathedra de su exposición y más increíble aún el hecho de que ninguno de los contertulios le dijera: ¡cállese, hombre, la plusvalía no existe!

La plusvalía es a la economía lo que el flogisto es a la química, es decir, una sustancia invisible que se creía estaba adherida a las cosas que hacen combustión, de la misma forma en que la plusvalía se creía estaba adherida a las cosas que tienen valor. Cuando se descubrió el oxígeno, los químicos desecharon el flogisto; cuando se descubrió la teoría subjetiva del valor, los economistas desecharon la teoría del valor trabajo, en la que se fundamenta la teoría de la plusvalía. Los discípulos de Marx continúan creyendo en su existencia, a pesar de que el pobre Marx se había percatado de que el de la plusvalía era un cuentazo sin asidero alguno, como explico a continuación.

De sus lecturas hegelianas de juventud, Marx sacó el relato de la alienación del hombre por las mercancía en la que la sociedad capitalista había transformado el producto material del trabajo, es decir, la transformación del valor de uso en valor de cambio. Cuando estudió un poco de economía se dio cuenta de que su historia de la alienación - con toda la pompa lingüística hegeliana de la tesis, la antítesis, la contradicción y todo lo demás – en nada difería de los alegatos sentimentales de los burgueses bienintencionados del socialismo utópico que tanto despreciaba – Fourier, Owen y Cabet – y echó mano de una idea sacada de un tal Rodbertus, un economista tan desconocido entonces como hoy, y se vino con el cuento de la plusvalía que trató de mezclar con la teoría del valor trabajo de Smith y Ricardo.

Como no hay producción sin trabajo, al hombre se le ocurrió hacer una analogía con las antiguas sociedades de clases – el esclavismo y el feudalismo – en las cuales las clases dominantes, los amos y los señores feudales, someten a las clases trabajadoras, esclavos y siervos, y se apropian por la fuerza de la mayor parte del producto del trabajo de los oprimidos. Pensó entonces que en el capitalismo la cosa era más o menos igual porque la institución de la propiedad privada daba a la burguesía el poder de disponer de los medios de producción y de forzar por tanto a los obreros, mediante el contrato de trabajo, a vender su fuerza de trabajo solo por una parte de lo que pueden producir. El capitalista se apropia del resto como una ganancia que obtiene sin esfuerzo alguno. Esta es la esencia de la teoría de la explotación. 
  
El problema que se le apareció luego  es que el obrero no es propiedad del capitalista, como el esclavo del amo, ni puede el capitalista forzarlo a trabajar en su fábrica, como lo hace el señor feudal con el siervo en su tierra. En la economía de mercado generalizado, la explotación, si es que existe, tiene que surgir de las mismas relaciones de intercambio. Y entonces Marx se puso a estudiar juicioso el problema de los precios que rigen los intercambios en los economistas más importantes, Adam Smith y David Ricardo, principalmente.


Se le ocurrió primero que toda la inmensa diversidad de los trabajos del hombre, que él llamó trabajos concretos, podían reducirse a una misma clase de trabajo uniforme, que él llamó trabajo abstracto, por la simple razón de que todos ellos no son, en último término, más que gasto de energía humana pura y simple. Y así creyó haber resuelto el problema del intercambio entre cualquier par de mercancías, que de contera le permitía resolver el espinoso asunto de la explotación en el proceso de mercado.

Como todas las mercancías son una fracción determinada de ese trabajo humano general y abstracto, el valor de cualquiera de ellas puede descomponerse en dos partes, la que paga el trabajo y aquella con la que se queda el capitalista explotador, que Marx, que se tenía confianza en eso de inventar nombres, llamó la plusvalía.

Plusvalía = Valor de la mercancía – valor del salario.

La resta puede hacerse porque todas las magnitudes son una misma cosa: tiempo de trabajo homogéneo y abstracto. Admitiendo resuelto, como lo hacen los marxistas creyentes, que el valor del producto puede medirse en tiempo de trabajo, queda por resolver en problema de medir el valor del salario, también en tiempo de trabajo. Y aquí Marx tuvo otra de sus ocurrencias: el valor del salario es el valor de las cosas en las que los obreros gastan su salario nominal, los medios de vida, la canasta familiar.

Pero resulta que esos medios de vida, esa canasta familiar, está formada un conjunto de cosas heterogéneas: pan, huevos, leche, etc. Para conocer su valor es preciso conocer los precios de las cosas que la conforman. Y conocido el valor de la canasta, es preciso conocer el salario nominal por unidad de tiempo de trabajo y poder así determinar el valor del salario en tiempo de trabajo homogéneo. Es decir, hay que dar por conocidos los precios y el salario en términos monetarios, que es precisamente lo que se trata de explicar. Estamos ante un razonamiento circular.

Marx no se detuvo ante esa minucia y nosotros tampoco lo vamos a hacer, dando por resuelto el problema de la plusvalía. Así, si el valor de la mercancía es de 12 horas de tiempo de trabajo y el del salario 6, la plusvalía será 6 horas. La tasa de plusvalía, que es la relación entre la plusvalía y lo pagado en salarios, será de 100%. 

Pero se venía un problema mayor de cual Marx no podía hacer mutis por el foro, sin hacer un completo ridículo. Resulta que los capitalistas, la remuneración que reclaman por su capital, que se llama beneficio, guarda relación con el valor total del capital invertido y no con el valor gastado en pagar salarios. A la parte gastada en medios de producción -  maquinaria, edificios, etc. - Marx, ese gran bautizador, la llamó capital fijo, y a la gastada en salarios, capital variable.

Supongamos, para ilustrar el asunto, que hay un par de capitalistas cada uno de los cuales invierte un capital de 100, medido en unidades de trabajo. Uno de ellos (capitalista 1) gasta 90 en medios de producción y 10 en salarios. El otro (capitalista 2) gasta 90 en salarios y 10 en medios de producción. Suponiendo que la tasa de plusvalía es de 100%, la misma para ambos porque el salario es el mismo, y como el valor de las cosas es todo el trabajo invertido en ellas, es decir, la suma del capital fijo, el variable y la plusvalía, las cuentas de nuestros capitalistas son las siguientes:


Uno en economía puede suponer cualquier cosa, menos que la gente es boba. Y bobo sería el capitalista 1, si invirtiendo los mismos 100 que el capitalista 2, se conformara con una ganancia de 10 mientras que su compadre tiene una de 90. Como no hay nada más móvil que el capital en busca de ganancia, los capitalistas moverían sus capitales de una rama a otra hasta que todos obtuvieran el mismo beneficio con relación al capital invertido. El movimiento solo se detendría cuando se llegue a la igualación de la tasa de beneficio, como en el cuadro que sigue:



El problema aquí es que una mercancía que tiene, en términos de trabajo, un valor de 110, tendría un precio de producción de 150, y la de valor trabajo de 190, pasa a tener un precio de producción de 150. La relación de intercambio pasa de 0,579 unidades de la mercancía 2 por una unidad de la mercancía 1, a una relación de una a una. 

No había sino dos opciones: abandonar el cuento del valor trabajo y la plusvalía por ser incompatible con la característica distintiva del capitalismo, la igualación de la tasa de beneficios, o mantenerlo, lo cual implicaba suponer que los capitalistas son bobos.

Marx era consciente de este problema, del cual ha debido advertirle su amigo Engels, quien, como capitalista industrial que era, sabía cómo son las cosas del beneficio. Pero aun así se dejó venir con el primer tomo de El Capital, publicado en 1867. Cuando todo mundo, es decir, los que entendían del asunto, le cayó encima, incluidos sus amigos comunistas, los tranquilizó diciendo, ya tengo la solución, viene más adelante. Y quedaron expectantes de la genialidad que se venía pues equivalía más o menos a la cuadratura del círculo con regla y compás.

Y fueron pasando los años y de aquello, nada. Metido en ese berenjenal, Marx empezó a beber más que antes y, ante el apremio de Engels, respondía con un ya casi, ya casi, a sacar excusas, es que me dieron forúnculos y no me puedo ni sentar, y nuevas solicitudes de dinero, que cada vez molestaban más a Engels, quien se quejaba de haberse visto obligado a vender un caballo de paso para darle plata a su amigo. Hay una inmensa correspondencia en la que los amigos hablan de todas esas cosas. Marx murió en 1883 y de aquello, nada.

A la muerte de Marx, el atribulado Engels, recogió el amasijo de manuscritos del finado y se puso a trabajar, quizás con la esperanza de recuperar con el producto de las ventas algo del capital invertido. En 1885 consiguió publicar el tomo dos y, 27 años después del tomo uno, en 1894, salió con el tomo tres, donde el mundo expectante esperaba encontrar la anhelada solución a lo que desde entonces se llama el problema de la transformación de los valores en precios de producción.

No hay forma de saber si la “solución” del tomo tres es obra de Marx o de Engels. En todo caso fue una completa chorrada: unos cuadros, parecidos a los de atrás, en los que los valores se transformaban en precios de producción, pero seguían sin explicar la relación de intercambio entre los bienes que es lo que realmente importa. La economía nace como ciencia cuando se plantea que las relaciones de intercambio entre los bienes no son contingentes y caprichosas, como aparentan serlo, sino que están regidas por una ley susceptible de ser descubierta y entendida por la razón.

Hay en ese tomo III un texto maravilloso, ignorado por los marxistas, en el que Marx o Engels, váyase a saber quién lo escribió, reconoce que la teoría de valor trabajo no explica los precios en el capitalismo. Miren la belleza:


“El cambio de las mercancías por sus valores o aproximadamente por sus valores presupone, pues, una fase mucho más baja que el cambio a base de los precios de producción, lo cual requiere un nivel bastante elevado en el desarrollo capitalista. (…) Prescindiendo de la denominación de los precios y del movimiento de éstos por la ley del valor, es, pues, absolutamente correcto considerar los valores de las mercancías, no sólo teóricamente sino históricamente, como el prius de los precios de producción. Esto se refiere a los regímenes en que los medios de producción pertenecen al obrero, situación que se da tanto en el mundo antiguo como en el mundo moderno respecto al labrador que cultive su propia tierra y respecto al artesano” (El Capital, Tomo III, Fondo de Cultura Económica, México, 1971, páginas 181-182)

Es decir, la ley del valor trabajo, fundamento de la teoría de la plusvalía y por tanto de la teoría de la explotación en el régimen de producción capitalista, que funciona cuando no hay capitalistas, deja de regir justamente con el advenimiento de ese régimen de producción. Si las relaciones de intercambio no son reguladas por la ley del valor trabajo, hay que concluir que la plusvalía existe tanto como el flogisto.

LGVA

Junio de 2020.