Seis propuestas para mejorar los Acuerdos de La Habana

Seis propuestas para mejorar los Acuerdos de La Habana

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista, Universidad EAFIT

En mi blog personal publiqué un par de artículos sobre los Acuerdos de La Habana. El primero, el 30 de julio, titulado “Una reflexión sobre los Acuerdos de La Habana y cinco propuestas para mejorarlos”; el segundo,  titulado “Para salvar los acuerdos, voy a votar NO, el 16 de septiembre, en el que hacía pública mi intención de votar NO en el plebiscito del pasado 2 de octubre. Con razón, los partidarios del SI, reclaman de quienes votamos NO, las modificaciones que a nuestro entender deben hacerse a los Acuerdos para que éstos resulten aceptables para el conjunto más amplio posible de ciudadanos. En esos dos artículos están formuladas ya las modificaciones que a mi modo de ver deben introducirse a los Acuerdos. Aquí las reitero de forma sintética y más clara, eso espero.

Las propuestas que formulo parten del reconocimiento de que los Acuerdos son el resultado del trabajo serio, responsable y de buena fe de los delegados del gobierno y, presumo, también de las FARC. Aunque podría señalar centenas de cosas que me parecen indeseables y sugerir centenas de modificaciones, reconozco que el texto de los Acuerdos es un gran logro político que no puede dejarse de lado y que es, por el contrario, el documento central en torno al cual debe girar la discusión y plantearse las propuestas de mejora. Una razón adicional para tomar los acuerdos alcanzados como eje de cualquier negociación es la necesidad imperiosa de llegar al consenso más amplio posible en un horizonte de tiempo razonable, no más de dos o tres meses, para evitar la incertidumbre que puede afectar la confianza de los mercados en la economía colombiana. A continuación, mis propuestas.

 

1.    Incorporación de los Acuerdos al bloque de constitucionalidad. Los acuerdos no deben ser parte del bloque de constitucionalidad. Reconocidos juristas – Hernando Yepes Arcila, Hugo Palacios Mejía y Jaime Castro -  han planeado las graves implicaciones que esto tiene para la institucionalidad del País. Como economista creo que eso pone en riesgo la estabilidad macroeconómica y limita la libertad de acción y la política pública de dos gobiernos. En mi condición de simple ciudadano considero que es profundamente antidemocrático reformar la constitución mediante un procedimiento insólito que desconoce las facultades del Congreso y los procedimientos de reforma previstos en la constitución. Entiendo que esta es una pretensión de las FARC que tiene el propósito de “blindar” los acuerdos. Las FARC deberían entender que el blindaje de los acuerdos es antes que nada político y éste depende de la aceptación ampliamente mayoritaria de la ciudadanía.

2.    Desarrollo normativo de los Acuerdos. La agenda normativa para el desarrollo de los acuerdos es amplia y difusa: allí cabe cualquier cosa.  Además, ya se oyen las voces de quienes reclaman mayor déficit fiscal y mayor endeudamiento público para financiar los gastos que acarrea el cumplimiento de los acuerdos. Por eso, es conveniente excluir expresamente ciertos tópicos que son fundamentales para la estabilidad económica del País. En ningún caso las reformas constitucionales o legales  que deberán adelantarse para dar cumplimiento a los acuerdos deben comprometer el régimen económico y de hacienda pública de la constitución, en particular la autonomía del Banco de la República, el fundamento constitucional de la regla fiscal establecido por el acto legislativo 03 de 2011,  la distribución de recursos y competencias entre la Nación y las entidades territoriales del acto legislativo 07 de 2007, el sistema de regalías y el régimen de servicios públicos.  Los cambios constitucionales y legales que se realicen en el futuro sobre estas materias se harán conforme a los procedimientos legislativos ordinarios y en ningún caso según el procedimiento legislativo especial. 

3.    Jurisdicción especial para la paz. Creo que el aparato judicial paralelo que se pretende montar es excesivo e innecesario. La justicia transicional puede ser aplicada por los organismos judiciales del País. El grueso de los guerrilleros pueden beneficiarse de la amnistía o el indulto, como está previsto en los acuerdos. Los dirigentes de la FARC pueden ser juzgados por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. La JEP debe limitar su jurisdicción a los dirigentes de las FARC y a los militantes sobre los que pesen sindicaciones de delitos de lesa humanidad. Los militares y civiles que tengan causas pendientes con la justicia relacionadas con el conflicto podrán si lo creen conveniente someterse libremente a la JEP. En ningún caso – ni en el de los miembros de las FARC, ni en el de los militares, ni en el de los demás ciudadanos – se tendrán en cuenta informes o acusaciones de terceros; únicamente serán considerados en sus procesos los expedientes y demás documentos aportados por las autoridades judiciales del País.

4.    Participación en política. Aunque excesiva, la garantía de 5 curules en senado y 5 en cámara en las circunscripciones ordinarias debe mantenerse. Las 16 circunscripciones especiales deben abrirse a la participación de todos los partidos y movimientos políticos, tengan o no representación en el congreso. Las ventajas otorgadas al partido de las FARC deben extenderse en las mismas condiciones a los movimientos que carezcan de representación en el congreso y deseen postular candidatos en las circunscripciones ordinarias o en las especiales. Los ciudadanos que voten en las circunscripciones especiales no podrán hacerlo en las circunscripciones departamentales de cámara. Los dirigentes de las FARC que reciban condenas restaurativas de la JEP no podrán participar en las elecciones de ninguna índole hasta tanto hayan cumplido la pena impuesta. En la práctica esto significa que no podrán ser candidatos en las elecciones de 2018, más si en las de 2022. Todos los movimientos y partidos políticos tengan o no personería jurídica o representación en el congreso deben tener participación en los procesos conducentes a la formulación del estatuto de oposición y la reforma del régimen electoral.

5.     Política agraria.  Debo decir que el acuerdo agrario es un claro retroceso en la política agraria del País. No obstante, si se deja actuar libremente a los campesinos y empresarios, la visión del sector agropecuario que se pretende implantar será barrida por la fuerza de los hechos económicos. Para ello, los campesinos que reciban tierra del fondo de distribución de tierras deben poder disponer libremente, y en cualquier momento, de su propiedad, sin restricción alguna. Todos los campesinos y en especial los de las Zonas de Reserva Campesina deben también poder explotar sus talentos naturales, emplear trabajo asalariado, acrecentar el tamaño de sus parcelas, disponer libremente de su propiedad y venderla a quien deseen a un precio libremente acordado. Esos campesinos, como todos los colombianos, deben tener libertad económica, pues sin ésta no hay libertad política ni libertad de ningún tipo. Para garantizar a los campesinos el derecho a la salida de las ZRC, el gobierno se compromete a adquirir las UAF que se le ofrezcan por su precio de mercado, es decir, al precio de propiedades de características similares que no hagan parte de ninguna ZRC. El sistema de subsidios y transferencias que sustenta el modelo agrario de los acuerdos debe estar limitado temporalmente a cinco años y ser consistente con las restricciones fiscales y presupuestales. Es decir, todo gasto público a cargo de la Nación que se derive de los acuerdos debe incorporarse al presupuesto general de la Nación, como cualquier otro gasto: es decir, como una autorización de gasto sujeta a disponibilidad presupuestal, o sea: mantener el principio de que un gasto se ejecuta si la restricción presupuestal lo permite, y de lo contrario no. Esto aplica no solo para los gastos asociados al cumplimiento del acuerdo agrario sino también para todos los que se derivan de los demás acuerdos. 

6.    El problema del narcotráfico. La solución al problema del narcotráfico pasa por su descriminalización total. La descriminalización de la marihuana debe hacerse de forma inmediata, en un plazo no mayor de un año, como ya lo hicieron países como Uruguay, Holanda, Portugal y varios estados de los Estados Unidos sin verse obligados a denunciar la Convención de Viena de 1988. Se debe crear una comisión de expertos para que seis meses después de la firma de acuerdo final presente el procedimiento y el cronograma de descriminalización de la producción, comercialización y consumo de todas las drogas ilícitas. La descriminalización total debe estar concluida en dos años después de la firma del acuerdo ajustado.

LGVA

Octubre de 2016.