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jueves, 31 de marzo de 2016

¿9.7 millones de toneladas de comida perdida?: Cifra Imposible.

¿9.7 millones de toneladas de comida perdida?: Cifra Imposible.


Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Universidad EAFIT


El director del Departamento Nacional de Planeación reveló recientemente los resultados de un estudio según el cual en el País se estarían desperdiciando 9,76 millones de toneladas de comida, una tercera parte de la oferta disponible. Esta cifra, que con razón ha provocado la reacción indignada de las gentes de buena voluntad, tiene un solo problema: es imposible. Veamos.

En la página del DNP aparece una gráfica donde se desglosa la comida desperdiciada en varios rubros. Según esa información, anualmente se pierden 6.1 millones de toneladas de frutas y verduras; 2,4 millones de raíces y tubérculos; 772 mil de cereales; 269 mil de cárnicos; 148 mil de granos; 50 mil de pescado y 29 mil de lácteos. El grueso del problema está en los dos primeros rubros de los que se estarían perdiendo 8.5 millones de toneladas. Basta pues con referirse a ellos.

La Encuesta Nacional Agropecuaria del DANE de 2014 indaga por la producción anual de 37 productos. No están allí ni el arroz ni la caña de azúcar cuya información se recolecta al parecer por otros instrumentos. Dejando de lado el café, el tabaco, el algodón y la caña panelera, los 33 productos restantes de la ENA se agruparon en tres categorías, a saber: frutas y verduras, de las que se produjeron 4.239.412 toneladas; raíces y tubérculos, con una producción de 2.367.035 toneladas y granos con una producción de 891.979 toneladas. La tabla 1 presenta los resultados y los compara con las estimaciones de pérdidas del DNP. Definitivamente las cosas no cuadran: en frutas y verduras la pérdida es un 43% superior a la producción y en raíces y tubérculos es prácticamente igual. La única cifra que tiene algún sentido es la de granos.
Tabla 1


En raíces y tubérculos están incluidos la papa y la yuca, solamente. Pero es dudoso que la arracacha y el ñame alcancen un volumen que dé sentido a las cifras del DNP.  En frutas y verduras están incluidos los siguientes productos: arveja, cebolla cabezona, cebolla larga, tomate, zanahoria, hortalizas, banano doméstico, mango, naranja, plátano, aguacate, curaba, granadilla, guanábana, guayaba, limón, lulo, mandarina, maracuyá, mora, papaya, piña, pitahaya, tomate de árbol y otras frutas.

Las cosas no mejoran, por el contrario, empeoran cuando se tienen en cuenta las importaciones y exportaciones para estimar la oferta disponible. De las estadísticas de comercio exterior del DANE se toman los datos de importaciones y exportaciones según la clasificación central de producto. Son los cuadros 9A y 11, respectivamente. Interesan dos agrupaciones: “legumbres, hortalizas, raíces y tubérculos”, de una parte; y “frutas y nueces”, de la otra. Estas agrupaciones no coinciden con las empleadas en el estudio del DNP, pero sí en el agregado. La tabla 2 muestra los resultados. Al considerar el comercio exterior, la oferta disponible de alimentos – frutas, verduras, raíces, tubérculos – es de 6.162.209 toneladas en tanto que las pérdidas son de 8.500.000 toneladas. Se estarían perdiendo 2.3 millones de toneladas por encima de la oferta disponible.

Tabla 2


El dato resultante de oferta disponible de la tabla 2 parece tener bastante sentido. Para unos 49 millones de habitantes que puede ser la población del País, se tendría una oferta disponible anual de 126 kilos por habitante. FEDEPAPA estima el consumo per cápita de este tubérculo en 60 kilos anuales. Si asumimos como cierto ese dato, quedan 66 kilos.

En la página de Ministerio de Agricultura hay una nota titulada “En Colombia 35% de las personas no consumen frutas y 70% no consume hortalizas diariamente”. Esa noticia daba cuenta del 1er Congreso Nacional de Promoción al Consumo de Frutas y Hortalizas, realizado en julio de 2015. En dicho evento, el presidente de la junta directiva de ASOHORFRUCOL señaló que “según la OMS la ingesta diaria mínima de consumo de productos hortifrutìcolas es de 400 gramos, Colombia está en 100 gramos”.  Si esto es verdad, el consumo anual per-cápita de frutas y verduras sería de unos 36 kilos. Quedan 30 kilos.

En esos 30 kilos está incluida la yuca que tiene muchos usos industriales. Si asumimos un consumo per cápita de yuca de 5 a 10 kilos anuales, quedaría una pérdida per cápita de entre 25 y 20 kilos. Las pérdidas estarían pues entre un 16% y un 20% de la oferta disponible. Es decir, entre 1 y 1.25 millones de toneladas anuales.

LGVA
Marzo de 2016.



sábado, 19 de marzo de 2016

Manuel Ignacio Dussan Villaveces: arquitecto del mercado eléctrico

Manuel Ignacio Dussan Villaveces: arquitecto del mercado eléctrico

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Universidad EAFIT

El 25 de octubre del 1998 el periódico El Tiempo publicó una nota titulada “La parejita gaseosa” refiriéndose a un par de consultores contratados por el Ministerio de Minas y Energía con el objeto formular propuestas regulatorias para el mercado de gas combustible. Se trataba Evamarìa Uribe Tobón y de su esposo Manuel Ignacio Dussan Villaveces quienes regresaban al País después de desempeñarse durante cuatro años como funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo. Manuel Ignacio falleció el 17 de marzo después de luchar, firmemente acompañado por Evamarìa, con un agresivo cáncer que lo aquejaba desde hace dos años.


La parejita gaseosa inicialmente fue una parejita eléctrica pues se conocieron y se enamoraron cuando se desempeñaban como expertos comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas en 1994. Allí, en la novísima CREG, con Fernando Barrera Quintero, dieron desarrollo regulatorio a las disposiciones de las leyes 142 y 143. Durante el breve y fructífero período en que permanecieron en la CREG se expidieron las resoluciones que pusieron en funcionamiento el mercado eléctrico y sentaron las bases de la regulación de las actividades de comercialización, distribución y transmisión.

Manuel Ignacio había llegado al País después de trabajar durante unos 15 años como funcionario de la banca multilateral con sede en Washington. Ingeniero eléctrico de la Universidad de los Andes y Magister en Sistemas de Potencia de la Universidad de Northwestern, inició su brillante carrera profesional en ISA de donde se retiró, en 1978, cuando se desempeñaba como gerente de operaciones para emprender su largo periplo de consultor internacional. No quiso el destino que en aquel entonces su vida se cruzara con la de Evamarìa quien, en ese mismo año, pocos días después de su retiro, ingresaba como analista de la gerencia financiera entonces a cargo de Jorge Eduardo Cock. Se encontrarían quince años después para tejer una profunda relación basada en la única sustancia duradera del amor: la admiración y el respeto mutuos.

La mayor parte de la vida profesional de Manuel Ignacio fue la de un trotamundos: asesorando, bien como funcionario de la banca multilateral o como consultor independiente, gobiernos y entidades en el diseño de mercados de energía, evaluación de proyectos y regulación y planeación del sector energético. Fueron muchos los países de América Latina y de Europa del Este en los que dejó la huella de su inteligencia y su consejo prudente y moderado.

Uno de los rasgos más destacados de su personalidad fue la forma mesurada y desapasionada de exponer y sustentar sus puntos de vista, casi rayana en el desapego y ajena a todo dogmatismo. Seguía al parecer la recomendación del Secretario Florentino según la cual le corresponde al consejero  "decir su opinión sin pasión y sin pasión y con modestia defenderla", consciente quizás de que es el decisor, no el consultor, quien se juega el pellejo con la adopción de la política recomendada.

Hablaba pasito, en tono menor, en ocasiones apenas susurraba y en esos momentos las demás voces se callaban y las orejas se ponían alertas conscientes de que iban a escuchar de su boca palabras cargadas de inteligencia, de buen juicio y sensatez. Como todos los que tuvieron el privilegio de tratarlo aprendí muchas cosas de él y admiré siempre su distinción personal y su elegancia intelectual.  Gracias por mucho, Manuel.

LGVA
Marzo de 2016.


sábado, 12 de marzo de 2016

Multas al consumo de licor y drogas en el espacio público: ¿Combate a la inseguridad o atentando contra la libertad individual?

Multas al consumo de licor y drogas en el espacio público: ¿Combate a la inseguridad o atentando contra la libertad individual?

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Docente Universidad EAFIT

En 2015, según la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC) del DANE, el 12% de los habitantes de Medellín mayores de 15 años reportó haber sido víctima de alguno de los delitos indagados por la encuesta: hurto a personas o residencias, riñas y peleas, robo de vehículos y extorsión. Casi cuatro puntos porcentuales menos que en 2014. La tasa de denuncia – el porcentaje de delitos cometidos que fueron reportados a las autoridades – aumentó ligeramente, al tiempo que disminuyó en 8 puntos porcentuales la percepción de inseguridad.  


Ciertamente hay una mejoría. No obstante, la aplicación de esos porcentajes, que según el DANE son representativos, al conjunto de la población mayor de 15 años para obtener así una estimación de los delitos cometidos en cada uno de los últimos 4 años no deja gran espacio a la autocomplacencia que en esa materia gustan de exhibir las autoridades. En los últimos 4 años se habrían cometido en Medellín 1.213.112 de esos delitos, es decir, 831 diarios o 35 cada hora.  

Según las autoridades se registra una importante reducción en la tasa de homicidios lo que ha permitido que la Ciudad salga del ominoso ranking de las 50 más inseguras de mundo.  No obstante, parece que los criminales no se resignan a perder figuración y en enero cometieron 44 homicidios, 11 más que en el mismo mes del año pasado[1]. La ECSC no desagrega la tasa de victimización por extorsión, pero según un estudio de la Universidad de Antioquia esta modalidad criminal se enseñorea en 247 de los 308 barrios de Medellín[2] donde son extorsionados tenderos, taxistas, conductores de bus y hasta los recicladores de basura.

Gráfica 1.


La ECSC solo se aplica en 28 ciudades capitales del País, no ofrece información departamental. Sin embargo. además de lo que significan las cifras de Medellín en el conjunto de Antioquia, existen indicadores que sugieren que en el Departamento la situación de seguridad ciudadana está lejos de ser halagüeña. En 2015 se registraron 969 homicidios, 113 más que en 2014[3]: se pasó de 13 a 15 homicidios por 100.000 habitantes. Según la Fundación País Libre, entre enero y septiembre de 2014 se reportaron en Antioquia 20 casos de secuestro y 440 de extorsión, más que en cualquier otro departamento y el 8% de las reportadas en todo el País[4].  Al parecer este delito está golpeando especialmente el Bajo Cauca – en Caucasia, se dice, todo mundo está extorsionado[5]- y el Oriente del Departamento, donde las autoridades tuvieron la ocurrencia de organizar, en diciembre pasado, una prueba atlética para combatirlo[6].  También en Urabá parece ser importante la incidencia de la extorsión, con el agravante de que, en 2014, algunos miembros de la policía decidieron establecerse por cuenta propia en este negocio[7].

Seguramente este panorama de inseguridad en Medellín y Antioquia fue tenido en cuenta hace unos meses por los entonces candidatos a la alcaldía y a la gobernación, los señores Gutierrez y Pérez, cuando prometieron combatir la inseguridad con todos los medios a su alcance. Hoy, ya en su condición de titulares de esos cargos, anuncian con bombos y platillos la primera gran medida de ese señero combate: la imposición de comparendos y multas a quienes ingieran alcohol o fumen marihuana en espacio público.

“Controlar el expendio y consumo de licor en espacios públicos de Medellín es el nuevo objetivo de la Policía y del secretario de Seguridad, Gustavo Villegas” se lee en nota publicada en El Colombiano el pasado 2 de marzo. El señor Villegas explica que, según la ordenanza 018 de 2012, el expendio y consumo de licor en espacio público es una contravención de policía que se sanciona con una multa de uno a cinco salarios mínimos mensuales. Y ¿cuál es el objetivo? Reducir las más de 15.000 riñas que se presentan al mes en la Ciudad, dice el señor Villegas.  Por su parte, el comandante operativo de la policía, el coronel Vásquez, se regodea diciendo que se busca “erradicar los malos hábitos” que han tenido los medellinenses. “El consumo de licor en parques como El Periodista, Lleras y El Poblado son malas costumbres, pero le apuntamos a erradicarlas con educación, poniendo a la gente en el contexto de la norma”, acota el coronel[8]

No es menos patética la presentación que de su novedosa política de aplicación de comparendos a los consumidores de droga en espacios públicos hizo el señor gobernador Luis Pérez. Lo hizo en el marco de un consejo de seguridad realizado el 8 de marzo en el que se comprometió a hacer de Antioquia “el territorio más pacífico del País”. Señaló que para adelantar esa política “nosotros tenemos una ordenanza del año 2002 que permite que multemos a los que están en el espacio público usando droga.”. Y añadió: “Estas multas todas las vamos a recoger en la Gobernación de Antioquia y si no pagan en los 30 días siguientes, vamos a hacer un listado de morosos y vamos a publicar a todos aquellos como una labor pedagógica, con el fin de que empecemos a generar un castigo social”[9]. ¡Qué tal esa: castigo social! ¿Por qué no la hoguera?

El asesinato, el hurto, el asalto, el robo, el secuestro o la extorsión son delitos que los hombres de todas las épocas y latitudes reconocen como tales de forma casi instintiva porque se trata de agresiones a la persona o a la propiedad. Son actos inherentemente malos: malum in se. El contrabando, el tráfico de drogas, la prostitución, los juegos de azar o el expendio y consumo de licor en el espacio público son actividades convertidas en delitos por disposición de los gobiernos. Son actos malos porque son prohibido: malum prohibitum.

La corrupción policial surge especialmente en las actividades convertidas en delito en virtud de la ley por el hecho elemental de que la sociedad es más tolerante con ellas. El consumo de licor en los parques puede molestar a muchas personas, pero seguramente éstas se sentirán considerablemente más molestas e inseguras por el aumento de los asesinatos, el hurto o la extorsión. Al decretar la guerra al expendio y consumo de licor en el espacio público, las autoridades les están otorgando a los agentes de policía asignados a dicha tarea el poder de vender licencias extraoficiales a las personas que realizan esas actividades – los vendedores y compradores de licor o marihuana-  que están dispuestas a pagar el precio que el mercado les asignará inevitablemente a esas licencias.  Seguramente serán más costosas los fines de semana y en los lugares donde abundan los jóvenes consumidores con mayor poder de compra y su precio debe situarse, por ejemplo, en algún punto de la brecha entre el precio de la cerveza en espacio público y el precio cobrado en los bares y cantinas de los alrededores de los parques que serán objeto de la vigilancia y cuyos propietarios, dicho sea de paso, serán los grandes beneficiarios de esa intervención pues verán incrementada su demanda y podrán cobrar más dinero por sus servicios.

Por otra parte, como la policía no puede otorgar sus licencias a todos los vendedores de licores o drogas que concurren en el mercado pues el precio de estás se vendría al suelo, terminará por establecer tratos con uno o con pocos de ellos por lo que se configurarán monopolios u oligopolios en los diferentes parques sometidos a control. Esto elevará el precio del licor y la droga. Pero más grave aún, como las licencias no pueden asignarse en subasta pública o mediante otro procedimiento competitivo no es improbable que su obtención desate enfrentamientos entre los vendedores, especialmente los de droga, elevando la inseguridad en los parques y poniendo a los jóvenes que los frecuentan en riesgo de ser víctimas de esos enfrentamientos.

Contrariamente a lo que parece creer el señor Villegas, los parques donde se reúnen los jóvenes son sitios relativamente seguros y las quince mil riñas mensuales solo existen en su imaginación. Según el ECSC la tasa de incidencia de las “riñas y peleas” fue de 1,5% en 2015. Aplicado este porcentaje a la población arroja un total de 30.204 riñas al año, es decir, una 2.517 por mes, cifra bastante lejana de las 15.000 de las que habla el señor Villegas.  Adicionalmente, la percepción de inseguridad en los parques de la Ciudad es menor que en cualquier otro espacio público como lo reporta la ECSC de 2015, cuyos resultados se reproducen en la gráfica 2.

Gráfica 2


La decisión de convertir en delincuentes a los grupos de jóvenes que en las noches de los fines de semana beben cerveza o fuman marihuana en el Parque de El Poblado, en Ciudad del Rio, en el barrio Carlos E. Restrepo, en el Parque del Periodista y otros sitios de encuentro de la Ciudad tendrá las siguientes consecuencias:

·         Aumento de los actos inherentemente delictivos - asesinato, el hurto, el asalto, el robo, el secuestro – pues una parte considerable del pie de fuerza policial, de cuya precariedad se quejan siempre las autoridades civiles, dejará de perseguir a los delincuentes para perseguir en su lugar a los jóvenes que beben cerveza o fuman marihuana en los parques de la Ciudad y a quienes les proveen esos artículos.

·         Aumento de la corrupción policial al crearse para los agentes de policía el negocio de venta de franquicias y licencias extraoficiales para permitir y tolerar el consumo de licores y droga en el espacio público.

·         Aumento del precio de la marihuana y demás sustancias ilegales como consecuencia del mayor costo de las franquicias o licencias para su venta o consumo. Es decir, del mayor costo de la extorsión.

·         Aumento de la demanda y del precio de licores y cerveza en los bares y cantinas de los alrededores de los parques sometidos a vigilancia. Sus propietarios estarán muy agradecidos con el señor Villegas.   

·         Aumento de la violencia y la inseguridad en los parques sometidos a control como consecuencia de los enfrentamientos entre los vendedores, especialmente de drogas, que buscarán hacerse al control monopolístico de esos mercados disputando el soborno a la policía.  

Todo lo anterior puede ser grave, pero más grave aún es la puerta que se abre para que la policía pueda perpetrar nuevos y crecientes atentados contra las libertades individuales de los jóvenes que por el mero hecho de estar en los parques de su Ciudad serán observados, vigilados, inspeccionados, controlados, requisados, manoseados, sermoneados, hostigados, seguidos, ridiculizados y multados; y, ante el menor signo de resistencia, podrán ser reprimidos, maltratados, golpeados o encarcelados; y si no pagan las mulatas serán anotados en listas negras para ser sometidos al escarnio público como lo quiere el gobernador.

LGVA
Marzo de 2016.






[4] Fundación País Libre. Libertad y Seguridad. Boletín No 16. Enero-septiembre de 2014. http://www.paislibre.org/images/Boletin_seguridad_N16_FPL.pdf

jueves, 25 de febrero de 2016

El precio del cilantro, el Ministro de Agricultura y Mamertonio.

El precio del cilantro, el Ministro de Agricultura y Mamertonio.

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Universidad EAFIT

I

“Si ves, ya lo dijo el Ministro, esos intermediarios son los causantes de la inflación”. 

Esta fue la frase que soltó, sin saludarme siquiera, mi amigo Mamertonio, el lunes pasado hace quince días, cuando me llamó por celular a contarme que el Ministro de Agricultura estaba explicando en la radio las causas de la inflación.

-          A ver, hombre Mamertonio, que fue lo que dijo el Ministro.

-          Pues casi nada. Que con el cuento del Niño se elevan los precios, pero los intermediarios se quedan con todo y que el productor recibe prácticamente lo mismo.

-          ¿Cómo así?

-          Pues muy sencillo, mira el ejemplo que puso el Ministro, el del cilantro. En las grandes superficies la ramita se vende a $ 700 y el productor recibe $ 100. Es decir, un incremento de 600%. ¿Cuál es el valor agregado?  Como dice el Ministro, no será la bolsita que le ponen en el almacén.

-          Realmente la bolsita no es el valor agregado. Más que la bolsita lo que cuenta es la ubicación de la ramita de cilantro en un lugar del espacio y en un momento del tiempo. Si la ramita de cilantro está en los estantes de La Carísima, la tienda que queda a media cuadra de tu casa, un lunes a las 8 de la mañana probablemente la ramita con bolsita incluida tenga para ti un valor por lo menos igual al precio de $ 700 que le ponen los de la tienda. Recuerda, Mamertonio, un bien es algo con ciertas propiedades físicas y una localización en el espacio y el tiempo.

-          No me eches otra vez ese cuento neo-liberal con el que justificas a los capitalistas acaparadores y especuladores que aprovechan cualquier oportunidad para forrarse a costa del consumidor.

-           Pero hombre Mamertonio, lo que ocurre es que….

-          Nada de peros, no me digas nada de tus cuentos de economista. Déjalos para tus pobres alumnos de la Universidad. El Ministro tiene razón. Hay que eliminar todos esos intermediarios y comprarles directamente a los productores. Lo voy a hacer para demostrarte que si hay abuso y especulación, ya lo verás.

II

Ocho días más tarde volví a encontrar a Mamertonio. Al verme, con aire triunfal, me espetó:

-          Ven a ver economista de pacotilla. Ya tengo la prueba de que el Ministro tenía razón. Todas las verduras, legumbres y frutas de una semana que me habrían costado $ 100.000 en La Carísima, las compré directamente a los productores por $ 20.000. La quinta parte nada más. En tu tienda ese mercado cuesta 400% más. ¡Qué tal esa!  

-          Qué maravilla Mamertonio, ¿cómo hiciste?

-          Muy sencillo. Me fui para La Unión y allí compré las papas, de las capiras, así de grandes, no esas chumbimbas que venden en la tienda esa de la esquina de mi casa.  Me bajé por el Carmen de Viboral y compré el frijol.  Buenísimo, puro cargamanto. Después seguí para El Santuario y, a borde de carretera, le compré a un mismo campesino la zanahoria, la habichuela, las lechugas y la arveja, ya desgranada. Me devolví por Guarne y compré la papa criolla. Por la autopista norte me fui para Barbosa y allá por el Hatillo compré piñas, mangos, naranjas y mandarinas. Me fui por Matasanos y en Santa Rosa de Osos compré papaya, ahuyama, mora, vitoria y brevas.

-          Bueno, ¿y cuanto te demoraste haciendo todas esas compras, Mamertonio?

-          Salí de mi casa a las seis de la mañana y volví a las once de la noche.

-          ¿Cuánto tiempo te gastas cuando compras en La Carísima?  

-          Media hora.

-          ¿Y cuanta gasolina te gastaste en ese recorrido?

-          Casi un tanque. ¿Y eso que tiene que ver?

-      Dejaste de trabajar un día. ¿Cuánto te ganas diariamente en tu consultorio odontológico, Mamertonio?

-       Y eso a vos que te importa. ¿Me estás haciendo las cuentas?

-         No Mamertonio, lo que ocurre es que la gasolina que te gastaste y los ingresos que dejaste de percibir son tu costo de oportunidad o el costo que evitas cuando compras por $ 100.000 en la tienda lo que compraste por $ 20.000 en tu extraordinario recorrido. Con seguridad eso es mucha más plata que los $ 80.000 que te ahorraste. Ese es el valor agregado para ti por los intermediarios especuladores.

-          No, no me vengas con ese cuento del costo de oportunidad. Veinte mil es la quinta parte de cien mil. Eso no tiene vuelta de hoja. Y el Ministro tiene razón.

-          ¿Y vas a seguir haciendo eso todas las semanas?

-          Pues claro que no. No puedo dejar tirado el consultorio.

-          ¿Compraste el cilantro?

-          No, en Santa Rosa no había y tocaba ir hasta Yarumal y me dio jartera porque ya era muy tarde. El cilantro lo compré en La Carísima.  

-          ¿Te lo vendieron en bolsita?

-          Claro que sí. ¡Faltaba más!

LGVA
Febrero de 2016.


domingo, 21 de febrero de 2016

Carta abierta a Carolina Ramirez y a Juan Felipe Vélez a propósito del video divulgado por Vicky Dávila

Carta abierta a Carolina Ramirez y a Juan Felipe Vélez a propósito del video divulgado por Vicky Dávila

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Docente Universidad EAFIT

Querida Carolina y querido hijo:

Les escribo conjuntamente porque ambos han expresado cierto desconcierto con mi posición sobre el asunto del video divulgado por Vicky Dávila.   Agradezco tu interés, Carolina, por mi punto de vista y voy a tratar de satisfacer tu curiosidad sobre los argumentos que sustentan mi solidaridad con ella, que quise expresar con un modesto trino.  A ti, hijo, te agradezco por tus observaciones que me han obligado a reflexionar más profundamente sobre el tema. A ambos les deseo que conserven y afinen aún más el sentido crítico que los caracteriza pues esa es la base de todo pensamiento libre y racional.  

En primer lugar, pienso que la publicación del video si era relevante teniendo en cuenta el contexto en el que se produce. La divulgación no es un hecho aislado. Se hace en el marco de una investigación periodística de varios meses que está tratando de demostrar la existencia de situaciones de corrupción y de conductas inadecuadas al interior de la policía. El video permite establecer a propósito de ese asunto una relación entre la policía y el congreso, como quiera que en el momento de la grabación el señor involucrado y su interlocutor eran un congresista en ejercicio y un miembro activo de la policía. No soy un experto en asuntos penales o periodísticos, pero creo que en el contexto de la investigación el video en cuestión es un indicio que debía llevar a indagaciones más profundas, a la búsqueda de nuevos elementos probatorios. Esto es lo que han debido hacer los colegas periodistas de Vicky, en lugar de lanzarse a condenarla, de manera casi unánime, con argumentos falaces sobre el respeto a la intimidad personal.

La condena a Vicky Dávila por parte de la mayor parte de sus colegas pone de manifiesto una tremenda hipocresía y, lo que es más grave aún, una profunda incomprensión sobre el significado y fundamento de la libertad de prensa. Voy a tratar inicialmente el primer aspecto, más adelante me ocuparé del segundo que, como verán, es el realmente importante.

El señor en cuestión es un homosexual que al parecer ha ocultado su condición a su familia y a sus allegados. De no ser así no habría razón para el escándalo que se armó. Por supuesto que la decisión de reconocerse públicamente como homosexual es algo que concierne exclusivamente al señor congresista. Al no hacerlo ha decido comportarse como un hipócrita y eso es asunto suyo. Vicky Dávila no tenía por qué saber ni le tenía que importar si el señor era un homosexual vergonzante o no. En el contexto de la situación este es el asunto de menor importancia. Al convertirlo en el más relevante no se está haciendo otra cosa que llevar la hipocresía, que no la intimidad, al rango de derecho humano. De paso han enterrado una investigación que debía llevar a poner de manifiesto la grave crisis interna de la policía y la seguridad ciudadana.

Pasemos ahora a lo que realmente es importante. Creo que en este asunto lo que está en juego es el significado de la libertad de prensa y, en general, de la libertad de expresión. En una entrevista concedida a la periodista Patricia Janiot, el Presidente de la República manifestó, a manera de pregunta, que la divulgación del video no era una forma adecuada de hacer periodismo. La señora Janiot confesó no haber visto el video. Posteriormente, toda una serie de encumbrados periodistas salieron a suscribir el juicio presidencial sobre la forma de hacer periodismo.

A mi juicio, el Presidente no tiene por qué emitir ningún juicio sobre la forma de hacer periodismo de Vicky Dávila o de cualquier otro periodista. Aunque parece insignificante, esta es una intromisión en la libertad de prensa de la misma naturaleza que las de un Correa o un Maduro, que no se disculpa por el hecho de que haya querido matizarla diciendo que esa opinión la expresaba “como periodista”. Pues no, no hay disculpa alguna. El Presidente de la República no deja nunca de ser el presidente y todo lo que diga o haga lo hace desde esa condición y tiene las implicaciones que de ella se derivan. Muy seguramente el doctor Carlos Julio Ardila tuvo en cuenta esta opinión al momento de pedirle la renuncia a Vicky Dávila.

A mí en general no me gusta el periodismo de Vicky Dávila, casi nunca la escucho. Tampoco me gustan Julito, ni Arizmendi, ni los de la blu. En periodismo radial lo que me resulta más potable es Yolanda Ruiz, en RCN, aunque con frecuencia apago el radio cuando ella o sus colaboradores se desbocan de decir tonterías sobre lo humano y lo divino. Cuando era joven leía con avidez El Espectador, El Tiempo y El Colombiano y era fanático de las columnas de opinión. Ahora lo hago menos quizás por el hecho de que, de tanto conocerlos, se por anticipado lo que va a decir sobre cualquier cosa la mayoría de los columnistas colombianos. De hecho, buena parte de ellos, como el muy célebre Antonio Caballero, dicen siempre la misma cosa a propósito de cualquier cosa. Lo importante es que al escuchar o dejar de escuchar un medio, al leer o dejar de leer un periódico estoy ejerciendo mi libertad de elección. Esto lo saben ustedes muy bien, pero lo digo porque me lleva a la cuestión de fondo que quiero abordar.

Cuando uno tiene cabeza de martillo, todo lo ve como un clavo; yo, como economista, por donde paso veo un mercado. La actividad de los periodistas y en general de los intelectuales se ubica en lo que podemos llamar, siguiendo a Coase, “el mercado de las ideas”.  Los economistas y en general la sociedad aceptan que debe existir cierta regulación en los mercados de algunos bienes y servicios para que éstos se suministren en las “condiciones correctas” de cantidad, calidad y precio. He utilizado la expresión “condiciones correctas”, que no es muy propia de la jerga de los economistas, porque me permite acercarme con más claridad a lo que quiero expresar con relación al “mercado de las ideas”.  Al aceptar la regulación de los mercados de bienes y servicios estamos suponiendo que tenemos forma decir con algún fundamento técnico y científico qué es lo “correcto”. Si no fuera así toda profesión se vendría al piso.

Ahora bien, es un hecho ostensible que mucho de lo que se dice, escribe o muestra en los medios de comunicación está lejos de ser “correcto” en cualquier sentido técnico o profesional. Estoy seguro de que muchas veces han experimentado desconcierto, estupor o rabia frente a las tonterías que en materia económica se divulgan en la prensa. Eso mismo debe ocurrirles a los profesionales de otras disciplinas. Tomemos el caso de las terapias milagrosas para combatir la obesidad o elevar el vigor sexual que inundan los medios. Los médicos saben que buena parte de ellas son engañosas e incluso atentatorias contra la salud de las personas. Es decir, son “incorrectas”. ¿No debería entonces regularse la difusión de las ideas sobre ese tipo de terapias? O para volver a nuestro campo, ¿no debería regularse la difusión de las ideas económicas? Porque es evidente que tanto en la medicina, la economía, la ingeniería, el derecho, etc. hay profesionales que están en condiciones de decir qué es lo “correcto”. Si aplicáramos al “mercado de las ideas” las mismas reglas que al mercado de bienes y servicios, los economistas tendríamos que proponer la regulación de mismo pues en casi todos los casos los mercados libres de las ideas no garantizan la cantidad y calidad “correctas”. Sin embargo, uno de los valores fundamentales de occidente es el de la libertad de prensa y expresión, es decir, libertad total en el mercado de las ideas. ¿Cómo es explica esta paradoja? 

Personalmente he resuelto esta paradoja con la ayuda de Tocqueville, quien escribió:

“Confieso que no tengo por la libertad de prensa es amor completo e instantáneo que sentimos por las cosas soberanamente buenas por naturaleza. La amo por la consideración de los males que ella evita más que por los beneficios que produce”.

Tocqueville no era ningún tonto y sabía muy bien que los periodistas no eran ningunos santos y que su poder era considerable:

“En América, la prensa tiene los mismos gustos destructores que en Francia, y la misma violencia sin las mismas causas de su cólera. En América como en Francia ella es esa potencia extraordinaria, extraña mezcla de bienes y de males, que no puede vivir sin la libertad y con la cual el orden establecido apenas puede mantenerse.”

No creía Tocqueville en eso de “prensa libre, pero responsable”, “el respeto a la intimidad”, “las buenas maneras” y todas las tonterías de buen gusto que se estilan para amordazar la prensa:

“En materia de prensa no hay realmente término medio entre la servidumbre y la licencia. Para recoger los bienes inestimables que asegura la libertad de prensa, hay que saber someterse a los males inevitables que hace nacer”

Sigo a Tocqueville al pie de la letra. La prensa debe ser totalmente libre, aunque caiga en la licencia. Por eso, cuando el Presidente de la República juzga a Vicky Dávila está atentando contra la libertad de prensa. Sus colegas periodista, empezando por la encumbrada señora Janiot, en lugar de unirse al Presidente y propagar el cuento de la intimidad y todo lo demás, han debido denunciar esa intromisión contra la libertad de prensa y ponerse al lado de Vicky Dávila.  Yo lo hice, por las razones expuestas.

Un abrazo,

LG. 

jueves, 18 de febrero de 2016

Crisis de la policía o crisis de seguridad ciudadana: más allá de la comunidad del anillo

Crisis de la policía o crisis de seguridad ciudadana: más allá de la comunidad del anillo

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Docente Universidad EAFIT

La policía nacional presta un mal servicio, cada vez peor con el correr de los años y ello a pesar de los ingentes recursos presupuestales que recibe. Entre 2004 y 2014, la población colombiana creció un 12%, al tiempo que el número de delitos de toda índole, reportados en las estadísticas oficiales de la policía, lo hizo en 122%. Entre ambas fechas, el número de delitos por cada 100.000 habitantes pasó de 714 a 1408.
Gráfico 1


Pero las cosas son aún peores. Según la Encuesta DANE de Convivencia y Seguridad Ciudadana de 2015, realizada entre abril y junio en 28 ciudades a 17.491 personas de 15 o más años, el 17,3% de ellas sufrieron al menos un delito durante 2014. Si asumimos que la muestra es representativa de la población, en ese año habría sido víctima de por lo menos un delito la friolera de 6.018.531 de personas, es decir, se habrían perpetrado 12.628 delitos por cada 100.000 habitantes. Ahora bien, según esa misma encuesta, el porcentaje de denuncia es el 23,9% de los delitos. Aplicando esa cifra a los 671.243 delitos reportados en las estadísticas de la policía se tiene que, en 2014, se habrían cometido 2.808.548 delitos, es decir 5.893 por cada cien mil habitantes. ¡Háganme el favor! Por cualquier lado que se mire la situación de seguridad en el País es catastrófica.

En la Revista Criminalidad se presentan una serie de estadísticas sobre la actividad operativa de la policía. Se mencionan indicadores como mercancía incautada, vehículos recuperados, artefactos desactivados, droga incautada, hectáreas asperjadas, etc. Pero finalmente los delitos son cometidos por personas razón por la cual el indicador más adecuado de la actividad operativa de la policía es el número de personas capturadas con relación al número de delitos. En 2004, la policía reporta la captura de 323.199 personas frente a 320.697 delitos, es decir, 107 capturados por 100 delitos. En 2014, por los 671.243 delitos conocidos por la policía se capturaron 272.835 presuntos delincuentes, es decir, 41 capturados por cada 100 delitos.

Gráfico 2


Entre 2004 y 2014 el presupuesto de defensa y policía pasó de 11 a 27 billones de pesos, lo que supone un crecimiento de 142% en pesos corrientes y de 64% en términos reales. Para que se tenga una mejor idea del significado de las cifras, en la gráfica 3 los datos se presentan en pesos de diciembre de 2015.


Gráfico 3


En 2014, el de la policía representó aproximadamente el 30% del presupuesto total de defensa y policía. Como las estadísticas de la Dirección de Presupuesto del MHCP no desagregan, se asume este porcentaje para estimar el presupuesto correspondiente a la policía en todo el período considerado. Tomando las cifras de población del DANE puede calcularse el gasto público en seguridad policial por habitante en pesos de diciembre de 2015. Esto se presenta en el gráfico 4. Entre 2004 y 2014 dicho gasto creció 47% real.

Gráfico 4


La Policía Nacional de Colombia (PNC) es una empresa del estado encargada de prestar el servicio de seguridad en todo el territorio nacional. A pesar, o quizás a causa de ello, de gozar de privilegios legales y de una financiación garantizada y creciente del presupuesto público, la PNC ha perdido mercado frente a las empresas de seguridad privada, legales e ilegales. De las primeras, es decir, de las vigiladas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, existen 740 que emplearon 240.103 personas – la PNC tiene unos 160.000 uniformados -  y facturaron 7.5 billones de pesos en 2014, cifra casi igual al presupuesto de la PNC en ese mismo año. De las segundas no se tienen cifras precisas, pero se sabe de su existencia en las principales ciudades del País.

Gráfico 5


El crecimiento de la seguridad privada – legal e ilegal – es también prueba palmaria del fracaso de la PNC en el desempeño de sus funciones. La naturaleza detesta el vacío, decía Aristóteles.  Las empresas legales de seguridad privada y las bandas ilegales al parecer surgen para suplir una demanda de seguridad que la PNC es incapaz de satisfacer. Los que pueden pagarse su seguridad privada debidamente legalizada lo hacen; los que no, es decir los más pobres, quedan sometidos a la extorsión de las bandas – o ¿será mejor decir empresas? – ilegales que imponen la compra de sus servicios en los territorios bajo su control.  En Medellín se les denomina “combos”. Se sabe que son 239, con presencia en 15 de las 16 comunas de la Ciudad. Se conocen sus nombres – los mondongueros, los bananeros, los lecheros, los edificios, los del hueco de María y un largo etcétera -  y su localización territorial. Sin embargo, la PNC hace poco o nada para combatirlos. ¿Por qué razón no los combate?

La gente vive en una ciudad, en un barrio, en una casa. Decir que se vive en Antioquia o Colombia es una abstracción. El ciudadano es asaltado en las calles de su ciudad, en las esquinas su barrio o en su propia casa o negocio. La seguridad de la vida y las propiedades es un asunto local. La Constitución parece reconocer este hecho al proclamar, en el artículo 315, que “el alcalde es la primera autoridad de policía del municipio”. Y añade que: “La policía cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante”. Aquí está el quid de la cuestión.  

La PNC es una entidad nacional y eso lo saben todos los policías, desde el más humilde dragoneante hasta el más encumbrado general. Saben que nombramientos, remuneración, ascensos, traslados no dependen en nada de la “primera autoridad de policía del municipio” y muy poco de su desempeño efectivo en la localidad a la que están asignados. Cuando las empresas de seguridad privada, legales e ilegales, suplen las demandas de seguridad, los miembros de la PNC no pierden nada, no pierden mercado y en poco o nada se afectan su remuneración ni sus condiciones laborales. La oficialidad sabe también que su permanencia y ascensos dependen del poder presidencial y del congreso y en consecuencia se dedican a cortejarlos.    

En Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la mayor parte de los países de la Unión Europea existen varios niveles del servicio público de policía, incluida, por supuesto, una policía municipal. En distintos períodos de la historia colombiana existieron policías departamentales y municipales a órdenes de gobernadores y alcaldes. Esto es más coherente con el principio de subsidiaridad de la acción estatal y con la tradición y los valores genuinamente liberales. Una policía municipal dependiendo del alcalde permitiría una mejor alineación de los incentivos y generaría entre los municipios una competencia en la oferta de seguridad. Las empresas y las personas podrían votar con los pies instalándose en aquellos municipios que tengan las policías públicas y privadas más eficientes y menos corruptas. 

En síntesis: el número de delitos de toda índole padecidos por la población colombiana ha crecido en los últimos años, al tiempo que eficiencia operativa de la policía, medida por el número de capturas en relación a los delitos, ha disminuido; ello a pesar del incremento en el gasto público por habitante en seguridad ciudadana. Pero el crecimiento del gasto de los ciudadanos en seguridad es aún mayor como quiera que el vacío dejado por la PNC ha sido llenado por agencias privadas de seguridad legales e ilegales. La crisis de seguridad del País, como se ha puesto en evidencia, es profunda y afecta especialmente a la gente más pobre. Es necesario sacar la discusión del terreno deplorable en el que está y pensar en una solución radical que puede pasar por la disolución de la PNC y la adopción de un modelo de policía civil, descentralizada y municipal y la posibilidad de que los municipios contraten servicios de seguridad con empresas privadas. 

LGVA
Febrero de 2016.