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domingo, 15 de mayo de 2022

CIUDADANOS DE MEDELLÍN CON FICO*

 

CIUDADANOS DE MEDELLÍN CON FICO*

Los firmantes ciudadanos de Medellín – vinculados a diversos campos de actividad y con distintas orientaciones políticas – queremos expresar nuestro respaldo a Federico Gutiérrez porque su candidatura representa los valores fundamentales de nuestra sociedad con los cuales nos identificamos plenamente:

1.   La libertad es inherente a la condición humana, es el valor político supremo y el principal deber del gobierno es respetarla, protegerla y ampliarla en todas sus manifestaciones.

 

2.   Adhesión total a la democracia como método de elección de los gobernantes y de toma de decisiones colectivas y respeto al estado de derecho por parte de gobernantes y gobernados.

 

3.   La economía de mercado y de propiedad privada es condición del progreso económico y de las mejoras sociales y es deber del gobierno respetarla y preservarla.

 

4.   Entendemos que es necesario seguir impulsando las reformas institucionales coherentes y pertinentes para continuar reduciendo la pobreza y la desigualdad. 

 

5.   Respaldo total a nuestras Fuerzas Armadas – Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía Nacional - como garantes de la soberanía, el orden público y la preservación de las libertades, la democracia y el estado de derecho.

 

Invitamos a todos los ciudadanos a votar masivamente por Fico Gutiérrez quien, como alcalde de Medellín, dio prueba de pulcritud, eficiencia y humanidad en el ejercicio de la autoridad y el manejo de los recursos públicos.



Hacemos un llamado al Gobierno Nacional, a las entidades de vigilancia y control, a la comunidad internacional y a la ciudadanía toda a ejercer una extrema vigilancia para garantizar la pureza del sufragio y el respeto a los resultados de las elecciones.

Medellín, mayo 15 de 2022.

  1. Luis Guillermo Vélez Álvarez, Economista, Docente universitario, CC 70.063.180.
  2. Gloria Cecilia Tamayo Ortiz, Economista, CC 32.516.541.
  3. Rosmery Velásquez, Abogada, CC 32.410.308.
  4. Fernando Moreno Ortiz, Abogado, CC 8.281.322.
  5. Diego Uribe U. Ingeniero, Ex – gerente de EPM, CC 8.301.965
  6. Julio Jaime Calderón A. Empresario, Gerente POTÉNTUM, CC 70.060.508.
  7. Judhy Stella Velásquez. Abogada-Economista, CC 32.431.779
  8. Diego Fernando Gómez S. Economista, Docente Universitario. CC 70.557.316
  9. Isaac Hurtado, Economista, CC 1152218236
  10. Germán Cabarcas, Matemático, Docente Universitario, CC 9.063.866
  11. Alberto Rendón, Economista, Ex – embajador en Chile, CC 8239.684.
  12. Mario Hernández M. Economista, CC 10.060.368
  13. Luz Stella Ríos T. Economista, CC 32.433.065
  14. Jorge Mario Ortiz, Administrador, Ex – Rector U de Medellín, CC 70.042.401.
  15. Jaime Francisco Dangond, Abogado, CC 8.352.125
  16. Diana Marcela Zapata, Ingeniera, Consultora Ambiental, CC 42.109.722
  17. John Jairo Vélez A. Abogado Especialista, CC 70.074.599
  18. Nora María Arango O. Administradora, CC 42.997.840
  19. Daniel Villegas Diaz, Economista, CC 8.318.613
  20. Doris Jaramillo Martínez, Abogada, CC 32.534.533
  21. Andrés Bernal Correa, Empresario, CC 98,557.227
  22. Libardo Botero, Economista, CC 8.305.916.
  23. Andrés Julián Rendón, Dirigente Político, Ex – alcalde de Rionegro, CC 15.440.458.
  24. Carlos Eduardo Isaza A. Empresario, Presidente Integral, CC 71.681.952
  25. Mauricio Yepes B. Empresario, Gerente Prestige SAS, CC 70.557.588
  26. Enrique Posada, Ingeniero Consultor, CC 8.292.150
  27. Andrés Felipe Rodriguez P. Empresario, Líder Social, CC 8.127681
  28. Jorge Valencia, Piloto de Helicóptero, CC 71.675.826
  29. Jaime Alberto Peláez, Ingeniero, Ex -EPM, CC 70.073.664
  30. Manuel de Jesús Tabares J. Ingeniero Civil, Ex – EPM, CC 3.350.995
  31. Luis Fernando Mejía R. Ingeniero, Ex – EPM, CC 70.111.144
  32. Heriberto Antonio Castaño S. Ingeniero, Ex – EPM. CC 70.056.198
  33. Martín Mario Cuartas. Ingeniero, Ex – EPM, CC 8.311.371. 
  34. Esteban Rodriguez Santamaría, Empresario, CC 70.054.393
  35. Oscar Darío Pérez P. Representante a la Cámara, CC 70.049.979

36.  Rodrigo Uribe Delgado, Economista, Ex – EPM, CC 70.117.623

37.  José Bernardo Ruiz D. Economista, Ex – EPM, CC 19.106.653

38.  Manuel de J Tabares J., Ingeniero Civil, Ex – EPM, CC 3.350.995

39.  Heriberto Antonio Castaño S. Ingeniero, Ex – EPM, CC 70.056.198

40.  Martín Mario Cuartas, Ingeniero Mecánico, Ex – EPM, CC 8.311.571

41.  Gabriel Jaime Arcila A. Ingeniero Civil, 8.297.968

42.  William Gallego Henao, Ingeniero Civil, CC 70.064.728

43.  Mauricio Córdoba Jaramillo, Ingeniero Civil, CC 70.067.751

44.  Francisco Piedrahita Diaz, Ingeniero Civil, Ex – EPM, CC 70.043.701

45.  Roberto A. Martínez, Ingeniero Civil, CE 138291

46.  Claudia Acosta, Abogada, CC 32.530.559

47.  César Alzate, Arquitecto, CC 70.071.632

48.  Luis Aníbal Galeano L, Empresario, CC 70.099.535

49.  Hugo López Castaño, Economista, CC 8.280.516

50.  Claudia Patricia Gallego, Ingeniera, CC 42777154.

 

 



* Declaración apoyada por 250 ciudadanos de Medellín.

jueves, 12 de mayo de 2022

AFINIA NO DEBE FRACASAR*

 

AFINIA NO DEBE FRACASAR*

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

El señor Javier Lastra Fuscaldo, impuesto en la gerencia de AFINIA por el alcalde de Medellín, está a punto de lograr la hazaña de hacer fracasar, por primera vez, a EPM en sus intervenciones, hasta hoy exitosas, en los mercados de comercialización- distribución de Colombia y algunos países de Centro América.

Ese fracaso, además de tener graves consecuencias económicas y reputacionales para EPM, volverá inútiles los enormes esfuerzos del Gobierno Nacional para hacer financieramente viable el mercado de la Costa Atlántica y facilitar la llegada de nuevos operadores después del colapso de Electricaribe, filial de Gas Natural.

El Gobierno Nacional asumió la deuda de Electricaribe con el sector financiero y el mercado eléctrico, se hizo cargo del pasivo pensional y modificó drásticamente la regulación de comercialización para hacer posible el ingreso de EPM en el mercado de Caribe Mar, compuesto por los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar y el sur de Magdalena. Específicamente, la Comisión de Regulación de Energía (CREG) eliminó el tope de 25% del mercado nacional de comercialización que podía tener directa o indirectamente un mismo agente. Con la incorporación de Caribe Mar – AFINIA, el Grupo EPM pasó del 23% al 35% en comercialización-distribución, con 1.5 millones de clientes adicionales.

En solo cinco meses al frente de AFINIA, Lastra Fuscaldo logró arruinar los indicadores llevando las metas de cumplimiento de 96% a 75%. Por esa razón, el 28 de febrero, la Superservicios decidió activar comité de seguimiento al programa de gestión suscrito con la Empresa. Se están incumpliendo, entre otras cosas, las metas de reducción de pérdidas y de reducción del riesgo eléctrico, todo lo cual depende de la adecuada y oportuna ejecución del programa de inversiones al que está comprometida la Empresa con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), por las resoluciones 025 y 079 de 2021 mediante las cuales se aprobaron las tarifas. Y aquí llegamos al almendrón del asunto.

Los ingresos de AFINIA provienen de sus actividades de comercialización y distribución que, aunque están vinculadas, son negocios diferentes. Como comercializadora AFINIA compra energía en el mercado mayorista y la vende en el minorista; como distribuidora gestiona la red eléctrica para garantizar la continuidad y calidad del suministro.

La actividad de distribución es intensiva en capital fijo y es remunerada mediante una tarifa o cargo unitario ($/KWh) fijado por la CREG, con base en las inversiones que debe realizar la empresa durante el período de vigencia de dicho cargo. El valor del cargo, evidentemente, está condicionado a la realización de las inversiones pues si estas no se ejecutan cobrarlo se constituiría en un fraude.

Por regulación, AFINIA tiene que realizar, en cinco años, inversiones por 2 billones de pesos o, como mínimo, 1.3 billones, es decir, unos 260.000 millones anuales.  Por razones incomprensibles, el gerente Lastra Fuscaldo decidió suspender varios procesos de contratación en marcha y retrasar el inicio de otros, todo lo cual se ha traducido en un incumplimiento del plan de inversiones de tal magnitud que tiene preocupadas a las autoridades del sector eléctrico.

Si no se cumple las inversiones mínimas, AFINIA podría perder hasta 10 puntos en las pérdidas reconocidas en la tarifa lo que llevaría una disminución de 500.000 millones pesos en los ingresos anuales. Este desastre financiero iría acompañado de un desastre reputacional pues nadie entendería, ni en la Costa Atlántica ni en ninguna parte del País, que EPM hubiera fracasado en la recuperación del servicio en Caribe Mar después de las concesiones que hizo el Gobierno Nacional para facilitar su entrada en ese mercado.

LGVA

Mayo de 2022.



* Esta nota está basada en información preparada para SINPRO. Se publica con autorización.

viernes, 6 de mayo de 2022

Propuestas tributarias en los programas presidenciales y consecuencias para EPM*

 

Propuestas tributarias en los programas presidenciales y consecuencias para EPM*

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

I.             Introducción

La ampliación del gasto público para atender la emergencia del COVID – 19 elevó el déficit fiscal y la deuda bruta del Gobierno Nacional que, en 2021, alcanzaron 7.1% y 63,8% del PIB, respectivamente. Para 2022, el Ministerio de Hacienda espera que el déficit se reduzca a 6.2% y el endeudamiento a 62,7% [1].  

Ese nivel de déficit fiscal ni el endeudamiento al que da lugar son sostenibles. Todo parece indicar que el próximo gobierno tendrá que realizar un importante ajuste fiscal elevando los impuestos, reduciendo el gasto o ambas cosas a la vez. Por esa razón, los programas de todos los candidatos presidenciales presentan propuestas tributarias algunas de las cuales se examinan a continuación.

Con el propósito de contextualizar las propuestas de los candidatos se presenta, en primer lugar, un panorama los impuestos nacionales (II). Posteriormente, se examinan las principales propuestas (III) y se discuten las consecuencias para EPM (IV). Se termina con un resumen (V) de las principales conclusiones.

II.            Panorama de los impuestos nacionales.

Los principales impuestos nacionales son el impuesto de renta y complementarios a personas naturales (IRPN), el impuesto de renta a personas jurídicas (IRPJ) y el impuesto al valor agregado (IVA). Además de estos tres, que explican el 88,2% del recaudo, están el Gravamen de los Movimientos Financieros (GMF), el Arancel de Aduanas (AA) y una decena de impuestos menores, algunos en vía de extinción.

La Tabla 1 presenta las cifras de recaudo y las participaciones porcentuales de los diferentes impuestos. Algunos comentarios:

·         Como el PIB colombiano es el orden de 1.176 billones de pesos, el recaudo de impuestos nacionales de 173,7 billones equivale a un 14,8% del PIB.

 

·         Para tener una idea precisa de la carga tributaria, a la anterior suma hay que adicionarles los impuestos territoriales, los parafiscales de nómina, los parafiscales de servicios públicos, las transferencias del sector eléctrico, los aportes patronales a la seguridad social y las regalías minero energéticas; todo lo cual se estima en 121 billones[2]. 

 

·         Sumados los impuestos nacionales, los locales y la parafiscalidad de todo tipo, la carga tributaria asciende a 295 billones, lo que equivale a un 25% del PIB. Esto es exagerado para una economía de ingreso medio bajo como la colombiana, un lastre a su crecimiento.  

TABLA 1



 

Aunque en los programas se hace mención marginal a la tributación local y a la parafiscalidad, las propuestas de los candidatos están referidas principalmente a los impuestos nacionales. Por ello es necesario hacer explicita la carga tributaria total pues en la formulación de sus propuestas algunos candidatos parecen ignorar la tributación local y la parafiscalidad.

III.          Propuestas tributarias.

Todo impuesto se compone de una base gravable, una tarifa general y un conjunto excepciones que benefician a grupos específicos de contribuyentes, haciendo que el recaudo potencial esté por debajo del que resulta de aplicar la tarifa general a la base gravable del impuesto. Se da el nombre gasto tributario a la diferencia entre esas sumas.  

De acuerdo con lo anterior, las propuestas sobre los grandes impuestos nacionales se refieren a la modificación de su base, de su tarifa o de los beneficios tributarios. Adicionalmente, hay propuestas sobre el gasto público, impuestos menores y otras cuestiones de técnica tributaria para reducir la evasión y la elusión y mejorar el recaudo. La Tabla 2 sintetiza las propuestas de los candidatos sobre cada uno de los aspectos

TABLA 2



 

La lectura de la tabla es extremadamente sencilla: el signo más (+) indica que el candidato propone un aumento, el menos (-) una reducción y el cero (0) ningún cambio.

Gasto Público. Federico Gutiérrez es único candidato que plantea una reducción de gasto público, por la vía del recorte burocrático y de una mejor focalización de los subsidios. Gustavo Petro y Sergio Fajardo proponen la creación de más entidades gubernamentales – incluidos dos ministerios, Petro, y uno Fajardo – y una ampliación de los llamados “subsidios sociales” que se financiarán con más impuestos[3].

Impuesto de renta personas naturales (IRPN). Tanto Fajardo como Petro proponen aumentar la tarifa del IRPN; en cuanto a la base, Fajardo quiere ampliarla, mientras que Petro, al parecer, no la modificaría pues su propuesta está centrada en el aumento de los impuestos a “los cuatro mil ricos”. Fico confía en que el aumento del recaudo, resultante del mayor crecimiento de la economía, haga innecesario el aumento de los impuestos[4].  

Impuesto de renta a las personas jurídicas (IRPJ). En el País se ha ido generando el conceso de que las tarifas de los impuestos a las empresas son excesivas y afectan la competitividad para atraer inversión, lo cual ha dado lugar a todo un esquema de beneficios tributarios distorsionantes, costosos e ineficientes. Este diagnóstico fue recogido por la Misión de Expertos en Beneficios Tributarios (MEBT) de la OCDE que presentó su informe el año pasado. Una de las principales propuestas de la Misión es reducir la tarifa del IRPJ y eliminar gradualmente los beneficios tributarios. Todos los candidatos parecen estar alineados con esa idea y con la de aumentar la base reduciendo la informalidad.

Impuesto al Valor Agregado (IVA).  El IVA contribuye con el 43,5% del recaudo y, según la MEBT el “costo fiscal” de los beneficios tributarios asociados al IVA – exclusiones y tarifa reducida - es de 75 billones de pesos. No obstante, ninguno de los candidatos tiene propuestas de modificar el IVA, ni en la tarifa ni en la base. Es dudoso que la gran ampliación del gasto que anuncia Fajardo y Petro pueda hacerse sin aumentar este tributo.

Otros impuestos. Todos los candidatos están, por así decirlo, en la onda de los “impuestos verdes”, que hoy representan una porción insignificante del recaudo. En general el objetivo de los “impuestos verdes” más que la generación de ingresos tributarios es el de inducir conductas más respetuosas con el ambiente. Es en el programa de Fajardo donde con más entusiasmo se habla de este asunto: esperan recaudar unos 400 mil millones de pesos adicionales por impuestos verdes[5]. Hay que mencionar en este punto el impuesto a la propiedad de la tierra que propone el candidato Petro[6].    

Beneficios tributarios. En este punto hay unanimidad entre todos los candidatos: todos quieren eliminar o reducir los beneficios tributarios[7]. La MEBT estimó en 92 billones su costo fiscal, 75 por IVA y 17 por renta. Como ya se dijo, los candidatos no quieren tocar el IVA y se centran en los beneficios renta, los cuales provienen de los ingresos no constitutivos de renta, las rentas exentas y los descuentos tributarios. Hay también otros de especial importancia para las empresas como las tarifas reducidas en zonas francas y sectores especiales como el hotelero, los acuerdos de estabilidad tributaria vigentes, los incentivos a las mega-inversiones, el descuento del IVA pagado en bienes de capital y la deducción de ICA del impuesto de renta.

IV.          Impactos sobre EPM.

EPM podría verse afectada por la eliminación total o parcial de los beneficios tributarios. En efecto, como gran contribuyente y gran inversionista, EPM hace uso de varios beneficios tributarios, a saber:  

·         Contrato de estabilidad jurídica firmado en 2008 con 20 años de vigencia. Este contrato le dio estabilidad a la norma que permitía deducir del impuesto de renta hasta el 40% de la inversión en activos fijos. El desarrollo de proyectos como Porce III e Hidroituango se benefició de esa norma.

 

·         Descuento del 50% del Impuesto de Industria y Comercio (ICA). La MEBT ha propuesto la eliminación del ICA. EPM Matriz paga anualmente unos 40.000 millones de pesos por ICA en los diferentes municipios donde desarrolla su actividad. Si este descuento desapareciera EPM tendría unos 20.000 millones más por impuesto de renta.

 

 

·         Descuento del IVA en bienes de capital. Prácticamente todas las legislaciones tributarias del mundo contemplan alguna deducción o descuento del IVA pagado en la adquisición de bienes de capital. A fin de cuentas, el IVA es un impuesto que debe gravar el consumo, no la inversión. Como gran inversionista que es, el Grupo EPM hace uso frecuente de este beneficio al igual que todas las empresas del sector de los servicios públicos.  

 

V.           Conclusión.

Desde hace años se plantea la necesidad de reducir la tarifa de impuesto de renta a las empresas, aumentar la tarifa y la base del impuesto a las personas naturales y la reducción o eliminación de los beneficios fiscales. Todos los candidatos presidenciales recogen en sus propuestas programáticas esas ideas. Es poco probable que, dada la situación fiscal de la Nación, puedan reducirse la tarifa de IRPJ, pero si puede suceder que se eliminen beneficios como el descuento del 50% del ICA y el descuento del IVA en bienes de capital. En ese caso EPM y todo el Grupo vería un aumento apreciable en el impuesto de renta. Es poco probable que el Gobierno Nacional, cualquiera sea el presidente, termine abruptamente el contrato de estabilidad jurídica con EPM que tanto ha beneficiado la inversión. El descuento de 40% de lo invertido fue fundamental para la viabilidad financiera de proyectos como Porce III e Hidroituango.

LGVA

Mayo de 2022.



* Informe preparado para el Sindicato de Profesionales de EPM, SINPRO. Se publica con su autorización.

 

[1] Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Plan Financiero 2022. Boletín n° 4, febrero de 2022. https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=/ConexionContent/WCC_CLUSTER-185368//idcPrimaryFile&revision

 

[3] Se lee en el programa de Petro:

“…haremos realidad el derecho fundamental a la salud sin ningún tipo de barreras y a la pensión vitalicia y universal, las familias gozarán del mínimo vital de agua, energía, internet, servicios públicos y a una vivienda para la vida. Esto será posible porque avanzaremos hacia una justicia tributaria con impuestos progresivos y equitativos”. (Página 6).

[4] Se lee en el programa de Fico:

Nos concentraremos en hacer crecer la economía por encima de su potencial, lo que nos permitirá un recaudo que permitirá no afectar con impuestos excesivos a la clase media, los bienes de primera necesidad, ni la generación de empleo.” (Página 30)

 

[5] Se lee en el programa de Fajardo:

 “Vamos a modificar el impuesto al carbono, aumentando su tarifa y ampliando su base gravable. Esto nos permitirá reducir las emisiones de CO2 para cumplir las metas que se propuso el país frente al cambio climático. Ampliaremos el impuesto que actualmente se aplica a las bolsas plásticas, a todos los plásticos de un solo uso (exceptuando aquellos para fines médicos). Crearemos el impuesto al consumo de los alimentos ultra-procesados (bebidas endulzadas y comida chatarra) y aumentaremos la tarifa vigente del impuesto al tabaco”

 

 

[6] Se lee en el programa de Petro:

En aquellas subregiones estratégicas para hacer de Colombia una potencia agrícola, propondremos al propietario del latifundio improductivo activar la producción de sus terrenos, pagar los impuestos correspondientes, o en última instancia, venderlos al Estado para que este a su vez lo entregue a las comunidades rurales” (Página 19)

[7] Se lee en el programa de Petro:

“Desmontaremos gradualmente aquellos beneficios tributarios que sin debida justificación económica y social introducen graves distorsiones a la competencia, incentivan la extracción minero-energética y privilegian primordialmente a, o son utilizados mayormente a su favor por, personas naturales y jurídicas de altos ingresos y patrimonio”. (Página 20)

Se lee en el programa de Fico:

“Buscar un cambio al estatuto tributario que lo haga más eficiente y transparente mediante la eliminación de exenciones y un aumento gradual del recaudo con impuestos que no afecten ni a los vulnerables ni a la clase media y ayuden a mejorar la progresividad tributaria del país”. (Página 29).

Fajardo es más específico. Se lee en su programa:

“Vamos a nivelar la cancha entre las empresas, eliminando todas las exenciones que no tengan un efecto socialmente deseable probado como, por ejemplo, la creación de empleo. En particular, eliminaremos las rentas exentas y las tarifas diferenciadas para las mega-inversiones, el sector hotelero y la economía naranja (…) Eliminaremos el descuento del ICA al impuesto de renta. Revisaremos la pertinencia de mantener las zonas francas”.

 

 

 

sábado, 30 de abril de 2022

EPM: crecimiento a expensas de los usuarios*

 

EPM: crecimiento a expensas de los usuarios*

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

En el primer trimestre del año, los ingresos del Grupo EPM crecieron 31 %, al pasar de 5.6 a 7.3 billones de pesos. Los de la matriz lo hicieron más modestamente, solo un 21%, pasando de 2.5 a 3.1. El gerente Carrillo, que celebra alborozado ese resultado, debería mostrar un poco más de recato, pues poco o nada es atribuible a su gestión, y un mucho de consideración con los usuarios, pues ese gran logro sale en buena medida del sacrificio de todos ellos.

En efecto, en el último año no hubo un crecimiento inorgánico de los ingresos del Grupo como consecuencia de la adquisición de una filial o de la incorporación de un gran cliente. Los resultados de AFINIA, última gran adquisición, estaban consolidados ya en el primer trimestre de 2021. En los años de pandemia, 2020 y 2021, los ingresos no registraron retroceso alguno, por el contrario, crecieron de forma vigorosa, lo cual excluye la posibilidad de atribuir esos incrementos a una recuperación postpandemia.  Por su parte, el crecimiento vegetativo de los mercados de EPM y las filiales en el mejor de los casos puede situarse entre 4% y 5%.  Así las cosas, la explicación de los notables resultado del primer trimestre; y también los del año pasado, debe encontrarse en otras causas.

Gráfica 1

 


La totalidad de 2021 y lo corrido de 2022 se han caracterizado por un gran aumento de los aportes hídricos y la consecuente elevación de la generación hidráulica, la cual, en 2021, representó el 81,7% de la total. En 2021, EPM generó 18.457 GWh, con un incremento de casi 20% frente a 2020. Su participación en la generación del SIN pasó de 22,3% a 24,9%. Este factor explica en parte la mejora de los ingresos en 2021 y en el primer trimestre de 2022.

Gráfica 2



 Pero aun considerando un elevado crecimiento vegetativo del mercado y el efecto de la mayor generación, es forzoso concluir que el notable aumento de los ingresos del primer trimestre es resultado, en su mayor parte, de un brutal aumento de los precios al consumidor final y esto no debería ser motivo de regocijo.

Las tarifas de los servicios públicos de electricidad, gas, acueducto, alcantarillado y aseo están reguladas y se fijan aplicando fórmulas tarifarias establecidas por las comisiones de regulación. Usualmente, las fórmulas tarifarias se fijan por períodos de cinco años, pero incorporan factores de actualización o indexación periódica para mantener su valor en términos reales a lo largo del tiempo.

En el caso de acueducto y alcantarillado la indexación o actualización de hace con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la norma establece que el incremento tarifario se realiza cada que el IPC acumule un aumento de 3%. Para el servicio de aseo el asunto es más complejo pues, además del IPC, hay indexadores especiales para algunas actividades, como la de barrido y limpieza, que está indexada con el salario mínimo, y la de recolección y transporte, que incorpora la variación del precio del diesel.

Las cosas son más problemáticas con las tarifas de energía eléctrica pues su indexación se hace mensualmente con el Índice de Precios al Productor Oferta Interna (IPPOI), cuya variación anual a marzo alcanzó un 22,5%, con incrementos que en algunos meses superaron el 3%. Esto presionó el alza de los componentes de distribución (D) y transmisión (T) de la fórmula tarifaria de energía eléctrica. El componente de comercialización está indexado con el IPC, que también ha venido creciendo, aunque en menor medida que el IPP. También está indexado con el IPP el precio de la energía en los contratos bilaterales de largo plazo, lo cual se refleja en el componente de generación (G) de la fórmula tarifaria.

Gráfica 3

 


Así las cosas, ese notable incremento de los ingresos es el resultado de una lotería regulatoria que se ganó EPM con el brutal aumento del IPP. El problema es que, en este caso, hay un claro perdedor: el usuario regulado.

La actualización de las tarifas no es algo inexorable, una especie de ucase regulatorio que deba cumplirse sin apelación alguna. El régimen tarifario de los servicios públicos no es de control directo, bajo el cual la autoridad regulatoria fija el valor de las tarifas, sino de libertad regulada, en el marco del cual las empresas las fijan ajustándose a la fórmula que incorpora los costos estandarizados y demás parámetros de eficiencia.

No está por fuera del alcance de EPM obtener de las entidades de regulación y vigilancia la autorización para diferir en el tiempo y reducir su cuantía los aumentos tarifarios resultantes de la indexación. Uno de los objetivos de la regulación es hacer que las empresas reguladas compartan con sus usuarios las ganancias de productividad, así como lo hacen reduciendo sus precios las empresas que operan en mercados competitivos.

LGVA



* Esta nota ha sido preparada para el Sindicato de Profesionales de EPM (SINPRO) y se publica con su autorización.  

martes, 12 de abril de 2022

Propuestas sobre servicios públicos domiciliarios en los programas presidenciales e implicaciones para EPM**

 

Propuestas sobre servicios públicos domiciliarios en los programas presidenciales e implicaciones para EPM**

 

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

 

I.             Introducción

 

Hace 30 años el País estaba sumido en un racionamiento de energía eléctrica de nueve horas diarias, que había sido decretado el 2 de marzo de 1992 y se prolongaría hasta el 7 de febrero de 1993. Un año antes, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó una Carta que incluía un capítulo de seis artículos sobre servicios públicos domiciliarios, algo totalmente inédito en la abundante historia constitucional de Colombia.

 

En los años 90 la prestación de los servicios públicos domiciliarios – cobertura, tarifas, calidad, subsidios, etc. – ocupaba un lugar central en la agenda política del País y esto dio lugar al ya mencionado desarrollo constitucional y a la aprobación de dos leyes sobre la materia, 142 y 143 de 1994. Mediante decreto ejecutivo se expidió un estatuto del usuario y un proyecto de “ley del agua” y una “ley de telecomunicaciones” también estuvieron en la palestra.

 

Aunque no están por completo ausentes, las cuestiones referentes a los servicios públicos domiciliarios no ocupan un lugar destacado en los programas de los candidatos presidenciales y ello es así porque no parecen estar entre las principales preocupaciones de los votantes potenciales que desean atraer; lo cual es una buena noticia pues significa que para la mayoría de los colombianos el acceso a los servicios públicos domiciliarios ha dejado de ser el más importante de los problemas.  

 

A continuación, se examinan las propuestas sobre los servicios públicos domiciliarios y actividades complementarias de energía eléctrica, gas combustible, acueducto y alcantarillado contenidas en los programas recientemente presentados a la opinión pública por los tres principales candidatos, a saber:

 

 

·         Gustavo Petro. Colombia: potencia mundial de la vida.

https://gustavopetro.co/programa-de-gobierno/

 

·         Federico Gutiérrez. Colombia: un país de orden y oportunidades

https://federicogutierrez.com/programa-de-gobierno/

 

·         Sergio Fajardo. La esperanza es con Fajardo

https://sergiofajardo.co/propuestas/

 

Las propuestas que se discuten son las que, directa o indirectamente, implican cambios normativos o institucionales en el régimen de servicios públicos domiciliarios. No se discuten, por tanto, enunciados como “aumentaremos la cobertura o mejoraremos la calidad”, que más que propuestas son buenos propósitos. Para facilitar las cosas se han recogido las cinco propuestas que mejor expresan lo que parece ser el propósito fundamental de cada candidato con relación a los servicios públicos domiciliarios.

 

Además de esta introducción, este documento tiene tres secciones dedicadas a cada candidato y una final donde se concluye y se destacan aspectos más relevantes para EPM. Hay también un pequeño anexo sobre el asunto de la incorporación de las “energías limpias o fuentes no convencionales” en la matriz de generación de electricidad. 

 

II.            Petro: el fin del mercado eléctrico.

 

Las propuestas concretas de Gustavo Petro están referidas a la energía eléctrica. Sobre el servicio de gas domiciliario no plantea nada y sobre acueducto, alcantarillado y aseo no pasa de enunciados generales de buenos propósitos.  

 

i.             Creación de un fondo para la transición energética y creación del Instituto Nacional de energías limpias.

 

Comentarios:

 

·         Actualmente existe el Fondo de energía no convencionales y gestión eficiente de la energía – FENOGE – creado por la ley 1715 de 2014. La ley 1753 de 2015 y los decretos 1073 de 2015 y 1543 de 2017 establecieron sus fuentes de financiación, la más importante de las cuales es un recargo al precio de la energía transada en bolsa. También puede recibir recursos del Presupuesto Nacional y transferencias de entidades públicas o privadas y de cooperación internacional.

·         Los recursos de regalías están reglados por los artículos 360 y 361 de la Constitución y la ley 1530 de 2012 que regula en funcionamiento del Sistema General de Regalías. La propuesta de Petro de destinar regalías a ese fondo requeriría la reforma de esta ley y, probablemente, un acto legislativo reformatorio de los artículos 360 y 361.

·         No existe beneficios tributarios generales al sector de hidrocarburos, la minería de carbón y las hidroeléctricas cuya supresión permitiría la financiación del Fondo. Sin embargo, es probable que algunos proyectos o inversiones específicas se hayan beneficiado de contratos de estabilidad jurídica de la ley 963 de 2005.

·         Actualmente todo lo concerniente a las energías no convencionales está a cargo de la Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía. El instituto propuesto asumiría estas funciones y sería una entidad del presupuesto general de la nación, probablemente adscrita al MINMINAS.

 

ii.            No se construirán más hidroeléctricas de embalse. Se impulsará la sustitución de las plantas termoeléctricas por sistemas de almacenamiento o fuentes renovables. Se prohibirán la explotación de yacimientos no convencionales, se detendrán los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de proyectos costa afuera.

 

Comentarios:

 

·         Según el Atlas Potencial Hidro-energético de Colombia divulgado por la UPME en 2015, el potencial hidroeléctrico asciende a 56.188 MW, el 91 % de los cuales, 51.242 MW, estaría en centrales de más de 20 MW. La propuesta de Petro implica renunciar a ese potencial.

·         Las hidroeléctricas de embalse son el recurso de generación menos costosos. La prohibición de construirlas elevaría el precio de la electricidad.

·         Esta propuesta lesiona gravemente la libertad de empresa en el sector eléctrico colombiano pues en principio los agentes pueden escoger libremente las inversiones que deseen realizar.

·         Por obvias razones, esta propuesta afecta gravemente el interés de EPM en cuyo portafolio de proyectos en estudio debe haber por lo menos 1.000 MW hidroeléctricos.  

·         El País tiene 5.000 MW térmicos, su sustitución por renovables no es una tarea fácil.

·         Las plantas térmicas proveen respaldo en períodos de escasez hídrica. Eliminarlas pone en riesgo la confiabilidad del suministro.

·         La tecnología actual de baterías permite almacenar solo cantidades limitadas de energía, unos pocos días. Las renovables – eólica, solar – son interrumpibles y no dan la firmeza y confiabilidad de las térmicas. 

·         Se afectaría el suministro de gas tanto para el consumo directo como para la generación térmica.

·         EPM tendría un impacto directo en su mercado de gas y en su generación térmica en La Sierra.

 

iii.          Revisaremos las condiciones de riesgo de las centrales hidroeléctricas existentes para proteger y reparar a las comunidades afectadas, atender los impactos sobre los ecosistemas naturales y recuperar gradual del ciclo hidrológico.

 

Comentarios:

 

·         Propuesta particularmente inquietante para EPM con 25 hidroeléctricas y una más en construcción. Los alcances de esas “revisión”, “protección” y “reparación” pueden se muy graves. La “recuperación gradual del ciclo hidrológico” es también un enunciado extremadamente ambiguo que puede significar cualquier cosa.

·         Específicamente, la terminación de Hidroituango podría verse amenazada o ver elevados sus costos por cargas ambientales y sociales. La principal opositora al proyecto, la señora Isabel Zuleta salió elegida senadora en la lista del Pacto Histórico.   

 

iv.          “Se fortalecerá el rol del estado en el despacho de energía eléctrica…”

 

Comentario:

 

·         El despacho horario de energía eléctrica es el resultado de las ofertas competitivas – precio y cantidad - que hacen los agentes generadores basados en sus propias evaluaciones de oportunidad, beneficio y riesgo. El estado interviene, por intermedio de la CREG en situaciones críticas adaptándose de la forma más estrecha posible a las reglas de mercado establecidas en la regulación.  El “fortalecimiento del rol del estado” no puede significar nada distinto que la implantación de reglas puramente administrativas.

 

v.            Mínimo vital en todos los servicios.

 

Comentario:

 

·         Se propone un mínimo vital para todos los servicios, pero no es claro si se trata del suministro mínimo del cual no se puede privar a un usuario cuando no puede pagar su factura o de una cantidad de suministro gratuito permanente. Nada se dice sobre la financiación. Este es un tema recurrente, especialmente en el sector de acueducto. Existen pronunciamiento de la Corte Constitucional y se han presentado decenas de proyectos de ley para reglamentarlo.

 

III.          Fajardo: nuevas agencias sectoriales.

 

Se enuncian propósitos generales como aumentar el porcentaje de aguas servidas, elevar la cobertura de acueducto y duplicar la participación de las fuentes no convencionales en la matriz de generación eléctrica.

 

i.              Creación del Centro de ciencia y tecnología para las energías y el cambio climático.  Agencia de transformación digital de la educación.

 

Comentarios:

 

·         Este es uno de cinco centros de investigación que propone crear Fajardo, en el marco de su proyecto de elevar el presupuesto de investigación hasta el 1% del PIB.

·         Aunque no es completamente claro, este Centro se apoyaría en el IDEAM y en el IPSE.   

·         La agencia surgiría del programa Computadores para educar e incluiría un “laboratorio nacional de innovación educativa” para capacitación de docentes, directivos, estudiantes, etc.

 

 

ii.            Ley del agua, el derecho al agua y modificación de la tasa de uso del agua. Reforma de las corporaciones ambientales.

 

Comentarios:

·         Se han presentado varios proyectos de ley del agua que no han prosperado.

·         La tasa de uso del agua es extremadamente baja en efecto. El precio bajo del agua cruda induce al desperdicio.

·         El derecho al agua en Colombia está consagrado jurisprudencialmente. Hace unos doce años se impulsó un referendo que buscaba su consagración constitucional. 

·         Desde hace años se ha tratado, sin éxito, de reformar las CAR. El aspecto más destacado de la propuesta por Fajardo es prohibir la reelección de los directivos. 

 

iii.          Promover el uso de la APP para el desarrollo de la infraestructura de servicios públicos.

Comentario:

·         Es una propuesta curiosa para un sector donde la hay una participación privada importante y consolidada, con empresas públicas, privadas y mixtas que desarrollan la inversión en infraestructura de acuerdo con el crecimiento de sus mercados.

 

iv.          Introduciremos subsidios directos a la demanda y evaluaremos mecanismos distintos a los estratos para ello.

Comentario:

·         Interesante propuesta que debe precisarse si es sustituto de los subsidios a la oferta vigentes o complementario. El mecanismo de focalización diferente a los estratos hoy disponible es el SISBEN IV. Son ya muchos los estudios que han evidenciado las deficiencias de la estratificación.

 

v.            Transformación del FENOGE para que “se involucre en la generación de eficiencias en el consumo de energía del sector productivo”. Revisión de los fondos del sector eléctrico.

 

Comentario:

·         Entre las funciones actuales del FENOGE está la de “promover y maximizar la Eficiencia Energética a través de buenas prácticas, reconversión tecnológica o sustitución de combustibles en cualquier actividad de producción, transformación, transporte, distribución y consumo de las diferentes formas de energía…”

·         El sector eléctrico tiene una fuerte parafiscalidad (FAZNI, PRONE, FAER, FENOGE, etc.) que Fajardo propone revisar.

 

IV.          Fico: cambios en los esquemas tarifarios y de subsidios.  

Al igual que todos los candidatos, Federico Gutiérrez quiere aumentar el uso de energías limpias y la generación distribuida en pequeña escala.  También buscará la eficiencia energética.

 

i.             Estableceremos tarifas horarias en electricidad.  

Comentario:

Desde hace varios años se viene planteando la necesidad de establecer tarifas horarias al consumidor final. Esto ya es factible por el desarrollo de la tecnología de medición, pero puede ser poco relevante para el sector residencial y no residencial regulado pues el componente de generación, el único que puede tener un precio horario, representa solo el 30% de la tarifa final. Para los grandes consumidores no regulados esos precios horarios pueden establecer actualmente. 

ii.            Subsidio energético único a la demanda.

Comentario:

Hoy existen subsidios a la oferta tanto en electricidad como en gas combustible, se propone unificarlos y sustituirlos por un subsidio energético único a la demanda focalizado con SISBEN IV.  

iii.          Revisar el esquema tarifario para que las ganancias de eficiencia se trasladen a las tarifas de usuario final.

Comentario:

·         En los mercados competitivos, las ganancias de productividad se trasladan al consumidor con precios más bajos. Una regulación competitiva debe propender para que ocurra lo mismo en los sectores o actividades donde la competencia es limitada o inexistente.

·         Esta revisión de los esquemas tarifarios es necesaria en actividades como la distribución de electricidad y las de acueducto y alcantarillado.

·         Hay que verificar puesto que en algún momento las tarifas incorporaron un componente de productividad y se aplicó una regulación en la modalidad (IPC-X).

 

 

iv.          Mejoraremos la focalización de los subsidios a través de optimizar el esquema actual de estratificación estableciendo un complemento progresivo con el SISBEN IV.

Comentarios:

·         Son muchos los estudios que han evidenciado que la estratificación ha dejado de ser un buen mecanismo para la focalización de los subsidios por tener grandes sesgos de inclusión. 

·         La ampliación de la estratificación se dejó en manos de los alcaldes que tienen el incentivo de reducir la participación de los estratos altos y ampliar la de los bajos para aumentar así las transferencias de la nación hacia sus municipios. 

 

v.            Ampliaremos los programas Obras por Impuestos y Regalías por Obras para incluir la expansión de infraestructura de TIC.

Comentario:

·         El uso de esta clase de programas en el sector de las TIC es un tanto extraño dado que allí hay un conjunto de empresas que desarrollan su infraestructura de acuerdo con el crecimiento de su mercado.

·         Este tipo de esquemas y las APP puede ser más relevante en los sectores de acueducto, alcantarillado y saneamiento para construir plantas de potabilización, plantas de tratamiento de aguas residuales y rellenos sanitarios.

 

V.           Conclusiones e implicaciones para EPM.

 

1.    Las propuestas de Federico Gutiérrez no implican cambios mayores en el régimen de servicios públicos domiciliarios. Propone modificaciones menores en los esquemas tarifarios y de focalización de subsidios.

2.    El candidato Fajardo también propone modificar la focalización de subsidios y también plantea la creación de nuevas entidades, la reforma de las CAR y promete impulsar una ley del agua.

3.    Las propuestas de Petro son más radicales pues de aplicarse llevarían a limitar la libertad de empresa en el sector eléctrico y a eliminar o, por lo menos, restringir severamente el funcionamiento del mercado spot. Afectarían gravemente la confiabilidad del sistema eléctrico y elevarían los costos de generación.

4.    Las propuestas de Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo no afectan directa y específicamente los intereses de EPM; naturalmente la afectarían en su condición de agente del mercado como cualquier otro.

5.    Las propuestas de Gustavo Petro – prohibición de nuevas hidroeléctricas y la “revisión” de las existentes – tendría consecuencias gravísimas de corto, mediano y largo plazo sobre EPM.   

 

ANEXO

La obsesión con las energías limpias

Todos los candidatos están obsesionados con las energías limpias o fuentes renovables no convencionales y creen que rápidamente se puede obtener un gran aumento de su participación en la matriz de generación de electricidad. Fajardo habla de llevar a 30% la participación de las renovables no convencionales. Es conveniente aclarar algunos puntos.


 

1.    La matriz de generación eléctrica de Colombia es una de las más “limpias” del mundo: 70% de la capacidad instalada es de fuentes renovables convencionales y no convencionales. En 2021, el 83% de la energía producida provino de fuentes renovables. 

2.    No existe un sistema hidroeléctrico puro, existen sistemas hidrotérmicos: la generación térmica aporta  firmeza y confiabilidad. Hoy, en Colombia, las térmicas representan el 30% de la capacidad.

3.    Las propuestas de Petro y Fajardo de sustituir la generación térmica por fuentes renovables no convencionales acabarían con la firmeza y la confiabilidad dado que esas fuentes son intermitentes.

4.    El País lleva 8 años, desde la expedición de la ley 1715 de 2014, impulsado el desarrollo de las fuentes renovables no convencionales. Los avances son más bien modestos.

5.    La meta de 30% parece exagerada aun si dentro de las renovables no convencionales se incluyen las PCH. Excluidas la PCH, la potencia renovable no convencional se reduce a 0,77% y a 1,85% cuando se incluye la cogeneración con bagazo de caña de los ingenios azucareros.

LGVA

Abril de 2022.



** Este documento ha sido preparado para SINPRO y se publica con su autorización.