jueves, 25 de febrero de 2016

El precio del cilantro, el Ministro de Agricultura y Mamertonio.

El precio del cilantro, el Ministro de Agricultura y Mamertonio.

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Universidad EAFIT

I

“Si ves, ya lo dijo el Ministro, esos intermediarios son los causantes de la inflación”. 

Esta fue la frase que soltó, sin saludarme siquiera, mi amigo Mamertonio, el lunes pasado hace quince días, cuando me llamó por celular a contarme que el Ministro de Agricultura estaba explicando en la radio las causas de la inflación.

-          A ver, hombre Mamertonio, que fue lo que dijo el Ministro.
-          Pues casi nada. Que con el cuento del Niño se elevan los precios, pero los intermediarios se quedan con todo y que el productor recibe prácticamente lo mismo.
-          ¿Cómo así?
-          Pues muy sencillo, mira el ejemplo que puso el Ministro, el del cilantro. En las grandes superficies la ramita se vende a $ 700 y el productor recibe $ 100. Es decir, un incremento de 600%. ¿Cuál es el valor agregado?  Como dice el Ministro, no será la bolsita que le ponen en el almacén.
-          Realmente la bolsita no es el valor agregado. Más que la bolsita lo que cuenta es la ubicación de la ramita de cilantro en un lugar del espacio y en un momento del tiempo. Si la ramita de cilantro está en los estantes de La Carísima, la tienda que queda a media cuadra de tu casa, un lunes a las 8 de la mañana probablemente la ramita con bolsita incluida tenga para ti un valor por lo menos igual al precio de $ 700 que le ponen los de la tienda. Recuerda, Mamertonio, un bien es algo con ciertas propiedades físicas y una localización en el espacio y el tiempo.
-          No me eches otra vez ese cuento neo-liberal con el que justificas a los capitalistas acaparadores y especuladores que aprovechan cualquier oportunidad para forrarse a costa del consumidor.
-           Pero hombre Mamertonio, lo que ocurre es que….
-          Nada de peros, no me digas nada de tus cuentos de economista. Déjalos para tus pobres alumnos de la Universidad. El Ministro tiene razón. Hay que eliminar todos esos intermediarios y comprarles directamente a los productores. Lo voy a hacer para demostrarte que si hay abuso y especulación, ya lo verás.

II

Ocho días más tarde volví a encontrar a Mamertonio. Al verme, con aire triunfal, me espetó:

-          Ven a ver economista de pacotilla. Ya tengo la prueba de que el Ministro tenía razón. Todas las verduras, legumbres y frutas de una semana que me habrían costado $ 100.000 en La Carísima, las compré directamente a los productores por $ 20.000. La quinta parte nada más. En tu tienda ese mercado cuesta 400% más. ¡Qué tal esa!  
-          Qué maravilla Mamertonio, ¿cómo hiciste?
-          Muy sencillo. Me fui para La Unión y allí compré las papas, de las capiras, así de grandes, no esas chumbimbas que venden en la tienda esa de la esquina de mi casa.  Me bajé por el Carmen de Viboral y compré el frijol.  Buenísimo, puro cargamanto. Después seguí para El Santuario y, a borde de carretera, le compré a un mismo campesino la zanahoria, la habichuela, las lechugas y la arveja, ya desgranada. Me devolví por Guarne y compré la papa criolla. Por la autopista norte me fui para Barbosa y allá por el Hatillo compré piñas, mangos, naranjas y mandarinas. Me fui por Matasanos y en Santa Rosa de Osos compré papaya, ahuyama, mora, vitoria y brevas.
-          Bueno, ¿y cuanto te demoraste haciendo todas esas compras, Mamertonio?
-          Salí de mi casa a las seis de la mañana y volví a las once de la noche.
-          ¿Cuánto tiempo te gastas cuando compras en La Carísima?  
-          Media hora.
-          ¿Y cuanta gasolina te gastaste en ese recorrido?
-          Casi un tanque. ¿Y eso que tiene que ver?
-          Dejaste de trabajar un día. ¿Cuánto te ganas diariamente en tu consultorio odontológico, Mamertonio?
-           Y eso a vos que te importa. ¿Me estás haciendo las cuentas?
-          No Mamertonio, lo que ocurre es que la gasolina que te gastaste y los ingresos que dejaste de percibir son tu costo de oportunidad o el costo que evitas cuando compras por $ 100.000 en la tienda lo que compraste por $ 20.000 en tu extraordinario recorrido. Con seguridad eso es mucha más plata que los $ 80.000 que te ahorraste. Ese es el valor agregado para ti por los intermediarios especuladores.
-          No, no me vengas con ese cuento del costo de oportunidad. Veinte mil es la quinta parte de cien mil. Eso no tiene vuelta de hoja. Y el Ministro tiene razón.
-          ¿Y vas a seguir haciendo eso todas las semanas?
-          Pues claro que no. No puedo dejar tirado el consultorio.
-          ¿Compraste el cilantro?
-          No, en Santa Rosa no había y tocaba ir hasta Yarumal y me dio jartera porque ya era muy tarde. El cilantro lo compré en La Carísima.  
-          ¿Te lo vendieron en bolsita?
-          Claro que sí. ¡Faltaba más!

LGVA
Febrero de 2016.


domingo, 21 de febrero de 2016

Carta abierta a Carolina Ramirez y a Juan Felipe Vélez a propósito del video divulgado por Vicky Dávila

Carta abierta a Carolina Ramirez y a Juan Felipe Vélez a propósito del video divulgado por Vicky Dávila

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Docente Universidad EAFIT

Querida Carolina y querido hijo:

Les escribo conjuntamente porque ambos han expresado cierto desconcierto con mi posición sobre el asunto del video divulgado por Vicky Dávila.   Agradezco tu interés, Carolina, por mi punto de vista y voy a tratar de satisfacer tu curiosidad sobre los argumentos que sustentan mi solidaridad con ella, que quise expresar con un modesto trino.  A ti, hijo, te agradezco por tus observaciones que me han obligado a reflexionar más profundamente sobre el tema. A ambos les deseo que conserven y afinen aún más el sentido crítico que los caracteriza pues esa es la base de todo pensamiento libre y racional.  

En primer lugar, pienso que la publicación del video si era relevante teniendo en cuenta el contexto en el que se produce. La divulgación no es un hecho aislado. Se hace en el marco de una investigación periodística de varios meses que está tratando de demostrar la existencia de situaciones de corrupción y de conductas inadecuadas al interior de la policía. El video permite establecer a propósito de ese asunto una relación entre la policía y el congreso, como quiera que en el momento de la grabación el señor involucrado y su interlocutor eran un congresista en ejercicio y un miembro activo de la policía. No soy un experto en asuntos penales o periodísticos, pero creo que en el contexto de la investigación el video en cuestión es un indicio que debía llevar a indagaciones más profundas, a la búsqueda de nuevos elementos probatorios. Esto es lo que han debido hacer los colegas periodistas de Vicky, en lugar de lanzarse a condenarla, de manera casi unánime, con argumentos falaces sobre el respeto a la intimidad personal.

La condena a Vicky Dávila por parte de la mayor parte de sus colegas pone de manifiesto una tremenda hipocresía y, lo que es más grave aún, una profunda incomprensión sobre el significado y fundamento de la libertad de prensa. Voy a tratar inicialmente el primer aspecto, más adelante me ocuparé del segundo que, como verán, es el realmente importante.

El señor en cuestión es un homosexual que al parecer ha ocultado su condición a su familia y a sus allegados. De no ser así no habría razón para el escándalo que se armó. Por supuesto que la decisión de reconocerse públicamente como homosexual es algo que concierne exclusivamente al señor congresista. Al no hacerlo ha decido comportarse como un hipócrita y eso es asunto suyo. Vicky Dávila no tenía por qué saber ni le tenía que importar si el señor era un homosexual vergonzante o no. En el contexto de la situación este es el asunto de menor importancia. Al convertirlo en el más relevante no se está haciendo otra cosa que llevar la hipocresía, que no la intimidad, al rango de derecho humano. De paso han enterrado una investigación que debía llevar a poner de manifiesto la grave crisis interna de la policía y la seguridad ciudadana.

Pasemos ahora a lo que realmente es importante. Creo que en este asunto lo que está en juego es el significado de la libertad de prensa y, en general, de la libertad de expresión. En una entrevista concedida a la periodista Patricia Janiot, el Presidente de la República manifestó, a manera de pregunta, que la divulgación del video no era una forma adecuada de hacer periodismo. La señora Janiot confesó no haber visto el video. Posteriormente, toda una serie de encumbrados periodistas salieron a suscribir el juicio presidencial sobre la forma de hacer periodismo.

A mi juicio, el Presidente no tiene por qué emitir ningún juicio sobre la forma de hacer periodismo de Vicky Dávila o de cualquier otro periodista. Aunque parece insignificante, esta es una intromisión en la libertad de prensa de la misma naturaleza que las de un Correa o un Maduro, que no se disculpa por el hecho de que haya querido matizarla diciendo que esa opinión la expresaba “como periodista”. Pues no, no hay disculpa alguna. El Presidente de la República no deja nunca de ser el presidente y todo lo que diga o haga lo hace desde esa condición y tiene las implicaciones que de ella se derivan. Muy seguramente el doctor Carlos Julio Ardila tuvo en cuenta esta opinión al momento de pedirle la renuncia a Vicky Dávila.

A mí en general no me gusta el periodismo de Vicky Dávila, casi nunca la escucho. Tampoco me gustan Julito, ni Arizmendi, ni los de la blu. En periodismo radial lo que me resulta más potable es Yolanda Ruiz, en RCN, aunque con frecuencia apago el radio cuando ella o sus colaboradores se desbocan de decir tonterías sobre lo humano y lo divino. Cuando era joven leía con avidez El Espectador, El Tiempo y El Colombiano y era fanático de las columnas de opinión. Ahora lo hago menos quizás por el hecho de que, de tanto conocerlos, se por anticipado lo que va a decir sobre cualquier cosa la mayoría de los columnistas colombianos. De hecho, buena parte de ellos, como el muy célebre Antonio Caballero, dicen siempre la misma cosa a propósito de cualquier cosa. Lo importante es que al escuchar o dejar de escuchar un medio, al leer o dejar de leer un periódico estoy ejerciendo mi libertad de elección. Esto lo saben ustedes muy bien, pero lo digo porque me lleva a la cuestión de fondo que quiero abordar.

Cuando uno tiene cabeza de martillo, todo lo ve como un clavo; yo, como economista, por donde paso veo un mercado. La actividad de los periodistas y en general de los intelectuales se ubica en lo que podemos llamar, siguiendo a Coase, “el mercado de las ideas”.  Los economistas y en general la sociedad aceptan que debe existir cierta regulación en los mercados de algunos bienes y servicios para que éstos se suministren en las “condiciones correctas” de cantidad, calidad y precio. He utilizado la expresión “condiciones correctas”, que no es muy propia de la jerga de los economistas, porque me permite acercarme con más claridad a lo que quiero expresar con relación al “mercado de las ideas”.  Al aceptar la regulación de los mercados de bienes y servicios estamos suponiendo que tenemos forma decir con algún fundamento técnico y científico qué es lo “correcto”. Si no fuera así toda profesión se vendría al piso.

Ahora bien, es un hecho ostensible que mucho de lo que se dice, escribe o muestra en los medios de comunicación está lejos de ser “correcto” en cualquier sentido técnico o profesional. Estoy seguro de que muchas veces han experimentado desconcierto, estupor o rabia frente a las tonterías que en materia económica se divulgan en la prensa. Eso mismo debe ocurrirles a los profesionales de otras disciplinas. Tomemos el caso de las terapias milagrosas para combatir la obesidad o elevar el vigor sexual que inundan los medios. Los médicos saben que buena parte de ellas son engañosas e incluso atentatorias contra la salud de las personas. Es decir, son “incorrectas”. ¿No debería entonces regularse la difusión de las ideas sobre ese tipo de terapias? O para volver a nuestro campo, ¿no debería regularse la difusión de las ideas económicas? Porque es evidente que tanto en la medicina, la economía, la ingeniería, el derecho, etc. hay profesionales que están en condiciones de decir qué es lo “correcto”. Si aplicáramos al “mercado de las ideas” las mismas reglas que al mercado de bienes y servicios, los economistas tendríamos que proponer la regulación de mismo pues en casi todos los casos los mercados libres de las ideas no garantizan la cantidad y calidad “correctas”. Sin embargo, uno de los valores fundamentales de occidente es el de la libertad de prensa y expresión, es decir, libertad total en el mercado de las ideas. ¿Cómo es explica esta paradoja? 

Personalmente he resuelto esta paradoja con la ayuda de Tocqueville, quien escribió:

“Confieso que no tengo por la libertad de prensa es amor completo e instantáneo que sentimos por las cosas soberanamente buenas por naturaleza. La amo por la consideración de los males que ella evita más que por los beneficios que produce”.

Tocqueville no era ningún tonto y sabía muy bien que los periodistas no eran ningunos santos y que su poder era considerable:

“En América, la prensa tiene los mismos gustos destructores que en Francia, y la misma violencia sin las mismas causas de su cólera. En América como en Francia ella es esa potencia extraordinaria, extraña mezcla de bienes y de males, que no puede vivir sin la libertad y con la cual el orden establecido apenas puede mantenerse.”

No creía Tocqueville en eso de “prensa libre, pero responsable”, “el respeto a la intimidad”, “las buenas maneras” y todas las tonterías de buen gusto que se estilan para amordazar la prensa:

“En materia de prensa no hay realmente término medio entre la servidumbre y la licencia. Para recoger los bienes inestimables que asegura la libertad de prensa, hay que saber someterse a los males inevitables que hace nacer”

Sigo a Tocqueville al pie de la letra. La prensa debe ser totalmente libre, aunque caiga en la licencia. Por eso, cuando el Presidente de la República juzga a Vicky Dávila está atentando contra la libertad de prensa. Sus colegas periodista, empezando por la encumbrada señora Janiot, en lugar de unirse al Presidente y propagar el cuento de la intimidad y todo lo demás, han debido denunciar esa intromisión contra la libertad de prensa y ponerse al lado de Vicky Dávila.  Yo lo hice, por las razones expuestas.

Un abrazo,

LG. 

jueves, 18 de febrero de 2016

Crisis de la policía o crisis de seguridad ciudadana: más allá de la comunidad del anillo

Crisis de la policía o crisis de seguridad ciudadana: más allá de la comunidad del anillo

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Docente Universidad EAFIT

La policía nacional presta un mal servicio, cada vez peor con el correr de los años y ello a pesar de los ingentes recursos presupuestales que recibe. Entre 2004 y 2014, la población colombiana creció un 12%, al tiempo que el número de delitos de toda índole, reportados en las estadísticas oficiales de la policía, lo hizo en 122%. Entre ambas fechas, el número de delitos por cada 100.000 habitantes pasó de 714 a 1408.
Gráfico 1


Pero las cosas son aún peores. Según la Encuesta DANE de Convivencia y Seguridad Ciudadana de 2015, realizada entre abril y junio en 28 ciudades a 17.491 personas de 15 o más años, el 17,3% de ellas sufrieron al menos un delito durante 2014. Si asumimos que la muestra es representativa de la población, en ese año habría sido víctima de por lo menos un delito la friolera de 6.018.531 de personas, es decir, se habrían perpetrado 12.628 delitos por cada 100.000 habitantes. Ahora bien, según esa misma encuesta, el porcentaje de denuncia es el 23,9% de los delitos. Aplicando esa cifra a los 671.243 delitos reportados en las estadísticas de la policía se tiene que, en 2014, se habrían cometido 2.808.548 delitos, es decir 5.893 por cada cien mil habitantes. ¡Háganme el favor! Por cualquier lado que se mire la situación de seguridad en el País es catastrófica.

En la Revista Criminalidad se presentan una serie de estadísticas sobre la actividad operativa de la policía. Se mencionan indicadores como mercancía incautada, vehículos recuperados, artefactos desactivados, droga incautada, hectáreas asperjadas, etc. Pero finalmente los delitos son cometidos por personas razón por la cual el indicador más adecuado de la actividad operativa de la policía es el número de personas capturadas con relación al número de delitos. En 2004, la policía reporta la captura de 323.199 personas frente a 320.697 delitos, es decir, 107 capturados por 100 delitos. En 2014, por los 671.243 delitos conocidos por la policía se capturaron 272.835 presuntos delincuentes, es decir, 41 capturados por cada 100 delitos.

Gráfico 2


Entre 2004 y 2014 el presupuesto de defensa y policía pasó de 11 a 27 billones de pesos, lo que supone un crecimiento de 142% en pesos corrientes y de 64% en términos reales. Para que se tenga una mejor idea del significado de las cifras, en la gráfica 3 los datos se presentan en pesos de diciembre de 2015.


Gráfico 3


En 2014, el de la policía representó aproximadamente el 30% del presupuesto total de defensa y policía. Como las estadísticas de la Dirección de Presupuesto del MHCP no desagregan, se asume este porcentaje para estimar el presupuesto correspondiente a la policía en todo el período considerado. Tomando las cifras de población del DANE puede calcularse el gasto público en seguridad policial por habitante en pesos de diciembre de 2015. Esto se presenta en el gráfico 4. Entre 2004 y 2014 dicho gasto creció 47% real.

Gráfico 4


La Policía Nacional de Colombia (PNC) es una empresa del estado encargada de prestar el servicio de seguridad en todo el territorio nacional. A pesar, o quizás a causa de ello, de gozar de privilegios legales y de una financiación garantizada y creciente del presupuesto público, la PNC ha perdido mercado frente a las empresas de seguridad privada, legales e ilegales. De las primeras, es decir, de las vigiladas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, existen 740 que emplearon 240.103 personas – la PNC tiene unos 160.000 uniformados -  y facturaron 7.5 billones de pesos en 2014, cifra casi igual al presupuesto de la PNC en ese mismo año. De las segundas no se tienen cifras precisas, pero se sabe de su existencia en las principales ciudades del País.

Gráfico 5


El crecimiento de la seguridad privada – legal e ilegal – es también prueba palmaria del fracaso de la PNC en el desempeño de sus funciones. La naturaleza detesta el vacío, decía Aristóteles.  Las empresas legales de seguridad privada y las bandas ilegales al parecer surgen para suplir una demanda de seguridad que la PNC es incapaz de satisfacer. Los que pueden pagarse su seguridad privada debidamente legalizada lo hacen; los que no, es decir los más pobres, quedan sometidos a la extorsión de las bandas – o ¿será mejor decir empresas? – ilegales que imponen la compra de sus servicios en los territorios bajo su control.  En Medellín se les denomina “combos”. Se sabe que son 239, con presencia en 15 de las 16 comunas de la Ciudad. Se conocen sus nombres – los mondongueros, los bananeros, los lecheros, los edificios, los del hueco de María y un largo etcétera -  y su localización territorial. Sin embargo, la PNC hace poco o nada para combatirlos. ¿Por qué razón no los combate?

La gente vive en una ciudad, en un barrio, en una casa. Decir que se vive en Antioquia o Colombia es una abstracción. El ciudadano es asaltado en las calles de su ciudad, en las esquinas su barrio o en su propia casa o negocio. La seguridad de la vida y las propiedades es un asunto local. La Constitución parece reconocer este hecho al proclamar, en el artículo 315, que “el alcalde es la primera autoridad de policía del municipio”. Y añade que: “La policía cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante”. Aquí está el quid de la cuestión.  

La PNC es una entidad nacional y eso lo saben todos los policías, desde el más humilde dragoneante hasta el más encumbrado general. Saben que nombramientos, remuneración, ascensos, traslados no dependen en nada de la “primera autoridad de policía del municipio” y muy poco de su desempeño efectivo en la localidad a la que están asignados. Cuando las empresas de seguridad privada, legales e ilegales, suplen las demandas de seguridad, los miembros de la PNC no pierden nada, no pierden mercado y en poco o nada se afectan su remuneración ni sus condiciones laborales. La oficialidad sabe también que su permanencia y ascensos dependen del poder presidencial y del congreso y en consecuencia se dedican a cortejarlos.    

En Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la mayor parte de los países de la Unión Europea existen varios niveles del servicio público de policía, incluida, por supuesto, una policía municipal. En distintos períodos de la historia colombiana existieron policías departamentales y municipales a órdenes de gobernadores y alcaldes. Esto es más coherente con el principio de subsidiaridad de la acción estatal y con la tradición y los valores genuinamente liberales. Una policía municipal dependiendo del alcalde permitiría una mejor alineación de los incentivos y generaría entre los municipios una competencia en la oferta de seguridad. Las empresas y las personas podrían votar con los pies instalándose en aquellos municipios que tengan las policías públicas y privadas más eficientes y menos corruptas. 

En síntesis: el número de delitos de toda índole padecidos por la población colombiana ha crecido en los últimos años, al tiempo que eficiencia operativa de la policía, medida por el número de capturas en relación a los delitos, ha disminuido; ello a pesar del incremento en el gasto público por habitante en seguridad ciudadana. Pero el crecimiento del gasto de los ciudadanos en seguridad es aún mayor como quiera que el vacío dejado por la PNC ha sido llenado por agencias privadas de seguridad legales e ilegales. La crisis de seguridad del País, como se ha puesto en evidencia, es profunda y afecta especialmente a la gente más pobre. Es necesario sacar la discusión del terreno deplorable en el que está y pensar en una solución radical que puede pasar por la disolución de la PNC y la adopción de un modelo de policía civil, descentralizada y municipal y la posibilidad de que los municipios contraten servicios de seguridad con empresas privadas. 

LGVA
Febrero de 2016.





lunes, 15 de febrero de 2016

Camilo Torres Restrepo o la subversión de la ignorancia

Camilo Torres Restrepo o la subversión de la ignorancia

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Docente Universidad EAFIT

Camilo Torres Restrepo estudió en la Universidad Católica de Lovaina y allí obtuvo una licenciatura en ciencias sociales con una memoria de grado titulada: “Aproximación estadística a la realidad socioeconómica de la ciudad de Bogotá”. Quiso adelantar estudios doctorales, pero no lo logró. En Minneapolis siguió como asistente libre cursos de sociología urbana y sociología del trabajo. No realizó estudios formales de economía y en ese campo sus ideas no iban más allá de la vulgata marxista de la explotación y la lucha de clases, como puede constatar cualquiera que se tome el trabajo de repasar sus escritos y proclamas.

Veía la sociedad colombiana dividida entre una minoría privilegiada – una casta integrada por unas pocas familias que desde la independencia lo controlaban todo – y una inmensa mayoría de explotados. “Como el peso colombiano se desvaloriza todos los días”, esa casta, también llamada oligarquía, no tenía interés distinto a sacar su dinero del país “en lugar de invertirlo en fuentes de trabajo”. Si lo quisiera, esa minoría, podría tomar una decisión “que favorecería a todos”: aumentar el poder adquisitivo de la población porque “el aumento del poder adquisitivo aumenta, en principio, la demanda y aumentando la demanda se puede aumentar la producción”. Pero esa oligarquía prefería vender poco a precios altos que vender mucho a precio bajos, razonaba Camilo.

Era pues necesaria una revolución para “quitarles el poder a las minorías privilegiadas para dárselo a las mayorías pobres”. Esa revolución era “la forma de lograr un gobierno que dé comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe, que cumpla con las obras de caridad…”. Esa revolución - que no solo estaba permitida para el cristiano, sino que era obligatoria – podía ser pacífica o violenta. Probablemente si Camilo Torres hubiese tenido un conocimiento algo más refinado de los hechos y los procesos económicos habría comprendido que la pobreza de un país con un PIB per cápita de escasos 400 dólares no se elimina con actos de buena voluntad de un gobierno providente y altruista. Pero, como ocurre con todos los fanáticos, Camilo hizo de su ignorancia virtud y como la oligarquía se resistía, no quedaba otro camino que la acción violenta y se fue para el monte a combatirla.

No hay en los escritos de Camilo Torres nada que merezca la pena rescatarse: profusión de lugares comunes sobre explotadores y explotados, el humanismo cristiano, la caridad y el amor al prójimo. No fue ningún científico social, no fue otra cosa que un fanático iluminado que tuvo la suerte de morir al inicio de su periplo guerrillero antes de convertirse en un asesino sanguinario como Manuel Pérez y Domingo Laín, los otros curas de infausta recordación militantes del ELN.

LGVA

Febrero de 2016.  

martes, 2 de febrero de 2016

EPM en ISAGEN: ¿Atrapada sin salida?

EPM en ISAGEN: ¿Atrapada sin salida?

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Universidad EAFIT

Desde el punto de vista del manejo de las empresas, hay dos tipos de inversionistas: el activo o controlador y el pasivo o rentista. Un inversionista controlador busca tener el mando de las empresas de las que es socio para imponer sus prácticas gerenciales puesto que está convencido, con razón o sin ella, que de esta forma la generación de valor es superior a la que se obtendría sin ello. El inversionista pasivo busca tener en su portafolio acciones de diversas empresas que en conjunto garanticen una combinación deseada de rentabilidad y riesgo. Son estos últimos inversionistas los que mueven la bolsa, vendiendo y comprando acciones en función de dicho perfil de riego y rentabilidad. Los inversionistas controladores suelen ser más permanentes en la posesión de las acciones de sus empresas y usualmente sólo se desprenden de ellas cuando han logrado sus objetivos de generación de valor o, lo que también puede ocurrir, cuando resulta evidente que han fracasado en el intento. Hasta donde se sabe, EPM es un inversionista controlador. Los fondos de pensiones, que también tienen acciones en ISAGEN, son inversionistas pasivos.

Así las cosas, si EPM es un inversionista estratégico resulta casi evidente que debe enajenar sus acciones en ISAGEN al mejor precio que pueda obtener. De hecho, ha debido venderlas hace mucho tiempo. Contrariamente a lo que se cree, ISAGEN se ha comportado siempre en el mercado de energía como un competidor de EPM y su administración ha manejado la Empresa en función del interés del accionista mayoritario, como debe ser. De hecho, EPM no tenía representación en la Junta Directiva de ISAGEN. Con Brookfield las cosas continuarán de la misma forma, no por tratarse de Brookfield, sino porque así funcionan las sociedades anónimas.

Ahora bien, el reglamento de venta, Decreto 1609 de 2013, señala, en el artículo 27 que el adquiriente de las acciones de la Nación está obligado a formular una oferta pública de adquisición (OPA) a favor de los accionistas minoritarios que tengan una participación igual o inferior al 3%, a un precio por lo menos igual al pagado por la participación de la Nación. Como EPM tiene el 13,14% no puede, en principio, beneficiarse de esta OPA.  No obstante, recientemente el gerente presentó al Concejo un documento en el que argumentaba lo contrario, con base en el decreto 2555 de 2010.

Al parecer la tesis de EPM se basa en el artículo 6.15.2.1.23 que regula el llamado derecho de venta. Allí se establece, en efecto, que los accionistas minoritarios – uno o varios tenedores que posean por los menos el 1% - tienen el derecho exigir que se realice una OPA a su favor cuando un mismo beneficiario adquiera más del 90 % de capital con derecho a voto. El precio de las acciones remanentes debe ser igual al pagado por el capital mayoritario cuando éste se haya adquirido mediante una OPA.  Brookfield adquirió el 57,68% y lo hizo mediante la participación en un proceso de privatización. Pero doctores tiene la Iglesia y abogados EPM.

Más allá de la actual coyuntura, EPM tiene un problema en el manejo de sus decisiones de inversión y desinversión. De acuerdo con los estatutos, las adquisiciones sólo requieren la aprobación de la Junta Directiva; las ventas deben ser autorizadas por el Concejo de Medellín. Por ser el Concejo una entidad política, las discusiones sobre la desinversión en activos suelen tener un sesgo político e ideológico más que técnico y profesional. Con frecuencia la Administración de la Empresa se ve obligada a hacer pública información de valor para sus competidores. Por otra parte, los tiempos de la política suelen ser más lentos que los del mundo de los negocios y los debates interminables pueden llevar a la pérdida de oportunidades. 

Esta asimetría en las reglas de inversión – desinversión encuentra su origen en el miedo patológico a la “privatización” de EPM. Para dar garantías a quienes tienen esos temores, podría distinguirse entre los activos productivos de la matriz y sus participaciones y derechos en las filiales y otras empresas. La eventual enajenación de los primeros debe estar sujeta a la aprobación del Concejo; la de los segundos a la decisión de la Junta Directiva. Una reforma estatutaria en este sentido sería el mejor resultado de la actual discusión.

LGVA
Febrero de 2016.