Democratizar EPM
Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista
La propuesta de la Gobernación de Antioquia y el IDEA
de intercambiar sus acciones en Hidroituango por una participación en EPM
permite poner, nuevamente, en la palestra el tema de la democratización de la
propiedad de esta empresa.
La Junta Directiva autorizó la compra de esas acciones,
pero negó de plano la posibilidad de que el pago se hiciera con una
participación patrimonial en EPM. Esto es un asunto extremadamente complejo
porque, además del enorme trabajo técnico necesario para hacer las valoraciones
requeridas, sería necesario que, mediante acuerdo del Concejo, EPM se
convirtiera en sociedad por acciones, apareciendo así el “fantasma de la
privatización” que tanto espanta a muchísimos ciudadanos en Medellín.
Miles de medellinenses, incluidos muchos amigos míos,
se creen propietarios de un “pedacito” de EPM. Cuando les ofrezco comprar ese
“pedacito” – porque la prueba de que uno es dueño en realidad de algo es poder dejar
de serlo vendiéndolo o regalándolo- se molestan y caen en un berenjenal de
disquisiciones jurídico-ideológicas sobre el bien común, lo que es de todos y demás
linduras.
Mas allá de las categorías jurídicas, toda propiedad
es privada y el verdadero dueño de las cosas es quien decide lo que puede
hacerse con ellas. Los verdaderos dueños de las empresas estatales son los
políticos y sus agentes que temporalmente las controlan entre una elección y
otra.
Esta clase de propiedad temporal permite disponer
libremente de los ingresos más no del patrimonio. Por eso no es extraño que los
propietarios temporales tiendan a aprovecharse al máximo de esos ingresos sin
preocuparse demasiado de la conservación del capital. Esa es en última instancia la razón por la
cual las empresas estatales suelen ser mal administradas.
Las diferencias en la conducta de los políticos que
temporalmente ejercen el control de las empresas estatales son de grado y no de
especie. Los hay delicados, prudentes, respetuosos de las formas; pero los hay
también agalludos, impetuosos y propensos a tirar la vajilla y limpiarse con el
mantel.
Con una junta directiva de bolsillo, un concejo
municipal sometido con prebendas y canonjías y un total desprecio por los
profesionales y trabajadores de la Empresa, Quintero Calle se pasa por la faja
el “Convenio Marco” y, ante la indiferencia cómplice de la Superservicios y la
Procuraduría, se burla de la ley 142, que supuestamente lo obliga a implantar
en EPM “una administración profesional, ajena a intereses partidistas, que
tenga en cuenta las necesidades de desarrollo del servicio en el mediano y
largo plazo”. Esto debería ser suficiente para que la gente de Medellín entienda
que el control de un bloque patrimonial como EPM no se puede entregar, sin
contrapesos, a un solo individuo, confiando en su buena voluntad.
En los años noventa del siglo pasado - con ocasión de
la aprobación de la ley 142 y de los grandes cambios en el entorno económico,
regulatorio y tecnológico de los servicios públicos domiciliarios - se planteó
la transformación de las principales empresas del sector en sociedades por
acciones y su venta parcial o total al sector privado.
Eso dio lugar a historias muy disímiles. Un poderoso sindicato
de izquierda frustró la privatización de Telecom que, totalmente insolvente, tuvo
que ser “regalada” a Telefónica quince años después. EMCALI, que se mantuvo y
se mantiene totalmente pública, cayó en situación de quiebra de la que fue
salvada por la Nación que asumió sus acreencias. Por el contrario, Bogotá realizó
una privatización exitosa de sus empresas de energía y telecomunicaciones,
cuando estaban casi colapsadas. ISA, escindida en dos empresas, es también un
caso de privatización exitosa.
En su momento también se
planteó la venta parcial de EPM y la democratización de su propiedad. Se propuso
su escisión en dos empresas, una de telecomunicaciones y otra que agrupara los
demás servicios. De la primera se propuso vender el 80% del patrimonio y de la
segunda el 20%, para formar con esos recursos un fondo de inversión social a
disposición del Municipio de Medellín. Esta propuesta fue sometida a
consideración del Concejo Municipal donde tuvo 9 votos favorables y 11 en
contra.
EPM realizó un importante
proceso de transformación cuyo principal componente fue la expansión de su
actividad dentro y fuera de Colombia. Para manejar sus relaciones con el Municipio
de Medellín se adoptó, en 2005, un Código de Gobierno Corporativo que funcionó relativamente
bien hasta la llegada de Quintero Calle a la alcaldía.
Aunque ninguno llegó a los
desafueros de Quintero Calle, todos los alcaldes han convertido a EPM en la “vaca
lechera” del municipio de Medellín, sacándole hasta el 70% de las utilidades, a pesar de que
los estatutos establecen que las transferencias ordinarias no pueden exceder el
30%. Además, el propietario, “invita” a
EPM a financiar todo tipo de obras y gastos de “inversión social”. La creciente
dependencia del Municipio de las transferencias de EPM, que son más de 30% de
su presupuesto, es perjudicial y riesgosa para ambas entidades.
Es poco probable que la
propuesta del Departamento avance bajo la actual administración municipal. Sin
embargo, es importante que se haya planteado porque permite debatir nuevamente
el tema de la transformación de EPM en sociedad por acciones y la democratización
de su propiedad, para establecer contrapesos reales en su dirección y para que
los ciudadanos de Medellín, que compren acciones, sean sus dueños de verdad.
LGVA
Agosto de 2021
