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lunes, 23 de diciembre de 2019

La Superintendencia del atraso tecnológico


La Superintendencia del atraso tecnológico


Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista


Gobernar sin mayorías en el Congreso es extremadamente difícil, pero hacerlo con la oposición metida en el gabinete es ya una cuadratura del círculo con regla y compás. Al parecer el Presidente Duque ha tenido y tiene enquistados en altos cargos a varios opositores, como la anterior ministra de justicia que estuvo dedicada exclusivamente a sabotear sus iniciativas y a revelar intimidades del trabajo gubernamental. Ahora resulta que las superintendencias han decido fungir como jueces y declarar ilegales un par de aplicaciones tecnológicas – UBER y PICAP- que le están facilitando la vida a millones de personas y permitiendo a miles la obtención de un ingreso de forma honesta. 
  
La Superintendente de Transporte, señora Carmen Ligia Valderrama, decide que uno no puede usar una moto de su propiedad para transportar a una persona a cambio de un pequeño pago. Por su parte, el Superintendente de Industria y Comercio, señor Andrés Barreto, decide que solo pueden transportarse personas distintas a su conductor en vehículos pintados de amarillo.  Ambos han recurrido a las más absurdas leguleyadas para justificar unas decisiones que favorecen intereses gremiales privilegiados a expensas de propiciar el atraso tecnológico.

Estas decisiones resultan difíciles de entender a la luz del discurso gubernamental sobre la “economía naranja” y, más importante quizás, del gran esfuerzo de la Ministra Silvia Constaín para hacer aprobar la nueva Ley de TIC, que estimula la inversión en infraestructura de comunicaciones, y realizar subastas para ampliar el espectro disponible. ¿Para qué diablos un regulador convergente, más inversión en antenas, más ancho de banda si al mismo tiempo se están prohibiendo las aplicaciones que deberían beneficiarse de todo ello? Es como hacer autopistas, túneles, puentes y modernizar los peajes y al mismo tiempo prohibir la circulación de los vehículos. Sería bueno conocer la opinión de la ministra Constaín sobre lo que están haciendo los subalternos de sus colegas de gabinete.

Se tiene la impresión de que hay gente en el Gobierno que no entiende de qué trata la primorosamente denominada “economía naranja”. El gran asunto de la economía es la utilización eficiente de los recursos disponibles, la reducción del desperdicio, el mejor empleo del capital para potenciar el trabajo y tener así más tiempo libre y mejor calidad de vida. Y esto se logra multiplicando y profundizando los intercambios, poniendo en contacto millones y millones de oferentes y demandantes para que voluntariamente cambien unos con otros sus bienes y servicios. Todo monopolio - grande o pequeño, duradero o efímero - es, en esencia, la explotación de una oportunidad de mercado de la cual se encuentran excluidos los competidores por no estar informados de su existencia o porque estándolo la ley no les permite acceder a ella.

El papel de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – como UBER, PICAP, Airbnb, Rappi, etc.  – es justamente difundir información en tiempo real sobre oportunidades de intercambio beneficioso para las partes. Nadie está obligado a hacer uso de esas aplicaciones ni a realizar los intercambios que posibilitan. El papel de esas aplicaciones es destruir pequeños y grandes monopolios basados en el control de la información y en diluir permanentemente el poder de mercado haciendo más eficiente la economía.

En su ofensiva contra las aplicaciones, las Superintendencias invocan las regulaciones desuetas que protegen monopolios legales sin preocuparse por los derechos de los millones de personas que las utilizan. Porque este es el punto. La protección a la competencia, que supuestamente es la función de la SIC, es para garantizar el derecho de la gente de elegir quién le presta el servicio que requiere o de utilizar su trabajo y los bienes de su propiedad de la forma que crea es más provechosa.    

La batalla por las aplicaciones es una prueba de fuego para el gobierno del Presidente Duque pues en ella está en juego la mayor o menor celeridad con la que se difundan las existentes y las que seguramente aparecerán en el futuro sin que nadie pueda hacer nada para evitarlo. Ni el gobierno de Duque ni ningún otro en Colombia o cualquier otro país del mundo puede evitar, sin acabar totalmente con la libertad, que las aplicaciones tecnológicas de todo tipo se impongan finalmente. Pero si puede hacer mucho daño retrasando su desarrollo y su difusión pues no otra cosa es lo que está haciendo la SIC, convertida en la SAT: Superintendencia del Atraso Tecnológico.

LGVA
Diciembre de 2019.      



sábado, 21 de diciembre de 2019

Salario mínimo, desempleo, informalidad e inflación


Salario mínimo, desempleo, informalidad e inflación

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista


De todas las formas de intervención del gobierno en la economía, la fijación del salario mínimo es, probablemente, la más descarada y abusiva, porque la negociación se realiza entre personas que no lo pagan con personas que no lo ganan arbitradas por personas que tienen un interés propio en el resultado de la negociación.  

Los gremios de la producción y los sindicatos que participan en la concertación pertenecen a los sectores más modernos y avanzados de la economía cuya productividad les permite pagar y devengar un salario monetario que excede ampliamente el nivel del salario mínimo legal cuyo incremento disputan con tanto empeño. Los supuestos árbitros son funcionarios públicos cuya remuneración excede también el nivel del salario mínimo pero que se benefician del incremento finalmente acordado.

Aquí la palabra clave es “incremento” o, más precisamente, el aumento porcentual anual del salario mínimo que resulta de la negociación. La razón es muy simple: ese incremento porcentual es la base de las negociaciones salariales del sector moderno y del aumento de la remuneración de los funcionarios públicos. De ahí que esa negociación sea tan importante para los participantes sin que importe lo que ocurre con los que no participan y que se verán afectados por el nivel del salario mínimo: los pequeños empresarios, las amas de casa, los trabajadores no calificados y los desempleados.

En otra parte he expuesto ampliamente los efectos nefastos de la fijación de un salario mínimo legal sobre el mercado laboral, el desempleo y la informalidad[1]. Basta con reiterar que la ley del salario mínimo, al prohibir a los empresarios contratar a trabajadores cuyo valor de productividad es menor que el mínimo legal, los lanza a la informalidad o al desempleo. Y al desempleo y sub-desempleo resultantes, se responde con nuevas leyes para ayudar a los desempleados y a los pobres que las mismas leyes crean, en esa espiral sin fin de la intervención gubernamental.

Hay que llamar también la atención sobre el impacto que puede tener el resultado de la negociación en curso sobre la inflación. Reportan los medios que el incremento propuesto por los empresarios bordea el 6% en tanto que los sindicatos aspiran a poco más del 8%. Seguramente la cosa quedará en el 7%, por la intervención salomónica de los representantes del gobierno, pero Salomón no sabe economía.

El aumento del salario mínimo es el indexador más importante de la economía puesto que a él están ligados los precios controlados – arriendos, servicios públicos, matrículas, pensiones, etc. – y, por la costumbre comercial, también muchos no controlados. Por eso hay que anticipar una aceleración de la inflación en los primeros meses de 2020.

Los técnicos de Planeación, Hacienda y el Banco de la República saben muy bien que cuanto mayor sea el nivel del salario mínimo en relación con los niveles de los mercados libres, mayores serán el desempleo y la informalidad resultantes. Si, por razones políticas, no se atreven a proponer su eliminación pura y simple, deberían elaborar una propuesta para establecer varios niveles que reflejen las diferencias de productividad de las distintas regiones. Esto no resuelve los todos los problemas, pero reduce algunas de las distorsiones que resultan de un salario mínimo legal único para todo el País.

LGVA

Diciembre de 2019.     

  


lunes, 16 de diciembre de 2019

Mi posición sobre las exigencias del paro.


Mi posición sobre las exigencias del paro.

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

Presento mi posición sobre las 13 exigencias planteadas por los promotores del paro. Las exigencias son de tres tipos: i) reivindicaciones puramente gremiales, ii) objetivos claramente políticos y iii) planteamientos de orden general que conciernen a sectores amplios de la sociedad que no necesariamente están representados por las organizaciones y movimientos políticos vinculados al paro.

1. Retirar el proyecto de ley de reforma tributaria. Inaceptable. Es del fuero del Gobierno presentar proyectos de reforma tributaria y corresponde al Congreso aprobarlos o rechazarlos. Aceptar esto equivale a suprimir la democracia representativa y sustituirla por la imposición de una masa que actúa por fuera de la ley tratando de imponer por la fuerza sus aspiraciones y objetivos políticos. 

2. Derogar el holding financiero con el que se creó el Grupo Empresarial Bicentenario. Inaceptable. El Holding se creó mediante el decreto 2111 de 2019 en uso de las facultades conferidas al Ejecutivo por la ley 1955 de 2019. Aceptar esto equivale a suprimir la democracia representativa y sustituirla por la imposición de una masa que actúa por fuera de la ley tratando de imponer por la fuerza sus aspiraciones y objetivos políticos.

3. Tumbar la circular 049 del Ministerio de Trabajo sobre estabilidad laboral reforzada. Esa circular se refiere al trámite que debe darse a la desvinculación de personas en situación de discapacidad. Es perfectamente negociable y proceder a su modificación si no está acorde con la legislación laboral.

4. Disolver el Esmad y depurar la Policía. Inaceptable.

5. No presentar la reforma pensional. Inconveniente posponer la reforma pensional que necesita el País. Es negociable su contenido con todos los actores sociales involucrados, no solo con el Comité del Paro.

6. No presentar reforma laboral y derogar los artículos 193, 198, 240 y 242 del Plan Nacional de Desarrollo. Se necesita una reforma laboral. Es negociable su contenido con todos los actores sociales involucrados, no solo con el Comité del Paro.

7. No privatizar ni enajenar bienes públicos. Inaceptable como principio absoluto. La propiedad pública es un asunto de conveniencia y debe discutirse en cada caso y eso se hace en el Congreso.

8. Cumplimiento de acuerdos anteriores con diferentes sectores participantes en el paro. Deben cumplirse los acuerdos en caso de ser compatibles con las posibilidades fiscales de la Nación. Si no es así, deben renegociarse.

9. Tramitar con Dignidad agropecuaria las principales necesidades del campo colombiano. Esto puede discutirse sin la imposición de suprimir los TLC.   

10. Cumplir e implementar, de la mano de Defendamos la paz, los acuerdos de paz firmados en La Habana. El Gobierno está cumpliendo esos acuerdos y debe continuar haciéndolo; pero no tiene por qué rendirle cuentas a una ONG integrada por militantes de la izquierda internacional.

11. Tramitar lo más pronto posible los proyectos relacionados con la Ley Anticorrupción. Los proyectos anti-corrupción los rechazó el Congreso. El Ejecutivo puede presentarlos de nuevo.

12. Derogar el artículo 313 del PND. Los promotores del paro tienen representación en el Congreso, nada les impide presentar un proyecto de ley para derogar ese artículo y los considerados en el punto 6.

13. Definir políticas ambientales para la protección de páramos y medio ambiente. Esta definición debe hacerse con la participación de todos los actores involucrados, no solo con el Comité del Paro.

LGVA.

Diciembre de 2019

domingo, 8 de diciembre de 2019

Cinco consejos no pedidos al alcalde Quintero


Cinco consejos no pedidos al alcalde Quintero


Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista


Las actuaciones posteriores a su elección permiten presagiar que la alcaldía del señor Quintero será una larga pesadilla: ya convocó a una constituyente, apoyó las marchas violentas y empezó a maltratar a la gente de EPM. Aunque no abrigo ninguna esperanza de ser escuchado, voy a darle a señor Quintero cinco consejos que pueden ayudarle en su gestión.

Manténgase en la legalidad. Sus propuestas de congelar las tarifas de los servicios públicos y de meter a EPM en el negocio de la construcción de túneles son ilegales. Para las tarifas existen procedimientos regulatorios basados en la Ley 142 de 1994, norma que igualmente establece los alcances del objeto social de las empresas de servicios públicos domiciliarios. Esas propuestas ya se ensayaron, en la alcaldía de Luis Pérez, sin el beneficio social pretendido, pero metiendo en dificultades a la Empresa, que fue investigada y multada por incurrir en una conducta contraria a la regulación.  Además de ser ilegal, la congelación arbitraria de las tarifas o el suministro gratuito de los servicios públicos, minaría la cultura de pago de la comunidad y afectaría la sostenibilidad financiera de la Empresa y, por tanto, su capacidad para mantener, renovar y expandir la infraestructura. La clave del éxito de EPM radica en haber convertido en su mantra las palabras de su primer gerente, Oscar Baquero Pinillos: “El servicio más costoso es el que no se tiene”.

Crea en los técnicos. Su programa contiene la propuesta de hacer un metro subterráneo. Adicionalmente, Gustavo Petro, quien ha reclamado para su movimiento su victoria, propone soterrar el Metro de Medellín. No creo que usted comparta esa idea delirante, pero me gustaría ver que la rechaza expresamente. Es un error llevar a la discusión política una cuestión que debería ser estrictamente técnica. Las decisiones sobre trazado, longitud y diseño del Metro de Medellín se tomaron con base en criterios técnicos y financieros. La política debe decir el qué, la técnica y las realidades financieras responden por el cómo. El político debe plantear, por ejemplo, que su propósito es aumentar la cobertura en salud o del transporte público. Si esas propuestas logran el apoyo de la gente, los técnicos – teniendo siempre en cuenta las restricciones presupuestales – deberán señalar la mejor forma de lograr esos objetivos. No le corresponde al político diseñar los hospitales ni definir su localización y tampoco diseñar los sistemas de transporte público.

Respete la autonomía de EPM.  Ser un alcalde bueno en Medellín no es demasiado difícil, es más difícil ser malo. Todos los alcaldes de elección popular que ha tenido la Ciudad en su momento fueron calificados como los mejores del País. La razón es simple: los servicios públicos domiciliarios se vienen manejando mejor que en cualquier parte del País desde hace más de 60 años, por el rigor financiero, técnico y jurídico de EPM. Hace tiempo dejaron de ser una carga para el presupuesto del Municipio y, en lugar de ello, le aportan cuantiosos excedentes financieros. Deje que los directivos y técnicos de EPM hagan lo suyo y financie sus programas de gobierno con esos excedentes, que debe, eso sí, extraer con prudencia y moderación. EPM no es ganado de carne sino vaca de leche y para que la siga dando en abundancia hay que respetar su autonomía.

Aléjese de las malas compañías.  Usted se presentó como “independiente” frente a la izquierda anti-capitalista, frente a Gustavo Petro, en particular, y la gente le creyó, yo no le creo aún. Esa “independencia” se verá a lo largo de su mandato, pero una buena muestra inicial la daría absteniéndose de invitar a Petro a su posesión, incluso, pidiéndole expresamente que no venga, pues en caso contrario puede estar seguro de que se hará presente, aún sin invitación, para tratar de apropiarse políticamente de su victoria. Petro es un hombre sin ninguna clase de escrúpulos políticos que ha construido su carrera con base en la mentira y el falseamiento de la historia de nuestro País. Petro ha logrado que millones de jóvenes de almas generosas y mentes poco ilustradas lleguen a creer que esta es una sociedad bloqueada que niega el ascenso político y económico a quienes no hacen parte de las “élites privilegiadas”.

Abandone la soberbia. El trato que usted le dispensó al gerente, directivos y técnicos de EPM, durante la crisis de Hidroituango, lo dejó ver como una persona prepotente, arrogante y soberbia; al tiempo que ponía de manifiesto su superficial conocimiento de los temas tratados. Pero ese trato fue sobre todo injusto pues las personas a las que maltrató con saña son también técnicos que hacen su trabajo de forma honesta y comprometida y que saben muchas cosas. Nadie se las sabe todas y la fortaleza de las empresas y entidades exitosas radica en ese conocimiento colectivo que se nutre de la inteligencia, la educación y la experiencia de múltiples personas trabajando en red. Pero también en el Metro, en Empresas Varias, en la Terminales de Transporte y en todas las secretarias del Municipio hay gente de esa misma clase: profesionales honestos, dedicados y que saben cómo se hacen las cosas. Ese es el capital humano del municipio de cual podrá beneficiarse su administración.

LGVA

Diciembre de 2019.

lunes, 2 de diciembre de 2019

Duque, los medios y los capitalistas


Duque, los medios y los capitalistas


Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista


El tratamiento que los medios de comunicación, en particular los capitalinos, le han dado al gobierno del Presidente Iván Duque, prácticamente desde sus inicios, ha sido injusto, sesgado y desconsiderado. Se dice que esto se debe a la ausencia de pauta oficial, con la que el gobierno de Santos los habría irrigado generosamente. Sea o no verdadera esa conjetura, lo cierto es que ese proceder revela una ignorancia, una inconciencia y una irresponsabilidad sin límites.

Cuando algunos creíamos que ya habíamos escuchado, visto y leído todo lo malo que era posible esperar de ellos; el tratamiento dado a los acontecimientos sucedidos en desarrollo del paro del 21 de noviembre y en los días siguientes, nos reveló su increíble capacidad de superar sus propios records de desinformación y manipulación de la opinión pública.

Después de azuzar y promover el paro durante semanas – justificando acríticamente las más absurdas demandas -  descaradamente inflaron el número de los participantes en las marchas que nada tuvieron de pacíficas, desconocieron el interés de los millones que no marcharon, minimizaron los hechos de violencia y vandalismo cometidos y se encarnizaron contra los policías y soldados, acusándolos de toda clase de atropellos cuando protegían a las personas, los bienes públicos y privados y aún sus propias vidas de los ataques inclementes a los que fueron sometidos por grupos violentos, claramente entrenados en las más avanzadas tácticas del terrorismo urbano.

Razón tenía Tocqueville al decir que la libertad de prensa hay que mantenerla, no por los beneficios que resultan de su existencia, sino para evitar los males que aparecen  cuando es suprimida. Por eso hay que dejar que los periodistas digan, muestren o escriban lo que quieran; que distorsionen los hechos y que los interpreten a su amaño e, incluso que demeriten – con plena conciencia o sin ella – las instituciones políticas y económicas que permiten su existencia. Lo que no es comprensible es que los empresarios y capitalistas financien con sus propios recursos a quienes se han puesto al servicio de las fuerzas políticas que quieren barrerlos de la faz de la tierra.

En su maravillosa novela “Rusia”, Edward Rutherfurd cuenta cómo las damas de la alta sociedad rusa encontraban divertido invitar a sus salones a rudos militantes bolcheviques para que explicaran a sus invitados las ideas revolucionarias. En la campaña presidencial de 2018, los émulos colombianos de los bolcheviques – Petro, Córdoba, Robledo, etc. -  desfilaron por casi todas las asambleas de los gremios económicos, equivalentes modernos de los salones de las damas rusas, cuyo destino ya sabemos cuál fue.

A los dirigentes gremiales les aterra pasar por anti-democráticos, si se abstienen de invitar a sus eventos a los tipos que buscan acabar con los negocios de sus agremiados. A los empresarios y capitalistas que son dueños o financian con su pauta la existencia de las cabinas radiales, los estudios de televisión y las rotativas de la prensa escrita, les aterra aparecer como enemigos de la libertad de prensa si hacen despedir a algún periodista que ataca sus intereses o suprimen la pauta que paga su salario. El gran Karl Popper le dio a esa conducta un calificativo inigualable: bonachona estupidez.

Hay un tipo que todos los días despotrica contra el capitalismo salvaje, los empresarios explotadores y la voracidad del capital financiero desde la comodidad de la cabina de una emisora de gran sintonía. Si el propietario de la emisora, cansado de los dicterios, decide ponerlo de patitas en la calle, por supuesto que no está haciendo nada contra su libertad de expresión. El tipo puede conseguirse una silla y un megáfono y pararse en una esquina a seguir despotricando. A nadie se le ocurriría decir que el propietario de la emisora está obligado a suministrarle al despedido la silla y el megáfono. Pero, curiosamente, son legión los que creen, probablemente el mismo propietario, que sí está obligado a suminístrale el micrófono y todas las comodidades de la cabina de transmisión.    
         
Dicen que el dueño de la emisora de marras es el Grupo Santo Domingo, que lo es también del Canal Caracol y del diario El Espectador. Que el señor Sarmiento Angulo es el propietario de El Tiempo y que la Organización Ardila Lulle es dueña de los medios que operan bajo el nombre RCN. Harían bien estos capitalistas y todos los demás en escuchar lo que se dice, en ver lo que se muestra y leer lo que se escribe en los medios de su propiedad o que financian con su pauta.

No es ocioso recordarles, a los capitalistas colombianos, que Lenin se burlaba de la incapacidad de los capitalistas rusos de ver más allá de su interés económico inmediato, diciendo que último de ellos le vendería la soga para ahorcar al penúltimo.

LGVA

Diciembre de 2019.

domingo, 1 de diciembre de 2019

El terraplanismo económico


El terraplanismo económico


Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

Los terraplanistas son un grupo de la franja lunática, integrado por los que están convencidos de que la tierra es plana. Hacen parte también de esa franja los creacionistas y los partidarios de la teoría del universo estacionario. En su momento, todas esas teorías fueron refutadas, desechadas por los científicos y abandonadas por la inmensa mayoría de las personas del común. Subsisten por obra y gracia de pseudocientíficos, predicadores y otros encantadores de incautos, pero completamente al margen de la ciencia.

Lo que llamaremos “terraplanismo económico”, aunque ha sido casi completamente desechado por la economía académica, no solo subsiste entre muchos practicantes de disciplinas como la sociología, la historia y la ciencia política, sino que hace parte del discurso de los populistas de todos los pelambres, discurso acogido sin beneficio de inventario por buena parte de la población, especialmente en esas épocas crisis o dificultades económicas que periódicamente afectan todos los países.

El elemento central de “terraplanismo económico” es la creencia en que la desigual “distribución del ingreso” es la fuente de todos los males de la sociedad. En su forma más extrema – y más ampliamente difundida – es la creencia según la cual la prosperidad de algunos se hace a expensas de la miseria de la mayoría. Esto procede de Marx, es la llamada “ley de la miseria creciente del proletariado”, ostensiblemente desvirtuada por la historia.

La fuente de todas las confusiones del “terraplanismo económico” procede de la teoría de la explotación formulada a mediados del siglo XIX y cuyo principal exponente es Karl Marx.  Entonces, como ahora, la explicación de la distribución de la producción en términos de explotación resulta muy atractiva por su aparente simplicidad.

No hay producción sin trabajo. Todos los bienes económicos son producto del trabajo. En las sociedades de clases los productores directos – esclavos, siervos o proletarios – no recibe la totalidad del producto creado por ellos pues los arreglos institucionales permiten que las clases no trabajadoras – amos, señores o capitalistas – se apropien de una parte del producto. En la sociedad capitalista, la institución de la propiedad privada da a los capitalistas el poder de disponer de los medios de producción y de forzar por tanto a los obreros, mediante el contrato de trabajo, a vender su fuerza de trabajo solo por una parte de lo que pueden producir. El capitalista se apropia del resto como una ganancia que obtiene sin esfuerzo alguno.  

El anterior es el enunciado de la teoría de la explotación. En una economía esclavista o en una economía feudal la realidad de la explotación parece evidente y se deriva enteramente de las relaciones de poder. El amo es dueño del esclavo y por tanto del producto de su trabajo; el señor feudal es dueño de la tierra y puede imponerle al siervo de la gleba la obligación de pagarle en trabajo o en especie por permitirle cultivar una porción de tierra para su propio sustento. No es así en la economía capitalista. El obrero no es propiedad del capitalista, quien tampoco puede imponerle por la fuerza la obligación de trabajar en su fábrica.

En la economía capitalista la explotación, si es que existe, se da por medio de relaciones de intercambio. Eso lo entendió cabalmente Marx. También entendió que la explotación no puede ser el resultado de relaciones de intercambio contingentes y arbitrarias en la que una parte impone a la otra su voluntad y que pueden dar lugar a que “el salario sea inferior al valor de la fuerza de trabajo”. La realidad de la explotación debe surgir de una teoría del valor general y abstracta que explique las relaciones de intercambio o, lo que es lo mismo, los precios relativos en lo que se denomina condiciones de competencia perfecta o de lo que Marx llama el “análisis general de capital”[1].


El valor de cambio de cualquier mercancía, es decir, la cantidad de cualquier otra por la cual puede cambiarse, depende de la cantidad relativa de trabajo requerida para su producción. Naturalmente, no se trata de los trabajos concretos sino de lo que queda de después de prescindir del carácter concreto de la actividad productiva, de la utilidad del trabajo, es decir, del gasto de fuerza humana de trabajo. Por tanto, para Marx, el valor de la mercancía sólo representa trabajo humano, gasto de trabajo humano puro y simple. En este punto, Marx llega al problema de la transformación de los trabajos concretos en ese trabajo homogéneo sin el cual es imposible determinar los valores de cambio y determinar la plusvalía. Marx cree resolver el problema con el siguiente razonamiento:

“… el valor de la mercancía sólo representa trabajo humano, gasto de trabajo humano pura y simple (…) El trabajo humano es el empleo de esa simple fuerza de trabajo que todo hombre común y corriente, por término medio, posee en su organismo corpóreo sin necesidad de una especial educación. El trabajo simple medio cambia, indudablemente, de carácter según los países y la cultura de cada época, pero existe siempre, dentro de una sociedad dada. El trabajo complejo no es más que el trabajo simple potenciado o, mejor dicho, multiplicado: por donde una pequeña cantidad de trabajo complejo puede equivaler a una cantidad grande de trabajo simple. Y la experiencia demuestra que esta reducción de trabajo complejo a trabajo simple es un fenómeno que se da todos los días y a todas horas. Por muy complejo que sea el trabajo a que debe su existencia una mercancía, el valor la equipara en seguida al producto del trabajo simple, y como tal valor sólo representa una cantidad de trabajo simple” [2] 

Este razonamiento que parece muy convincente no es más que un ardid teórico. El valor del producto de un día de trabajo de un economista puede ciertamente equipararse al valor del producto de cinco días de trabajo de un obrero no calificado. Y se puede decir por tanto que un día de trabajo del economista equivale a cinco días de trabajo del obrero. Pero para hacer esto es necesario conocer justamente el valor de sus productos o las remuneraciones de uno y otros. Ciertamente, como dice Marx, esa reducción de trabajo complejo a trabajo simple se da todos los días. ¿Dónde y cómo se da esa reducción?  No puede ser en otro lugar que en el mercado y en el intercambio a precios de mercado de los productos del trabajo del economista y del obrero no calificado. Es decir, tenemos que suponer conocida la relación de intercambio para determinar las cantidades de trabajo homogéneo que determinan la relación de intercambio. Racionamiento circular.

La determinación de la plusvalía depende también de otro ardid teórico. La plusvalía es la parte del valor total producido después de descontarle el valor del salario, todas las cantidades medidas en tiempo de trabajo homogéneo:

Plusvalía = Valor del producto – valor del salario.

Podemos dar por conocido el valor del producto que no es otra cosa la duración de la jornada de trabajo. Queda por determinar el valor de salario en tiempo de trabajo para que la operación de la cual surge la plusvalía tenga sentido.  El salario o valor de la fuerza de trabajo “como el de toda otra mercancía, lo determina el tiempo de trabajo necesario para su producción”, dice Marx. Y añade:

“La fuerza de trabajo sólo existe como actitud del ser viviente. Su producción presupone, por tanto, la existencia de éste. Y partiendo del supuesto de la existencia del individuo, la producción de la fuerza de trabajo consiste en la reproducción o conservación de aquel. Ahora bien, para su conservación, el ser viviente necesita una cierta suma de medios de vida. Por tanto, el tiempo de trabajo necesario para producir la fuerza de trabajo viene a reducirse al tiempo de trabajo necesario para la producción de esos medios de vida; o lo que es lo mismo, el valor de la fuerza de trabajo es el valor de los medios de vida necesarios para asegurar la subsistencia de su poseedor”[3]

Los medios de vida son un conjunto de cosas heterogéneas: pan, huevos, leche, etc. En breve, una canasta de bienes y servicios que suplen las necesidades de los obreros y sus familias. Para conocer su valor es preciso conocer los precios de las cosas que la conforman. Y conocido el valor de la canasta, es preciso conocer el salario nominal por unidad de tiempo de trabajo y poder así determinar el valor del salario en tiempo de trabajo homogéneo. Una vez más estamos ante un razonamiento circular.

Pero aun suponiendo resueltos los problemas planteados y “creyendo” que los precios relativos dependen de las cantidades relativas de trabajo queda el problema mayor, inicialmente señalado por Böhm-Bawerk, de la contradicción entre la teoría de los precios del Tomo I de El Capital y la desarrollada en el Tomo III. Este asunto puede ilustrarse fácilmente con la tabla siguiente, similar a la que presenta Marx en el capítulo IX del tomo III de El capital, donde aborda el problema de la transformación de los valores en precios de producción.

Hay cinco ramas de producción con composición orgánica diferente. La tasa de plusvalía y la tasa de ganancia son las mismas en todas las ramas. Las diferencias en la composición orgánica hacen que los precios de producción difieran de los valores en todas las ramas, salvo en aquella cuya composición orgánica es similar a la composición orgánica del capital agregado.


A Marx parece no preocuparle que los precios de producción y los valores difieran sustancialmente, de tal suerte que las relaciones de intercambio no estén regidas en lo absoluto por las cantidades relativas de trabajo.  Señala que, cualquiera sea el modo en que se regulen los precios, la “ley del valor preside el movimiento de los precios, ya que al aumentar o disminuir el tiempo de trabajo necesario para la producción los precios de producción aumentan o disminuyen (…) la ganancia media, que determina los precios de producción, tiene que ser siempre, necesariamente, igual a la cantidad de plusvalía que corresponde a un capital dado como parte alícuota del capital de toda la sociedad”[4]

El hecho de que la ley del valor no regule las relaciones de intercambio no parece ser un problema para Marx quien lo escamotea con el argumento peregrino de que tomadas en conjunto las mercancías cambiadas la suma de los valores es igual a la suma de los precios de producción. Al respecto, la crítica de Böhm-Bawerk es contundente:

“¿Cuál es, en realidad, la función de la ley del valor? No creemos que pueda ser otra que la de explicar las relaciones de cambio observadas en la realidad. Trátase de saber por qué en el cambio, por ejemplo, una chaqueta vale 20 varas de lienzo, por qué 10 libras de té valen media tonelada de hierro, etc. Así es como Marx concibe la función esclarecedora de la ley del valor. Y es evidente que sólo puede hablarse de una relación de intercambio cuando se cambian entre sí distintas mercancías”[5]

Y más adelante:

“Ante el problema del valor, los marxistas empiezan contestando con su ley del valor, consistente en que las mercancías se cambian en proporción al tiempo de trabajo materializado en ellas. Pero más tarde revocan esta respuesta – abierta o solapadamente – en lo que se refiere al cambio de mercancías sueltas, es decir, con respecto al único campo en que el problema del valor tiene sentido, y sólo la mantienen en pie en toda su pureza con respecto al producto nacional tomado en su conjunto, es decir, con respecto a un terreno en el que aquel problema no tiene sentido”[6].

Los marxistas han puesto mucho trabajo y empeño en la solución de lo que se ha denominado el problema de la transformación. Ninguna de las “soluciones” hasta ahora aportadas ha dado respuesta a la crítica de Böhm-Bawerk. Es curiosa la insistencia de los marxistas en la teoría del valor, cuando el propio Marx reconoce que su ley del valor carece de vigencia en la economía capitalista. El texto en cuestión es especialmente significativo y merece ser citado en toda su extensión:

“El cambio de las mercancías por sus valores o aproximadamente por sus valores presupone, pues, una fase mucho más baja que el cambio a base de los precios de producción, lo cual requiere un nivel bastante elevado en el desarrollo capitalista. (…) Prescindiendo de la denominación de los precios y del movimiento de éstos por la ley del valor, no sólo es teóricamente sino históricamente, como el prius de los precios de producción. Esto se refiere a los regímenes en que los medios de producción pertenecen al obrero, situación que se da tanto en el mundo antiguo como en el mundo moderno respecto al labrador que cultive su propia tierra y respecto al artesano”[7]

Es decir, la ley del valor, fundamento de la teoría de la plusvalía y por tanto de la teoría de la explotación en el régimen de producción capitalista deja de regir justamente con el advenimiento de ese régimen de producción. Engels lo admite de una forma casi candorosa:

“En otros términos: la ley del valor de Marx rige con carácter general, en la medida en que rigen siempre las leyes económicas, para todo el período de producción simple de mercancías; es decir, hasta el momento en que ésta es modificada por la forma de producción capitalista. Hasta entonces los precios gravitan con arreglo a los valores determinados por la ley de Marx y oscilan en torno a ellos (…) la ley del valor (…) tiene, pues, una vigencia económico-general, la cual abarca todo el período que va desde comienzos del cambio (…) hasta el siglo XV de nuestra era. Y el cambio de mercancías data de una época anterior a toda la historia escrita (…) la ley del valor rigió, pues, durante un período de cinco a siete mil años…”[8]

El intercambio de mercancías con arreglo a las cantidades relativas de trabajo sólo se da en lo que Smith llamara “el estado primitivo y rudo de la sociedad que precede a la acumulación del capital y la apropiación de la tierra”. En la economía capitalista, la teoría del valor trabajo no explica los precios relativos cuando la relación capital trabajo o la composición orgánica del capital, como la denomina Marx, es diferente en las distintas ramas de la producción. Si las relaciones de intercambio no están determinadas por las cantidades relativas de trabajo, la teoría de la explotación carece de todo fundamento. Los marxistas, sin embargo, no quieren darse por enterados.

La moderna teoría del valor y de los precios explica cómo los ingresos monetarios de los productores, trabajadores, rentistas y de todo el que participa en la vasta red de intercambios de la economía dependen de la configuración de los precios que gobiernan esos intercambios. Los ingresos no se distribuyen, sino que se ganan participando en esos intercambios cuando tenemos un bien o un servicio que tenga valor para los demás. Los “terraplanistas económicos” no entienden o no quieren entender esa teoría y continúan aferrados a la insostenible teoría de la explotación.  

El terraplanismo del mundo natural, aunque fastidioso, no muy nocivo pues solo afecta las mentes de algunos incaustos. El “terraplanismo económico” si lo es en grado sumo porque puede afectar la conducta y las actitudes de millones de personas frente a las instituciones económicas del capitalismo sobre las cuales reposa nuestro bienestar y toda la civilización moderna.

Bibliografía.

Böhm-Bawerk. (1884,1986). Capital e interés. Fondo de Cultura Económica, México, 1986.

Cuevas, Homero. (2003). Valor y sistema de precios. Universidad Nacional, Bogotá, 2003.

Marx, Karl. (1867,1971). El capital. Contribución a la crítica de la Economía Política. Tomo I. Fondo de Cultura Económica, México, 1971.

Marx, Karl. (1894,1971). El capital. Contribución a la crítica de la Economía Política. Tomo III. Fondo de Cultura Económica, México, 1971.

LGVA

Diciembre de 2019.
  









[1] Marx, C. (1894,1971). Tomo III. Página 235.

[2] Marx, C. (1867,1971). Página 11-12.

[3] Marx, C. (1867,1971). Página 124.

[4] Marx, C. (1894,1971). Tomo III. Páginas 183-184.

[5] Böhm-Bawerk, E. (1921,1986). Página 460.

[6] Böhm-Bawerk, E. (1921,1986). Página 461.

[7] Marx, C. (1894,1971). Tomo III. Páginas 183-184.

[8] Citado en Cuevas, H. (2003). Página 61-62.