sábado, 30 de julio de 2016

La bonachona estupidez

La bonachona estupidez

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Docente Universidad EAFIT

“Estas ideas totalitarias tienen un extraño influjo y ejercen una extraña fascinación sobre muchas personas (…) ejercen una gran atracción sobre quienes se sienten disconformes e insatisfechos en una sociedad libre, abierta y competitiva”
(Karl Popper)

Si no ocurre un acontecimiento inesperado – como la perpetración de un magnicidio o una gran masacre que modifique radicalmente el estado mental de la opinión pública – la incorporación plena de las Farc a la vida política legal se producirá en un par de años. En 2018 participarán en las elecciones legislativas en las circunscripciones especiales que les serán otorgadas y muy seguramente apoyarán algún candidato de la izquierda en las presidenciales. Nada que objetar: ese era el objetivo de los acuerdos de La Habana.  Hay que saludar ese acontecimiento sin caer, no obstante, en la bonachona estupidez.

La más reciente expresión de la bonachona estupidez son las declaraciones del alcalde de Cali, el señor Maurice Armitage, invitándonos a “pedir perdón a la guerrilla por haberlos conducido a las armas”. Lo que llama la atención en el despropósito del señor Armitage no es su contenido sino la forma un tanto ingenua de expresarlo, quizás a causa de su inexperiencia en la arena política. Porque eso es lo que sienten y piensan muchos periodistas, historiadores, escritores y políticos que durante años han abrevado a la opinión pública con la teoría de las “causas objetivas” del conflicto fundamento último de la bonachona estupidez.

Según esa teoría las Farc, el ELN, el EPL, el M-19 y todos los guerrilleros que en la historia han sido, se fueron al monte en respuesta a una sociedad injusta, inequitativa y carente de movilidad. El hecho de que probablemente muchos guerrilleros, especialmente en la época romántica de sus inicios, creyeran genuinamente eso, no significa que en ese entonces y menos ahora sea verdad.  La sociedad colombiana está  lejos de ser perfecta, pero en los cincuenta años de insurgencia de las Farc, su economía ha crecido por la acción de empresarios y trabajadores que han creado riqueza y bienestar para millones de personas. Cualquiera que mire con mínima objetividad los indicadores de la economía colombiana, sabrá que es así. Cualquiera que compare las condiciones económicas de sus padres y abuelos con las suyas propias, sabrá que es así. Negarlo, contra toda evidencia, es lo que conduce a la bonachona estupidez.

Millones de colombianos han enfrentado con trabajo y tesón las mismas o peores condiciones de injusticia, inequidad y falta de oportunidades que enfrentaron aquellos que con motivaciones supuestamente altruistas tomaron el camino de la violencia. Millones de colombianos enfrentan condiciones adversas todos los días con su trabajo honesto sin convertirse en ladrones, salteadores, asesinos o narcotraficantes. Quienes decidieron hacerse guerrilleros o maleantes, que es casi la misma cosa, lo hicieron haciendo uso de su libertad. Si aceptamos la tesis del señor Armitage, los colombianos sin excepción  nos veríamos precisados a pedirle perdón, además de las Farc,  a todo el que nos roba, nos secuestra o asesina en un delirante ejercicio colectivo de bonachona estupidez.

Los negociadores de las Farc han declarado repetidamente que los acuerdos de La Habana no significan renuncia a su ideología. Es bueno saberlo. Las Farc son una organización marxista-leninista y su séptima conferencia decidió la creación del Partido Comunista Clandestino, sin que se sepa que haya desistido de ello.  El marxismo-leninismo es la teoría de la lucha de clases como motor de la historia y de la dictadura del proletariado como instrumento inevitable para la construcción del comunismo. Y dictadura, según Lenin, “no significa otra cosa que un poder ilimitado no sujeto a ninguna clase de leyes ni absolutamente a ninguna clase de reglas y directamente apoyado en la violencia”. La experiencia del socialismo real del siglo XX muestra elocuentemente que los marxistas- leninistas, cuando llegan al poder, aplican a rajatabla los preceptos de Lenin y establecen siempre un régimen totalitario de partido único. Olvidar esto es caer en la bonachona estupidez. 

La democracia es, antes que nada, un sistema político en el cual una pluralidad de partidos compite en elecciones periódicas por alcanzar el poder. Las Farc, o el movimiento o partido que las sustituya, será pues una organización política que, empleando métodos democráticos, buscará alcanzar el poder para suprimir la democracia e instaurar en su lugar la dictadura del partido comunista, vanguardia del proletariado. Hay que asumir que ese es su objetivo estratégico mientras no renuncie expresamente al marxismo-leninismo y a la dictadura del proletariado.  La presencia de las Farc como organización política legal plantea un problema fundamental a la democracia colombiana cual es el grado de tolerancia y las ventajas que se otorgan a una organización política que busca emplear los medios de la democracia para acabar con ella.  Otorgarle a las Farc y a sus aliados garantías o ventajas excesivas, en el régimen electoral y en la distribución del poder político, que eventualmente le permitan tomarse por métodos legales el poder que no alcanzaron por las armas, sería el más deplorable resultado de la bonachona estupidez.  

La bonachona estupidez, enseña Popper, es la condición de muchas personas – intelectuales, periodistas, curas y políticos, en general,  todos los apóstoles de la justicia social – que pueden ser buenos en lo moral pero extremadamente débiles en lo intelectual. El socialismo es antes que nada un error intelectual que se transforma en tragedia social cuando sus partidarios llegan al poder. Y el mayor riesgo de que esto ocurra en Colombia proviene de todos los estúpidos bonachones o idiotas útiles, como los llamaba Lenin,  quienes, queriendo hacerse perdonar de las Farc por las injusticias sociales de las que supuestamente todos somos responsables; con sus escritos apologéticos, sus entrevistas obsecuentes, sus púlpitos adocenados  y sus alianzas electorales inicuas terminen por allanarle a las Farc y sus amigos el camino para llegar al poder. Esa sería la apoteosis de la bonachona estupidez.

LGVA

Julio de 2016. 

Una reflexión sobre los acuerdos de La Habana y cinco propuestas para mejorarlos.

Una reflexión sobre los acuerdos de La Habana y cinco propuestas para mejorarlos.


Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Docente Universidad EAFIT


"¡Viva la paz, viva la paz!"
Así trinaba alegremente un colibrí
sentimental, sencillo de flor en flor...
Y el pobre pajarillo
trinaba tan feliz sobre el anillo
feroz de una culebra mapaná.
Mientras que en un papayo
reía gravemente un guacamayo
bisojo y medio cínico:
-¡Cúa, Cúa!
(Luis Carlos López)

I

El objetivo de toda violencia es la obtención de riqueza, poder político o una y otro. En La Habana, las Farc están negociando su renuncia a violencia a cambio de riqueza – la legalización de la que tienen ya y la que les transferirán todos los colombianos por medio de los programas asistencialistas a los que se ha comprometido el gobierno – y de una porción de poder político, inicialmente, y de ciertas reformas que les permitan tener una expectativa relativamente cierta de aumentar más tarde esa porción y, ¿por qué no? de tomárselo algún día en su totalidad. No puede ser de otra forma. Si las Farc han recurrido a la violencia es porque, a su juicio, los medios pacíficos de la institucionalidad vigente no les daban una expectativa cierta de alcanzar el poder que es el objetivo último de la acción política. Evidentemente buscan garantizar la integridad física de sus militantes y dejar en la impunidad la totalidad de los crímenes cometidos. El llamado acuerdo final se firmará con toda seguridad en uno o dos meses. La Corte Constitucional ya declaró exequible el plebiscito refrendatorio y  muy probablemente la mayoría de los ciudadanos lo votará afirmativamente.

Las Farc sólo tenían que comprometerse una cosa: renunciar al uso de las armas. El “acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas” da garantías relativamente ciertas de que puede ser así. Seguramente se presentarán problemas en su aplicación efectiva. A los campamentos no llegarán muchos guerrilleros que preferirán mantener su actividad delictiva independientemente o amparados en la franquicia del ELN, donde serán recibidos con alborozo; llegarán pseudo-guerrilleros, buscando los beneficios de la reinserción y serán muchas las armas “encaletadas” por decisión individual o colectiva. Pero en sí mismo, en el papel, el acuerdo es prácticamente inobjetable. De hecho, las objeciones de los críticos de la negociación de La Habana están referidas a los demás acuerdos, es decir, a las concesiones que el gobierno se comprometió a otorgarle a las Farc a cambio de su renuncia a la violencia.

II

Es preciso decir que en el acuerdo de participación en política, el suscrito en junio de 2013, no hay nada que pueda considerarse inapropiado o excesivo. Lo acordado incluye la expedición de un estatuto de oposición, cuyos lineamientos serán definidos por los partidos y movimiento políticos con personería jurídica; la creación de un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, es decir, el esquema de escoltas que protegerá a los dirigentes de las Farc, y la reforma de régimen electoral, para lo cual se convocará una misión técnica que en seis meses debe elaborar la propuesta.  Se acordaron también una serie de acciones para para facilitar el ejercicio de la política, como la desvinculación de personería jurídica de los movimientos políticos de la obtención de un umbral mínimo de votación y el establecimiento de un régimen de transición de 8 años que incluye la financiación y divulgación de los programas de movimientos que irrumpan por primera vez en el escenario político. Se crea un número aún no definido de circunscripciones electorales especiales “en zonas afectadas especialmente por el conflicto” donde se elegirá un número aún no definido de representantes a la cámara durante un número de períodos electorales también por definir. Los partidos con representación en el congreso no tendrán candidatos en esas circunscripciones y los ciudadanos que en ellas voten podrán también hacerlo en la circunscripción ordinaria de su departamento. El gobierno creará un canal institucional de televisión para la divulgación de plataformas y programas de los partidos con personería jurídica. Hay otra serie de enunciados sobre planeación democrática, presupuestos participativos, distribución de dineros y recursos públicos, acceso gratuito a emisoras y a canales de televisión y todas aquellas cosas que son la delicia de los estatistas de todos los partidos.

En el borrador del acuerdo de junio de 2013 no se menciona la asignación directa de curules sin que medie votación alguna. Esa es una propuesta puesta en circulación por un antiguo guerrillero y aupada por algunos políticos cercanos a las ideas de las Farc.  Los áulicos de la guerrilla han hablado de asignar directamente 9 curules al senado, adicionales a las existentes y durante dos períodos electorales, Esa cifra parece exagerada pues equivale a suponer que las Farc cuentan con más del 10% de la votación para senado, cifra que no ha alcanzado nunca la izquierda en elecciones legislativas. Tampoco tiene antecedentes en anteriores procesos de negociación con insurgentes. El M-19 no recibió ninguna curul directa, obtuvo 9 en las elecciones de 1991. Para dar algún sustento a tan descarada pretensión, el ex – guerrillero que lanzó la propuesta no duda en mentir afirmando que “la Unión Patriótica, hija del acuerdo de paz entre Betancur y las FARC, obtuvo en su primera incursión en el escenario electoral 14 parlamentarios”. En esa primera incursión, que tuvo lugar en las legislativas de 1986, la UP obtuvo 2 curules en el senado y 3 en la cámara. En la de 1990 obtuvo una curul en cámara y en la de octubre de 1991, realizada después de que la constituyente revocara el congreso, la UP obtuvo 1 senador y 3 representantes.

III

El almendrón del mal llamado acuerdo de víctimas es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Este no es otra cosa que un procedimiento tortuoso, confuso y costoso para garantizar la impunidad total a los militantes de la guerrilla. Las Farc no llegaron a La Habana como fuerza vencida que se somete a la legalidad que combatía. Llegaron, guste o no, como contraparte insurgente reconocida así por el gobierno. En ningún proceso de negociación de esta naturaleza adelantado en el mundo, los insurgentes han salido para la cárcel. En Colombia, las negociaciones con el M-19, el Ejército Popular de Liberación, una fracción del ELN y el Quintín Lame concluyeron todas con la impunidad total de sus militantes y su participación en política sin cortapisas de ninguna índole, pero tampoco con beneficios especiales. Con esos antecedentes, las Farc no podían aspirar a nada menos que al mismo tratamiento. Pero con el Tratado de Roma y la entrada en vigencia de la jurisdicción de Corte Penal Internacional en noviembre de 2009, no era ya posible otorgarles impunidad total como se hizo con los otros grupos guerrilleros. Permanecer en el Tratado de Roma y dar a las FARC garantías de impunidad es la cuadratura de círculo que se intenta con la JEP. La JEP fue diseñada para garantizar impunidad a los guerrilleros de las FARC sin que el País se viera obligado a denunciar el Tratado de Roma. Esta es la verdad monda y lironda.

La objeción fundamental que puede hacerse a la JEP es que su competencia extienda a “todos los participantes en el conflicto, de forma directa o indirecta, combatientes o no combatientes” quienes “deberán asumir su responsabilidad por las graves violaciones e infracciones cometidas en el contexto y en razón del conflicto armado”. Esto se reitera una y otra vez a lo largo del documento:  “El componente de justicia del Sistema Integral de verdad, justicia, reparación, y no repetición se aplicará a todos los que participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado. Se aplicará a los investigados o condenados por el delito de rebelión u otros relacionados con el conflicto, aunque no pertenezcan a las organizaciones armadas en rebelión”.

A pesar de los matices que se introducen – colaboración que no sea resultado de coacciones o participación determinante o habitual – son muchas las personas que están en riesgo de ser llamadas a responder ante la JEP. El acuerdo abre la Caja de Pandora al establecer que además de la información “sobre todas las investigaciones en curso relativas a las conductas cometidas con ocasión del conflicto armado” allegada por la fiscalía, la contraloría, la personería, la justicia penal militar, el órgano administrativo de la rama judicial y cualquier órgano judicial o administrativo que haya proferido sentencias o resoluciones sobre actos cometidos en el conflicto; los tribunales de la JEP recibirán “informes de organizaciones de víctimas y derechos humanos relativos también a los actos delictivos cometidos durante el conflicto, informes estos a los que la JEP dará el mismo tratamiento que a los emanados de las autoridades mencionadas”.

Es también sorprendente el hecho de haber extendido la JEP a los agentes del estado. Las declaraciones retóricas sobre  “tratamiento equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico” o aquello de que “deberá tenerse en cuenta la calidad de garante de los derechos” son insuficientes para eliminar el riesgo y la vergüenza que para un militar supone verse sometido al mismo sistema de justicia diseñado para los insurgentes que estaba obligado a combatir. Los oficiales de alto rango que participaron en las conversaciones de La Habana parecen creer que los militares acusados de “falsos positivos” y otros delitos reales o supuestos podrán verse por fin libres de toda persecución judicial si se someten a esa jurisdicción. No de otra  forma se explica que hayan aceptado que sus camaradas de armas tengan que pasar por las Horcas Caudinas de la JEP.

IV

El acuerdo sobre “Política de desarrollo agrario integral” ha sido recibido con alborozo por los portaestandartes de “las causas objetivas del conflicto”. Son 22 páginas escritas en ese “lenguaje incluyente” que en nada desmerece la neolengua de Orwell. Se crea un fondo de tierras de distribución gratuita de aún no se sabe cuántos millones de hectáreas que se distribuirán durante un período de duración aún no definida. Las tierras provendrán de varias fuentes: baldíos, tierras inexplotadas, tierras donadas y tierras adquiridas o expropiadas por motivos utilidad pública e interés social. Además, habrá subsidios y créditos especiales para la adquisición de tierras. Serán beneficiarios los “trabajadores con vocación agrícola sin tierra o tierra insuficiente” y todo se acompañará con planes y programas de vivienda, electrificación, agua potable, saneamiento, educación rural, asistencia técnica, capacitación, adecuación de tierras, recuperación de suelos, proyectos productivos, comercialización, etc., etc., etc. Habrá programas masivos de formalización de la pequeña y mediana propiedad. Las tierras distribuidas gratuitamente o adquiridas con subsidios y créditos especiales serán inalienables e inembargables durante un período de 7 años. Los planes y programas tendrán enfoque territorial, pluriétnico, multicultural, ambiental, sostenible, priorizado, participativo, con equidad de género y todo lo demás. Las zonas de reserva campesina (ZRC), creadas por la ley 160 de 1994 y de las cuales ya existen seis, adquieren rango constitucional con la incorporación de los acuerdos al llamado bloque de constitucionalidad. Hace también parte del acuerdo la figura de seguridad o soberanía alimentaria como elemento fundamental de la política agraria. En breve, el gobierno se compromete a una reforma agraria integral como esas de las que se hablaba por allá en los años 50 y 60.

No hay nada que objetar a la pretensión de que en el campo coexistan propiedades de la más diversa extensión; de la misma forma que en el comercio, la industria o los servicios coexisten empresas de todos los tamaños. La competencia se encarga de establecer la escala mínima que permite la supervivencia de los negocios en las distintas actividades. Igual cosa debería ocurrir en el campo. Pero no, el acuerdo está marcado por la obsesión de mantener a cualquier costo la pequeña propiedad sin que importe si es o no productiva y pueda garantizar, de forma competitiva, un ingreso adecuado al campesino. Subsidios directos, créditos subsidiados, seguros de cosecha subsidiados, compras públicas subsidiadas, planes gubernamentales de comercialización subsidiados, centros de acopio subsidiados, etc. esos son los pilares sobre los que descansa la supervivencia de la idolatrada “economía campesina, familiar y comunitaria”.

Otro componente del acuerdo agrario es la creación del Sistema de seguridad o soberanía alimentaria. No se ha definido aún si es la una o la otra: los negociadores del gobierno prefieren la primera, los de las Farc la segunda. La diferencia no es de poca monta: la seguridad alimentaria alude a una serie de propósitos de política pública con los que nadie puede estar en desacuerdo (erradicación del hambre y la desnutrición, precios accesibles al consumidor final, etc.), mientras que la de soberanía alimentaria es un concepto claramente proteccionista cuya materialización como política pública puede llevar al reforzamiento de las restricciones arancelarias y para-arancelarias al comercio internacional de la producción agropecuaria. Sería muy grave que finalmente primara la posición de las Farc y que la tal “soberanía alimentaria”, convertida en elemento del “bloque de constitucionalidad”, condujera al cierre del sector agropecuario al comercio internacional. Lo que beneficia a los productores agropecuarios de todo tamaño y,  disminuyendo la renta derivada del monopolio de su propiedad, convierte a la tierra en un factor de producción capitalista es la competencia internacional que lleva a la especialización y a la eficiencia productiva.  Los subsidios y la protección solo sirven para perpetuar el atraso y la pobreza del campo.

Las zonas de reserva campesina (ZRC) son una especie de falansterios igualitaristas. Ya existen 6 con una extensión de 900.000 hectáreas y 95.000 habitantes. Allí todo mundo debe tener la misma cantidad de tierra: la unidad agrícola familiar (UAF), definida como la extensión de tierra que permite remunerar el trabajo de la familia y obtener un excedente capitalizable. Normalmente, la UAF no admite más que el trabajo del propietario y su familia, aunque excepcionalmente puede emplear “mano de obra extraña”. El propietario de la UAF no puede venderla antes de quince años de su primera adjudicación y sólo puede transferirla, con autorización del gobierno, a campesinos sin tierra o minifundistas. Nadie puede ser propietarios de dos o más UAF ni emplear sistemáticamente trabajo asalariado. La UAF no puede ser dividida materialmente, lo que lleva al restablecimiento de la institución feudal del mayorazgo.  En definitiva, a los campesinos de las ZRC se les niega la posibilidad de ser más productivos que sus vecinos, transformarse en empresarios y enriquecerse.  Si alguien escoge libremente  trabajar y vivir esas condiciones está en todo su derecho. Las limitaciones a la enajenación destruyen todo incentivo  a la valorización de la propiedad y el campesino que eventualmente se aburra de tanta igualdad está condenado a salir arruinado al estar obligado a venderla a muy bajo precio a alguien más pobre que él. En la práctica esto lleva a que el campesino de la ZRC no tenga salida. Es ominoso que una figura de esta naturaleza haya sido incluida en una ley y más ominoso aún que vaya a quedar incorporada en la constitución una vez que los acuerdos de La Habana pasen a ser parte del “bloque de constitucionalidad”.

V

El de “solución al problema de las drogas ilícitas” es el más retórico y gaseoso de todos los acuerdos. Realmente allí no se ha acordado nada: todo el documento es una reiteración del compromiso de las partes de dar solución algún día al problema de las drogas ilícitas.  Las Farc no reconocen ninguna responsabilidad en el narcotráfico, salvo una alusión general según la cual “…la producción y comercialización de drogas ilícitas también han atravesado, alimentado y financiado el conflicto interno”. De ahí que su compromiso sea igualmente general: “poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno”. Para el gobierno el objetivo es “lograr que el territorio nacional esté libre de cultivos ilícitos” y para las FARC “lograr que evitando el deterioro del medio ambiente el territorio nacional esté libre de cultivos ilícitos”.

El periodismo bobalicón y los políticos tontarrones le han enrostrado a las Farc  el no haber informado en la mesa de negociación de su riqueza proveniente del narcotráfico, la extorsión y el secuestro y no haber puesto esa riqueza a disposición del gobierno para la indemnización de las víctimas.  No se puede ser más ingenuo. ¿Por qué no pedirles la declaración de renta y patrimonio, los datos sobre sus cuentas en el exterior y las coordenadas de las caletas donde guardan el efectivo? En la mesa de negociaciones correspondía a los representantes del gobierno, respaldados por la fiscalía y el sistema judicial, poner en evidencia esa riqueza y forzar a los representantes de las Farc a reconocer la realidad de los hechos. Por pusilanimidad, falta de información o incompetencia no hicieron nada y las Farc quedaron como la Pobre Viejecita y los negociadores del gobierno como Simón el Bobito.

El único compromiso real es el del gobierno con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Este programa “tendrá un carácter civil”, contará con la “participación activa de las comunidades” y tendrá como principio fundamental “la sustitución voluntaria”. El PNIS hace parte de la reforma rural integral y como ésta contribuirá a “las transformaciones estructurales de la sociedad rural”    y  a “superar las condiciones de pobreza de las comunidades campesinas” que al parecer es la condición sine qua non de la desaparición definitiva de los cultivos ilícitos. A los cultivadores, recolectores y amedieros que se acojan al programa, se les suministrarán mercados durante 6 meses o dos años (el gobierno prefiere lo primero, las Farc lo segundo), se les dotará de huertas caseras, se les dará empleos temporales y todas las otras dádivas de las que habla la reforma rural integral. Dice el acuerdo que en caso de que los cultivadores no se allanen a la erradicación voluntaria “el gobierno procederá a la erradicación de los cultivos de uso ilícito, priorizando la erradicación manual donde sea posible, teniendo en cuenta el respeto por los derechos humanos, el medio ambiente y el buen vivir”. Las Farc insisten que en cualquier caso la erradicación debe ser manual.

En realidad el gobierno y las Farc no podían acordar nada concreto sobre el narcotráfico porque parten de reconocer su incapacidad para hacerlo. Los cultivos ilícitos existen por “las condiciones de pobreza y marginalidad” y porque el propósito de su eliminación “depende también de consensos y definiciones de alcance global por parte de todos los estados”. Ni lo uno ni lo otro es cierto: la pobreza y la marginalidad abundan en muchas partes sin que abunden los cultivos ilícitos y países como Holanda, Portugal, Uruguay y varios estados de Estados Unidos han legalizado la marihuana sin esperar esos consensos y definiciones de alcance global y sin verse precisados a denunciar la Convención de Viena contra el tráfico ilícito de estupefacciones y sustancias sicotrópicas.

Colombia es signataria de esa convención, como también lo es  del Tratado de Roma que creó  la temida Corte Penal Internacional. Llama la atención el hecho de que los abogados asesores de la mesa, que pusieron tanto empeño en encontrar una fórmula que permitiera dar impunidad a las Farc sin denunciar el Tratado de Roma, no hayan hecho lo propio para idear una salida jurídica decorosa de los compromisos de la Convención de Viena y para buscar la legalización de la producción, comercialización y consumo de toda suerte de drogas en Colombia. El mundo algún día entenderá que esta es la única forma de superar los problemas de violencia, criminalidad y corrupción que resultan de la ilegalidad. Colombia, que es el país que más ha padecido esas penurias, estaba en todo su derecho de avanzar en la descriminalización de las drogas y obtener para ello la aceptación de la comunidad internacional, que supuestamente está apoyando clamorosamente los acuerdos de La Habana. Pero los negociadores y sus abogados estaban pensando en otra cosa.  Lo acordado en La Habana deja el problema del narcotráfico en una situación peor pues en la práctica otorga a las Farc el monopolio de la producción y comercialización de la hoja de coca pues la mayor parte de los cultivos están en territorios que están bajo su control. Mientras la cocaína tenga el alto precio que le da la ilegalidad, el PNIS es una broma.  

VI

De lo expuesto salen las siguientes cinco propuestas:

1.    El hecho de que los crímenes de las Farc vayan a quedar en la impunidad es sencillamente repugnante y es igualmente repugnante saber que tendremos que ver a sus dirigentes pavonearse como grandes señorones de la política en el congreso y en los medios de comunicación. Pero lo uno y lo otro son los resultados inevitables de la naturaleza misma de las negociaciones de La Habana. Pero no tiene sentido, como pretenden sus turiferarios,  darle a las Farc más gabelas que las ya acordadas en principio en junio de 2013. Tomando como criterio para decidir el número de curules a las que se les facilitaría transitoriamente el acceso a las Farc los resultados obtenidos por los movimientos políticos que les son afectos en las elecciones legislativas realizadas desde 1986, año en que aparece la UP,  debería establecerse un circunscripción especial de dos curules para senado y tres circunscripciones para cámara de representantes con dos curules cada una. Esto es bastante generoso. En esas circunscripciones no podrían participar los partidos y movimientos con  representación en el congreso, pero, para que haya competencia, si podría hacerlo cualquier partido o movimiento que lo desee, bajo las mismas condiciones y reglas que se dispongan para las Farc. Los ciudadanos que deseen votar en las circunscripciones especiales no podrán hacerlo en las ordinarias. Dichas circunscripciones se mantendrían por dos períodos electorales y las curules en cuestión serían adicionales a las existentes. Los demás aspectos del acuerdo de participación en política deben hacerse extensivos a todos los movimientos y partidos sin personería jurídica ni representación en el congreso. En particular se les debe dar participación en los procesos conducentes a la formulación del estatuto de oposición y a la reforma del régimen electoral.

2.    La JEP se crea para garantizar la impunidad a los militantes de las FARC sin denunciar el Tratado de Roma. Debe limitarse a eso y excluir de su jurisdicción a todos los demás ciudadanos.  Aceptando el criterio de los altos oficiales que participaron en las negociaciones, los militares que así lo deseen pueden someterse libremente a ella. Para considerar las actuaciones de éstos se tendrán en cuenta únicamente los expedientes y sumarios que aporten las autoridades judiciales y en ningún caso los informes de terceros.


3.    Los campesinos que reciban tierra del fondo de distribución de tierras deben poder disponer libremente y en cualquier momento de su propiedad sin restricción alguna. Todos los campesinos y en especial los de las ZRC deben también poder explotar sus talentos naturales, emplear trabajo asalariado, acrecentar el tamaño de sus parcelas, disponer libremente de su propiedad y venderla a quien deseen a un precio libremente acordado. Esos campesinos, como todos los colombianos, deben tener libertad económica pues sin ésta no hay libertad política ni libertad de ningún tipo. Para garantizar a los campesinos el derecho a la salida de las ZRC, el gobierno se compromete a adquirir las UAF que se le ofrezcan por su precio de mercado, es decir, al precio de propiedades de características similares que no hagan parte de ninguna ZRC.

4.    El desarrollo de una producción agropecuaria eficiente, rentable y auto-sostenible no puede depender de subsidios y de la protección arancelaria y para-arancelaria. Eso en definitiva castiga al consumidor urbano, especialmente a los más pobres cuyo gasto en alimentos absorbe el 35% del ingreso. Los subsidios y tratamientos especiales deben limitarse en el tiempo. De ninguna forma debe aceptarse la inclusión de la figura de “soberanía alimentaria” como principio orientador de la política pública en el sector agropecuario. Esto conduciría al progresivo cierre del sector a la competencia internacional y sería nefasto para el sector agropecuario mismo y la economía en su conjunto. 

5.    La solución al problema del narcotráfico pasa por su descriminalización total. La descriminalización de la marihuana debe hacerse de forma inmediata, en un plazo no mayor de un año, como ya lo hicieron países como Uruguay, Holanda, Portugal y varios estados de los Estados Unidos sin verse obligados a denunciar la Convención de Viena de 1988. En el marco de los acuerdos se creará una comisión de expertos para que en seis meses después de la firma de acuerdo final presente el procedimiento y el cronograma de descriminalización de la producción, comercialización y consumo de todas las drogas ilícitas. La descriminalización total debe estar concluida en dos años después de la firma del acuerdo.


LGVA

Julio de 2016. 

lunes, 25 de julio de 2016

De nuevo sobre EPM: respuesta a Guillermo Maya

De nuevo sobre EPM: respuesta a Guillermo Maya

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Docente Universidad EAFIT

El profesor Guillermo Maya me ha hecho el honor de dedicar su muy sesuda y leída columna de El Mundo a un modesto artículo que, a propósito de recientes discusiones sobre la situación financiera de EPM, publiqué en mi casi clandestino blog personal. Quería, antes que nada, dejar en claro que no hay ningún nubarrón que amenace la situación financiera de la Empresa y que más que de los tropiezos, reales o supuestos, de su proceso de internacionalización, si alguna amenaza sobre las finanzas de EPM llegara a surgir ésta provendría de la marcada tendencia de los gobiernos municipales a financiar, de forma directa o subrepticia, con cargo a sus utilidades lo que los políticos gustan llamar “gasto público social”. Indiqué que eso era preocupante tanto para el municipio como para la empresa y traje a colación el caso de Ecopetrol y el gobierno nacional, cuya crisis fiscal proviene de haberse habituado a financiar gastos permanentes con recursos inciertos y variables como lo son, por su propia naturaleza, los ingresos de empresas que están sometidas a los riesgos del mercado. Con ánimo provocador añadí el párrafo que habla de las acciones y Wall Street y titulé el artículo como lo titulé. Y Maya se dejó provocar, lo cual me resulta extremamente placentero.

Maya hace un recuento de mis intervenciones en diversos momentos de la historia de EPM al cual no tengo nada que objetar, salvo por el aire de conspiración que tiene el relato para dar a entender que mis actuaciones y el articulillo de marras obedecen a los oscuros intereses del neo-liberalismo agazapado.  Nada de eso, no soy más que un pequeño minarquista afecto a marchar contra la corriente. No me molesta el calificativo de neo-liberal, pero me siento más cómodo siendo un economista liberal de viejo cuño, es decir, uno cuyas preferencias están más de lado del orden espontáneo que produce el mercado que del desorden deliberado que causa la intervención del gobierno en la economía y la vida de las personas.

La propiedad pública siempre me ha parecido una ficción jurídica. Decir que negocios estatizados por Chávez y Maduro en Venezuela o las empresas de Corea del Norte o Cuba son de todo el pueblo no pasa de ser un chiste cruel. En los países de “economía mixta” los más acérrimos defensores de las empresas públicas son los sindicatos y los dirigentes políticos que se nutren de sus rentas. Fueron ellos los que defendieron la propiedad pública de TELECOM hasta convertirla un cascarón exhausto y vacío que se le entregó a TELEFONICA a cambio de hacerse cargo del pasivo laboral.  Pero debo reconocer que el caso de EPM, es decir, lo que ésta significa para los ciudadanos de Medellín, es completamente excepcional y solo encuentro comparación en lo que es Electricidad de Francia para los franceses. Debo decir que respeto y valoro el sentido de propiedad que los medellinenses tienen por su Empresa.

Pero Guillermo Maya me da la razón cuando expresa su insatisfacción con las decisiones sobre EPM y UNE tomadas durante la administración de Sergio Fajardo. Él, un pequeñísimo propietario, no tuvo la oportunidad de decir ni pío en ese momento, como tampoco otros miles de ciudadanos que podían estar en desacuerdo. Pero, ¿qué se podía hacer? ¿Convocar una asamblea de todos los ciudadanos? ¿Hacer un referendo o plebiscito? ¿Se debe hacer una consulta popular cada vez que haya que tomar una decisión de invertir o desinvertir? A mí, también pequeño propietario, no preguntaron nada cuando decidieron sacarle el 55% de las utilidades, hacerla socia de Parques del Rio y ponerla a construir UVAS o invertir los recursos de la venta de las acciones de ISAGEN en la construcción de un tranvía.

Las llamadas empresas públicas como EPM tienen un terrible problema de agencia que es prácticamente imposible de resolver. Entregar un bloque patrimonial de esa magnitud al libre arbitrio de unos cuantos políticos itinerantes me ha parecido siempre desmesurado. La expresión del capital de EPM en acciones y, ¡cómo no!, su venta a múltiples propietarios introduce elementos de control y vigilancia de los que carece en la actualidad. Los pequeños accionistas de ECOPETROL al menos tuvieron la oportunidad de salirse de lo que se estaba convirtiendo en un mal negocio. La depresión de precio de la acción es un castigo a los administradores y al gobierno nacional que como socio mayoritario ha actuado de forma abusiva.  

Para desprestigiar mi planteamiento,  Maya concluye su artículo con algunas naderías - de esas que gustan al gran público-  sobre la crisis bursátil de 2008, la especulación financiera, el desastre de los derivados y las fantasías libertarias de mi admirada Ayn Rand. Especuladores y avivatos siempre habrá y en el futuro se volverán a presentar otras crisis bursátiles. Pero decir que las bolsas de valores son pura especulación y que no canalizan fondos de largo plazo es una enorme descachada. ¿De dónde salieron los recursos que han financiado a Google, Apple, Facebook, etc.? ¿De alguna caja social y popular de ahorro solidario? La anterior gran crisis bursátil ocurrió por allá en 1929, es decir, casi 80 años antes de la de 2008. Durante esos años las grandes bolsas de valores movilizaron los ahorros que financiaron la más vigorosa expansión del capitalismo mundial que sacó de la pobreza a millones y millones de personas en el mundo entero. Con ese resultado, una crisis bursátil cada 50 años es algo que se puede soportar.  

Como medellinense raizal y, por tanto, pequeño propietario de EPM, manifiesto que me encantaría ver el capital de mi empresa expresado en acciones y que estás sean colocadas en la bolsa de Nueva York en la forma de un ADR de nivel 3, que no tiene las complicaciones con las que quiere asustarnos Guillermo Maya. Electricidad de Francia se transformó en sociedad por acciones y colocó el 20% entre inversionistas privados. La empresa ha crecido nacional e internacionalmente creando nuevos empleos, las plantas de generación están donde han estado siempre y en Francia no se ha ido la luz.

LGVA

Julio de 2016. 

jueves, 21 de julio de 2016

EPM rumbo a Wall Street

EPM rumbo a Wall Street

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Docente Universidad EAFIT

Las concejalas Luz María Múnera y María Paulina Aguinaga criticaron recientemente las inversiones de EPM en el exterior indicando que por cuenta de éstas la Empresa estaba sobre- endeudada e incumpliendo la obligación con los acreedores de mantener una relación deuda/ebitda de 3.5 veces. Luis Fernando Múnera López, antiguo funcionario de la Empresa, en su leída columna del periódico El Mundo, hizo eco de esas críticas llegando a sugerir que en 2017 la Empresa podría enfrentar problemas de liquidez.


El debate sobre EPM es siempre bienvenido, pero debe hacerse sobre la base de las cifras y una lectura ponderada de las mismas. Un indicador deuda/ebitda de 3,5 significa que la empresa puede pagar su deuda con su flujo de caja en 3 años y medio. Esto es una cifra ridículamente baja para una Empresa cuyos bonos y créditos tienen plazos de 10, 15 ó 20 años. Lo que debe llamar la atención no es que los indicadores de endeudamiento hayan aumentado ligeramente y de forma temporal, como consecuencia de circunstancias exógenas que pueden afectar a cualquier empresa, sino que estructuralmente sean tan ortodoxos para una empresa que se expande vigorosamente a nivel internacional al tiempo que adelanta las grandes inversiones de la hidroeléctrica de Ituango y la planta de Bello y entrega anualmente al municipio el 55% de sus utilidades. 



Lo de Panamá ciertamente es un desastre. Y es también probable que el precio pagado por Aguas de Antofagasta haya sido más elevado de lo algunos analistas consideran adecuado. Personalmente confío en la recuperación de la inversión. Las críticas pueden ser válidas y los directivos de la compañía deben asumirlas con humildad y voluntad de aprendizaje. Pero no puede desprenderse de ello una condena global a una estrategia de internacionalización que ha venido adelantándose de forma persistente, paciente y exitosa desde hace más de 12 años. Como consecuencia de esa expansión, los ingresos y las utilidades del Grupo y las transferencias al Municipio – que bordean el billón de pesos – han crecido considerablemente. Es en un horizonte de tiempo amplio y teniendo en cuenta que los resultados de cualquier empresa están sujeto a alzas y bajas como debe evaluarse el desempeño de EPM y su cuerpo directivo. Condenar toda esa gestión por el descalabro de Panamá o por el supuesto error en la valoración del negocio de Antofagasta, ignorando todo lo demás, es como pedirle a un ajedrecista que gane todas sus partidas sin perder un peón.

Esto conduce al principal problema que enfrenta hoy EPM: la naturaleza de misión y su gobierno corporativo. EPM es, por así decirlo, una empresa estatal de nuevo tipo. El régimen de subsidios de la ley 142 dejó sin piso lo que en una economía de mercado e iniciativa privada da fundamento a la propiedad estatal de las empresas de servicios públicos: la garantía de acceso universal. EPM, como cualquier empresa privada, no tiene hoy otra misión que la de generar valor para su propietario.

Los propietarios de las cosas son los que deciden qué hacer con ellas. El propietario de EPM cambia cada cuatro años. Y se trata de un propietario con intereses y prioridades que usualmente no están alineadas con las exigencias de capitalización y crecimiento de largo plazo. Por estatutos, las transferencias ordinarias no pueden exceder el 30% de las utilidades. Pero esos mismos estatutos dejaron abierta la puerta para transferencias extraordinarias que con el paso del tiempo se han convertido en ordinarias de suerte que sumadas unas y otras alcanzan hoy el 55% de las utilidades. No es ocioso recordar que lo que más desvaloriza una empresa es la excesiva distribución de utilidades: esto, más que la caída del precio del petróleo, es lo que explica la depresión en que se encuentra la acción de Ecopetrol.

Aunque ninguno de los más recientes alcaldes ha incurrido en una tropelía extrema, tampoco ninguno ha resistido la tentación de agrandar el presupuesto municipal con cargo a las transferencias de EPM que en 2015 representaron el 25% de los ingresos del Municipio.  Además, el propietario invita a EPM a financiar obras como los parques del río, hace que extienda su red de distribución para iluminar todo el departamento sin que importe el costo, la obliga a construir UVAS, parques y sabe Dios qué más.  Puede que todas sean obras y acciones de beneficio social, pero es discutible que tengan que estar a cargo de EPM y que un alcalde pueda disponer con tanta soltura de sus recursos. No sobra mencionar la destinación de los recursos provenientes de la venta de las acciones de ISAGEN, un 45% de los cuales, en lugar de fortalecer el negocio de la generación con unos 150 MW, se destinará a la financiación de un tranvía.

La creciente dependencia del Municipio de las transferencias de EPM es perjudicial y riesgosa para ambas entidades. Para el primero, disponer de una fuente de recursos de esa magnitud puede conducir al aperezamiento fiscal, al derroche y a la burocratización. Por su parte, la Empresa está sometida a la incertidumbre de lo que será el empleo de su flujo de caja cada vez que se produce un cambio en la administración municipal.  Las restricciones estatutarias a la extracción de utilidades de poco o nada sirven como lo muestra la historia reciente. Los compromisos de la internacionalización y la vigilancia de los acreedores imponen ciertos límites a los apetitos de los alcaldes, los políticos y dirigentes locales, muchos de los cuales aún no asimilan cabalmente el hecho de que EPM ha dejado de ser una empresa municipal de servicios públicos y que, sin explotar todavía todo su potencial, se ha convertido en cabeza de un grupo multinacional.

Es hora de pensar la forma de consolidar la internacionalización de la Empresa y hacerla irreversible. EPM está madura para convertirse en una sociedad por acciones que perfectamente pueden listarse en la bolsa de Nueva York. Se tendría así acceso a una fuente casi ilimitada de recursos de capital para financiar su expansión y a las disciplinas y controles que el mercado impone a los administradores. ¡Qué se abra el debate!

LGVA
Julio de 2016. 

lunes, 4 de julio de 2016

Los 25 años de la constitución ilimitada


Los 25 años de la constitución ilimitada

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista, Docente Universidad EAFIT

“Una constitución que consiga la mayor libertad posible formulando las leyes de tal manera que la libertad de cada uno pueda coexistir con la libertad de todos”

(Immanuel Kant)

La constitución de 1991 inició con 380 artículos permanentes y 54 transitorios y, en sus 25 años, ha sido objeto de 40 reformas: una cada siete y medio meses. Cuando la Corte Constitucional avale, como seguramente lo hará, el llamado acto legislativo para la paz, serán 41 las reformas y entrarán a hacer parte de la constitución – corrección: del bloque de constitucionalidad - los centenares de páginas que recogen los acuerdos de La Habana. La Constitución de 1886  arrancó con 210 artículos permanentes y 15 transitorios y fue objeto de 70 reformas, una cada 18 meses, en los 105 años que estuvo vigente. Finalmente, la de 1863, conocida como la Constitución de Rionegro, se aprobó con 94 artículos, uno de ellos transitorio, y en sus 22 años de vigencia se reformó una vez, en 1876. Su texto completo cabe en unas 25 páginas.

Las constituciones decimonónicas eran limitadas y limitantes. Limitadas en su extensión y limitantes o limitadoras del poder y la arbitrariedad de los gobiernos sobre los ciudadanos. La constitución era la máxima expresión material del principio de legalidad. El constitucionalismo del siglo XX se orientó en otra dirección en consonancia con el aumento de la injerencia de los gobiernos en la actividad económica y la vida de las personas. Las normas jurídicas no son ya reglas generales que buscan evitar que los miembros de la sociedad choquen entre sí en la búsqueda de sus objetivos, sino disposiciones casuísticas por medio de las cuales cada grupo de interés organizado trata de que el estado garantice la consecución de aquellos. Así, cada uno quiere una garantía legal o, de ser posible, constitucional, en la creencia de que de esta forma la garantía es más sólida y duradera. Esto conduce a constituciones grandes y contradictorias, que deben ser permanentemente interpretadas y constantemente reformadas para hacer que todas o casi todas las aspiraciones de los diversos grupos estén incluidas en ellas. Paradójicamente esa reinterpretación y ese reformismo permanente hacen que lo se creía fijado en piedra esté en constante suspenso.

En una constitución tan extensa  todo mundo encuentra algo que le guste. Personalmente mis preferencias van por los capítulos IV, V y VI del Título XII sobre el régimen económico y de hacienda pública. En cuanto a las reformas, mis preferidas son el acto legislativo 04 de 2007 y el 03 de 2011.  El capítulo IV se refiere a la distribución de recursos y competencias entre la Nación y las entidades territoriales: artículos 356 y 357. Estos artículos fueron reformados por al acto legislativo 04 de 2007. El capítulo V contiene el régimen de los servicios públicos domiciliarios y el VI consagra la autonomía del Banco de la República, quizás el activo institucional más importante del País. El acto legislativo 03 de 2011, introdujo en la Constitución los conceptos de sostenibilidad fiscal y de incidente de impacto fiscal. La autonomía del banco central nos pone un poco al abrigo de la financiación inflacionaria del gasto público; mientras que el concepto de sostenibilidad fiscal, aunque precario, puede ayudar a evitar el desmadre gasto público, peligro siempre latente con una constitución plagada de derechos, que todos quieren reclamar; con más de 8.000 jueces ordenadores del gasto y con una Corte Constitucional que, presurosa por implantar la justicia social, legisla más que el propio congreso por medio de sus sentencias que tienen rango de ley conforme a la doctrina del precedente jurisprudencial obligatorio, establecida por la Corte en su sentencia C-836 de 2001. Sólo resta esperar que un gobierno y un congreso apresurados por cumplir con la piñata de gasto de los acuerdos de La Habana no decidan arrasar con la autonomía del Banco y el fundamento constitucional de la regla fiscal.

La constitución de 1991 se mantendrá durante largo tiempo y seguirá creciendo por razones meramente generacionales. Aunque la vida útil política de sus principales artífices (Navarro, De la Calle, Serpa, Gaviria) está llegando su término, pues todos ya están en el último tomo de la obra de Proust; queda una generación de relevo, igualmente imbuida del espejismo de la justicia social, que tiene mayor esperanza de vida política, pues está integrada por los muchachos de la séptima papeleta (Fernando Carrillo, Manuel José Cepeda, Claudia López y muchos más) que están convencidos de haber salvado el País al haber promovido la convocatoria a la constituyente de la que salió nuestra constitución ilimitada, a la que por esa razón tienen un especial apego. Para lograr una constitución limitada, que sea el marco de actuación de ciudadanos libres y responsables de su propio destino, es necesario que llegue a la dirección del País una generación de políticos, economistas, abogados, empresarios e intelectuales educados en los valores y principios del verdadero liberalismo y que sea capaz transmitirlos al pueblo colombiano, habituado al asistencialismo clientelista que es la oferta política de todos los partidos.  

LGVA

Julio de 2016.  

domingo, 3 de julio de 2016

El Brexit y el futuro de la Unión Europea


El Brexit y el futuro de la Unión Europea



“Nous ne coalisons pas des États, nous unissons des hommes”

(Jean Monnet).



Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista, Universidad EAFIT



A finales de la Edad Media, informa Francis Fukuyama, había en Europa unos 450 estados feudales o semi-feudales[1]; cada uno con sus impuestos, sus fronteras, sus ejércitos, su moneda. La movilidad de las personas era muy limitada por la servidumbre de la gleba y el tráfico de mercancías estaba agobiado por las aduanas, los portazgos y los peajes. Según Eli Hecksher, el gran historiador del mercantilismo, hacia los siglos XIII y XIV, había en el Rin unos 60 puestos aduaneros; eran 77 en el Danubio y 130 en el Loira. Ya en la época de Enrique IV, siempre según Hecksher, un transporte de sal de Nantes a Nevers, unos 450 kilómetros, aparece tributando por portazgos 100 escudos, cuando el valor de la mercancía no excedía los 25[2]. Se necesitaron más de 500 años para pasar de esos 450 feudos a los 25 estados modernos que tenía Europa a mediados del siglo XX. En algo menos de 50 años se creó ese espacio de libre movilidad de personas, mercancías y capitales llamado Unión Europea.

El germen de la Unión Europea  es el tratado de Paris de 1951, que dio origen a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), conformada por Francia, Alemania Occidental, Italia, Bélgica, Luxemburgo y Holanda. Robert Schuman, su inspirador, era un francés de cultura alemana nacido en Luxemburgo, quien se definió a sí mismo como un hombre de frontera. El otro, Jean Monnet, era un hombre de negocios y banquero de inversión con vocación cosmopolita, hablaba perfectamente el inglés y bastante bien el alemán. Ambos entendieron que las dos guerras civiles europeas, impropiamente llamadas guerras mundiales, probablemente no hubieran acontecido en un espacio económico de libertad comercial. La gente que comercia usualmente no va a la guerra. Su proyecto de Europa, como dijera Monnet, no era una coalición de estados, sino la unión de las personas.

 Los ingleses han mantenido siempre frente a la integración de Europa una actitud a la vez expectante, interesada y desconfiada. No se vincularon a la CECA, ingresaron tardíamente a la Comunidad Económica Europea en 1973, se mantuvieron al margen del espacio Shengen e, incapaces de renunciar a su vieja libra,  rechazaron el Euro. Los gobiernos ingleses, especialmente el de Margaret Thatcher, se resistieron siempre al aumento del poder de la burocracia de Bruselas y al giro asistencialista que fue tomando la comunidad por la presión de Francia y otros estados miembros. Argumentaban que su contribución al sostenimiento del gobierno comunitario era excesiva de cara a los beneficios. Hay algo de verdad en eso, pero solo es la espuma del asunto.

El proyecto de la Unión Europea casi desde sus inicios ha tenido las dos caras de Jano bifronte. Una, liberal, la que corresponde al ideal de sus inspiradores y ojalá sea la del futuro; otra, estatista y asistencialista, que se fue desarrollando al interior de sus estados miembros. La liberalización de los mercados mercancías, trabajo y capital; la regulación comunitaria de los mercados de electricidad y gas; en fin, la creación de una moneda común para facilitar los intercambios de todo tipo e imponer disciplina presupuestal a los gobiernos de los estados miembros; se han desarrollado en paralelo con el crecimiento del gobierno asistencialista en todos los países miembros. Así, la lucha por la distribución del presupuesto público que se daba al interior de los países, se trasladó progresivamente a la arena del presupuesto comunitario del cual cada gobierno aspiraba a tener una mayor tajada y una menor contribución. La ideología y las prácticas asistencialistas están profundamente arraigadas en política nacional de todos los estados miembros al punto de que nadie – de derecha o izquierda – puede hacerse elegir sin prometer prebendas, protección social, seguridad en el empleo y muchas cosas más. Esto es lo que está tras la bancarrota de Grecia y las dificultades de Portugal, España o Francia. Eso es lo que está también tras el Brexit, que fue acogido por los votantes no por que aspiran a más libertad económica, mayor responsabilidad individual, más riesgo y menos asistencialismo sino por todo lo contrario.  

Los logros de la Unión Europea son más importantes que los inconvenientes que a su construcción plantean los gobiernos grandes, asistencialistas y proclives a la corrupción con los que habrá que seguir luchando hasta el fin de los tiempos en Europa y en el mundo entero. El Brexit como la bancarrota griega, de la que ya nadie se acuerda, serán vistos como tropiezos en el proceso de ampliación de la libertad económica, que nunca será absoluta, y de construcción de formas de gobierno, que nunca serán perfectas, pero que pueden ser tolerablemente mediocres sin que ello impida progreso económico.  Quizás sea útil recordar la sabiduría de Adam Smith: “La violencia y la injusticia de los gobernantes de la humanidad es un mal muy antiguo, y tememos que, dada la naturaleza de los negocios humanos, no se pueda encontrar remedio alguno a ese mal”. Y terminar con esta aguda observación también de su inagotable cosecha: “Si una nación no pudiera prosperar sino gozando de una libertad y una justicia absolutas, no habría nación en el mundo que hubiese prosperado”[3]   

LGVA

Julio de 2016.



[1] Fukuyama, F. (2011, 2016). Los orígenes del orden político. Ariel-Planeta. Bogotá, 2016. Página

[2] Véase: Hecksher, E.F. (1931,1983) La época mercantilista. Fondo de Cultura Económica, México, 1983. Capítulo II: “La disgregación aduanera y la lucha contra ella” Páginas 29 a 94.  

[3] Smith, A. (1776, 1979). La riqueza de las naciones. Fondo de Cultura Económica. México, 1979.  Páginas 437 y 601.