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jueves, 31 de octubre de 2019

Lo que dicen las elecciones del 27 de octubre


Lo que dicen las elecciones del 27 de octubre

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

La interpretación de unos resultados electorales será siempre subjetiva y guiada por algún interés. Aquí presento la mía, tratando de fundamentar mi subjetividad en los números que se muestran a continuación. Como estoy interesado en lo que ocurrió con los partidos, uso las votaciones para asambleas departamentales, dado que están menos oscurecidas por la multiplicidad de alianzas que se presentaron en las de gobernaciones, alcaldías y concejos municipales.

La gráfica 1 presenta el total de votos para asamblea departamental obtenidos por los partidos más grandes en las 3 últimas elecciones. Se redondea a millones porque el interés está en las grandes tendencias y no en la distribución de curules.

Gráfica 1


Se observa una consolidación de los cinco grandes partidos que hoy dominan la política colombiana: de la U, Liberal, Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático y Verde.

El partido de la U, que todavía en 2011 era el “de Uribe”, mantiene su votación en 2015, no obstante la aparición del CD, pero, en 2019, la ve reducida en unos 500.000 votos. A pesar de esta reducción, este partido se sigue mostrando sólido y con fuerte implantación regional, como lo sugiere el hecho de haber sido el único de los grandes que presentó listas propias en todos los departamentos. Hay partido de la U para rato.

Cambio Radical, cuyo candidato presidencial en 2018 naufragó melancólicamente, retrocede un poco entre 2015 y 2019, pero mantiene una votación importante que muestra su presencia local, especialmente en los departamentos de la Costa Atlántica que le aportan cerca del 45% de sus votos. La paliza recibida en las presidenciales no afectó mayormente sus resultados regionales.

El Partido Liberal fue la fuerza política más votada en las pasadas elecciones, con poco más de dos millones doscientos mil votos. Habida cuenta de que en las pasadas presidenciales su candidato fracasó estruendosamente, su caso se constituye en prueba palmaria de las diferencias en la dinámica electoral entre las votaciones regionales y las nacionales. Liderazgos locales fuertemente arraigados son fundamentales para tener éxito en las votaciones regionales. Los resultados de las tres últimas votaciones muestran el fuerte arraigo local y regional del Partido Liberal.

Algo similar ocurre con el Partido Conservador. Su caída entre 2011 y 2015 es resultado de la aparición del Centro Democrático, que lo afectó más que al Partido de la U. En 2019 presentó listas propias en 28 departamentos y mantuvo su electorado individualmente considerado. En Cundinamarca, Magdalena y Meta presentó listas conjuntas con MIRA, que obtuvieron cerca de 200 mil votos. El viejo partido de Caro y Cuervo está vivito y coleando.

En 2015 el Centro Democrático participó por primera vez en unas elecciones regionales, obteniendo una votación más que honorable. Entre 2015 y 2019 pierde cerca de 100 mil votos con sus listas propias (22), al tiempo que sus listas conjuntas con MIRA (8), Cambio Radical (1) y Partido Conservador (1) alcanzaron más de 400 mil votos. Así las cosas, no es descabellado suponer que entre 2015 y 2019, CD incrementó un poco o, al menos, mantuvo su votación. Esto no es una debacle, pero si un revés que indica que al CD le falta mucha presencia local en casi todos los departamentos. Antioquia aportó el 35% de los votos totales para asamblea en 2019.

La estrella ascendente es, sin duda, el Partido Verde. La votación por sus listas propias ha venido creciendo consistentemente en las elecciones regionales y en las de 2019 presentó listas en 23 departamentos, uno más que el CD y cinco menos que el Partido Conservador. Con líderes nacionales reconocidos, como Fajardo y López, y la gran presencia local alcanzada, el Partido Verde es el de mayor proyección en la actualidad.

El Partido Opción Ciudadana, hoy Partido Colombia Justa y Libre, muestra un significativo retroceso en las regionales de 2019. Presentó listas propias a la asamblea en 29 departamentos, obteniendo en todas partes votaciones muy pequeñas, con excepción de Valle del Cauca. No parece muy promisorio el futuro de este partido, que más que un partido estructurado es un sistema de alianzas circunstanciales entre políticos de diversas orientaciones, que tal vez reaparezca con otro nombre. Caso similar es el de la Alianza Social Independiente, antes indígena, partido también extraño: no tiene ningún congresista ni un liderazgo nacional reconocido. No obstante, obtuvo más de 600 mil votos en los 24 departamentos donde presentó listas propias. 

El caso de MIRA llama también la atención. Probablemente, anticipando que el declive presentado entre las elecciones de 2011 y 2015 persistiría en las de 2019, MIRA optó por las alianzas y se convirtió en el comodín de otros partidos. Sus listas propias en 7 departamentos no alcanzaron los 200 mil votos, pero las que presentó en alianzas con el CD (8) y con el Partido Conservador (4) obtuvieron más de 600 mil. MIRA solo tiene un Representante a la Cámara, lo cual sugiere poca presencia local. Las alianzas beneficiaron este movimiento que seguirá presente en los márgenes de la política colombiana. 

En 2019, el Polo Democrático presentó listas propias en 7 departamentos, obteniendo una votación significativa solamente en el Valle del Cauca, más del 70% de la votación alcanzada en todo el País. En los demás departamentos se presentó en alianzas que hacen imposible rastrear la evolución de su votación propia.

Conviene comentar con más detalle las cifras de la votación del 27 de octubre de las asambleas departamentales que se muestran en la gráfica 2. 

Gráfica 2


Con poco más de 30 mil votos, las Farc están liquidadas como partido político. Presentaron listas propias en 8 departamentos y no aparecen en ninguna coalición. Una evidencia adicional de que la representatividad política que se le reconoció en el proceso de La Habana era totalmente exagerada. También fue desmedido haberle dado media constitución, decenas de leyes con nombre propio y un sistema particular de justicia. 

La votación por las listas propias del Polo Democrático provino en 72% del Valle del Cauca, uno de los 6 departamentos donde presentó listas propias. En otros departamentos presentó listas conjuntas con otros partidos pequeños de la izquierda – Unión Patriótica, Colombia Humana, etc. - y movimientos étnicos.

Las coaliciones de la izquierda varían de un departamento a otro. Aquí se han agrupado todas para obtener la cifra total de algo más de 700 mil votos, que aparece en la gráfica bajo el nombre de “Coaliciones de izquierda-centro”. Las agrupadas bajo el nombre de “Coaliciones de derecha-centro” son las formadas por MIRA con los partidos Conservador, Centro de Democrático y Cambio Radical y las realizadas entre estos partidos. Estas obtuvieron una cifra ligeramente superior a las de la coalición de izquierda.

Si llamamos derecha a los partidos del establecimiento, es decir, los tradicionales – Liberal y Conservador – y a los surgidos de éstos -  Centro Democrático, Partido de la U, Cambio Radical y Partido Colombia Justa y Libre- tendríamos que esa derecha recogió en las elecciones regionales el 83,4% de la votación, incluidos los obtenidos por sus coaliciones. La izquierda - conformada por los partidos que adhieren al Foro de Sao Paulo, incluido el Verde – tuvo el 16,6%. Si creemos que el Partido Verde es, como reclaman algunos de sus dirigentes, un partido de centro, la participación de la izquierda anti-capitalista vinculada al Foro se reduce a 8,1%. Ambas cifras son importantes, pero no tanto para que cunda el pánico.

De las cifras examinadas se desprenden algunas observaciones finales:

Se sigue consolidando en el País un sistema multipartidista, con unos cinco o seis partidos fuertes, con buenas probabilidades de mantenerse en el largo plazo, y una serie de partidos pequeños, más efímeros y circunstanciales.  A los cinco partidos relativamente consolidados – Liberal, Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático y Verde – es probable que se les una un sexto partido, conformado por los pequeños partidos de izquierda; los cuales, eventualmente, podrían transformar el sistema de alianzas, que parece haberles dado buenos resultados, en una organización estructurada. Eso depende en buena medida de su capacidad para resolver el conflicto entre las fuertes personalidades políticas – Petro y Robledo, principalmente- que se disputan el liderazgo de la izquierda anti-capitalista.

Toda elección es un intercambio de votos por promesas. Las expectativas del votante en las elecciones locales son muy diferentes a las de las nacionales. En las primeras, el votante busca algo mucho más concreto que en las segundas – un puesto, una beca, un contrato, una obra pública, etc.-  razón por la cual debe tener en quien hace la promesa un alto grado de confianza que supone gran cercanía entre político y el elector. Por eso partidos en proceso de consolidación, como el Centro Democrático y el Verde, buscaran incorporar líderes locales o formarlos por su propia cuenta.
    
Los partidos grandes deben entender que su consolidación y persistencia en el tiempo también depende de cambios en el régimen electoral que hagan más difícil el surgimiento de “outsiders”, que sueñan pequeñas aventuras políticas que pueden resultar exitosas. Elevar los requisitos para la obtención de personería y las exigencias a los Grupos Representativos de Ciudadanos puede contribuir a ello. También es conveniente la unificación de los calendarios electorales. Un espectro de cinco o seis partidos debería ser suficiente para que todos los aspirantes a convertirse en políticos profesionales encuentren acomodo. Además, contribuiría a disminuir la confusión de los electores ante la multitud de listas y propuestas individuales, la cual se ve aumentada por el voto preferente que también desdibuja el mensaje de los partidos. Establecer las listas cerradas fortalecería el sistema de partidos, ayudaría a reducir el clientelismo y la corrupción electoral y disminuiría el costo de las campañas.   

Los resultados de las elecciones del 27 de octubre están lejos de ser una debacle para el Centro Democrático, como quieren hacerlo creer sus rivales de la izquierda y parecen creerlo algunos de sus dirigentes. No son una debacle, pero, ciertamente, son un revés, cuyas causas deben ser analizadas con cabeza fría para introducir las correcciones que sean necesarias. 

Más que la supuesta derrota en Bogotá, donde la derrotada fue la coalición entera que apoyaba a Miguel Uribe, y la incapacidad de alcanzar la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín, resultante de circunstancias específicas cuyo análisis está fuera del interés de este escrito; el problema fundamental del Centro Democrático es su carencia de liderazgos locales fuertemente arraigados, como los tienen los partidos Liberal, Conservador, de la U y Cambio Radical y como los está desarrollando con mayor fortuna el Partido Verde.

Prueba de la importancia de los líderes locales, hay que insistir en ello, son los resultados del Partido Liberal, el ganador de las pasadas elecciones regionales y el más votado a la Cámara de Representantes en 2018, a pesar de no haber tenido un candidato viable en las presidenciales de ese mismo año.  

En 2015 el CD tenía pocos de esos líderes locales; en 2019, aunque insuficientes, tuvo muchos más, buena parte de los cuales eran jóvenes que incursionaban en la política electoral por primera vez. Este es un gran activo del partido y hay que velar para que esos jóvenes no se desanimen y entiendan que la política es, antes que nada, la defensa de ciertos valores y la promoción de determinadas ideas.

Por eso, la tarea del CD, quizás la más importante para su futuro, es aumentar su presencia local con líderes carismáticos, ideológicamente sólidos y con gran reconocimiento en la población de los barrios de las ciudades y las veredas de los pueblos. Sin esto es poco probable que el CD sobreviva como partido relevante a la ausencia del Presidente Uribe del escenario político electoral. Los congresistas del CD, que surgieron a la sombra de Uribe, deben enfundarse en sus overoles y ponerse a trabajar en los barrios de las ciudades y las veredas de los pueblos pues de eso depende la supervivencia de su partido. 

 LGVA

Octubre de 2019.

lunes, 21 de octubre de 2019

Mi voto es por Julia Correa al Concejo de Medellín


Mi voto es por Julia Correa al Concejo de Medellín

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista

Julia Correa Nuttin es una joven abogada vinculada desde hace años al sector privado y proveniente de una familia de tradición empresarial, de la que se siente orgullosa. Julia se unió al Centro Democrático porque ese partido, piensa, es el principal promotor de los valores de la libertad política, la responsabilidad individual y el gobierno austero, cuyo objetivo debe ser crear el ambiente seguridad y estabilidad para que las familias y las empresas busquen sus objetivos de felicidad y prosperidad. Julia entiende que como miembro de una bancada debe seguir las orientaciones de su partido y el programa de Alfredo Ramos, su candidato a la alcaldía.



Acorde con dichas orientaciones y dicho programa, Julia ha formulado una serie de ideas concretas que se propone impulsar en su condición de concejal.  Estas son sus propuestas:

1.     Seguridad. Impulsar el aumento del presupuesto de convivencia y seguridad ciudadana para que pase del 6% al 10% del presupuesto del Municipio, para financiar la mayor presencia disuasiva de la Policía y la vigilancia privada en las calles, parques y espacios públicos de la Ciudad.

2.     Emprendimiento y empleo. Presentar un proyecto de acuerdo para: i) Reducir el número de tarifas del impuesto de industria y comercio y fijar en 5 por mil la tarifa máxima aplicable a cualquier sector de actividad y ii) Eximir de dicho tributo durante 3 años a las empresas que trasladen su domicilio a Medellín.    


3.     Movilidad. Presentar un proyecto de acuerdo para habilitar en la gestión del tránsito a escuelas de conducción y otras entidades del sector para que presten un servicio de facilitación del tránsito durante las horas pico en los 50 cruces viales más congestionados de la Ciudad. A esto se destinaría el 3% del presupuesto de la Secretaría de Movilidad.

4.     Ambiente. Presentar un proyecto de acuerdo para: i) reducir hasta un 30% del impuesto predial a conjuntos residenciales, centros comerciales, etc. que adelanten programas de siembra de árboles y desarrollen prácticas tendientes a mejorar la calidad del aire; ii) devolver hasta la mitad de la parte correspondiente al municipio del impuesto vehicular a los propietarios privados que voluntariamente se abstengan de usar sus vehículos durante 5 días hábiles al mes y iii) adoptar un esquema de obras por impuestos para construir 40 kilómetros de ciclo-rutas.


5.     Solidaridad. Presentar un proyecto de acuerdo que contemple medidas -  incluidos beneficios fiscales, concursos, premios, etc. - para estimular y facilitar la vinculación de organizaciones de beneficencia, empresas o voluntarios individuales a la atención de los habitantes de calle con el debido acompañamiento logístico y presupuestal del Municipio.

6.     EPM. Defender la autonomía administrativa y financiera de las EPM y apoyarlas en todo lo que sea necesario y esté al alcance del Concejo para que continúe prestando con eficiencia los servicios públicos y concluya felizmente sus proyectos, en especial la Hidroeléctrica de Ituango.  




LGVA

Octubre de 2019

viernes, 18 de octubre de 2019

El fallo de Corte sobre la ley de financiamiento: protervia o liviandad


El fallo de Corte sobre la ley de financiamiento: protervia o liviandad


Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista, Consultor ECSIM


“El impuesto, o la parte del impuesto que cada persona es obligada a pagar, debe ser cierto y no arbitrario. La época del pago, la forma del pago, la suma a pagar, todo esto debe ser claro y preciso, tanto para el contribuyente como para cualquier otra persona”
(Adam Smith)

En la sentencia C 320 de 2006, la Corte Constitucional definió la seguridad jurídica como el “principio en virtud del cual se cuenta con la necesaria certeza, en un momento histórico determinado, de cuáles son las normas que regulan una determinada situación jurídica”[1]. Como señala acertadamente el doctor Juan José Fuentes Bernal, en su obra “La dimensión económica del derecho tributario”[2] esa seguridad jurídica, en el ámbito del derecho tributario, significa, para los ciudadanos, certeza de los gravámenes que deben pagar y de las exenciones a las que tienen derecho, y, para el Gobierno, certeza de los recursos que puede recaudar y poder así diseñar sus presupuestos y proyecciones de ingresos y gastos.

Es importante traer a cuento este concepto de seguridad jurídica y su significación en el derecho tributario porque, según me han explicado amigos juristas, cuando el juez procede a la aplicación del derecho a un caso concreto no puede limitarse siempre a la interpretación de las normas, sino que, cuando hay derechos o principios en conflicto debe ponderarlos al momento de tomar su decisión. Al respecto indica el doctor Javier Tamayo Jaramillo:    

“Y a veces deberá acudir al principio de la proporcionalidad o ponderación, cuando haya conflicto entre derechos o principios que son susceptibles de aplicar al caso concreto, pero que son contradictorios, debiéndose decidir por uno solo de ellos, sacrificando al otro”[3].

De acuerdo con el Comunicado No 41 del 16 de octubre de la Corte Constitucional[4], la Ley 1943 de 2018 o Ley de Financiamiento se declara inexequible “por haberse desconocido en el curso del debate parlamentario los principios de publicidad y consecutividad”. He leído una y otra vez ese comunicado sin encontrar ninguna referencia al eventual conflicto que podría existir entre los dos principios mencionados y el principio de seguridad jurídica.

No se puede alegar que la Corte desconociera la existencia de dicho conflicto, pues de otra forma no se entiende que hubiese solicitado el pronunciamiento de entidades gremiales y universidades sobre las consecuencias que sobre la actividad económica tendría la inexequibilidad de la Ley de Financiamiento. Sorprendentemente, la Corte, que nos tiene acostumbrados a fallos con interpretaciones valorativas o teleológicas de las normas acusadas, procedió, en este caso a un análisis puramente formal sobre el procedimiento, sin detenerse a considerar las consecuencias económicas, de las que ha debido ser ampliamente informada por los representantes del gobierno. El problema es que incluso los argumentos formales son baladíes.

El comunicado de la Corte está lleno de expresiones asustadoras que hacen pensar que en la aprobación de la ley de financiamiento los congresistas se pasaron por la faja todo el estado de derecho y no solo los principios de publicidad y consecutividad. En efecto, según la Corte, “se violó el principio democrático” y el principio de “sin representación no hay tributo”.  Y, como si fuera poco, no “se respetó el pluralismo, ni los derechos de las minorías y no se garantizó el control ciudadano”. Si todo esto fuera cierto la Corte ha debido no solo declarar inexequible la norma sino ordenar que todos los que participaron en su aprobación sean investigados por haber cometido semejantes delitos.

La enormidad de los delitos cometidos en la aprobación de la ley de financiamiento lleva a pensar que esta fue aprobada en una sórdida caverna por un grupúsculo de facinerosos embozados, sin ningún debate previo, sin que por las comisiones del congreso hubieran desfilado todos los gremios y grupos de interés, sin que los debates hubieran sido transmitidos por televisión o streaming, sin que las ponencias fueran publicadas, sin que gremios y universidades hubieran realizado eventos con la participación de los congresistas y funcionarios del gobierno, sin que los medios de comunicación hubieran dado cuenta de todos esos debates, exposiciones, foros, paneles, discusiones, deliberaciones, etc. Pero no, no fue así.

Todos los atropellos al estado de derecho que enumera el Comunicado 41 de la Corte surgen de tres hechos: el resto de su contenido son divagaciones grandilocuentes alrededor de ellos. Estos son los hechos: i) No se distribuyó entre los representantes el texto impreso de lo aprobado por los senadores; ii) la explicación oral ofrecida por un senador de la República no fue específica, precisa, ni suficiente y iii) no se anunció que la información estaba publicada en la página web del Senado. ¡Háganme el favor!

Es increíble que la supuesta violación del principio de publicidad repose en el hecho de que no se distribuyó el texto impreso después de que el proyecto se debatió, una y otra vez, a lo largo de 6 ó 7 semanas. La explicación oral del senador ha debido resultar “específica, precisa y suficiente” para los representantes, asumir lo contrario equivale a suponer que todos ellos son limitados mentales. En fin, todos los congresistas tienen computador y seguramente quienes quisieron pudieron ver el texto publicado en la página web del Senado, sin necesidad de que nadie les advirtiera de su publicación.  El salvamento de voto del magistrado Carlos Bernal Pulido refuta más ampliamente las tres naderías en las que se apoya la declaración de inexequibilidad.

La Corte reconoce tácitamente la increíble liviandad de su fallo cuando decide “modularlo”, haciendo que entre en vigencia a partir del primero de enero de 2020, para darle al gobierno la oportunidad de volver a presentar el proyecto de ley de financiamiento. Es bueno analizar lo que significa esta “modulación”.

Lo primero es que todo lo dicho en el Comunicado 41 sobre la violación de la democracia, el tributo sin representación, las minorías, el pluralismo, el control ciudadano y todo lo demás, es pura retórica, porque, si fuera verdad, la Corte ha debido declarar la inexequibilidad sin más. Una ley execrable no admite modulación alguna.

Al admitir que la ley no es execrable, la Corte ha debido detenerse a considerar las consecuencias de la “inexequibilidad modulada”, porque no es evidente que esta esté libre de los costos que se quisieron evitar al no declarar la inexequibilidad pura y simple. Para empezar, nada garantiza que el nuevo proyecto presentado por el gobierno sea aprobado por el Congreso en el plazo fijado. Y aun si fuera aprobado, la “inexequibilidad modulada” ya está causando costos y causará muchos más. Esto nos lleva  a la discusión sobre la ponderación o proporcionalidad con la que comenzó este artículo. Hay que darle la palabra nuevamente al doctor Javier Tamayo Jaramillo:     

 “Para resolver el conflicto, el juez no puede echar mano de sus afectos, desafectos o preferencias, sino que debe decidir con base en una especie de comparación entre costos y beneficios de la solución que tome, de forma tal, que su decisión aparezca como racional o razonable; es decir, que aparezca aceptable en la medida de lo posible para el hombre común y corriente. A esa comparación de costos y beneficios de la escogencia entre dos derechos excluyentes o en conflicto, se le llama ponderación. Es decir, cuando el juez o el legislador se hallan frente a un conflicto de principios constitucionales, en el proceso de escogencia entre uno y otro, pondera o sopesa las ventajas y desventajas de proteger uno u otro principio en desmedro del otro, dado que no se puede proteger los dos al mismo tiempo”[5]

Como ya se indicó no hay en el Comunicado 41 ningún desarrollo sobre este asunto, ni referencia al principio de la seguridad jurídica en general y menos de la seguridad jurídica en materia fiscal. Ojalá que en la Sentencia definitiva la Corte entregue, como es su deber, un análisis de costos y beneficios del fallo de “inexequibilidad modulada” comparado con el respectivo análisis de costos y beneficios del fallo contrario. Si la Corte en su sentencia no suministra ese análisis, habría que concluir que su decisión fue motivada – como dice el doctor Tamayo Jaramillo – por sus "afectos, desafectos o preferencias".

No voy a hacer un análisis completo de costo beneficio, si la Corte quiere uno le ofrezco mis servicios como consultor. Pero si puedo darle un par de indicaciones.

Si, como es posible, no se aprueba la ley de financiamiento, se afectarían decisiones de inversión que se venían tomando. La formación bruta de capital fijo viene creciendo a una tasa de 4.3%, la creación de empresas 4,2% y la inversión extranjera directa alcanzó la sorprendente cifra de 4,7% del PIB. Sin inversión ni creación de empresas no hay crecimiento, señores magistrados, sin crecimiento no crece el empleo y no aumenta el ingreso de la gente. Es increíble poner en riego todo esto con una “inexequibilidad modulada” basada en razones tan pobres.      

Pero aun suponiendo que la ley se apruebe, la presentación y trámite del nuevo proyecto entorpece la agenda legislativa y el trabajo de los funcionarios del gobierno. Proyectos importantes que debían ser estudiados serán pospuestos y decisiones urgentes serán dilatadas. Todo esto tiene costos, señores magistrados. Ya hay un daño hecho: es difícil creer en la seguridad jurídica país donde la leyes se caen porque no se distribuyen copias impresas de los proyectos. 

Me he devanado los sesos buscando los beneficios de la “inexequibilidad modulada”, para compáralos con los costos y francamente no los he podido encontrar. Por eso espero ansioso la sentencia definitiva para que me ilumine y me saque de la oscuridad.  Entre tanto, un interrogante final.

Si la Corte no quería hacer daños, si, en definitiva – más allá de la retórica - la ley de financiamiento no le parecía execrable y si estaba convencida, como parece, de que el Congreso aprobaría el proyecto sustituto que le presente el gobierno, sin cambiarle una coma al que fue aprobado en diciembre de 2018, ¿por qué razón se vino con esa “inexequibilidad modulada”? No quiero creer que haya tenido el interés protervo de causarle tropiezos al gobierno, pero tampoco quiero creer que su fallo haya sido una mera ligereza, una pura liviandad. Ahí estoy: entre Caribdis y Escila.

LGVA

Octubre de 2019.



[2] Fuentes Bernal, J.J. (2014).  La dimensión económica del derecho tributario. Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Bogotá, 2014. Capítulo 6.

[3] Tamayo Jaramillo, J. (2011). La decisión judicial. Tomo I. Biblioteca Jurídica Dike, Bogotá, 2011. Página 82.

[5] Tamayo Jaramillo, J. (2011). La decisión judicial. Tomo I. Biblioteca Jurídica Dike, Bogotá, 2011. Página 1054.


jueves, 17 de octubre de 2019

El 27 de octubre mi voto es por el Centro Democrático


El 27 de octubre mi voto es por el Centro Democrático


Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista


El 27 de octubre voy a votar por los candidatos del partido Centro Democrático, porque representa mejor que cualquier otro lo que considero son los valores fundamentales de la vida social: la libertad, como principio supremo; la responsabilidad individual, que supone asumir las consecuencias plenas de nuestras acciones, y la limitación del poder del gobierno, para mantenerlo tan lejos como sea posible de nuestras decisiones familiares y empresariales.



Más importante quizás, en la coyuntura actual, también voto por este partido porque es el único que se ha opuesto, sin ambages ni concesiones, a la izquierda totalitaria, representada en Colombia por los partidos y movimientos políticos miembros del Foro de Sao Paulo[1], organización creada por Castro, Chávez y Lula con el objetivo de barrer el capitalismo e implantar el socialismo en América Latina. La última plenaria del Foro se realizó, el pasado mes de julio, en Venezuela, país cuyos ciudadanos huyen en desbandada de las penurias del socialismo del siglo XXI.   

Para la alcaldía de Medellín voy a votar, por supuesto, por Alfredo Ramos Maya, quien representa el respeto a la institucionalidad de la Ciudad y la tradición de construir sobre lo construido, que tantos beneficios le han traído a nuestra comunidad. En el programa de gobierno de Ramos se lee esta declaración que recoge cabalmente los principios expuestos:

“Se necesita una alcaldía que genere las condiciones básicas para la Confianza hacia la sociedad y hacia las instituciones, para el Progreso económico y social en el marco de una real generación de oportunidades para todos los ciudadanos, y para la Felicidad, entendida como los instrumentos de bienestar que permitan a cada uno escribir, con libertad y responsabilidad, el guion apasionante de su propia vida”

Para la gobernación de Antioquia mi candidato es Andrés Felipe Guerra Hoyos, quien ha pasado muchos años recorriendo todas las regiones del Departamento, estudiando sus problemas y hablando con la gente, lo cual le ha permitido formular una propuesta de gobierno sólida y coherente basada en los principios del Centro Democrático, como lo declara sin reticencia alguna: 

“Para formular nuestras propuestas nos hemos basado primero en los cinco pilares fundamentales del Centro Democrático: Seguridad democrática, confianza inversionista, cohesión social, Estado austero y descentralizado y dialogo popular”

La lista para del Centro Democrático para el Concejo de Medellín es un lujo de candidatos jóvenes y bien preparados, buena parte de los cuales incursionan por primera vez en las lides políticas, sacrificando, probablemente, una brillante carrera en el sector privado para poner sus capacidades al servicio de la Ciudad. A la hora de marcar el voto preferente, es difícil decidir entre estos jóvenes. Si no se tiene información suficiente para escoger entre ellos, es bueno recordar que lo más importante es votar masivamente por la lista del partido para tratar de elegir el mayor número posible concejales. Voy a votar por Julia Correa Nuttin (# 13) y veo también con mucha simpatía a Carlos Rios (# 17). De ambos he conocido directamente sus ideas y propuestas.

La composición de la lista a la Asamblea refleja las diferentes regiones del Departamento. Una vez más, lo importante es votar por la lista en su conjunto y dar el voto preferente por el candidato más cercano a la región de cada uno, para tratar de tener vocero que la represente. Por esa razón me inclino por el santuariano de nacimiento y medellinense de adopción Crisanto Alonso Vargas (# 76), el famoso Vargasvil, en quien además admiro el tesón empresarial. También me gusta José Luis Noreña Retrepo (# 52), por sus denuncias concretas de la corrupción.

A todos los amigos que me honran leyendo mis artículos y que comparten los valores de la libertad, la responsabilidad individual y el gobierno limitado los invito a votar, en sus municipios y departamentos, por los candidatos del Centro Democrático o, en su defecto por los de aquellos partidos y coaliciones que a su modo de ver mejor los representan. En las elecciones del 27 de octubre, más que la designación de las autoridades locales, están en juego dos concepciones opuestas de la sociedad: la de los partidarios de la libertad económica y la democracia política y, con variados camuflajes, la de los partidarios de la economía manejada por el estado y del gobierno despótico.


LGVA

Octubre de 2019.  




[1] Esos partidos son los siguientes: Presentes por el socialismo, Partido Alianza Verde, Partido Comunista Colombiano, Partido Comunista de Colombia-Marxista Leninista, Marcha Patriótica, Unión Patriótica, Movimiento Progresista, Polo Democrático Alternativo, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) y Movimiento Poder Ciudadano Siglo 21.

lunes, 14 de octubre de 2019

Los 90 años del Gran Crack de la bolsa de Nueva York y las lecciones aprendidas



Los 90 años del Gran Crack de la bolsa de Nueva York y las lecciones aprendidas[1]


 Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista


El próximo martes 29 de octubre se cumplen 90 años del crack de la bolsa de Nueva York - el célebre martes negro- que los historiadores toman como el inicio de la Gran Depresión de los años 30. Además de sus desastrosos efectos inmediatos, entre los cuales se cuenta el ascenso del Nazismo en Alemania, la Gran Depresión tuvo consecuencias que todavía afectan la economía y la política de todos los países del mundo como son el derrumbe del sistema monetario del patrón oro y la implantación de monedas fiduciarias nacionales gestionadas por un banco central  y el prodigioso crecimiento de la intervención del gobierno en la economía.

El desarrollo económico caracterizado por una sucesión de fases de expansión alternadas con fases de recesión, separadas por crisis financieras que marcaban en fin de las primeras y el inicio de las segundas, era un fenómeno que había llamado la atención de los economistas desde mediados del siglo XIX. Se reconoce a Clément Juglar (1819-1905) como el primero en haber dado cuenta de forma sistemática de esa alternancia en una obra, publicada en 1862, cuyo título describe con precisión el fenómeno analizado: Las crisis comerciales y su reaparición periódica en Francia, Inglaterra y Estados Unidos. En sus cálculos, Juglar estableció que entre cima y cima (o entre sima y sima) ese ciclo tenía una duración de unos 10 años.  Durante las primeras décadas del siglo XX, el estudio de los ciclos económicos ocupaba la atención de muchos economistas y estadísticos.

Que se presentara pues una crisis financiera en octubre de 1929 y que a esta siguiera una recesión era algo que no sorprendía a ningún economista. En los más de 100 años anteriores se habían presentado 10 de ellas: 1816, 1825, 1836, 1847, 1857, 1866, 1873, 1890, 1907 y 1921.  Entonces como hoy, cualquier economista sabe que todo auge llegará a su término en medio de una crisis financiera y que será seguido por una recesión. Lo que ninguno puede establecer con certeza científica es la fecha en la que se producirá la inflexión y si tiene alguna buena conjetura, seguramente, en lugar de divulgarla, tratará de sacarle partido con una especulación provechosa.

No existe consenso, quizás nunca lo habrá, entre los historiadores económicos y los economistas, sobre las causas que provocaron que la recesión se transformara en la profunda depresión que duró 10 años y se extendió a casi todos los países del mundo[2]. Hay, no obstante, un par de hipótesis bastante plausibles que tienen además el interés de responder al interrogante sobre las lecciones aprendidas objeto de este diálogo. Se trata de los errores de política monetaria del Sistema de la Reserva Federal (FED) y la guerra comercial que se desató después de que Estados Unidos adoptara el arancel proteccionista Smoot Hawley.

Las cosas, que iban bastante mal después del colapso de la bolsa, empeoraron un año más tarde con el pánico bancario que, según muchos analistas como Milton Friedman, se desató con la quiebra del Banco de los Estados Unidos de Nueva York. Este era un banco privado, no un banco oficial, como mucha gente creía a causa de su nombre, lo que lo hacía más atractivo para muchos depositantes. Ni los demás bancos de la ciudad ni el Banco de la Reserva Federal de Nueva York quisieron acudir a su rescate, subestimando, probablemente, el alcance de sus relaciones con otros bancos y la economía real. Aunque ya otros bancos habían quebrado antes del de los Estados Unidos, esta quiebra desató un pánico de tal magnitud que al poco tiempo condujo a la quiebra de la tercera parte de los bancos del País. En Europa se presentó una situación similar.

La ley de aranceles Smoot-Hawley se había aprobado en la Cámara de Representantes en mayo de 1929, pasó por el Senado en abril de 1930 y se promulgó en junio de este mismo año. Aunque, después del fracaso de negociaciones internacionales tendientes a evitar una guerra arancelaria, varios países habían subido sus aranceles, la promulgación del arancel Smoot-Hawley causó una especie de reacción en cadena que, si no lo provocó por si misma, contribuyó a la severa contracción del comercio internacional que en 4 años se redujo a una tercera parte.

Hay que decir en honor de mi profesión que la mayoría de los economistas de Estados Unidos desaprobaron la adopción del arancel Smoot-Hawley: más de mil de ellos le dirigieron al presidente Hoover una carta en la que le suplicaban se abstuviera de promulgarlo, explicándole que para que los otros países pudieran comprar los productos de Estados Unidos había que comprarles los suyos[3]. En cuanto a la política monetaria, los economistas también sabían que, si bien el crecimiento excesivo del crédito era responsable de los auges exagerados que terminaban en crisis, una vez sumidos en ella no quedaba más alternativa que aplicar una “política monetaria expansiva a ultranza”, como la denominó Hayek, para evitar un colapso mayor.

La crisis financiera de 2008 fue, desde el tema que aquí interesa, un experimento a escala global del grado en que el mundo había aprendido por lo menos esas dos lecciones de los años 30.

En su momento, me causó gran preocupación el fracaso de las negociaciones para rescatar a Lehman Brothers y que la FED permitiera que esta venerable institución se declarara en bancarrota el 15 de septiembre de 2008. Dos días más tarde se rectificó el rumbo y la FED acudió al rescate de American International Group (AIG), con un préstamo de ochenta y cinco mil millones de dólares. AIG había tenido un comportamiento irresponsable, como buena parte de las entidades financieras que entran en situación de insolvencia, pero era un 50% más grande que Lehman y operaba en 130 países, tenía más de 74 millones de clientes y las empresas aseguradas empleaban 106 millones de personas[4]. En Europa el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo también rescataban bancos privados, llevaban las tasas de interés al piso y, como la FED, inyectaban liquidez a la economía comprando toda clase de títulos de deuda públicos y privados.  

Prácticamente todos los países permanecieron fieles a las reglas de la Organización Mundial de Comercio y a los tratados de libre comercio suscritos entre ellos. Inicialmente,  el comercio mundial sintió el impacto de la crisis y es así como entre 2008 y 2009 las importaciones mundiales cayeron un 23%, al pasar de US 15,8 billones a US$ 12,2 billones. Sin embargo, se recuperaron rápidamente y en 2010 y 2011 crecieron vigorosamente a tasas 20% en cada uno de esos años. Posteriormente continuaron aumentando, aunque a tasas inferiores, 2% anual. La gráfica, construida con datos de Kindleberger[5] y de la OMC[6], muestra la evolución del índice del comercio mundial de mercancías en las dos grandes crisis. El contraste no puede ser más marcado.



También se tomó conciencia, y esta sería una tercera lección, de que los auges exagerados, ocasionados por políticas de crédito extremadamente laxas, que llevan a inversiones descabelladas, se traducen, a la postre, en recesiones más profundas. De ahí la idea de usar la política monetaria y la política fiscal para tratar de suavizar el ciclo, generando, en el caso de la segunda, ahorro en las expansiones para gastarlo en las recesiones. Aunque el mecanismo es bien conocido, no es fácil lograr siempre que los gobiernos procedan de esa forma.  

Además de las lecciones mencionadas, que podríamos llamar lecciones de política económica práctica, la crisis tuvo otras dos grandes consecuencias de alcance más estructural, que se extienden en todo mundo económico actual: el papel preponderante de la banca central y el prodigioso crecimiento de la intervención del estado en la economía.

En 1929 la FED era una institución relativamente nueva pues había sido establecida en diciembre de 1913. Los bancos centrales de los países europeos eran mucho más antiguos mientras que los países de América Latina se crearon casi todos a comienzo del siglo XX. El de Colombia nace en 1923. Lo importante a destacar es que, con la desaparición del patrón oro, esos bancos fueron asumiendo el control de la emisión de la moneda nacional fiduciaria en cada país lo que les confiere un enorme poder sobre la orientación y la expansión del crédito, que les permite provocar catástrofes o evitarlas. Se ha buscado poner un límite al uso arbitrario de ese poder haciendo que los bancos centrales se ajusten a ciertas reglas de emisión y tratando de sustraerlos al juego político, dándoles un estatuto de autonomía. En Colombia dicha autonomía se consagró en la Constitución de 1991 y ha sido fundamental para el control de la inflación y la estabilidad macroeconómica del País. 
  
La otra consecuencia de la crisis, tal vez la más profunda y duradera, es el crecimiento de la intervención del estado en la economía, supuestamente fundamentado en la teoría económica. Keynes consiguió venderle a mundo y, durante mucho tiempo a buena parte de la profesión, la idea de que la crisis era el resultado de una falla estructural de la economía capitalista que hacía necesaria la intervención del gobierno para remediarla. En 1930, en un intercambio con Josiah Stamp, gran industrial británico, Keynes, irritado, preguntó:

“¿No es la mera existencia del desempleo generalizado, y por cualquier período de tiempo, un absurdo, un reconocimiento del fracaso y una avería desesperada e inexcusable de la maquinaria económica?”  

A lo que Stamp respondió:

“Su lenguaje es bastante violento. No esperará usted que se puedan reparar los daños de un terremoto en unos pocos minutos, ¿no? Objeto a la postura de que el no poder reparar una complicada maquinaria de inmediato es el reconocimiento del fracaso”[7]

El hecho es que prevaleció, y aún prevalece en la mente de la mayoría de la gente, la postura de Keynes, no la de Lord Stamp.

Keynes era un hombre inteligente y extremadamente elocuente, rasgo este que hace que la gente parezca dos o tres veces más inteligente de lo que es en realidad. Keynes retomó una vieja idea procedente de Malthus, que había sido refutada una y otra vez por distinguidos economistas, y para exponerla se inventó todo un lenguaje y unos agregados cuyo desarrollo dio lugar a una nueva rama de la disciplina económica: la macroeconomía.

Aunque el planteamiento de Keynes es mucho más sutil, la idea que quedó en la mente de la gente es que el gasto total, que él llamó demanda agregada, puede ser insuficiente para comprar el total de la producción, que llamó oferta agregada. Y que esa insuficiencia podía – y debía- ser suplida por un “gasto autónomo” del gobierno financiado con deuda. Para los políticos de entonces y los de hoy, que no se detienen en sutilezas como las expectativas racionales o la equivalencia ricardiana, la idea de gastar hoy sin aumentar los impuestos es música celestial. También lo es para la profesión económica que veía de golpe abierta la puerta a los empleos como asesores de los “policy makers”.

Por supuesto que no puede responsabilizarse a Keynes de todo lo que vino después. A lo sumo puede decirse que él le dio respetabilidad entre los economistas al cambio, que venía gestándose desde años atrás, en la actitud intelectual y emocional de la sociedad frente a la expansión de las órbitas de intervención del gobierno, frente al crecimiento del tamaño del estado, que progresivamente condujo, a lo largo siglo XX a que - con pocas excepciones - los economistas, los filósofos y científicos políticos, la opinión pública en general y, por supuesto, los políticos y los burócratas, se convirtieran en adoradores del Leviatán, clamando por su intervención en todas las áreas de la vida económica y social.

Bibliografía

Bernanke, B.S. (2015, 2016). El valor de actual: memoria de una crisis y sus secuelas. Editorial Planeta, Bogotá, Colombia, 2016.

Irving, N. (2013, 2014). Los alquimistas: tres banqueros centrales y un mundo en llamas. Editorial Planeta, Bogotá, 2014.

Feliu, G. y Sudria, C. (2007). Introducción a la historia económica mundial. Universidad de Valencia, Valencia, España, 2007.

Kindleberger, Ch. (1986, 2009). La crisis económica 1929-1939. Editorial Capitán Swing. Madrid, España, 2009.

LGVA

Octubre de 2019.  



[1] Estas notas se prepararon para participar en un diálogo sobre la Gran Crisis promovido por el Centro de Pensamiento Estratégico de la Universidad EAFIT que dirige el profesor Juan David Escobar Valencia. La idea era destacar las lecciones que de esa crisis habían extraído los economistas y los responsables de la política económica. Agradezco al profesor Escobar por haber creído, tal vez equivocadamente, que yo tenía algo interesante que decir a propósito de ese tema.     

[2] Sobre a profundidad y alcance de la depresión pueden leerse el libro de Kindleberger y los capítulos 14, 15 y 16 del texto de Feliu y Sudria mencionados ambos en la bibliografía. Como ilustración basta una cita de este último: “Para comprender la magnitud de la crisis basta con decir que, en 1932, el PIB de EE.UU. había caído un 30% respecto a 1929, la producción industrial un 40%, la inversión un 90% y casi una cuarta parte de la población activa estaba en paro. Además, al estallar la Segunda Guerra Mundial en 1939, el país no había recuperado el nivel de empleo ni de producción industrial de 1929. La situación no era mucho mejor en el resto del mundo” Páginas 342-343.

[3] “Economists Against Smoot-Hawley” en Econ Journal Watch Volume 4, Number 3, september 2007, pp 349.

[4] Bernanke, B.S. (2015, 2016). El valor de actual: memoria de una crisis y sus secuelas. Editorial Planeta, Bogotá, Colombia, 2016. Página 13.

[5] Kindleberger, Ch. P. (2009). La crisis económica 1929-1939. Editorial Capitán Swing, Madrid, 2009. Página 281.

[6] World Trade Organization (2016). Trade Profiles 2015. Página 193.  https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/trade_profiles15_e.pdf

[7] Irving, N. (2013, 2014). Los alquimistas: tres banqueros centrales y un mundo en llamas. Editorial Planeta, Bogotá, 2014. Página 519.