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jueves, 15 de diciembre de 2011

Teorema de Jouvenel

El teorema de Jouvenel sobre el bien común

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista, Docente, Universidad EAFIT

Actuar conforme al bien común o al bien colectivo se supone que es la obligación de los gobiernos. Desde los griegos, entender en qué consiste ese bien común ha sido un problema central de la filosofía o la ciencia política.  Platón pretendió que era discernible por la razón y por ello encomendó el gobierno de la Polis a los sabios que podían identificarlo. Aristóteles también creyó en su existencia pero supuso que podía ser percibido por cualquiera, no sólo por los sabios, y que su realización era posible bajo distintas formas de gobierno.

Los economistas han tratado este problema en el marco de la teoría de la elección colectiva. Es bien conocido el Teorema de Arrow de acuerdo con el cual, cuando existen por lo menos tres alternativas, no puede haber ninguna ordenación colectiva que satisfaga simultáneamente el axioma de transitividad, el principio de Pareto, la independencia de alternativas irrelevantes y la ausencia de dictadura. O en términos más simples, que no es posible construir una preferencia colectiva a partir de las preferencias individuales sin que alguno de los individuos que integran el conjunto social se convierta en dictador.

En 1955 en su obra “De la soberanía: en busca del bien público”, Bertrand de Jouvenel (1903-1987) desarrolló, hasta donde sé,  de manera independiente lo que me he atrevido a denominar el “Teorema de Jouvenel sobre el bien común” en el que sin ningún aparato formal llega a un resultado análogo al de Arrow. Me ha parecido interesante destacar esta contribución especialmente en beneficio de quienes encuentran tortuoso seguir la demostración de Arrow. La exposición se encuentra en el capítulo dos de la segunda parte del libro mencionado[1].  La presentación que sigue resume el argumento a partir de un conjunto de proposiciones extraídas del texto en cuestión.

·        El bien del conjunto social es el bien propio de los individuos que lo conforman. Este es un postulado cuya negación suprime el problema pues equivale a suponer que un individuo o grupo de individuos definen el bien común. Es el postulado de no dictadura.



·        El bien propio de los individuos no es la adquisición de la virtud o la salvación del alma.  Este es también un postulado. Estamos hablando de una sociedad civil, no de una comunidad religiosa o de una comunidad civil con fines trascendentes o metafísicos.

·        El bien particular se asocia a la adquisición de  cosas limitadas como las riquezas o los honores. Naturalmente si la riqueza o los honores fueran ilimitados no habría necesidad de elegir ni posibilidad de conflicto entre los individuos. Tampoco existiría conflicto en una sociedad integrada por ascetas.



·        El bien propio de los individuos es el percibido por cada uno de ellos y no como es concebido por los gobernantes por sabios que estos puedan ser.  Este es equivalente al postulado de racionalidad individual y es la base de la sociedad liberal.





·        El bien común será percibido de forma diferente por cada individuo según lo que le dicte la percepción de su bien propio.  Es la consecuencia inevitable del postulado anterior.



·        Si no es posible medir las percepciones – la utilidad – ni ponderar las satisfacciones de los individuos, la autoridad se verá imposibilitada para establecer el bien común a partir del bien propio de los individuos. Aún si se supone la existencia de alguna medida de la utilidad o de la intensidad de las preferencias se obtendrían múltiples medidas del bien común dependiendo de las ponderaciones asignadas – ¿por la autoridad? – a cada individuo.





LGVA, Diciembre de 2011.







[1] Hay traducción al español. De Jouvenel, La Soberanía. Editorial Comares. Granada, 2000.

miércoles, 7 de diciembre de 2011

Mendigarios y Proletandigos

Mendigarios y proletandigos: ¡Uníos!

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Docente, Escuela de Economía, Universidad EAFIT

El Estado es la gran ficción a través de la cual todo el mundo se esfuerza en vivir a expensas de los demás”. Bastiat.

Ayer encontré a René, por azar, en una calle cualquiera de Medellín, no en su taller de reparaciones eléctricas del Barrio San Pablo donde lo había buscado infructuosamente para encomendarle la reparación de un secador y un viejo radio. Cerré el taller hace como ocho meses - me dijo. Ya no necesito trabajar. Mis dos hijas se casaron y el muchacho está prestando servicio militar. Estoy solo con mi esposa. Recibo la platica que le dan a los desplazados y otro poquito por enviar los niños a la escuela, almorzamos en el comedor municipal de la tercera edad  y el acueducto me lo paga la alcaldía. Para el resto me basta con lo que recibo por el arriendo del segundo piso. Pero René – le dije- tú no eres desplazado, no tienes niños de escuela, no está en la tercera edad y siempre pudiste pagar por ti mismo el servicio de acueducto. El hombre sonrió socarronamente.

Había llegado al Barrio San Pablo por la época de su fundación, hace más de 20 años. Armado con su diploma de técnico en electricidad y una hombría de bien que le salía por los poros, consiguió que le arrendaran barato un garaje y allí instaló su taller. Durante años trabajó reparando radios, ventiladores, licuadoras, hornos y toda clase de cachivaches  eléctricos a los que daba una nueva vida por un precio inverosímilmente bajo. Me encantaba visitarlo en su taller, escuchar tangos y hablar de las cosas de la vida. Su ingreso moderado le permitió educar a sus tres hijos – bachillerato y formación técnica, para que sepan ganarse la vida, decía – y le alcanzó para construir una casita – después le haré el segundo piso, para arrendarlo y tener una rentica – en la que vivió dignamente con su familia. Y hace 3 años compró una moto con la que pudo prestar sus servicios a domicilio. No sabía nada de asistencia pública, ni de seguridad social, ni del Sisben, ni de familias en acción. Responsable, parsimonioso, alegre, ahorrativo durante todos esos años enfrentó sólo las contingencias de la vida sin esperar que el gobierno  o los traficantes de la caridad vinieran en su socorro.

Un día llegó a su taller un abogado del municipio y le habló de todos esos beneficios sociales que el gobierno tiene para la gente pobre. René es un hombre bueno, pero no un ángel y en él los incentivos actúan, como en todo mundo. El panorama descrito por el abogado era en extremo tentador: dinero por desplazamiento, plata por enviar los niños a la escuela, almuerzo todos los días, agua gratis. “Y ofreció a ayudarme – por un pequeño pago- con todos los trámites”.  René cayó en la tentación: dejó su trabajo de hombre libre y decidió convertirse en mendigario o proletandigo. Lo que es peor: en un mendigario o proletandigo tramposo.

Cuando los países alcanzan la senda del crecimiento económico sostenido logran primero mantener a sus pobres antes de conseguir que éstos se hagan más productivos y puedan valerse por sí mismos. Hace cinco o seis décadas Colombia tenía tanta o más pobreza que ahora con el agravante de que entonces no podíamos mitigarla con nuestros propios medios. Todavía en los años 60 y 70 del siglo pasado recibíamos ayuda humanitaria internacional y nos visitaban los cuerpos de paz.  Uno de los efectos del crecimiento económico es hacer más ostensibles la pobreza y la desigualdad, que no son la misma cosa. La solidaridad y el redistribucionismo, esas formas travestidas de la envidia,  también afloran con el crecimiento y se convierten en los pilares de la política pública.

No es lo mismo pobreza que desigualdad ni solidaridad que redistribución. Cuando una persona  desempleada recibe de los servicios sociales un subsidio monetario que sustituye un salario que no puede ganarse o una atención médica que no puede pagarse, estamos ante una acción de solidaridad que mitiga una clara situación de pobreza. Pero si esa misma persona recibe un estipendio que le permite hacer un gasto que podría haber cubierto de su propio bolsillo, estamos ante una redistribución: su ingreso ha aumentado porque una parte del mismo queda disponible para otra cosa.
El gasto del gobierno es el principal mecanismo empleado en las sociedades modernas para combatir la pobreza y redistribuir el ingreso. Durante casi todo el siglo pasado  la participación del estado en la economía colombiana, medida por el gasto del gobierno central como porcentaje del PIB, fue modesta: 5% promedio anual entre 1905 y 1960 y 9% entre 1960 y 1990. A partir de este último año se incrementó sustancialmente y hoy supera el 26%; cifra que está por encima de todos los países de América Latina y que es comparable con la de los países desarrollados, excepción hecha de los países socialistas de Europa Occidental. 
Cuando el estado alcanza ese tamaño la lucha por incrementar la participación en la distribución del gasto público y por disminuir la participación en su financiación intensifica y todos empezamos a asemejarnos un poco a René, tratando de aparecer más  pobres de lo que somos. Con un estado de ese tamaño y el inusitado despliegue del asistencialismo, nos estamos convirtiendo en una economía de mendigarios y tramposos, buscando siempre gastar más y pagar menos, acrecentando la deuda pública para terminar al cabo de unos cuantos años indignados protestando en las calles contra la injusticia social.

lunes, 5 de diciembre de 2011

Los anti-taurinos y la libertad

Los anti-taurinos y la libertad

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Docente, Universidad EAFIT


La sociedad liberal se fundamenta en el respeto a las preferencias de las personas y a sus propiedades legítimamente adquiridas. Aunque no pueden descartarse totalmente, las mayores  amenazas contra los pilares de la libertad no provienen en nuestra época de tiranos hirsutos, déspotas ilustrados, movimientos abiertamente totalitarios o cualquier clase de minorías que se ampara violentamente del poder político.  Por el contrario, proviene de las decisiones tomadas mayoritariamente por la sociedad haciendo uso de sus mecanismos legítimos de democracia representativa o directa. Proviene, como lo había anticipado Stuart Mill, de la tiranía de las mayorías, es decir, de la tiranía de aquella porción de sociedad más numerosa o más activa que en un momento dado encuentra condenables las preferencias de una minoría o, lo que usualmente se le asocia, los empleos que ésta da a sus propiedades.

En las sociedades modernas, las mayorías usualmente son negativas, “anti-algo”. Probablemente la única mayoría positiva, “pro-algo”, sea la conformada por los aficionados al futbol. En casi todos los otros casos los “pro-algo” suelen ser agrupaciones minoritarias. Es natural que sea así: ello es expresión de la diversidad de preferencias en una sociedad libre. Generalmente se puede vivir tranquilo perteneciendo a las incontables minorías de las que se es parte.  Sin embargo, en ocasiones, algunas minorías “pro” se hacen detestables para otras minorías “anti” que buscan por todos los medios obtener el apoyo de la mayoría de la sociedad a la que en principio el objeto de la disputa le resulta completamente indiferente. Este parece ser hoy el caso de los taurinos y los anti-taurinos.

Los taurinos son una minoría, en todas partes, incluso en España. Lo han sido desde siempre, pero durante muchos años, incluso bajo regímenes despóticos, pudieron disfrutar de su afición sin molestar a nadie ni ser molestados por nadie. Hace algunas décadas la situación cambió con la aparición de los grupos de anti-taurinos. Su visión es simple: los aficionados a la fiesta brava son unos sádicos que se solazan con el sufrimiento de los pobres toros. Éstos, los toros, tienen derechos y aquellos, los anti-taurinos, son sus defensores. La eliminación de la fiesta brava es su objetivo y a ello consagran todos sus esfuerzos.

No viene al caso repetir los argumentos en defensa de la fiesta brava, a los cuales son totalmente insensibles los anti-taurinos y que han sido magistralmente expuestos por Fernando Savater en su Tauroética. La cuestión  que aquí se plantea es de libertades y derechos; de un conflicto de derechos entre humanos. El cuento de los derechos de los toros y de los animales es una tontería; pero estoy dispuesto a reconocérselos a todos el día en que los reclamen por sí mismos.

Los toros de casta, las haciendas donde pastan, las plazas de toros, los corrales, los caballos, los capotes, las banderillas, las botas, en fin, todos los aperos de la fiesta y; sobre todo, habilidades de los toreros, de los empresarios y de todas las gentes que trabajan en la fiesta brava son, mientras no se demuestre lo contrario, la propiedad legítima de un grupo de personas. También son legítimos, mientras no se pruebe lo contrario, los ingresos que los aficionados gastan libremente en comprar las boletas para asistir a las corridas y en toda la parafernalia de la fiesta brava. Este es el punto fundamental.

La decisión del parlamento catalán de prohibir la fiesta brava en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que seguramente será imitada en nuestro país,  se traduce finalmente en la expropiación sin indemnización de los bienes, habilidades y rentas de los artífices de la fiesta brava y sus aficionados. ¿Con qué argumento?. Es dudoso que pueda argüirse la función social de la propiedad o la utilidad pública con las que se sustenta en las constituciones de los estados democráticos, Colombia entre ellos, la posibilidad de la expropiación.

Los anti-taurinos quieren que los toros de casta se mueran de viejos pastando en las dehesas. Es una aspiración legítima que podrían realizar comprando todas las ganaderías del mundo dedicadas a la cría del ganado bravo. También podrían buscar, mediante la propaganda y la difusión pacífica de sus ideas, que el gusto por la tauromaquia se marchite y la actividad taurina desaparezca por si sola. Sin embargo prefieren autoproclamarse como los más bondadosos y sensibles de los seres humanos, transformando de paso a los taurinos en monstruos sádicos,  y convertir - con la complacencia bobalicona de la mayoría y de los políticos oportunistas -  sus inclinaciones en un valor absoluto que debe ser asumido por toda la sociedad. Los anti-taurinos, en efecto, son una nueva especie de totalitarios como los fundamentalistas religiosos, los homófobos o los racistas. Están convencidos de la superioridad moral de sus preferencias y no se detienen ante nada para imponérselas a los demás.

Los anti-taurinos colombianos seguramente conseguirán, como en Cataluña, fabricar una mayoría para prohibir las corridas de toros. Los sufrimientos reales o imaginarios de los pobres toros son suficiente argumento para la gran mayoría de las personas que ignora todo sobre la fiesta brava. Pocos se detendrán a pensar en lo que realmente está en juego: el derecho a disponer  libremente de las propiedades legítimamente adquiridas. Los taurinos serán expropiados sin indemnización.  El toro de casta desaparecerá como especie. Los anti-taurinos impondrán su credo. Todos perderemos un poco de libertad.

LGVA, Diciembre de 2011.  

martes, 29 de noviembre de 2011

El Gobierno Paralelo de Santos






Balzac, la ley de Wagner y  el gobierno paralelo de Santos

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Docente, Universidad EAFIT

Una de las reformas institucionales más importantes en la historia colombiana fue la realizada mediante el acto legislativo 5 de 1954 que permitió a la nación, los departamentos y los municipios la creación de los establecimientos públicos dotados de personería jurídica para prestar uno o más servicios especialmente determinados, hasta entonces a cargo de las entidades territoriales.
La reforma administrativa de 1968, impulsada por el más colbertiano de nuestros gobernantes, Carlos Lleras Restrepo, perfeccionó la figura convirtiéndola en una especie de Santo Grial de la administración pública. Cada problema o dificultad, resultantes casi siempre de la inoperancia de los ministerios o de las secretarías de despacho,  tenía como respuesta la creación de un establecimiento público. Y el país se fue llenando de éstos sin que por ello mejorara necesariamente la administración, más si incrementando inexorablemente el tamaño del gasto del gobierno conforme a la vieja ley de Wagner.
Hacia 1994, cuando el gasto público central superaba ya el 35% del PIB, el gobierno de Cesar Gaviria acometió una reforma del estado eliminando varios de los flamantes establecimientos públicos creados en las décadas pasadas. Samper no hizo nada al respecto. De  hecho, no le bastó con los ingresos de las privatizaciones de las empresas eléctricas y endeudó alegremente la nación para financiar el gasto corriente. Los gobiernos de Pastrana y el primero de Uribe, acosados por déficit fiscal y el alto endeudamiento heredados de Samper, también hicieron alguna poda burocrática.  
La reforma adoptada a principios de noviembre por el gobierno de Santos se parece más a la de Lleras que  a la de Gaviria. Son ochenta decretos. Reaparecen los tres ministerios suprimidos en el primer gobierno de Uribe. Se eliminan un decena de entidades  - Das, Ingeominas, etc. -  y al mismo tiempo crea una veintena, buena parte de ellas denominadas  “Agencia” – de inteligencia, infraestructura, minería, defensa jurídica del estado, superación de la pobreza, contratación pública, etc. -  término que parece ser el nuevo Grial de la administración pública. Se creó también un poderoso Departamento de la Prosperidad Social que agrupa varias entidades, antiguas y nuevas, y programas de política social asistencialista. Con una ligereza sorprendente, el ministro de hacienda ha desestimado el impacto fiscal de este ensanchamiento del aparato estatal. No costará más de $ 300.000 millones anuales, ha dicho. Nadie ha cuestionado la cifra ni el ministro ha suministrado estudio alguno que sustente la validez del cálculo.
Pero aparte del impacto fiscal de la reforma, lo que más llama la atención es que con ella se ahonda en la tendencia a crear una especie de gobierno paralelo. Todas las funciones de las nuevas y viejas agencias, los departamentos, establecimientos y toda suerte de entidades especializadas pueden ser adscritas a cualquiera de los ministerios existentes. Sin embargo, pareciera que el presidente Santos, como varios de sus antecesores,  no confiara en ellos. Que viera los ministerios como simples cuotas que deben entregarse a los políticos con los que se ganan las elecciones. Pero, como de todas formas hay que gobernar, se hace necesario crear agencias, consejerías, establecimientos, departamentos, unidades y sabe Dios qué más, para entregarlas a los técnicos  a ver si desde estas entidades se hace lo que no puede hacerse desde los ministerios.
Los gobiernos paralelos son al parecer bien antiguos. Una extraordinaria descripción se encuentra en Los empleados o la mujer superior, pequeña novela de Balzac publicada en 1838. El protagonista de la obra, Xavier  Rabourdin hace un agudo análisis de la burocracia francesa bajo la restauración mostrando que en su mayor parte no tiene otra función que producir informes. Rabourdin llega a la conclusión de que el reino puede gobernarse con tres ministerios: el de policía o de interior, para mantener a raya a los sediciosos; el de relaciones exteriores, para hacer la guerra o la paz con las demás potencias; y el del tesoro o de hacienda que agrupa a todos los demás por la sencilla razón de que quien consigue la plata del estado es el mejor situado para decidir en qué se gasta.
Pero los consejos de Rabourdin no han sido seguidos por gobierno alguno. La demanda de bienes y servicios provistos por los gobiernos y la consiguiente necesidad de crear ministerios, agencias, departamentos y divisiones para su provisión parece incontenible. En todas parte, la ley de Wagner avanza inexorablemente sólo interrumpida episódicamente cuando la deuda se hace insostenible y el ajuste inevitable. Europa enfrenta hoy uno de esos episodios. Colombia enfrentó el último de los suyos hace sólo unos cuantos años. Pero la memoria de los pueblos es corta. El gobierno de Santos prepara hoy alegremente – ley de víctimas, seguridad social en salud sin restricción presupuestal, creación de miles de empleos públicos con la reforma del estado, incremento de los salarios oficiales por encima de la inflación y la piñata de las regalías -  el escenario de la próxima crisis fiscal.  
Cuando sólo se tiene un ministro para conseguir la plata y 20 ó más ministros o cuasi- ministros para gastarla la tendencia al déficit fiscal crónico es inevitable. Ciertamente esto lo teníamos en el pasado; pero eventualmente contábamos con ministros de hacienda que sabían decir no.  Este no es hoy el caso. Esa palabrita, extremadamente útil para un ministro de hacienda, al parecer no hace parte del vocabulario del actual.

Noviembre de 2011.

jueves, 17 de noviembre de 2011

Réquiem por la reforma de la educación superior

Réquiem por la reforma de la educación superior

Luis Guillermo Vélez  Álvarez

Docente, Universidad EAFIT

El proyecto de reforma de la ley 30 presentado y retirado por el gobierno no era bueno, pero no por las razones invocadas por los estudiantes en paro o por los rectores de las universidades agremiadas en ASCUN.

El proyecto mantenía el status quo de financiación estatal de la educación superior. Un sistema de subsidios indiscriminados a la oferta que concentra las transferencias de la Nación en tres o cuatro universidades de las principales ciudades del país. La Universidad Nacional recibe 15 millones anuales por alumno, 6 de los cuales cubren los gastos administrativos. Los estudiantes de la Universidad de Antioquia pagan en promedio $ 200.000 por semestre lo que significan que reciben un subsidio de 97% del costo.  Ineficiencia e inequidad.

El proyecto introducía algunas medidas para mejorar la calidad como la  obligación de todos los estudiantes de pregrado de presentar los exámenes de estado para optar al título y la  incorporación de los resultados de éstos en los mecanismos de evaluación del desempeño de las universidades. También se elevaban las exigencias a las instituciones de educación superior para ostentar el título de universidad. En lo demás se mantenía la ley 30 con todos sus defectos.

¿Por qué los rectores de ASCUN y los estudiantes rechazaron la propuesta del gobierno?. Los rectores de las grandes universidades públicas defendiendo sus intereses: unos recursos cuantiosos manejados libremente, casi sin rendir cuentas, todo en aras de la autonomía universitaria. Y agazapadas en la sombra, las universidades de garaje complacidas de ver cómo se hunden las escasas disposiciones que las presionaban a mejorar la calidad de sus servicios.

El gobierno cometió el error de incluir en el proyecto - en la versión inicial, no en la que radicó en el congreso - una disposición anodina que autorizaba a las universidades públicas para adelantar acuerdos con el sector privado interesado en invertir en educación superior. ¡Ahí fue Troya!. El presidente de ASCUN y rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano denunció el afán de lucro y la privatización de la educación superior. Los rectores de la Nacional y la de Antioquia salieron, como de costumbre, a reclamar más  recursos y defender el supuesto derecho a la educación superior.  En cualquier caso,  dos o tres palabras – lucro, privatización, derecho – bastaron para generar un movimiento estudiantil donde  la mediocridad intelectual de los argumentos rivalizaba con la inmensa arrogancia con la que fueron expuestos ante un gobierno acomplejado que  claudicó, bajo la mirada complacida de la sociedad. 

El país ha perdido la oportunidad de debatir racionalmente el importante tema de la financiación de la educación superior. La masificación de ésta es probablemente el mayor desafío que enfrenta la política educativa de todos los países del mundo. Existen tres fuentes de financiación que pueden combinares en diversos grados: recursos fiscales, matrículas pagadas por las familias y créditos pagados por los beneficiarios a la culminación de sus estudios. La discusión debería centrarse en establecer la combinación óptima de estas fuentes teniendo en cuenta criterios de eficiencia, equidad y viabilidad financiera.

No es financieramente viable la política de gratuidad reclamada por los estudiantes y apoyada por los rectores de las grandes universidades públicas del país. Quien se beneficia de la educación superior obtiene ventajas como un ingreso más elevado, un mayor estatus social y el acceso a los servicios materiales y tecnológicos de las sociedades modernas. Estos son beneficios eminentemente privados. Por otra parte están las externalidades asociadas a disponer de una población mejor educada – mayor crecimiento económico y una vida cultural y política de más calidad – que justifican que los gobiernos contribuyan a la financiación de la educación superior. En estas premisas se fundamentan las siguientes propuestas:

·         La financiación de la educación en todas las universidades, públicas y privadas, debe ser compartida por las familias, los beneficiarios, el gobierno y los inversionistas privados con móviles filantrópicos o de beneficio.

·         En los aportes nacionales y territoriales a las universidades estatales se diferenciará explícitamente la parte que corresponde a la financiación de la investigación de la destinada a la financiación de formación de pregrado.

·         Los aportes del gobierno no financiarán estudios de posgrado.  Estos se financiarán por los beneficiarios, sus familias o inversionistas privados.

·         Las matrículas en las universidades estatales se fijarán en función de los costos y el subsidio otorgado será explícito y diferencial según la condición económica del alumno.

·         Una parte de los aportes de la Nación se destinará a las universidades privadas con acreditación de alta calidad y se distribuirá competitivamente entre éstas en función del número de alumnos de familias pobres que en ellas se matriculen.

·         Debe mantenerse la presentación de los exámenes de estado como requisito para la graduación en el pregrado y los resultados de éstos como elementos de la evaluación de la calidad. Deben mantenerse y reforzarse las exigencias para ostentar el título de universidad.

·         Las universidades privadas deben tener el mismo régimen tributario que las universidades públicas, es decir, no deben estar obligadas a cobrar el IVA y deben beneficiarse de la devolución del IVA y el impuesto predial pagados. Las devoluciones se emplearan en ampliación de la cobertura en pregrado.

Ojalá no esté muy lejano el día en el que estas propuestas se puedan discutir en un ambiente de opinión en el que las ideas se difundan por la razón y no por contagio como en la actualidad.

lunes, 7 de noviembre de 2011

El economista y el político

El economista y el político: encuentros y desencuentros en los albores de la economía

(Para mi maestro y amigo, Carlos Esteban Posada, economista de pura sangre)

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Docente, Universidad EAFIT

I

Entre la persuasión y la prueba

El título de esta charla alude, como muchos lo habrán adivinado, al de una pequeña obra de Max Weber, “El político y el científico”, donde se recogen un par de conferencias suyas – La política como vocación y La ciencia como vocación – dictadas a los miembros de la Asociación Libre de Estudiantes de Munich en el invierno de 1919, cuando aún resonaban los estruendos de la dura represión del Levantamiento Espartaquista durante la llamada “semana sangrienta” de Berlín del 5 al 12 de enero de ese año.

Max Weber, nos recuerda Raymond Aron en el prólogo a la edición francesa de esa obra, era un científico y no un hombre político ni un estadista. Historiador, sociólogo y economista estuvo siempre “preocupado por la cosa pública durante toda su vida – continúa Aron – y no dejó nunca de experimentar una especia de nostalgia de la política, como si la finalidad última de su pensamiento hubiera debido ser la participación en la acción”[1]. De alguna forma a todos los economistas, incluso a los que se ocupan de los aspectos más abstractos de nuestra disciplina, se les puede aplicar este predicamento. 

El político es antes que nada un  hombre de acción que aspira a participar en el poder o en la distribución del poder de un estado como medio para alcanzar otros fines – egoístas o altruistas – o por el disfrute del poder mismo, del sentimiento de superioridad y prestigio que el poder confiere.  Todos hacemos política de manera ocasional y en ocasiones furtiva. Weber está pensando en el político profesional, es decir, en el que vive para la política o vive de la política o ambas a la vez. Son dos los rasgos fundamentales de este personaje. El primero está ligado a su naturaleza de hombre de acción y es la convicción de que la voluntad – la voluntad política-  es la determinante de que ocurran o no determinados acontecimientos en la vida social. El segundo tiene que ver con la naturaleza de su discurso cuya esencia es la persuasión. Todo discurso político es en efecto una cierta evaluación sobre la propiedad e impropiedad de un estado de cosas y la consiguiente propuesta de preservación o cambio. La naturaleza de los estados de cosas propios de la política es su carácter contingente y la de admitir, por lo tanto, múltiples respuestas. De ahí que le discurso político deba ser persuasivo - no demostrativo- que busque convencer, reunir voluntades, alcanzar acuerdos[2].

Y esto nos lleva al científico. El científico de Weber es un universitario, docente e investigador. En su discurso Weber da cuenta del desarrollo de la vida académica norteamericana, que a su juicio se impondrá a la vida académica alemana. “La vida universitaria alemana se americaniza, como se americaniza nuestra vida entera…”, escribió[3]. Y ese desarrollo está signado por la creciente especialización y profesionalización del quehacer científico. La ciencia moderna no es un asunto de visionarios inspirados. La ciencia moderna es una vocación  que se realiza a través de la especialización y del empleo de ciertos métodos investigación, demostración y prueba enderezados a la búsqueda de la verdad. Búsqueda ésta que se justifica en sí misma.

Pero esta caracterización no parece aplicarse de la misma forma a las diversas ciencias. “La relación del trabajo científico con estos supuestos previos – escribe Weber -  es (…) muy distinta según la estructura de las diferentes ciencias”[4]. En el caso de las ciencias naturales no parece haber ninguna duda: “Todas la ciencias naturales responden a la pregunta de qué debemos hacer si queremos dominar técnicamente la vida”[5]. Pero llegado al terreno de la sociología, la historia, la economía, la teoría del estado – “las disciplinas que yo tengo más próximas”, dice Weber – nuestro autor vacila y se siente obligado a precavernos contra el riego que amenaza el quehacer científico en la forma en que lo ha definido. Se trata, por supuesto, de la política. La política no tiene cabida en las aulas – afirma tajantemente. No “han de hacer política en las aulas los profesores y menos que nunca cuando han de preocuparse de la política desde el punto de vista científico”[6]. 

No resulta difícil admitir como obvia esa posición cuando está referida a lo que podemos llamar la política partidista, inmediata, electoral. La dificultad radica en establecer, en cada momento y circunstancia, el límite entre ésta y la política entendida en un sentido más general – como creo la entendemos muchos de nosotros – es decir, un conjunto sistemático de conocimientos, provenientes hoy de diversas disciplinas especializadas, entre ellas la economía, que son útiles al estadista y al ciudadano para una mejor comprensión de los mecanismos de la vida social y de los límites que éstos imponen a su accionar.

Max Weber reconoce la dificultad.

“Ciertamente no cabe demostrarle a nadie científicamente de antemano cuál es su deber como profesor. Lo único que se le puede exigir es que tenga la probidad intelectual necesaria para comprender que existen dos tipos de problemas perfectamente heterogéneos, de una parte, la constatación de los hechos, la determinación de contenidos lógicos o matemáticos o de la estructura interna de fenómenos culturales; de la otra, la respuesta a la pregunta por el valor de la cultura y de sus contenidos concretos y, dentro de ella, de cuál debe ser el comportamiento del hombre en la comunidad cultural y en las asociaciones políticas. Si alguien pregunta que por qué no se deben tratar en el aula los problemas de este segundo género hay que responderle que por la simple razón de que no está en las aulas el puesto del demagogo o del profeta”[7]

Por supuesto que la respuesta de Weber está lejos de ser plenamente satisfactoria. Como tampoco lo son las distinciones introducidas por Walras – economía pura, economía social, economía aplicada – o por Friedman – economía positiva y economía normativa. El hecho es que incluso de las  proposiciones o resultados más abstractos de la teoría  se derivan consecuencias en el campo de la política que implican la realización de cierto tipo de acciones o la omisión de otras. En nuestra inevitable relación con el político esto parece exigirnos alternar entre un discurso persuasivo, el de la política,  y un discurso  demostrativo, el de la economía como ciencia. Si aceptamos que es imposible un discurso político demostrativo, la historia de nuestra disciplina puede leerse como la historia del esfuerzo intelectual por incidir en la política mediante la prueba o, si se prefiere, por persuadir probando[8]. Este ensayo se ocupa de algunos episodios de esta historia.

II

El conflicto entre dos ciencias

En el principio fue la política. En la obra más importante de la filosofía política del siglo XVII, y para algunos la más importante de todas las épocas, la economía ocupa un lugar subordinado. Me refiero, por supuesto, al Leviatán. El lugar Hobbes en la historia del pensamiento económico es singular y  paradójico. Los manuales tradicionales consagrados al tema apenas si lo mencionan. Su nombre no aparece por ejemplo en el índice onomástico del de Mark Blaug, uno de los más completos. Sin embargo, un manual más reciente, el de Ernesto Screpanti y Stefano Zamagni, plantea lúcidamente la relación de su obra y la de Maquiavelo con el proyecto científico de la economía política en el siglo XVIII. He aquí su formulación:

“El problema central de la filosofía política europea en el período que va del principio del Renacimiento a la Revolución Francesa era dar cuenta de la vida social sin recurrir a presupuestos metafísicos. En la Edad Media el consenso social se apoyaba en dos principios: la autoridad y la fe, ambos justificados por el supuesto de la existencia de Dios. El problema del pensamiento social moderno era entonces: ¿cómo es posible la vida social si esos dos principios y su justificación metafísica son dejados de lado?.  Una primera respuesta a esta pregunta fue dada por Maquiavelo y Hobbes: el egoísmo natural del hombre hace imposible la vida social libre y necesario el Estado absoluto; el principio de la autoridad está basado en el monopolio del poder, y eso no necesita ninguna legitimación”[9].

La visión del hombre en la que se fundamenta la teoría del estado construida en el Leviatán, y que Hobbes desarrolla detalladamente a lo largo de los 16 capítulos que conforman la primera parte de la obra, titulada “Del Hombre”, es profundamente moderna y coincide plenamente con la que adoptará la economía política. El hombre económico racional es una creación de Hobbes.[10]. Sin embargo, en el Leviatán, el tratamiento explícito de  lo económico es  marginal y profundamente anacrónico. Sólo lo encontramos a la altura del capítulo 24 bajo el   título, “De la nutrición y preparación de un Estado”, que puede resultar curioso, más no inocente pues pone de manifiesto el lugar subordinado frente a lo político que el pensamiento social de occidente le había asignado a lo económico desde su célebre tratamiento, bajo el nombre de  Crematística, en La Política de Aristóteles. 

Naturalmente,  Adam Smith conocía la obra de Hobbes a quien menciona una vez en La Riqueza de las Naciones. Pero esa única mención es suficiente para evidenciar el antagonismo entre dos concepciones de la riqueza:

“La riqueza, como dice Mr. Hobbes, es poder. Pero la persona que adquiere o hereda una gran fortuna, no por eso adquiere necesariamente ni hereda poderío político, civil o militar. Su riqueza podrá ofrecerle los medios para adquirir todo eso, pero la mera posesión de aquella no le procura necesariamente esas ventajas. El poder que le atribuye directa e inmediatamente esa posesión es la facultad de comprar; una cierta facultad de disposición sobre todo el trabajo, o sobre todo el producto de éste, que se encuentra en el mercado”[11].

La acotación que hace Adam Smith a la noción de riqueza de Hobbes es cualquier cosa menos accidental. Smith conoce perfectamente el contexto en cual Hobbes formula esa definición, está hablando del poder político:

“El mayor de los poderes humanos es el que se integra con los poderes de varios hombres unidos por el consentimiento en una persona natural o civil; tal es el poder de un Estado; o el de un gran número de personas, cuyo ejercicio depende de las voluntades de las distintas personas particulares, como es el poder de una facción o de varias facciones coaligadas. Por consiguiente tener siervos es poder; tener amigos es poder, porque son fuerzas unidas. También la riqueza, unida a la liberalidad, es poder, porque procura amigos y siervos”[12]

Para Hobbes, la riqueza es un atributo o complemento del poder político. En este sentido Hobbes es un mercantilista. La riqueza que le importa es la riqueza del estado. A esta concepción se opone la que desde Smith será la noción de riqueza de la economía, es decir, la riqueza del individuo entendida como la facultad de comprar el producto del trabajo o el mismo trabajo de otros.

El punto de partida de Smith es el mismo que el de Hobbes: la ficción denominada “estado de naturaleza” anterior a la aparición de las instituciones políticas o, en palabras de Smith, “el estado primitivo y rudo de la sociedad, que precede a la acumulación del capital y a la apropiación de la tierra”[13]. Pero en el mismo punto de partida se detiene la semejanza. Los individuos de Hobbes toman rápidamente conciencia de que en el estado de libertad natural,  la búsqueda de sus propios intereses los llevará a la guerra perpetua y a una situación en que “la vida del hombre es solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve”[14]  y se apresuran, por tanto, a instituir la sociedad política, a construir el Estado garante de la paz. Por el contrario, los cazadores y pescadores de Smith, guiados por una innata propensión a cambiar, descubren rápidamente las ventajas del intercambio y de la división del trabajo; se especializan en las actividades en las que creen ser más productivos; inventan la moneda para superar los inconvenientes del trueque; en fin, se apropian de la tierra y acumulan capital todo ello sin necesitar del Estado que sólo aparece muchas páginas después en el Libro Quinto con el que concluye la obra.

Smith, hay que recordarlo, es heredero de la Ilustración Escocesa.  En el siglo XVIII – señala Murray Rothbard -  el liderazgo intelectual de Gran Bretaña lo ejercieron dos universidades escocesas: Glasgow y Edimburgo. Según Rothbard, Oxford y Cambridge se habían convertido por aquel entonces “en el lugar de esparcimiento de  los jóvenes ricos”. La economía se enseñaba como parte del curso de filosofía moral  del que también hacían parte saberes como la ética, el derecho natural, la jurisprudencia y la historia. A esa tradición pertenecía también el biógrafo de Smith, Dugald Stewart, profesor de Filosofía Moral en Edimburgo entre 1785 y 1810, quien comprendió las implicaciones de la obra de Smith en la enseñanza de la ciencia política.

En efecto, Dugald Stewart, como los demás filósofos morales de Edimburgo y Glasgow,  se veía a sí mismo como  una especie de tutor del hombre de estado o del legislador. El curso de ciencia política que impartía va introducir a partir de 1799 una modificación fundamental. Tradicionalmente la discusión sobre la teoría y las formas de gobierno precedía al tratamiento de la economía política con base en el supuesto de que la ley y el gobierno son precondiciones para el desarrollo de la vida económica regular. Sin embargo, la obra Smith lo cambia todo. Escribe Stewart: “…el arreglo más obvio no es el más natural, y sería mejor invertir el arreglo que se sigue comúnmente, empezando, primero, con los principios de Economía Política y procediendo después a la Teoría del Gobierno”[15]. Pensaba Stewart que “la felicidad del pueblo en general dependía de los sistemas sensatos de economía política” y que como consecuencia de “la ignorancia y el prejuicio” los legisladores pueden adoptar leyes inconvenientes. Por eso es necesaria  la extensa difusión de los principios de economía política para hacer posibles otras mejoras en las formas de gobierno[16].

Al principio del Libro Cuarto, consagrado a la exposición y crítica de los sistemas de economía política – el mercantil y el agrícola – Smith presenta la única definición explícita de la economía que aparece en toda su obra:

“La economía política, considerada como uno de los ramos de la ciencia del legislador o el estadista, se propone dos objetos distintos: el primero, suministrar al pueblo un abundante ingreso o subsistencia, o, hablando con más propiedad, habilitar a sus individuos y ponerles en condiciones de lograr por si mismos ambas cosas; el segundo proveer al Estado o República de rentas suficientes para los servicios públicos. Procura realizar, pues, ambos fines, o sea enriquecer al soberano y al pueblo”[17]

La economía es un discurso dirigido al legislador o al estadista, al político. Sería absurdo ignorar su existencia y menos aún las consecuencias que el ejercicio su poder tiene sobre el bienestar y la felicidad de los súbditos. Porque la economía, oponiéndose a la ciencia política, ha puesto como primer objetivo el enriquecimiento individual en lugar de poder y la riqueza del estado que debe conformarse desde ahora con rentas suficientes para proveer los servicios públicos. Pero hay algo más: de las leyes descubiertas por la economía política se derivan las obligaciones del soberano y las restricciones a su acción, que son expuestas de manera prolija en el Libro Quinto. No todo está permitido al político: la sociedad – la gran sociedad - no es una organización cuyo funcionamiento pueda delinearse de acuerdo con algún proyecto político ideal. Esto está expresado con singular agudeza en un texto de la Teoría de los sentimientos morales que me parece interesante citar completamente a pesar de su extensión:

“El hombre doctrinario (…) se da ínfulas de muy sabio y está casi siempre tan fascinado con la supuesta belleza de su proyectos político ideal que no soporta la más mínima desviación de ninguna parte del mismo. Pretende aplicarlo por completo y en toda su extensión, sin atender a los poderosos intereses ni a los fuertes prejuicios que puedan oponérsele. Se imagina que puede organizar a los miembros de una gran sociedad con la misma desenvoltura con que dispone las piezas en un tablero de ajedrez. No percibe que las del ajedrez carecen de ningún otro principio motriz salvo el que les imprime la mano, y que en el vasto tablero de la sociedad humana cada pieza posee un principio motriz propio, totalmente independiente del que la legislación arbitraria elija imponerles. Si ambos principios coinciden y actúan en el mismo sentido, el juego de la sociedad humana proseguirá sosegada y armoniosamente y muy probablemente será feliz y próspero. Si son opuestos o distintos, el juego será lastimoso y la sociedad padecerá siempre el máximo grado de desorden. Para dirigir la visión del estadista puede indudablemente ser necesaria una idea general, e incluso doctrinal, sobre la perfección de la política y el derecho. Pero el insistir en aplicar, y aplicar completa e inmediatamente y a pesar de cualquier oposición, todo lo que esa idea parezca exigir, equivale con frecuencia a la mayor de las arrogancias. Comporta erigir su propio juicio como norma suprema del bien y el mal. Se le antoja que es el único hombre sabio y valioso en la comunidad y que sus conciudadanos deben acomodarse  a él, y no él a ellos. Esta es la razón por la cual los príncipes soberanos son con gran diferencia los más peligrosos de los teóricos políticos”.[18]

III

La lucha por la moneda

En su célebre novela Los Reyes Malditos, Maurice Druon, nos ofrece esta descripción del consejo del rey de Francia,  Felipe el Hermoso:

“En cualquier época y lugar siempre han existido dos tendencias: la reaccionaria y la progresista. Ambas se enfrentaban en el consejo del rey. Carlos de Valois se consideraba jefe natural de los grandes barones. Encarnaba la reacción feudal y su evangelio político defendía ciertos principios con ensañamiento: el derecho de guerra privada entres los señores, el derecho de los grandes feudatarios de acuñar moneda en sus territorios, el mantenimiento del orden moral y legal de la caballería, y la sumisión a la Santa Sede como supremo arbitraje. (…) Enguerrando de Marigny representaba el progreso. Sus grandes ideas eran la centralización del poder y la administración, la unificación de la moneda,  la independencia del poder civil frente al religioso…”[19]

Estamos a comienzos de siglo XIV. Una época turbulenta. Felipe el Hermoso lidera en Francia el proceso de unificación del territorio bajo una sola autoridad: la creación del estado nación. En la cuestión fundamental de la unificación monetaria se enfrentará a los barones feudales representados por su hermano, Carlos de Valois; a esa empresa transnacional de las armas y las finanzas conformada por los Caballeros Templarios y a los orfebres lombardos, encarnados por el astuto Tolomei, que han tejido una red comercial y financiera que une a las principales ciudades de Europa. Esta lucha por la moneda se adelantará a lo largo de varios siglos y tendrá manifestaciones turbulentas, que hacen parte de la historia política y militar, y otras más sosegadas, que hacen parte de la historia del pensamiento social, de las que nos ocupamos aquí.

“El pensamiento monetario del siglo XVIII sigue estando dominado por la doctrina aristotélica según la cual la moneda es un objeto fundamentalmente político”[20], escribe Carlo Benetti.  En varias obras, pero especialmente en la Política, Aristóteles  acomete el análisis del intercambio monetario que da lugar a “otro tipo de arte adquisitivo, al que se le suele llamar generalmente, y es apropiado llamarlo así, crematística, por el cual parece que no existe límite alguno a la riqueza ni a la propiedad”[21]. Y encuentra aberrante esa búsqueda de riqueza sin límites por sus efectos deletéreos sobre la Polis. Y aún más aberrante encontrará el préstamo a interés, la usura, porque la ganancia proviene del dinero mismo y no es para eso para lo que se inventó el dinero.

En La Gran Moral expresa de manera nítida para qué se inventó el dinero y el origen legal de su institución:

“Pero el arquitecto daba a su obra un mayor valor que el zapatero, y era difícil que el zapatero pudiera cambiar su obra con la del arquitecto, puesto que no podía hacerse a una casa en lugar del calzado. Entonces se imaginó un medio de hacer todas estas cosas vendibles, y se resolvió, en nombre de la ley, que sirviera de intermediario en todas las ventas y compras posibles cierta cantidad de dinero, que se llamó moneda, en griego numisma, del carácter legal que tiene, y para que, entregándose en todos los tratos los unos a los otros una cantidad en relación con el precio de cada objeto, se pudiese hacer toda clase de cambio y mantener por este medio el vínculo de la asociación política”[22].

Y en el libro V de la Ética:

“La moneda se ha convertido, en virtud de una convención, por así decirlo, en un medio de cambio por lo que nos hace falta; es por eso que se le ha dado el nombre de nomisma, porque es una institución, no natural, sino legal (nomos: ley) y está en nuestro poder bien sea cambiarla o decretar que no servirá más”[23]

Será un joven abate italiano, Ferdinando Galiani, quien a mediados del siglo XVIII,  acometerá, la tarea de refutar la teoría aristotélica de la moneda que a su modo de ver es la que domina el pensamiento de los moralistas y juristas de la época. Y esto a sus ojos no parece ser sólo un problema teórico pues la aplicación de ese principio según el cual la moneda deriva su valor de la ley tiene “consecuencias que pueden ser fatales y fuente de lágrimas para el pueblo”[24] Para romper con esta visión, el camino seguido por Galiani para determinar el valor natural de la moneda es bien conocido: la teoría de la mercancía moneda que será el mismo seguido por pensadores tan disímiles como Marx y sus más acerbos críticos: los economistas de la escuela austríaca. 

“…me aplicaré con el más grande cuidado a demostrar (…) que no solamente los metales que constituyen la moneda, sino también todos los otros bienes, sin excepción, poseen un valor natural propio, derivado de principios ciertos, generales y constantes. Ni el capricho, ni la ley, ni el príncipe, ni ninguna otra fuerza cualquiera pueden violentar…”[25]

La teoría del valor se construye como prerrequisito de la teoría del valor de la moneda. ¿Y por qué son los metales preciosos los que constituyen la moneda?. Después de hacer una enumeración de sus propiedades físicas, que se convertirá en un lugar común de la literatura posterior, Galiani concluye:

“Esos metales son por tanto muy aptos, no sólo para servir en los pagos, sino también para estimar todas las cosas y deben ser considerados naturalmente como moneda. Si quisiéramos modificar esta situación se crearía el desorden y se violarían las leyes de la naturaleza; ésta no ha dejado a nuestra libre voluntad la elección de la materia que debe constituir la moneda;  la ha asignado ella misma al oro y a la plata. Debemos agradecer a la divina providencia haber creado para nuestro bien el oro y la plata y habernos dado conocerlos…”[26]

Pero Dios está en el cielo y el Príncipe en la tierra. Y éste puede alterar el valor de la moneda reduciendo su contenido de metal noble si se trata de moneda acuñada o aumentando su cantidad si se trata moneda fiduciaria de papel. Ya por esta época las picardías monetarias de John Law y del regente Felipe de Orleans eran historia vieja. A ellas se refiere Galiani en el capítulo IV del Libro III titulado “Los evento monetarios de Francia en 1718”.

“… si la materia de la moneda careciera de valor intrínseco, como en el caso de que se empleara el cuero o el papel, el Príncipe podría imprimir un número excesivo de billetes; y el solo hecho de admitir la posibilidad de ésta hipótesis sería suficiente para disminuir o suprimir la confianza en la moneda y disminuiría su valor. Pero la materia de la moneda sólo puede ser aumentada por Dios….”[27]

Carlo Benetti, en la obra citada, ha examinado las desastrosas consecuencias que para la teoría de la mercancía-moneda tiene el dejar a Dios la regulación de su cantidad. Aquí nos interesan las consecuencias prácticas. El rechazo a la moneda fiduciaria, cuyo funcionamiento examina en el capítulo I del Libro II, es total. Pero aún la moneda matálica - como ya lo sabía bien Hobbes[28]”- puede ver alterado su valor por la intervención del Príncipe. ¿Qué hacer entonces?.

Galiani va apelar a la virtud del Príncipe y a la persuasión mediante el conocimiento. En Libro III, “Del Valore della Moneta”, donde se ocupa de las variaciones en el valor de la moneda metálica debidas a causas diferentes a cambios en el valor de su materia, refiriéndose a la devaluación de la moneda  escribe lo siguiente:

“…rara vez esta operación ha sido efectuada por un Príncipe virtuoso y en razón de una necesidad verdadera; casi siempre ha sido efectuada en razón de un cálculo sórdido o en virtud de un falso consejo de utilidad aparente”[29]

Y se aplica a demostrar que las ventajas derivadas de esas operaciones son temporales y que desaparecen totalmente cuando se hacen frecuentes. Nos ofrece una definición sutil y penetrante de la devaluación:

“…la devaluación de la moneda es un beneficio que el Príncipe y el Estado obtienen de la lentitud con la que la población modifica la conexión de ideas sobre los precios de las mercancías y la moneda (…) Los efectos de la devaluación son visibles cuando los cambios de precios son retardados; y ese retardo se produce porque los hombres están habituados a pagar un ducado por una mercancía (…) un Príncipe que, abusando de la devaluación de la moneda, quisiera realizarla cada mes destruiría esa conexión de ideas entre los precios y las mercancías y convertiría la devaluación en algo absolutamente inútil e ineficaz”[30]

Pero Galiani admitía que la devaluación podía ser necesaria  para el estado en ciertas circunstancias – para hacer frente a necesidades primordiales, escribe - y la consideraba una mejor alternativa que el endeudamiento público o la emisión de billetes de curso forzoso.  De hecho se ocupa de examinar las formas más técnicas de provocar la devaluación. Sin embargo, a la espinosa cuestión de saber cuándo es la devaluación necesaria y cuáles son las necesidades primordiales cuya atención la justificarían, ofrece una respuesta lastimera y servil:

“…personalmente temo tanto que se modifique la moneda sin necesidad que no habría escrito la verdad, o incluso no habría escrito nada, si no tuviera un conocimiento perfecto de la época y del Príncipe bajo el cual he tenido la dicha de vivir”[31].

En este punto la posición de Galiani representa un marcado retroceso con relación al punto de vista de otro clérigo, Nicolás Oresme, obispo de Lisieux, quien con singular agudeza, ya en el siglo XIV,  había  analizado la relación de la moneda con el poder político. Unas cuantas frases dan cuenta de la extraordinaria penetración de su pensamiento:

“Aunque el príncipe tenga el poder de sellar la moneda por utilidad común, sin embargo él mismo no es dueño o propietario de la moneda de su principado. La moneda es instrumento equivalente para permutar riquezas naturales (…) así pues, en sí misma es posesión de aquellos a quienes pertenecen las riquezas de ese tipo. (…) la moneda pertenece a la comunidad y a las personas individuales”[32].

Después de examinar las diversas alteraciones que pueden darse en el valor de la moneda, enfrenta el espinoso problema del cambio en su valor, por voluntad del Príncipe, para hacer frente a una necesidad apremiante:

“Suele decirse que en caso de necesidad todo le pertenece al Príncipe. Así pues, él puede, cuanto y como le parece conveniente, disponer de las monedas de su reino ante una inminente y apremiante necesidad o por la defensa del estado o para mantener su principado y reino (…) sin embargo, a fin de que el príncipe no finja que existe tal necesidad cuando no la hay, como fingen los tiranos (…) debe ser determinado por la comunidad o por la mayoría de ella, de modo expreso o tácito, cuándo, cuál y cuán grande es la necesidad que se cierne sobre él”[33]

No voy a detenerme en la forma práctica en la que la comunidad podría, de acuerdo a Oresme, otorgar al Príncipe ese consentimiento. Demos en lugar de ello otro salto en la historia del pensamiento económico y situémonos en la Inglaterra de los primeros años del siglo XIX.

IV

El economista como legislador

Experimento una especial fascinación por la obra y pensamiento de David Ricardo (1772-1823). El economista arquetipo de los economistas, quien entronizó el método de recurrir a casos fuertes, simplificados, para obtener con un sólido razonamiento deductivo conclusiones de política pública que desafiaban el “sentido común” y que presentaba impávido, en folletos o discursos,  a un auditorio de políticos y hombres de negocios poco habituados a sus elevadas abstracciones. Porque Ricardo fue también un político activo, miembro de la Cámara de los Comunes entre 1819 y 1823, año de su muerte.

Es maravilloso constatar que una de las obras más abstractas y sólidas de la teoría económica se haya desarrollado en respuesta a cuestiones políticas urgentes como la suspensión de los pagos en efectivo por parte del Banco de Inglaterra, la amortización de la deuda pública heredada de las guerras napoleónicas, las leyes de pobres, en fin, las famosas leyes del grano.  La vasta correspondencia de Ricardo, pacientemente recopilada por Sraffa, da cuenta del proceso de trasformación de un discreto y apocado hombre de negocios primero en un portentoso economista y más tarde en un influyente legislador.

Muchos estudiosos han destacado el papel jugado por James Mill (1773-1836) en la formación de Ricardo como economista y como legislador, como político. Parece que Ricardo y Mill se conocieron hacia 1808. La correspondencia entre ambos se inicia a finales de 1810[34]. Pero es en una larga carta  del  23 de agosto de 1815, donde Mill delinea el proyecto intelectual y político que tiene para Ricardo. “Como ahora ya tiene  usted bastante dinero – le dice-  puede dedicarse a otros fines”. El primero: “perfeccionar muy considerablemente una ciencia de la cual depende en gran medida el logro de la felicidad para el género humano” y el segundo “ser miembro del Parlamento, y hacer todo lo que pueda para mejorar tan imperfecto instrumento gubernamental. Particularmente en materia de economía política no tendrá usted igual. Sobre esas materias se expresa usted con tal claridad y corrección que en muy poco tiempo llegaría usted a convertirse en un orador instructivo e impresionante”[35].

Frente al tema de la relación del economista con el político, el proyecto de Mill marca una notable diferencia con el proyecto intelectual de la ilustración escocesa del economista filósofo educador del soberano y, por supuesto, con el no-proyecto de Galiani para quien todo depende de la virtud del príncipe. Aconsejar, educar, ciertamente, pero ante todo llevar la voz de la ciencia, de la economía política – la voz de Ricardo -  al Parlamento y ponerla al servicio de lo que Mill llamaba “la causa de las causas, la causa del buen gobierno”[36]. Se trataba de una tarea de gran envergadura, tanto por la situación particular de Ricardo, quien aún en marzo de 1815 daba parte a Malthus de su relativo aislamiento intelectual[37], como por el estatus asignado a la economía política dentro de las ciencias del estadista o el legislador.  

Todavía en 1804, Francis Horner, uno de los fundadores de la Edinburgh Review, miembro del parlamento y presidente en 1810 del Comité sobre los Metales Preciosos, encargado de dictaminar sobre el problema del alto precio de mercado del oro frente al precio de acuñación, tema que provocaría la primera intervención de Ricardo en cuestiones de economía[38], proclamaba que:

“Las verdades de la economía política sólo forman parte de una clase entre los principio de administración y en su aplicación práctica a menudo deben estar limitadas por máximas superiores del Estado, al que también en teoría están subordinadas por ser menos generales”[39]

¿Qué pensaba Ricardo sobre esto? Horner fue uno de los corresponsales menores de Ricardo. También se hizo merecedor, en Los Principios, de una crítica a su propuesta de otorgar una prima a la exportación de cereales para elevar las ganancias de la agricultura y fomentar así esa actividad[40]. Sin embargo, sobre el planteamiento en cuestión no se encuentra ninguna manifestación expresa en sus obras o en su correspondencia, pero hay algunos textos que permiten inferir su posición sobre la economía política en relación con las máximas superiores del estado a las que Horner las subordina. En carta a Trower de noviembre de 1819, escribe refiriéndose a Malthus:

“Lamento saber que Malthus, cuyo libro creo que ahora está realmente en la imprenta, haya dejado fuera, sin tratarlo, el tema de la tributación. La Economía Política, una vez comprendidos sus sencillos principios, sólo es útil en cuanto encamina a los gobiernos a medidas acertadas sobre tributación. No tardamos en llegar al conocimiento de que la agricultura, el comercio y las manufacturas florecen más cuando no interviene en ellas el gobierno; pero la necesidad que el Estado tiene de dinero para sufragar los gastos de sus funciones, le impone la obligación de cobrar impuestos, y así se hace absolutamente necesaria su intervención. Es aquí donde se necesita el conocimiento más prefecto de la ciencia…”[41]

El comentario se refiere, por supuesto, a los Principios de Economía Política, publicados por Malthus en 1820 en abierta controversia[42] con la obra de Ricardo que, es bueno recordarlo, se titula Principios de Economía Política y Tributación. A diferencia de Smith, no hay en la obra de Ricardo ningún capítulo consagrado a los “deberes del soberano”, aunque sí muchas alusiones a lo que no debe hacer. Pero el tema de la tributación ocupa en ella un lugar central: más del 30% de su contenido si a los capítulos referidos a los impuestos propiamente dichos añadimos los dos que tratan de los subsidios a la exportación y a la producción. Los impuestos son la porción del producto puesta a disposición del gobierno y su pago recae siempre sobre el capital o el ingreso. “No existe impuesto alguno que no tenga tendencia a disminuir el poder de la acumulación”- declara Ricardo de la forma tajante que lo caracteriza[43]. Por ello la omisión de Malthus no podía ser a sus ojos un defecto menor.

Todo sería fácil si el legislador comprendiera los sencillos principios de la economía y sabría así que la actividad económica florece más cuando el gobierno no interviene. Y ante la inevitable intervención en materia tributaria esos mismos principios lo orientarían para establecer el sistema de impuestos menos nocivo para la acumulación de capital. En 1819, ya como miembro del Parlamento, le escribe a Trower:

“En el asunto de la tributación se abre un amplio campo a quienes piensen en dar pacientemente instrucción al público; pero el primer paso debe consistir en dar a conocer los primeros principios de Economía Política, y eso aún está por hacer”[44].

Ricardo y sus amigos se aplicarán - en la prensa, en revistas especializadas, en folletos – a la difusión de esos principios. Ricardo apoyará con entusiasmo el proyecto de McCulloch de impartir cursos privados de economía política dirigidos a los políticos. En julio de 1823 le escribe:

“Tenemos que arreglárnoslas para que algunos de los caballeros mayores de la Cámara de los Comunes asistan a sus conferencias, y se perfeccionen en la ciencia que parece tener cada vez mayor número de adeptos”[45]

También le recomienda a McCulloch acometer la redacción de un texto de economía accesible a la generalidad de los lectores:

“Usted es la persona que debe darnos un sistema completo de Economía Política, escrito de un modo tan popular que puedan entenderlo fácilmente la generalidad de los lectores: nadie podría hacerlo mejor…”[46]

Pero, desde muy temprano, Ricardo entenderá que, además de esta labor educativa que hoy nos parece un tanto ingenua, y que al otro lado de la Mancha acometía con singular entusiasmo Say[47], que el hacer avanzar “la gran causa, que es el buen gobierno”[48] supone enfrentar el problema de los intereses particulares. En su respuesta a la carta en la que Mill le propone el programa para convertirse en economista y legislador, le deja en claro que la cuestión de la honradez no es algo que pueda plantearse en abstracto y que está supeditada a la cuestión de los intereses:

“Su opinión favorable sobre mi honestidad se halla en sorprendente contraste con su opinión relativa a la honradez de quienes actualmente integran la Cámara de los Comunes. A este respecto es usted injustamente severo, como lo he expresado muchas veces. Nadie puede abrigar la menor duda de que existen hombres venales en el Parlamento, que únicamente llegan con el deseo de lograr sus fines personales, pero en su conjunto poseen más virtud de la que usted les concede (…) La propensión a proteger intereses privados se hará siempre valer. Creo que no pueda existir ninguna asamblea humana donde no se haga oír. Por consiguiente, nuestros esfuerzos deberían encauzarse a constituir un Parlamento donde no dominen los intereses particulares, o más bien, que ningún hombre pueda servirse a sí mismo, o promover su propia felicidad, mejor que sirviendo al público. Dudo mucho que esto pueda lograrse algún día, pero estoy convencido de que si algo puede alcanzar tan deseable fin será la información general. Cuando todo el mundo conozca en qué consiste su propia felicidad y bienestar, les será más fácil a todos aceptar un compromiso juicioso mediante el cual, sacrificando cada uno de nosotros una pequeña parte, podremos lograr la mayor suma posible de bien”[49]

Durante toda su vida continuará atribuyendo gran importancia a la difusión del conocimiento de los principios de la economía política como elemento fundamental para hacer avanzar la buena causa, pero su pensamiento evolucionará, bajo la influencia de Mill, hasta hacerlo entrar en el terreno de las formas de gobierno apartándose del punto de vista de Say[50].  Vale la pena citar largamente el texto de una carta dirigida a Trower que revela una faceta un tanto desconocida de la personalidad de Ricardo:

 “Si pudiera entrar en el Parlamento sin demasiadas dificultades, lo haría. No sería ni Wigh ni Tory, sino que procuraría fomentar medidas que pudieran ayudarnos a tener un buen gobierno. Esto, a mi modo de ver nunca podrá lograrse sin una reforma del Parlamento. (…) No existe en la colectividad ninguna clase que tenga mayor interés por un buen gobierno que el pueblo; las clases restantes pueden tener intereses opuestos a los del pueblo. Entonces, el problema estriba en asegurarse de que los representantes sean elegidos por el recto buen sentido del pueblo. Deberá generalizarse el sufragio, a fin de evitar que se corrompa a los votantes, y, por la misma razón, la votación deberá hacerse por papeleta. Deberá existir una íntima unión entre los representantes y sus electores, a fin de destruir la dependencia en que los primeros se hallan respecto del gobierno. Las elecciones deberán hacerse por un mínimo de tres años. Ha dicho Burke que el pueblo puede equivocarse, pero nunca por obrar de mala fe. La habilidad de los representantes puede resultar sumamente dañina – cuando sus intereses están en oposición a los del pueblo – porque se la empleará únicamente para promover el logro de metas perjudiciales al interés público. Si el sufragio no es universal, no puede haber peligro de anarquía. El poseedor de una muy pequeña propiedad no puede desear la confusión se  ve impelido por aquellos motivos que siempre han influido sobre la humanidad”[51]

Ricardo abraza el proyecto político de Mill, aunque a diferencia  éste – partidario del sufragio universal – opta por limitar el derecho al voto sólo a los propietarios. Lo que se trata de asegurar es una buena elección de los representantes, le escribe a Trower, y eso se lograría extendiendo “el derecho de voto, no universalmente a toda la gente,  pero sí a mucha de la que nadie puede suponer que tenga interés en alterar el derecho de propiedad”[52]. La reforma electoral fue aprobada en 1832. Ricardo, sin embargo, pudo llegar al Parlamento bajo el antiguo sistema electoral, después de varios intentos fallidos[53], con la ayuda de Mill y de Brougham[54].

Ricardo se asusta cuando conoce la noticia de su próximo ingreso al Parlamento: “…parece más probable que yo tenga un sitio en la Cámara de los Comunes, y mis temores crecen en proporción directa con las probabilidades, (….) años de abandono en el período más importante de la vida no pueden suplirse con semanas, o meses de aplicación”[55].

El periplo de Ricardo por el Parlamento no estará libre de tropiezos.

“Está usted equivocado – le escribe a McCulloch - en creer que yo podría ser útil en el Parlamento planteando la cuestión de la libertad de comercio con Francia. En primer lugar no tengo talento para tal empresa, y en segundo lugar me tratan como un ultrarreformador y un visionario en cuestiones comerciales lo mismo los agricultores que los industriales. ¿No se ha dado usted cuenta que hasta el señor Baring, declarado pero me parece que tibio partidario de la libertad de comercio, no me ha nombrado para su comisión?”[56]

Visionario es el término que el propio Ricardo aplicaba a Robert Owen, de cuyos falansterios se burla en repetidas ocasiones en su correspondencia. Uno de sus compañeros del Parlamento, Henry Peter Brougham (1778-1868), quien al parecer influyó decisivamente para que Ricardo lograra su escaño,  lo describió como un hombre de otro planeta[57] cuando hablaba en la Cámara de los Comunes[58].

Sin embargo, dos años más tarde, parecía que su capacidad de comunicarse con sus colegas de cámara había mejorado sustancialmente, aunque no así con la prensa:

“La otra noche intenté expresar mis opiniones por extenso, para alguien de mis pobres facultades oratorias, ante la Cámara, sobre la cuestión que tan profundamente interesa al país. La Cámara me escuchó con atención, y me pareció que seguían mi exposición y entendían mis argumentos, pero siento decir que el reportero del Times pareció no entenderme”[59].



Pero ya en 1823, Ricardo era un parlamentario aplicado, ocupado y al parecer bastante acatado: “Además de asistir a las sesiones de la Cámara, lo que siempre hago, tuve que participar cada día en algún comité distinto…”[60], le escribe a Trower, pocos meses antes de su muerte. El programa de Mill se había cumplido.



Bibliografía.

Aristóteles. La Política. Alianza Editorial, Madrid, 1991. Página 55.

Benetti, C. Moneda y teoría del valor. Universidad Autónoma Metropolitana y Fondo de Cultura Económica, México, 1990.

Collini S, Winch D, Burrow J. La política ciencia noble: Un estudio de la historia intelectual del siglo XIX. Fondo de Cultura Económica, México, 1987.

De Jouvenel. La soberanía. Editorial Comares, Granada, España, 2000.

Druon, M. Los reyes malditos I. El rey de hierro. Vergara, Bogotá, 2003.

Deyon, P. Le mercantilisme. Flammarion, France, 1969.

Galiani, F. Della Moneta. Feltrinelli Editore. Milano, 1963.

Hobbes, T. Leviatán o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil. Cuarta Reimpresión. Fondo de Cultura Económica, México, 1990.

Malthus, T.R. (1820) Principios de Economía Política. Fondo de Cultura Económica, México, 1977.

Oakeshott, M. El racionalismo en la política y otros ensayos. Fondo de Cultura Económica, México, 2000.

Oresme, N. (1360). Tratado de la primera invención de las monedas. Ediciones Orbis, S.A. Barcelona, 1985.

Pigou, A.C. “Apología del economista” en Teoría y realidad económica, Fondo de Cultura Económica, México, 1942. pp. 9-30.

Ricardo, David. Principios de Economía Política y Tributación.  Fondo de Cultura Económica, Colombia, Segunda Reimpresión, 1977.

Rothbard, M.N. Historia del pensamiento económico. Volumen I. El pensamiento económico hasta Adam Smith.  Unión Editorial, Madrid, 1999.

Say, J.B. Traité d´economie politique. Calmann-Levy. Paris, 1972.

Screpanti, E. y Zamagni, S. An outline of the history of economic thought. Second edition. Oxford University Press. 2005.

Smith, A. Teoría de los sentimientos morales. Traducción de Carlos Rodríguez Bravo. Alianza Editorial, Madrid, 1997.

Smith, A. Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Edición de Edwin Cannan, Traducción de Gabriel Franco. Fondo de Cultura Económica, Primera reimpresión. México, 1979.

Weber, M. El político y el científico. Alianza Editorial, Madrid, 1967.



[1] Aron, Raymond (1959). Introducción a El Político y El científico. En Weber, Max (1919, 1995). Página 9.

[2] Se lee en Oakeshott: “Aristóteles reconoció este tipo de discurso político como una especia de razonamiento que, sin auxilio de axiomas, está diseñado para recomendar lo que se debe y lo que no se debe hacer en una situación contingente cuando hay posibles acciones alternativas” Y más adelante: “…el discurso político (…) es un argumento para persuadir pero sin ser capaz de probar”. Oakeshott. (1991,2000). Páginas 85 y 87.

[3] Weber (1919, 1995). Página 185.

[4] Ídem, página 208.

[5] Ídem, página 209.

[6] Ídem, página 211.
[7] Ídem, página 213.

[8] Esta afortunada expresión se la debemos a Michael Oakesshott: “Todo discurso político trata de persuadir, y presuntamente el discurso político demostrativo debe reconocerse como un discurso destinado a persuadir mediante la prueba”.  Oakeshott (1991,2000). Página 99.
[9] Screpanti y Zamagni (2005). Página 66.

[10] “…Hobbes es el filósofo de la economía política. Su concepción del hombre es idéntica a la del homo oeconomicus” escribe Bertrand de Jouvenel. En De Jouvenel, B. (2000). Página 267.

[11] Smith, A. (1776, 1979). Página 32.
[12] Hobbes, T. (1651, 1990). Página 69.

[13] Smith, A. (1776, 1979). Página 47:

[14] Hobbes, T. (1651, 1990). Página 103.

[15] Citado en Collini, Winch y Borrow. (1983, 1987). Página 49.

[16] Ídem, Página 49 – 50.

[17] Smith, A. (1776, 1979). Página 377.

[18] Smith, A. (1759, 1997). Páginas 418 – 419.

[19]  Druon, M. (1965,2003). Página 79.

[20] Benetti, C. (1990). Página 59.

[21] Aristóteles. La Política. Libro I, capítulo VIII.  Alianza Editorial, Madrid, 1991. Página 55.

[22] Aristóteles. La Gran Moral. Capítulo 31. De la Justicia.

[23] Aristóteles. Ética. Libro V, capítulo V.

[24] Galiani, F (1751, 1963). Página 37.

[25] Ídem, página 37.

[26] Ídem, página 81.

[27] Ídem, página 91.

[28] “…así como el oro y la plata tienen un valor derivado de su materia misma (…) que no puede ser alterado por el poder de uno ni de unos pocos estados (…) la moneda legal puede ser fácilmente elevada o rebajada de valor”.  Hobbes, T. (1651, 1990). Página 207.
[29] Galiani, F (1751, 1963). Página 190.
[30] Ídem, páginas 188-189.

[31] Ídem, página 215.

[32] Oresme, N (1360, 1985) páginas 61 y 62.
[33] Ídem, páginas 111 y 115.

[34] Sraffa. Notas introductorias a la correspondencia.  En Ricardo, Obras y Correspondencia, Volumen VI, página X.

[35]Mill a Ricardo. 23 de agosto de 1815. En Ricardo, Obras y Correspondencia, Volumen VI, página 166.

[36] Mill a Ricardo. 23  de septiembre de 1818. En Ricardo, Obras y Correspondencia, Volumen VII, página 199.

[37] “De mis amistades, tan pocos son economistas políticos que tengo muy pocas oportunidades de saber si lo que usted considera mis opiniones particulares tienen muchos partidarios, o bien si son leídas y tenidas en cuenta” Ricardo a Malthus. 9 de marzo de 1815. En Ricardo, Obras y Correspondencia, Volumen VI, página 117

[38] Ricardo le envía el 5 de febrero de 1810 una carta, que probablemente se quedó sin respuesta, en la que oponiéndose a la interpretación del Comité argumenta que el alto precio del oro en el mercado se explica por la abundancia de papel moneda.

[39] Horner, F.  “Observations upon the bounty upon corn”. Edinburgh Review, 1804. Citado en Collini, Winch y Borrow. (1983, 1987). Página 78.

[40] Ricardo (1821, 1977). Página 226.

[41] Ricardo a Trower. 12 de noviembre de 1819. En Ricardo, Obras y Correspondencia, Volumen VIII, página 93.

[42] “Ha sido mi deseo evitar que esta obra tenga un aire de controversia. (…) es indudablemente imposible librarse de ella (…) hay una obra moderna (…) algunos de cuyos principios fundamentales me han parecido erróneos (…) Tengo tan alta opinión de la inteligencia de Mr. Ricardo, y tan absoluta convicción en su perfecta sinceridad y amor a la verdad, que francamente confieso que algunas veces me he sentido casi abrumado por su autoridad, pero sus razonamientos no terminan por convencerme” Malthus (1819, 1977). Página 17.

[43] Ricardo (1823,1977) Página 115.

[44] Ricardo a Trower. 25 de septiembre de 1819. En Ricardo, Obras y Correspondencia, Volumen VIII, página 59.

[45] Ricardo a McCulloch. 8 de julio de 1823. En Ricardo, Obras y Correspondencia, Volumen IX, página 207.

[46] Ricardo a McCulloch. 7 de abril de 1819. En Ricardo, Obras y Correspondencia, Volumen VIII, página 22.

[47] “Aprovecho (…) para enviarle un Catéchisme d´Economie Politique que contiene, en un estilo familiar, la exposición de nuestros grandes principios. He de reproducirlos bajo todas las formas posibles, mientras me reste un soplo de vida; y seguramente habré de morir antes de que logren hacerse populares, sobre todo en Francia, donde, por regla general, estamos más atrasados que ustedes. Sin embargo, confío en que todo esto llegue a conocerse aun en las chozas, y los resultados serán inmensos”. Say a Ricardo. 5 de agosto de 1815. En Ricardo, Obras y Correspondencia, Volumen VI, página 162.

[48] La frase parece de Mill, pero es de Ricardo, alumno aplicado que ha asimilado las enseñanzas de su maestro. “La gran causa, que es el buen gobierno, siempre está presente en mi espíritu, pero espero que contará con un mejor campeón que yo en la Cámara de los Comunes. En todas las discusiones con mis amigos hago lo más que puedo por sostener la causa de la verdad según la percibo, y con frecuencia me vanaglorio de haber resultado triunfante. Estoy completamente seguro de que la buena causa adelanta, aunque a pasos muy moderados, y que por ahora todo lo que podemos esperar es ayudar un poco”. Ricardo a Mill. 30 de agosto de 1823. En Ricardo, Obras y Correspondencia, Volumen IX, página 259.

[49]Ricardo a Mill. 30 de agosto de 1815. En Ricardo, Obras y Correspondencia, Volumen VI, página 173 -174.

[50] “Durante largo tiempo se ha confundido la política propiamente dicha, la ciencia de la organización de las sociedades, con la Economía Política, que enseña cómo se forman, se distribuyen y se consumen las riquezas que satisfacen las necesidades de las sociedades. Sin embargo, las riquezas son independientes de la organización política. Bajo todas las formas de gobierno un estado puede prosperar si está bien administrado.  Se ha visto naciones enriquecerse bajo monarcas absolutos y se han visto otras arruinarse bajo consejos populares. Si la libertad política es más favorable al desarrollo de las riquezas, lo es indirectamente, de la misma forma que es más favorable a la instrucción” Say, J.B. (1819, 1972). Página 7.

[51] Ricardo a Trower. 22 de marzo de 1818. En Ricardo, Obras y Correspondencia, Volumen VII, página 174.

[52] Ricardo a Trower. 20 de diciembre  de 1818. En Ricardo, Obras y Correspondencia, Volumen VII, página 243.

[53] “Mis propios intentos para lograr un escaño en el Parlamento no han sido coronados con éxito, pero creo que entre todos los que se han llevado similar desengaño, ninguno está tan resignado como yo. (…) me convenzo más y más de que el sistema requiere grandes enmiendas, de que el Parlamento debería realmente representar la sensatez de la nación, de que los gastos de la elección deberían reducirse al mínimo, y de que la elección debería hacerse con boletas” Ricardo a Trower. 27  de junio de 1818. En Ricardo, Obras y Correspondencia, Volumen VII, página 181.

[54] El 23 de septiembre de 1818 Mill le escribe a Ricardo contándole que recibió una carta de Brougham en la que éste le manifiesta que “Ya arreglé todo lo relativo a Ricardo”. Y añade:  “Creo que ya puedo felicitarme y que ingresará usted en la H. Cámara, donde, estoy seguro, hará tanto honor a mis predicciones como lo hizo en su libro; allí, si usted mantiene su fuerza, la causa del buen gobierno (…) deberá a sus esfuerzos lo bastante como para legar a la posteridad, colmado de honores, su ilustre nombre. No debe reírse”. Mill a Ricardo. 23  de septiembre de 1818. En Ricardo, Obras y Correspondencia, Volumen VII, página 199.
[55] Ricardo a Mill. 29  de septiembre de 1818. En Ricardo, Obras y Correspondencia, Volumen VII, página 202.

[56] Ricardo a McCulloch.. 15 de mayo de 1820. En Ricardo, Obras y Correspondencia, Volumen VIII, página 133.

[57] Ricardo, por su parte, pensaba que Brougham era poco menos que un estúpido: “ ¿Qué me dice del discurso de Brougham?- le escribe Trower – ¡Qué caída tan notable!. Durante mucho tiempo no he oído de hombre alguno que pretenda saber algo de economía política tantas opiniones absurdas como las que él dijo ese lunes por la noche…” Ricardo a Trower 20 de febrero de 1822. En Ricardo, Obras y Correspondencia, Volumen IX, página 119.  Sobre Brougham, Ricardo escribió: “Nada podía ser peor que las conferencias sobre Economía Política que pronunció ante la Cámara Brougham; ni siquiera conoce bien la obra de Adam Smith, y en realidad parece no haber puesto atención alguna a las obras que se han publicado en nuestra época”.  Ricardo a McCulloch.. 19 de febrero de 1822. En Ricardo, Obras y Correspondencia, Volumen IX, página 117. 

[58] Collini, Winch y Borrow. (1983, 1987). Página 83. .

[59] Ricardo a McCulloch.. 19 de febrero de 1822. En Ricardo, Obras y Correspondencia, Volumen IX, página 117.

[60] Ricardo a Trower. 24 de julio de 1823. En Ricardo, Obras y Correspondencia, Volumen IX, página 215.