lunes, 19 de junio de 2017

Victoria de Macron en las legislativas francesas

Victoria de Macron en las legislativas francesas

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Universidad EAFIT


La República en Marcha, el movimiento del presidente Emmanuel Macron, triunfó contundentemente en la segunda vuelta de las elecciones legislativas, obteniendo 308 escaños en la Asamblea Nacional, 19 más que los 289 requeridos para alcanzar la mayoría absoluta. El Movimiento Demócrata de François Bayrou, aliado de Macron, obtuvo 42, con los cuales el gobierno logra una holgada mayoría de 350 diputados.

La derecha tradicional – la del expresidente Nicolas Sarkozy y del excandidato presidencial François Fillon – salvó los trastos con 130 diputados. El viejo Partido Socialista tendrá 30 diputados en la nueva legislatura,  250 menos que en la anterior: una derrota sin atenuantes. El Partido Comunista mantiene la decena de escaños en la que está estancado desde hace décadas, en tanto que el Frente Nacional (FN), con 8 elegidos, cuadruplica la representación que tenía en la anterior legislatura, pero queda muy por debajo de los 35 alcanzados dos o tres legislaturas atrás. El movimiento Francia Insumisa, del excandidato presidencial Jean Luc Melechon, se estrena en la Asamblea Nacional con 17 diputados.
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Evidentemente, el hecho más notable de estas votaciones es el desplazamiento de los partidos tradicionales por movimientos de muy de reciente creación, como son los de Macron y Melechon, que surgieron para estas votaciones, y el liderado por Bayrou, creado hace solo 7 años. Esto es más significativo, dadas las características del sistema electoral francés – de circunscripción unipersonal mayoritaria – que tiende a favorecer los partidos políticos tradicionales, pues obliga a los movimientos políticos emergentes, para lograr representación en los cuerpos colegiados,  a obtener mayorías localizadas en cada circunscripción, lo que es mucho más difícil que alcanzar representación bajo un sistema proporcional de circunscripción plurinominal. Este sistema electoral es el mismo que en  Estados Unidos y el Reino Unido ha permitido la permanencia durante siglos de los tradicionales partidos  Demócrata y Republicano, en el primero, y Whig y Tory, en el segundo. En ambos países existen varias decenas de partidos que nunca o rara vez alcanzan representación en los cuerpos colegiados.

Para lograr la mayoría, los candidatos de los movimientos de Macron y su aliado Bayrou, la gran parte de ellos sin experiencia política previa, han debido derrotar a políticos tradicionales, muchos de ellos exministros y diputados de largas trayectorias, en sus propios feudos electorales. Esto ha dado lugar a una renovación sin precedentes del legislativo pues  el 75% de los diputados son novatos que llegan por primera vez al Palais Bourbon, sede de la Asamblea Nacional de Francia. Sin esta victoria, que no estaba en forma alguna garantizada por el resultado de la elección presidencial, Macron se habría visto obligado a formar una coalición o, peor aún, a “cohabitar” con la oposición.

El régimen político francés es una curiosa combinación de presidencialismo y parlamentarismo. En un régimen parlamentario el jefe de gobierno es el líder del partido o coalición de partidos que tiene la mayoría del parlamento. No puede haber gobierno sin mayoría. En un régimen presidencial el poder ejecutivo surge como el del congreso de la elección popular. Si no tiene mayoría en el congreso, el presidente tendrá dificultades para gobernar pero no tiene que dejar de hacerlo ni puede disolver el congreso y llamar a nuevas elecciones. En el sistema semi-presidencialista francés – también el de Portugal y Perú – existe la figura de primer ministro o jefe de gobierno que eventualmente puede ser de partidos opuestos al del presidente de elección popular. Esta situación es la llamada “cohabitación”. François Mitterrand, como presidente, cohabitó en dos oportunidades con Jacques Chirac, como primer ministro; y éste, como presidente, en una con Lionel Jospin. 

No teniendo que cohabitar con nadie y con una holgada mayoría, Macron está en condiciones de adelantar sus propuestas de recorte de la burocracia, menores impuestos e impulso a la iniciativa privada que lo acercan a la visión de Angela Merkel. Puede configurarse así un nuevo liderazgo que oriente a la Unión Europea hacia un política menos asistencialista y más responsable con los equilibrios macroeconómicos.

LGVA
Junio de 2017.




sábado, 17 de junio de 2017

Defender y fortalecer el programa Ser Pilo Paga.

Defender y fortalecer el programa Ser Pilo Paga.
(Respuesta a Julián de Zubiría y a otros)

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Docente Universidad EAFIT

Un par de evaluaciones del programa Ser Pilo Paga (SPP) arrojan un resultado favorable desde la perspectiva que más importa: la de los estudiantes de bajos recursos que son su población objetivo.

La primera es una consultoría contratada por el Departamento Nacional de Planeación con el Centro Nacional de Consultoría y la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, cuyo informe final está fechado el 28 de julio de 2016. Se trata de un estudio completo y riguroso, basado en encuestas realizadas entre los beneficiarios efectivos y los potenciales y las universidades receptoras. En la página 404 del cuarto entregable se encuentra la siguiente conclusión:

“En síntesis, el programa presenta una enorme oportunidad para algunos estudiantes de bajos recursos y altísima motivación. Al hacerlo, deja en evidencia la falta de oportunidades para estudiantes similares e igualmente motivados que quedaron por debajo del punto de corte. Los estudiantes beneficiarios y las instituciones educativas receptoras valoran muy positivamente el programa, aunque destacan o dejan ver en sus experiencias, retos importantes que deben atenderse para su buen funcionamiento”[1].

Juliana Londoño Vélez, candidata a doctorado en economía de la Universidad de California, realizó un estudio de caso de una universidad privada receptora de “pilos”, cuyo resumen publicó en un artículo titulado: ¿Qué impacto está teniendo Ser Pilo Paga en las universidades de élite en Colombia? La conclusión es la siguiente:

“En suma, los efectos de SPP van más allá de la población beneficiaria del programa de ayuda financiera. SPP democratizó el acceso y generó diversidad de clase en las universidades de élite, históricamente reservadas para estudiantes de estratos altos, sin tener efectos perversos sobre las notas ni la tasa de deserción de estos últimos”.[2]

El programa también ha sido objeto de críticas, la principal de las cuales tiene que ver con el sesgo en favor de las universidades privadas,  elegidas mayoritariamente por los beneficiarios. Esto ha dado lugar a señalamientos como el de los profesores representantes ante los consejos superiores y académicos de las universidades públicas, quienes sostienen que SPP “destina recursos públicos al apalancamiento presupuestal de las universidades privadas, en detrimento del subsidio a la oferta que debe ser la directriz en un estado social de derecho”[3]. Directivos y profesores de diversas universidades públicas se han expresado en igual sentido.

El señor Julián de Zubiría, quien ha escrito profusamente en contra del programa desde sus inicios, también lo condena porque, según él, las universidades privadas “se están quedando con la casi totalidad del dinero público invertido”. Se escandaliza de que los “pilos” hayan escogido mayoritariamente a las universidades privadas de élites y ve en ello una especie de espolio y un atentado contra la universidad pública e invita “a los estudiantes colombianos a que se tomen las calles para defender su derecho a estudiar, el cual se encuentra amenazado por una política que disimuladamente está privatizando la educación superior”. Como no puede desconocer los logros del programa,  propone mantenerlo pero haciendo que los beneficiarios solamente puedan escoger entre las universidades públicas[4].

Con más tristeza que asombro constato que estos planteamientos tienen amplio eco entre periodistas, políticos y la opinión pública semi-ilustrada; lo que muy probablemente conducirá al desmantelamiento del programa o a su desnaturalización, convirtiéndolo otro componente del subsidio a la oferta del que se benefician las universidades públicas. Sin hacerme grandes ilusiones trataré de refutarlos antes de exponer lo que creo son los principales problemas de SPP, que aunque se relacionan con el sesgo hacia las universidades privadas nada tiene que ver con los argumentos que voy a criticar.

Los planteamientos del señor de Zubiría y de los profesores de los consejos de las universidades públicas, se basan en la creencia errónea pero aun extremadamente difundida según la cual los servicios como los de salud, educación y los servicios públicos domiciliarios, entre otros, que la sociedad considera como meritorios, es decir, que deben ser puestos al alcance de toda la población sin que su nivel de ingreso sea una limitante, deben también ser provistos de forma directa por entidades del gobierno: hospitales públicos, escuelas y universidades públicas, empresas públicas, etc.  Es decir, por entidades que reciben directamente sus presupuestos de la nación o las entidades territoriales. Lo que se llama subsidio a la oferta.

Es una falacia decir, como afirman los profesores, que el subsidio a la oferta “debe ser la directriz del estado social de derecho”. ¿Acaso no se han enterado de que el subsidio a los servicios públicos domiciliarios que reciben millones de familias, atendidas por empresas privadas, es una modalidad de subsidio a la demanda y que esta modalidad tiene soporte constitucional y legal? ¿Ignoran quizás que cuando una persona pobre es atendida por una clínica u hospital privado está recibiendo un subsidio a la demanda y que la clínica u hospital en cuestión no hubiera recibido ningún ingreso si no hubiese mediado la atención prestada?

Decir que con los recursos de SPP se está apalancando financieramente a las universidades privadas es tan absurdo como decir que con los subsidios a la vivienda popular se está apalancando a las empresas de construcción privadas o que con los subsidios a la alimentación de los escolares se está apalancando a las empresas privadas que los suministran. La única forma de suprimir ese apalancamiento es hacer que no existan sino entidades gubernamentales encargadas de proveer esos servicios. Si eso es lo que piensan, que lo digan claramente.

El otro mito que subyace en los planteamientos del señor de Zubiría y de los profesores es el de los llamados “dineros públicos”. Se rasgan las vestiduras diciendo que es inaceptable que los “dineros públicos” financien al sector privado. Voy a decirlo con todas las letras: no hay “dineros públicos”. Lo que recibe ese pomposo nombre no es otra cosa que los impuestos que pagamos los ciudadanos. El estado no crea riqueza, con los impuestos se apropia de parte de ella y la redistribuye, bien o mal. El subsidio a la demanda como el de SPP es una forma de redistribuirla, el subsidio a la oferta es otra. Lo que defienden los profesores de las universidades públicas es esta última modalidad que los beneficia en grado sumo. 

En un texto sobre el financiamiento de la educación superior que escribí hace varios años[5], propuse definir una universidad como una agrupación de profesionales, vinculados por contratos de diferente tipo, que se asocian para ofrecer una serie de productos o conjuntos de productos – enseñanza, investigación, consultoría, etc. – que ninguno de ellos está en condiciones de suministrar individualmente o cuyo suministro fragmentado resultaría excepcionalmente ineficiente y costoso. 

Desde el punto de vista de la forma en que reciben sus ingresos  hay dos clases de universidades. En primer lugar están las públicas, que conforman el Sistema Universitario Estatal (SUE) y tienen, en virtud de la ley 30 de 1992, unos ingresos garantizados que cubren la casi totalidad de sus gastos. De otro lado está la docena de  universidades privadas con acreditación institucional calidad y que han sido las receptoras de la mayoría de los “pilos”. Estas universidades no reciben transferencias del gobierno y subsisten fundamentalmente de las matrículas que cobran, la venta de servicios de consultoría y algunas donaciones.  Ninguna de ellas recibiría un peso de SPP si los beneficiarios no las hubiesen elegido.

Los críticos de SPP se duelen de que los jóvenes hayan elegido las universidades privadas acreditadas en detrimento de las del SUE. Como no pueden desconocer que se trata de instituciones de calidad alegan la existencia de un problema de información puesto que las grandes universidades públicas –Nacional, Antioquia, del Valle – aparecen mejor clasificadas en la mayoría de los escalafones que las privadas. Como los jóvenes están mal informados, el señor de Zubiría decide decidir por ellos y propone que los beneficiarios solo puedan elegir entre las universidades del SUE. Curiosamente el señor de Zubiría quiere negarles a los “pilos” la posibilidad de ingresar a una universidad de élite, la que no negó a sus hijos quienes estudiaron, pregrado y maestría, en la Universidad de los Andes, según informa en uno de sus artículos.

De ser acogida, la propuesta del señor de Zubiría acabaría con el programa pues la esencia de este es justamente darles a los jóvenes la posibilidad de elegir y de acceder, si esa es su elección, a alguna de las universidades privadas de élite. Es inadmisible que estas universidades vayan a ser castigadas excluyéndolas del programa por el “delito” de haberse labrado con su trabajo una imagen y un prestigio que todo mundo reconoce, incluido el señor de Zubiría.

Es necesario también refutar la idea de que las universidades privadas de calidad están defendiendo el programa SPP porque de ello depende su supervivencia, como sugiere el señor de Zubiría. Esas universidades nacieron hace muchos años, más de 50 en muchos casos, y han crecido, se han desarrollado y se han aprestigiado sin la ayuda del gobierno. Han pasado la mayor parte de su existencia sin SPP y podrán hacerlo en el futuro. Es el gobierno el que necesita de las universidades privadas, no estas las que necesitan del gobierno.

Las que tienen un grave problema de imagen son las universidades públicas de calidad que a pesar de sus grupos de investigación, de sus publicaciones y de sus doctores no consiguen atraer a la mayoría de los “pilos”. El problema es más grave aún pues este fracaso de las universidades públicas, no puede dársele otro nombre, sugiere que probablemente, si tuvieran la oportunidad, la mayoría de los estudiantes que forman su demanda cautiva se irían a otra parte. Es en esto en lo que tienen que pensar directivos y profesores de las universidades públicas en lugar de defender la posición de cuasi-monopolio que les garantiza el subsidio a la oferta.

El sesgo a favor de las universidades privadas de calidad del programa SPP pone de manifiesto un problema de diseño, no por la posibilidad de elegir, que es de su esencia, sino por la forma en que se distribuyen los recursos la cual hace que el número de beneficiarios sea menor del que de otra forma sería posible financiar. Los estudiantes calificados eligen libremente la universidad. Es claro que si la mayoría de ellos escogen universidades con matrículas costosas, como la bolsa a repartir es limitada, muchos aspirantes pueden quedar excluidos a pesar de tener un buen puntaje en las pruebas Saber 11.

La actividad de docencia de las universidades, por ser intensiva en capital físico y humano, parece tener en el corto plazo costos marginales decrecientes. En muchos programas, no en todos, hay abundancia de sillas vacías que pueden ser llenadas con estudiantes sin aumentar la planta física, los equipos y laboratorios ni, incluso, la planta docente. Las universidades privadas para subsistir seguramente fijan su matrícula a nivel del costo medio que es superior a su costo marginal de corto plazo. El gobierno paga por los “pilos” la matrícula plena, pero bien podría pagar una matrícula menor que seguiría siendo atractiva para las universidades y permitiría la ampliación de la cobertura del programa. Es importante observar que el diseño actual tampoco es adecuado para las universidades públicas pues cuando estas reciben un “pilo” la matrícula pagada es inferior a su costo medio dado que ya está subsidiada. Así, cada pilo que ingresa a una universidad pública aumenta su déficit presupuestal.

Esta menor matrícula por estudiante podría lograrse haciendo competir a las universidades por los recursos del programa SPP mediante una subasta. Podrían definirse tres grupos de programas según el costo: alto, medio y bajo. Para cada grupo se estimaría un costo medio estándar. Se haría una subasta de sobre cerrado en la que todas las universidades ofertarían la matrícula y el número de “pilos” que están dispuestas a aceptar. Las ofertas que excedan en cierto porcentaje, digamos un 50%, el costo de referencia quedarían excluidas. Los “pilos”, como hasta ahora, elegirían libremente su universidad entre las calificadas. Los excesos de demanda que eventualmente se presenten se resolverían con base en el puntaje de las pruebas Saber 11. Las universidades públicas, para obtener un beneficio financiero del programa, deberían ofertar una matrícula en las vecindades de su costo medio. Para inducirlas a hacerlo, se podría también establecer la exclusión de las ofertas inferiores al costo de referencia en más de cierto porcentaje.  La definición del costo estándar y del margen de desviación admisible es un asunto de especial importancia, pues un error podría llevar a que muchos programas de universidades de élite resulten excluidos, privando a los “pilos” de la posibilidad de ingresar a ellos. En ningún momento debe olvidarse que la educación de calidad es costosa.  

Otra deficiencia del programa es que la totalidad del crédito otorgado sea condonable, bajo  condiciones no muy exigentes. Contrariamente a lo que según parece piensa la mayoría de la gente, este es el rasgo más inequitativo de SPP, pues, al tiempo que tiende a elevar sus costos unitarios, limita su cobertura en el corto y el largo plazo. Es un sinsentido asumir que un estudiante que se ha educado en una universidad de primer nivel no esté en condiciones de pagar total o parcialmente el crédito que le ha sido otorgado. Los estudiantes entran como pobres a SPP pero se espera que dejen de serlo una vez que son profesionales. Si no fuera así el programa todo sería una soberana estupidez. Adicionalmente, los beneficios de la educación superior son fundamentalmente beneficios privados, razón por la cual quienes los reciben deberían pagar por ellos.  

Si los “pilos” pagaran total o parcialmente los créditos que reciben, el programa se trasformaría en un fondo rotatorio que permitiría extender su cobertura y ayudaría a garantizar su sostenibilidad fiscal. Por otra parte la condonabilidad casi garantizada es lo que lleva a que buena parte de los “pilos” tiendan a elegir universidades de alto costo pues prácticamente están decidiendo sin restricción presupuestal. Si no tuvieran esa certeza, mejor aún si tuvieran la certeza de que deben pagar al menos parcialmente su crédito, probablemente su elección se ajustaría a sus expectativas de ingresos futuros y se orientarían hacia universidades menos costosas.

El programa SPP debe mantenerse permitiendo que los beneficiarios elijan entre todas las universidades. De adoptarse, las dos propuestas presentadas deben reducir sus costos unitarios, aumentar su cobertura y ayudar a su sostenibilidad fiscal. El problema de imagen de las universidades públicas no puede resolverse limitando a ellas la posibilidad de elección de los beneficiarios lo que en la práctica equivale a acabar con el programa. Las universidades públicas de calidad – Nacional, Antioquia, del Valle, entre otras – tienen el reto de mejorar la percepción que de ellas tienen los jóvenes aspirantes y la ciudadanía en general. Eso supone recuperar el control de sus campus y la regularidad de los ciclos académicos, como está tratando de hacerlo el rector Mauricio Alviar Ramirez en la Universidad de Antioquia, en un esfuerzo denodado que debe ser apoyado por la comunidad universitaria, el gobierno y toda la sociedad.

LGVA
Junio de 2017.   

   

martes, 13 de junio de 2017

El asunto de Belén de Bajirá y el fracaso de la descentralización

El asunto de Belén de Bajirá y el fracaso de la descentralización


Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Universidad EAFIT


En relación con Belén de Bajirá se tienen los siguientes hechos:

1.    La ley 13 de 1947 mediante la cual se creó el departamento del Chocó incluyó dentro de su territorio a Belén de Bajirá.
2.    Desde hace tres o cuatro décadas, el departamento de Antioquia tiene presencia institucional en Belén de Bajirá, considerándolo como corregimiento de Mutatá.
3.    La gente de Belén de Bajirá está dividida sobre la pertenencia a uno u otro departamento.
4.    Los que quieren ser parte del Chocó quieren también que su corregimiento sea elevado a la categoría de municipio.
5.    Los dirigentes políticos de Mutatá y el gobernador de Antioquia alegan que Belén de Bajirá no cumple las condiciones para ser municipio

En los puntos 4 y 5 se encuentra el almendrón de lo que está pasando con Belén de Bajirá. Un grupo de políticos locales, probablemente apoyados por políticos nacionales, quiere que ese territorio sea municipio. Tendrían así transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP)  y, por supuesto, su pequeña burocracia municipal: alcalde, secretarios, concejales, contraloría, etc.  Otro grupo de políticos locales, que controlan la alcaldía de Mutatá, se oponen a esa pretensión, pues perderían recursos del SGP y otras transferencias presupuestales que  eventualmente reciben de la Nación.

Mutatá, como la mayoría de los de Antioquia y de Colombia, es un municipio de gran pobreza fiscal: sus ingresos tributarios anuales apenas superan los $ 2.000 millones y recibe del SGP cerca de $ 13.000 millones. Con otras transferencias de la Nación y el Departamento se completa un presupuesto de ingresos de unos $ 20.000 millones anuales. Mutatá tiene unos 22.000 habitantes, la mitad de ellos, de dice, en Belén de Bajirá.

Como la mayoría de los municipios del País, Mutatá es un municipio con escasas rentas propias, que vive de las transferencias de la Nación. El nuevo municipio de Belén de Bajirá entraría a ser parte de esa categoría. La disputa actual es una manifestación de las limitaciones del ordenamiento territorial y del fracaso de la descentralización. Bajo el régimen actual, los municipios, supuestamente, tienen responsabilidades en salud, educación, agua potable, etc. Sin embargo, esas responsabilidades se limitan a recibir la transferencia de unos impuestos recaudados en el nivel nacional y a gastarlos más o menos a su antojo.

El régimen actual de descentralización adolece de los más perversos incentivos. Una entidad, la Nación, recauda casi todos los impuestos y los distribuye entre todos los departamentos y, principalmente, todos los municipios del País. Aunque se han introducido periódicos ajustes – legales y constitucionales - para garantizar que los recursos se destinen a salud, educación, agua potable, etc.; lo que en parte se ha logrado;  no se han logrado establecer mecanismos que garanticen la efectividad y la correcta aplicación del gasto.

La contratación directa es la norma de la contratación pública en Colombia y esa contratación directa suele hacerse con fundaciones supuestamente sin ánimo de lucro. Existen más de 70.000 en el País y  la mayor parte de ellas hacen parte de la clientela de algún dirigente político. La gestión de la mayoría de las administraciones municipales se reduce a tramitar recursos de la Nación, con la ayuda de políticos y congresistas,  y  a gastarlos en contratos con fundaciones vinculadas a esos mismos políticos y congresistas.  

Lo de Belén de Bajirá, como lo de La Guajira, lo de Tumaco, lo de Buenaventura y un largo etceterá son manifestaciones de una descentralización incompleta o, mejor aún, de una descentralización que mantiene centralizado el componente fundamental: la imposición. Por eso las entidades territoriales y los políticos locales ven los ingresos de la Nación como una gran torta en cuya repartición todas quieren maximizar su tajada. Eso es lo que está en juego en Belén de Bajirá, lo demás es retórica. Ya es hora de avanzar en la descentralización entregándole a las entidades territoriales más responsabilidades de imposición, de recaudo, de generar sus propios ingresos y financiar con ellos el fementido gasto social.

La Nación debería ceder  a municipios y departamentos por lo menos la mitad de sus bases gravables. Podría iniciarse el proceso reduciendo el IVA nacional a 8% y dejando a los departamentos y municipios como máximo los once puntos porcentuales restantes, para que ellos decidan hasta donde quieren llegar. El impuesto de renta nacional debería reducirse a la mitad y dejar también que municipios y departamentos decidan qué hacer con el resto de esa base gravable. Esta si sería una reforma radical que tendría consecuencias económicas y políticas profundas.

LGVA

Junio de 2017.

domingo, 11 de junio de 2017

Visita a la Feria de Diseño en Medellín


Visita a la Feria de Diseño en Medellín



Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista, Universidad EAFIT



La cultura es la diversidad de los oficios, decía Alzate Avendaño. Y la riqueza es la variedad de los valores de uso. El progreso de los pueblos se mide mejor por la diversidad de cosas que saben hacer. El crecimiento del producto por habitante es una medida engañosa del avance de una sociedad cuando consideramos un período de tiempo relativamente largo, dos o tres décadas, por ejemplo. Para efectos de contabilidad social usamos agregados como el producto interno bruto, pero debe esperarse que los bienes y servicios que conforman el PIB de hoy sean en buen grado diferentes de los que conformaban el PIB de hace veinte o treinta años. No se progresa solamente produciendo más de las mismas cosas sino, sobre todo, incorporando a la actividad productiva nuevos bienes y servicios y, por supuesto, los oficios y habilidades que los crean.


Por eso recorrer los stands de la quinta Feria de Diseño, realizada en Plaza Mayor los días 9, 10 y 11 de junio, fue una actividad extremadamente placentera, desde el punto de vista estético, y muy reconfortante desde la perspectiva de un economista interesado en las cuestiones del desarrollo. Más de 110 expositores presentando todo tipo objetos, elaborados en toda suerte de materiales, para el amueblamiento y el confort de residencias y oficinas. Decenas de empresarios de Medellín, Bogotá, Cali y otras ciudades, muchos de ellos extremadamente jóvenes, asumiendo el riesgo de producir cosas nuevas y jugándose en ello su capital, su trabajo y su ingenio.  Una feria como esta era algo impensables hace sólo un par de décadas. De hecho, la Feria del Diseño tiene únicamente un breve pasado de cinco años, pero, eso sí, el promisorio futuro de lo que algunos gustan llamar economía creativa o economía naranja.


Personalmente encuentro divertida esa expresión de “economía naranja” con la que se quiere significar que se trata de una economía en la que la gente dedica la mayor parte de su tiempo a la generación de ideas. Toda economía dinámica es una economía creativa o  naranja pues su impulso depende de la actividad de los empresarios que crean cosas nuevas y las lanzan al mercado. Pero lo del nombre no importa. Lo esencial es la aparición de esa dinámica de creación, experimentación, emulación y competencia.


Entre los expositores estaban la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad EAFIT que ofrecen programas de estudio en el campo del diseño y de la ingeniería del diseño, respectivamente. Entiendo que hay en la Ciudad otras instituciones con propuestas académicas similares. Esta es por supuesto una buena cosa porque la creatividad no se puede sustraer a las leyes de la física y a los valores de la estética y el buen gusto,  y todo ello es algo que también se aprende.

Y de la política pública, ¿qué?. Personalmente pienso que los empresarios del diseño y de toda la economía naranja precisan del gobierno lo mismo que todos los empresarios: estabilidad macroeconómica, poca regulación y bajos impuestos. El ingenio de los empresarios y las pruebas del mercado se encargan de lo demás.

LGVA

Junio de 2017.

miércoles, 7 de junio de 2017

Implantar el voucher educativo para deshacernos de FECODE

Implantar el voucher educativo para deshacernos de FECODE


Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Docente Universidad EAFIT

Entre los 100 mejores colegios del País, según las Pruebas Saber 11 de 2016,  no hay un solo colegio público. Léase bien: ni uno solo. El primer colegio público  del escalafón es el Liceo Integrado de Bachillerato de la Universidad de Nariño, en el puesto 119. Hay únicamente 11 colegios públicos entre los 500 mejores. Para encontrar una participación elevada de los colegios públicos hay que mirar el otro extremo de la tabla: 92 de los 100 peores colegios del País son públicos. No es un problema de baja representación de éstos puesto que el 68% de los 11.472 colegios que participan en las Pruebas Saber son públicos. Los colegios públicos son aquellos donde “enseñan” los maestros de FECODE, actualmente en huelga en “defensa” de la educación pública.


FECODE es un sindicato politizado que periódicamente interrumpe la prestación del servicio de educación con paros, marchas y protestas. Esto no tiene ninguna consecuencia para sus afiliados que nunca son sancionados, no dejan de recibir sus salarios y, lo más importante, tampoco pierden participación en el mercado puesto que los alumnos de las escuelas y colegios oficiales son en su inmensa mayoría niños y jóvenes de familias pobres que no tienen alternativa.  Son 8 millones los niños y jóvenes condenados a la educación mediocre y de baja calidad impartida por los maestros afiliados a FECODE.

El poder de mercado es la capacidad que tiene un agente económico de aumentar el precio o reducir la calidad o continuidad de su oferta sin que esto tenga consecuencias sobre sus ingresos. Este es el caso de la llamada educación oficial o pública de la que FECODE ostenta el monopolio. Esos 8 millones de niños y jóvenes y sus familias que no pueden elegir  son los rehenes de FECODE.

El poder de mercado de FECODE, que se transforma en poder político, es resultado de la forma de financiación de la educación pública mediante el sistema de subsidios a la oferta. Las escuelas y colegios oficiales y sus maestros reciben sus ingresos financiados con impuestos sin que importe el número de alumnos atendidos ni la continuidad o calidad del servicio educativo. Esto es el subsidio a la oferta.

Es falso que el subsidio a la oferta sea la única forma de garantizar la gratuidad de la educación, como pretenden los dirigentes de FECODE y sus aliados “progresistas” de izquierda. Desde hace tiempo están inventados, en el mundo y en Colombia, los subsidios a la demanda para garantizar a los más pobres el acceso a la educación y a otros bienes y servicios considerados como meritorios. Los colegios en concesión y el programa Ser Pilo Paga son ejemplos exitosos de subsidios a la demanda.

El voucher educativo, también llamado bono o cheque educativo, es la forma alternativa de financiar la educación pública que además de garantizar su gratuidad obliga a las escuelas y colegios oficiales a competir con calidad y servicios si quieren retener los alumnos. El voucher educativo fue propuesto por Milton Friedman en los años 50 y actualmente es aplicado en varios estados de Estados Unidos y en países como Singapur, Corea del Sur y Suecia cuyos sistemas educativos están entre los mejores del mundo. Si, en la “socialista” Suecia, donde se implantó desde 1992.

El voucher educativo opera de una manera extremadamente simple. La totalidad de recursos que el gobierno entrega anualmente a las escuelas y colegios oficiales, se divide por el número de alumnos y se determina así el monto del bono que debe entregarse a cada estudiante o a su familia. El bono no se entrega a las escuelas y colegios sino a las familias. Cada familia escoge la escuela o colegio de su preferencia y paga con su bono la matrícula y las mensualidades. Los maestros, como en cualquier actividad que recibe sus ingresos de sus clientes, deben esforzarse con calidad, continuidad y servicios para retener sus alumnos. Si no lo hacen, pierden demanda y las escuelas malas desaparecen. La competencia sería más intensa si, como es mucho mejor, el bono es universal, es decir, si puede utilizarse en todos los colegios públicos o privados. El voucher debe ser intransferible y de uso exclusivo para pagar servicios educativos. Este es el principio básico que podría tener algunos cambios para su aplicación efectiva y manejar problemas de transición.

El programa Ser Pilo Paga y los colegios en concesión en Colombia y las experiencias de los países mencionados con el bono educativo  muestran que es posible eliminar el subsidio de la oferta y  mantener la gratuidad de la educación para los más pobres. Por eso, cuando FECODE defiende el subsidio a la oferta lo que está defendiendo es su monopolio, no la gratuidad de la educación. Lo que teme FECODE es que ocurra, como seguramente ocurrirá, lo que pasó con el programa Ser Pilo Paga cuyos beneficiarios eligieron mayoritariamente universidades privadas. Los resultados de las pruebas Saber 11 de 2016 sugieren que el temor de la FECODE no es infundado.

La implantación del bono educativo universal es una tarea urgente para mejorar la calidad de la educación. Los buenos maestros afiliados a FECODE, que son la mayoría, tendrían escuelas y colegios de mejor calidad, más alumnos y mejores ingresos porque podrían explotar sus competencias y habilidades sin estar sometidos a la mediocridad que impone un escalafón salarial que no reconoce los méritos. Los 8 millones de alumnos y sus familias tendrían libertad de escoger, de seleccionar para sus hijos escuelas y colegios de calidad y dejarían de ser, y con ellos el País entero, rehenes de un sindicato politizado dominado por lo más mediocre de la izquierda “progresista”.

LGVA

Junio de 2017