martes, 23 de julio de 2019

Beatriz Restrepo: filósofa ciudadana


Beatriz Restrepo: filósofa ciudadana


Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista


Me entristece la muerte de Beatriz Restrepo. Durante más de treinta años me beneficié de su amistad y aunque pasaban largos intervalos sin vernos, en cada encuentro, por breve que fuera, me hacía sentir la alegría y el cariño que se experimenta siempre que se ven los buenos viejos amigos. La amistad de Beatriz era un lujo, pero en Medellín y Antioquia un lujo harto común. A todo el que quería acercarse a ella, le brindaba su serena alegría, su cariño, su sabiduría, en fin, su amistad. Por eso, a Beatriz la queríamos todos.

Beatriz fue dueña de una sólida formación filosófica adquirida en las universidades de Nueva York, Complutense de Madrid y Católica de Lovaina. Durante 30 años, ejerció la docencia en las universidades de Antioquia y Pontificia Bolivariana, de cuyas escuelas de humanidades y filosofía fue decana. Fue directora del Museo de la Universidad de Antioquia y Secretaria de Educación del Departamento. Y fue miembro de muchas juntas, muchos comités y muchos consejos directivos de empresas, universidades, entidades gubernamentales y fundaciones privadas de solidaridad social. Porque a Beatriz todo mundo quería tenerla cerca, todos querían contar con su consejo, con su sabiduría, con su filosofía.



Y es que Beatriz era filósofa de tiempo completo. Lo era en la vida cotidiana, en la amistad y, por supuesto, en la vida social. Siempre la sentí como un ser de otra época, como una habitante de una polis griega - de esas idealizadas por Aristóteles y Platón – predicando y practicando, impertérrita, en medio de nuestra frecuentemente espantosa realidad, los preceptos de la vida buena, que no es lo mismo que la buena vida, sino una vida plena, una vida con sentido, consagrada a la búsqueda del bien común.

Convencido de la veracidad del Teorema de Arrow, creo que saber qué es el bien común es un imposible lógico. Sin embargo, en mi vida he conocido algunas personas, pocas, que pareciera saben lo que es o que viven su vida como si lo supieran y obran en consecuencia, con el más increíble desapego y el más desconcertante compromiso con la causa específica que en un momento dado parece encarnarlo. Beatriz era una de ellas. De las otras hablaré en otros obituarios, si no me muero antes.

Beatriz dejó la docencia universitaria a finales de los 90, pero nunca dejó interesarse por la educación ni dejó de educar con su espléndido ejemplo de vida. Entendía la educación a la manera de los filósofos griegos, es decir, como formación (paideia) y no meramente como difusión de conocimientos que habilitan para el ejercicio de una profesión. Cuando hablaba de educación como formación integral estaba pensando en la que habilita al sujeto para actuar en lo que ella llamó los tres escenarios del mundo de la vida: el social, el político y el moral; a cada uno de los cuales corresponde una forma de actuación: la cooperación, la participación y la solidaridad.

Siempre se dolió Beatriz de la orientación profesionalizaste y mercantilista que fue tomando la educación superior. No podía aceptar el desplazamiento de las humanidades y las artes, responsables, a su entender, de la educación moral y espiritual. También le dolía la frivolidad con la que muchos docentes asumen su tarea, incapaces de comprender “el carácter moral del acto educativo” y la tremenda responsabilidad que supone.  

Mi mamá, católica practicante, decía que hay que condenar el pecado y acoger al pecador; Beatriz, también católica practicante, decía que el juicio moral debe referirse a la acción, no al sujeto actuante y que solo con la muerte se define el carácter moral de la persona y solo en ese momento el juicio moral de la comunidad a la que perteneció puede recaer sobre la totalidad de su vida. Creo que en su caso el juicio moral de la comunidad de Medellín es unánime: fue una buena persona, una buena amiga, una buena ciudadana.

LGVA
Julio de 2019.  


viernes, 19 de julio de 2019

La alcaldía de Bogotá


La alcaldía de Bogotá

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista

La derecha no puede darse el lujo de perder las próximas elecciones a la alcaldía de Bogotá. La inigualable mediocridad de Lucho Garzón, las insoportables monerías de Antanas Mockus, la corrupción desenfrenada de Moreno Rojas y el autoritarismo desembozado de Gustavo Petro ilustran a la saciedad las características de la izquierda en el poder. El gran trabajo de Peñalosa y su equipo debe tener continuidad para consolidar sus indiscutibles logros y remediar los desastres dejados por esas administraciones.

Impedir que la izquierda se apodere del presupuesto de Bogotá es fundamental para el bienestar de los bogotanos, pero lo es también para el bienestar del resto de los colombianos. La candidata de la izquierda, Claudia López, quien, de no hacer nada serio para impedirlo, ganará las elecciones, es una persona ebria de poder, dueña de una arrogancia intelectual ilimitada, que quiere la alcaldía de Bogotá como un mero trampolín  para impulsarse a las elecciones presidenciales de 2022.

Claudia López, que no tuvo ninguna vergüenza en valerse del referendo anti-corrupción para impulsar su candidatura a la alcaldía de Bogotá, no la tendrá tampoco para usar los recursos de la Capital para promoverse como candidata presidencial, al mejor estilo de Antanas Mockus en 1997.

Tan riesgosos para el bienestar los bogotanos, como los devaneos electorales de Claudia López, son los rasgos distintivos de la izquierda colombiana a la que le falta trasegar muchos años por el camino de la civilidad política, antes de convertirse en una opción de gobierno más o menos respetable. Esa izquierda no ha podido entender que recoger las basuras, limpiar las alcantarillas, hacer respetar los bienes públicos, garantizar a los ciudadanos un mínimo de movilidad y un máximo de seguridad son tareas que conciernen a cualquier alcalde, sin que importe su orientación ideológica. Por eso ha estado siempre dedicada al saboteo de la administración municipal, incluso cuando ha sido gobierno.

La coalición formada alrededor de la candidatura de Elsa Noguera a la gobernación de Atlántico, muestra que pueden encontrarse candidatos viables que permitan una coalición amplia de las fuerzas de derecha y centro derecha para cerrarle el paso a los candidatos de la izquierda. En las elecciones de 2011, Gustavo Petro obtuvo el 32% de los votos y los 5 ó 6 candidatos de la derecha sumaron más del 60%. Como no hay segunda vuelta, hay que encontrar para la alcaldía de Bogotá un candidato que permita agrupar a los partidos Conservador, Centro Democrático y Cambio Radical y a los sectores de derecha del Partido Liberal y el Partido de la U. 

Fuera de Bogotá, nadie entiende por qué el Centro Democrático dejó de lado a Samuel Hoyos y a Diego Molano - dos políticos carismáticos, estudiosos y decentes – para avalar la candidatura de Ángela Garzón, una aventurera política sin principios ni moralidad alguna. Haber apoyado a Santos, después del trato indigno que éste le dispensó a su padre  en su primer mandato, y aliarse con un personajillo como Samper Ospina para mofarse del Presidente Uribe, quien la había acogido con esa generosidad suya rayana en la ingenuidad, la hacen merecedora de todo un capítulo en la historia universal de la infamia. Nadie entiende qué espera la dirección del Centro Democrático para retirarle el aval a una persona tan indigna, a quien, por otra parte, nadie le reconoce merecimiento alguno intelectual o profesional.

El Centro Democrático debería deshacerse pronto de Ángela Garzón y apoyar sin vacilación la candidatura de Miguel Uribe Turbay, quien ya cuenta con el respaldo del ala gavirista del Partido Liberal y la totalidad del Partido Conservador, partidos con los que está ya aliado en torno a la candidatura de Elsa Noguera. Seguramente el Centro Democrático para muchas otras alcaldías y gobernaciones entrará en alianzas con esos partidos. No hay ninguna razón para que no lo haga en Bogotá. Todo lo contrario: por lo que está en juego es casi obligatorio hacerlo.

LGVA
Julio de 2018.  


jueves, 18 de julio de 2019

La tragedia de Venezuela y las lecciones para Colombia


La tragedia de Venezuela y las lecciones para Colombia

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista

Cuando veo a los “hermanos venezolanos” que pululan en los semáforos de nuestras ciudades, me produce desazón pensar que ellos y millones como ellos apoyaron una y otra vez el régimen de Chávez y Maduro, en las decenas de votaciones que se han hecho en Venezuela desde que aquel ganó las presidenciales de 1998, y que seguirían apoyándolo de no haber perdido un pequeño empleo en la administración pública o haber dejado de recibir sus “cajitas clap”.

Y esa desazón se hace mayor cuando recuerdo que 8 millones de “hermanos colombianos” votaron en 2018 por Gustavo Petro: el socio político de Chávez y Maduro en el Foro de Sao Paulo, consejero y asesor puntual de la construcción del socialismo del siglo XXI, el más delirante y estrafalario personaje que haya surgido en la política colombiana desde los tiempos de Regina Once o el Doctor Gabriel Antonio Goyeneche; con la diferencia fundamental de que Regina y Goyeneche eran estrafalarios, pero divertidos; Petro es siniestramente estrafalario.

Lo ocurrido en Venezuela es consecuencia del colapso del sistema asistencialista y corrupto montado para la distribución de la renta petrolera. Gasolina y servicios públicos domiciliarios gratuitos, millones de empleados gubernamentales sin más cometido que cobrar su salario y reparto de toda clase de prebendas, regalos y dádivas para lograr el apoyo de la masa popular.

Eso no empezó con Chávez y Maduro. Los gobiernos de Carlos Andrés Pérez, Herrera Campins y Jaime Lusinchi desplegaron también una masiva política asistencialista durante la bonanza de precios de los años 70 y 80. Repartiendo dinero a espuertas y endeudando prodigiosamente el país, lograron drásticas reducciones en los niveles de pobreza.  En 1990 el 38,5% de la población era pobre y el 16,3% estaba en condiciones de pobreza extrema; por ese entonces los mejores indicadores de América Latina.

El precio pagado fue la creación de una masa rentista que sólo aspiraba a obtener una mayor porción de la renta petrolera y que votaba por el partido que ofreciera más. Por eso, no tiene nada se sorprendente que, en las elecciones de 2012, Henrique Capriles, el candidato de la oposición enfrentado a Chávez, prometiera mantener las Misiones Bolivarianas o las Misiones de Cristo, creadas por Chávez en 2003 para repartir beneficios entre sus partidarios.

El intelectual venezolano Arturo Uslar Pietri denunció el desperdicio de US$ 300.000 millones de dólares de ingresos petroleros equivalentes a 15 veces el Plan Marshall. El problema de la dependencia de la economía venezolana del petróleo y de la creación de una sociedad rentista fue la obsesión que lo acompañó durante toda su vida. Todo mundo conoce en Venezuela, un artículo suyo, escrito en 1936: “Sembrar Petróleo”. Allí clamaba por un empleo productivo en el desarrollo de la agricultura y la industria de los ingresos petroleros que desde principios del siglo XX beneficiaban su país. Ya en 1990, en un artículo titulado “Los Venezolanos y el petróleo”, Uslar Pietri escribió:

“¿Hasta cuándo podrá durar este festín? Hasta que dure el auge de la explotación petrolera. El día en que ella disminuya o decaiga, si continuamos en las condiciones actuales, habrá sonado para Venezuela el momento de una de las más pavorosas catástrofes económicas y sociales”.

Los ingresos del petróleo se derrumbaron, vino el “caracazo”, el fallido golpe de estado de Chávez, el gobierno endeble de Caldera, que lo puso en libertad, y luego su elección en 1998. Uslar Pietri murió en 2001, todavía lúcido para darse cuenta de cómo se cumplían sus predicciones.

Con una renta petrolera infinitamente menor, Colombia se dio también a la tarea de montar su propio sistema asistencialista: subsidios masivos a los servicios públicos domiciliarios, transferencias monetarias directas que alimentan clientelas políticas, pagos a grupos organizados de productores fracasados, empleos y contratos innecesarios en la administración pública y, la cereza del pastel, un programa de viviendas gratuitas para impulsar una campaña presidencial. La bonanza de precios del petróleo, que impulsó el crecimiento de la economía desde 2000, se derrochó casi toda en burocracia y asistencialismo.

La economía colombiana se ha petrolizado: su crecimiento y la suerte de las finanzas públicas dependen de los ingresos petroleros, como se ilustra en el par de gráficas donde se relacionan el crecimiento del PIB y el déficit fiscal con el precio del petróleo. Desde hace años, los ministros de hacienda se acostumbraron a fincar sus esperanzas en el precio del petróleo elevado. El Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2018, proyectaba las finanzas del estado con un precio de US$ 68 el barril, el de 2019, con uno de US$ 70.




En 2011, el profesor de Harvard, Michael Porter decía que lo peor que le podía ocurrir a Colombia es que continuara encontrando petróleo. En ese mismo discurso indicaba que la pobreza podía reducirse, ciertamente, dándole plata a los pobres, pero que eso era una trampa. Esa es la trampa en la que cayó Venezuela y en la que probablemente habría caído Colombia de haber tenido mayores ingresos para nutrir el asistencialismo, la burocracia y la corrupción.

En su mayoría, los miembros de la clase política tradicional de Colombia comparten, con sus pares venezolanos, la falta de fundamento doctrinal, de carácter y de autoridad moral para oponerse al asistencialismo y al burocratismo y para controlar la corrupción; dejándole todo el espacio a los demagogos como Petro, Robledo, Fajardo, López, etc. que están logrando hacerle creer a la gente que tienen la fórmula mágica para acabar con la pobreza y la corrupción, como hicieran en su momento Chávez, Maduro y sus compinches en Venezuela.

A la deriva doctrinal y moral de la clase política se añade la bonachona estupidez de la dirigencia empresarial, que acoge en sus encuentros gremiales a los enemigos declarados y solapados de la libertad, la propiedad privada y el mercado y financia generosamente unos medios de comunicación empeñados en desprestigiar los valores liberales, en desconocer los avances sociales del País y en, más que informar, hacer propaganda y apología de las actividades de todos los personajes de la izquierda.

A Chávez, en Venezuela, los políticos no quisieron o no pudieron enfrentarlo y el más pusilánime de ellos lo puso en libertad; los empresarios lo miraron con desdén pensando que era un político corrupto más, con el que no convenía enfrentarse y de quien, eventualmente, se podría obtener algún favor; en fin, los medios lo convirtieron en “azote de los corruptos y el paladín de la justicia social”.

Colombia tiene hoy los cuatro elementos que llevaron a Venezuela a la catástrofe económica y social en que se encuentra sumida: dificultad creciente para financiar el asistencialismo, una dirigencia política tradicional dividida y desprestigiada, un empresariado vacilante y confundido y unos medios de comunicación dedicados, dolosa o culposamente, a desprestigiar el sistema del que derivan su sustento.

Si las cosas no cambian radicalmente, no queda más que decir: ahí está el cóctel servido, señor Gustavo Petro, ¡buen provecho en las elecciones de 2022!

LGVA
Julio de 2019  

domingo, 14 de julio de 2019

Andrés Felipe Arias y la justicia vengativa


Andrés Felipe Arias y la justicia vengativa


Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista


“Todos somos iguales ante la ley, pero no ante los encargados de aplicarla”
(Stanislaw Jercy Lec)

La severidad de la condena de Andrés Felipe Arias es una prueba palmaría de que no se necesita ninguna ley adicional para combatir los delitos contra la administración pública, como pretenden los demagogos que han convertido la lucha contra la corrupción en su bandera política. Lo condenaron a 17 años cárcel, que a su edad es por lo menos la mitad de lo que le resta por vivir; le impusieron una multa de más de cuarenta mil millones de pesos, suficiente para arruinar a un rico narcotraficante como Jesús Santrich, el protegido de la misma corte que lo condenó;  le negaron la prisión domiciliaria como sustituto de la pena de prisión y le aplicaron el parágrafo quinto  del artículo 122 de la Constitución, que lo inhabilita de por vida para el desempeño de funciones públicas.

Pero si la severidad de la condena impuesta al exministro resulta escandalosa, lo es aún más la debilidad de los argumentos esgrimidos para declararlo culpable. Arias fue acusado y condenado por dos delitos: celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en beneficio de terceros. En ambos casos su culpabilidad es extremadamente dudosa.

Para ejecutar el programa Agro Ingreso Seguro (AIS) creado por la ley 1133 de 2007, Arias celebró con el Instituto Interamericano de Cooperación (IICA) tres convenios, con lo que supuestamente habría violado los principios de transparencia, selección objetiva, economía y responsabilidad de la contratación estatal. La clave del asunto está en la distinción entre convenio y contrato, porque los convenios de colaboración técnica entre el estado y los particulares, a diferencia de los contratos, no se rigen por el estatuto general de contratación estatal, por tanto, al celebrarlos, el exministro Arias no habría incurrido en ningún delito.

En el juicio oral, el delegado de la Procuraduría sostuvo que los actos jurídicos de carácter bilateral celebrados entre el Ministerio y el IICA tenían por lo menos una naturaleza ambigua. Por su parte, la defensa argumentó que desde 1993 se habían celebrado entre el Ministerio y el IICA 132 de convenios de la misma naturaleza, sin que a ninguna autoridad administrativa o judicial se le hubiera ocurrido acusar a los ministros que los suscribieron. La Corte desechó esos argumentos y sostuvo que, como las actividades desarrolladas por el IICA en el marco de esos convenios no eran de ciencia y tecnología, debió seguirse el proceso de contratación previsto en la Ley 80 de 1993.

Pero aún en el supuesto de que Arias hubiera incurrido en una falta, no resulta evidente que esta fuera de naturaleza penal, como lo expresó el delegado de la Procuraduría en el juicio oral: “Los convenios, tal y como fueron estructurados e implementados, muestran que verdaderamente se trataban de contratos con objeto ambiguo; no obstante, no todo problema o controversia de carácter contractual es penalmente reprochable, así lo sea administrativa y disciplinariamente”. La Corte hizo caso omiso de este planteamiento.

El otro delito es el de peculado por apropiación en provecho de terceros. Los terceros en cuestión habrían sido el IICA y un conjunto de beneficiarios, que por hacerse a los recursos del programa AIS habrían incurrido en acciones delictuosas, por las que en su momento algunos de ellos fueron condenados. Arias fue absuelto del cargo de peculado en favor del IICA, condenado en los demás casos.

En su condición de ministro, Arias estaba ejecutando una ley que le ordenaba entregar subsidios monetarios a los productores agrícolas que serían afectados por el TLC con los Estados Unidos.

Los subsidios agrícolas, como casi todos los subsidios, son una sinvergüenzada. Con excesiva frecuencia, llegan, no a los más necesitados sino, a los más hábiles para recabarlos y, en las más de las veces, se emplean para suplir necesidades diferentes a aquellas para las cuales estaban destinados o para incrementar el patrimonio de disfrute de los beneficiarios. Estos son los problemas de focalización y pertinencia de que adolecen todos los subsidios vigentes en Colombia.

Algunos beneficiarios de AIS, para aumentar su participación en la repartija, fraccionaron predios para presentar como distintos proyectos a los componentes de uno solo y obtener un doble beneficio; hicieron uso de varias identidades como personas naturales o jurídicas para beneficiarse varias veces del programa, en fin, consiguieron que proyectos, que al parecer no cumplían los requisitos de la convocatoria, recibieran financiación.

Como ocurre con todos los programas de subsidios, un grupo de avivatos hizo trampa para acceder a los beneficios o a una parte mayor de los mismos. Arias ejecutó la ley, como era su deber, y unos avivatos se apropiaron indebidamente de unos recursos: ¿dónde está su delito?

El exministro sería culpable si se demostrara que tuvo una actuación determinante para que los subsidios llegaran a los bolsillos de los avivatos. Todo lo contrario, en la sentencia hay textos que claramente lo eximen de cualquier culpa, a los ojos de observador imparcial. He aquí el más significativo: 

“Juan Camilo Salazar, Fernando Arbeláez, Javier Romero, Camila Reyes, Alba Sánchez, Jairo Meza. Juan Castaño, Arturo Vega, Leonidas Tobón, funcionarios del Ministerio, relataron que el doctor ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA durante los comités de gabinete y reuniones de seguimiento del programa AIS se circunscribía a dar lineamientos y orientaciones básicas para el desarrollo de los convenios, sin que algún testigo haya referido que intervino a favor de personas, proyectos o empresas”.

Salazar y Arbeláez fueron viceministros de Arias y todos los demás, funcionarios del Ministerio de Agricultura vinculados al programa AIS. Ninguno de ellos, hay que repetirlo, refirió en sus testimonios que el exministro hubiera intervenido en favor de personas, proyectos o empresas.

La asignación se hacía mediante metodologías para evaluar los proyectos de los aspirantes a los auxilios y el cumplimiento de las condiciones. El componente de ciencia y tecnología que fundamentó el convenio con el IICA tenía que ver con el diseño de esas metodologías, su socialización entre los aspirantes y la asesoría a estos para aplicar al programa.

A falta de una prueba material o de un testimonio concluyente, a la Corte se le ocurre imaginar que Arias manipuló a su amaño todos los modelos, todos los procesos, todos los trámites, todas las metodologías y todas las personas que intervinieron en todas las fases de la asignación de los auxilios del programa AIS.

En síntesis:

El condenar al exministro Arias por celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales esenciales, la Corte criminalizó una conducta, la celebración de convenios entre el Ministerio y el IICA, en la que habrían incurrido en 132 oportunidades desde 1993 todos los titulares del Ministerio de Agricultura, sin haber sido acusados disciplinaria o penalmente.

Al ordenar la entrega de los subsidios, Arias estaba ejecutando lo dispuesto en la ley 1133 de 2007. La condena por peculado en el caso de once productores grandes y cercanos políticamente a Arias y no en el de los miles de pequeños productores, que también recibieron auxilios, le imprime a la sentencia un pestilente tufillo ideológico de lucha de clase y de antipatía política difícil de ocultar.

Lo de Arias y, más recientemente, lo de Santrich prueban sin sombra de duda que los magistrados de la suprema son absolutamente incorruptibles: nada ni nadie puede inducirles a hacer justicia.  

LGVA
Julio de 2019.

lunes, 8 de julio de 2019

¡Elecciones otra vez!


¡Elecciones otra vez!

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista


Empezó la campaña para las elecciones locales del 27 octubre. Hace poco más de un año se realizaba la segunda vuelta de las presidenciales y, apenas en agosto pasado, se votaba el mentado referendo anti-corrupción. En 2018, los colombianos fuimos a las urnas en 4 oportunidades y, desde 2010 e incluyendo la próxima, lo habremos hecho en 18. Votamos casi cada seis meses en ese lapso. Esto es obra de la Constitución de 1991 y de los cambios que introdujo en el sistema electoral.   

Este ejercicio casi permanente de los derechos políticos y la discusión ininterrumpida de los asuntos del gobierno, no nos hace más libres, como algunos creen, ni da a la sociedad el sosiego requerido para que la gente se ocupe de sus negocios y sus empresas, de su vida familiar o del disfrute de la amistad, el deporte o la cultura. Esa democracia participativa, en lugar de producir ciudadanos activos y deliberantes, tiende a generar un número creciente de profesionales de la política que – agrupados en toda clase de conciliábulos, grupúsculos y facciones – luchan denodadamente por hacerse a un cargo en la administración, a un contrato, a un subsidio o a una porción cualquiera del presupuesto público, porque hacer parte del gobierno, directa o indirectamente, se ha convertido para ellos en la forma de ganarse la vida.

En el Consejo Nacional Electoral (CNE) hay registrados 16 partidos y movimientos políticos que pueden avalar candidatos en cualquier municipio y departamento del País. Esta oferta electoral, de por sí abundante, es complementada con la de los candidatos de los Grupos Significativos de Ciudadanos (GSC) o candidatos por firmas. Para las elecciones de octubre, aparecen inscritos en la Registraduría Nacional 696 GSC para las de alcaldía y 63 para las de gobernación. Esta figura, creada probablemente con la mejor de las intenciones, ha dado lugar al desarrollo de una nueva variante del mercado político.

Los voluntarios que recogen firmas son de tres clases: los de verdad, los semi-forzados y los recolectores especializados. Los de la primera categoría ciertamente existen y seguramente son buenos ciudadanos que obran por convicción. La segunda está integrada por cargos pequeños y medianos de las administraciones locales que tratan de hacer méritos para mantener su empleo recolectando firmas entre sus amigos y familiares para el candidato que alimenta sus esperanzas. Finalmente, están los recolectores especializados, agrupados en pequeñas empresas que se ponen al servicio de los GSC que cuentan con más recursos financieros.



 El precio de la planilla de 25 firmas varía de un municipio a otro y depende, como cualquier precio, de las condiciones de oferta y demanda. Por ejemplo, en el mercado de Medellín, donde hay 14 GSC para la alcaldía, la planilla se está cotizando a $ 50.000. Probablemente, en los mercados de Bogotá, Cartagena y Cali la planilla llena alcance un precio similar. Para una gobernación tan apetecida como la de Antioquia, con 7 GSC, la planilla firmada debe costar otro tanto.  

La inscripción de candidatos por firmas, al igual que otros componentes del sistema electoral - las listas abiertas, la separación de los calendarios electorales, la multiplicación del número de elecciones, la circunscripción nacional de senado, la financiación de las campañas con dineros públicos, etc. –  combinados con un gobierno prematuramente grande, que reparte empleos, contratos y toda clase de beneficios, han llevado al País a una política más costosa, más clientelista y más corrupta. Mientras no se encare abiertamente el tema del tamaño del gobierno y, también, el del sistema electoral, el discurso anti-corrupción que predican todos los partidos sin excepción es demagogia pura y nada más.

LGVA
Julio de 2019.

viernes, 5 de julio de 2019

Hidroituango en Paloquemado


Hidroituango en Paloquemado

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista

El trabajo ejemplar de EPM ha permitido superar la emergencia técnica y ambiental desatada en abril de 2018 y encauzar el proyecto a su casi total recuperación. Los obreros, técnicos, ingenieros de EPM y sus contratistas han hecho y están haciendo lo suyo, con singular competencia y dedicación, pero hoy, al parecer, la suerte del proyecto no depende de ellos: está en manos del Juez 75 Penal Municipal de Paloquemado. 

En una de sus últimas actuaciones, antes de abandonar su cargo con ocasión de caso Santrich, el fiscal Martínez Neira tuvo la ocurrencia de adelantar indagaciones sobre Hidroituango. Primero, anunció una investigación tardía sobre el contrato BOOMT celebrado entre la Sociedad Hidroeléctrica Ituango y EPM en 2010. Después, aunque la emergencia no ha cobrado ninguna vida humana y las poblaciones ribereñas se han beneficiado – antes, durante y después de la emergencia – de un derrame de recursos que supera con creces lo que han recibido del estado a lo largo de toda su historia, decidió denunciar penalmente a EPM por “daños a los recursos naturales” y solicitar medidas de protección y restablecimiento de los derechos de los pobladores.

En audiencia celebrada el 7 de junio, el juez de la causa dispuso proteger los derechos de las comunidades ribereñas y ordenó “la conformación y desarrollo de una mesa técnica integrada por FGN, Procuraduría, Contraloría, Gobernación, Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, ministerio de salud y protección social, ANLA, EPM e Hidroituango con presencia de victimas en un término no superior a 5 días hábiles su instalación, se realicen todas las acciones pertinentes de índole administrativa y técnica, en aras de obtener un estudio técnico con expertos en la materia, con el fin de analizar la estructura rocosa del lugar donde está ubicado el proyecto, así como la estabilidad del mismo, con el objeto de garantizar la continuidad o no del proyecto, o en caso contrario la suspensión del mismo, hasta tanto se obtenga con claridad los conceptos técnicos, para lo cual se deberá cumplir con la entrega de informes parciales como mínimo cada 10 días, sin que se llegue a superar el término de 60 días hábiles la ejecución de la orden” (SIC).

Las acciones de protección ordenadas por el juez se han venido realizando desde abril de 2018 y de ellas ha informado EPM en los más de 180 comunicados emitidos desde entonces. Todas las autoridades y los medios de comunicación han podido constatar en campo la veracidad de esos informes. La mesa técnica reproduce el llamado Puesto de Mando Unificado que, con la participación de todas las entidades convocadas por el juez y muchas otras más, se ha reunido en 250 oportunidades desde mayo de 2018. Sobre la estabilidad del macizo rocoso se han realizado por lo menos cinco estudios que están a disposición de todo mundo y, por supuesto, de la mesa técnica y del Juez 75 Penal Municipal de Bogotá.

Pero la mesa técnica no es la mera réplica de los puestos de mando unificado. Es preocupante la falta de claridad sobre el alcance de sus atribuciones y “la presencia de las víctimas” entre sus integrantes. Son muchos los interrogantes que suscita la arrevesada redacción de la orden judicial:

·         El estudio que debe “obtener” la mesa técnica, ¿tiene que ser nuevo o puede ser alguno de los ya existentes?
·         ¿El estudio en cuestión debe definir la continuidad o suspensión de proyecto o esto debe hacerlo la mesa técnica con base en los resultados del mismo?
·         ¿El concepto de la mesa técnica es vinculante para el juez?
·         ¿La mesa técnica debe rendir un concepto único o pueden, como es posible, surgir de ella varios conceptos?
·         ¿Las decisiones de la mesa se toman por mayoría o deben ser unánimes?
·         Etc., etc.….

La licencia ambiental es el documento que da viabilidad legal a cualquier proyecto hidroeléctrico. Con ocasión de la emergencia, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales introdujo en la licencia de Hidroituango una serie de condicionamientos en el marco de los cuales ha venido actuando EPM. Corresponde a dicha Autoridad, con base en estudios y criterios técnicos, decidir la continuidad o suspensión del proyecto. La aparente atribución de esta función a esa mesa técnica introduce un enorme riesgo jurídico para la viabilidad del Proyecto, que debería preocupar al Gobierno Nacional pues lo que está en juego con Hidroituango es el abastecimiento del consumo de electricidad en los próximos años.

En la denuncia que hace curso en el juzgado 75 aparece como víctima, con asiento en la mesa técnica, la ciudadana Isabel Cristina Zuleta López, representante legal del Movimiento Rios Vivos. Sería bueno saber cuáles fueron los criterios que llevaron al Juez 75 a darle a esta persona la vocería de los recursos naturales y de los pobladores de los municipios del área de influencia del Proyecto. ¿Cuándo y cómo esos ciudadanos nombraron a la ciudadana Zuleta? ¿Dónde están los poderes, que deben ser miles, mediante los cuales los ciudadanos le dieron su vocería? Y, el misterio mayor: ¿Cómo hicieron los “recursos naturales” para convertir a la ciudadana Zuleta en su representante?

El Movimiento Rios Vivos es una organización dedicada a sabotear la construcción de hidroeléctricas en Colombia. Sus activistas se opusieron a la construcción de El Quimbo, Sogamoso y de prácticamente todos los proyectos desarrollados en los últimos años en Antioquia, Caldas, Nariño, Santander, etc. Rios Vivos replica en Colombia la acción de organizaciones como Friends of the Earth International e International Rivers, que directamente o por intermedio de sus aliados locales se han opuesto a los desarrollos hidroeléctricos en Brasil, Perú, Ecuador, Panamá y toda Centro América. Incomprensiblemente, las autoridades ambientales, administrativas y judiciales le otorgan representatividad a ese tipo de organizaciones por el mero hecho de autoproclamarse como defensoras del medio ambiente.

Aunque nunca se sabe, nadie en sus cabales se imagina que el Juez 75, por recomendación de la mesa técnica, vaya a ordenar la suspensión permanente de Proyecto y la demolición de la presa. Sin embargo, no sería extraño que salgan de ese juzgado algunas ordenes que retrasen el avance del proyecto y pongan en riesgo su puesta en operación en el momento requerido por el crecimiento de la demanda de electricidad.

EPM tiene que jugarse a fondo, y seguramente ya lo está haciendo, para contrarrestar a los argumentos de la fiscalía y de Rios Vivos y lograr ilustrar al Juez 75 para que tome una decisión acertada, que en este caso significa, por supuesto, asegurar la terminación oportuna del proyecto, salvaguardando al mismo tiempo los servicios ambientales y el interés de los pobladores. El Gobierno Nacional, con el Presidente a la cabeza, debe apersonarse de esta situación e instruir a sus representantes en la mesa técnica para que apoyen sin ambages a EPM en su esfuerzo por superar - así como lo viene haciendo con los obstáculos técnicos, ambientales y sociales –  los obstáculos legales que se oponen a la terminación de un proyecto que es de interés nacional.

LGVA
Julio de 2019.