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lunes, 21 de junio de 2021

¡A FIRMAR POR LA REVOCATORIA!

 

¡A FIRMAR POR LA REVOCATORIA!

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

Finalmente, después de un proceso plagado de sospechosos obstáculos de parte de las autoridades, la Registraduría entregó las planillas y se inició la recolección de las firmas para la revocatoria del alcalde Quintero Calle.

Ni los retrasos burocráticos malintencionados, ni la propaganda negra en redes sociales y otros medios, ni las amenazas y presiones contra los promotores pudieron impedirlo y ahora las planillas están en manos de centenas de voluntarios que recolectan las firmas de los miles de ciudadanos deseosos de revocar el mandato del alcalde Quintero Calle.

El atropello al gobierno corporativo en Empresas Públicas de Medellín, que ha puesto en riesgo la culminación de Hidroituango, afectado el desempeño general de la Empresa y deteriorado su calificación crediticia;  las arbitrariedades en Ruta N, donde por encima de la Junta Directiva se prescindió de profesionales competentes y comprometidos, dañando los programas de la entidad; el pésimo manejo del programa Buen Comienzo; el desdén por entidades importante para la Ciudad como el Jardín Botánico y la Corporación de Investigaciones Biológicas; el descarado nepotismo en la administración municipal y el clientelismo rampante en el Grupo EPM y otras empresas del municipio  están entre las causas de la insatisfacción ciudadana que ha dado lugar a la solicitud de revocatoria del alcalde Quintero Calle.

A finales de 2020, en todas las Secretarías del despacho múltiples proyectos presentaban niveles de ejecución presupuestal inferiores al 10% y en muchos otros no se había ejecutado ni un solo peso. Adicionalmente, decenas de propuestas incluidas en el Programa de Gobierno con el que se hizo elegir fueron omitidas en el Plan de Desarrollo aprobado en el Concejo Municipal. El incumpliendo de las propuestas de campaña y la ineficiencia administrativa puesta en evidencia por la mediocre ejecución presupuestal fundamentan la solicitud de revocatoria del alcalde Quintero Calle.

Si, a pesar de lo anterior, algunos ciudadanos podían abrigar dudas sobre la conveniencia de la revocatoria, estas se disiparon completamente por lo ocurrido en los aciagos días del mal llamado paro nacional. El ostensible incumplimiento al deber constitucional del preservar el orden público, permitiendo la realización de bloqueos en vías y redes de transporte y la destrucción de bienes públicos y privados, es una razón adicional, mucho más poderosa, para firmar y votar por la revocatoria del alcalde Quintero Calle.

La actitud omisa y hasta cómplice de Quintero Calle con el paro violento, vandálico y criminal no fue un hecho aislado. De forma similar se comportaron los alcaldes de Bogotá, Cali, Popayán y otros municipios del País, que comparten su visión política antidemocrática y desdeñosa de las libertades.  

Por eso la revocatoria de Quintero Calle es también un rechazo a la violencia y la coacción como método de acción política y una confirmación de la adhesión de la ciudadanía de Medellín a los valores de la eficiencia y la corrección en la administración pública y, sobre todo, a los valores de la libertad y la democracia.

LGVA

Junio de 2021.  

sábado, 19 de junio de 2021

Las mentiras Santos y la verdad de Uribe (y III)

 

Las mentiras Santos y la verdad de Uribe (y III)

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

 

En las dos entregas anteriores[1], dedicadas al examen de las declaraciones del expresidente Juan Manuel Santos ante la Comisión de la Verdad, se establecieron, debidamente documentadas, las siguientes conclusiones:

1.     La búsqueda de negociación con la guerrilla era un componente fundamental de la Política de Defensa y Seguridad Democrática.

2.     A lo largo de toda su vida política, como puede evidenciarse en múltiples documentos, Uribe defendió la negociación con la guerrilla, condicionada al cese de hostilidades y de las acciones terroristas.

3.     Como gobernador, primero, y, luego, como presidente, Uribe adelantó acciones y permitió gestiones para iniciar conversaciones con las FARC.

4.     El respeto a los DDHH y el acatamiento del DIH eran compontes centrales de la Política de Defensa y Seguridad Democrática expedida en 2003 y que rigió las actuaciones del Ministerio de Defensa durante los dos gobiernos de Uribe Vélez.

5.     Tanto Santos como quienes lo antecedieron en el Ministerio de Defensa adelantaron acciones para promover entre la tropa la cultura de respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

6.     Antes de Santos, para prevenir y sancionar abusos contra los derechos humanos, se dispuso que levantamiento de los cadáveres de terroristas dados de baja en combate fuera realizado por autoridades civiles y que los delitos cometidos por militares en actos de servicio fuesen investigados, instruidos y calificados por la Fiscalía.

Con esto se desvirtúan dos de las mentiras de Santos alrededor de las cuales gira toda su declaración: i) que el expresidente Uribe estaba empeñado en la derrota militar total de las Farc y ii) que no daba importancia a los derechos humanos.

Aquí se desvirtúa la tercera mentirosa insinuación según la cual Uribe Vélez habría sido indolente frente a los “falsos positivos” y que, incluso, los habría estimulado.

Al igual que en la parte de su declaración consagrada a los derechos humanos, en la referente a los “falsos positivos”, Santos, al describir las actuaciones del gobierno para poner término a esa aberrante práctica, omite toda alusión al expresidente Uribe, como si este hubiera dejado de existir, como si no hubiera estado al tanto de lo se estaba haciendo, como si en este caso no se hubiera cumplido lo que el propio Santos recuerda en su declaración: “Uribe era el presidente y yo su subalterno”.

Solo al final de su declaración, de manera por lo demás pérfida, Santos hace alusión al presidente Uribe:  

“No me cabe la menor duda de que el pecado original, lo que en el fondo dio pie para estas atrocidades, fue la presión para producir bajas y todo lo que se tejió alrededor de lo que muchos han llamado “la doctrina Vietnam”. Pero al mismo tiempo, en honor a la verdad, tengo que decir que el presidente Uribe no se opuso al cambio de esa nefasta doctrina, que él mismo había estimulado. Nunca recibí una contraorden, ni fui desautorizado”[2].

Este párrafo es sorprendente, por decir lo menos. Santos, que a lo largo de toda su intervención ha ilustrado con pelos y señales hasta la más mínima sus actuaciones sobre derechos humanos y “falsos positivos”, no aporta ninguna prueba documental o testimonial sobre el “pecado original” ni sobre el supuesto “estímulo” de Uribe a su comisión. Y no lo hace porque no puede hacerlo, porque carece de esos documentos y testimonios, en fín, porque él mismo reconoció, en su publicitado libro “Jaque al terror”, que Uribe estuvo al frente de las actuaciones emprendidas por el gobierno para combatir y terminar los “falsos positivos”. Esto fue lo que escribió Santos:

“El presidente de la República, el ministerio a mi cargo y los altos mandos militares respondimos con precisión y firmeza, y sin ocultar nada. Todo lo contrario, nuestro empeño fue el de descubrir la verdad, corregir la situación y volverla irrepetible. Creo que en ello tuvimos éxito.”[3]

La más dura decisión del gobierno para combatir los “falsos positivos”, el llamado a calificar servicios a 27 miembros del ejército, fue la tomada en la noche de 28 de octubre de 2008. Fiel a su costumbre de encargarse personalmente de comunicar las malas noticias y dejar a sus subalternos la comunicación de las buenas, en la mañana del 29, el presidente Uribe informó a la Nación esa “decisión dolorosa pero necesaria”[4].

En la medida en que revelan que la posición del gobierno sobre los “falsos positivos” estaba fundamentada en los conceptos de eficacia y transparencia definitorios de la política de Seguridad Democrática, es importante citar aquí, tal como las reproduce Santos en su libro, las declaraciones del presidente Uribe en la rueda de prensa que siguió al anuncio de la baja de los militares.  

“El prestigio de las Fuerzas Armadas de Colombia, en el corazón del pueblo y en la comunidad internacional, no puede mancharse por los delitos, por las fallas administrativas que algunos integrantes cometan. Las Fuerzas Armadas de Colombia tiene un buen ganado prestigio. Cuando hay violaciones a los derechos humanos ese prestigio se enturbia. La política nuestra de Seguridad Democrática es una política sostenible, como lo requiere Colombia, en la medida en que sea eficaz y que sea transparente. La transparencia es la adhesión rigurosa de esa política a los derechos humanos. No puede haber una sola violación de los derechos humanos. Por eso nosotros no podemos permitir que se confunda la eficacia en la lucha contra los delincuentes con la cobardía para enfrentar a los delincuentes y la distorsión de eficacia, asesinando víctimas inocentes. El gobierno tiene que ser totalmente riguroso en su insistencia, en su exigencia de que esta política de seguridad les devuelva a los colombianos plenamente la tranquilidad, de que sea eficaz y, al mismo tiempo, el gobierno tiene que ser totalmente exigente de que esta política sea transparente, que no haya ninguna duda sobre su transparencia”[5]

Entre el 8 y el 18 de junio de 2009 estuvo en Colombia el experto Philip Alston, comisionado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con el mandato de “investigar los homicidios cometidos en violación de las normas internacionales de derechos humanos o del derecho humanitario”. El señor Alston llegó, entre varias, a esta conclusión:

“No he visto ninguna prueba que indique que la comisión de esos homicidios formara parte de una política oficial o hubiera sido ordenada por altos funcionarios del Gobierno”[6].

En su libro, Santos se refiere con aprobación al informe de Alston, destacando que este reconoció que esos homicidios no podían calificarse como política del gobierno o que hubieran sido dirigidos o llevados a cabo a sabiendas del presidente o de sus ministros de defensa[7].

En julio de 2009, en intervención en el foro Tribuna Iberoamericana en Madrid, Santos repudió la “práctica macabra de los falsos positivos”, señalando al mismo tiempo que nunca había sido política de estado y que las autoridades colombianas habían tomado las medidas contundentes para acabar con ella y para que los responsables no quedaran impunes, por lo que podía considerarse ya como un “capítulo cerrado.”[8]

Resulta muy sospechoso que Santos haya decidido reabrir ese “capítulo”, sobre todo después de que la JEP hubiese tomado la iniciativa, inflando escandalosamente la cifra de “falsos positivos”, váyase a saber con qué propósito protervo, hasta hacerla llegar a 6.402, cifra que en su declaración acoge Santos, a pesar de que el Ministerio de Defensa, cuando él era titular, reportó a Philip Alston la cifra de 1.319. Ese informe recoge también la cifra de 2.276 aportada por la Comisión Colombiana de Juristas, más elevada que la del Ministerio, pero muy por debajo de la que saca del cubilete la JEP[9]. En fin, el CINEP, entidad cara al corazón del padre de Roux, habla de 941 casos entre 1988 y 2011[10].

En síntesis:  

i)                   Los principios de eficacia y transparencia propios de la política de Seguridad Democrática hacían inadmisibles a cualquier título los homicidios extrajudiciales o falsos positivos.

ii)                 Los falsos positivos no fueron nunca política de estado ni fueron estimulados, llevados a cabo o a sabiendas del presidente Uribe o sus ministros de defensa.

iii)                El gobierno del presidente Uribe tomó las decisiones necesarias para combatirlos, incluida la baja de 27 miembros del Ejército, entre ellos tres generales.

 

Como Santos ha dado repetidas pruebas de tener una verdad para cada momento y circunstancia, sus declaraciones ante la Comisión de la Verdad, nada quitan ni ponen a su casi inexistente credibilidad. El reto aquí es para el padre de Roux y sus compañeros de la Comisión, pues de acoger sin beneficio de inventario el testimonio de Santos, la suya quedaría por el suelo.

LGVA

Junio de 2021



[4] Uribe Vélez (2012). No hay causa perdida. CELEBRA – PEGUIN BOOKS. New York, 2012. Página 246.

[6] Alston, Philip (2010) Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston. Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Página 9.  

 

[7] Santos, JM. (2009). Jaque al terror: los años horribles de las Farc. Editorial Planeta, Bogotá, 2009. Páginas 325.

 

[9] Alston, Philip (2010) Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston. Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Página 10, nota 15.  

 

[10] Noche y Niebla, Caso tipo Deuda con la Humanidad 2, 23 años de Falsos Positivos 1988- 2011, CINEP/PPP, 2011.

 

viernes, 18 de junio de 2021

Las mentiras Santos y la verdad de Uribe (II)

 

Las mentiras Santos y la verdad de Uribe (II)

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

Toda la declaración del expresidente Juan Manuel Santos ante la Comisión de la Verdad gira alrededor de tres mentiras articuladas entre sí:

i)          Uribe estaba empeñado en la derrota militar de las Farc con exclusión de cualquier posibilidad de negociación.   

ii)         Empeñado una solución estrictamente militar, Uribe no daba importancia alguna a los derechos humanos.

iii)        Por su desdén por los derechos humanos, Uribe fue indolente frente al asuntos de los “falsos positivos”, que incluso fueron estimulados por su presión por resultados. 

En anterior entrega se desmontó la primera mentira, lo que sigue se refiere a la segunda.

Afirma Santos:

“Lo que el país conoce menos es el trabajo que al mismo tiempo se hizo para fortalecer el compromiso con los derechos humanos y la legitimidad de las Fuerzas Armadas, y por consiguiente su efectividad, a través de una ambiciosa y bien planeada política de derechos humanos.

Nuestro objetivo era asegurar que el esfuerzo de seguridad –que finalmente tenía como propósito proteger los derechos de las personas, ante todo el derecho a la vida y la integridad personal– se hiciera con estricto apego a las normas y con el apoyo de la ciudadanía. La política de derechos humanos tenía por eso una doble función: cumplir con la ley y ganarnos el apoyo de la población.

La política comenzaba con el discurso, con el mensaje que le enviábamos directamente a nuestros hombres y mujeres. Por eso, el general Freddy Padilla de León, como nuevo comandante general de las Fuerzas Militares, y yo, como ministro de Defensa, insistimos una y otra vez en que el centro de gravedad de nuestras fuerzas era su legitimidad”.

Con esos tres párrafos inicia Santos la parte de su declaración consagrada a los derechos humanos, en la que se explaya en citar directivas ministeriales y en enumerar las acciones adelantadas para promover el respeto por los derechos humanos entre la tropa.

No hay en esa declaración ni una sola referencia a la Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD) de 2003 que, desde ese año y hasta el final del mandato de Uribe Vélez, rigió las actuaciones del Ministerio de Defensa. Santos quiere hacer creer que la política sobre derechos humanos en las Fuerzas Armadas nació con él; que ni Uribe Vélez ni ninguno de los anteriores ministros de defensa - Marta Lucía Ramírez, Jorge Alberto Uribe y Camilo Ospina - habían hecho nada al respecto. Nada más contrario a la verdad.

El respeto a los derechos humanos – no podía ser de otra forma – estaba en el centro de la Seguridad Democrática del Presidente Uribe, porque, como explícitamente se reitera en el documento marco PDSD de 2003:

“Los derechos humanos son fundamento y razón de ser del ordenamiento constitucional. Su vigencia requiere ante todo de la plena soberanía democrática y de la capacidad del Estado de hacer prevalecer el orden jurídico en todo el territorio”[1].

El imperio de derechos humanos de todos los ciudadanos requería el ejercicio eficiente de la autoridad del estado, pero eso no podía hacerse a expensas de los derechos humanos de los mismos de los insurgentes a los que se buscaba someter a esa autoridad:

“Requerimos eficacia con transparencia. Eficacia, que se mide en resultados, y transparencia, que se mide en la observancia de los derechos humanos. Tenemos la suerte en Colombia de contar con una Fuerza Pública respetuosa como ninguna en el continente de la democracia y del orden constitucional”[2].

El respeto a los derechos humanos de los insurgentes definía pues el marco de actuación de las fuerzas armadas y no se consentía ningún abuso de parte de sus integrantes:

“Todas las actuaciones del Gobierno se darán dentro del marco de las normas jurídicas. Habrá una observancia rigurosa de los derechos humanos y un estricto acatamiento del Derecho Internacional Humanitario, como lo exigen la Constitución y la ley. Cualquier violación o abuso de los derechos humanos que cometa un miembro de la Fuerza Pública o de cualquier otra entidad del Estado será sancionado sin vacilaciones en la vía disciplinaria y la penal si a ello hubiera lugar. La Seguridad Democrática tiene como supuesto esencial la legitimidad de las instituciones frente a los ciudadanos y a la comunidad. Esa legitimidad depende de la aplicación de estos principios y del estricto cumplimiento de la ley por parte del Estado”[3]

Con relación a la actuación de la tropa, no se contemplaban medidas exclusivamente punitivas. La PDSD ordenaba su capacitación en derechos humanos y en derecho internacional humanitario:

“Se continuarán los exitosos programas de capacitación de los miembros de la Fuerza Pública en derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario”[4].

Así pues, todas las actuaciones de Santos para promover el respeto a los derechos humanos se hacen en cumplimiento de su deber constitucional y, específicamente, en desarrollo de lo dispuesto en la PDSD, como lo habían hecho todos los ministros anteriores.

Más que curioso resulta sospechoso que el olvido de los principios orientadores la Política de Seguridad Democrática provenga de alguien quien como Santos escribió lo siguiente:

“El presidente Uribe ha sido particularmente claro en este tema cuando diferencia la Política de Seguridad Democrática que él ha implementado durante su gobierno de la Doctrina de Seguridad Nacional que, con dolorosos y vergonzosos resultados, se aplicó en las dictaduras militares de los años setenta y ochenta en varios países de América Latina, bajo el pretexto de combatir el comunismo. La palabra ‘democrática’ en su política no sólo significa que la seguridad debe ser para todos sin distingos: para la oposición política, para los periodistas, para los defensores de derechos humanos, para los indígenas, para las comunidades afrocolombianas, para las mujeres, para los niños, para los extranjeros, para los sindicalistas, para todos y cada uno de los habitantes del suelo colombiano, sino también que la seguridad debe buscarse dentro de la Constitución y las leyes. El presidente también insistió desde un principio en que la eficacia que debían tener nuestras Fuerzas Armadas contra los violentos debía estar acompañada de una absoluta transparencia”[5]

Esta cita es tomada del libro de Santos “Jaque al terror”, del capítulo titulado “Una política modelo para el mundo”, dedicado a la Política de Seguridad Democrática.

Muchas fueron las cosas que en su declaración olvidó Santos. He aquí otros ejemplos.    

En 2004 y 2005, antes de la llegada de “Adán Santos”, se capacitaron en derechos humanos 1000 líderes de la fuerza pública, se entregaron 72 oficinas y bibliotecas de DDHH en instalaciones del ejército, se capacitaron 50 expertos militares y 80 docentes especializados en DDHH y DIH para entrenar e impartir cursos a la tropa, en fín, se distribuyó abundante material de instrucción – videos, material didáctico, etc. – y se construyeron pistas de derechos humanos en instalaciones del ejército y la armada[6].

También antes de que llegara Santos se adoptaron fuertes disposiciones para prevenir abusos contra los derechos humanos.

Prácticamente desde el principio de su mandato, el Presidente Uribe impartió la instrucción de que los cuerpos de los terroristas dados de baja en enfrentamientos con el Ejercito no fueran movidos antes que llegara al sitio de los hechos de un fiscal o un funcionario judicial civil que se encararía del levantamiento del cadáver[7].

Más tarde, cuando Camilo Ospina oficiaba como Ministro de Defensa, después de la masacre de Jamundí, donde en confuso enfrentamiento murieron bajo el fuego del Ejército varios funcionarios de la DIJIN que adelantaban un operativo contra el narcotráfico, se dispuso que la Fiscalía se ocupara de la investigación, instrucción y calificación de los procesos para cualquier delito cometido por militares en actos de servicio o no[8]. Esto se materializó mediante un convenio interadministrativo suscrito entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía, que estaba vigente cuando “Adán Santos” llegó al ministerio. De hecho, todos los procesos de militares incursos en delitos de los que él se ufana se hicieron en el marco de ese convenio.

En su declaración, fiel a su inclinación de desconocer las actuaciones de los demás y de apropiarse de los méritos ajenos, Santos ignora los puntos destacados y, en general, la labor toda de los anteriores ministros de defensa en materia de derechos humanos.  

Lo expuesto se sintetiza en los siguientes tres puntos:

i)             El respeto a los DDHH y el acatamiento del DIH eran compontes centrales de la Política de Defensa y Seguridad Democrática expedida en 2003 y que rigió las actuaciones del Ministerio de Defensa durante los dos gobiernos de Uribe Vélez.

 

ii)            Tanto Santos como quienes lo antecedieron en el Ministerio de Defensa adelantaron acciones para promover entre la tropa la cultura de respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

 

iii)           Antes de Santos, para prevenir y sancionar abusos contra los derechos humanos, se dispuso que levantamiento de los cadáveres de terroristas dados de baja en combate fuera realizado por autoridades civiles y que los delitos cometidos por militares en actos de servicio fuesen investigados, instruidos y calificados por la Fiscalía.

Por tanto, puede afirmarse que Santos miente al sostener que Uribe Vélez no daba importancia a los derechos humanos y que la política de respeto y defensa de los derechos humanos en las actuaciones de la Fuerza Pública empezó con su llegada a ministerio.

LGVA

Junio de 2021.



[4] Presidencia de la República – Ministerio de Defensa (2003). Política de defensa y seguridad democrática 2003. Página 39.

 

[5] Santos, JM (2009). Jaque al terror: los años horribles de las Farc. Editorial Planeta, Bogotá, 2009. Páginas 310-311.

[7] Uribe Vélez (2012). No hay causa perdida. CELEBRA – PEGUIN BOOKS. New York, 2012. Página 246.

 

miércoles, 16 de junio de 2021

Las mentiras Santos y la verdad de Uribe (I)

 

 

Las mentiras Santos y la verdad de Uribe (I)

 

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

 

La declaración del expresidente Juan Manuel Santos ante la Comisión de la Verdad, cuyo texto completo reproduce El País de España, en su edición digital del 11 de junio[1],  es un documento mentiroso que debe además tener un propósito avieso en el marco de la guerra jurídica desatada contra Uribe Vélez.

Son tres las mentiras articuladas que Santos se esfuerza por hacer aparecer como verdad:

i)             Uribe estaba empeñado en la derrota militar de las Farc con exclusión de cualquier posibilidad de negociación.  

ii)            Empeñado una solución estrictamente militar, Uribe no daba importancia alguna a los derechos humanos.

iii)           Por su desdén por los derechos humanos, Uribe fue indolente frente al asuntos de los “falsos positivos”, que incluso fueron estimulados por su presión por resultados. 

En esta nota se desmontará la primera mentira, de las otras dos se tratará en posteriores entregas.

 Afirma Santos:

“Si bien el documento de la Política de Defensa y Seguridad Democrática de 2003 dejaba una puerta abierta a la negociación, Uribe en realidad pretendía acabar militarmente a las Farc, quería una derrota total. Nunca quiso ni siquiera reconocer la existencia de un conflicto armado; los guerrilleros para él eran unos simples narcotraficantes y terroristas”.

Esa afirmación, y Santos lo sabe, va en contravía de lo consignado en la Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD), expedida el 16 de junio de 2003 y que rigió las actuaciones del Ministerio de Defensa durante los dos gobiernos de Uribe Vélez. Allí se lee lo siguiente:

“El Gobierno Nacional mantiene abierta la puerta a una negociación con aquellos que se decidan a participar en la vida democrática, con la condición de que cumplan un estricto cese de hostilidades. Así disminuirá la violencia y se asegurará el respeto a los derechos humanos. Por ello, la consigna del Gobierno es: urgencia para el cese de hostilidades, paciencia para la negociación y el desarme. Quienes se reintegren a la sociedad y la vida democrática tendrán todas las garantías para ejercer la política que merece el disidente dentro de la democracia”[2].

Contrariamente a lo que afirma Santos, la apertura a una negociación con la guerrilla, condicionada al cese de hostilidades y de las acciones terroristas, ha sido una posición mantenida por Uribe Vélez a lo largo de toda su vida política no solo en declaraciones y documentos públicos sino también en sus actuaciones como gobernante, como ocurrió durante su exitoso desempeño en la Gobernación de Antioquia entre 1995 y 1997.

A mediados de los noventa, las Farc rechazaron la negociación con el gobierno de Samper, por considerarlo ilegítimo, y reclamaron la realización de diálogos regionales, como condición para poner término a sus acciones violentas.  Con la autorización de Samper y su ministro Serpa, Uribe Vélez propuso a las Farc, por intermedio de la Comisión Facilitadora de Antioquia, adelantar ese diálogo en la región de Urabá. Las Farc rechazaron lo que habían pedido con insistencia. En su momento Uribe expresó lo siguiente:

“No obstante la falta de voluntad de la guerrilla, es deber del gobierno y de la sociedad no desfallecer en la búsqueda del diálogo y la negociación”[3]

En ese mismo texto de diciembre de 1997 – elocuentemente titulado “Ganar la paz derrotando políticamente a los guerreristas” – se encuentra esta frase que sintetiza sin ambigüedad la posición de Uribe:

“El ideal es ganar la paz con la derrota política de la guerrilla y la solución negociada, pero es necesario contar con los medios y la actitud para propinarle a la guerrilla una derrota de autoridad”[4].

Pretende Santos que por el hecho de Uribe calificar a las Farc de narcotraficantes y terroristas – que lo eran y lo son – excluía la posibilidad de diálogo. En un discurso fundamental durante la campaña presidencial de 2002, en el que expuso la política de seguridad democrática, entendida como “autoridad eficaz que contenga y disuada a los violentos”, Uribe Vélez expresó lo siguiente:

“Esa política de seguridad necesita también el diálogo, pero el diálogo útil. El País no puede hoy, por la necesidad que tenemos de enfrentar el terrorismo, abandonar la perspectiva del diálogo. Hay que mantener abiertas las puertas de manera seria y eso exige notificar permanentemente, ojalá a través de la comunidad internacional, al movimiento insurgente, que estamos ansiosos de diálogo, pero que deben abstenerse de acciones terroristas y decretar y poner en práctica el cese de hostilidades”[5]

Ya como presidente, sin dejar de adelantar la política de seguridad democrática, Uribe buscó la negociación con la Farc.

En 2018 la revista Semana, con el aparente propósito de menoscabar la oposición de Uribe al Acuerdo de La Habana, reveló el llamado Informe Génesis que daba cuenta de los acercamientos que buscó Uribe con las FARC en 2004 por intermedio de Angelino Garzón, entonces gobernador del Valle del Cauca[6].

¡Valiente primicia! En su libro “No hay causa perdida”, publicado en 2012, Uribe había ya contado ese cuento:

“A pesar de todos nuestros progresos y de la voluntad política que nos animaba, la capacidad de los grupos armados seguía siendo formidable. Las FARC rechazaron nuestra oferta de conversaciones y continuaron masacrando soldados y personas inocentes con la misma dosis de crueldad”[7]

Para abundar en detalles, léase lo siguiente:

“Por fin, el 30 de diciembre de 2005 las FARC confirmaron oficialmente lo que ya era claro: no tenían ningún interés en las conversaciones. Con falsedad, declararon que nunca había recibido la propuesta de los mediadores internacionales y que Raúl Reyes, el segundo al mando de ese grupo, afirmó que nunca aceptaría un canje de secuestrados mientras yo fuera presidente.”[8]

Una más, especialmente importante puesto que se refiere a lo acontecido cuando Santos era ya ministro de defensa:

“A pesar de estos reveses, no nos dimos por vencidos. Diez meses más tarde aceptamos otro intento de entablar conversaciones. En octubre de 2006, poco después de ser reelegido como presidente, ofrecimos de nuevo retirar nuestras tropas de la zona que rodea a Florida y Pradera, dos municipios del suroriente colombiano, con el propósito de crear un corredor para que las FARC liberaran secuestrados. Esta propuesta la hicieron también los negociadores europeos, quienes aseguraron que las FARC habían acordado liberar por lo menos un secuestrado. Abrimos el corredor, pero nadie llegó, y unos pocos días después un terrorista de las FARC vestido como oficial de la Marina hizo explotar una camioneta contra una escuela militar en el norte de Bogotá”[9]

Lo expuesto se resume en tres puntos:

i)             La búsqueda de negociación con la guerrilla era un componente fundamental de la Política de Defensa y Seguridad Democrática.

ii)            A lo largo de toda su vida política, como puede evidenciarse en múltiples documentos, Uribe defendió la negociación con la guerrilla, condicionada al cese de hostilidades y de las acciones terroristas.

iii)           Como gobernador, primero, y, luego, como presidente, Uribe adelantó acciones y permitió gestiones para iniciar conversaciones con las FARC.

Por tanto, puede afirmarse que Santos miente cuando sostiene que Uribe buscaba la derrota militar total de las FARC excluyendo cualquier negociación.

LGVA

Junio de 2021.



[2] Presidencia de la República – Ministerio de Defensa (2003). Política de defensa y seguridad democrática 2003. Página 23.

 

[3] Uribe Vélez (2002). Del escritorio de Uribe: selección de textos. Instituto de estudios liberales de Antioquia (IELA), Medellín, abril de 2002. Página 57.

 

[5] Uribe Vélez (2002). Página 277.

 

[7] Uribe Vélez (2012). No hay causa perdida. CELEBRA – PEGUIN BOOKS. New York, 2012. Página 191.

 

[9] Uribe Vélez (2012). Página 226.