Las
mentiras Santos y la verdad de Uribe (y III)
Luis
Guillermo Vélez Álvarez
Economista
En las dos entregas anteriores[1],
dedicadas al examen de las declaraciones del expresidente Juan Manuel Santos
ante la Comisión de la Verdad, se establecieron, debidamente documentadas, las
siguientes conclusiones:
1.
La
búsqueda de negociación con la guerrilla era un componente fundamental de la
Política de Defensa y Seguridad Democrática.
2.
A
lo largo de toda su vida política, como puede evidenciarse en múltiples
documentos, Uribe defendió la negociación con la guerrilla, condicionada al
cese de hostilidades y de las acciones terroristas.
3.
Como
gobernador, primero, y, luego, como presidente, Uribe adelantó acciones y
permitió gestiones para iniciar conversaciones con las FARC.
4.
El
respeto a los DDHH y el acatamiento del DIH eran compontes centrales de la
Política de Defensa y Seguridad Democrática expedida en 2003 y que rigió las
actuaciones del Ministerio de Defensa durante los dos gobiernos de Uribe Vélez.
5.
Tanto
Santos como quienes lo antecedieron en el Ministerio de Defensa adelantaron
acciones para promover entre la tropa la cultura de respeto a los derechos
humanos y al derecho internacional humanitario.
6.
Antes
de Santos, para prevenir y sancionar abusos contra los derechos humanos, se
dispuso que levantamiento de los cadáveres de terroristas dados de baja en
combate fuera realizado por autoridades civiles y que los delitos cometidos por
militares en actos de servicio fuesen investigados, instruidos y calificados
por la Fiscalía.
Con esto se desvirtúan dos de las mentiras de Santos
alrededor de las cuales gira toda su declaración: i) que el expresidente Uribe
estaba empeñado en la derrota militar total de las Farc y ii) que no daba
importancia a los derechos humanos.
Aquí se desvirtúa la tercera mentirosa insinuación según la
cual Uribe Vélez habría sido indolente frente a los “falsos positivos” y que,
incluso, los habría estimulado.
Al igual que en la parte de su declaración consagrada a los
derechos humanos, en la referente a los “falsos positivos”, Santos, al
describir las actuaciones del gobierno para poner término a esa aberrante práctica,
omite toda alusión al expresidente Uribe, como si este hubiera dejado de
existir, como si no hubiera estado al tanto de lo se estaba haciendo, como si
en este caso no se hubiera cumplido lo que el propio Santos recuerda en su
declaración: “Uribe era el presidente y yo su subalterno”.
Solo al final de su declaración, de manera por lo demás pérfida,
Santos hace alusión al presidente Uribe:
“No me cabe la menor duda de que el pecado original, lo que en el fondo dio pie para
estas atrocidades, fue la presión para producir bajas y todo lo que se tejió
alrededor de lo que muchos han llamado “la doctrina Vietnam”. Pero al mismo
tiempo, en honor a la verdad, tengo que decir que el presidente Uribe no se
opuso al cambio de esa nefasta doctrina, que él mismo había estimulado.
Nunca recibí una contraorden, ni fui desautorizado”[2].
Este párrafo es sorprendente, por decir lo menos. Santos, que
a lo largo de toda su intervención ha ilustrado con pelos y señales hasta la
más mínima sus actuaciones sobre derechos humanos y “falsos positivos”, no
aporta ninguna prueba documental o testimonial sobre el “pecado original” ni sobre
el supuesto “estímulo” de Uribe a su comisión. Y no lo hace porque no puede
hacerlo, porque carece de esos documentos y testimonios, en fín, porque él
mismo reconoció, en su publicitado libro “Jaque al terror”, que Uribe estuvo al
frente de las actuaciones emprendidas por el gobierno para combatir y terminar los
“falsos positivos”. Esto fue lo que escribió Santos:
“El presidente de la República, el ministerio a mi cargo y
los altos mandos militares respondimos con precisión y firmeza, y sin ocultar
nada. Todo lo contrario, nuestro empeño fue el de descubrir la verdad, corregir
la situación y volverla irrepetible. Creo que en ello tuvimos éxito.”[3]
La más dura decisión del gobierno para combatir los “falsos
positivos”, el llamado a calificar servicios a 27 miembros del ejército, fue la
tomada en la noche de 28 de octubre de 2008. Fiel a su costumbre de encargarse personalmente
de comunicar las malas noticias y dejar a sus subalternos la comunicación de
las buenas, en la mañana del 29, el presidente Uribe informó a la Nación esa “decisión
dolorosa pero necesaria”[4].
En la medida en que revelan que la posición del gobierno
sobre los “falsos positivos” estaba fundamentada en los conceptos de eficacia y
transparencia definitorios de la política de Seguridad Democrática, es importante
citar aquí, tal como las reproduce Santos en su libro, las declaraciones del
presidente Uribe en la rueda de prensa que siguió al anuncio de la baja de los
militares.
“El prestigio de las Fuerzas Armadas de Colombia, en el corazón
del pueblo y en la comunidad internacional, no puede mancharse por los delitos,
por las fallas administrativas que algunos integrantes cometan. Las Fuerzas
Armadas de Colombia tiene un buen ganado prestigio. Cuando hay violaciones a
los derechos humanos ese prestigio se enturbia. La política nuestra de Seguridad
Democrática es una política sostenible, como lo requiere Colombia, en la medida
en que sea eficaz y que sea transparente. La transparencia es la adhesión
rigurosa de esa política a los derechos humanos. No puede haber una sola
violación de los derechos humanos. Por eso nosotros no podemos permitir que se
confunda la eficacia en la lucha contra los delincuentes con la cobardía para
enfrentar a los delincuentes y la distorsión de eficacia, asesinando víctimas
inocentes. El gobierno tiene que ser totalmente riguroso en su insistencia, en
su exigencia de que esta política de seguridad les devuelva a los colombianos
plenamente la tranquilidad, de que sea eficaz y, al mismo tiempo, el gobierno
tiene que ser totalmente exigente de que esta política sea transparente, que no
haya ninguna duda sobre su transparencia”[5]
Entre el 8 y el 18 de junio de 2009 estuvo en Colombia el
experto Philip Alston, comisionado por el Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, con el mandato de “investigar los homicidios cometidos en
violación de las normas internacionales de derechos humanos o del derecho
humanitario”. El señor Alston llegó, entre varias, a esta conclusión:
“No he visto ninguna prueba que indique que la comisión de
esos homicidios formara parte de una política oficial o hubiera sido ordenada
por altos funcionarios del Gobierno”[6].
En su libro, Santos se refiere con aprobación al informe de Alston,
destacando que este reconoció que esos homicidios no podían calificarse como
política del gobierno o que hubieran sido dirigidos o llevados a cabo a
sabiendas del presidente o de sus ministros de defensa[7].
En julio de 2009, en intervención en el foro Tribuna Iberoamericana
en Madrid, Santos repudió la “práctica macabra de los falsos positivos”,
señalando al mismo tiempo que nunca había sido política de estado y que las
autoridades colombianas habían tomado las medidas contundentes para acabar con ella y
para que los responsables no quedaran impunes, por lo que podía considerarse ya
como un “capítulo cerrado.”[8]
Resulta muy sospechoso que Santos haya decidido reabrir ese “capítulo”,
sobre todo después de que la JEP hubiese tomado la iniciativa, inflando escandalosamente
la cifra de “falsos positivos”, váyase a saber con qué propósito protervo,
hasta hacerla llegar a 6.402, cifra que en su declaración acoge Santos, a pesar
de que el Ministerio de Defensa, cuando él era titular, reportó a Philip Alston
la cifra de 1.319. Ese informe recoge también la cifra de 2.276 aportada por
la Comisión Colombiana de Juristas, más elevada que la del Ministerio, pero muy
por debajo de la que saca del cubilete la JEP[9].
En fin, el CINEP, entidad cara al corazón del padre de Roux, habla de 941 casos
entre 1988 y 2011[10].
En síntesis:
i)
Los
principios de eficacia y transparencia propios de la política de Seguridad Democrática
hacían inadmisibles a cualquier título los homicidios extrajudiciales o falsos
positivos.
ii)
Los
falsos positivos no fueron nunca política de estado ni fueron estimulados,
llevados a cabo o a sabiendas del presidente Uribe o sus ministros de defensa.
iii)
El gobierno del presidente Uribe tomó las
decisiones necesarias para combatirlos, incluida la baja de 27 miembros del Ejército,
entre ellos tres generales.
Como Santos ha dado repetidas pruebas de tener una verdad
para cada momento y circunstancia, sus declaraciones ante la Comisión de la Verdad,
nada quitan ni ponen a su casi inexistente credibilidad. El reto aquí es para el
padre de Roux y sus compañeros de la Comisión, pues de acoger sin beneficio de
inventario el testimonio de Santos, la suya quedaría por el suelo.
LGVA
Junio de 2021
[1] https://luisguillermovelezalvarez.blogspot.com/2021/06/las-mentiras-santos-y-la-verdad-de.html
https://luisguillermovelezalvarez.blogspot.com/2021/06/las-mentiras-santos-y-la-verdad-de_18.html
[2] https://elpais.com/internacional/2021-06-11/declaracion-completa-de-juan-manuel-santos-ante-la-comision-de-la-verdad.html
[3] Santos,
JM. (2009). Jaque al terror: los años horribles de las Farc. Editorial
Planeta, Bogotá, 2009. Página 325.
[4] Uribe Vélez (2012). No hay causa
perdida. CELEBRA – PEGUIN BOOKS. New York, 2012. Página 246.
[5] Santos,
JM. (2009). Jaque al terror: los años horribles de las Farc. Editorial
Planeta, Bogotá, 2009. Páginas 321-322.
[6]
Alston, Philip (2010) Informe del Relator Especial sobre las
ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston. Naciones
Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Página 9.
[7] Santos, JM. (2009). Jaque al
terror: los años horribles de las Farc. Editorial Planeta, Bogotá, 2009.
Páginas 325.
[8]https://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/america_del_sur/colombia/juan_manuel_santos_calderon
[9]
Alston, Philip (2010) Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales,
sumarias o arbitrarias, Philip Alston. Naciones Unidas. Consejo de Derechos
Humanos. Página 10, nota 15.
[10]
Noche y Niebla, Caso tipo Deuda con la Humanidad 2, 23 años de
Falsos Positivos 1988- 2011, CINEP/PPP, 2011.
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