Debreu y el espejismo del mercado que nunca hemos tenido

 

Debreu y el espejismo del mercado que nunca hemos tenido

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

La teoría económica más rigurosa del siglo XX – el modelo de equilibrio general de Arrow y Debreu - demostró que un sistema de precios puede coordinar de manera eficiente millones de decisiones individuales sin necesidad de una autoridad central. La idea de Marx según la cual un sistema regido por la búsqueda del beneficio – maximización del valor de cambio a expensas del valor de uso – conducía al caos quedó sepultada definitivamente en 1959 en el hermoso libro Teoría del Valor de Gerard Debreu.

Las condiciones para la existencia de un mercado funcional son exigentes en la teoría, pero no es imposible aproximarse a ellas en la práctica. Basta echar una mirada a los índices de libertad económica de la Fundación Heritage o el Instituto Fraser para constatar que son más ricos, equitativos y ambientalmente sostenibles los países con derechos de propiedad bien definidos, competencia efectiva, información razonablemente disponible, cumplimiento de contratos, un marco institucional estable y, sobre todo, ausencia de violencia y coacción.

En Colombia la informalidad no es una anomalía marginal: millones operan por fuera de las reglas; la violencia, la coacción, la extorsión en campos y ciudades fragmentan los mercados, encarecen las transacciones y distorsionan las decisiones. La captura del Estado por intereses particulares erosiona la competencia y convierte la regulación en un instrumento de privilegio. Las llamadas “fallas de mercado” han sido sustituidas por “fallas del estado”, más nocivas y difíciles de erradicar porque benefician a importantes grupos de presión y a sus operadores políticos.

Aunque las propuestas de recortar el tamaño de gobierno son bienvenidas, no puede caerse en el anti estatismo simplista creyendo que el mercado funcional surgirá espontáneamente por el recorte de algunos ministerios, la supresión de trámites y la reducción de impuestos.  Sin seguridad, sin justicia, sin reglas claras, lo que puede emerger no es un orden competitivo sino un nuevo entramado de clientelismo, búsqueda de rentas y coerción violenta.

Un orden económico funcional requiere un Estado limitado, sí, pero al mismo tiempo fuerte en sus funciones esenciales. No un Estado empresario que pretenda dirigir la economía, sino un Estado garante que haga posible su funcionamiento: que proteja la vida y la propiedad, que haga cumplir los contratos, que asegure la competencia y que provea estabilidad normativa.

De cara a los desafíos de Colombia, esta perspectiva ofrece una vía distinta. El problema no es que el mercado haya fracasado, sino que nunca hemos creado las condiciones para que exista plenamente. La tarea, entonces, no es reemplazarlo, sino hacerlo posible, empezando por enfrentar el enorme problema en el que estamos metidos como país.

Al amparo de la farsa de La Habana, de Santos, continuada por la paz total, de Petro; nuestra precaria democracia política y nuestra exigua libertad económica enfrentan la amenaza existencial de un totalitarismo comunista que combina todas las formas de lucha y, hecho nuevo, controla ya parcelas fundamentales del aparato del estado, creando poder dual, que, como enseña Lenin en artículo titulado justamente El poder dual, es el paso previo a la toma total del poder.

LGVA

Abril de 2026.

Raponazo anunciado a la autonomía del emisor

 

 

Raponazo anunciado a la autonomía del emisor

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

La asamblea constituyente de 1991 fue la gran piñata de los “derechos sociales”. Pletóricos de altruismo, los asambleístas de todos los partidos se complacieron unos a otros y, con una ligereza conceptual sorprendente, convirtieron en derechos toda clase de necesidades, como si el acto de consagrarlas en la Constitución bastara para hacerlas realidad. Aquella expansión retórica del catálogo de derechos tuvo, sin embargo, un contrapeso decisivo.

Rodrigo Lloreda Caicedo, al frente de la Comisión Sexta de Asuntos Económicos, comprendió con claridad las implicaciones fiscales y monetarias de ese impulso desbordado. Sabía que un Estado obligado a prometerlo todo terminaría tentado a financiarlo de cualquier manera. Por ello logró introducir los artículos 371, 372 y 373, que consagraron la autonomía del Banco de la República. Esa decisión, en apariencia técnica, ha sido en realidad una de las más importantes salvaguardas institucionales de la estabilidad económica del País.

Dichas disposiciones establecieron que el manejo monetario, cambiario y crediticio quedaría en manos de la Junta Directiva; que el Banco tendría autonomía administrativa, técnica y financiera; que su Junta estaría integrada por expertos; que su función primordial sería preservar el poder adquisitivo de la moneda; y que el crédito directo al gobierno quedaría prácticamente proscrito. Se trató, en suma, de blindar la política monetaria frente a la voracidad fiscal.

Los resultados fueron evidentes. A partir de una inflación del 33% en 1990, el País logró, en las décadas siguientes, reducirla a niveles entre 2% y 4% anual. La credibilidad del emisor y la disciplina monetaria permitieron anclar expectativas y estabilizar la economía. Sin embargo, esa independencia nunca fue absoluta.

La política monetaria solo puede operar plenamente si la política fiscal no la desborda. Cuando el gasto público supera el 35% del PIB y la deuda del gobierno absorbe el 85% del mercado de renta fija, como ocurre hoy, la autonomía del banco central se vuelve frágil. En ese contexto, el control de la inflación recae casi exclusivamente en el encarecimiento del crédito al sector privado.

El mecanismo es conocido: el banco central eleva sus tasas, encarece el crédito a los bancos privados, y estos, a su vez, trasladan ese mayor costo a empresas y hogares. La consecuencia es una contracción del crédito, una reducción de la demanda nominal y, finalmente, una moderación en el aumento de los precios. Es un instrumento eficaz, pero social y políticamente costoso.

Cuando el ajuste recae sobre el sector privado y el gobierno se muestra incapaz o renuente a corregir el déficit, surge la presión por intervenir el emisor: bajar tasas artificialmente, relajar las condiciones de crédito o, en el extremo, financiar directamente el gasto público. Todo ello bajo el pretexto de reactivar la economía o aliviar a los deudores. 

La intención de convertir el Emisor en un banco de fomento para financiar, entre otras cosas, la tal transición energética, estaba ya anunciada en el Plan de Desarrollo. Petro no ha hecho nada que no hubiese advertido en su programa de gobierno o su autobiografía, documentos que nadie parece haber leído.   

LGVA

Abril de 2026.

Anexo

Política monetaria en una lección

Tenía que llegar el día en que Petro lanzara el más brutal ataque contra la autonomía del Banco de la República y la política monetaria centrada en el control de la inflación. Los 3 artículos que la consagran son el ancla de la estabilidad macroeconómica en un país con una Constitución llena de “derechos sociales”, que son el germen del asistencialismo, el gasto público desaforado y déficit fiscal practicados por todos los gobiernos y aceptados como algo normal por la mayor parte de los economistas. Por ello, tal vez no sea inútil una breve explicación de la política monetaria practicada por el Banco. 

Cuando sube el precio de un bien o servicio cualquiera ello es resultado de una demanda excesiva con relación a la oferta en un momento y un lugar determinados. El alza del precio hace que algunos demandantes se retiren y, más adelante, que aumente la oferta disponible.

La inflación es un aumento generalizado y persistente de los precios de todos o la mayoría de bienes y servicios, resultante también de un exceso de demanda nominal. El problema es que en este caso la demanda nominal excesiva resulta de un gasto público excesivo con relación al recaudo tributario y/o de una expansión excesiva del crédito nominal a las empresas y los hogares.

Cuando se presenta la situación descrita, la capacidad de respuesta de la economía de aumentar la oferta de todos los bienes y servicios en el corto plazo puede ser muy limitada, porque hay poco desempleo o poca capacidad productiva ociosa. Esto significa que la única forma de frenar o desacelerar el alza de precios es restringiendo la demanda nominal.

Si el gobierno no quiere o no puede reducir el déficit fiscal, el único mecanismo para reducir la demanda nominal es obligar a los bancos a elevar los intereses de los créditos a las empresas y los hogares. Esto se hace encareciendo el crédito que el banco central otorga a los bancos privados.

La capacidad de un banco privado está limitada por el monto de reservas en moneda legal que debe tener en todo momento, el cual depende a su turno del crédito que le otorga el banco central. Cuando el banco central sube la tasa de interés a las que les otorga crédito, los bancos privados, pronto o tarde, se ven obligados a subir las tasas a la cuales prestan a sus clientes, pues de lo contrario incurrirían en pérdidas. 

Necesariamente, algunos de los clientes dejarán de demandar créditos y otros reducirán su volumen. Como el crédito se demanda para comprar bienes y servicios, su reducción, que se expresa en reducción de los depósitos en cuentas corrientes y de ahorros, implica una reducción de la demanda nominal y de esta forma una menor alza de precios.

El descrito es el mecanismo de transmisión de la política monetaria. El tiempo que trascurre entre el alza de la tasa de interés del banco central y su efecto sobre los precios es el lag o retraso de la política monetaria.

LGVA

Abril 2026. 

Todas las formas de lucha

 

Todas las formas de lucha

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

Combinando todas las formas de lucha llegaremos al poder. Durante décadas, esa fue la consigna que resumía la estrategia del Partido Comunista Colombiano (PCC)[1]. Se refería a la lucha armada, a cargo de las FARC, y a la lucha política abierta y electoral, a cargo del PCC y la Juventud Comunista Colombiana (JUCO), en la que Iván Cepeda se inició en la política, vendiendo, dice, “Voz Proletaria”.

Muchos creyeron que esa lógica había quedado atrás. Las negociaciones de paz, la participación electoral y la incorporación de la retórica democrática a su discurso parecían indicar que, los comunistas colombianos, habían emprendido, como sus pares de otros países, una transición definitiva hacia la competencia institucional. Pero la realidad reciente sugiere algo distinto: no la desaparición de aquella estrategia, sino su adaptación y la incorporación a su arsenal de otras formas de lucha como los diálogos de paz permanentes, el fraude electoral a gran escala y la guerra judicial. 

El asesinato de Miguel Uribe Turbay por la Nueva Marquetalia es prueba reina de que la lucha armada, incluida la liquidación del oponente, sigue siendo parte fundamental del arsenal de los comunistas y de su utilización articulada con otros de sus componentes. Si Marquez y Santrich no hubiesen sido liberados con la colaboración determinante de Iván Cepeda, Miguel Uribe estaría vivo.  

Por otra parte, Cepeda no sería hoy candidato de la izquierda si no hubiese dirigido, con inagotable tenacidad y paciencia, la siniestra persecución judicial de la que fue víctima el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Aunque el caso se cerró con la libertad del expresidente, para Cepeda fue una victoria política que le permitió imponerse a Bolívar, Quintero y Barreras, a quienes él, un marxista estructurado en la mejor tradición estalinista, seguramente ve como meros charlatanes.

Porque la aparición de Cepeda como candidato presidencial viable es un hito en la historia de los comunistas colombianos[2]. Desde su fundación, por Ignacio Torres y María Cano, bajo en nombre de Partido Socialista Revolucionario (PSR)[3], el comunista ha sido un partido pequeño pero influyente, especialmente en el partido liberal[4]. Tuvo gran incidencia en el gobierno de López Pumarejo y en la reforma constitucional de 1936, que introdujo fuertes limitaciones al derecho de propiedad. El reformismo agrario, la veneración por las mal llamadas empresas públicas, el nacionalismo étnico y la fe en el estado asistencialista que históricamente han infestado a prácticamente todos los partidos políticos colombianos, proceden en gran medida del ideario comunista.

A los comunistas, eso lo sabe bien Cepeda, no les preocupa ser un partido de masas, han querido ser siempre un partido de militantes que se constituya como la vanguardia del proletariado.  Hoy lo han logrado: a pesar de ser minoría, dominan el Pacto Histórico y su discurso domina aún la conversación política colombiana, a pesar de los atisbos de liberalismo. Todavía, querida Jerome, hay mucho Marx y poco Hayek. 

Si con Petro estamos mal, con Cepeda será mucho peor: si combinando todas las formas de lucha llega al poder, no dudará en seguir haciéndolo para mantenerse en él.

LGVA

Marzo de 2026.

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[1] La estrategia de la combinación de todas las formas de lucha fue adoptada en 1961 por IX Congreso del PCC. Entonces era miembro del Comité Central Luis Morantes, alias Jacobo Arenas, quien tres años más tarde sería el máximo dirigente de las FARC al lado de Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda.

 

[2] En 1934, el PCC lanza la candidatura presidencial de Eutiquio Timoté, indígena de la etnia de los pijaos, hasta Cepeda el único militante comunista en aspirar a la presidencia.   

 

[3] El Partido Socialista Revolucionario fue fundado en 1926. En 1930 adopta el nombre de Partido Comunista Colombiano sección de la III Internacional Comunista dirigida desde la Unión Soviética.

 

[4] No es un hecho meramente anecdótico el que los hermanos de dos presidentes del Frente Nacional – Alberto Lleras Camargo y Guillermo León Valencia – Felipe y Álvaro Pio, respectivamente, hayan estado vinculados al Partido Comunista. Felipe militó en el PSR antes de vincularse al Partido Liberal en el ala de izquierda liderada por Jorge Eliécer Gaitán.  Álvaro Pio, tío abuelo de Paloma la candidata del Centro Democrático, se afilió al Partido Comunistas en 1933. En 1938 entregó sus tierras a los indígenas Misak.

Democracia en riesgo

 

Democracia en riesgo

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

En todas las encuestas el candidato del totalitarismo comunista muestra consistentemente la más elevada intención de voto en primera vuelta y resulta vencedor, cualquiera sea el oponente, en segunda. Que parezca estancado alrededor de 35% y que la suma de los porcentajes de sus oponentes supere esa cifra es un magro consuelo que no puede hacernos ignorar el extremo riesgo en que estamos de perder la democracia.

 

Ese 35% equivale ya a unos 8,5 millones de votos: prácticamente los mismos que obtuvo Petro en la primera vuelta de 2022. Los votos clientelistas de los partidos Liberal, Conservador, de la U, MIRA y otros menores pueden inclinar la balanza en segunda vuelta, como ocurrió hace cuatro años.

 

Colombia avanza deliberada y conscientemente hacia el abismo. ¿Cómo explicarlo? No basta con invocar errores de campaña o fragmentación de la oposición. Hay factores más profundos.

 

El primero es la fascinación que, como advirtió Popper, ejercen las ideas totalitarias sobre amplios sectores que se sienten desprotegidos en una sociedad abierta y competitiva. El llamado de la tribu.  El segundo, la hegemonía de las ideas socialistas entre académicos, intelectuales y periodistas. Durante décadas, estas élites han moldeado el clima de opinión presentando el estatismo como sinónimo de justicia y el mercado como fuente de inequidad. Finalmente, como lo señaló Stuart Mill, el gobierno representativo difícilmente prospera cuando hay amplios contingentes de votantes pobres vulnerables a la demagogia, a las promesas inviables y a la manipulación emocional.

 

Convergen cinco fuerzas que empujan en la misma dirección: los comunistas doctrinarios, liderados hoy por alguien de su entraña; los pobres, impulsados por una eficaz combinación de demagogia y coacción; los ilusionados semi-educados, que creen en soluciones mágicas; los corruptos con sus clientelas, siempre dispuestos a negociar el poder por prebendas y las bandas narcoterroristas, que en los territorios bajo su control obligarán a votar por quien sienten como uno de los suyos.

 

Existe otra Colombia —silenciosa y dispersa— que puede inclinar la balanza si logra ser convocada. Es la clase media que trabaja, ahorra y paga impuestos; los abstencionistas que han renunciado a la política por hastío; los trabajadores independientes que sobreviven sin subsidios ni privilegios; los pequeños y medianos empresarios que generan empleo en medio de la incertidumbre.

 

Hay, además, un hecho nuevo que no debe subestimarse: por primera vez en mucho tiempo, el anti estatismo ha entrado sin complejos en el debate político. La defensa de la libertad económica, antes marginal o vergonzante, empieza a encontrar voz y eco. A ello se suma un contexto internacional cada vez más crítico del intervencionismo y más receptivo a las ideas de mercado, lo cual refuerza la legitimidad de un viraje en esa dirección.

 

El curso de acción es claro: unificar el mensaje en defensa de la libertad económica y el orden institucional y hablarles directamente a esos sectores con un lenguaje claro, sin tecnicismos ni complejos. No se trata de prometer, sino de advertir; no de seducir con ilusiones, sino de convocar con realismo. La democracia no se salvará sola.

 

LGVA

Marzo de 2025

El resguardo: ineficiencia económica e injusticia moral

 

El resguardo: ineficiencia económica e injusticia moral*

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

Cada vez que veo las mujeres y niñas indígenas mendigando en las calles, cada vez que veo a los varones agrediendo e intimidando a sus conciudadanos, bloqueando carreteras, atacando soldados y policías, reclamando el pago de una imaginaria deuda histórica pienso que el gran fracaso de nuestra sociedad es el haber negado la ciudadanía plena a quienes hoy representan el 6% de la población, es el haberlos dejado prisioneros de los resguardos. 

Durante mucho tiempo se ha presentado el resguardo indígena como una institución respetable, casi sagrada. Quien se atreve a cuestionarlo es acusado de ignorancia histórica o de falta de sensibilidad cultural. Pero esa visión romántica no resiste un examen serio ni desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista moral.

En primer lugar, el resguardo es una institución profundamente ineficiente.

La evidencia es clara: las regiones donde la población indígena vive mayoritariamente bajo el régimen de resguardo presentan, de manera sistemática, menores niveles de ingreso, mayor pobreza y mayores porcentajes de necesidades básicas insatisfechas. Esto no es una coincidencia. Es el resultado lógico de un sistema de propiedad colectiva y no enajenable que impide a los individuos disponer libremente de la tierra.

Si una persona no puede venderla, arrendarla, hipotecarla o usarla como garantía, esa tierra deja de ser un activo económico pleno. No puede integrarse al mercado, no puede atraer capital, no puede facilitar la especialización productiva. El resultado inevitable es baja productividad y pobreza persistente.

El economista peruano Hernando de Soto explicó hace décadas que la pobreza persistente en muchos países no se debe a la falta de activos, sino a la imposibilidad de transformar esos activos en capital productivo. Cuando la propiedad no es plenamente transferible ni utilizable en el mercado, queda atrapada en lo que De Soto llamó capital muerto.

Pero el problema del resguardo no es solamente económico. Es también un problema moral.

El economista y filósofo libertario Murray Rothbard, en su obra La ética de la libertad, sostiene que la base de toda sociedad libre es el principio de autopropiedad: cada individuo es dueño de sí mismo, de su trabajo y del fruto de ese trabajo. Nadie tiene derecho a disponer de la vida o de la actividad de otro.

Cuando se niega a una persona el derecho a decidir cómo usar su trabajo, su tiempo y su propiedad, se está violando ese principio fundamental.

Y eso es precisamente lo que ocurre en el sistema de resguardos.

El indígena que vive dentro de ese sistema no puede decidir libremente sobre la tierra que trabaja, ni integrarse plenamente a la economía moderna, ni disponer de ese activo para mejorar su condición. La tierra no es suya; pertenece colectivamente a una estructura institucional que limita su libertad económica.

Pero las consecuencias morales del sistema van aún más lejos. En muchos resguardos las estructuras comunitarias concentran el poder en manos de autoridades tradicionales o de élites locales que controlan la tierra, el acceso a los recursos públicos y las decisiones colectivas. En ese contexto, las mujeres y los niños suelen ocupar el lugar más vulnerable: trabajan en actividades agrícolas, en mingas obligatorias o en labores domésticas sin autonomía real ni posibilidad de defender plenamente sus derechos individuales. La retórica de la “comunidad” termina ocultando relaciones de poder profundamente desiguales en las que los más débiles —especialmente mujeres y menores— soportan las cargas del trabajo mientras otros administran el poder y los recursos.

Desde este punto de vista, el resguardo no es solamente una institución ineficiente: es una institución que restringe la libertad individual.

Se presenta como una forma de protección cultural, pero en la práctica funciona como un sistema de tutela permanente. A los indígenas se les trata como a menores de edad: se les protege, se les subsidia, se les reserva representación política, pero al mismo tiempo se les niega la posibilidad de actuar plenamente como ciudadanos libres.

Y cuando a una persona se le niega el control sobre su trabajo y sobre los recursos con los que produce, el resultado final es siempre el mismo: dependencia.

Dependencia del Estado.
Dependencia de líderes políticos.
Dependencia de intermediarios y organizaciones que administran recursos en su nombre.

La historia del resguardo confirma esta realidad. Fue una institución creada en el siglo XVI por la Corona española no para garantizar la libertad indígena, sino para organizar y controlar una población tributaria.

Tras la Independencia, dirigentes republicanos consideraron que ese sistema era incompatible con la idea moderna de ciudadanía. Entre ellos estuvo el Libertador Simón Bolívar, quien impulsó medidas orientadas a disolver o repartir resguardos en varias regiones con el propósito de integrar a los indígenas a la condición de ciudadanos propietarios.

La lógica era sencilla: una república de hombres libres no podía sostener instituciones coloniales que mantenían a una parte de la población bajo tutela colectiva.

Por eso el debate sobre el resguardo no puede reducirse a una discusión cultural o identitaria. Es, en el fondo, una discusión sobre la libertad.

Y en una sociedad verdaderamente libre no puede haber ciudadanos de primera categoría —con plenos derechos de propiedad— y ciudadanos de segunda categoría, a quienes se les niega esa posibilidad en nombre de la tradición o de la protección.

Por eso resulta tan reveladora la decisión de Iván Cepeda Castro de escoger como fórmula vicepresidencial a Aída Quilcué.

Esa decisión no es solamente una alianza electoral. Es una señal política. Refleja una visión de país en la que la lógica del resguardo —la tutela colectiva sobre la libertad individual— podría extenderse al conjunto de la sociedad.

Un país organizado como un gran resguardo: dependiente del Estado, fragmentado en identidades colectivas y con ciudadanos cada vez menos libres para decidir sobre su propio destino.

Colombia necesita exactamente lo contrario.

Necesita más libertad individual, más derechos de propiedad y más mercados libres para todos los ciudadanos, incluidos los indígenas.

Porque la verdadera dignidad no consiste en vivir protegido dentro de un sistema de tutela permanente.

La verdadera dignidad consiste en ser libre para trabajar, producir, elegir y prosperar. Y también para cometer errores y asumir sus consecuencias.

El verdadero respeto por los pueblos indígenas no consiste en encerrarlos en instituciones coloniales ni en convertirlos en beneficiarios permanentes de subsidios. El verdadero respeto consiste en reconocerles lo mismo que a cualquier otro ciudadano: la plena propiedad de sí mismos, de su trabajo y de los frutos de ese trabajo.

Como explicó Murray Rothbard, una sociedad justa comienza cuando cada individuo es dueño de su propia vida.

Por eso la pregunta que Colombia debe hacerse es muy simple:

¿Queremos una sociedad de ciudadanos libres o una sociedad de comunidades tuteladas?

La experiencia histórica de varias regiones del país sugiere una respuesta clara. Allí donde la tierra pudo convertirse en propiedad individual y transferible surgieron comunidades de pequeños propietarios, trabajadores independientes y emprendedores capaces de labrarse su propio destino.

Ese proceso fue particularmente visible en Antioquia durante el siglo XIX. La minería de aluvión primero y, más tarde, la colonización cafetera, produjeron una sociedad de pequeños propietarios relativamente libres de las estructuras coloniales de servidumbre y tutela.

De esa experiencia surgió una cultura profundamente asociada con la independencia económica, el trabajo individual y la responsabilidad personal.

No fue un accidente histórico. Fue el resultado de instituciones que permitieron a las personas ser dueñas de sí mismas y del fruto de su trabajo.

Los pueblos no progresan cuando se les protege de la libertad. Progresan cuando se les permite ejercerla.

Por eso el verdadero respeto por los pueblos indígenas no consiste en perpetuar instituciones coloniales que restringen su libertad económica. El verdadero respeto consiste en reconocerles lo mismo que a cualquier otro ciudadano: el derecho a ser plenamente dueños de su vida, de su trabajo y de su propiedad.

La libertad —la libertad verdadera, individual y responsable— no es un privilegio cultural ni una concesión del Estado.

Es un derecho humano universal.

Y Colombia no será una sociedad plenamente libre mientras mantenga instituciones que, en nombre de la protección, niegan a millones de personas el derecho fundamental a ejercerla.

LGVA

Marzo de 2026

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* Intervención en el Concejo de Medellín el 17 de marzo de 2026.

Rothbard

 

Rothbard

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

El pasado 2 de marzo se cumplieron 100 años del nacimiento de Murray Newton Rothbard, en Nueva York, y, el 7 de enero, 31 de su muerte en esa misma ciudad. El tráfago de las elecciones no debería hacernos olvidar el centenario del más riguroso y desafiante economista libertario del siglo XX.

Desde su acto fundacional, la economía rechaza la política: la sociedad de los cambistas no precisa de gobierno humano o divino para descubrir las relaciones de intercambio que hagan compatibles la diversidad de sus intereses en un mundo de escasez. En su Teoría del Valor, Gerard Debreu probó rigurosamente la validez de la metáfora smithiana de la mano invisible. Tampoco necesita de gobierno para su existencia el sistema de precios de producción de Piero Sraffa en Producción de mercancías por medio de mercancías.

Pero, después de expulsar al político de la sociedad de los cambistas por su irrelevancia para la formación de los precios, los economistas lo reintroducen subrepticiamente para que, como quería Thomas Hobbes, evite la violencia, haga respetar la propiedad y vigile el cumplimento de los contratos. Contra esa vergonzosa claudicación se levanta la obra entera de Rothbard.

El hecho de que el estado desempeñe funciones necesarias no quiere decir que solo el estado pueda desempeñarlas. Este enunciado, de La ética de la libertad, es el punto de partida de Rothbard para mostrar que el estado es el más grande enemigo de la libertad y que su existencia no puede justificarse con argumentos utilitaristas, como los de Mises, ni contractualistas como los de Buchanan, Berlín o Hayek. Ni siquiera el estado mínimo de Nozick tiene justificación moral.  

Rothbard quiso participar en política y fue fundador del Partido Libertario que buscaba tomar el poder político para acabar con el estado usando para ello los poderosos instrumentos del estado mismo. El programa de un gobierno que quiera acabar con el estado está contenido el su maravilloso Manifiesto libertario donde muestra – con exquisitos razonamientos y sorprendentes ejemplos - que el mercado competitivo puede proveer incluso los servicios de seguridad y administración de la justicia para los cuales se considera imprescindible la existencia del estado.

Creía Rothbard que más que en artículos de revistas especializadas escritos para sus pares, el economista debía presentar su visión en tratados que, sin menoscabo del rigor, estuvieran al alcance del hombre ilustrado. Produjo así su maravilloso tratado El hombre, la economía y el estado publicado en 1962. Más tarde, en 1970, publica Poder y mercado donde hace una crítica sistemática de todas las formas de intervención del gobierno en la economía mostrando sus efectos negativos sobre la asignación de recursos, la acumulación de capital, el empleo y la inflación.  

Después de leer a Rothbard se comprende plenamente que el desempleo y la inflación no son problemas económicos sino políticos, creados por la acción misma del gobierno. El gobierno no resuelve ningún problema, el gobierno es el problema. Se comprende también que la diferencia entre el socialismo y el intervencionismo es un problema de escala no de esencia.  

LGVA

Marzo de 2026

 

¡Paloma: orden para que Colombia vuele!

 

¡Paloma: orden para que Colombia vuele!

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

La victoria de Paloma Valencia en la Gran Consulta por Colombia marca, ahora sí, el inicio de la campaña presidencial de 2026, con los candidatos que de verdad representan las opciones que se juega Colombia.

Hoy, en Colombia, la propiedad y la libre iniciativa privadas, la libertad laboral y de contratar trabajadores, la libertad de ahorrar y la libre intermediación financiera, la libertad de elegir el aseguramiento en salud, la libertad de escoger el sistema de ahorro pensional, la independencia de los jueces, la autonomía de los órganos de control, la libertad de prensa y la independencia del Banco de la Republica están bajo ataque. El gobierno de Petro emprendió la obra de destrucción de todo eso y un heredero de su proyecto político - el socialismo del siglo XXI – continuaría ese proceso de forma más contundente y acelerada.

Por ello, la victoria de Paloma Valencia es, más que el triunfo de una candidatura dentro de una coalición, la señal de que una gran mayoría de ciudadanos quiere el orden, la firmeza y el corazón solidario que Paloma ha puesto como divisa de su campaña. 

Hoy, quienes participaron en esta contienda —con propuestas distintas y matices propios— comparten una responsabilidad común: construir una alternativa sólida, coherente y mayoritaria para el País. La victoria de Paloma debe ser entendida como la victoria de una causa más amplia, no como la afirmación excluyente de una facción.

Colombia atraviesa un momento delicado. El deterioro de la seguridad, la incertidumbre económica y el desgaste institucional han creado una sensación de deriva. En ese contexto, el eje movilizador de esta nueva etapa debe ser la afirmación de la enseña de nuestro escudo:  libertad y orden, que permitan que la Nación vuelva a despegar. Libertad y orden para que Colombia vuele.

Volar significa crecer, generar empleo, atraer inversión y ofrecer oportunidades reales a los jóvenes, a las mujeres, a las nuevas generaciones. Pero ningún país despega desde el caos. Se necesita seguridad jurídica, estabilidad macroeconómica y autoridad legítima en todo el territorio. El orden no es autoritarismo; es la condición de la libertad. Sin reglas claras no hay emprendimiento; sin instituciones sólidas no hay confianza; sin seguridad no hay prosperidad.

En Italia, Giorgia Meloni logró transformar una victoria partidista en un mandato de estabilidad. En Madrid, Isabel Díaz Ayuso convirtió su liderazgo en un punto de encuentro para amplios sectores sociales. En ambos casos, el éxito no radicó únicamente en la firmeza doctrinal, sino en la capacidad de sumar voluntades después de la contienda.

La victoria del 8 de marzo es un punto de partida. A partir de hoy, la campaña debe ampliarse más allá de su base natural. Debe convocar a independientes, a sectores productivos, a jóvenes que quieren oportunidades y a ciudadanos moderados que, sin ser militantes, desean estabilidad y futuro. El reto es convertir el entusiasmo de la consulta en mayoría nacional para enterrar de una vez por toda la amenaza del neocomunismo corrupto y criminal venciendo con Paloma en primera vuelta.

LGVA

Marzo de 2026

Voto triple por el CD el 8 de marzo

 

Voto triple por el CD el 8 de marzo

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

No debe haber vacilación alguna: el 8 de marzo el voto es triple por el Centro Democrático: por la lista nacional al Senado, por las listas departamentales a la Cámara y por Paloma Valencia en la consulta de la Gran Alianza por Colombia.

En la confrontación con el petrismo están en juego la libertad económica, la propiedad privada y la democracia liberal. Por eso, desde el primer día del gobierno de Petro, el Centro Democrático se declaró en oposición y la ejerció sin titubeos: dio las batallas parlamentarias y judiciales, denunció los excesos y contuvo —hasta donde fue posible— reformas orientadas a expandir el poder del Estado sobre la sociedad civil.

Muy distinto fue el comportamiento de los partidos Liberal, Conservador y de la U, que se refugiaron en la cómoda etiqueta de la “independencia”. Esa independencia resultó ser, en la práctica, un intercambio de apoyos por cuotas burocráticas y contratos. Algo similar ocurrió con Alianza Verde y MIRA, cuya retórica anticorrupción contrastó con votaciones favorables al gobierno. Sin esos respaldos vergonzantes, el proyecto hegemónico del petrismo no habría avanzado tanto. No se debe premiar con el voto el comportamiento infame de esos partidos. Tampoco desperdiciarlo en advenedizos que no alcanzarán el umbral.

El asesinato de Miguel Uribe Turbay no es un hecho aislado. Es un mensaje intimidatorio dirigido contra la única fuerza política que ha planteado una confrontación frontal contra el narcotráfico, el crimen organizado y la captura institucional. Y en esa confrontación hay antecedentes que no deben olvidarse. El hoy candidato presidencial Staliván Cepeda apareció mencionado en los computadores de Raúl Reyes. Ese episodio ilustra su proximidad histórica con el entramado político de las FARC uno de cuyos frentes llevaba el nombre de su padre.

La candidatura de Paloma Valencia representa una decisión inequívoca: restablecer el monopolio legítimo de la fuerza, recuperar el control territorial y desmontar las economías ilegales. El Centro Democrático, bajo el liderazgo de Álvaro Uribe, ha sido la única fuerza que, con coherencia doctrinaria, asumió sin ambages la lucha contra las organizaciones criminales y defendió un modelo de economía libre con seguridad democrática.

Se equivocan quienes suponen que las firmas sustituyen la estructura partidista y el voto de opinión consolidado. El Centro Democrático ya ganó una elección presidencial y ganó otra en primera vuelta. No es una fuerza marginal ni improvisada. Pretender que Paloma decline ante un outsider es desconocer la importancia de la cohesión y la claridad programática en una hora decisiva.

Lo que está en juego en 2026 no es una alternancia rutinaria, sino la preservación del orden democrático y liberal. Staliván Cepeda encarna un proyecto ideológico que se asume portador de una verdad histórica superior. Y cuando alguien se cree investido de ese mandato, no se detiene ante ningún crimen.

La hora exige firmeza, claridad doctrinaria y coraje político. El 8 de marzo, el mensaje debe ser nítido: voto triple por el Centro Democrático y por Paloma Valencia. Sin ambigüedades. Sin dispersión. Sin miedo. Con esperanza.

LGVA

Marzo de 2026

Democracia hipertrofiada, libertad menoscabada

 

Democracia hipertrofiada, libertad menoscabada

(Para mi amigo Alejandro Pérez, odontólogo excepcional, quien durante una sesión de ortodoncia inspiró esta reflexión)

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

En una sociedad verdaderamente libre, productiva y bien ordenada, la política debería preocupar al ciudadano corriente tanto como la odontología: solo cuando le duelen los dientes. Nadie vive pendiente del torno ni del instrumental del dentista; confía en que el profesional hará su trabajo y vuelve a lo suyo. Del mismo modo, el gobierno, en un orden sano, debería ser discreto, limitado y previsible. Su misión no es ocupar el centro de la escena, sino permitir que la vida social —la economía, la familia, la cultura— florezca sin interferencias constantes.

Entre nosotros ocurre lo contrario. Desde hace poco más de tres décadas, cuando adoptamos las reglas electorales de la Constitución de 1991, vivimos en campaña permanente. Cada año hay elecciones, consultas, reformas, plebiscitos reales o simbólicos. La conversación pública gira obsesivamente en torno al presupuesto, la corrupción, los subsidios, las cuotas burocráticas y las intrigas palaciegas. Se nos dice que esa hiperactividad política es sinónimo de más democracia y más libertad. No lo es. Es, más bien, un síntoma de que el Estado ha invadido esferas que no le corresponden y de que la sociedad civil ha sido desplazada de su lugar natural.

La politización continua de la vida civil distrae a los ciudadanos de sus ocupaciones propias en la división social del trabajo. El empresario deja de pensar en innovar para pensar en cabildear; el profesional, en producir, para buscar contratos; el líder gremial, en mejorar la productividad, para negociar favores. El talento se desplaza hacia la captura de rentas públicas. El país entero termina discutiendo cómo repartir una torta cada vez más pequeña en lugar de concentrarse en hacerla crecer.

Esta intuición fue formulada con claridad por Benjamin Constant en su célebre conferencia La libertad de los antiguos y la libertad de los modernos. Constant distinguía entre la libertad de los antiguos —centrada en la participación directa y constante en los asuntos públicos— y la libertad de los modernos, fundada en la esfera privada: el derecho a trabajar, comerciar, profesar una fe y disponer de la propia vida sin injerencias indebidas. Pretender que el ciudadano moderno viva en asamblea permanente es desconocer que su libertad se realiza, sobre todo, en el ámbito de sus proyectos personales y productivos.

La politización desbordada solo favorece a quienes viven del Estado y de sus clientelas, y de manera especial a los socialistas, cuya vocación consiste precisamente en extender la jurisdicción de lo político sobre todas las dimensiones de la existencia. Cuando todo es político —la educación, la empresa, la cultura, la energía, la salud— todo depende del favor gubernamental. Y cuando todo depende del favor, la libertad se convierte en concesión.

Ya Thomas Paine lo había dicho con brutal sencillez: en toda sociedad hay dos clases de personas, las que pagan impuestos y las que viven de ellos. Una democracia saludable procura que la segunda categoría sea la menor posible y esté estrictamente justificada. Una democracia hipertrofiada, en cambio, expande esa clase hasta convertirla en una fuerza política organizada, interesada en perpetuar y ampliar el flujo de recursos que la sostiene. Las castas de los profesionales de política y sus clientelas que infestan todos los partidos. En eso y nada más radica la fuerza del discurso estatista. Por eso ganó Petro las elecciones, por eso se consolidó en el poder. Por eso puede ganar su heredero.  

No necesitamos más política; necesitamos mejor gobierno y menos gobierno. No más elecciones permanentes, sino reglas generales, claras y estables que limiten el poder. La libertad moderna no consiste en vivir agobiados por la plaza pública, sino en poder ignorarla la mayor parte del tiempo. Cuando la política se vuelve omnipresente, no es la democracia la que avanza: son la dependencia y la servidumbre frente al Estado las que se consolidan reduciendo la autonomía, la responsabilidad y la libertad individuales.

LGVA

Febrero de 2026.

 

Listas cerradas, listas abiertas, voto preferente

 

Listas cerradas, listas abiertas, voto preferente

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista

El presidente Alfonso López Michelsen decía que las listas electorales se parecen a un LP o a un CD: uno está obligado a comprar todas las canciones, aunque solo le gusten un par. La analogía sigue siendo pertinente. Algunos jóvenes creen que el voto preferente les permite “armar su propia lista”, como si la política fuera Spotify. Se equivocan: el voto preferente no altera la distribución de curules entre listas; solo decide el orden interno de quienes ya resultaron beneficiados por la fórmula electoral.

Conviene distinguir. Los sistemas electorales se dividen en mayoritarios y proporcionales. En los primeros, quien obtiene la mayoría se lleva todo; en los segundos, las curules se distribuyen en proporción a los votos. Ningún método logra una proporcionalidad perfecta, pero algunos se aproximan más que otros. Existen dos grandes familias: los métodos de residuo mayor y los de promedio mayor.

El más conocido de los primeros es la cuota de Hare o cociente electoral, que rigió en Colombia hasta 2002. Bajo ese esquema, el total de votos se dividía por el número de curules para obtener el cociente. Cada lista alcanzaba tantas curules como veces superara ese cociente, y las restantes se asignaban por los mayores residuos. El incentivo era perverso: dividir fuerzas en múltiples listas permitía ganar curules adicionales por residuo. No por azar, en 2002 compitieron 312 listas al Senado y 96 obtuvieron escaño; la mayoría por residuo.

Desde 2006 rige el método de D’Hont, un sistema de divisores que pertenece a los métodos de promedio mayor. Los votos de cada lista que supera el umbral se dividen sucesivamente por 1, 2, 3… hasta el número de curules.  Resulta una matriz de cocientes cuyo número de elementos es el producto del número de listas por el número de curules. Para el senado que se elegirá el 8 de marzo de 2026 se inscribieron 16 listas, si 8 de ellas superan el umbral, la matriz de cocientes tendrá 800 elementos. Los elementos de la matriz se ordenan de mayor a menor y el centésimo el elemento es la cifra repartidora. La votación de cada partido se divide por esa cifra y la parte entera es el número de curules que le corresponde. 

Todas las curules “cuestan” lo mismo en votos y desaparece el juego de los residuos. El efecto fue inmediato: menos listas y mayor agregación partidista. A ello se suma el umbral del 3 % para el Senado: quien no lo alcance, queda excluido del reparto. La combinación de cifra repartidora y umbral empuja hacia la concentración y desalienta la atomización.

Pero nada de esto depende del voto preferente. La fórmula electoral define cuántas curules obtiene cada lista; el voto preferente solo ordena a los candidatos dentro de ella. Si una lista obtiene veinte curules, serán elegidos los veinte más votados dentro de esa lista —si es abierta— o los veinte primeros inscritos —si es cerrada—. El candidato 21, por más popular que sea en términos absolutos, no resultará elegido si su lista solo alcanzó veinte escaños.

De ahí la conclusión práctica para el 8 de marzo: la primera decisión es política, no personal. Se vota ante todo por una lista, es decir, por un partido y un proyecto colectivo. La segunda decisión, opcional, es por un candidato específico dentro de esa lista. Si se marca solo el logo, el voto es válido; si se marca logo y número, también. 

No hay atajos individuales en un sistema proporcional con cifra repartidora. Quien crea que puede elegir “al bueno” sin respaldar al resto de la lista desconoce la mecánica electoral. El voto preferente no es un mecanismo de independencia moral; es apenas un instrumento de orden interno. La responsabilidad política comienza por escoger bien la lista. Luego, si se quiere, el nombre o, mejor, el número.

LGVA

Febrero de 2025

Sencilla defensa de la libertad de comercio

 

Sencilla defensa de la libertad de comercio

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

Para un economista educado en la tradición clásica del comercio internacional es claro como el agua que la libertad comercial aumenta el bienestar de los consumidores de todos los países que intervienen en ese comercio al aumentar la variedad y cantidad de bienes y servicios a su alcance con un menor costo para todos.

El objeto de la producción es el consumo de los individuos y su riqueza no es otra cosa que cantidad y variedad de bienes y servicios que tiene a su disposición en un momento dado. El estándar es el PIB per cápita anual.

Una nación es un territorio en el que viven, producen, consumen y comercian entre sí cierto número de individuos separados comercialmente de los demás individuos del mundo por unos impuestos llamados aranceles y una moneda nacional.

Evidentemente, con relación a los individuos que viven en el Chocó los que habitamos en Antioquia no formamos una nación. Tampoco la formamos los individuos que habitamos Medellín con relación a los demás habitantes del departamento de Antioquia.  Tenemos la misma moneda y no hay aduanas ni aranceles que impidan el comercio.

Es un hecho que los habitantes del Chocó son menos ricos que los de Antioquia y los del resto de Antioquia también lo son menos con relación a los de Medellín.  Así las cosas, ¿Por qué no poner aranceles al comercio entre los chocoanos y los antioqueños y hacer que entre cada grupo se comercie en su propia moneda?  ¿Por qué no hacer lo mismo entre los de Medellín y el resto de Antioquia? ¿Por qué no hacerlo entre los habitantes de El Poblado y los de Guayabal? ¿Por qué no poner aranceles entre tú y yo y tener cada uno su propia moneda? ¿Por qué no volver a la total autarquía y así volvernos todos más ricos?

Imagino que me dirás que eso es lo más estúpido que has oído. Pues bien, poner o aumentar aranceles entre naciones es igualmente estúpido.

La especialización o división del trabajo y el intercambio libre y voluntario entre los individuos son dos de los cinco pilares fundamentales de ese orden espontáneo que llamamos economía de mercado. Los otros tres son la propiedad individual, el cálculo económico y la moneda. Eso es lo que en un artículo del mismo nombre he llamado la Atmósfera Económica. Puedes consultarlo en mi blog.

No he hablado ni de empresas ni de estados. Los aranceles y la tal soberanía monetaria solo pueden defenderse desde el punto de vista de los productores y de los políticos. Productores de todas las épocas y países han siempre buscado convencer a los políticos (reyes, presidente, parlamentarios, etc.) de que la riqueza de las naciones coincide o es la de sus propias empresas. Eso es lo que Adam Smith llamó mercantilismo. Después lo han llamado nacionalismo económico, soberanía nacional, etc. Se habla de proteger el empleo nacional pero lo único que se protege son los beneficios de empresarios incapaces de competir. Y, por supuesto, el poder de los políticos que se debilita con la libertad económica.

 

La raíz de las dos últimas guerras civiles europeas, mal llamadas guerras mundiales, fue el nacionalismo económico. Ese es el origen último de todas las guerras.

Desde Adam Smith los economistas pura sangre nos hemos esforzado por convencer a los políticos y la sociedad toda de las ventajas de la absoluta libertad comercial y de la completa libertad monetaria. Ojalá lo logremos antes de que otra guerra acabe con la humanidad o nos condene a un brutal retroceso económico.

LGVA

Febrero de 2026.

El nuevo diezmo sobre la riqueza

 El nuevo diezmo sobre la riqueza

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

Cada cierto tiempo reaparece, con ropaje académico y tono moralizante, la vieja prédica contra la desigualdad. Cambian los nombres, se sofistican las bases de datos, se multiplican los modelos econométricos, pero el presupuesto intelectual permanece intacto: la riqueza sería una masa preexistente, una suerte de torta gigantesca cuya distribución puede corregirse a voluntad sin alterar el proceso que la genera.

En mi artículo El espantajo de la desigualdad señalé que esa metáfora —tan arraigada en la tradición clásica y reciclada por el igualitarismo contemporáneo— es profundamente engañosa. Los ingresos no se distribuyen: se ganan. No existen al margen de los intercambios y de los precios. El campesino que vende en la plaza obtiene ingreso si alguien compra; si nadie compra, no hay “porción” que repartirle. Lo mismo ocurre con el gran empresario: su fortuna depende de millones de decisiones voluntarias de consumidores que adquieren bienes y servicios que juzgan útiles.

Sin embargo, el economista francés Gabriel Zucman propone hoy un impuesto global del 2% anual sobre las grandes fortunas. La cifra parece modesta; la implicación es colosal. No se trata de gravar un flujo de renta sino un stock de capital. Es decir, no se grava lo que el patrimonio produce sino el patrimonio mismo, año tras año, como si se tratara de una cantera inagotable.

Pero el capital no es una bóveda llena de monedas de oro. Son acciones, bonos, fábricas, centros de datos, redes logísticas, proyectos de investigación. Un impuesto permanente del 2% anual, en un mundo donde la rentabilidad real puede rondar el 4%, equivale a confiscar la mitad del rendimiento. Si la rentabilidad es menor, erosiona el capital mismo. No es un ajuste cosmético: es un desincentivo estructural a la acumulación.

Se dirá que los ricos pueden pagar. Siempre pueden pagar… hasta que dejan de invertir. Y lo que importa no es cuánto ganan los ricos sino qué hacen con lo ganado. A diferencia de los potentados del Antiguo Régimen, los ricos del capitalismo reinvierten buena parte de sus ingresos en actividades productivas. Esa reinversión eleva la relación capital-trabajo, aumenta la productividad y, a la postre, los salarios reales. El crecimiento —no la redistribución— es lo que ha reducido la pobreza en los últimos dos siglos.

La evidencia empírica, tan cara a los cruzados de la desigualdad, es incómoda para su causa. Los países con más multimillonarios no son los más pobres sino los más prósperos. Allí donde se protege el capital y se estimula la inversión, florecen grandes fortunas… y desaparece la pobreza extrema. Donde se hostiga la acumulación, el resultado no es igualdad opulenta sino igualdad en la penuria.

Tampoco resiste escrutinio la obsesión con las herencias. Las grandes fortunas rara vez sobreviven intactas más allá de dos o tres generaciones. La competencia, la innovación y la inexorable soberanía del consumidor erosionan patrimonios mal administrados. No es la cuantía inicial lo que garantiza el rendimiento, sino la capacidad de asignar capital a empresas que satisfagan necesidades reales.

En el fondo, el impuesto global al patrimonio descansa en una sospecha moral: que la riqueza, por su sola magnitud, es injusta. Pero esa sospecha ignora que la riqueza en economías abiertas es el resultado de intercambios voluntarios y que gravarla sistemáticamente es gravar la inversión futura.

Sacudir el árbol puede hacer caer algunos frutos. Sacudirlo cada año, con afán redistributivo, puede terminar por secarlo. Y sin árbol no hay frutos que repartir.

Impuestos, salarios y la ilusión fiscal

 

Impuestos, salarios y la ilusión fiscal

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

Hay ideas que, de tanto repetirse, adquieren la apariencia de axiomas. Una de ellas —frecuente en políticos — sostiene que reducir los impuestos a las empresas permitiría elevar los salarios. La tesis es atractiva: menos Estado, más empresa; menos tributo, más remuneración. Suena casi contable. Pero la economía no es un libro de caja menor.

Conviene comenzar por una pregunta elemental: ¿qué determina el salario? En una economía de mercado, el salario no es una dádiva del empresario ni una concesión moral del capital; es, en condiciones competitivas, el precio del trabajo. Y como todo precio, está determinado por la interacción entre oferta y demanda. Más aún: en el marco analítico estándar, el salario real tiende a corresponder a la productividad marginal del trabajador. Se paga, en equilibrio, lo que el trabajador aporta al valor del producto.

Si esto es así, la idea de que una reducción del impuesto corporativo se traducirá automáticamente en mayores salarios encierra una suposición implícita: que los salarios actuales están por debajo de la productividad. Es decir, que el empresario dispone de un margen salarial reprimido que el fisco le impide liberar. Pero si tal margen existiera de manera sistemática, la competencia entre empresas por trabajadores lo erosionaría. La empresa que pagara menos de la productividad perdería mano de obra frente a la que pagara más. El mercado, no el ministro de Hacienda, sería el corrector.

De ahí la primera objeción: los impuestos a las empresas no se pagan con “salarios retenidos”, sino con utilidades, esto es, con la remuneración del capital una vez cubiertos los costos, entre ellos el trabajo. Sugerir que el tributo impide subir salarios equivale a afirmar que el Estado está apropiándose de una porción del ingreso laboral disfrazada de utilidad. Es una tesis fuerte y, en general, difícil de sostener.

Ahora bien, el análisis no puede agotarse en el modelo estático. Los defensores de la reducción tributaria suelen apelar a un argumento dinámico: menores impuestos elevan la rentabilidad del capital, estimulan la inversión, aumentan el acervo de capital por trabajador y, en consecuencia, elevan la productividad y los salarios reales en el largo plazo. Aquí el razonamiento es más sofisticado. No se trata de liberar una bolsa salarial reprimida, sino de modificar las condiciones de acumulación.

Este argumento tiene coherencia interna. Pero su validez empírica depende de varios supuestos exigentes: movilidad efectiva del capital, sensibilidad significativa de la inversión a la tributación, seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y, no menos importante, un entorno donde la acumulación de capital se traduzca realmente en mayor productividad laboral y no en rentas protegidas. Sin estas condiciones, la rebaja tributaria puede limitarse a engrosar utilidades sin alterar sustancialmente la trayectoria salarial.

En economías como la colombiana, caracterizadas por alta informalidad, segmentación laboral y heterogeneidad empresarial, el panorama es aún más complejo. Una parte considerable del empleo opera al margen de la tributación corporativa formal. En ese universo, la reducción del impuesto a la renta empresarial difícilmente incidirá en los salarios, porque el problema no es la carga fiscal sobre utilidades sino la baja productividad estructural y la precariedad institucional.

Además, la incidencia efectiva del impuesto corporativo —quién lo soporta en última instancia— no coincide necesariamente con quien lo paga formalmente. Parte puede recaer sobre el capital; parte, en determinadas circunstancias, sobre el trabajo; parte, incluso, sobre los consumidores. La distribución depende de elasticidades, movilidad y estructura de mercado. No es un automatismo ideológico sino una cuestión empírica.

En suma, afirmar que reducir impuestos empresariales permitirá subir salarios es, en el mejor de los casos, una proposición condicional que exige una cadena de supuestos; en el peor, una simplificación que confunde contabilidad con teoría económica. Los salarios no dependen de la benevolencia del empresario ni del alivio tributario coyuntural, sino de la productividad, la competencia y la calidad institucional.

La discusión de fondo no es si menos impuestos son buenos o malos en abstracto, sino qué tipo de estructura fiscal y qué entorno institucional maximizan la inversión productiva y la remuneración sostenible del trabajo. Sin esa arquitectura, la promesa salarial puede convertirse en un espejismo fiscal: una ilusión en la que el tributo aparece como obstáculo visible y la productividad como variable olvidada.

Y en economía, como en política, las ilusiones suelen ser más rentables en el discurso que en la realidad.

LGVA

Febrero de 2026.