lunes, 11 de junio de 2018

A votar por Duque, a votar por la libertad y la democracia.


A votar por Duque, a votar por la libertad y la democracia.

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista


No hay que dejarse engañar por falsos dilemas: todo mundo quiere la paz y nadie respalda la corrupción. En las elecciones presidenciales del 17 de junio están en juego tanto la economía de mercado y propiedad privada, como las libertades civiles y el sistema democrático. Ni más ni menos. Todas las fuerzas políticas[1] que apoyan la candidatura de Gustavo Petro hacen parte del Foro de Sao Paulo, organización de partidos de izquierda de América Latina, fundada en 1990 por el Partido Comunista de Cuba, que tiene como objetivo acabar con el capitalismo e implantar el socialismo, como lo expresa la declaración del XXII encuentro realizado en El Salvador en julio de 2016[2].

Acabar el capitalismo significa acabar con la propiedad privada, o imponerle fuertes restricciones, y controlar los mercados, fijando precios, cuotas, etc. Donde quiera que han llegado al poder, los partidos del Foro han procedido de esta forma y, ante la reacción de la sociedad, han impuesto limitaciones a la libertad de prensa, han roto equilibrio de los poderes públicos y han falseado los procesos electorales. La supresión de las libertades económicas lleva inexorablemente a la supresión de las libertades políticas y, ante la reacción de la sociedad, a la más brutal represión como en Venezuela y Nicaragua. Durante años, Gustavo Petro ha apoyado los regímenes dictatoriales de esos países.

Con Gustavo Petro están en riesgo las libertades económicas y las libertades civiles. Ha expresado sin tapujos su intensión de expropiar todo lo que esté a su alcance y de concentrar los recursos productivos en manos del gobierno que se supone los empleará en beneficio de toda la sociedad. Anunció impuestos confiscatorios a la propiedad rural para obligar a sus propietarios a venderla al gobierno. Quiere apropiarse de los ahorros pensionales de todos los colombianos para nutrir una banca gubernamental manejada por políticos. Esa es la vieja fórmula colectivista que ha fracasado donde quiera que se ha aplicado dejando a los pueblos que la han padecido en la miseria y la opresión. Gustavo Petro es heredero de la ideología de un grupo totalitario que buscó imponerse ejerciendo la violencia y cuyos símbolos ominosos han reaparecido, amenazantes, en manifestaciones y actos proselitistas. Como alcalde, gobernó de forma clientelista repartiendo puestos, contratos y dádivas; pasó por encima de la ley, la libertad de empresa, la competencia y la regulación ambiental.

Iván Duque ha puesto en el centro de su proyecto político la restauración del principio de legalidad, lo cual significa que los gobernantes que administran de forma temporal los recursos y medios de acción del estado están obligados a ejercer el poder conforme a determinadas normas conocidas por todos y aprobadas por procedimientos constitucionales. También ha entendido que el principio de legalidad supone un estado fuerte – que no es lo mismo que un estado grande – que controle la totalidad del territorio y someta a los delincuentes. Entiende que el progreso económico es el resultado de la acción empresarios y trabajadores y que el gobierno está para alentarlos y protegerlos y para ayudar solidariamente a los más débiles, con una tributación justa y unos subsidios bien focalizados. Jamás ha puesto en cuestión la propiedad individual ni las libertades económicas y civiles.

Además de la preservación de las libertades fundamentales, claramente amenazadas por Petro y sus aliados, la presidencia de Duque permitirá una renovación generacional e ideológica de la política colombiana. Hoy, en Colombia, hay una lucha que se viene dando en el mundo desde hace varias décadas. Es la lucha entre los partidarios del estado asistencialista y que se entromete en todo y los defensores de mayor libertad de mercado, menos intervención y menos impuestos. Duque representa todo esto y su gobierno conducirá a una gran renovación de las políticas públicas, hoy anquilosadas por el asistencialismo. A votar por Duque, por la defensa de la libertad y la democracia.

LGVA
Junio de 2018.



[1] Los movimientos políticos colombianos miembros del Foro de Sao Paulo son: Marcha Patriótica, Movimiento Progresista, Partido Alianza Verde, Partido Comunista Colombiano, Polo Democrático Alternativo, Presentes por el Socialismo, Unión Patriótica y Movimiento Poder Ciudadano. http://forodesaopaulo.org/partidos/



sábado, 2 de junio de 2018

Desvirtuando a Petro III: las libertades económicas


Desvirtuando a Petro III: las libertades económicas
Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista

Petro no ha prometido acabar con las libertades económicas y civiles y si quisiera hacerlo seguramente no lo diría. Es más, se le puede conceder el beneficio de la duda y admitir que no pretende hacerlo. Pero los políticos no deben ser juzgados por sus promesas sino por las decisiones de política pública que anuncian o deben tomar para cumplirlas. Todas las decisiones de política pública tienen consecuencias inmediatas y ostensibles y otras más tardías y menos aparentes. Las primeras suelen parecer benéficas y deseables, mientras que las segundas a menudo son perjudiciales e indeseables. Es un error grave dejarse guiar solo por las primeras, las que se ven, e ignorar las segundas, las que no se ven y que solo pueden ser puestas en evidencia por el análisis y la reflexión.
Buena parte de las políticas públicas que Petro promete o debe adoptar, aunque no lo haya prometido, ponen en peligro la libertad económica y por ello el conjunto de libertades, pues la primera es el fundamento de todas las demás. Por ejemplo, si el gasto público elevado requerido para financiar la gratuidad prometida de la educación y los servicios de salud lleva al déficit fiscal y este provoca, como suele ocurrir, mayor inflación y el déficit en las cuentas externas del país, muy seguramente el gobierno estará tentado a imponer el control de precios y a limitar o acabar con la libertad de cambios, es decir, con la libertad de comprar y vender moneda extranjera. La reacción de la sociedad en contra de esas limitaciones puede llevar a que el gobierno opte por falsear la información económica y, a la postre, silenciar a todos aquellos que reclamen o difundan una información veraz. De esta forma, el derecho a recibir una información cierta de las autoridades quedará conculcado y estarán en peligro las libertades de expresión y de prensa. Esto ha ocurrido en muchas partes y puede ocurrir en Colombia.
Pero además de ser el fundamento de todas las libertades, la libertad económica es la base del bienestar y el progreso. Los países que la tienen en mayor grado suelen tener mejor desempeño económico y mayor bienestar que los países menos libres. Su producto por habitante es más elevado, tienen menos pobres, son menos desiguales y es mayor la esperanza de vida de sus habitantes.  Adicionalmente, en los países con más libertad económica son mayores las libertades políticas y civiles, mayor la igualdad de género y sus habitantes se sienten más felices que los de aquellos que carecen de ella. Existen, por supuesto, excepciones como Arabia Saudita, que es un país extremadamente rico con grandes limitaciones en libertades civiles e individuales, o China, que ha crecido considerablemente en las últimas décadas promoviendo la libertad económica, pero con menor avance en libertades civiles.

La relación entre libertad económica y el desempeño económico, medido por el PIB por habitante, no es perfectamente lineal. Además de los casos peculiares de Arabia Saudita y China mencionados, se presentan situaciones de países que han retrocedido en libertad económica sin que ello refleje aún en una menor producción por habitante o de aquellos donde la libertad económica es reciente y aún no han cosechado plenamente sus efectos en el bienestar material.
Habida cuenta de las salvedades indicadas, la gráfica sugiere que hay una relación positiva entre el índice de libertad económica, estimado por la Fundación Heritage, y el PIB por habitante, tomado de la base de datos del Banco Mundial. Hay unos 70 países de todos los continentes, tamaños, razas y diversa dotación de recursos naturales. La libertad económica importa.

Por aquello de que una imagen vale más que mil palabras, se muestra a continuación una fotografía nocturna satelital que muestra a las dos Coreas, la del Norte, casi oscura, la del Sur espléndidamente iluminada con luz eléctrica. Dos naciones con la misma geografía y habitadas por el mismo pueblo, que hace 65 años optaron por dos caminos diferentes: el de la libertad económica, la del Sur, el del colectivismo comunista, la del Norte. Naturalmente un ambientalista podrá decir que las gentes del Norte disfrutan más del cielo nocturno pues están libres de la contaminación visual que produce la luz eléctrica.

 La libertad económica es la libertad de emplear el trabajo propio y todos los recursos legítimamente adquiridos en la actividad productiva que cada cual crea es la mejor y de cambiar libremente los resultados del esfuerzo propio con los resultados del esfuerzo de los demás. En las sociedades contemporáneas, esa libertad depende de cinco variables a saber: el tamaño del gobierno, la protección legal a la propiedad, la estabilidad monetaria, la libertad de comercio internacional y las regulaciones gubernamentales a la actividad económica.
El tamaño del gobierno depende de su participación en la economía medida por la magnitud los impuestos o el gasto público, con relación a la producción, y la importancia de la propiedad del estado. Aunque ahora en la etapa final de la campaña quiere dar marcha atrás, Petro ha expresado sin tapujos su intención de aumentar la propiedad estatal o, como dice eufemísticamente, “democratizarla”. En lo que puede ser algo más que un mero alarde oratorio, anunció su intención de expropiar un gran ingenio azucarero, ha expresado su antipatía por el sector financiero privado y su deseo de sustituirlo por uno estatal y, la cereza del postre, promete establecer un impuesto tan confiscatorio sobre las propiedades rurales que obligue a sus propietarios a venderlas al estado. Sus programas asistencialistas de educación superior gratuita, salud para todos sin costo alguno y sabe Dios qué más, no pueden realizarse sin un gran aumento del gasto público, de los impuestos y el déficit fiscal. Bajo un gobierno de Petro el tamaño del gobierno aumentaría y la propiedad individual estaría amenazada reduciéndose así la libertad económica de los colombianos.
La estabilidad monetaria o, lo que es lo mismo, el control de la inflación es fundamental para la buena marcha de la economía y el bienestar de la población, especialmente de los más pobres, pues son éstos a quienes más castiga la expropiación de la riqueza que se produce con la inflación. El principal activo institucional de Colombia es la autonomía del Banco de la República consagrada constitucionalmente y que obliga a sus directores a preservar el valor de la moneda. Aunque ya lo está negando, Petro anunció su intención de promover una reforma constitucional podría poner en riesgo la autonomía del Banco. Sin embargo, no necesita de esa reforma para socavar esa autonomía, le bastaría con llevar a la Junta Directiva del Banco a algunos de sus partidarios, lo que puede hacer fácilmente pues el período de los directores actuales vence durante su eventual presidencia y es potestad del presidente nombrar los sustitutos. No es un escenario improbable que su gobierno, deseoso de cumplir su ambicioso programa asistencialista, obligue al Banco a comprar ingentes cantidades de deuda pública interna para financiarlo, expandiendo la cantidad de moneda y provocando su depreciación. Bajo un gobierno de Petro la estabilidad monetaria estaría en riesgo y con ella la libertad económica de los colombianos.
Es conocida la antipatía de Petro y, en general, de la izquierda colombiana frente a la libertad de comercio internacional. Petro ha expresado su intención de elevar la protección arancelaria y para-arancelaria para proteger a la agricultura y la industria, las cuales, según su incorrecto diagnóstico, están en crisis como consecuencia de los tratados de libre comercio suscritos por el País, los cuales ha prometido revisar. Los beneficios del libre comercio no se miden por las cosas que exportamos sino por las que importamos y pagamos con esas exportaciones. El 30% de nuestras importaciones son bienes de capital y el 42% materias primas para la industria y la agricultura;  un 11% son bienes de consumo duradero y un 17% bienes de consumo no duradero. En los últimos 15 años, el valor total de las exportaciones agro-industriales ha excedido el valor de las importaciones. Estos datos desvirtúan las ideas de Petro y muestran que la mayor protección arancelaria, que solo favorecería a productores ineficientes, elevaría los costos de la producción y la oferta nacional haciéndola menos competitiva y aumentando el costo de vida para el consumidor final. Así pues, la menor libertad comercial termina finalmente castigando a la población más pobre, la que Petro dice representar.
Finalmente, está la regulación gubernamental. Esta debe ser entendida como el conjunto de normas que los empresarios deben cumplir para llevar a cabo de su actividad. La mayor regulación no solo dificulta la actividad empresarial, sino que propicia la corrupción. El Doing-Business es el indicador del Banco Mundial que mide las regulaciones para hacer negocios.  Con muchos esfuerzos, Colombia ha mejorado en esa clasificación llegando al puesto 59, pero, al parecer, Petro quiere hacernos retroceder. En el País no se puede hacer ninguna obra de infraestructura de alguna envergadura sin una licencia ambiental, cuya obtención es ya un proceso extremadamente arduo. Petro anuncia la modificación del licenciamiento ambiental añadiendo al concepto técnico de las entidades algo que llama “evaluaciones ambientales territoriales estratégicas sectoriales” en las que será definitivo el concepto de las comunidades. Y como si fuera poco, promete la arbitrariedad anunciando la desaparición del principio primero en el tiempo y primero en el derecho. Petro ofrece pues más regulación lo que significa menos libertad, mayor arbitrariedad del gobierno y más corrupción.
Ahí quedan expuestas las consecuencias de un gobierno de Petro sobre la libertad económica. Nadie puede decir que no está advertido. Ténganlo en cuenta para que no terminemos, como el pueblo venezolano, repitiendo incansablemente la frase de Petronio: “Queríamos, pobres de nosotros, pedir auxilio, pero no había nadie para venir en nuestra ayuda”.
LGVA
Junio de 2018. 

viernes, 1 de junio de 2018

Consecuencias Económicas del Populismo


Consecuencias Económicas del Populismo

Por Rodrigo Botero Montoya

América Latina tiene suficiente información acerca de cómo terminan los regímenes populistas en los países que han optado por esa forma de gobierno.  Quizás tan relevante como el relato de las consecuencias de esos experimentos es la descripción de lo que sucede antes de su inicio.  Los acontecimientos recientes en Turquía y en Italia son ilustrativos.

 El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan ha estado presionando al banco central para que reduzca la tasa de interés, no obstante una inflación del 11% anual.  Anticipando su triunfo en las elecciones convocadas para el mes de junio, anunció que se proponía tomar el control de la política monetaria, una típica medida populista.  La resultante fuga de capitales y la fuerte devaluación de la lira obligaron al banco central a hacer una drástica elevación de la tasa de interés, en condiciones de crisis cambiaria.
 En Italia, las elecciones favorecieron a una coalición populista, con una actitud hostil hacia la Unión Europea.   Antes de que se hubiera logrado conformar el nuevo gobierno, se desvalorizaron los bonos de la deuda soberana italiana y se elevó el costo del financiamiento externo.  En ambos casos, los mercados financieros reaccionaron antes de que se hubieran implementado las agendas populistas anunciadas.  Las expectativas de que en el futuro próximo se adoptarían políticas populistas tuvieron consecuencias económicas inmediatas.

Estas reflexiones sirven para hacer lo que los alemanes denominan un denken experiment acerca de lo que sucedería en Colombia en la eventualidad del triunfo del programa populista identificado con la admiración por Hugo Chávez, la estatización de la economía y la política internacional del Foro de Sâo Paulo.

 Si bien una perspicaz analista internacional sostiene que los colombianos no se suicidan, entre otros motivos, por tener cerca el espejo de Venezuela, es útil prever lo que sucedería si cambian de parecer.  Lo que a continuación se sugiere es que, justificada o no, la reacción de los inversionistas a un triunfo electoral populista estaría condicionada por la experiencia venezolana, y sería inmediata.

  Por una parte, quienes le dieron el beneficio de la duda a Chávez, confiando en que lo que sucedió en Cuba no podía pasar en Venezuela, han tenido razones para arrepentirse.  Eso explica que en Colombia haya menos disponibilidad a esperar para que un gobierno populista demuestre que esta vez será diferente.

Por otra parte, el sector financiero colombiano tiene cierto tamaño: $420 billones de depósitos en los bancos y entidades similares; $230 billones administrados por los fondos de pensiones; y US$26.000 millones de inversión de portafolio extranjera en TES.  Estas sumas tienen como respaldo común la confianza en que el manejo de la economía colombiana seguirá siendo prudente, confiable, predecible y aburrido.  La pérdida de esa confianza las tornaría volátiles.

 Un triunfo populista provocaría una salida masiva de capitales,  acompañada de una corrida de depósitos bancarios, a partir del 18 de junio.  Los dirigentes de un eventual régimen populista iniciarían labores con preocupaciones aún más  apremiantes que las del cambio climático.