jueves, 19 de mayo de 2016

¿La ETB? ¡Véndanla de una vez por todas!


¿La ETB? ¡Véndanla de una vez por todas!

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista, Docente Universidad EAFIT



A principios de los noventa las empresas estatales de telecomunicaciones – TELECOM, ETB, EMCALI y EPM – eran boyantes y rentables. No quiere ello decir que fueran eficientes: la instalación de una línea podía tardar seis meses o más y la cobertura del servicio escasamente llegaba a 8 teléfonos fijos por cada cien habitantes. Eran boyantes y rentables porque explotaban concienzudamente el monopolio de la larga distancia internacional que, amparado en los acuerdos del cartel mundial de la telefonía conocido como Unión Internacional de Telecomunicaciones, les permitía cobrar por una llamada Bogotá-París diez veces el precio de una llamada París-Bogotá.

En los años 80 y 90 se desmantelaron los monopolios estatales de los países desarrollados y las empresas privadas que de ellos surgieron se lanzaron a conquistar nuevos mercados, acicateadas por la competencia que los avances tecnológicos habían desatado. Llegaron a América Latina pagando hasta US$ 1.500 dólares por línea fija para entrar en unos mercados donde apenas despuntaba el internet y la telefonía móvil. Varios países del continente – Brasil, Argentina, Chile, Perú, etc. – vendieron oportunamente sus anquilosadas empresas. Colombia vio pasar la oportunidad de hacerse a los US$ 4.500 millones por los que se hubieran podido vender los tres millones de líneas fijas que tenían las telefónicas estatales.

Una huelga salvaje que incomunicó al País durante dos semanas y la pusilanimidad de un congreso controlado por políticos estatistas impidió la venta de TELECOM, que se proponía el gobierno de Cesar Gaviria. En EMCALI, el sindicato y sus aliados políticos frustraron la escisión del negocio de telefonía y su posterior venta al sector privado. Años después, TELECOM fue entregada a TELEFÓNICA a cambio de que ésta se hiciera cargo del pasivo laboral. La historia de EMCALI es igual de patética: su insignificante negocio de telefonía, que continúa integrado con los de energía y acueducto, sobrevive subsidiado por el acueducto y desaparecerá con más pena que gloria porque nadie está interesado en comprar una inútil red de cobre.  EPM salió mejor librada a pesar de demorarse casi quince años para escindir el negocio de telecomunicaciones y asociarse con el capital privado. La administración de Bogotá privatizó parcialmente la ETB que pudo sobreaguar mientras pudo explotar la licencia de larga distancia que le otorgara el gobierno nacional. En conjunto una gigantesca destrucción de valor de la que no se ha hecho responsable ninguno de los sindicalistas y políticos estatistas que la propiciaron y se dicen defensores del patrimonio público.

Después de haber malbaratado dinero a rodos en la supuesta modernización de la empresa y ciegos y sordos ante todo evidencia, los estatistas continúan hablando de la rentabilidad de la ETB y de la “inversión social” que se financiaría con sus ingentes ingresos. Y aunque fuera cierto que la ETB es rentable y productiva, ese no es un argumento válido para oponerse a su venta pues si se aceptara implicará aceptar que el gobierno debe apropiarse de toda la actividad económica rentable y productiva. Pero a lo mejor eso es lo que añoran Petro y todos admiradores del socialismo del siglo XXI de la martirizada Venezuela.

La única justificación, un tanto dudosa, de la existencia de empresas estatales es la corrección de las llamadas fallas de mercado - monopolio natural, según dicen – y la necesidad de garantizar a toda la población el acceso a bienes y servicios meritorios. Nada de eso aplica en este caso: la competencia es amplia y las empresas privadas lograron en una década lo que no hicieron en más de cincuenta años de monopolio las empresas estatales: comunicar a todos los colombianos y a Colombia con el mundo, como proclamaba en su promesa de valor la arruinada TELECOM.    

La ETB tiene hoy la posibilidad de salvar los trastos siguiendo, aunque tardíamente, el camino de EPM. La alternativa es el sendero ruinoso de TELECOM y EMCALI. Hay que venderla mientras tiene algún valor. El actual debate sobre su privatización debe servir para sostener sin ambages el principio según el cual en una sociedad libre y de mercado el gobierno debe financiarse con impuestos y nada más.

LGVA

Mayo de 2016.  

lunes, 9 de mayo de 2016

REFICAR o las tribulaciones del estado empresario

REFICAR o las tribulaciones del estado empresario

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Docente Universidad EAFIT
Consultor, Fundación ECSIM

El estudio de la Contraloría General de la República sobre el Programa de Modernización de la refinería de Cartagena es un trabajo sustancioso, bien documentado y sobrio en sus conclusiones[1]. Queda en claro lo siguiente:

·         En 1974, Ecopetrol adquirió la refinería de Cartagena, hasta entonces propiedad de una empresa privada extranjera. La refinería había entrado en operación en 1957, con una capacidad de 33.000 barriles diarios; la cual, resultado de varias adiciones, llegó a 75.000 en 1996.

·         En 2001, en la junta directiva de Ecopetrol, se toma la decisión de modernizar la refinería y ampliar su capacidad a 140.000 barriles. El programa de modernización se incorpora al Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, donde es establece que su financiación debe hacerse con la mayor participación privada posible.

·         En 2006, para adelantar el proyecto, se crea la empresa Refinería de Cartagena S.A. (REFICAR), que tiene como socios a la empresa suiza Glencore (51%) y Ecopetrol (49%). En la nueva empresa Ecopetrol aportó los activos de la refinería antigua y Glencore inyectó recursos frescos por US$ 630 millones.

·         En 2007, REFICAR contrata a la empresa Chicago, Bridge & Iron (CB&I) para que se encargue de la ejecución del proyecto, bajo la modalidad llave en mano o EPC (Engineering, Procurement and Construction), en un plazo de 5 años.

·         En enero de 2009, por inconformidad con la ejecución del proyecto y alegando dificultades insuperables para obtener la financiación requerida, Glencore se retira del negocio; Ecopetrol compra su participación por US$ 549 millones y toma el control de REFICAR en junio de ese año. Un año más tarde, se modifican las condiciones de contratación con CB&I y el contrato EPC se cambia por uno de costos reembolsables (CR).

·         Según la Contraloría, en 2007 la inversión se estimaba en US$ 2.784 millones, el inicio de operaciones en 2012 y la rentabilidad esperada en 24% efectivo anual. En octubre de 2009, con Ecopetrol al mando, la inversión requerida ascendía a US$ 3.993 millones, la rentabilidad se estimaba en 14% y la puesta en marcha en julio de 2013. Finalmente, la operación se inició en diciembre de 2015 con una inversión de US$ 8.015 que dejará, según la Contraloría, una rentabilidad ligeramente superior al 4% efectivo anual.

·         El aumento en el presupuesto de inversión se debe, según la Contraloría, a los “ajustes sobre la configuración definida inicialmente” que introdujo Ecopetrol una vez asumió el control de REFICAR y también a “problemas con el alcance de la obra, mayores costos en el EPC, problemas en la productividad laboral, escalación, entre otros”.

Que el presupuesto de inversión se haya duplicado y el período de construcción haya pasado de cinco a ocho años son hechos bastante inquietantes. Pero importa también saber si el costo de la modernización de REFICAR se encuentra o no dentro de los parámetros de la industria. La Energy Information Administration de Estados Unidos recientemente estimó en US$ 3.390 millones la inversión en una refinería de crudo liviano de 250.000 barriles diarios de capacidad y un período de construcción de 3 años[2]. REFICAR es para crudos pesados y no es muy riguroso comparar costos estimados con costos efectivos. Pero afortunadamente se están construyendo y ampliado refinerías en muchas partes y pueden hacerse comparaciones de montos reales de inversión. 

Actualmente se construye en Canadá, en el estado de Alberta, la refinería Sturgeon que tendrán un costo de US$ 8.500 millones y una capacidad de 50.000 barriles diarios, lo que arroja un costo de inversión de US$ 170.000 dólares por barril, convirtiéndose en la más costosa del mundo[3]. Se dice, para justificar esa excesiva inversión, que es la primera refinería con un sistema completo de captura de carbono. En 2015 entró en operación la refinería SATORP, en Arabia Saudita, construida por ARAMCO y TOTAL SA, con un costo de US$ 14.000 millones y una capacidad de 400.000 barriles diarios, lo cual arroja una inversión de US$ 35.000 por barril. SATORP es para crudo pesado. PETROBRAS puso en operación parcial, en 2015, la refinería Abreu e Lima – para crudos pesados y 230.000 barriles de capacidad - en cuya construcción se invirtieron US$ 18.500 millones, es decir, poco más de ochenta mil dólares por barril. En 2015 entra en operación la pequeña refinería Dakota Prairie, de 20.000 barriles de capacidad, en la que se invirtieron US$ 800 millones[4]. También puede mencionarse la ampliación de la refinería Port Arthur, en Texas, cuya capacidad se aumentó en 325.000 barriles con una inversión de US$ 10.000 millones[5].  En la tabla se resumen los principales datos de esas refinerías comparados con los de REFICAR.




El proyecto REFICAR es una modernización y ampliación de una infraestructura existente. La separación de los costos de una y otra es un ejercicio que excede los alcances de este escrito y los conocimientos de su autor. Por ello, en la tabla, se presenta como si fuese un proyecto enteramente greenfield, que no lo es. Esto hace que el costo de inversión por barril adicional probablemente resulte sub-estimado frente al que arrojaría una discriminación precisa de los costos de modernización de la capacidad existente y los asociados a su expansión.

Tratando a REFICAR como una inversión en nueva capacidad sus costos unitarios de inversión resultan más elevados que los de Dakota Prairie, SATORP y Port Arthur. No es de gran consuelo la comparaciòn favorable con Abreu e Lima pues PETROBRAS no es precisamente un ejemplo de eficiencia y austeridad en la ejecución de sus proyectos. En cuanto a STURGEON, en Canadá, no es ocioso indicar que el proyecto es liderado por el gobierno del estado de Alberta y que los sobre-costos inversión han desatado en ese país una gran controversia.

De lo expuesto hasta ahora se concluyen dos cosas: el presupuesto de inversión de REFICAR se duplicó y los costos unitarios resultan elevados con relación a los parámetros internacionales. Las explicaciones dadas por el gerente de REFICAR, el señor Reinoso Yáñez, para justificar el desmadre del presupuesto de inversión son un tanto candorosas y tautológicas. Dice que “hoy sabemos que el estimado preparado por CB&I no era preciso y subestimó las cantidades de trabajo requerido para construir el proyecto” y habla de “cambios en alcance, revisiones y cambios en ingeniería, mayores cantidades de obra, baja productividad de la mano, extensión de cronogramas, constante problemas laborales, incremento en costos de los materiales, entre otros”[1].

A mi modo de ver, las preguntas que hay que responder son las siguientes:

1.      ¿Por qué se aceptó reemplazar el contrato EPC por uno CR que trasladaba los riesgos de construcción del constructor al propietario del proyecto?
2.      ¿Por qué cuando Glencore decide retirarse, Ecopetrol, en lugar de buscar otro socio líder para el proyecto, decide asumirlo en su totalidad?

Estas son las preguntas fundamentales pues las decisiones que se tomaron en cada caso suponen un cambio de fondo en la orientación de la política gubernamental en el sector de hidrocarburos, que se había adoptado en 2003 con la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), encargada de la gestión de los recursos petroleros, y la transformación de Ecopetrol en sociedad por acciones dedicada exclusivamente a las actividades industriales y comerciales del sector. El proceso de transformación de Ecopetrol en una empresa sometida a las reglas del mercado se consolida con la apertura de su capital a la inversión privada en 2007 y en 2011. La decisión de acometer el proyecto de REFICAR con la participación mayoritaria de un socio privado estaba en línea con esa política. También era coherente con ella la modalidad de contratación inicialmente adoptada.

En los países del mundo desarrollado las petroleras son empresas privadas que abastecen a los consumidores con regularidad y a precios competitivos que reflejan las condiciones del mercado. El estatismo petrolero es un vicio o una enfermedad del tercer mundo que se inició en México con la nacionalización de la industria y la creación de PEMEX bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas en 1938. Bajo el grito de “O Petróleo è Nosso”, Getulio Vargas siguió en Brasil el sendero nacionalista que llevó a la creación de PETROBRAS en 1953. Un par de años antes, bajo el gobierno de Laureano Gómez, en Colombia, se había creado ECOPETROL, con la reversión al estado de la Concesión de Mares. En el mundo islámico la estatización del petróleo empezó Mossadeq, en Irán en 1951. Después vendrían otros países que en 1960 fundarían ese cartel ominoso conocido como OPEP.

Las promesas de progreso y bienestar de nacionalismo petrolero están aún por cumplirse en la mayoría de los países. En lugar de ello las estatales petroleras se convirtieron progresivamente en centros de poder económico, político y sindical: verdaderos estados dentro de los estados. Incapaces de explotar plena y eficientemente los recursos a su cargo, las estatales petroleras debieron asociarse de diversas formas con las odiadas multinacionales: las realidades económicas terminan por imponerse a las ideologías políticas. En México, el epicentro del más duro nacionalismo petrolero, se adoptó hace un par de años una reforma similar a la de 2003 en Colombia para acabar con el monopolio de PEMEX, convertido en el mayor obstáculo al desarrollo de la industria.  Pero como si esto fuera poco, ARAMCO, la joya de la corona de Arabia Saudita, golpeada por la caída de los precios del crudo, anuncia la venta de un 5% de sus acciones.

El debate que se está dando en el País a propósito de REFICAR no ha llegado al almendrón del asunto. La cuestión es saber si debe continuarse con en el marginamiento progresivo del estado de la actividad petrolera o si, dando marcha atrás con relación a lo avanzado desde la reforma de 2003, insistimos en construir una gran estatal petrolera dueña de la refinación, la producción y todo lo demás. Y esto es urgente, porque la refinería de Barrancabermeja está en las últimas. El portal Oil&Gas Journal informa que Ecopetrol pospuso el programa de modernización y ampliación de la capacidad – de 250.000 a 300.000 bpd - que tenía una inversión proyectada de US$ 3.000 millones[2].  Para evitar que la de Barrancabermeja se convierta en la REFICAR de los próximos  años, el País debe abandonar de una vez por todas el nacionalismo petrolero trasnochado y buscar la oportunidad de vender ambas refinerías y dejar que el nuevo dueño se encargue de la modernización de la primera.

LGVA
Mayo de 2016.







[1] Contraloria General. Estudio Sectorial – REFICAR. www.contraloriagen.gov.co/...

[2] US Energy Information Administration. Techinical Options for Processing Additional Light Tight Oil Volumes within the United States. Whasington D.C. April 2015. Pp xii y 13. https://www.eia.gov/analysis/studies/petroleum/lto/pdf/lightightoil.pdf

sábado, 9 de abril de 2016

Los papeles de Panamá, la evasión fiscal y la hipocresía universal

Los papeles de Panamá, la evasión fiscal y la hipocresía universal

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Docente Universidad EAFIT
Consultor, Fundación ECSIM

En muchos países y en diversas circunstancias eludir y evadir impuestos son actos de legítima defensa. Los paraísos fiscales existen porque buena parte de los países del mundo han sido convertidos en infiernos o purgatorios fiscales por políticos estatistas empeñados en hacer “justicia social” y “redistribución del ingreso” con el dinero ajeno. Eso no impide que sean esos mismos políticos estatistas quienes encabezan la lista de los propietarios de las famosas empresas “offshore” creadas para eludir o evadir impuestos. Para eso son las “offshore”, lo demás son subterfugios.

En el Libro V de La riqueza de las Naciones, después de discutir sobre las funciones y gastos del gobierno, Adam Smith encara el problema de su financiación. Examina, en primer lugar, la posibilidad de que el gobierno – el Soberano, como dice Smith -  derive sus ingresos del ejercicio de actividades mercantiles, para concluir tajantemente que “no existen dos caracteres más incompatibles que el de Soberano y el de comerciante” y que el capital y las tierras pertenecientes al estado son “fuentes de renta impropias” para enjugar los gastos del gobierno, razón por la cual “no queda  otro remedio (…) que recurrir a los impuestos de una u otra naturaleza”.  Los impuestos son pues el mal menor. Para evitar que fueran en exceso perjudiciales, dejó Smith a la posteridad los cuatro principios de una buena tributación que desde entonces han repetido todos los tratadistas de la materia sin añadir nada de fondo, pero que han sido olvidados casi completamente por los políticos y sus asambleas legislativas donde se decretan los impuestos[1]. También se ha olvidado la sabia advertencia de Smith:

“Un impuesto excesivo constituye un poderoso estímulo a la evasión, por lo cual las penalidades a los contraventores crecen proporcionalmente a la tentación que la ocasiona. La ley, contrariamente a los principios de justicia, suscita, primero, la tentación de infringirla y, después castiga a quien la viola…”

Y si al impuesto excesivo se añade la corrupción y el gasto exagerado, queda completo el dispositivo que induce a la evasión. Smith, una vez más:  

“En todos aquellos países donde hay un gobierno corrompido, y donde existe la sospecha de que se incurre en grandes dispendios y se dispone en forma indebida de los ingresos públicos, es muy frecuente que se respeten muy poco las leyes que protegen las contribuciones”

Bryan O´cconor es un canadiense, repartidor de pizzas en Toronto por allá en los años 70. Bryan llevaba siempre una pequeña libreta en la que religiosamente anotaba todas las propinas que recibía en su trabajo para, decía, no correr el riesgo de omitir ni un centavo recibido en su declaración de impuestos. Nunca he conocido a nadie más como Bryan. Creo que él y probablemente el rigorista Immanuel Kant son en la historia de la humanidad las únicas personas que pagaron voluntariamente la totalidad de sus impuestos.  De Bryan estoy seguro.

Tampoco creo que Jesucristo cuando, respondiendo a los fariseos sobre el pago de los impuestos, dijo aquello de “dar al Cesar lo que es del Cesar” fuese completamente sincero. A fin de cuentas, el hombre, después de abandonar el honorable trabajo de la carpintería, no tuvo al parecer ocupación alguna que generara un ingreso que pudiera ser gravado. Probablemente por ello fue derrotado en la célebre votación en que compitiera con Barrabás, quien ese sí, armas en mano, se rebelara contra los ominosos tributos de la Roma Imperial.

Desde la antigüedad los pueblos se han rebelado contra los tributos. Las provincias romanas se levantaban frecuentemente contra las depredaciones fiscales y los atropellos de sus gobernantes[2]. Las guerras campesinas de Alemania, de las que Federico Engels, el compadre de Marx, ha dejado un vívido relato, fueron rebeliones fiscales[3]. En fin, la revolución francesa se inició como un levantamiento de los estados generales contra los impuestos y por un gobierno barato[4]. Curiosamente el siglo XX, que vio crecer vertiginosamente el tamaño de los gobiernos y los impuestos, estuvo libre de revueltas y rebeliones fiscales. Y no precisamente porque todos los contribuyentes se comporten como Bryan O`cconor.

Los gobiernos modernos, aunque no menos voraces que los del pasado, son más atemperados y han renunciado a las prácticas más ominosas para el cobro de los impuestos: el asesinato y la tortura. Sin embargo, no son pocos los que castigan con penas de cárcel la evasión sin que esto le parezca escandaloso a la opinión mayoritaria. Este es el caso de México, Chile y Perú, los socios de Colombia en la Alianza del Pacífico, cuyo vergonzoso ejemplo propuso el gobierno imitar en la pasada reforma tributaria.

De dientes para afuera, los economistas adoradores del Leviatán, los políticos y los politólogos que les sirven, los periodistas, los abogados tributaristas y, en general, la opinión pública mayoritaria, todos ven al evasor como un criminal y al gobierno que lo persigue y castiga como el defensor de la sociedad, sin que importe cuan corrupto y abusivo sea. In illo témpore, el evasor era visto como un héroe que se enfrentaba a un estado ladrón[5]. La inversión de valores de nuestra época tiene un fondo de hipocresía que nadie puede negar.

En casi todos los países, las asambleas legislativas que votan los impuestos están integradas en su mayoría por políticos profesionales interesados en conservar, concediéndoles beneficios especiales, los votos de grupos particulares y el soporte de las gentes acaudaladas que contribuyen a sus campañas. Los grupos de interés y sus operadores políticos están dispuestos a reconocerse beneficios los unos a los otros con la esperanza de que serán las arcas generales del estado las que sufraguen los costos. Todo es un regateo de intereses de cruzados que lleva a regímenes fiscales casuísticos y enmarañados, totalmente alejados de los predicamentos de solidaridad, equidad y eficiencia que no son en definitiva más que la tapadera de intereses particulares. Los economistas, abogados, tributaristas y demás técnicos que asesoran a los gobiernos en el diseño de las reformas tributarias estructurales, que se anuncian periódicamente pero que nunca llegan; suelen ser también los asesores de las empresas y personas acaudaladas que buscan reducir su tasa efectiva de tributación. La clase media se defiende con la subfacturación o la no-facturación e inventándose pasivos y gastos en sus declaraciones de impuestos. Los más pobres, a los que usualmente solo alcanza la tributación indirecta, se unen a las protestas ruidosas de los funcionarios públicos que viven de los impuestos y reciben siempre el apoyo de los políticos que compiten por sus votos. Ese es el fondo común de eso que llaman el Estado, donde todos quieren sacar mucho y aportar poco. Pero eso sí, todos a una contra la evasión.

Los gobiernos del mundo entero en su incesante lucha contra el problema de la evasión creado por ellos mismos con su voracidad fiscal y su indecoroso desempeño, decidieron conformar una coalición internacional contra los llamados paraísos fiscales, donde los mismos integrantes de esos gobiernos buscan refugio para sus fortunas bien o mal habidas. La Santa Alianza del reaccionario Guizot y la Internacional Comunista del revolucionario Marx, son los antecedentes de esta nueva y tenebrosa internacional estatista que amenaza la movilidad de los capitales y la libertad individual. Pero, porque supuestamente lo de las “offshore” es un asunto de los ricos, todo mundo aplaude en una expresión universal de envidia e hipocresía.

El problema de la evasión nacional e internacional no se resuelve con la creación de una policía fiscal universal. Gobiernos pequeños, moderados, austeros y sistemas tributarios sencillos y ajustados a las cuatro reglas de Smith son el mejor antídoto contra la evasión. Pero en el estado actual de la opinión pública dominante que acepta y reclama – como diría Walter Lippman - un estado grande que administre sus asuntos en lugar de un estado que imparta justicia entre hombres libres que administran sus propios asuntos, resulta por lo menos anacrónico invocar al viejo y sabio Smith.  

LGVA
Abril de 2016.





[1] No sobra recordar esos principios. Dice a la letra Smith:
1.       Los ciudadanos de cualquier Estado deben contribuir al sostenimiento del Gobierno, en cuanto sea posible, en proporción a sus respectivas aptitudes, es decir, en proporción a los ingresos que disfruten bajo la protección estatal.
2.       El impuesto que cada individuo debe pagar debe ser cierto y no arbitrario.
3.       Todo impuesto debe cobrarse en el tiempo y de la manera que sea más cómodos para el contribuyente.
4.       Toda contribución debe percibirse de tal forma que haya la menor diferencia posible entre las sumas que salen del bolsillo del contribuyente y las que ingresan al tesoro público, acortando el período de exacción lo más que se pueda.

[2] . Indro Montanelli, en su deliciosa Historia de Roma, ha dejado este ilustrativo cuadro de lo que acontecía en la época de la guerra civil entre optimates y populares encabezados por Sila y Mario, respectivamente: “Puesto que todo dependía del dinero, el dinero se había convertido en la única preocupación de todos. En la burocracia había aún, se comprende, funcionarios competentes y honrados. Mas la mayoría eran ladrones incompetentes que, por ejercer un cargo en la administración de una provincia, no sólo renunciaban a los honorarios, sino que los pagaban, seguros de que en un año se resarcirían sobradamente. Y, en efecto, se resarcían; con los impuestos, con la rapiña, con la venta de los habitantes como esclavos. César, cuando le fue asignada España, debía a sus acreedores algo así como quinientos millones de liras. En un año lo devolvió todo. Cicerón se ganó el título de «hombre de bien» porque en su año de gobierno en Sicilia, puso de lado tan sólo sesenta millones y, en sus cartas, lo pregonó a todos como un ejemplo. Los militares no se comportaban mejor. De sus empresas en Oriente, Lúculo volvió millonario a su casa. Pompeyo trajo de las mismas regiones un botín de seis o siete mil millones al tesoro del Estado y de quince mil al suyo particular. Era tal la facilidad de multiplicar el capital cuando se tenía el suficiente para comprarse un cargo, que los banqueros se lo prestaban a quien no lo tenía al tipo de un cincuenta por ciento de interés. El Senado prohibió a sus miembros practicar esa innoble usura. Pero la prohibición fue soslayada con nombres prestados. Incluso hombres de gran dignidad como Bruto estaban asociados con usureros que administraban su dinero prestándolo en aquellas condiciones. En manos de una clase dirigente tan corrupta, Roma se había convertido ya en una bomba que aspiraba dinero en todo su Imperio para permitir a una categoría de sátrapas una vida cada vez más fastuosa y un lujo cada vez más insolente”.

[3] Es oportuna una cita en beneficio de sus herederos modernos los socialdemócratas y los socialistas de todos los partidos tan amantes del estado grande y los impuestos suculentos. Hablando de los príncipes de la alta nobleza, escribe don Federico: “No convocaban los estados sino cuando ya no les quedaba otra salida. Decretaban impuestos y negociaban empréstitos; raras veces reconocieron el derecho de los estados a aprobar los impuestos y aún menos dejaban que se ejerciese. Aun así, el príncipe casi siempre obtenía la mayoría gracias al apoyo de los dos estados que, libres de tributos, disfrutaban del producto de los impuestos: los caballeros y los prelados. Las necesidades de los príncipes aumentaban con el lujo y la importancia de la vida cortesana, con los ejércitos permanentes y con los crecientes gastos de gobierno. La carga tributaria se hizo cada vez más abrumadora. Una gran parte de las ciudades estaban protegidas por sus privilegios; y toda la carga recaía de lleno sobre los campesinos, tanto sobre los dominiales de los propios soberanos como sobre los siervos de sus caballeros. Cuando no bastaba la imposición directa se añadió la indirecta; recurrieron a las maniobras más ingeniosas del arte financiero para llenar los vacíos del erario. Cuando ya no quedaba otro camino, habiendo empeñado lo que era posible empeñar, cuando todas las ciudades libres se negaban a conceder más crédito, los príncipes procedían a operaciones monetarias de las más sucias; acuñaban moneda mala e imponían un curso forzado, alto o bajo, según convenía al fisco”

[4] . La revolución francesa se inició cuando Luis XVI, aconsejado por Necker, tuvo la desafortunada idea de convocar los Estados Generales, cosa que no se hacía desde 1.641. El gran Alexis de Tocqueville, ilustre representante de la nobleza, en su obra “El antiguo régimen y la revolución” dejó escrito lo siguiente: “Aunque la desigualdad en materia de impuestos imperase en todo el continente europeo, en pocos sitios se había hecho tan visible e incisiva como en Francia. (…) Ahora bien, entre todas las formas de distinguir a los hombres y discriminar las clases, la desigualdad en los impuestos resulta la más perniciosa y la más apta añadir el aislamiento a la desigualdad y hacer en cierto modo incurables uno y otra. Véanse sus efectos: cuando el burgués y el noble no están sujetos a pagar el mismo impuesto, el reparto y la cobranza de éste acentúan cada año con un rasgo claro y preciso el límite de sus clases respectivas.(…) Me atrevo a asegurar que el día en que la nación (…) permitió a los reyes establecer un impuesto general sin su concurso, y en que la nobleza tuvo la cobardía de dejar que se impusieran cargas al tercer estado con tal de quedar ella exenta, ese día se sembró el germen de casi todos los vicios y abusos que fueron minando al antiguo régimen, hasta causarle la muerte…”

[5] El último liberal colombiano que empleó esa expresión fue Carlos Lemos Simmons quien dio ese título al libro que publicara en 1991, donde escribió frases como esta. “Aquí lo único que se ha nacionalizado realmente, es la inmoralidad... El ladrón privado tarde o temprano cae. El oficial tarde o temprano sube... El pillo privado desfalca a su patrón. El pillo público, a toda la nación. Al particular lo ronda el Estado. Pero, ¿qué pasa cuando el que hace la ronda es el mismo ladrón?”. No sobra recordar que Lemos Simmons fue nombrado vice-presidente en sustitución de Humberto de la Calle y tuvo su palomita presidencial en 1998 en reemplazo temporal de Ernesto Samper Pizano. 

domingo, 3 de abril de 2016

La inversión térmica, el niño y don Manuel Uribe Ángel

La inversión térmica, el niño y don Manuel Uribe Ángel


Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Docente Universidad EAFIT

Inversión térmica: así se llama el fenómeno meteorológico que ha venido ocurriendo en los últimos días en el Valle de Aburrà. La atmósfera está compuesta por diversos gases. Esa composición no es uniforme y los gases más pesados – oxígeno y nitrógeno – son más abundantes en las capas inferiores que en las altas, haciendo que la atmósfera sea más densa y, por tanto, la temperatura más eleva a nivel del mar que en las altas montañas. Las sucesivas capas atmosféricas actúan como cobijas y estamos más calientes mientras más cobijas tengamos encima. Hay inversión térmica – inversión térmica próxima a la superficie, para ser más exactos - cuando la temperatura se hace más baja en capas inferiores que en las altas.

Ese fenómeno puede presentarse por muy diversas causas. En las zonas templadas, se produce con frecuencia en invierno, en las noches secas y despejadas, cuando la tierra pierde calor como consecuencia de la radiación y las capas del aíre más cercanas al piso se enfrían más y más rápidamente que las superiores. Es por ello que la inversión térmica se presenta en ciudades como Londres, Madrid, Nueva York, Atenas, Singapur, México, Santiago de Chile entre otras. En las zonas tórridas se produce en épocas de verano y sequía intensa, como ocurre en el Valle de Aburrà. El aire frio de las montañas que llega en las noches y en las madrugadas queda atrapado por una capa superior más caliente que impide su circulación normal. Esa capa caliente atrapa también el material particulado presente en el ambiente. La inversión térmica no es provocada por la contaminación, pero hace que ésta afecte más a las personas que quedan expuestas a respirar un aire más contaminado de lo usual. Al parecer, en los valles estrechos, como el de Aburrà, con irregularidades topográficas, como los cerros Nutibara y El Volador, que dificultan la circulación de los vientos, el fenómeno puede durar varios días sin que quede nada distinto que hacer a esperar un buen aguacero o una buena tormenta huracanada.  Lima es un caso de inversión térmica permanente causado por la corriente de Humboldt. Hasta aquí Wikipedia y otras fuentes que cualquiera que teclee las dos palabras – inversión térmica – puede consultar gracias a Mr. Google. ¡Cómo vivíamos sin él!



Frente a la inversión térmica, las medidas adoptadas por las autoridades metropolitanas son cataplasmas en pata de palo, aunque pueden contribuir a mitigar sus efectos. Ojalá este fenómeno temporal, del que solo podemos sustraernos yéndonos a vivir a otra parte, no las lleve a adoptar medidas permanentes como restricción a la circulación de vehículos durante todo el día o el pico y placa industrial del que se ha venido hablando desde hace un par de años. En el Valle de Aburrà, la inversión térmica ha existido desde siempre y existirá en el futuro y ello nada tiene que ver con las industrias contaminantes, los muchos carros o el calentamiento global. Ya en 1885, Don Manuel Uribe Ángel, en su “Geografía general y compendio histórico del Estado de Antioquia en Colombia” hacía una descripción del fenómeno. Se lee: 

“Con bastante frecuencia la tierra despide copiosos vapores de agua, sobre todo durante las noches y las mañanas, y esto especialmente en los terrenos bajos, húmedos, cubiertos de bosques y atravesados por ríos y torrentes. Esos vapores se elevan pesadamente, se extienden por las llanuras, coronan las cordilleras, giran luego en diferentes direcciones de la atmósfera y causan una opacidad transitoria, hasta que bien pronto son disueltos por los rayos ardientes de un sol tropical” (43)

Y esta otra: 

“Con harta frecuencia, la lluvia viene acompañada de fuertes huracanes y borrascas, ocasionados por la perturbación del equilibrio en el aire embarazado en sus movimientos por los altos muros de cordilleras que lo encierran” (42)

“Opacidad transitoria”, “perturbación del equilibrio en el aire embarazado en sus movimientos” ¡Cuánta belleza y precisión!

No puede pasarse la ocasión sin rescatar la descripción que don Manuel hace de lo que hoy se llama fenómeno de El Niño:

“Los meses de lluvia en Antioquia principian a mediados de marzo y terminan a mediados de junio, para comenzar luego hacia la mitad de septiembre y acabar en los primeros días de diciembre; pero esta regla está sujeta a numerosas variaciones, pues con frecuencia se invierten los tiempos, volviéndose lluviosos los días de verano, y viceversa. A veces el año es húmedo en su mayor parte, y en ocasiones notable por su excesiva sequedad. Muchos de los viejos habitantes del país creen haber observado, y aún lo afirman por la tradición de sus mayores, que los tiempos de lluvia abundante y de gran sequedad están divididos por períodos casi fijos de siete a ocho años. Nos parece que tienen razón”. (41)

Las citas son tomadas de la edición de la obra de Don Manuel publicada en 1985 por la Gobernación de Antioquia en la colección Autores Antioqueños.  Esta edición, titulada “Geografía general del Estado de Antioquia en Colombia”, dejó de lado, lamentablemente, la parte histórica.


LGVA

Abril de 2016. 

viernes, 1 de abril de 2016

Breve historia de un racionamiento que no fue.

Breve historia de un racionamiento que no fue.

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Docente, Universidad EAFIT. Consultor, Fundación ECSIM

Cuando este artículo se publique, el País estará superando la crisis del sector eléctrico sin que haya sido necesario que las autoridades impongan un racionamiento forzoso del servicio de energía. No obstante, dada la fragilidad a la que ha llegado el sistema, si los aportes hídricos no mejoran en abril es aún posible que sea preciso racionar durante unas cuantas semanas y unas pocas horas al día, a lo sumo. En todo caso, nada comparable con el racionamiento de 1992.

Todos los sistemas eléctricos están expuestos al riesgo de racionamiento. No hay ninguno confiable al 100%. El racionamiento puede ser de potencia, es decir, cuando no hay capacidad de generación suficiente para atender la demanda máxima; o por energía, cuando no hay combustible o agua suficiente para hacer mover las máquinas. En la coyuntura actual se conjugan esas dos circunstancias.

Empecemos por el principio. En 2015 los aportes hídricos al Sistema Interconectado Nacional (SIN) alcanzaron los 48.006 GWh, equivalentes a un 79,2% de la media histórica, el más bajo porcentaje de la última década, como se muestra en la Gráfica 1.

Gráfica 1



La disminución de los aportes se hizo especialmente notoria a partir de septiembre cuando éstos alcanzaron los 3.417 GWh, equivalentes a un 66% de la media histórica. Los aportes de diciembre, 2.335 GWh, fueron poco más de la mitad de la media. En lo corrido de 2016 la situación de los aportes ha mejorado ligeramente.

A pesar de la drástica reducción de los aportes, el SIN concluyó el año, gracias a la generación térmica, con un nivel de reservas hídricas de 10.563 GWh; el cual, sin ser holgado, permitía suponer que había una alta probabilidad de pasar la sequía sin racionar energía, siempre que no se presentara ninguna situación catastrófica. Y entonces, el 15 de febrero, ocurrió el accidente de Guatapè que de un tajo que quitó al sistema el 30% de la energía embalsada y el 4% de la capacidad de instalada y un porcentaje substancialmente mayor de la energía a generar durante los meses críticos, estimado en más del 10% de la generación, dado el impacto en las plantas de San Carlos y Playas situadas aguas abajo. Dos semanas más tarde se presentó un daño en Termoflores que dejó indisponibles 230 de los 610 MW de su capacidad.  
Gráfica 2



Sorprendentemente aún no ha sido necesario imponer el racionamiento forzoso. ¿Suerte?, ¿Milagro? Pues no. A pesar de las falencias en lo referente al precio de escasez, el cargo de confiabilidad, la política de uso de Gas Natural y la inefectividad de los anillos de seguridad previstos en la regulación; el sistema eléctrico colombiano estaba relativamente bien preparado para enfrentar la severa reducción de los aportes provocada por el fenómeno de El Niño. Naturalmente que, para navegar una crisis de este tamaño, el Gobierno Nacional tuvo y tendrá que acudir a medidas de emergencia y, como se indica más adelante, será necesario ajustar la regulación.  

En 31 de diciembre de 2015 la capacidad efectiva neta era de 16.420 MW, un 63% por encima de la demanda máxima de potencia que en dicho año alcanzó los 10.095 MW. Entre 2006 y 2015 se añadieron al sistema 3.148 MW, es decir, un aumento del 24%. El primer año de la comparaciòn es importante porque es el de la adopción del esquema del cargo por confiabilidad creado entre otras cosas con el objetivo de incentivar la inversión en nueva generación. El 50% de la nueva capacidad corresponde a plantas que comprometieron su energía firme para beneficiarse del cargo de confiabilidad. El 29% de la capacidad efectiva neta del sistema está constituido por plantas térmicas.

El otro objetivo del cargo por confiabilidad era garantizar la disponibilidad del parque térmico para respaldar el sistema en situaciones de sequía. En 2015 se generaron 20.631 GWh con plantas térmicas, equivalentes al 31% de la generación total, la más alta participación de los últimos 10 años. Esta participación fue especialmente elevada en los últimos meses: el 43,8% de los 38130 GWh generados entre el 1 de septiembre de 2015 y el 25 de marzo de 2016 son de origen térmico. Hasta el 25 de marzo, las plantas térmicas, con un 30% de la capacidad, habrían contribuido con el 50,6% de la generación. ¡Todo un record!



Las cifras presentadas pueden contribuir a aclarar los términos del debate actual sobre el sector eléctrico que hasta el presente ha sido muy caldeado y poco ilustrado. El cargo de confiabilidad, que aparece como el malo de la historia, incentivó la realización de inversiones en generación que permitieron que el SIN tuviera para enfrentar la crisis una capacidad efectiva neta de 16.420 MW, gracias, entre otras cosas, a la entrada oportuna de proyectos como Sogamoso (800 MW) y El Quimbo (400 MW). Por otra parte, cuando en septiembre se hizo ya evidente que se venía una drástica reducción de los aportes hídricos, el mercado reaccionó y se elevó el precio de la energía en bolsa dando a las plantas térmicas la señal de que debían generar. Y las térmicas estaban ahí y respondieron - con la excepción temporal de Termocandelaria- y están respondiendo con una participación en la generación sin la cual el País estaría apagado desde hace muchos días.

El último racionamiento forzoso padecido por el País se inició el 2 de marzo de 1992 y se extendió hasta el 1 de abril de 1993. En ese período se racionó el 16% de la demanda. Mucho se ha evocado este episodio que resulta completamente extraño para los colombianos menores de 30 años. Y conviene, en efecto, compararlo con la situación actual del sector eléctrico en un contexto adecuado para evitar que estudios como un reciente informe de Bancolombia sobre el posible impacto de un racionamiento en el PIB hagan las extrapolaciones equivocadas. Como se indicó antes, lo más probable es que no se tenga que racionar o solamente unas pocas semanas en cantidades menores en el peor de los casos, situación bien diferente de la experimentada en 1992-93.

No sobra recordar que por aquellas calendas el sector eléctrico era responsable de la tercera parte del endeudamiento público del País, estaba obligado a pagar cerca del 40% de los intereses de la deuda externa y en algunos años había llegado a realizar hasta el 35% de la inversión pública. Sin embargo, no generaba recursos internos suficientes, produciendo un déficit cercano al 1,3% del PIB. Entre 1980 y 1988 la generación interna de fondos en el sector sólo cubrió el 25% de las necesidades de recursos y en 1988 el servicio de la deuda sobrepasó en un 15% sus ingresos corrientes. Para junio de 1993, la tarifa media nacional se situaba en el 79% del costo al tiempo que las tarifas industriales y comerciales presentaban sobrecostos del 20% y 26% respectivamente. La tarifa media del sector residencial cubría solo el 47% del costo. El subsidio residencial resultante, del 53%, correspondía, según cálculos de ISA de 1991, a US$360 millones anuales. Fue la reforma del sector plasmada en las leyes 142 y 143 de 1994 la que permitió que se reanudara la inversión, se sanearan las finanzas y se pudiera atender con éxito los eventos extremos de los Niño 1997-98 y 2009-10.

La variable de comparaciòn más idónea desde el punto de vista energético es la evolución del embalse útil entendido como el porcentaje la energía embalsada que puede emplearse sin poner en riesgo los equipos de generación. La gráfica 3 muestra la evolución del embalse útil entre los meses de agosto y marzo de 1991-1992 y 2015-2016. Para dar más significación a la comparaciòn, se ha incluido la información correspondiente a 2009-2010, período de una hidrología no extrema.

La estación seca se inicia en diciembre y se extiende hasta finales de marzo. Por eso el nivel de los embalses a finales de noviembre y principios de diciembre es fundamental para establecer la capacidad que tiene sistema de superar la sequía. En 91/92 el sistema empezó el verano con un embalse útil de 45%; en 15/16 estaba en 61%, solo 4 puntos porcentuales por debajo del nivel de 09/10. Dicho nivel se logró porque desde septiembre las térmicas empezaron a generar de forma significativa. Entre noviembre y febrero el embalse útil de 91/92 pierde 31 puntos porcentuales mientras que el de 15/16 pierde 37. Sin embargo, a mediados de febrero, antes de la salida de Guatapè, este último estaba en un 45% por lo que la reducción habría sido de 22 puntos porcentuales, excluyendo el efecto de dicho accidente.  Una vez más la diferencia la hace la generación térmica.

Gráfica 3


Hay otros hechos que conviene destacar. En 91/92 estaban atrasados proyectos tan importantes como el Guavio y Porce II que de haber entrado en operación oportunamente le habrían aportado al sistema 1555 MW e incrementado sustancialmente su la capacidad de almacenamiento. Adicionalmente, térmicas como Cartagena (187 MW), Barranquilla (127 MW) y Zipa IV (225 MW), entre otras, no estaban en condiciones de operar por lo que fue preciso un plan de emergencia para su recuperación.  En 15/16 los grandes proyectos hidráulicos, Sogamoso (800 MW) y El Quimbo (420 MW), entraron oportunamente - a pesar de los ambientalistas, los jueces y los políticos - y la totalidad del parque térmico estaba disponible para generar. Y empezó a generar y está generando.

La existencia de interconexiones con Venezuela y Ecuador y la adopción de incentivos económicos para el ahorro de energía son también elementos nuevos en la actual crisis completamente inexistentes en la coyuntura del 91/92. Algunos mercantilistas se duelen tontamente de que estemos importando energía del Ecuador (7 GWh-día) cuando hace algunos años la exportábamos a ese país en grandes cantidades. Hablan de soberanía e independencia energética y otras naderías. Ojalá todo el continente americano estuviera interconectado y que la energía y el dinero fluyeran libremente de un lugar a otro, como en Europa donde gracias a las interconexiones internacionales existe un mercado de electricidad que abarca todo el continente. El autor de este artículo propuso desde noviembre, sin éxito, un esquema de incentivos semejante, salvo en el aspecto punitivo, al adoptado por las autoridades del sector. Ésta será una experiencia interesante para avanzar en el aspecto fundamental de dar participación a la demanda en el funcionamiento del mercado. Hasta el momento el ahorro ha estado cerca de la meta del 5% de la demanda.

De acuerdo con los datos y hechos presentados, contrariamente de lo parece ser el prejuicio generalizado, el sistema eléctrico colombiano – su mercado, su regulación, sus instituciones – ha enfrentado con solvencia la actual coyuntura energética, aun en el caso de que ésta culmine en un pequeño racionamiento forzoso. No quiere ello decir que no sea necesarias algunas reformas como algunas de las propuestas en el estudio realizado por ECSIM en 2013 en el cual dirigió el autor este artículo. Se reproduce la primera de sus 30 recomendaciones que en las circunstancias actuales resulta enteramente pertinente. 

Se debe mantener la arquitectura fundamental del mercado actual y establecer ajustes para mejorar la formación de precios y atender los principales problemas identificados que en orden de importancia son: la falta de un mercado de contratos líquido, competitivo y transparente; el desempeño del cargo por confiabilidad; el control del ejercicio de poder de mercado; el formato de ofertas en bolsa y el mecanismo de arranque y parada. Para ello se debe adelantar una discusión sectorial amplia con la participación de expertos nacionales e internacionales tomando como referentes el mencionado estudio de ECSIM y el que actualmente se adelanta por consultores nacionales bajo el auspicio del DNP.

Una observación final. Resulta sorprendente el apasionamiento, la carencia de rigor y ausencia de sindéresis con la que se ha asumido – incluidos el alto gobierno, encumbrados dirigentes políticos y encopetados formadores de opinión – la discusión sobre un probable racionamiento de energía. Ello en un País donde están racionados tantos servicios fundamentales empezando por la seguridad y la justicia y pasando por la salud y la educación de calidad y sin dejar de lado el racionamiento de electricidad que padecen de manera permanente los 2.5 millones de colombianos que habitan las llamadas zonas no interconectadas, el 66% del territorio nacional, quienes deben conformarse con 4 horas diarias del suministro de electricidad que obtienen de poco más de 100 MW de capacidad instalada. Probablemente ello se debe a que un racionamiento de electricidad, que afecta a todo el mundo en alguna medida, es el único acontecimiento verdaderamente democrático e igualitario que pueda ocurrir en el País.

LGVA

Marzo 27 de 2016.