viernes, 17 de octubre de 2014

Medellin: la ciudad donde tener un carro o una moto será un delito


Medellín: la ciudad donde tener un carro o una moto será un delito

 

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista, Docente Universidad EAFIT

 

Desde hace varios años los habitantes de Medellín, al igual que los de otras ciudades del País, están sometidos a un racionamiento de vías y otras infraestructuras públicas necesarias para garantizar la movilidad. El hecho de que haya racionamiento no es lo sorprendente, también está racionado el servicio de seguridad. Lo que llama la atención en este caso es que las autoridades consideren el racionamiento vial como uno de sus logros y que los ciudadanos que lo padecen sean vistos como los causantes del problema.

Aunque el racionamiento de vías afecta a todo tipo de vehículos – buses, taxis, utilitarios, etc.- las autoridades se ensañan contra los automóviles particulares porque, se aduce, ocupan mucho espacio, contaminan demasiado y responden por un porcentaje escuálido de los viajes. Durante años las personas que usan sus vehículos particulares – al igual que los taxis y las motos – han padecido una grave limitación a su derecho de propiedad sobre sus vehículos con la detestable restricción de “pico y placa”. Cándidamente se creyó que se trataba de una restricción provisional, justo por el tiempo requerido para que la ciudad superara el atraso en su infraestructura vial que estaba padeciendo. El tiempo se encargó de desmentir esa ilusión y la medida se hizo permanente ante la actitud resignada de una comunidad que no parece entender que lo que está en juego es mucho más que una simple incomodidad y los sobre costos en su movilidad.

Las tres últimas administraciones municipales han puesto el desarrollo vial de la Ciudad en el último lugar de las prioridades. Esta circunstancia y el hecho elemental de que ante la restricción las personas que pueden hacerlo responden adquiriendo otro vehículo, le ha quitado al “pico y placa” toda su utilidad para enfrentar el problema de la congestión. Es lo mismo que desde hace años viene ocurriendo en Bogotá: a mayor restricción, mayor cantidad de vehículos nuevos ingresan a la circulación. Las concesionarias de automóviles son sin duda las mayores beneficiarias del “pico y placa”. Una mente retorcida podría pensar que los funcionarios municipales encargados de la movilidad son sus agentes oficiosos.

Ante el fracaso ostensible del "pico y placa" y la incapacidad o el desinterés de la administración municipal por el desarrollo vial de la ciudad, se está preparando en el nuevo POT una nueva arremetida contra el derecho de propiedad y la libertad de los ciudadanos de gastar su dinero en los bienes y servicios que a bien tengan. Porque esto es en el fondo lo que está en juego.

Se ha proclamado que el gran reto el POT es desincentivar el uso del automóvil privado. ¿Desincentivarlo cómo? No precisamente con una oferta amplia y digna de transporte público en las zonas, como El Poblado, donde se concentra la mayor cantidad automóviles de uso particular. Lo que se propone es impedir el parqueo de los vehículos. El artículo 451 del proyecto de acuerdo por medio del cual se adopta en nuevo POT establece que por cada vivienda sólo podrá habilitarse un parqueadero. En los edificios de oficinas y centros comerciales puede habilitarse un parqueadero por 100 metros cuadrados construidos. Por cada celda de parqueo adicional deben pagarse 2 metros cuadrados de cesión de suelo[1]. Es decir, para restringir la adquisición y uso de vehículos, las autoridades municipales han decidido elevar el precio de la vivienda y de la construcción en la ciudad. Porque eso es lo que ocurrirá.

Podría pensarse que el racionamiento vial y las restricciones a los parqueaderos privados están justificadas por el elevado número de vehículos que circulan en Medellín y en las demás ciudades del País. Pero ocurre que no es así. En Colombia el número de vehículos a motor de todo tipo, sin incluir las motos,[2] por 1000 habitantes está entre los más bajos de América Latina.  Como se observa en el gráfico es inferior al de todos los grandes países de la región – Argentina, Brasil, México y Chile – y también al de países de menor grado de desarrollo como Guatemala, Honduras y Bolivia. Es ociosa la comparación con países desarrollados. El número de vehículos particulares por 1000 habitantes es, por supuesto, mucho menor.
 

La aplicación generalizada de restricciones administrativas a la movilidad en Medellín y la mayoría de las ciudades colombianas es la expresión del fracaso de los gobiernos municipales en garantizar una oferta de obras de infraestructura acorde con las necesidades del crecimiento económico.  No reducen la congestión ni la contaminación e imponen costos elevados a la sociedad. Un estudio de 2011 estimó perjuicio causado por el “pico y placa” en Bogotá en 6,3% del ingreso del hogar promedio. Esa cifra llega a 13,7% para los hogares de ingreso medio y alto. La restricción, que en Medellín se ha extendido a motos y taxis, perjudica también a los hogares de bajos ingresos para los cuales el carro o la moto es un instrumento de trabajo[3]. La medida que se propone en el POT – limitar la construcción de parqueaderos - está también llamada al fracaso. La demanda de automotores de todo tipo crece con el ingreso. Evitar esto no está al alcance, afortunadamente, de las autoridades municipales.

Los primero que deben hacer las autoridades municipales es reconocer que en Medellín no hay demasiados carros sino pocas vías, puentes, pasos subterráneos y demás. También tienen que entender que la oferta de transporte público es aún limitada especialmente en las zonas de la ciudad donde es mayor la tenencia y uso de vehículos particulares. Adicionalmente, se deben explorar mecanismos diferentes para gestionar la congestión, inevitable en aglomeraciones urbanas, como peajes electrónicos a la circulación en zonas determinadas y en ciertas horas del día.

Una medida de corto plazo es la modificación del régimen de las llamadas Zonas de Estacionamiento Regulado que se han convertido en una fuente de ingresos para el municipio y una competencia desleal para los parqueaderos privados. El estacionamiento en las vías públicas no debería ser posible por más de 15 o 30 minutos. Pasado ese tiempo el cobro debe ser prohibitivo de suerte que se recurra a los parqueaderos privados cuya oferta se vería incrementada de no existir la alternativa de convertir las vías en parqueaderos para lucro de la Sociedad Terminales de Transporte, empresa propiedad del Municipio. Deben también instalarse cámaras en las cercanías de clínicas, universidades, centros comerciales, etc. para impedir el parqueo de taxis por fuera de los sitios de acopio.

Si se persiste en la política de imponer restricciones administrativas, pronto se llegará a la criminalización de la propiedad y uso de los vehículos automotores y a imponer el uso obligatorio de la bicicleta, como en la China de Mao.

LGVA

Octubre de 2014.




[1] Alcaldía de Medellín (2014).  Revisión y ajuste del POT de Medellín. Proyecto de Acuerdo. Tomo V. Versión V – Concejo Municipal. Capítulo III. Estacionamientos. Artículo 451, página 429.
 
[2] En las estadísticas del Banco Mundial, de la cuales se toman la cifras que se muestran en el gráfico, se entiende por vehículos a motor la suma de los automóviles, buses y vehículos de carga. Se excluyen las motos. http://datos.bancomundial.org/indicador/IS.VEH.NVEH.P3
 
[3] Medina, C y Vélez, C (2011). “Aglomeración económica y congestión vial: los perjuicios por racionamiento del tráfico vehicular”. Borradores de Economía, No 678. Banco de la República, Bogotá. Página 1. http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra678.pdf
 

martes, 14 de octubre de 2014

Jean Tirole: la microeconomía aplicada y la regulación


Jean Tirole: la microeconomía aplicada y la regulación

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista, Docente Universidad EAFIT

 

El nobel otorgado a Jean Tirole es el reconocimiento a su trabajo en el campo de la economía aplicada, una de las tres áreas constitutivas de la disciplina, según León Walras. La economía pura y la economía social son las otras dos. Tirole pertenece, en efecto, a una ilustre tradición de economistas franceses que desde Antoine-Agustin Cournot (1801-1877) y Jules Dupuit (1804-1866), hasta, el también nobel, Maurice Allais (1911-2010) y su discípulo Marcel Boiteux (1922) han aplicado el análisis microeconómico al estudio de los monopolios, los mercados imperfectos y la provisión de bienes públicos con el propósito de obtener resultados relevantes para su gestión eficiente. Walras mismo dedicó al asunto en espléndido artículo titulado “El estado y el ferrocarril”.

Organización industrial es el nombre del área de la microeconomía que estudia la formación de precios en los mercados imperfectos y la conducta de los agentes que en ellos intervienen. Tirol es autor de un tratado avanzado sobre el tema[1], como también de uno sobre teoría de juegos[2], instrumento fundamental para estudiar los mercados oligopólicos. El enfoque estándar de este campo – conocido como el paradigma estructura, conducta, desempeño – fue trazado por los trabajos pioneros de Joe Bain (1912-1991) y Paolo Sylos Labini (1920-2005), Barries to the New Competition (1956) y Oligopoly and Technical Progress (1962), respectivamente.

Durante años los estudios de organización industrial versaron sobre cuestiones como políticas de precios, cartelización, barreras de entrada, fusiones, adquisiciones, etc. en industrias concentradas – automotriz, aviación, aeronáutica, petróleo, etc.- que operaban, no obstante, en competencia. Cuestiones todas ellas relevantes para política anti-trust. El desmantelamiento de los monopolios estatales de los servicios públicos – electricidad, gas, telecomunicaciones, acueducto, etc. – en los años 80 y 90 dio a los estudios de organización industrial una nueva orientación vinculándolos con los de regulación económica.

En efecto, los monopolios estatales de servicios públicos fueron sustituidos por un número relativamente pequeño de empresas privadas o también estatales corporatizadas que debían ser reguladas en los precios y calidad de sus servicios. Esto dio lugar a la aparición de entidades especializadas en la regulación y al desarrollo de todo un cuerpo de teoría y de procedimientos sobre la forma más adecuada de regular esas empresas. En este campo es donde Tirole hará sus mayores contribuciones entre las que se destaca la gran obra, “A Theory of incentives in procurement and regulation”[3], escrita con su mentor y maestro Jean Jacques Laffont (1947-2004), quien probablemente estaría hoy compartiendo el galardón con su discípulo. A la vez libro de texto y programa de investigación, esta obra se convirtió en la “Carta Magna” de los estudiosos de la regulación económica del mundo entero.  También, por supuesto, de los funcionarios de las agencias estatales creadas en gran número de países, incluido Colombia, para regular las empresas de servicios públicos y otras actividades donde el elevado grado de concentración hace posible el ejercicio de poder de mercado.

La regulación de la competencia va más allá de la política anti-trust. Ésta sanciona el ejercicio del poder de mercado y busca evitar, con la reglamentación de las fusiones y adquisiciones, la emergencia de empresas con posición dominante. Aquella, por su parte, admitiendo que por diversas circunstancias son inevitables estructuras de mercado imperfectas, busca proveer los incentivos para hacer que los monopolistas y oligopolistas se comporten de la forma más parecida a como lo harían en un mercado competitivo. Las contribuciones de Tirole y, por supuesto de Laffont, están presentes en los procedimientos y técnicas regulación adoptadas por las entidades de reguladoras del mundo entero.

La competencia perfecta – el santo grial de los economistas – es más bien escasa. Las imperfecciones abundan. El mejor monopolio, decía Hicks, es el menos duradero. Sin embargo, las situaciones de monopolio y oligopolio basadas en circunstancias diferentes a la innovación pueden ser persistentes y duraderas. Enfrentarlas es una intervención legítima y necesaria de los gobiernos. Pero esta intervención debe tener un sólido fundamento conceptual y técnico para que la regulación no sea capturada por los grupos de interés ni dependa del capricho de los políticos. Ayudar a proveer ese fundamento es la gran contribución de Jean Tirole.   

LGVA

Octubre, 2014.  



[1] Tirole, J. (1988). The Theory of Industrial Organization. MIT Press. Cambridge, Massachusetts
 
[2] Fundenberg, D y Tirole, J. (1991). Game Theory. MIT Press. Cambridge, Massachusetts.
 
[3] Laffont, J.J and Tirole J. (1993). A Theory of incentives in procurement and regulation. MIT Press, Cambridge, 

martes, 7 de octubre de 2014

La desmaterialización del dinero


La desmaterialización del dinero

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista, Docente Universidad EAFIT

 

I

Hace un par de años se dio la noticia de que en Suecia se sacarán de la circulación los billetes y las monedas. Cuando esto ocurra se dará inicio al proceso de desmaterialización total del dinero que podrá tomar algunas décadas pero que a la postre se extenderá al mundo entero de forma irreversible, salvo que ocurra una colosal catástrofe informática o de otra índole. Llama la atención el hecho de que sea en Suecia donde al parecer está más avanzado el proceso de desmaterialización del dinero y ello por dos razones. Fue en ese país donde por primera vez en occidente apareció el billete de banco, en 1658; el cual, según Marco Polo, habría sido inventado por los chinos varios siglos antes. Suecia es también la patria de Knut Wicksell, brillante economista, quien imaginó, ya a finales del siglo XIX, un sistema monetario de banco ideal o de crédito puro donde todas las transacciones se realizaban - sin intervención de efectivo- mediante el simple movimiento de los saldos de las cuentas corrientes de los agentes. El efectivo – billetes y moneda – sólo se usaría en transacciones menores. Esto es lo que se hace hoy en el mundo entero. El mérito de Wicksell es el de haberlo concebido a finales del siglo XIX, cuando las transacciones electrónicas no figuraban ni en la mente visionaria de Julio Verne.

II

La historia del dinero es también la historia de su desmaterialización. El dinero es tremendamente antiguo y se encuentra en todas las civilizaciones. En algún momento de la historia una o varias mercancías - en razón de la relativa universalidad de las necesidades por ellas satisfechas – fueron aceptadas en el cambio no porque los cambistas las precisaran para su propio uso sino por tener la expectativa de poder cambiarlas por el bien que efectivamente les era necesario. Progresivamente alguna de esas mercancías devino dinero, es decir, medio general de cambio. En algún otro momento, también remoto, los metales preciosos comenzaron a ser usados como dinero. Sus atributos naturales – durabilidad, incorruptibilidad, divisibilidad en alícuotas sin menoscabo de su valor – los hacían especialmente aptos para ese propósito. El abate italiano Ferdinand Galiani, gran teórico monetario del siglo XVIII, veía en ello la intervención previsora de la Divina Providencia. La acuñación, es decir, la impresión en trozos de metal de una marca o sello que garantizara su peso y ley es también antigua. Se cuenta que fue Creso rey de Lidia quien acuñó las primeras monedas de oro, 5 ó 6 siglos antes de Cristo.

Durante siglos los metales preciosos – acuñados o no – funcionaron de forma exclusiva como dinero. Los banqueros o, como se les denominaba entonces, los orfebres lombardos inventaron en la Edad Media la letra de cambio que permitía transacciones entre mercados distantes sin que fuera necesario el transporte de un gramo de metal. Un comerciante de Florencia que deseaba adquirir mercancías en París, en lugar de viajar a esta ciudad llevando consigo dinero metálico – lo que lo exponía al riesgo de ser asaltado y eventualmente asesinado - se acercaba a uno de los orfebres de su ciudad quien a cambio de su dinero metálico le entregaba un certificado de depósitos o letra de cambio redimible por su corresponsal en París.  La letra de cambio no era otra cosa que un documento mediante el cual un orfebre - el girador o librador - ordenaba a su corresponsal – el girado o librado – entregar a su presentación una suma de dinero contante al beneficiario. Con el oro o la plata recibidos a la presentación de la letra, el beneficiario podía llevar a cabo sus negocios en París; pero también podía abstenerse de redimir la letra y usarla directamente en sus transacciones. Progresivamente la confianza de los mercaderes en el crédito de algunos orfebres hizo que las letras libradas por éstos circularan en el cambio como dinero contante por períodos más o menos largos antes de que alguien la redimiera.

Los orfebres o banqueros se percataron en algún momento de que podían expedir o emitir sus certificados de depósito o letras sin la contrapartida efectiva de un depósito de oro. Y empezaron a hacerlo en favor de algunos clientes a quienes les acordaban créditos contando para su reembolso con el resultado de la actividad comercial o productiva de éstos. Empieza de esta forma a delinearse el mecanismo de la creación monetaria moderna en el cual la emisión monetaria no tiene como contrapartida un depósito de oro o de alguna otra forma de dinero sino un crédito otorgado a un cliente.  Estos certificados de depósito, que en algún momento empezaron a emitirse al portador, desplazan paulatinamente al oro y la plata y empieza a producirse así la desmaterialización del medio de cambio.

III

La desmaterialización total del dinero – entendida como la generalización de un medio de cambio carente de valor como mercancía – tomaría varios siglos. De hecho, sólo culminaría plenamente en 1971, cuando al gobierno de Estados Unidos suspendió la convertibilidad del dólar.   Pero antes de llegar a este punto fueron grandes las transformaciones que se produjeron en las instituciones y en la conciencia de los hombres. Exploremos brevemente este asunto volviendo a los mercaderes medievales.

Los mercaderes medievales se recibían unos a otros las letras de los orfebres porque tenían la confianza en que a su presentación éstos las redimirían en monedas o lingotes oro o plata. Esta es la base del sistema monetario de patrón oro que nacería en Inglaterra a finales del siglo XVII y se mantendría vigente hasta principios del siglo XX.  El principio de funcionamiento del patrón oro es extremadamente simple.

Un banco emisor pone en circulación sus billetes con el compromiso de convertirlos en oro a su presentación a un precio fijo. Si el precio del oro en el mercado libre es superior al precio de conversión fijado por el banco, los tenedores de los billetes obtendrán beneficio redimiéndolos, es decir, comprando oro al banco y vendiéndolo en el mercado libre. Si por el contrario, el precio en el mercado es inferior al de conversión, los tenedores de los billetes obtendrán beneficio comprando oro en el mercado libre y vendiéndolo al banco. De esta forma la cantidad de billetes en circulación se reduce o se amplia de acuerdo con la relación entre el precio de conversión y el precio de mercado del oro. El descrito es el patrón oro estricto. El funcionamiento es similar con el llamado patrón oro lingote bajo el cual la regla de la conversión se aplica solamente a una cantidad de oro sustancialmente mayor.

Al final de la segunda guerra mundial, en la conferencia de Bretton Woods, surgió el sistema monetario de patrón dólar que rigió hasta 1971.  Bajo este sistema, la única moneda directamente convertible en oro era el dólar a razón de US$ 35 la onza. Las demás monedas nacionales se vincularon al dólar a tasas de cambio fijas dentro de una banda de fluctuación del 1%. De esta forma el dólar – una moneda nacional - se convirtió en la moneda de referencia internacional y en la moneda de reserva de los bancos centrales de todos los países. El dólar – “as good as gold”, como solía decirse– cumplía el papel del oro como determinante de la creación monetaria de las economías nacionales, que debía expandirse o contraerse de acuerdo con la variación de las reservas en dólares; al tiempo que la variación de las reservas de oro de Estados Unidos determinaba las variaciones de la oferta de dólares. Era así como se esperaba que sucedieran las cosas.

Por razones que no es posible tratar en extenso sin desviar excesivamente el curso de la argumentación, la oferta de dólares creció considerablemente, lo que se expresaba en el aumento del precio del oro en el mercado libre. Comprar oro a la tasa de paridad de US$ 35 la onza para venderlo en el mercado libre era un negocio cada vez más atractivo al punto que, entre noviembre de 1967 y marzo de 1969, Estados Unidos perdió la quinta parte de sus reservas. En los últimos años de la década de los sesenta se escenificaron agrios enfrentamientos entre los países europeos deseosos de convertir en oro sus excesos de dólares y los Estados Unidos reticentes a hacerlo y acusados por aquellos de incumplir los acuerdos de Bretton Woods. El economista francés Jacques Rueff , ferviente partidario del patrón oro y asesor económico del general De Gaulle, llamó al dólar “le néant habillé en monnaie”, la nada vestida de moneda. El 15 de agosto de 1971, el presidente Nixon expide la orden ejecutiva que cierra la “ventanilla del oro” y pone fin a la convertibilidad del dólar en oro. Se inicia así la era actual de las monedas completamente fiduciarias creadas por los gobiernos o sus bancos centrales.

IV

La existencia de una moneda completamente fiduciaria plantea a los economistas dos problemas: de naturaleza teórica el primero, de naturaleza práctica el segundo.

El primero es conocido como el “problema de Hahn”, por Frank Hahn, economista inglés, coautor, con Kenneth Arrow, del libro “Análisis General Competitivo”, probablemente la obra de teoría económica más influyente del siglo XX. Como no hace parte de la riqueza real, analíticamente el valor de la moneda no es aprehensible en ninguna de las dos teorías del valor que históricamente se han disputado el interés de los economistas. Para todos los efectos teóricos y prácticos su costo de producción es nulo, lo cual la excluye del ámbito de la teoría ricardiana de la dificultad de producción, y no satisface directamente ninguna necesidad, razón por la cual carece de utilidad propia y no tiene demanda alguna en el mundo perfecto del equilibrio general. Este es el problema de Hahn.  Pero evidentemente, la moneda fiduciaria normalmente tiene un precio positivo lo cual implica la existencia de una demanda. La racionalización de esa demanda es en definitiva el objeto de la teoría monetaria.  

El segundo problema es de naturaleza práctica. Los gobiernos de todos los países han monopolizado la creación monetaria. Impera el mito de que ésta es un atributo de la soberanía de los estados. Puede ser, puede no ser. Lo cierto es que los bancos centrales y comerciales subordinados pueden expandir la oferta nominal de moneda prácticamente sin límite alguno. La teoría monetaria y la historia económica enseñan que la expansión excesiva de los medios de pago se traduce inexorablemente en esa elevación continua y persistente de los precios nominales denominada inflación.

Desde antiguo los economistas se han ocupado del problema de cómo imponer límites a una creación monetaria excesiva, cuestión que se hace más imperiosa con el desarrollo del sistema de reservas bancarias fraccionadas y con el abandono del patrón oro. Wicksell pensaba que debía aplicarse una política monetaria de ajuste a las tendencias observadas de los precios nominales. Cuando estos tendía al alza, era indicador de que la tasa de interés bancaria estaba siendo inferior a la tasa de interés natural de largo plazo razón por la cual aquella debía elevarse para contraer el crédito bancario. Para Milton Friedman la oferta monetaria debía crecer a una tasa ligeramente superior a la tasa de crecimiento del producto real. Actualmente, la mayoría de los bancos centrales para fijar la tasa de interés nominal de intervención se acogen a la llamada regla de Taylor en la que se combinan las ideas de Wicksell y Friedman.

V

En Colombia la desaparición del efectivo – monedas y billetes de curso forzoso emitidos por el banco central – no será un acontecimiento de ocurrencia inminente. La oferta monetaria (M1) es la suma del efectivo (E) y los depósitos en cuenta corriente (D).
 

En los años 80 el efectivo se situó alrededor de un 30% de la oferta monetaria. Hacia mediados de los 90, esa participación empezó a elevarse para situarse en niveles de 50% y 45% en las dos últimas décadas.  Esa gran demanda de efectivo, que eleva los costos de la creación de dinero, es reflejo de un retroceso en la bancarización del País como consecuencia políticas inadecuadas como el impuesto a las transacciones financieras. Además de los mayores costos de la gestión monetaria, la elevada participación del efectivo facilita las actividades ilegales y la evasión fiscal. Estas consideraciones deberían ser tenidas en cuenta a la hora de decidir la perpetuación de un impuesto como el llamado 4 por mil. Es muy probable que los costos que soporta la economía en su conjunto como consecuencia de ese impuesto excedan su recaudo tributario. En todo caso, los niveles actuales de efectivo en las transacciones permiten anticipar que pasará bastante tiempo antes de que en Colombia el dinero se desmaterialice totalmente.

LGVA

Octubre de 2014.

 

lunes, 22 de septiembre de 2014

Costos económicos y sociales de la deficiente prestación de los servicios de agua y saneamiento


Costos económicos y sociales de la deficiente prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en ciudades emergentes

El caso de Tegucigalpa[1]

 

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista, Docente Universidad EAFIT

 

I.                   Introducción

El propósito de esta conferencia es compartir algunas reflexiones sobre la problemática de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en ciudades emergentes. Inicialmente, se insiste en el hecho, no por sabido menos importante de resaltar, de que vivimos en un mundo predominantemente urbano. Posteriormente se presentan los indicadores de prosperidad de las ciudades desarrollado por UNHABITAT, con referencia al caso de Tegucigalpa. Más adelante, se resumen los resultados de un estudio de estimación de costos económicos de la deficiente prestación de los servicios de agua y saneamiento en Tegucigalpa, realizado por Luz María Gonzalez hace 3 años. Se termina con un par de conclusiones.

II.                Un mundo urbano

Vivimos en un mundo predominantemente y crecientemente urbano. Ya en 2008, la tasa de urbanización mundial llegó al 50% y se espera que para 2030 alcance el 60%. El fenómeno de la urbanización es particularmente acentuado en los países en desarrollo donde se estima que más del 90% del crecimiento poblacional está teniendo lugar en las ciudades. Algunos países de América Latina – como Argentina (93), Chile (90), Brasil (85), México (79) y Colombia (76) – han alcanzado tasas de urbanización similares a las del mundo desarrollado. Para el conjunto de la región a América Latina y el Caribe, la tasa de urbanización habría ya superado el 80% en 2012.

Gráfica 1
 

 

Todos los países centroamericanos, con excepción de Belice, ya superaron el umbral de 50%. Honduras está en 53%, según cifras del Banco Mundial

Gráfica 2
 

 

La definición estadística de la tasa de urbanización varía de un país a otro, pero típicamente se define como el porcentaje de la población que habita en localidades con 25.000 o más habitantes. Dentro del conjunto de población urbana es preciso definir un subconjunto correspondiente a la población que habita en las grandes aglomeraciones urbanas, que la UNHABITAT define como aquellas que en 2009 tenían una población igual o superior a los 750.000 habitantes. De éstas habría en el mundo cerca de 600 que albergan 1.600 millones de personas. Finalmente, dentro de este subconjunto de las aglomeraciones urbanas hay otro, el conformado por las ciudades o aglomeraciones emergentes, que en su mayor parte están en los países en desarrollo y cuyo proceso de urbanización se intensifica desde mediados del siglo XX. En esta última categoría está Tegucigalpa y las demás capitales centroamericanas, con excepción de Belmopán. Nótese que Tegucigalpa en 10 años dobló su población. A futuro, la tasa de crecimiento poblacional se reduce, pero es aún bastante elevada, según las estimaciones de UNHABITAT.

Tabla 1
 



Lo expuesto indica de forma ostensible que el bienestar económico de los países está estrechamente vinculado con la prosperidad de sus ciudades.

III.             La prosperidad de las ciudades: ¿en dónde está Tegucigalpa?

En su último reporte sobre el estado de las ciudades del mundo, UNHABITAT desarrolla un nuevo indicador para medir la prosperidad de las ciudades. Se denomina Índice de Prosperidad de la Ciudades (IPC), en el cual se agregan cinco indicadores correspondientes a otras tantas dimensiones de la prosperidad.

Prosperidad significa éxito, riqueza, bienestar, en fin, oportunidades. Una ciudad próspera es productiva lo cual significa que contribuye al crecimiento económico generando oportunidades de empleo e ingreso para sus habitantes. En segundo lugar, una ciudad próspera cuenta con la infraestructura adecuada de los servicios públicos – acueducto, alcantarillado, vías, energía, comunicaciones, etc. – necesaria para el bienestar de la población y el desarrollo de las actividades económicas. En tercer lugar, una ciudad próspera cuenta con la infraestructura y los medios para proveer a sus habitantes con los servicios de seguridad, salud, educación, recreación, etc. Finalmente, no podría considerarse como próspera una ciudad aquejada por la pobreza y la desigualdad y cuyo desarrollo no sea ambientalmente sostenible. Naturalmente todas estas dimensiones están relacionadas entre ellas y con la política pública y la acción de los gobiernos local y nacional. Esta articulación se expresa en lo que UNHABITAT denomina la rueda de la prosperidad urbana.

Gráfica 3
 
 

 

Se tienen pues cinco dimensiones de prosperidad con su respetico índices, a saber:

·         Índice de Productividad (IP). La productividad es la capacidad de la ciudad de generar empleo e ingreso para sus pobladores y de posibilitar innovaciones y transformaciones económicas. Se mide por el total de bienes y servicios producidos por los habitantes de la ciudad en período de tiempo dado. No es otra cosa que el valor agregado de la contabilidad social.

·         Índice de Infraestructura. (II). En este se combinan dos índices; el de la dotación de infraestructura colectiva propiamente dicha y el de dotación de viviendas apropiadas.

·         Índice de Calidad de Vida. (ICV). Está compuesto por tres dimensiones: educación, salud y espacio público.

·         Índice de Equidad e Inclusión. (IEI). Incluye las medidas habituales de desigualdad en ingreso y consumo (coeficiente de GINI) y medidas de acceso a los servicios sociales y a la infraestructura colectiva.

·         Índice de Sostenibilidad Ambiental. (ISA). Comprende la calidad del aire, las emisiones contaminantes y la contaminación interior en las edificaciones.

Por construcción, cada uno de estos índices tiene un valor entre cero y uno. A partir de ellos, se calculas dos índices compuestos de prosperidad: el IPC 5, que es el promedio aritmético simple de todos ellos, y el IPC 4, del cual se excluye en índice de equidad.

De acuerdo con el valor de IPC, cuya cercanía a la unidad indica mayor prosperidad, se forman las siguientes categorías:

·         Ciudades con muy sólidos factores de prosperidad. Son las que tienen un IPC igual o superior a 0,9. En este grupo clasifican ciudades como Viena, Estocolmo, París, Toronto, Nueva York, etc.

·         Ciudades con sólidos factores de prosperidad – Categoría 1. Tienen un IPC entre 0,800 y 0,899. Aquí están Moscú, Atenas, Shanghai y dos latinoamericanas: México y Sao Paulo.

·         Ciudades con sólidos factores de prosperidad – Categoría 2. Con un IPC entre 0,700 y 0,799. El Cairo, Manila y Pekín son algunas de las que hacen parte de este grupo.

·         Ciudades con factores de prosperidad moderados. Son ciudades con IPC entre 0,6 y 0,699. En este grupo está Tegucigalpa al lado de Ciudad de Guatemala, Nairobi y Nueva Delhi.

·         Ciudades con factores de prosperidad débiles. Tienen un IPC entre 0,5 y 0,599. Aquí están Dakar, Accra, Lagos y La Paz.

·         Ciudades con factores de prosperidad muy débiles. Son las que tienen un IPC inferior a 0,5. Monrovia, Niamey y Bamako están en esta categoría.

Es su reporte de 2012, UNHABITAT estimó el índice de prosperidad de 68 ciudades, entre las cuales está Tegucigalpa, que ocupa el lugar 44 con un IPC 4 de 0,694 y un IPC 5 de 0,652. Se sitúa, como ya se indicó, en la categoría de ciudades con factores de prosperidad moderados. En la gráfica 4 se visualiza la situación de Tegucigalpa con relación a la ciudad mejor calificada, Viena, y a la peor, Monrovia.

Gráfica 4
 

 

Además de Tegucigalpa, el estudio de UNHABITAT incluyó otras 4 ciudades de América Latina: Sao Paulo, México DF, Ciudad de Guatemala y La Paz. La Tabla 2 y la Gráfica 5 muestran los índices de este grupo.

Tabla 2
 

 

Gráfica 5
 

 

 

IV.             El costo de la carencias

Naturalmente está por fuera del alcance de esta conferencia analizar el valor alcanzado por los diferentes índices en el caso de Tegucigalpa. Se considera exclusivamente el índice de infraestructura y dentro de éste lo que tiene que ver con los servicios de agua y saneamiento. El estado de estos servicios en la Ciudad es bien conocido. Por esa razón se pasa directamente a considerar el costo económico y social de unos niveles de servicio insuficientes en cobertura y calidad.

La literatura sobre el tema es bastante extensa. En general todos los estudios coinciden en señalar impactos sobre la salud (morbilidad y mortalidad infantil, desnutrición, enfermedades hídricas, etc.); la educación (inasistencia por enfermedades o por tiempo dedicado al acarreo de agua, bajo desempeño escolar por enfermedad, etc.); y la discriminación de género (las tasas de deserción e inasistencia escolar suelen ser mayores en las niñas que en los niños). Todos estos impactos disminuyen la esperanza de vida, limitan la acumulación de capital humano por parte de las familias más pobres y reducen las posibilidades de mejorar su productividad laboral en el futuro. Se perpetúa de esta forma el círculo vicioso de la pobreza.  

Ahora bien, estos impactos son más fáciles de señalar que de medir. La dificultad estriba en que buena parte de los costos las deficiencias en los servicios no tienen una expresión directa en el mercado. Entre los métodos de estimación más empleados están el de los costos evitados, el de los precios hedónicos y el de valoración contingente o disposición a pagar.

El método de los costos evitados es usual en la evaluación económica de proyectos. Así por ejemplo, un proyecto de inversión que amplíe la cobertura de agua potable debe reducir la incidencia de enfermedades de origen hídrico evitando a las familias y al sistema de salud los gastos de su tratamiento. Otro costo evitado es el de los días de trabajo y estudio perdidos por enfermedad. Finalmente, las familias beneficiadas se evitarían los costos de formas alternativas de proveerse de agua: acarreo, almacenamiento, agua embotellada, etc.

El método de los precios hedónicos se basa en la idea según la cual un el precio de un bien – típicamente un vivienda o un inmueble de cualquier naturaleza – del conjunto de atributos que determinan su capacidad para satisfacer las necesidades humanas. Así, el precio de una vivienda dependerá del área total y construida, de los materiales, de su localización, de las conexiones de servicios públicos domiciliarios, etc. Dos viviendas que sean semejantes en todos los atributos, con la excepción de que una de ellas cuenta con conexiones de agua potable y alcantarillado, tendrán diferentes precios de mercado. La diferencia de precios es el precio hedónico de esas conexiones.

Finalmente el método de la valoración contingente o de disposición a pagar se basa en la estimación del valor que el consumidor atribuye a un bien o servicio del cual carece – o del que dispone en cantidad o calidad insuficiente – enfrentado a la situación hipotética de disponer de él. Se basa en el supuesto de que el consumidor racional sólo está dispuesto a pagar una suma equivalente al valor que atribuye al consumo o uso del bien o servicio en cuestión. Las estimaciones de esa disposición a pagar se hacen aplicando encuestas a grupos de consumidores seleccionados.

Utilizando estas metodologías, Luz María Gonzalez, consultora colombiana, estimó hace algunos años el costo económico de la deficiente prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en Tegucigalpa.

Para estimar los costos de la prestación deficiente del servicio de agua potable consideró dos aspectos: los impactos para la salud y el costo de racionamiento. En el primer caso empleó la metodología de la valoración contingente usando los resultados de las encuestas realizadas en 2005 por ESA Consultores Internacionales, ajustándolos a precios de 2010. Para estimar el costo de racionamiento recurrió al método de los costos evitados, estimado el costo unitario (Lempiras/m3) que asumen los habitantes de la ciudad para suplir con formas alternativas (acarreo, almacenamiento, pozos, agua embotellada, etc.) el suministro insuficiente de la red pública. Estimó el racionamiento como la diferencia entre la cantidad que se demandaría en el caso de un servicio suficiente y la que se demanda en las condiciones del servicio actual. En caso del servicio de alcantarillado empleó el método de los precios hedónicos y para el tratamiento de aguas residuales la disponibilidad a pagar. Para el servicio de aseo empleó el costo de recolección y transporte y lo aplicó a la población no servida. En disposición final empleó la disposición a pagar. Los resultados se resumen en la Tabla 3.

Tabla 3
 

 

 

V.                Observaciones finales.

Los resultados del estudio de UNHABITAT son muy importantes y conviene profundizar en ellos. Sería conveniente revisar a fondo la metodología empleada y reestimar los índices. En todo caso, independientemente de los valores que tengan los índices, la conceptualización de la prosperidad y de la articulación de las variables que la determinan es un instrumento especialmente poderoso para la formulación de las políticas públicas y la definición de prioridades. El estudio de Gonzalez continúa teniendo gran validez y deberían dedicarse algún esfuerzo a su actualización. Personalmente creo que los costos económicos están subestimados, especialmente en lo referente a los impactos sobre la salud y la educación. A fin de cuentas, hoy y siempre, la riqueza no es otra cosa que el producto del trabajo y las carencias en salud y educación minan de forma duradera la productividad de la población más pobre imponiendo límites su capacidad de generar ingresos.

Bibliografía.

Ducci, Jorge. (2007) “Acceso al agua potable, saneamiento y pobreza” Foro social de Sao Paulo 2009. www.corporacionesescenarios.org

Ferro, Logares, Roitman (2009). “Water, health and social cost/benefit analysis” MPRA Paper No 16618.

Gonzalez, Luz María (2011). Análisis económico y financiero de la situación actual de los servicios públicos en Tegucigalpa. Consultoría para el Banco Mundial.

Hutton y Haller (2004). “Evaluation of the cost an benefits of wáter and sanitation improvements at the global level” OMS, Ginebra.

UN-HABITAT. (2012). State of the world´s  cities report 2012/2013.

 

LGVA

Tegucigalpa, Octubre de 2014.

 




[1] Texto de la conferencia dictada en la celebración del Día del AGUA. Tegucigalpa, octubre de 2014.