miércoles, 30 de noviembre de 2016

Bajo el régimen de Fidel Castro, Cuba se empobreció.

Bajo el régimen de Fidel Castro, Cuba se empobreció.

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Universidad EAFIT

A finales de los años 50 la economía cubana era bastante próspera en el contexto de América Latina. En 1960, su PIB por habitante era el quinto de América Latina; después de Uruguay, Argentina, Venezuela y Chile.  En las décadas siguientes fue cayendo relativamente hasta situarse, en 2015,  en el décimo primer lugar del escalafón latinoamericano.



La tabla permite hacer otras comparaciones interesantes:

En 1960, el PIB por habitante de Cuba era equivalente al 65%  del de Uruguay, el país más rico en ese año. Con alzas y bajas, ha mostrado una tendencia descendente hasta situarse en 45%  del de Chile, el país más rico de América Latina de 2015.

El PIB por habitante de  Cuba duplicaba al de  Colombia en 1960. En 2015, el de Colombia excede al de Cuba en 15%. Hay que destacar que entre esos años la población cubana aumentó 60%, pasando de 7,1 a 11,4 millones; en tanto que la colombiana se triplicó, al pasar de 16 a 50 millones.  


Aunque no es el tema de esta nota, no puede omitirse una mención al caso de Venezuela, el país más rico de América Latina en 1980, con un PIB – per cápita que triplicaba el de Colombia. En 2015 sólo lo excede en un 6%. Los otros países del “socialismo siglo XXI” se destacan en la parte inferior de la tabla: Ecuador (13), Bolivia (17) y Nicaragua (19).

El tamaño del PIB es importante, pero también lo es su composición. Por el lado de la oferta al lado de la industria, la agricultura, el comercio, la construcción y otros sectores de actividad, las cuentas nacionales incluyen la “Administración Pública” que incluye los servicios del gobierno: policía, ejército, justicia, etc. En Cuba este rubro representa el 37% del valor agregado, porcentaje superior al de cualquier país latinoamericano.

Otra forma de ver las cosas es por el lado del gasto. Las cuentas nacionales lo descomponen en consumo privado, consumo del gobierno, formación bruta de capital y exportaciones netas. En 2015, Cuba presenta el más bajo consumo privado – 55% del PIB – y el más alto consumo del gobierno – 32% del PIB-  entre las mayores economías de América Latina.



En resumen: bajo el socialismo de los Castro, Cuba se hizo relativamente más pobre entre los países de América Latina al tiempo que el gobierno se apropia, en 2015, de una porción del PIB superior a la de cualquier otro gobierno de la región. O, visto de otra forma, los cubanos son comparativamente más pobres, su consumo es relativamente más bajo y su gobierno más voraz.  

LGVA
Noviembre de 2016. 


miércoles, 23 de noviembre de 2016

Del impuesto a las bebidas azucaradas al impuesto al chicharrón

Del impuesto a las bebidas azucaradas al impuesto al chicharrón

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Universidad EAFIT

El hecho de que la ingesta exagerada de bebidas azucaradas haga obesas a las personas o más propensas a cierto tipo de enfermedades es completamente irrelevante para justificar un impuesto específico a su consumo. La intervención del gobierno en asuntos de salud pública solo está justificada en aquellos casos en los que la imprevisión de los individuos en su autocuidado acarrea consecuencias sobre la salud de otras personas. Esto es lo que da fundamento a la vacunación gratuita y obligatoria y a las acciones públicas contra las enfermedades de transmisión sexual o cualquier enfermedad contagiosa. Ni la obesidad, ni la diabetes, ni las enfermedades vasculares son contagiosas. Si se acepta el argumento del gobierno habría que gravar los dulces, las tortas, los helados, los embutidos y, claro está,  el chorizo, la lechona y el chicharrón.  

Alguien dijo que la gente tiene un solo derecho: hacer lo que le venga en gana con su vida;  y un solo deber: asumir las consecuencias. Si los golosos, los fumadores y los alcohólicos tuvieran que asumir las consecuencias de sus excesos, ese sería un problema para ellos y sus familias, pero no uno de salud pública. El problema radica en la existencia de un sistema de salud de aseguramiento colectivo y obligatorio en el cual todos tratan de maximizar sus beneficios y minimizar sus contribuciones. Los golosos, los fumadores, los bebedores y todos aquellos que no cuidan de su salud le imponen a los demás los costos de sus excesos. 

Pero esto último tampoco es completamente cierto. Es verdad que los golosos, los fumadores y los alcohólicos imponen costos mayores al sistema general de salud; pero si el perfil epidemiológico de la población servida está adecuadamente definido y por tanto lo están las prestaciones y las primas de aseguramiento, ese no debería ser un problema mayor. Los sobrecostos de los obsesos se compensarían con los menores costos de atléticos y los de los borrachos con los de sobrios de la misma forma en que se compensan los de las personas mayores con los de los jóvenes y adultos saludables.

Hay algo más. Se supone que las  EPS deben destinar parte de la UPC que reciben a financiar actividades y programas de salud preventiva. Dentro de esto deberían estar incluidas  acciones tendientes a prevenir la obesidad y los consumos y prácticas que atentan contra la salud. No se tienen noticia de ningún gimnasio financiado por las EPS ni de que hayan realizado campañas masivas contra el apetito desenfrenado, la ingesta desmedida de bebidas azucaradas, el tabaquismo o el alcoholismo. Finalmente, antes de adoptar  en un impuesto odioso que castiga a todo mundo y no sólo a los golosos, podría pensarse en que éstos y todos aquellos que no cuidan de su salud hagan una contribución adicional al sistema de aseguramiento colectivo  pagando una prima más elevada o asumiendo copagos mayores que las demás personas.

Como consecuencia del debilitamiento de régimen contributivo frente al subsidiado, de las  decisiones judiciales que llevaron a la desaparición del POS y de la cadena de abuso y corrupción erigida con los procedimientos no POS y los medicamentos de alto costo el sistema de salud se desfondó y desde hace años sobrevive precariamente por acciones puntuales lideradas por el Ministerio de Salud. El gobierno renunció a impulsar en el congreso una reforma del sistema de salud que mediante una definición adecuada del plan de servicios y del monto de las contribuciones garantizara su sostenibilidad de largo plazo. En lugar de ello se aprobó una ley estatutaria que convierte la salud en un derecho lo que para los jueces de la República significa un plan de servicios ilimitado. No es inútil recordar que la ley estatutaria fue impulsada por el médico-congresista-empresario Roy Barreras quien, como presidente del senado, al mismo tiempo se encargó de sabotear el proyecto de ley reglamentaria presentado por el ministro Alejandro Gaviria.

El sistema de salud está desde hace varios años en situación de insolvencia que hasta el presente ha podido ser paliada con los recursos extraordinarios de que dispuso el gobierno gracias a la bonanza petrolera. Pero esto ya se agotó como se agotó también el tiempo y la capacidad de maniobra del gobierno para encarar el problema de fondo del sistema: el exceso de gasto sobre los ingresos. El gobierno está urgido de los $ 900.000 millones anuales que espera recaudar con el impuesto a las bebidas azucaradas para tratar de solventar durante un par de años el sistema y dejarle el embuchado de la reforma al nuevo gobierno. Esa es la verdad monda y lironda que el Ministro Gaviria, ilustre economista, conoce bien pero que  se ve obligado a maquillar perorando insistentemente sobre azúcares, obesidad, diabetes y sabe Dios qué más en un incómodo rol de médico salubrista que definitivamente no le cuadra.

LGVA

Noviembre de 2016.   

lunes, 21 de noviembre de 2016

Beba de su propia medicina, Ministro Cárdenas

Beba de su propia medicina, Ministro Cárdenas

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Docente, Universidad EAFIT

Si fuera puramente estructural, la reforma tributaria podría ser buena; pero, urgido como está de recaudar cerca de $ 8 billones, el gobierno corre el riesgo de obtener solo algún dinerillo, digamos dos puntos IVA y una ligera ampliación de la base de las personas naturales, dejando en el alambrado buena parte de aquellos cambios que apuntan al establecimiento de un régimen tributario más eficiente y neutral, libre de todas las gabelas que lo adornan como árbol de navidad.

Ya el Ministro de Hacienda admitió que de no aprobarse la reforma se tendría que hacer un recorte del gasto público de 30 billones en los próximos 3 años. Aunque el Ministro lo dijo con un aire de tragedia, se trata de una excelente noticia que debería estar acompañada de una propuesta concreta y de aplicación inmediata. Podría, por ejemplo, adicionarse a la reforma un artículo que autorizara al Presidente para suprimir y fusionar entidades del nivel central y recortar los gastos de funcionamiento de todas las demás con la meta reducir en $ 4,5 billones el presupuesto general de la Nación de 2017.  Esto podría hacerse con la asesoría de la comisión de estudio del gasto que se propone crear en el artículo 310 del proyecto de reforma, en un reconocimiento palmario del gasto excesivo y mal orientado.  

La comisión se instalaría el primero de enero y tendría un plazo de dos meses para rendir su informe. Un mes después el Presidente expediría los decretos respectivos y se retomaría el camino perdido de la austeridad y la responsabilidad fiscal. Para los demás aspectos de ordenamiento, eficiencia y priorización del gasto, la comisión tendría un plazo mayor. Si en 2011 pudo el gobierno en un par de meses resucitar tres ministerios y crear una veintena de “agencias” paralelas, bien podría hacerlas desaparecer en ese mismo lapso. Buena parte de las funciones de esas “agencias” pueden ser asumidas por los ministerios.

Esto le daría a la reforma la legitimidad social y política de la que carece y al ejecutivo la independencia y autoridad requerida para enfrentar a lobistas y congresistas fletados encargados de mantener las gabelas de que disfrutan algunos sectores de la actividad económica.  Los mercados, las calificadoras de riesgo, los empresarios nacionales y los inversionistas verían con buenos ojos una reforma que, liberada de su propósito alcabalero, sería, ahí sí, verdaderamente estructural.

Pero realmente ni sería necesario convocar esa comisión para hacer propuestas sobre el gasto. En 2007, el entonces Ministro de Hacienda Oscar Iván Zuluaga convocó una Comisión Independiente de Gasto Público, encabezada por el exministro Rodrigo Botero y de la que hicieron parte Armando Montenegro, Alejandro Gaviria, Gabriel Rosas y  Mauricio Cárdenas. Dicha comisión hizo una serie de recomendaciones que fueron desatendidas en su casi totalidad, pero que no es ocioso recordar porque siguen siendo pertinentes en la coyuntura actual.

Propuso en su informe la comisión un recorte inmediato del presupuesto de la Nación de $ 1,5 billones. Este recorte era equivalente a un 1,2% del presupuesto de 2008, lo que aplicado al presupuesto de 2017 arrojaría un recorte de $ 2,7 billones. Se propuso también la venta de la participación de la Nación en ISA y la venta de las acciones en ISAGEN, CORELCA y URRÁ. Con estas enajenaciones se esperaba recaudar poco más de $ 7 billones, que debían destinarse, a juicio de los expertos, a la reducción de la deuda pública. Como se sabe, el gobierno actual vendió su participación en ISAGEN destinando los recursos a la financiación de carreteras, no a la reducción de la deuda.

Hay otra serie de propuestas que el Ministro Cárdenas, coautor del informe,  haría bien en repasar. Le convendría también recordar la perentoria exhortación que encabezaba el informe: “Se le recomienda al Gobierno que haga un esfuerzo de ahorro”. ¿Por qué no hacer, doctor Cárdenas, como ministro, lo que antes recomendaba como experto consejero?

Un recorte inmediato de 2% del presupuesto de nacional arrojaría un ahorro de $ 4,5 billones. La venta de las acciones de ISA, cuya pertenencia a la Nación carece de toda justificación como bien lo sabe el Ministro Cárdenas, aportaría recursos frescos por más de $ 5.6 billones, cifra que resulta de multiplicar 569.472.561 acciones por su precio de mercado de $ 9.900 por acción. Empresas como EPM,  EEB y muchas otras más se disputarían ferozmente tan suculento bocado.

Esos recursos, que sumados ascienden a $ 10,1 billones, superarían con creces lo que se busca recaudar con la reforma tributaria en el primer año. Para más adelante, por lo menos en el presupuesto de 2018 que corresponde al actual gobierno presentar, debería hacerse que los gastos crecieran por debajo de la inflación destinando el exceso que resulte sobre los ingresos corrientes a la reducción de la deuda;  ingresos estos que deben incrementarse si, como pretende el Gobierno, la reforma reactiva la economía. Es claro pues que no es necesario ningún aumento de los impuestos,  para ello basta con que el Ministro Cárdenas beba un poco de su propia medicina.

LGVA
Noviembre de 2017.  



miércoles, 16 de noviembre de 2016

Donald Trump o la amenaza proteccionista

Donald Trump o la amenaza proteccionista

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Docente Universidad EAFIT

La elección de Donald Trump supone un alto riesgo para la economía global si llegan a materializarse sus promesas proteccionistas como el retiro de los Estados Unidos del NAFTA, en caso de que sus socios no acepten su renegociación, y la  imposición de aranceles elevados a las importaciones procedentes de China. La economía mundial ha conseguido evitar impactos  más graves sobre el crecimiento y el empleo de la crisis de 2008-2009 gracias a la política monetaria a ultranza de los grandes bancos centrales y, principalmente, a que la mayoría de países de mundo han resistido hasta ahora la tentación proteccionista, permaneciendo fieles a sus acuerdos de libre comercio y a las reglas de la OMC. El resurgimiento del proteccionismo en los Estados Unidos puede desatar una guerra arancelaria que daría al traste con la frágil recuperación de la economía mundial. 

En su clásico estudio “La crisis económica 1929-1939”, Kindleberger muestra que el comercio mundial, medido por el valor de las importaciones de setenta y cinco países, pasó de un valor mensual de US$ 2.998 millones, en enero de 1929, a US$ 2.739 millones en enero de 1930, para una caída de 9%.  En los años siguientes se presentaron caídas de 33%, 35% y 18% de tal suerte que en enero de 1933, en lo más profundo de la depresión, el comercio mundial era una tercera parte del registrado en enero de 1929. Entre 2008 y 2009 las importaciones mundiales cayeron un 23%, al pasar de US 15,8 billones a US$ 12,2 billones. En 2010 y 2011 se recuperaron vigorosamente, creciendo 20% en cada uno de esos años. Posteriormente han continuado aumentando, aunque a tasas inferiores, 2% anual.

En la gráfica se muestra la evolución del índice importaciones en los cuatro años siguientes a los de las crisis bursátiles - 1929 y 2008, respectivamente -que se toman como año base. Para el período 1929-1933 se tomaron las cifras de comercio mensual de mercancías reportadas por Kindleberger y para el período 2008-2012 se usaron datos de la OMC.  El contraste no puede ser más marcado. 



Cuenta Kindleberger, que las tendencias proteccionistas habían comenzado a manifestarse ya en los años 20. Con el objeto de ponerles freno, se realizaron en 1927 y 1929 sendas conferencias económicas mundiales en las que se pactaron reducciones arancelarias que no llegaron a materializarse a causa de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, donde, en mayo de 1929,  la Cámara de Representantes había aprobado el proyecto de arancel Smoot-Hawley, que se convertiría en ley en junio de 1930, a pesar de las protestas formales de 38 países y del rechazo de 1028 economistas de Estados Unidos que pidieron al presidente Hoover que vetara la ley[1].  La reacción no se hizo esperar y en el curso de unos pocos meses Suiza, Canadá, Italia, Francia, México, Australia, Nueva Zelanda elevaron sus aranceles.[2]. El “remedio casero” del partido Republicano, como Schumpeter denominó el arancel Smoot-Hawley, había desatado una guerra arancelaria que provocó la violenta contracción del comercio mundial y ahondó la recesión en todos los países.

Con cifras de 2014[3], Estados Unidos, con un 12,6%,  es el primer importador mundial de mercancías y el segundo exportador, con una participación de 8,5%.  Es también el primer importador y exportador de servicios comerciales. El 27% de sus importaciones proceden de Canadá y México, sus socios del NAFTA, y allá van también en el 34% de sus exportaciones. De China llegan el 19,9% de sus importaciones y allá van el 7,7% de sus exportaciones. Cualquier medida unilateral contra estos países tendría impactos fuertes sobre sus economías. México y Canadá están muy expuestos ya que el 80%  y el 75% de sus exportaciones respectivas van a Estados Unidos. China está menos expuesto con un 18%. 

No se  necesita mucha ciencia económica para comprender lo que infructuosamente los economistas norteamericanos trataron de hacerle entender al presidente Hoover y a los políticos de Washington. Sin embargo, como el proteccionismo no parece haber sido completamente extirpado, no está fuera de lugar recordar sus sencillas y sensatas palabras a propósito de la implantación del arancel  Smoot-Hawley:

“Nuestro comercio de exportación sufrirá. Los otros países no pueden comprarnos permanentemente a menos que les permitamos vendernos, y cuanto más restringimos las importaciones provenientes de ellos por medio de tarifas elevadas más reducimos la posibilidad de venderles nuestras exportaciones”.

Y añadían esta advertencia:

“Hay ya múltiples evidencias de que tal acción inevitablemente provocará que otros países nos paguen con la misma moneda mediante la aplicación de gravámenes retaliatorios contra nuestros productos”[4]

Y así sucedió en efecto en los años 30 y volverá a ocurrir ahora pues ni entonces ni hoy Estados Unidos está libre de represalias comerciales. Si esto ocurre, al igual que en aquel entonces, la política de empobrecer al vecino terminará por empobrecer a todo el vecindario.

LGVA
Noviembre de 2016.




[1] Este documento, que salva en algo el honor de la profesión pues al otro lado del Atlántico Mr Keynes estaba proponiendo gravar las importaciones, se reprodujo en 2007. Entre las firmas destacadas se encuentran las de Irving Fisher y Frank Taussing. Véase:  “Economists Against Smoot-Hawley” en Econ Journal Watch Volume 4, Number 3, september 2007, pp 345-358.

[2] Véase: Kindleberger, Ch. P. (2009). La crisis económica 1929-1939. Editorial Capitán Swing, Madrid, 2009. Páginas 209-213 y páginas 277-286.

[3] World Trade Organization (2016). Trade Profiles 2015. Página 193.  https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/trade_profiles15_e.pdf

[4] “Economists Against Smoot-Hawley” en Econ Journal Watch Volume 4, Number 3, september 2007, pp 349. 

jueves, 27 de octubre de 2016

Jorge Enrique Robledo: candidato de la reacción

Jorge Enrique Robledo: candidato de la reacción

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Universidad EAFIT

Las fuerzas reaccionarias del País están de plácemes con el lanzamiento de la precandidatura presidencial del senador Jorge Enrique Robledo. En política, la reacción, explica doña María Moliner, es toda ideología o actuación contraria al progreso y los reaccionarios son aquellos que piensan u obran de acuerdo con esa ideología, propenden por restablecer lo abolido y se oponen a la innovación. El senador Robledo es su representante por antonomasia.

Para el senador Robledo la tragedia de Colombia empezó con la apertura del gobierno de Gaviria y se ha continuado con los acuerdos de libre comercio suscritos por posteriores gobiernos. El senador Robledo, al igual que su homólogo de Estados Unidos, Míster Donald Trump, detesta el libre comercio y nos propone retroceder – eso es ser reaccionario – a la época abolida del proteccionismo industrial con sus cuotas de importación, sus licencias previas y sus elevados aranceles que hacían posible que solo los muy ricos tuvieran acceso a bienes importados mientras que los demás tenían que conformarse con los bienes de producción local, costosos y de baja calidad; al tiempo que garantizaban a los productores nacionales, libres de toda competencia, una elevada rentabilidad.  El senador Robledo quiere que volvamos a vestirnos todos con Drill Armada Coltejer y camisas de popelina; que bebamos solo cerveza Pilsen, aguardiente tapa roja y gaseosas de Postobón; que usemos neveras y lavadoras Icasa y que, los más afortunados, conduzcan un Renault 4, el carro colombiano, para comprar el cual, en la época dorada del proteccionismo, había que ponerse en una lista pagando el 50% y esperar doce meses para la entrega, rezando para que entre tanto no aumentara el precio. Nada de eso importa, hay que garantizar la prosperidad de la burguesía nacional aliada del proletariado en su lucha contra el imperialismo yanqui y sus lacayos.

También la agricultura, según el senador Robledo, debe ser protegida con poderosos aranceles y feroces cuotas de importación y apoyada con generosos subsidios, como los de Agro Ingreso Seguro. No importa que los precios de los productos agrícolas nacionales se eleven, aumentando de paso la renta de los terratenientes, y que los importados se vuelvan inalcanzables para la mayoría. De eso se trata la soberanía alimentaria: garantizarles a todos los colombianos una balanceada dieta de habas y papas.  Nada de agroindustria y grandes explotaciones agrícolas mecanizadas y productivas. Eso sería proletarizar a los campesinos. A estos hay que dejarlos con sus pequeñas parcelas, sus unidades agrícolas familiares o, mejor aún,  con sus contratos de aparcería como en los años 50 y 60 del siglo pasado. Y eso sí, nada de innovaciones técnicas que eleven la productividad de la agricultura pues estas tienen el mismo efecto que el libre comercio: reducen los precios de los productos agrícolas y las rentas de los terratenientes. Quien se opone al libre comercio debe oponerse también a las innovaciones y al avance técnico. En esto el senador Robledo es bien coherente.

En efecto, el senador Robledo se opone a Uber y seguramente también a otras plataformas tecnológicas de la economía compartida. Y tiene toda la razón al obrar así: con Uber desaparecerán las rentas monopolísticas del negocio de los taxis de las que se apropian los Uldaricos de todas las ciudades y sus aliados políticos. El senador Robledo está haciendo méritos para convertirse en el más confiable de todos ellos. Para entrar a este negocio hay que comprar un carro, que cuesta 50 millones,  y hay que pagar un “cupo”, que cuesta otro tanto o un poco más, dependiendo de la ciudad o de la ruta donde se otorga la concesión. Por ejemplo, el “cupo” para prestar el servicio de taxi entre el aeropuerto de Rio Negro y la ciudad de Medellín cuesta la friolera de 200 millones de pesos. Es imperioso conservar esas rentas para financiar las clientelas políticas. Los usuarios del transporte urbano tienen que cumplir con el deber patriótico de transportarse en los desvencijados taxis amarillos del monopolio aunque tengan que hacerlo por la fuerza como ya está ocurriendo en algunas ciudades donde bandas de taxistas, apoyadas por guardas de tránsito y agentes de la policía de carreteras, están dedicadas a identificar y perseguir a los vehículos Uber y a sus usuarios.

Pero son muchos otros sectores de los cuales el senador Robledo se presenta como vocero. Allí están los pobres azucareros injustamente sancionados por la SIC por acartelarse para defender la producción nacional; los míseros arroceros sometidos a la ruinosa competencia del arroz que se importa con arancel de solo el 80%; están los de la leche, el trigo, los pollos y todos aquellos patrióticos productores cuyas rentas se ven amenazadas por los ruinosos TLC. Y claro, también están las instituciones de educación superior, las de garaje y las públicas subsidiadas, cuyos voceros se hicieron presentes en el foro recientemente convocado por el senador Robledo para denunciar la amenaza que para ellas representan las grandes universidades privadas de Estados Unidos. Hay que protegerlas pues aquellas son portaestandartes de la “cultura nacional, científica y de masas” por la que ha luchado el senador Robledo desde sus tiempos de maoísta en el MOIR.

El senador Robledo es un hombre respetable de cuya buena fue no puede dudarse. Se ha destacado en el congreso más por su constancia que por su sabiduría.  Siempre se ha visto y proclamado como el paladín de los pobres y los despojados. Paradójicamente, las políticas económicas que impulsa reducen la oferta disponible de bienes y servicios de los pobres que dice defender al tiempo que elevan los ingresos de terratenientes, productores ineficientes y  de buscadores de renta que se lucran de la intervención parasitaria del estado. Es decir, de todas las fuerzas reaccionarias que se benefician del aislamiento económico, el estado intervencionista y el atraso tecnológico y que todas a una están gritando: ¡Adelante, Senador Robledo!

LGVA
Octubre de 2016.




domingo, 23 de octubre de 2016

Jorge Luis Borges: ese liberal.

Jorge Luis Borges: ese liberal.

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Universidad EAFIT

Buena parte de los escritores e intelectuales del siglo XX, quizás la mayoría, mostraron y proclamaron una abierta antipatía con las instituciones del capitalismo y se veían como los aliados naturales de las masas explotadas por la burguesía codiciosa y las multinacionales sin alma. Este fenómeno llamó la atención de pensadores liberales, como L. V Mises y B de Jouvenel, quienes lo analizaron con singular agudeza[1]. Los escritores colombianos no escaparon a esa tendencia, con la excepción honrosa de Álvaro Mutis, quien además de proclamar sin tapujos su profesión de fe monárquica, para irritación de sus amigos “progresistas”, dejó al desnudo la patética ignorancia de estos en cuestiones económicas en un delicioso texto titulado “Economía de salón”[2].  En América Latina, Borges, por supuesto, fue el único gran escritor que se resistió al canto de sirena de la revolución cubana entonado desde Casa de las Américas, donde Haydée Santamaría y Fernández Retamar cumplían la misión de obtener – con premios, viajes, cocteles y publicaciones -  el apoyo de los intelectuales latinoamericanos al régimen castrista.

El inmenso talento de Borges permitió que los intelectuales y escritores “progresistas”, como Sartre, que alabó su obra, le perdonaran hasta cierto punto sus ideas supuestamente reaccionarias y sus desplantes escandalosos, como haber asistido a una recepción del general Videla, a la que también concurrió el “progresista” Ernesto Sábato, y su viaje a Chile en 1976, bajo el gobierno del general Pinochet. Cuenta María Kodama que días antes de dicho viaje, en el que fue a recoger un  Doctorado Honoris Causa en la Universidad de Chile, Borges recibió una llamada en la que desde Estocolmo le "recomendaban" no ir. La conversación concluyó con una frase en la que se revela su portentosa personalidad: “Mire señor, yo le agradezco su amabilidad, pero después de lo que usted acaba de decirme mi deber es ir a Chile. Hay dos cosas que un hombre no debe permitir: sobornar o dejarse sobornar"[3]. Añade, María Kodama, que al escuchar esta frase, lo adoró mucho más.

Borges rechazó siempre que a un escritor se le juzgase por sus opiniones políticas. Reconoció a Neruda como un gran poeta, más que por sus versos románticos por los poemas que le inspirara su militancia comunista; pero a diferencia de este nunca fue militante ni propagandista de nada, pues como dijo una vez “...en lo referente a mis opiniones políticas, creo que nunca podría convencer a nadie con ellas”. Añadiendo a reglón seguido que “…siempre he hecho que quede claro (…) donde estoy. La gente siempre ha sabido que yo estaba (…) contra Hitler, contra el anti-semitismo, contra el fascismo, contra el comunismo, contra nuestro propio dictador, Perón.”[4]

A la pregunta, ¿qué le desagrada del comunismo?, respondió:

“Bueno, me han enseñado a pensar que el individuo debe ser fuerte y el estado débil. No podía entusiasmarme una teoría en la que el estado sea más importante que el individuo. Soy un conservador, pero ser en mi país conservador no significa ser una momia, significa, digámoslo así, un liberal moderado. Si se es conservador en la Argentina nadie piensa que se es un fascista o un nacionalista”[5].

En un ensayo titulado “Nuestro pobre individualismo”, incluido en su libro “Otras inquisiciones”, escribió:

“El más urgente de los problemas de nuestra época (ya denunciado con profética lucidez por el casi olvidado Spencer) es la gradual intromisión del Estado en los actos del individuo; en la lucha contra ese mal, cuyos nombres son comunismo y nazismo, el individualismo argentino, acaso inútil y perjudicial hasta ahora, encontrará justificación y deberes”[6]

También en “Otras inquisiciones” se encuentra este texto sobre el antisemitismo[7]
  
“Varias razones hay para que yo no sea un antisemita; la principal es esta: la diferencia entre judíos y no judíos me parece, en general, insignificante; a veces, ilusoria o imperceptible”. Y para reforzar su argumento, invocó la sabiduría cáustica de Mark Twain, quien declaró: “Yo no pregunto de qué raza es un hombre, basta que sea un ser humano, nadie puede ser nada peor”.  

Sobre el nacionalismo, en conversación con Antonio Carrizo, declaró:

“En cambio ahora estamos tan orgullosos de haber nacido en un lugar determinado….Lo cual es ridículo, ¿No? Yo creo que el nacionalismo es el mayor mal de nuestro tiempo”[8]

En su último libro de poesía, “Los conjurados”, dejó en un bello poema titulado “Juan López y John Ward”[9], la más despiadada condena del nacionalismo y el patrioterismo. Hay que citarlo en su totalidad:

“Les tocó en suerte una época extraña.
El planeta había sido parcelado en distintos países, cada uno provisto de lealtades, de queridas memorias, de un pasado sin duda heroico, de derechos, de agravios, de una mitología peculiar, de próceres de bronce, de aniversarios, de demagogos y de símbolos. Esa división, cara a los cartógrafos, auspiciaba las guerras.
López había nacido en la ciudad junto al río inmóvil; Ward, en la afueras de la ciudad por la que caminó Father Brown. Había estudiado castellano para leer el Quijote.
El otro profesaba el amor de Conrad, que la había sido revelado en una aula de la calles Viamonte.
Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara, en unas islas demasiado famosas, y cada uno de los dos fue Caín, y cada uno, Abel.
Los enterraron juntos. La nieve y la corrupción los conocen.
El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender”.

En los siglos XVIII y XIX, cuando nace el liberalismo, no había nada más progresista que la defensa de la libertad y del individuo contra la intromisión del estado. El siglo XX, en una insólita inversión de los valores, convirtió en progresistas a los adoradores del Leviatán y en reaccionarios a seres como Borges, el hombre de todas las patrias y todos los tiempos. Pero no importa, ahí quedan para siempre sus extraordinarias palabras:

“…yo nunca he sido un hombre oficial; yo nunca me he visto en función del Estado (…) Soy el menos oficial de los hombres y el más individual de los hombres, creo. Sigo siendo discípulo de Spencer: no digamos el individuo contra el Estado, pero el individuo sin el Estado, o con un mínimo de Estado. Si. Lo demás son accidentes”[10].

LGVA
Octubre de 2016.




[1] El texto de Mises se titula “La literatura bajo el capitalismo” en Mises L.V. (1996) Sobre liberalismo y capitalismo. Unión Editorial, Barcelona, 1996. Volumen II, páginas 229-245.  El texto de Bertrand de Jouvenel se titula “Los intelectuales europeos y el capitalismo” y está incluido en la obra colectiva El capitalismo y los historiadores. Unión Editorial, Madrid, 1997. Páginas 87-111.

[2] Mutis, Álvaro (1999). De lecturas y algo de mundo. Seix Barral – Planeta Colombiana Editorial, Bogotá, 1999. Páginas 258-260.

[4] Burgin, Richard. (1974). Conversaciones con Jorge Luis Borges. Taurus Ediciones S.A. Madrid, 1974. Página 124.

[5] Burgin, Richard. (1974). Conversaciones con Jorge Luis Borges. Taurus Ediciones S.A. Madrid, 1974. Página 124.

[6] Borges, J.L. (1980). Prosa completa. Bruguera, Barcelona, 1980. 2 Volúmenes. Volumen 2, página 163.

[7] Ídem, página 245.
[8] Borges y Carrizo (1997). Borges el memorioso: Conversaciones de Jorge Luis Borges con Antonio Carrizo. Fondo de Cultura Económica, México, 1997. Página 21.

[9] Borges, J.L. (2013). Poesía completa. Random House Mondadori, Barcelona y Bogotá, 2013. Página 613.

[10] Borges y Carrizo (1997). Borges el memorioso: Conversaciones de Jorge Luis Borges con Antonio Carrizo. Fondo de Cultura Económica, México, 1997. Página 262.

sábado, 8 de octubre de 2016

Seis propuestas para mejorar los Acuerdos de La Habana

Seis propuestas para mejorar los Acuerdos de La Habana

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Universidad EAFIT

En mi blog personal publiqué un par de artículos sobre los Acuerdos de La Habana. El primero, el 30 de julio, titulado “Una reflexión sobre los Acuerdos de La Habana y cinco propuestas para mejorarlos”; el segundo,  titulado “Para salvar los acuerdos, voy a votar NO, el 16 de septiembre, en el que hacía pública mi intención de votar NO en el plebiscito del pasado 2 de octubre. Con razón, los partidarios del SI, reclaman de quienes votamos NO, las modificaciones que a nuestro entender deben hacerse a los Acuerdos para que éstos resulten aceptables para el conjunto más amplio posible de ciudadanos. En esos dos artículos están formuladas ya las modificaciones que a mi modo de ver deben introducirse a los Acuerdos. Aquí las reitero de forma sintética y más clara, eso espero.

Las propuestas que formulo parten del reconocimiento de que los Acuerdos son el resultado del trabajo serio, responsable y de buena fe de los delegados del gobierno y, presumo, también de las FARC. Aunque podría señalar centenas de cosas que me parecen indeseables y sugerir centenas de modificaciones, reconozco que el texto de los Acuerdos es un gran logro político que no puede dejarse de lado y que es, por el contrario, el documento central en torno al cual debe girar la discusión y plantearse las propuestas de mejora. Una razón adicional para tomar los acuerdos alcanzados como eje de cualquier negociación es la necesidad imperiosa de llegar al consenso más amplio posible en un horizonte de tiempo razonable, no más de dos o tres meses, para evitar la incertidumbre que puede afectar la confianza de los mercados en la economía colombiana. A continuación, mis propuestas.
 
1.    Incorporación de los Acuerdos al bloque de constitucionalidad. Los acuerdos no deben ser parte del bloque de constitucionalidad. Reconocidos juristas – Hernando Yepes Arcila, Hugo Palacios Mejía y Jaime Castro -  han planeado las graves implicaciones que esto tiene para la institucionalidad del País. Como economista creo que eso pone en riesgo la estabilidad macroeconómica y limita la libertad de acción y la política pública de dos gobiernos. En mi condición de simple ciudadano considero que es profundamente antidemocrático reformar la constitución mediante un procedimiento insólito que desconoce las facultades del Congreso y los procedimientos de reforma previstos en la constitución. Entiendo que esta es una pretensión de las FARC que tiene el propósito de “blindar” los acuerdos. Las FARC deberían entender que el blindaje de los acuerdos es antes que nada político y éste depende de la aceptación ampliamente mayoritaria de la ciudadanía.

2.    Desarrollo normativo de los Acuerdos. La agenda normativa para el desarrollo de los acuerdos es amplia y difusa: allí cabe cualquier cosa.  Además, ya se oyen las voces de quienes reclaman mayor déficit fiscal y mayor endeudamiento público para financiar los gastos que acarrea el cumplimiento de los acuerdos. Por eso, es conveniente excluir expresamente ciertos tópicos que son fundamentales para la estabilidad económica del País. En ningún caso las reformas constitucionales o legales  que deberán adelantarse para dar cumplimiento a los acuerdos deben comprometer el régimen económico y de hacienda pública de la constitución, en particular la autonomía del Banco de la República, el fundamento constitucional de la regla fiscal establecido por el acto legislativo 03 de 2011,  la distribución de recursos y competencias entre la Nación y las entidades territoriales del acto legislativo 07 de 2007, el sistema de regalías y el régimen de servicios públicos.  Los cambios constitucionales y legales que se realicen en el futuro sobre estas materias se harán conforme a los procedimientos legislativos ordinarios y en ningún caso según el procedimiento legislativo especial. 


3.    Jurisdicción especial para la paz. Creo que el aparato judicial paralelo que se pretende montar es excesivo e innecesario. La justicia transicional puede ser aplicada por los organismos judiciales del País. El grueso de los guerrilleros pueden beneficiarse de la amnistía o el indulto, como está previsto en los acuerdos. Los dirigentes de la FARC pueden ser juzgados por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. La JEP debe limitar su jurisdicción a los dirigentes de las FARC y a los militantes sobre los que pesen sindicaciones de delitos de lesa humanidad. Los militares y civiles que tengan causas pendientes con la justicia relacionadas con el conflicto podrán si lo creen conveniente someterse libremente a la JEP. En ningún caso – ni en el de los miembros de las FARC, ni en el de los militares, ni en el de los demás ciudadanos – se tendrán en cuenta informes o acusaciones de terceros; únicamente serán considerados en sus procesos los expedientes y demás documentos aportados por las autoridades judiciales del País.

4.    Participación en política. Aunque excesiva, la garantía de 5 curules en senado y 5 en cámara en las circunscripciones ordinarias debe mantenerse. Las 16 circunscripciones especiales deben abrirse a la participación de todos los partidos y movimientos políticos, tengan o no representación en el congreso. Las ventajas otorgadas al partido de las FARC deben extenderse en las mismas condiciones a los movimientos que carezcan de representación en el congreso y deseen postular candidatos en las circunscripciones ordinarias o en las especiales. Los ciudadanos que voten en las circunscripciones especiales no podrán hacerlo en las circunscripciones departamentales de cámara. Los dirigentes de las FARC que reciban condenas restaurativas de la JEP no podrán participar en las elecciones de ninguna índole hasta tanto hayan cumplido la pena impuesta. En la práctica esto significa que no podrán ser candidatos en las elecciones de 2018, más si en las de 2022. Todos los movimientos y partidos políticos tengan o no personería jurídica o representación en el congreso deben tener participación en los procesos conducentes a la formulación del estatuto de oposición y la reforma del régimen electoral.

5.     Política agraria.  Debo decir que el acuerdo agrario es un claro retroceso en la política agraria del País. No obstante, si se deja actuar libremente a los campesinos y empresarios, la visión del sector agropecuario que se pretende implantar será barrida por la fuerza de los hechos económicos. Para ello, los campesinos que reciban tierra del fondo de distribución de tierras deben poder disponer libremente, y en cualquier momento, de su propiedad, sin restricción alguna. Todos los campesinos y en especial los de las Zonas de Reserva Campesina deben también poder explotar sus talentos naturales, emplear trabajo asalariado, acrecentar el tamaño de sus parcelas, disponer libremente de su propiedad y venderla a quien deseen a un precio libremente acordado. Esos campesinos, como todos los colombianos, deben tener libertad económica, pues sin ésta no hay libertad política ni libertad de ningún tipo. Para garantizar a los campesinos el derecho a la salida de las ZRC, el gobierno se compromete a adquirir las UAF que se le ofrezcan por su precio de mercado, es decir, al precio de propiedades de características similares que no hagan parte de ninguna ZRC. El sistema de subsidios y transferencias que sustenta el modelo agrario de los acuerdos debe estar limitado temporalmente a cinco años y ser consistente con las restricciones fiscales y presupuestales. Es decir, todo gasto público a cargo de la Nación que se derive de los acuerdos debe incorporarse al presupuesto general de la Nación, como cualquier otro gasto: es decir, como una autorización de gasto sujeta a disponibilidad presupuestal, o sea: mantener el principio de que un gasto se ejecuta si la restricción presupuestal lo permite, y de lo contrario no. Esto aplica no solo para los gastos asociados al cumplimiento del acuerdo agrario sino también para todos los que se derivan de los demás acuerdos. 

6.    El problema del narcotráfico. La solución al problema del narcotráfico pasa por su descriminalización total. La descriminalización de la marihuana debe hacerse de forma inmediata, en un plazo no mayor de un año, como ya lo hicieron países como Uruguay, Holanda, Portugal y varios estados de los Estados Unidos sin verse obligados a denunciar la Convención de Viena de 1988. Se debe crear una comisión de expertos para que seis meses después de la firma de acuerdo final presente el procedimiento y el cronograma de descriminalización de la producción, comercialización y consumo de todas las drogas ilícitas. La descriminalización total debe estar concluida en dos años después de la firma del acuerdo ajustado.


LGVA
Octubre de 2016.