lunes, 22 de septiembre de 2014

Costos económicos y sociales de la deficiente prestación de los servicios de agua y saneamiento


Costos económicos y sociales de la deficiente prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en ciudades emergentes

El caso de Tegucigalpa[1]

 

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista, Docente Universidad EAFIT

 

I.                   Introducción

El propósito de esta conferencia es compartir algunas reflexiones sobre la problemática de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en ciudades emergentes. Inicialmente, se insiste en el hecho, no por sabido menos importante de resaltar, de que vivimos en un mundo predominantemente urbano. Posteriormente se presentan los indicadores de prosperidad de las ciudades desarrollado por UNHABITAT, con referencia al caso de Tegucigalpa. Más adelante, se resumen los resultados de un estudio de estimación de costos económicos de la deficiente prestación de los servicios de agua y saneamiento en Tegucigalpa, realizado por Luz María Gonzalez hace 3 años. Se termina con un par de conclusiones.

II.                Un mundo urbano

Vivimos en un mundo predominantemente y crecientemente urbano. Ya en 2008, la tasa de urbanización mundial llegó al 50% y se espera que para 2030 alcance el 60%. El fenómeno de la urbanización es particularmente acentuado en los países en desarrollo donde se estima que más del 90% del crecimiento poblacional está teniendo lugar en las ciudades. Algunos países de América Latina – como Argentina (93), Chile (90), Brasil (85), México (79) y Colombia (76) – han alcanzado tasas de urbanización similares a las del mundo desarrollado. Para el conjunto de la región a América Latina y el Caribe, la tasa de urbanización habría ya superado el 80% en 2012.

Gráfica 1
 

 

Todos los países centroamericanos, con excepción de Belice, ya superaron el umbral de 50%. Honduras está en 53%, según cifras del Banco Mundial

Gráfica 2
 

 

La definición estadística de la tasa de urbanización varía de un país a otro, pero típicamente se define como el porcentaje de la población que habita en localidades con 25.000 o más habitantes. Dentro del conjunto de población urbana es preciso definir un subconjunto correspondiente a la población que habita en las grandes aglomeraciones urbanas, que la UNHABITAT define como aquellas que en 2009 tenían una población igual o superior a los 750.000 habitantes. De éstas habría en el mundo cerca de 600 que albergan 1.600 millones de personas. Finalmente, dentro de este subconjunto de las aglomeraciones urbanas hay otro, el conformado por las ciudades o aglomeraciones emergentes, que en su mayor parte están en los países en desarrollo y cuyo proceso de urbanización se intensifica desde mediados del siglo XX. En esta última categoría está Tegucigalpa y las demás capitales centroamericanas, con excepción de Belmopán. Nótese que Tegucigalpa en 10 años dobló su población. A futuro, la tasa de crecimiento poblacional se reduce, pero es aún bastante elevada, según las estimaciones de UNHABITAT.

Tabla 1
 



Lo expuesto indica de forma ostensible que el bienestar económico de los países está estrechamente vinculado con la prosperidad de sus ciudades.

III.             La prosperidad de las ciudades: ¿en dónde está Tegucigalpa?

En su último reporte sobre el estado de las ciudades del mundo, UNHABITAT desarrolla un nuevo indicador para medir la prosperidad de las ciudades. Se denomina Índice de Prosperidad de la Ciudades (IPC), en el cual se agregan cinco indicadores correspondientes a otras tantas dimensiones de la prosperidad.

Prosperidad significa éxito, riqueza, bienestar, en fin, oportunidades. Una ciudad próspera es productiva lo cual significa que contribuye al crecimiento económico generando oportunidades de empleo e ingreso para sus habitantes. En segundo lugar, una ciudad próspera cuenta con la infraestructura adecuada de los servicios públicos – acueducto, alcantarillado, vías, energía, comunicaciones, etc. – necesaria para el bienestar de la población y el desarrollo de las actividades económicas. En tercer lugar, una ciudad próspera cuenta con la infraestructura y los medios para proveer a sus habitantes con los servicios de seguridad, salud, educación, recreación, etc. Finalmente, no podría considerarse como próspera una ciudad aquejada por la pobreza y la desigualdad y cuyo desarrollo no sea ambientalmente sostenible. Naturalmente todas estas dimensiones están relacionadas entre ellas y con la política pública y la acción de los gobiernos local y nacional. Esta articulación se expresa en lo que UNHABITAT denomina la rueda de la prosperidad urbana.

Gráfica 3
 
 

 

Se tienen pues cinco dimensiones de prosperidad con su respetico índices, a saber:

·         Índice de Productividad (IP). La productividad es la capacidad de la ciudad de generar empleo e ingreso para sus pobladores y de posibilitar innovaciones y transformaciones económicas. Se mide por el total de bienes y servicios producidos por los habitantes de la ciudad en período de tiempo dado. No es otra cosa que el valor agregado de la contabilidad social.

·         Índice de Infraestructura. (II). En este se combinan dos índices; el de la dotación de infraestructura colectiva propiamente dicha y el de dotación de viviendas apropiadas.

·         Índice de Calidad de Vida. (ICV). Está compuesto por tres dimensiones: educación, salud y espacio público.

·         Índice de Equidad e Inclusión. (IEI). Incluye las medidas habituales de desigualdad en ingreso y consumo (coeficiente de GINI) y medidas de acceso a los servicios sociales y a la infraestructura colectiva.

·         Índice de Sostenibilidad Ambiental. (ISA). Comprende la calidad del aire, las emisiones contaminantes y la contaminación interior en las edificaciones.

Por construcción, cada uno de estos índices tiene un valor entre cero y uno. A partir de ellos, se calculas dos índices compuestos de prosperidad: el IPC 5, que es el promedio aritmético simple de todos ellos, y el IPC 4, del cual se excluye en índice de equidad.

De acuerdo con el valor de IPC, cuya cercanía a la unidad indica mayor prosperidad, se forman las siguientes categorías:

·         Ciudades con muy sólidos factores de prosperidad. Son las que tienen un IPC igual o superior a 0,9. En este grupo clasifican ciudades como Viena, Estocolmo, París, Toronto, Nueva York, etc.

·         Ciudades con sólidos factores de prosperidad – Categoría 1. Tienen un IPC entre 0,800 y 0,899. Aquí están Moscú, Atenas, Shanghai y dos latinoamericanas: México y Sao Paulo.

·         Ciudades con sólidos factores de prosperidad – Categoría 2. Con un IPC entre 0,700 y 0,799. El Cairo, Manila y Pekín son algunas de las que hacen parte de este grupo.

·         Ciudades con factores de prosperidad moderados. Son ciudades con IPC entre 0,6 y 0,699. En este grupo está Tegucigalpa al lado de Ciudad de Guatemala, Nairobi y Nueva Delhi.

·         Ciudades con factores de prosperidad débiles. Tienen un IPC entre 0,5 y 0,599. Aquí están Dakar, Accra, Lagos y La Paz.

·         Ciudades con factores de prosperidad muy débiles. Son las que tienen un IPC inferior a 0,5. Monrovia, Niamey y Bamako están en esta categoría.

Es su reporte de 2012, UNHABITAT estimó el índice de prosperidad de 68 ciudades, entre las cuales está Tegucigalpa, que ocupa el lugar 44 con un IPC 4 de 0,694 y un IPC 5 de 0,652. Se sitúa, como ya se indicó, en la categoría de ciudades con factores de prosperidad moderados. En la gráfica 4 se visualiza la situación de Tegucigalpa con relación a la ciudad mejor calificada, Viena, y a la peor, Monrovia.

Gráfica 4
 

 

Además de Tegucigalpa, el estudio de UNHABITAT incluyó otras 4 ciudades de América Latina: Sao Paulo, México DF, Ciudad de Guatemala y La Paz. La Tabla 2 y la Gráfica 5 muestran los índices de este grupo.

Tabla 2
 

 

Gráfica 5
 

 

 

IV.             El costo de la carencias

Naturalmente está por fuera del alcance de esta conferencia analizar el valor alcanzado por los diferentes índices en el caso de Tegucigalpa. Se considera exclusivamente el índice de infraestructura y dentro de éste lo que tiene que ver con los servicios de agua y saneamiento. El estado de estos servicios en la Ciudad es bien conocido. Por esa razón se pasa directamente a considerar el costo económico y social de unos niveles de servicio insuficientes en cobertura y calidad.

La literatura sobre el tema es bastante extensa. En general todos los estudios coinciden en señalar impactos sobre la salud (morbilidad y mortalidad infantil, desnutrición, enfermedades hídricas, etc.); la educación (inasistencia por enfermedades o por tiempo dedicado al acarreo de agua, bajo desempeño escolar por enfermedad, etc.); y la discriminación de género (las tasas de deserción e inasistencia escolar suelen ser mayores en las niñas que en los niños). Todos estos impactos disminuyen la esperanza de vida, limitan la acumulación de capital humano por parte de las familias más pobres y reducen las posibilidades de mejorar su productividad laboral en el futuro. Se perpetúa de esta forma el círculo vicioso de la pobreza.  

Ahora bien, estos impactos son más fáciles de señalar que de medir. La dificultad estriba en que buena parte de los costos las deficiencias en los servicios no tienen una expresión directa en el mercado. Entre los métodos de estimación más empleados están el de los costos evitados, el de los precios hedónicos y el de valoración contingente o disposición a pagar.

El método de los costos evitados es usual en la evaluación económica de proyectos. Así por ejemplo, un proyecto de inversión que amplíe la cobertura de agua potable debe reducir la incidencia de enfermedades de origen hídrico evitando a las familias y al sistema de salud los gastos de su tratamiento. Otro costo evitado es el de los días de trabajo y estudio perdidos por enfermedad. Finalmente, las familias beneficiadas se evitarían los costos de formas alternativas de proveerse de agua: acarreo, almacenamiento, agua embotellada, etc.

El método de los precios hedónicos se basa en la idea según la cual un el precio de un bien – típicamente un vivienda o un inmueble de cualquier naturaleza – del conjunto de atributos que determinan su capacidad para satisfacer las necesidades humanas. Así, el precio de una vivienda dependerá del área total y construida, de los materiales, de su localización, de las conexiones de servicios públicos domiciliarios, etc. Dos viviendas que sean semejantes en todos los atributos, con la excepción de que una de ellas cuenta con conexiones de agua potable y alcantarillado, tendrán diferentes precios de mercado. La diferencia de precios es el precio hedónico de esas conexiones.

Finalmente el método de la valoración contingente o de disposición a pagar se basa en la estimación del valor que el consumidor atribuye a un bien o servicio del cual carece – o del que dispone en cantidad o calidad insuficiente – enfrentado a la situación hipotética de disponer de él. Se basa en el supuesto de que el consumidor racional sólo está dispuesto a pagar una suma equivalente al valor que atribuye al consumo o uso del bien o servicio en cuestión. Las estimaciones de esa disposición a pagar se hacen aplicando encuestas a grupos de consumidores seleccionados.

Utilizando estas metodologías, Luz María Gonzalez, consultora colombiana, estimó hace algunos años el costo económico de la deficiente prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en Tegucigalpa.

Para estimar los costos de la prestación deficiente del servicio de agua potable consideró dos aspectos: los impactos para la salud y el costo de racionamiento. En el primer caso empleó la metodología de la valoración contingente usando los resultados de las encuestas realizadas en 2005 por ESA Consultores Internacionales, ajustándolos a precios de 2010. Para estimar el costo de racionamiento recurrió al método de los costos evitados, estimado el costo unitario (Lempiras/m3) que asumen los habitantes de la ciudad para suplir con formas alternativas (acarreo, almacenamiento, pozos, agua embotellada, etc.) el suministro insuficiente de la red pública. Estimó el racionamiento como la diferencia entre la cantidad que se demandaría en el caso de un servicio suficiente y la que se demanda en las condiciones del servicio actual. En caso del servicio de alcantarillado empleó el método de los precios hedónicos y para el tratamiento de aguas residuales la disponibilidad a pagar. Para el servicio de aseo empleó el costo de recolección y transporte y lo aplicó a la población no servida. En disposición final empleó la disposición a pagar. Los resultados se resumen en la Tabla 3.

Tabla 3
 

 

 

V.                Observaciones finales.

Los resultados del estudio de UNHABITAT son muy importantes y conviene profundizar en ellos. Sería conveniente revisar a fondo la metodología empleada y reestimar los índices. En todo caso, independientemente de los valores que tengan los índices, la conceptualización de la prosperidad y de la articulación de las variables que la determinan es un instrumento especialmente poderoso para la formulación de las políticas públicas y la definición de prioridades. El estudio de Gonzalez continúa teniendo gran validez y deberían dedicarse algún esfuerzo a su actualización. Personalmente creo que los costos económicos están subestimados, especialmente en lo referente a los impactos sobre la salud y la educación. A fin de cuentas, hoy y siempre, la riqueza no es otra cosa que el producto del trabajo y las carencias en salud y educación minan de forma duradera la productividad de la población más pobre imponiendo límites su capacidad de generar ingresos.

Bibliografía.

Ducci, Jorge. (2007) “Acceso al agua potable, saneamiento y pobreza” Foro social de Sao Paulo 2009. www.corporacionesescenarios.org

Ferro, Logares, Roitman (2009). “Water, health and social cost/benefit analysis” MPRA Paper No 16618.

Gonzalez, Luz María (2011). Análisis económico y financiero de la situación actual de los servicios públicos en Tegucigalpa. Consultoría para el Banco Mundial.

Hutton y Haller (2004). “Evaluation of the cost an benefits of wáter and sanitation improvements at the global level” OMS, Ginebra.

UN-HABITAT. (2012). State of the world´s  cities report 2012/2013.

 

LGVA

Tegucigalpa, Octubre de 2014.

 




[1] Texto de la conferencia dictada en la celebración del Día del AGUA. Tegucigalpa, octubre de 2014.

 

miércoles, 17 de septiembre de 2014

La escasez de las monedas de mil y la ley de Gresham


La escasez de las monedas de mil y la ley de Gresham

 

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista, Docente Universidad EAFIT

 

Los comerciantes se están quejando de la escasez de monedas de mil pesos; a pesar de que, según el Banco de la República, este año se ha triplicado su circulación. Opina el gremio de los comerciantes, “lo que ha podido pasar es que algunas personas están acumulando en sus alcancías monedas de mil y quinientos”. Por ello recomiendan al Banco “volver a producir billetes de mil”[1].

No es buena la idea de producir y poner en circulación más billetes de mil. Debe hacerse todo lo contrario, es decir, retirar los que están circulación lo más pronto que sea posible. Lo que está ocurriendo con las monedas de mil es una variante del fenómeno conocido con el nombre de Ley de Gresham, según la cual, “la moneda mala expulsa la buena”.

La mayoría de las personas, en sus pequeños pagos con efectivo, tienden a deshacerse primero de los billetes más sucios y ajados y de las monedas menos lustrosas. Y si deciden hacer un pequeño tesoro, tenderán a guardar los billetes “nuevecitos” o las monedas más brillantes. Esto es lo que está ocurriendo con el atesoramiento de las monedas de mil, la moneda buena, que está siendo expulsada de la circulación por la moneda mala, los sucios y ajados billetes de mil y la calderilla formada por las infelices moneditas de bajo poder adquisitivo.

Aparte de algunos inconvenientes menores, ese fenómeno no tiene mayor trascendencia en el régimen moderno de dinero fiduciario. Pero en un régimen donde el dinero está constituido por piezas acuñadas de oro o plata, la expulsión de la moneda buena por la moneda mala es un problema mayor. Fue en un contexto como éste en el que Sir Thomas Gresham (1519-1579) formuló la ley que le dio celebridad.
 
 

A principios del reinado de Isabel I, Inglaterra estaba aquejada por graves problemas monetarios – inflación y devaluación – heredados del reinado del pródigo Enrique VIII, quien para financiar sus costosas guerras, había recurrido al expediente de devaluar la moneda, reduciendo subrepticiamente el contenido de metal fino de las piezas acuñadas. Se trataba de una práctica muy extendida en la época cuyo equivalente moderno es la financiación del gasto de gobierno con emisión monetaria. Los nacientes estados nacionales se habían apoderado del monopolio de la acuñación, arduamente arrebatado a los señores feudales. El valor de la moneda metálica está determinado por su peso y por su ley, es decir, el contenido de metal fino, oro o plata. Cuando estaban cortos de recursos – primero los señores feudales y luego los reyes absolutos – recurrían al expediente de reducir subrepticiamente el contenido de metal noble de las piezas acuñadas inflando así la masa de los medios de pago. Pronto o tarde los comerciantes se percataban del timo y las monedas empezaban a circular con descuento, lo que no es otra cosa que una forma de decir que los precios nominales aumentaban y la tasa de cambio se devaluaba. Al parecer Enrique VIII utilizó con gran soltura esa forma de financiación puesto que, según informa Michel Duchein, biógrafo de Isabel, entre 1542 y 1546, el contenido de metal noble de las monedas en circulación cayó en 40%[2].  

El enfermizo Eduardo VI y la infortunada María Tudor, durante sus breves reinados, trataron de poner remedio a la situación revaluando la moneda, es decir, elevando el contenido de metal fino de las nuevas piezas acuñadas. Inicialmente, Isabel haría lo mismo, sin mayores resultados. Las nuevas piezas, como por arte de magia, desparecían de la circulación y ésta continuaba estando compuesta, mayoritariamente, por piezas viejas y deterioradas. Naturalmente, los comerciantes se reservaban las piezas nuevas para sus negocios internacionales y las demás personas para sus tesoros, grandes o chicos. La moneda mala expulsaba la buena.

William Cecil, el consejero económico de Isabel, aconsejó a su soberana contratar los servicios de un inglés expatriado, el comerciante y financiero Thomas Gresham, residente en Amberes, la Nueva York del siglo XVI, según informa Michel Duchein. Gresham propuso una reforma monetaria consistente en sacar de la circulación la totalidad de las monedas viejas, deterioradas y devaluadas y reemplazarlas por monedas nuevas con mayor contenido de metal noble. El 29 de septiembre de 1560 una proclama real anunció la operación. Vale la pena citar el inicio de esa proclama en beneficio de los amigos de la inflación monetaria que todavía pululan en todas partes:

“Su Majestad, luego de diversas consultas y debates, ha convenido que nada es tan peligroso y perjudicial para la prosperidad y el buen orden del reino como la existencia de monedas depreciadas, de diversos valores y aleaciones, acuñadas antes de su advenimiento (...) Por causa de esas monedas depreciadas, la corona, la nobleza y los súbditos del reino están empobrecidos, pues el oro y la plata finos se van al extranjero, enormes cantidades de monedas viles son fabricadas por los falsificadores (...) y todos los precios aumentan de manera manifiesta y excesiva, con grave perjuicio para los pensionados, los soldados, los servidores y otras personas que viven de sueldos y rentas”[3]  

La reforma se llevó a cabo y en el breve lapso de un año, en lo que hoy sería un programa de choque, se retiraron las monedas viejas y depreciadas siendo reemplazadas por nuevas piezas de mejor ley. La inflación se detuvo y gente recobró la confianza en la libra. Aquí puede terminarse la historia no sin señalar que tras las reformas monetarias de Brasil, Argentina, Perú y otros países aquejados por la hiperinflación late el espíritu de Sir Thomas.  

Además de la situación en que las monedas viejas y deterioradas desplazan a las monedas nuevas, la ley de Gresham opera también en el caso de circulación bimetálica – monedas de oro y plata – y en el de circulación simultánea de monedas y billetes. En el primero, la moneda cuyo valor no-monetario se eleva por cualquier razón es la “buena” y tiende a salir de la circulación; en el segundo la moneda “mala” suele ser el billete viejo y ajado que saca de la circulación a la lustrosa moneda metálica. Esto parece ser lo que está ocurriendo con las monedas de mil. Por esa razón, el Banco de la República debe desatender el consejo de los comerciantes y en lugar de poner a circular más billetes de mil debe apresurarse a recoger todos los que están en circulación – también los de dos mil – y sustituirlos todos por monedas. Si en la Inglaterra Isabelina eso pudo hacerse en un año, no resulta exagerado que en Colombia esa sustitución se haga a lo sumo en ese mismo lapso. ¿Será demasiado pedir, admirado Jota Uribe?

LGVA

Septiembre de 2014.   




[1] Véase: “Este año se ha triplicado la producción de monedas”. Portafolio. Septiembre 11 de 2014.
[2] Duchein, M. Isabel I de Inglaterra. Javier Vergara, Editor, Buenos Aires, 1994. Páginas 56, 115 y 203.
 
[3] Ídem, página 206.

domingo, 14 de septiembre de 2014

La nueva reforma tributaria no es necesaria y puede ser recesiva


La nueva reforma tributaria no es necesaria y puede ser recesiva

 

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista, Docente Universidad EAFIT

Consultor, Fundación ECSIM

“Los impuestos son la porción del producto de la tierra y de la mano de obra de un país, puestos a disposición del gobierno; su pago proviene siempre, en último término, ya sea del capital o del ingreso del país” (David Ricardo)

 

Es ya un hecho que el Gobierno Nacional presentará una nueva reforma tributaria. Con esta se alcanzaría la no despreciable cifra de 18 realizadas desde 1990, incluyendo algunas que pasaron camufladas en leyes del plan de desarrollo[1]. Por ello, dada la ligereza con la que en el País se reforma el régimen tributario, no resulta anacrónico empezar este artículo recordando, con Ricardo, que los impuestos no salen de la nada y que necesariamente se pagan con el ingreso de las personas o con el capital acumulado.


No se conoce todavía el articulado de la nueva reforma. Se sabe que se mantendrá el impuesto a las transacciones financieras; se perpetuará el impuesto al patrimonio, ampliando su base; y que se aumentarán dos puntos porcentuales a la tarifa del IVA.

David Ricardo, para citarlo una vez más, decía que “el gran mal de la tributación se encuentra no tanto en la selección de sus objetivos, sino en el monto total de sus efectos de conjunto”. A su juicio, no existe ningún impuesto que no tienda a disminuir lo que él llamaba “el poder de la acumulación” o el incentivo a la inversión, como se dice hoy. Pero hay impuestos que causan ese efecto “mayor grado que otros”. En síntesis, para Ricardo todos los impuestos son malos para la inversión, pero hay unos peores. Este es el caso del impuesto a las transacciones bancarias y el impuesto al patrimonio[2].

El impuesto a las transacciones bancarias se estableció con del decreto 2330 de noviembre de 1998, bajo el gobierno de Andrés Pastrana, con Juan Camilo Restrepo como ministro de hacienda. Inicialmente era de 2 por mil y su recaudo estaba destinado a financiación del rescate del sector financiero. Como medida de hacienda extraordinaria, el impuesto a las transacciones financieras resultaba plausible. Sucesivos gobiernos han prolongado su vigencia con diversos argumentos; en noviembre cumplirá 16 años. En todo caso, existe el consenso de que es un impuesto inconveniente porque propicia la desintermediación financiera y por esta vía limita la financiación de la inversión.

El impuesto al patrimonio se creó mediante los decretos 1838 y 1839 de 2002. Este fue también concebido como un impuesto extraordinario cuyo recaudo, se dijo en su momento, estaba destinado a la financiación de la seguridad democrática.  Es lo que técnicamente se conoce como una leva sobre el capital, es decir, un impuesto no periódico destinado a financiar un gasto igualmente extraordinario. Tampoco se ha encontrado la forma de deshacernos de un impuesto que castiga el ahorro y la inversión. La ampliación de su base es una pésima noticia pues si, como se afirma, la nueva base sería de $ 750 millones, se afectaría el ingreso disponible de la clase media provocando el debilitamiento de la demanda interna.

El aumento de la tarifa del IVA es probablemente el componente menos pernicioso de la nueva reforma tributaria. Tiene, sin embargo, el problema de que ser regresivo, de constituirse en un incentivo a la informalidad y de contribuir al debilitamiento de la demanda.

Con crecimientos cercanos al 5% y 7% anual, el consumo y la inversión privada, respectivamente, han sido factores determinantes del crecimiento por el lado de la demanda. Si, como es muy probable, la reforma tributaria contribuye a la desaceleración del consumo y la inversión privada, el crecimiento de la economía podría ser inferior al 4,8% con que el gobierno está haciendo sus cálculos presupuestales.

El presupuesto de 2015, presentado a consideración del Congreso, proyecta ingresos por $ 203,7 billones y gastos por $ 216, 2 billones; lo que arroja un faltante de $ 12,5 billones, que el Gobierno espera cubrir con $ 9,5 del impuesto al patrimonio y $ 3 billones del gravamen a las transacciones financieras. Sin embargo, existen indicios de que el faltante puede ser aún mayor razón por la cual se ha planteado la necesidad de elevar la tarifa del IVA en 2 puntos.

El gobierno no debería correr el riego de una reforma tributaria recesiva. Existen alternativas. Para variar, podría empezarse por tratar de reducir el gasto. Sin pretender agotar el tema, se presentan algunas ideas al respecto:

·         El presupuesto del Ministerio de Agricultura pasa de 1,4 billones en 2014 a 4,3 billones en 2015. Es decir, una variación absoluta de 2,4 billones. La mayor parte de este dinero está destinado al “apoyo al desarrollo y competitividad del campo” partida que tiene una asignación de $ 3,44 billones. Con limitarse a duplicar el presupuesto de esta cartera, lo que ya resulta exagerado, se tendría un ahorro de 1,4 billones.

·         Los subsidios del sector eléctrico ascienden a $ 1,52 billones. Diversos estudios han mostrado hasta la saciedad que el sistema actual de subsidios tiene un exagerado sesgo de inclusión, es decir, que de esos subsidios se está beneficiando principalmente población no-pobre. Con un sistema más adecuado de focalización esos subsidios podrían reducirse sustancialmente, eliminado el subsidio al estrato 3 y reduciendo el consumo de subsistencia. Aquí se podría obtener un ahorro de por lo menos $ 0,5 billones.

·         Las transferencias monetarias del programa de familias en acción llegan ya a $ 2,26 billones. Cuando se introdujo este programa, la economía estaba estancada y el desempleo bordeaba el 20%. Aunque se trataba de un programa contingente y temporal, el presupuesto asignado y el número de beneficiarios no han hecho más que crecer creando una población cada vez más dependiente. Aquí debe también hacerse un esfuerzo de focalización que podría traducirse en un ahorro de por lo menos $ 0,5 billones.  

·         Los gastos de personal pasan de 23,4 a 25,1 billones de pesos; lo cual supone un crecimiento de 7,4%, es decir, más del doble de la tasa de inflación considerada en la proyección. Si los gastos de personal crecieran un punto y medio por encima de la inflación, la cifra presupuestada sería de $ 24,5 billones, lo que supondría un ahorro de $ 0,6 billones.

·         En vista de la situación fiscal, se podría limitar a 50.000 el programa de las viviendas gratis. De esta forma se tendría un ahorro de $ 0,6 billones.

Rápidamente se ha mostrado que son posibles recortes en el gasto que, sin comprometer la política social del gobierno, reduzcan el desequilibrio presupuestal. Los cálculos anteriores arrojan un ahorro de $ 3,6 billones, lo que reduce las necesidades de financiamiento a $ 8,9 billones. Ahora bien, con la venta de ISAGEN podrían obtenerse unos $ 5 billones, lo cual reduce a $ 3,9 billones el déficit presupuestal. Es decir, menos de US$ 2.000 millones, que el gobierno podría conseguir si mayor dificultad en el mercado de capitales. La reforma tributaria no es necesaria y puede ser recesiva. Es posible posponerla por lo menos un año.

LGVA

Septiembre de 2014.




[1] Hasta Uribe I, la información usada para hacer el gráfico es tomada del artículo “La política fiscal en el siglo XX en Colombia” de Roberto Junguito y Hernán Rincón, publicado en Economía Colombiana del Siglo XX: un análisis cuantitativo. (J. Robinson y M. Urrutia, editores). Fondo de Cultura Económica-Banco de la República. Bogotá, 2007. Recuadro 1, páginas 281-282.
[2] Ricardo (1823). Principios de Economía Política y Tributación. Fondo de Cultura Económica, México, 1997. Páginas 114-115.

miércoles, 10 de septiembre de 2014

Liliana Mejía, servidora pública.


Liliana Mejía, servidora pública

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista, Docente Universidad EAFIT

“Señora muerte que se va llevando todo lo bueno que en nosotros topa...”

Liliana Mejía era grande, fuerte y noble. ¡Bella como una yegua percherona! La conocí en el ambiente de trabajo del sector de agua potable y saneamiento, al que estuvo vinculada durante muchos años. Pasó su vida laboral, o buena parte de ella, en la EAAB, la CRA, la SSPD y el Ministerio; y en todas esas entidades dejó su impronta de funcionaria competente, íntegra y comprometida con el sector, corrijo, con su sector. Porque para Liliana trabajar en el sector de agua potable y saneamiento era algo mucho más que una forma de ganarse la vida. Liliana vibraba y sufría con los temas del agua y el saneamiento. Eran su vida. Siempre que nos encontrábamos me contaba, en ocasiones en forma de queja, sobre lo que estaba pasando en esta o aquella empresa, lo que se estaba gestando en el Ministerio, los avances y retrocesos de la regulación, la actividad o inactividad de la Superintendencia o las barbaridades de algún alto funcionario, tan incompetente como bien recomendado, que llegaba a pontificar sobre el sector prevalido de la experiencia que da el saber abrir el grifo o soltar el sanitario.
 

Liliana pertenecía a la estirpe de servidores públicos sencillos, honestos, trabajadores, comprometidos con la búsqueda del bienestar de la gente, sin palabras altisonantes, lejos de toda retórica, sin reclamar ningún reconocimiento distinto al que da la satisfacción del deber cumplido y el aprecio – que tuvo en abundancia – de sus compañeros de trabajo en el sector. Hay un ficción excesivamente extendida que consiste en creer los logros de las políticas públicas sectoriales son la obra de algún ministro o alto funcionario brillante y providencial. ¡Pamplinas!. Nada de lo bueno que se ha conseguido en los últimos años en el sector de agua potable y saneamiento habría sido posible sin el concurso de decenas y decenas de funcionarios y técnicos como Liliana que durante varias décadas han entregado su energía, su inteligencia y su trabajo – silenciosamente, día a día – a la búsqueda de soluciones a los problemas del sector. Querida Liliana, los avances del sector son tu obra. Y son personas como tú las que hacen que el título de servidor público adquiera significado.

Tuve el gusto inmenso de tenerla entre los alumnos que asistieron a algunos de los cursos de capacitación en regulación y asuntos sectoriales que impartí en Andesco o en la Superintendencia. Allí estaba siempre - en primera fila -atenta, juiciosa, escuchando mis peroratas y guardando un silencio discreto frente a mis equivocaciones que luego, al final de la clase, sin testigos, corregía con sencillez y bondad. Siempre quería saber cosas, me preguntaba asiduamente y me escuchaba con comprometedora atención. Me hacía sentir que mis enseñanzas eran útiles y provechosas y este es al más alto don que puede recibir alguien quien como yo ame la docencia. Me gustaba verla siempre alegre, conversar con ella, oírle sus historias, sentir el afecto de una amistad que me ennoblecía. Gracias Liliana.

LGVA

Septiembre de 2014.

martes, 2 de septiembre de 2014

La reforma energética de México y sus implicaciones para Colombia


La reforma energética de México y sus implicaciones para Colombia[1]

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista, Docente Universidad EAFIT

Consultor, Fundación ECSIM

 

Comparadas con las realizadas en Colombia, las reformas del sector energético de México parecen moderadas; pero habida cuenta de los obstáculos que se oponían a su realización pueden calificarse de audaces. El presidente Enrique Peña Nieto ha logrado lo que intentaron fallidamente anteriores presidentes - desde Salinas de Gortari a Calderón, pasando por Zedillo y Fox - superar el estatismo y nacionalismo energético de su país y hacer pasar una reforma que abre el sector a la participación del sector privado y a la competencia en el  mercado.

La reforma energética de México consta de una reforma constitucional, aprobada en diciembre de 2013, y de un paquete legislativo, aprobado en agosto de 2014, mediante el cual se expidieron nueve leyes y se modificaron otras doce. La reforma constitucional modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución de 1917, que conjuntamente con el 26 establecen las bases de régimen económico y de la intervención del estado en la economía.

Los aspectos más destacados de la reforma constitucional son los siguientes:

·         El estado se reserva la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, los servicios públicos de transmisión y distribución de electricidad y la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos.

·         Se mantiene la prohibición constitucional de otorgar concesiones a particulares en las actividades mencionadas pero se introducen las figuras de las asignaciones y los contratos. Los contratos con particulares se habían prohibido en la reforma constitucional de 1960, bajo el gobierno Adolfo López Mateos. La prohibición de las concesiones, que se mantiene, data de la reforma constitucional de 1938, en el gobierno de Lázaro Cárdenas.

·         En el caso del sector eléctrico, la reforma dispone que el estado puede celebrar contratos con los particulares para las actividades que se reserva en los términos que establezca la ley.  La ley debe establecer también la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la cadena eléctrica: generación y comercialización.

·         En el caso del sector de petróleo e hidrocarburos, el estado podrá llevar a cabo las actividades de exploración y extracción mediante asignaciones a las empresas productivas del estado o mediante contratos, con éstas o con particulares, en los términos que establezca la ley.

·         Se crea el Fondo el Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo que tiene por objeto recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos. Este fondo será administrado por el banco central.

·         Se crean dos órganos reguladores: la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía.

·         Se incorpora la figura de Empresa Productora del Estado, EPE.

Las leyes nuevas son las siguientes:

1.- Ley de Hidrocarburos
2.- Ley de la Industria Eléctrica
3.- Ley de Órganos Reguladores Coordinados en materia energética
4.- Ley de Petróleos Mexicanos
5.- Ley de la Comisión Federal de Electricidad
6.- Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
7.- Ley de Energía Geotérmica
8.- Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos
9.- Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

Se reformaron también las siguientes leyes:

1.-
Ley de Inversión Extranjera
2.-
Ley Minera
3.-
Ley de Asociaciones Público Privadas
4.-
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
5.-
Ley Federal de las Entidades Paraestatales
6.-
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
7.-
Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas
8.-
Ley de Aguas Nacionales
9.-
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
10.-
Ley General de Deuda Pública
11.-
Ley Federal de Derechos
12.-
Ley de Coordinación Fiscal

La revisión de todas esas leyes está por fuera de los alcances de este escrito. Su lugar se destacan los aspectos más significativos de la reforma:

1.      Exploración y explotación de hidrocarburos. Hasta la reforma, PEMEX tenía la exclusividad de estas actividades. En lo sucesivo podrán ser adelantadas por PEMEX, por otras empresas productivas del estado (EPE) o por los particulares. Las asignaciones – que consisten pura y simplemente en entregar la actividad de forma directa sin que medie en proceso competitivo- sólo pueden otorgarse a las empresas productivas del estado (EPE).  Corresponde a la Secretaría de Energía hacer las asignaciones, previo concepto favorable de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Los contratos de exploración y explotación- en los cuales se indicará siempre por mandato constitucional que no constituyen concesión - pueden ser celebrados por la CNH con las EPE, consorcios entre éstas y el sector privado y empresas privadas. Las EPE, incluida PEMEX, podrán decidir elegir entre asignaciones y contratos. Los contratos se adjudican mediante licitaciones públicas. También en importación, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos se rompe el monopolio de PEMEX. Todas estas actividades podrán ser desarrolladas por privados previa obtención de los permisos que serán otorgados por la Comisión de Regulación de Energía.

 

2.      Sector eléctrico.  Se mantienen las actividades de transmisión y distribución en cabeza de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero se establece el libre acceso a las redes. Se abren a la libre competencia las actividades de generación y comercialización. La CFE mantiene la exclusividad en energía nuclear, en las otras formas compiten con los particulares. Los generadores pueden celebrar contratos y vender su energía en el mercado mayorista a los usuarios calificados o grandes consumidores. Se introduce la distinción entre usuarios calificados y usuarios de suministro básico. Estos últimos serán abastecidos por la CFE. La planeación de la expansión de la transmisión y la distribución la hará la Secretaría de Energía. La CFE la ejecuta, pero puede contratar con particulares. Se crea el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) que será encargado de la operación del sistema y la administración del mercado.

 

3.      Órganos reguladores. Se crean dos nuevos órganos reguladores “coordinados”: la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que equivale a la ANH de Colombia, y la Comisión de Regulación Energética, que equivale a la CREG. Estas entidades forman parte de la administración pública centralizada y tienen personaría jurídica, autonomía técnica y de gestión. Se financian con el cobro de “derechos y aprovechamientos”. Cada una de estas comisiones está integrada por siete expertos, nombrados por el senado de ternas propuestas por el ejecutivo para períodos escalonados de 7 años.

 

4.      Empresas Productivas del Estado. (EPE). Una nueva figura mediante la cual se busca que las empresas del estado se orienten por criterios empresariales y comerciales. Tendrán autonomía administrativa y presupuestal y se regirán en lo laboral y contractual por reglas de derecho privado. PEMEX y la CFE se transforman en EPE.

La reforma energética de México es relevante para Colombia por las siguientes razones:

1.      México se convierte en un nuevo competidor por la inversión extranjera en exploración y extracción de hidrocarburos. Aunque el marco regulatorio es más restrictivo que el de Colombia; el tamaño de las reservas potenciales, la cercanía a la gran infraestructura petrolera del Golfo de México y la situación de orden público seguramente incidirán para que México resulte más atractivo que Colombia para los inversionistas.  

2.      Se abre una oportunidad para ECOPETROL de participar en las actividades de exploración y explotación. Esto es importante pues ECOPETROL necesita incrementar sus reservas y su producción no importa donde estén localizadas. Más adelante, cuando se abra la competencia en estaciones de servicios, una empresa como TERPEL también tendrá oportunidades.  

3.      Puede haber oportunidades para empresas colombianas de transmisión – ISA, EEB, etc.- pues aunque la CFE mantiene el monopolio de la actividad, podrá contratar la ejecución de los proyectos y en esto las empresas mencionadas tienen ya una amplia experiencia internacional.

4.      También hay oportunidades en generación y comercialización para empresas como CELSIA, ISAGEN y EPM, entre otras, dependiendo de la forma en que la regulación desarrolle las disposiciones legales sobre participación de otros agentes en esas actividades.  

La reforma energética de México es importante y relevante para Colombia. México se convierte en un fuerte competidor por la inversión extranjera en hidrocarburos. Esto debe llamar la atención del gobierno nacional. Se abren oportunidades para las empresas colombianas del sector energético.

LGVA

Septiembre de 2014.

 



[1] Este documento fue preparado para una presentación en la programa GLOCAL de Tele Medellín, el 2 de septiembre de 2014.