viernes, 18 de octubre de 2019

El fallo de Corte sobre la ley de financiamiento: protervia o liviandad


El fallo de Corte sobre la ley de financiamiento: protervia o liviandad


Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista, Consultor ECSIM


“El impuesto, o la parte del impuesto que cada persona es obligada a pagar, debe ser cierto y no arbitrario. La época del pago, la forma del pago, la suma a pagar, todo esto debe ser claro y preciso, tanto para el contribuyente como para cualquier otra persona”
(Adam Smith)

En la sentencia C 320 de 2006, la Corte Constitucional definió la seguridad jurídica como el “principio en virtud del cual se cuenta con la necesaria certeza, en un momento histórico determinado, de cuáles son las normas que regulan una determinada situación jurídica”[1]. Como señala acertadamente el doctor Juan José Fuentes Bernal, en su obra “La dimensión económica del derecho tributario”[2] esa seguridad jurídica, en el ámbito del derecho tributario, significa, para los ciudadanos, certeza de los gravámenes que deben pagar y de las exenciones a las que tienen derecho, y, para el Gobierno, certeza de los recursos que puede recaudar y poder así diseñar sus presupuestos y proyecciones de ingresos y gastos.

Es importante traer a cuento este concepto de seguridad jurídica y su significación en el derecho tributario porque, según me han explicado amigos juristas, cuando el juez procede a la aplicación del derecho a un caso concreto no puede limitarse siempre a la interpretación de las normas, sino que, cuando hay derechos o principios en conflicto debe ponderarlos al momento de tomar su decisión. Al respecto indica el doctor Javier Tamayo Jaramillo:    

“Y a veces deberá acudir al principio de la proporcionalidad o ponderación, cuando haya conflicto entre derechos o principios que son susceptibles de aplicar al caso concreto, pero que son contradictorios, debiéndose decidir por uno solo de ellos, sacrificando al otro”[3].

De acuerdo con el Comunicado No 41 del 16 de octubre de la Corte Constitucional[4], la Ley 1943 de 2018 o Ley de Financiamiento se declara inexequible “por haberse desconocido en el curso del debate parlamentario los principios de publicidad y consecutividad”. He leído una y otra vez ese comunicado sin encontrar ninguna referencia al eventual conflicto que podría existir entre los dos principios mencionados y el principio de seguridad jurídica.

No se puede alegar que la Corte desconociera la existencia de dicho conflicto, pues de otra forma no se entiende que hubiese solicitado el pronunciamiento de entidades gremiales y universidades sobre las consecuencias que sobre la actividad económica tendría la inexequibilidad de la Ley de Financiamiento. Sorprendentemente, la Corte, que nos tiene acostumbrados a fallos con interpretaciones valorativas o teleológicas de las normas acusadas, procedió, en este caso a un análisis puramente formal sobre el procedimiento, sin detenerse a considerar las consecuencias económicas, de las que ha debido ser ampliamente informada por los representantes del gobierno. El problema es que incluso los argumentos formales son baladíes.

El comunicado de la Corte está lleno de expresiones asustadores que hacen pensar que en la aprobación de la ley de financiamiento los congresistas se pasaron por la faja todo el estado de derecho y no solo los principios de publicidad y consecutividad. En efecto, según la Corte, “se violó el principio democrático” y el principio de “sin representación no hay tributo”.  Y, como si fuera poco, no “se respetó el pluralismo, ni los derechos de las minorías y no se garantizó el control ciudadano”. Si todo esto fuera cierto la Corte ha debido no solo declarar inexequible la norma sino ordenar que todos los que participaron en su aprobación sean investigados por haber cometido semejantes delitos.

La enormidad de los delitos cometidos en la aprobación de la ley de financiamiento lleva a pensar que esta fue aprobada en una sórdida caverna por un grupúsculo de facinerosos embozados, sin ningún debate previo, sin que por las comisiones del congreso no hubieran desfilado todos los gremios y grupos de interés, sin que los debates hubieran sido transmitidos por televisión o streaming, sin que las ponencias fueran publicadas, sin que gremios y universidades hubieran realizado eventos con la participación de los congresistas y funcionarios del gobierno, sin que los medios de comunicación hubieran dado cuenta de todos esos debates, exposiciones, foros, paneles, discusiones, deliberaciones, etc. Pero no, no fue así.

Todos los atropellos al estado de derecho que enumera el Comunicado 41 de la Corte surgen de tres hechos: el resto de su contenido son divagaciones grandilocuentes alrededor de ellos. Estos son los hechos: i) No se distribuyó entre los representantes el texto impreso de lo aprobado por los senadores; ii) la explicación oral ofrecida por un senador de la República no fue específica, precisa, ni suficiente y iii) no se anunció que la información estaba publicada en la página web del Senado. ¡Háganme el favor!

Es increíble que la supuesta violación del principio de publicidad repose en el hecho de que no se distribuyó el texto impreso después de que el proyecto se debatió, una y otra vez, a lo largo de 6 ó 7 semanas. La explicación oral del senador ha debido resultar “específica, precisa y suficiente” para los representantes, asumir lo contrario equivale a suponer que todos ellos son limitados mentales. En fin, todos los congresistas tienen computador y seguramente quienes quisieron pudieron ver el texto publicado en la página web del Senado, sin necesidad de que nadie les advirtiera de su publicación.  El salvamento de voto del magistrado Carlos Bernal Pulido refuta más ampliamente las tres naderías en las que se apoya la declaración de inexequibilidad.

La Corte reconoce tácitamente la increíble liviandad de su fallo cuando decide “modularlo”, haciendo que entre en vigencia a partir del primero de enero de 2020, para darle al gobierno la oportunidad de volver a presentar el proyecto de ley de financiamiento. Es bueno analizar lo que significa esta “modulación”.

Lo primero es que todo lo dicho en el Comunicado 41 sobre la violación de la democracia, el tributo sin representación, las minorías, el pluralismo, el control ciudadano y todo lo demás, es pura retórica, porque, si fuera verdad, la Corte ha debido declarar la inexequibilidad sin más. Una ley execrable no admite modulación alguna.

Al admitir que la ley no es execrable, la Corte ha debido detenerse a considerar las consecuencias de la “inexequibilidad modulada”, porque no es evidente que esta esté libre de los costos que se quisieron evitar al no declarar la inexequibilidad pura y simple. Para empezar, nada garantiza que el nuevo proyecto presentado por el gobierno sea aprobado por el Congreso en el plazo fijado. Y aun si fuera aprobado, la “inexequibilidad modulada” ya está causando costos y causará muchos más. Esto nos lleva nuevamente a la discusión sobre la ponderación o proporcionalidad con la que comenzó este artículo. Hay que darle la palabra nuevamente al doctor Javier Tamayo Jaramillo:     

 “Para resolver el conflicto, el juez no puede echar mano de sus afectos, desafectos o preferencias, sino que debe decidir con base en una especie de comparación entre costos y beneficios de la solución que tome, de forma tal, que su decisión aparezca como racional o razonable; es decir, que aparezca aceptable en la medida de lo posible para el hombre común y corriente. A esa comparación de costos y beneficios de la escogencia entre dos derechos excluyentes o en conflicto, se le llama ponderación. Es decir, cuando el juez o el legislador se hallan frente a un conflicto de principios constitucionales, en el proceso de escogencia entre uno y otro, pondera o sopesa las ventajas y desventajas de proteger uno u otro principio en desmedro del otro, dado que no se puede proteger los dos al mismo tiempo”[5]

Como ya se indicó no hay en el Comunicado 41 ningún desarrollo sobre este asunto, ni referencia al principio de la seguridad jurídica en general y menos de la seguridad jurídica en materia fiscal. Ojalá que en la Sentencia definitiva la Corte entregue, como es su deber, un análisis de costos y beneficios del fallo de “inexequibilidad modulada” comparado con el respectivo análisis de costos y beneficios del fallo contrario. Si la Corte en su sentencia no suministra ese análisis, habría que concluir que su decisión fue motivada – como dice el doctor Tamayo Jaramillo – por sus "afectos, desafectos o preferencias".

No voy a hacer un análisis completo de costo beneficio, si la Corte quiere uno le ofrezco mis servicios como consultor. Pero si puedo darle un par de indicaciones.

Si, como es posible, no se aprueba la ley de financiamiento, se afectarían decisiones de inversión que se venían tomando. La formación bruta de capital fijo viene creciendo a una tasa de 4.3%, la creación de empresas 4,2% y la inversión extranjera directa alcanzó la sorprendente cifra de 4,7% del PIB. Sin inversión ni creación de empresas no hay crecimiento, señores magistrados, sin crecimiento no crece el empleo y no aumenta el ingreso de la gente. Es increíble poner en riego todo esto con una “inexequibilidad modulada” basada en razones tan pobres.      

Pero aun suponiendo que la ley se apruebe, la presentación y trámite del nuevo proyecto entorpece la agenda legislativa y el trabajo de los funcionarios del gobierno. Proyectos importantes que debían ser estudiados serán pospuestos y decisiones urgentes serán dilatadas. Todo esto tiene costos, señores magistrados. Ya hay un daño hecho: es difícil creer en la seguridad jurídica país donde la leyes se caen porque no se distribuyen copias impresas de los proyectos. 

Me he devanado los sesos buscando los beneficios de la “inexequibilidad modulada”, para compáralos con los costos y francamente no los he podido encontrar. Por eso espero ansioso la sentencia definitiva para que me ilumine y me saque de la oscuridad.  Entre tanto, un interrogante final.

Si la Corte no quería hacer daños, si, en definitiva – más allá de la retórica - la ley de financiamiento no le parecía execrable y si estaba convencida, como parece, de que el Congreso aprobaría el proyecto sustituto que le presente el gobierno, sin cambiarle una coma al que fue aprobado en diciembre de 2018, ¿por qué razón se vino con esa “inexequibilidad modulada”? No quiero creer que haya tenido el interés protervo de causarle tropiezos al gobierno, pero tampoco quiero creer que su fallo haya sido una mera ligereza, una pura liviandad. Ahí estoy: entre Caribdis y Escila.

LGVA

Octubre de 2019.



[2] Fuentes Bernal, J.J. (2014).  La dimensión económica del derecho tributario. Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Bogotá, 2014. Capítulo 6.

[3] Tamayo Jaramillo, J. (2011). La decisión judicial. Tomo I. Biblioteca Jurídica Dike, Bogotá, 2011. Página 82.

[5] Tamayo Jaramillo, J. (2011). La decisión judicial. Tomo I. Biblioteca Jurídica Dike, Bogotá, 2011. Página 1054.


jueves, 17 de octubre de 2019

El 27 de octubre mi voto es por el Centro Democrático


El 27 de octubre mi voto es por el Centro Democrático


Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista


El 27 de octubre voy a votar por los candidatos del partido Centro Democrático, porque representa mejor que cualquier otro lo que considero son los valores fundamentales de la vida social: la libertad, como principio supremo; la responsabilidad individual, que supone asumir las consecuencias plenas de nuestras acciones, y la limitación del poder del gobierno, para mantenerlo tan lejos como sea posible de nuestras decisiones familiares y empresariales.



Más importante quizás, en la coyuntura actual, también voto por este partido porque es el único que se ha opuesto, sin ambages ni concesiones, a la izquierda totalitaria, representada en Colombia por los partidos y movimientos políticos miembros del Foro de Sao Paulo[1], organización creada por Castro, Chávez y Lula con el objetivo de barrer el capitalismo e implantar el socialismo en América Latina. La última plenaria del Foro se realizó, el pasado mes de julio, en Venezuela, país cuyos ciudadanos huyen en desbandada de las penurias del socialismo del siglo XXI.   

Para la alcaldía de Medellín voy a votar, por supuesto, por Alfredo Ramos Maya, quien representa el respeto a la institucionalidad de la Ciudad y la tradición de construir sobre lo construido, que tantos beneficios le han traído a nuestra comunidad. En el programa de gobierno de Ramos se lee esta declaración que recoge cabalmente los principios expuestos:

“Se necesita una alcaldía que genere las condiciones básicas para la Confianza hacia la sociedad y hacia las instituciones, para el Progreso económico y social en el marco de una real generación de oportunidades para todos los ciudadanos, y para la Felicidad, entendida como los instrumentos de bienestar que permitan a cada uno escribir, con libertad y responsabilidad, el guion apasionante de su propia vida”

Para la gobernación de Antioquia mi candidato es Andrés Felipe Guerra Hoyos, quien ha pasado muchos años recorriendo todas las regiones del Departamento, estudiando sus problemas y hablando con la gente, lo cual le ha permitido formular una propuesta de gobierno sólida y coherente basada en los principios del Centro Democrático, como lo declara sin reticencia alguna: 

“Para formular nuestras propuestas nos hemos basado primero en los cinco pilares fundamentales del Centro Democrático: Seguridad democrática, confianza inversionista, cohesión social, Estado austero y descentralizado y dialogo popular”

La lista para del Centro Democrático para el Concejo de Medellín es un lujo de candidatos jóvenes y bien preparados, buena parte de los cuales incursionan por primera vez en las lides políticas, sacrificando, probablemente, una brillante carrera en el sector privado para poner sus capacidades al servicio de la Ciudad. A la hora de marcar el voto preferente, es difícil decidir entre estos jóvenes. Si no se tiene información suficiente para escoger entre ellos, es bueno recordar que lo más importante es votar masivamente por la lista del partido para tratar de elegir el mayor número posible concejales. Voy a votar por Julia Correa Nuttin (# 13) y veo también con mucha simpatía a Carlos Rios (# 17). De ambos he conocido directamente sus ideas y propuestas.

La composición de la lista a la Asamblea refleja las diferentes regiones del Departamento. Una vez más, lo importante es votar por la lista en su conjunto y dar el voto preferente por el candidato más cercano a la región de cada uno, para tratar de tener vocero que la represente. Por esa razón me inclino por el santuariano de nacimiento y medellinense de adopción Crisanto Alonso Vargas (# 76), el famoso Vargasvil, en quien además admiro el tesón empresarial. También me gusta José Luis Noreña Retrepo (# 52), por sus denuncias concretas de la corrupción.

A todos los amigos que me honran leyendo mis artículos y que comparten los valores de la libertad, la responsabilidad individual y el gobierno limitado los invito a votar, en sus municipios y departamentos, por los candidatos del Centro Democrático o, en su defecto por los de aquellos partidos y coaliciones que a su modo de ver mejor los representan. En las elecciones del 27 de octubre, más que la designación de las autoridades locales, están en juego dos concepciones opuestas de la sociedad: la de los partidarios de la libertad económica y la democracia política y, con variados camuflajes, la de los partidarios de la economía manejada por el estado y del gobierno despótico.


LGVA

Octubre de 2019.  




[1] Esos partidos son los siguientes: Presentes por el socialismo, Partido Alianza Verde, Partido Comunista Colombiano, Partido Comunista de Colombia-Marxista Leninista, Marcha Patriótica, Unión Patriótica, Movimiento Progresista, Polo Democrático Alternativo, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) y Movimiento Poder Ciudadano Siglo 21.

lunes, 14 de octubre de 2019

Los 90 años del Gran Crack de la bolsa de Nueva York y las lecciones aprendidas



Los 90 años del Gran Crack de la bolsa de Nueva York y las lecciones aprendidas[1]


 Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista


El próximo martes 29 de octubre se cumplen 90 años del crack de la bolsa de Nueva York - el célebre martes negro- que los historiadores toman como el inicio de la Gran Depresión de los años 30. Además de sus desastrosos efectos inmediatos, entre los cuales se cuenta el ascenso del Nazismo en Alemania, la Gran Depresión tuvo consecuencias que todavía afectan la economía y la política de todos los países del mundo como son el derrumbe del sistema monetario del patrón oro y la implantación de monedas fiduciarias nacionales gestionadas por un banco central  y el prodigioso crecimiento de la intervención del gobierno en la economía.

El desarrollo económico caracterizado por una sucesión de fases de expansión alternadas con fases de recesión, separadas por crisis financieras que marcaban en fin de las primeras y el inicio de las segundas, era un fenómeno que había llamado la atención de los economistas desde mediados del siglo XIX. Se reconoce a Clément Juglar (1819-1905) como el primero en haber dado cuenta de forma sistemática de esa alternancia en una obra, publicada en 1862, cuyo título describe con precisión el fenómeno analizado: Las crisis comerciales y su reaparición periódica en Francia, Inglaterra y Estados Unidos. En sus cálculos, Juglar estableció que entre cima y cima (o entre sima y sima) ese ciclo tenía una duración de unos 10 años.  Durante las primeras décadas del siglo XX, el estudio de los ciclos económicos ocupaba la atención de muchos economistas y estadísticos.

Que se presentara pues una crisis financiera en octubre de 1929 y que a esta siguiera una recesión era algo que no sorprendía a ningún economista. En los más de 100 años anteriores se habían presentado 10 de ellas: 1816, 1825, 1836, 1847, 1857, 1866, 1873, 1890, 1907 y 1921.  Entonces como hoy, cualquier economista sabe que todo auge llegará a su término en medio de una crisis financiera y que será seguido por una recesión. Lo que ninguno puede establecer con certeza científica es la fecha en la que se producirá la inflexión y si tiene alguna buena conjetura, seguramente, en lugar de divulgarla, tratará de sacarle partido con una especulación provechosa.

No existe consenso, quizás nunca lo habrá, entre los historiadores económicos y los economistas, sobre las causas que provocaron que la recesión se transformara en la profunda depresión que duró 10 años y se extendió a casi todos los países del mundo[2]. Hay, no obstante, un par de hipótesis bastante plausibles que tienen además el interés de responder al interrogante sobre las lecciones aprendidas objeto de este diálogo. Se trata de los errores de política monetaria del Sistema de la Reserva Federal (FED) y la guerra comercial que se desató después de que Estados Unidos adoptara el arancel proteccionista Smoot Hawley.

Las cosas, que iban bastante mal después del colapso de la bolsa, empeoraron un año más tarde con el pánico bancario que, según muchos analistas como Milton Friedman, se desató con la quiebra del Banco de los Estados Unidos de Nueva York. Este era un banco privado, no un banco oficial, como mucha gente creía a causa de su nombre, lo que lo hacía más atractivo para muchos depositantes. Ni los demás bancos de la ciudad ni el Banco de la Reserva Federal de Nueva York quisieron acudir a su rescate, subestimando, probablemente, el alcance de sus relaciones con otros bancos y la economía real. Aunque ya otros bancos habían quebrado antes del de los Estados Unidos, esta quiebra desató un pánico de tal magnitud que al poco tiempo condujo a la quiebra de la tercera parte de los bancos del País. En Europa se presentó una situación similar.

La ley de aranceles Smoot-Hawley se había aprobado en la Cámara de Representantes en mayo de 1929, pasó por el Senado en abril de 1930 y se promulgó en junio de este mismo año. Aunque, después del fracaso de negociaciones internacionales tendientes a evitar una guerra arancelaria, varios países habían subido sus aranceles, la promulgación del arancel Smoot-Hawley causó una especie de reacción en cadena que, si no lo provocó por si misma, contribuyó a la severa contracción del comercio internacional que en 4 años se redujo a una tercera parte.

Hay que decir en honor de mi profesión que la mayoría de los economistas de Estados Unidos desaprobaron la adopción del arancel Smoot-Hawley: más de mil de ellos le dirigieron al presidente Hoover una carta en la que le suplicaban se abstuviera de promulgarlo, explicándole que para que los otros países pudieran comprar los productos de Estados Unidos había que comprarles los suyos[3]. En cuanto a la política monetaria, los economistas también sabían que, si bien el crecimiento excesivo del crédito era responsable de los auges exagerados que terminaban en crisis, una vez sumidos en ella no quedaba más alternativa que aplicar una “política monetaria expansiva a ultranza”, como la denominó Hayek, para evitar un colapso mayor.

La crisis financiera de 2008 fue, desde el tema que aquí interesa, un experimento a escala global del grado en que el mundo había aprendido por lo menos esas dos lecciones de los años 30.

En su momento, me causó gran preocupación el fracaso de las negociaciones para rescatar a Lehman Brothers y que la FED permitiera que esta venerable institución se declarara en bancarrota el 15 de septiembre de 2008. Dos días más tarde se rectificó el rumbo y la FED acudió al rescate de American International Group (AIG), con un préstamo de ochenta y cinco mil millones de dólares. AIG había tenido un comportamiento irresponsable, como buena parte de las entidades financieras que entran en situación de insolvencia, pero era un 50% más grande que Lehman y operaba en 130 países, tenía más de 74 millones de clientes y las empresas aseguradas empleaban 106 millones de personas[4]. En Europa el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo también rescataban bancos privados, llevaban las tasas de interés al piso y, como la FED, inyectaban liquidez a la economía comprando toda clase de títulos de deuda públicos y privados.  

Prácticamente todos los países permanecieron fieles a las reglas de la Organización Mundial de Comercio y a los tratados de libre comercio suscritos entre ellos. Inicialmente,  el comercio mundial sintió el impacto de la crisis y es así como entre 2008 y 2009 las importaciones mundiales cayeron un 23%, al pasar de US 15,8 billones a US$ 12,2 billones. Sin embargo, se recuperaron rápidamente y en 2010 y 2011 crecieron vigorosamente a tasas 20% en cada uno de esos años. Posteriormente continuaron aumentando, aunque a tasas inferiores, 2% anual. La gráfica, construida con datos de Kindleberger[5] y de la OMC[6], muestra la evolución del índice del comercio mundial de mercancías en las dos grandes crisis. El contraste no puede ser más marcado.



También se tomó conciencia, y esta sería una tercera lección, de que los auges exagerados, ocasionados por políticas de crédito extremadamente laxas, que llevan a inversiones descabelladas, se traducen, a la postre, en recesiones más profundas. De ahí la idea de usar la política monetaria y la política fiscal para tratar de suavizar el ciclo, generando, en el caso de la segunda, ahorro en las expansiones para gastarlo en las recesiones. Aunque el mecanismo es bien conocido, no es fácil lograr siempre que los gobiernos procedan de esa forma.  

Además de las lecciones mencionadas, que podríamos llamar lecciones de política económica práctica, la crisis tuvo otras dos grandes consecuencias de alcance más estructural, que se extienden en todo mundo económico actual: el papel preponderante de la banca central y el prodigioso crecimiento de la intervención del estado en la economía.

En 1929 la FED era una institución relativamente nueva pues había sido establecida en diciembre de 1913. Los bancos centrales de los países europeos eran mucho más antiguos mientras que los países de América Latina se crearon casi todos a comienzo del siglo XX. El de Colombia nace en 1923. Lo importante a destacar es que, con la desaparición del patrón oro, esos bancos fueron asumiendo el control de la emisión de la moneda nacional fiduciaria en cada país lo que les confiere un enorme poder sobre la orientación y la expansión del crédito, que les permite provocar catástrofes o evitarlas. Se ha buscado poner un límite al uso arbitrario de ese poder haciendo que los bancos centrales se ajusten a ciertas reglas de emisión y tratando de sustraerlos al juego político, dándoles un estatuto de autonomía. En Colombia dicha autonomía se consagró en la Constitución de 1991 y ha sido fundamental para el control de la inflación y la estabilidad macroeconómica del País. 
  
La otra consecuencia de la crisis, tal vez la más profunda y duradera, es el crecimiento de la intervención del estado en la economía, supuestamente fundamentado en la teoría económica. Keynes consiguió venderle a mundo y, durante mucho tiempo a buena parte de la profesión, la idea de que la crisis era el resultado de una falla estructural de la economía capitalista que hacía necesaria la intervención del gobierno para remediarla. En 1930, en un intercambio con Josiah Stamp, gran industrial británico, Keynes, irritado, preguntó:

“¿No es la mera existencia del desempleo generalizado, y por cualquier período de tiempo, un absurdo, un reconocimiento del fracaso y una avería desesperada e inexcusable de la maquinaria económica?”  

A lo que Stamp respondió:

“Su lenguaje es bastante violento. No esperará usted que se puedan reparar los daños de un terremoto en unos pocos minutos, ¿no? Objeto a la postura de que el no poder reparar una complicada maquinaria de inmediato es el reconocimiento del fracaso”[7]

El hecho es que prevaleció, y aún prevalece en la mente de la mayoría de la gente, la postura de Keynes, no la de Lord Stamp.

Keynes era un hombre inteligente y extremadamente elocuente, rasgo este que hace que la gente parezca dos o tres veces más inteligente de lo que es en realidad. Keynes retomó una vieja idea procedente de Malthus, que había sido refutada una y otra vez por distinguidos economistas, y para exponerla se inventó todo un lenguaje y unos agregados cuyo desarrollo dio lugar a una nueva rama de la disciplina económica: la macroeconomía.

Aunque el planteamiento de Keynes es mucho más sutil, la idea que quedó en la mente de la gente es que el gasto total, que él llamó demanda agregada, puede ser insuficiente para comprar el total de la producción, que llamó oferta agregada. Y que esa insuficiencia podía – y debía- ser suplida por un “gasto autónomo” del gobierno financiado con deuda. Para los políticos de entonces y los de hoy, que no se detienen en sutilezas como las expectativas racionales o la equivalencia ricardiana, la idea de gastar hoy sin aumentar los impuestos es música celestial. También lo es para la profesión económica que veía de golpe abierta la puerta a los empleos como asesores de los “policy makers”.

Por supuesto que no puede responsabilizarse a Keynes de todo lo que vino después. A lo sumo puede decirse que él le dio respetabilidad entre los economistas al cambio, que venía gestándose desde años atrás, en la actitud intelectual y emocional de la sociedad frente a la expansión de las órbitas de intervención del gobierno, frente al crecimiento del tamaño del estado, que progresivamente condujo, a lo largo siglo XX a que - con pocas excepciones - los economistas, los filósofos y científicos políticos, la opinión pública en general y, por supuesto, los políticos y los burócratas, se convirtieran en adoradores del Leviatán, clamando por su intervención en todas las áreas de la vida económica y social.

Bibliografía

Bernanke, B.S. (2015, 2016). El valor de actual: memoria de una crisis y sus secuelas. Editorial Planeta, Bogotá, Colombia, 2016.

Irving, N. (2013, 2014). Los alquimistas: tres banqueros centrales y un mundo en llamas. Editorial Planeta, Bogotá, 2014.

Feliu, G. y Sudria, C. (2007). Introducción a la historia económica mundial. Universidad de Valencia, Valencia, España, 2007.

Kindleberger, Ch. (1986, 2009). La crisis económica 1929-1939. Editorial Capitán Swing. Madrid, España, 2009.

LGVA

Octubre de 2019.  



[1] Estas notas se prepararon para participar en un diálogo sobre la Gran Crisis promovido por el Centro de Pensamiento Estratégico de la Universidad EAFIT que dirige el profesor Juan David Escobar Valencia. La idea era destacar las lecciones que de esa crisis habían extraído los economistas y los responsables de la política económica. Agradezco al profesor Escobar por haber creído, tal vez equivocadamente, que yo tenía algo interesante que decir a propósito de ese tema.     

[2] Sobre a profundidad y alcance de la depresión pueden leerse el libro de Kindleberger y los capítulos 14, 15 y 16 del texto de Feliu y Sudria mencionados ambos en la bibliografía. Como ilustración basta una cita de este último: “Para comprender la magnitud de la crisis basta con decir que, en 1932, el PIB de EE.UU. había caído un 30% respecto a 1929, la producción industrial un 40%, la inversión un 90% y casi una cuarta parte de la población activa estaba en paro. Además, al estallar la Segunda Guerra Mundial en 1939, el país no había recuperado el nivel de empleo ni de producción industrial de 1929. La situación no era mucho mejor en el resto del mundo” Páginas 342-343.

[3] “Economists Against Smoot-Hawley” en Econ Journal Watch Volume 4, Number 3, september 2007, pp 349.

[4] Bernanke, B.S. (2015, 2016). El valor de actual: memoria de una crisis y sus secuelas. Editorial Planeta, Bogotá, Colombia, 2016. Página 13.

[5] Kindleberger, Ch. P. (2009). La crisis económica 1929-1939. Editorial Capitán Swing, Madrid, 2009. Página 281.

[6] World Trade Organization (2016). Trade Profiles 2015. Página 193.  https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/trade_profiles15_e.pdf

[7] Irving, N. (2013, 2014). Los alquimistas: tres banqueros centrales y un mundo en llamas. Editorial Planeta, Bogotá, 2014. Página 519.


viernes, 11 de octubre de 2019

¿Qué pasa con vos, Fico?


¿Qué pasa con vos, Fico?

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista


Tengo en gran estima a Federico Gutiérrez. Es un hombre bien intencionado, decente y de trato amable. En la crisis de Hidroituango estuvo a la altura. En lugar de tratar de responsabilizar precipitadamente a los directivos y técnicos de EPM, se puso a su lado y los acompañó en los más difíciles momentos, sin detenerse a pensar en el efecto que esto podría tener sobre su imagen política. Creo que, vista en su conjunto, su gestión al frente de la alcaldía ha sido buena para la Ciudad y ajustada a sus promesas de campaña.

Por eso me sorprendió su supuesto apoyo a la candidatura a la alcaldía de un personaje anodino que no tenía para presentarse ante la opinión publica otra credencial que proclamarse como “el de Fico”. Difícil encontrar una figura más carente de sustancia, más desprovista de personalidad política. Esto, que parecía un comportamiento inapropiado al inicio de la campaña, se ha convertido en una actitud irresponsable ahora que la campaña se acerca a su fin.  
    
Medellín ha sido una ciudad bien gobernada durante la vigencia de la elección popular de alcaldes. Los servicios públicos son bien administrados, el transporte público funciona y crece en cobertura y mejora en calidad, las obras se hacen relativamente bien ajustadas a los presupuestos y cronogramas y hemos estado libres de los escándalos de corrupción que aquejan a otras capitales. La clave de todo está en el respeto de sucesivos alcaldes a la institucionalidad construida a lo largo de muchísimos años.

La irrupción en el panorama político local de un personaje afecto a los dirigentes de izquierda totalitaria que durante 12 años mal gobernaron a Bogotá puede poner en riesgo esa institucionalidad, si el voto del centro y la derecha se divide y ese personaje toma por asalto la alcaldía de Medellín, como en su momento ocurrió en la Capital con Lucho Garzón, Moreno Rojas y Gustavo Petro quienes alcanzaron la investidura con votaciones de 30% ó 35%.

“El de Fico” no tiene ya ningún chance de ganar las elecciones del 27 de octubre, pero si tiene la posibilidad de hacerle a la Ciudad un gran daño si su candidatura obstinada permite que “El de Petro” las gane con 25% ó 30% de la votación. Es probable que el candidato anodino, en su vanidad de principiante, quiera llegar hasta el final, con la ilusión de “posicionar” su figura para una elección futura. Iluso que no entiende que ese sería el fin de su incipiente carrera política pues su contribución a la victoria de “El de Petro” lo haría merecedor del repudio de la ciudadanía de Medellín.

El debate político local no siempre puede sustraerse, quizás nunca, al debate político nacional y a las visiones de la economía, la sociedad y el gobierno subyacentes. Hoy, en las principales ciudades del País, se enfrentan dos concepciones políticas completamente opuestas. En Cali y Bogotá hay sendos candidatos de la izquierda totalitaria con posibilidades ganar las elecciones con no más de un 30% de los votos, ante la división de las fuerzas del centro y la derecha. En Medellín, por primera vez, tenemos una situación semejante con un candidato que quiere ocultar su vergonzosa filiación.    

No creo que Federico Gutiérrez quiera inmolarse políticamente al lado de su supuesto protegido. Debe dejarlo, declarando, simplemente, que el alcalde no tiene candidato. De esta forma mostraría que ha empezado a entender que las aventuras electorales en solitario permiten, a veces, victorias episódicas mas no una proyección política de largo aliento y de alcance nacional. Mostraría también que no quiere repetir la experiencia de Fajardo, quien acabó su vida política sumido en el lodazal de los partidos de la izquierda totalitaria del Foro de Sao Paulo, después de repudiar, con su vanidad de impoluto solitario, los partidos de la derecha liberal y democrática.

LGVA
Octubre de 2019.

miércoles, 9 de octubre de 2019

Apoyar a Uribe con orgullo, serenidad y determinación


Apoyar a Uribe con orgullo, serenidad y determinación


Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista

El presidente de la Corte Suprema de Justicia hace un llamado a la cordura y a confiar en la justicia que en abstracto no se puede dejar de compartir. Por supuesto que esa invocación no puede estar dirigida al Presidente Uribe, quien, en las difíciles circunstancias que enfrenta, ha mostrado una cordura sin límites y una confianza también desmesurada en unas instituciones judiciales que desde hace mucho tiempo han dejado de merecerla a los ojos de los colombianos. Está fresca en la memoria la injusta condena de Andrés Felipe Arias, el anómalo proceso de Luis Alfredo Ramos, el episodio indigno de los magistrados que trafican sentencias, la liberación afrentosa del delincuente Santrich y, en la actual investigación contra el Presidente Uribe, las faltas al debido proceso, no se le quiso escuchar en versión libre, y la violación de la reserva sumarial, por las constantes filtraciones a los medios. Así resulta difícil confiar.  

Y, sin embargo, en su discurso de anoche, fiel a su estilo de educar con el ejemplo, el Presidente Uribe trasmite a los colombianos un mensaje de cordura y confianza que debemos acatar. Pero también es un mensaje de orgullo y determinación. Orgullo por una obra de gobierno que salvó al País de la pérdida de sus libertades, del colapso de su democracia y la ruina de su economía. Determinación de continuar defendiendo esa democracia, esas libertades y esas instituciones económicas que, sin ser perfectas, les han dado a los colombianos la oportunidad de prosperar con su trabajo honrado. Porque esto es lo que está en juego tras el entramado siniestro con el que se pretende acabar con el prestigio del Presidente Uribe y golpearlo donde saben muy bien que a él le duele: su honorabilidad.

Lo que está en juego hoy en Colombia es un profundo dilema moral. Lo que hizo el Presidente Uribe cuando lideró a la sociedad colombiana en su enfrentamiento con las guerrillas, los paramilitares y los narcotraficantes fue recuperar la estatura moral de la sociedad, la de todos los ciudadanos de bien a quienes guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes pretendían tratar como sus iguales. Porque los criminales se justifican a sí mismos cuando convierten en criminales a todos los demás. La auto-justificación moral de la guerrilla y sus partidarios pasa por la criminalización del Presidente Uribe y, con él, la de todos los colombianos que apoyamos su obra de gobierno.

Desde el fallido proceso de paz de Belisario Betancur, la guerrilla y sus defensores de oficio lograron imponer en los medios y los “intelectuales” de izquierda la narrativa de “las causas objetivas de conflicto”. Esto le hizo daño al País pues limitó la autoridad moral del gobierno para combatir bandas de criminales que aparecían como defensores de “la justicia social”. Uribe puso fin a todo esto mostrándole a la sociedad que los pretendidos “justicieros” no eran más que delincuentes que no buscaban otra cosa que enriquecerse con el secuestro, el abigeato, la extorsión, el robo y el narcotráfico. Ese cambio fue el que permitió que el Presidente Uribe liderara, con el apoyo de toda la sociedad, el combate contra las Farc que condujo a su derrota política y moral y a la anulación estratégica de su capacidad militar. Incluso la revista Semana, convertida hoy en la gran promotora del descrédito de Uribe, reconocía en su momento lo que significaba ese combate.



Lo peor del proceso de La Habana es el haber puesto al Estado colombiano en pie de igualdad con una banda delincuencial, volviendo a darle, a los ojos del mundo y de la sociedad, el estatus de fuerza política que había perdido por su actuar criminal, incluida la comisión de delitos de lesa humanidad. Y después viene la JEP, que en un principio se pretendía fuera obligatoria para todos los mal llamados “actores del conflicto”, y ante la cual, las Farc y toda la izquierda, quieren ver sometido al Presidente Uribe. Este es en última instancia el propósito del entramado judicial que se le ha montado.

Todo empieza con las visitas del senador de Cepeda, hijo de un señor que da su nombre a uno de los más sanguinarios frentes de las Farc, a reconocidos narcotraficantes y paramilitares presos en Estados Unidos, la mayoría de ellos extraditados por Uribe, con el propósito de recabar testimonios en contra de este y de su hermano. Se tiene conocimiento de 25 de esas visitas. Conocedor de esas actividades, Uribe obtiene pruebas y las pone en conocimiento de la Corte, la cual, en lugar de proceder a investigar la veracidad de las mismas, interpreta que esto es un intento de desviar la justicia y decide investigarlo al tiempo que declara que Cepeda, ¡alma bendita!, visitaba criminales por razones humanitarias.

El proceso está basado en miles de horas de grabaciones de conversaciones del Presidente Uribe cuyo teléfono fue interceptado por “error”, como reconoce la misma Corte. Como lo han señalado diversos penalistas las pruebas obtenidas de esa forma son ilegales y no pueden fundamentar ningún proceso ni en una inspección de policía y mucho menos en un alto tribunal. No obstante, ahí van las cosas, con el agravante de que esas grabaciones han sido sistemáticamente filtradas a los medios, más específicamente al periodista Daniel Coronel, para que, debidamente editadas, las divulgue poniendo a Uribe en la picota pública.

La Corte tiene todavía la posibilidad de obrar con la cordura que a los ciudadanos nos reclama su presidente, el magistrado García Restrepo, y recuperar así la confianza que dejó en ruinas su antecesor, el magistrado Barceló Camacho. Entre tanto, debemos seguir apoyando efectivamente al Presidente Uribe votando masivamente el 27 de octubre por los candidatos del Centro Democrático.

LGVA
Octubre de 2019.

martes, 1 de octubre de 2019

On a historical inaccuracy of Acemoglu and Robinson


On a historical inaccuracy of Acemoglu and Robinson


Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economist


When I read the celebrated book of Acemoglu and Robinson six years ago,  the part devoted to Colombia seemed superficial, with some inaccuracies and marked by a certain ideological bias. I wondered if something similar would happen to readers in other countries whose development processes are referred to by the authors. I left this in the review I then made of the book, published in this blog[1].

My attention was also drawn to the statement that in their eagerness to maintain the extractive institutions that benefited them, the elites of some countries blocked industrialization and the introduction of new technologies that could threaten their survival.

The following is read:

“In Russia and Austria-Hungary, it wasn´t simply the neglect and mismanagement of the elites and insidious economic slide under extractive institutions that prevented industrialization; instead, the rulers actively blocked any attempt of introduce these technologies and basic investments in infrastructure such as railroads that could have acted as their conduits”[2]

And later:

“Second, he opposed the construction of railways, one of the key new technologies that came with the Industrial Revolution. When a plan to build a northern railway was put before Francis, he replied, No, no, I will have nothing to do with it, lest the revolution might come into the country”[3]

These statements did not match what I had read elsewhere.

In the case of Russia, the history of the armored train in which Lenin and his friends were transported from Germany to lead the revolution is well known. It is also known that Trotsky moved freely throughout Russia in an armed train during the civil war.  Anyway, Anna Karenina travels by train between St. Petersburg and Moscow and commits suicide by throwing herself at the wheels of a moving train.

On the Austro-Hungarian Empire, I remembered that, in his biography of Böhm-Bawerk, Schumpeter attributed the merit of having financed, as finance minister, the construction of railways, canals and ports keeping the budget balanced.  I also remembered that there were railroads in Kakania - the country of Bonadea, Leona and Diotima, the beloved of Ulrich, the man without attributes.

At the time I left things like this, thinking that if the autocrats of Russians and Austro-Hungarians had opposed the railroad, as Acemoglu and Robinson claimed, they had not been especially successful in their purpose.

Recently I found, in the also celebrated Angus Deaton book, "The Great Escape", a reference to the text of Acemoglu and Robinson and this statement that brings me back to the matter:

“Similarly, Francis I, Emperor of Austria, banned railways because of their potential to bring about revolution and threaten his power”[4]

Let's see some facts:

Francisco José I ascends to the throne in 1848 and reigns until 1916. He is emperor during the second half of the nineteenth century, during which the great expansion of the railroad in Europe. The world's first railway line opens in England in 1830, linking the cities of Liverpool and Manchester. In 1837 the Kaiser Ferdinands-Norbahn was founded, the first steam locomotive company in Austria that extends lines between Vienna and other cities of the Empire. In 1846 the first line linking the cities of Pest and Vác was inaugurated in Hungary. Between 1846 and 1868, many lines are developed by private companies. In this last year, one after the establishment of the dual monarchy, Magyar Államvasutak - Hungarian State Railways is founded. In 1884 the Royal State Railways of Imperial Austria were founded, the result of the nationalization of several private companies, some with foreign capital. At the end of the 19th century, the Empire had several thousand kilometers of railway lines.

The Russian railways used by Lenin and Trotsky were not built by the Bolsheviks. They were there for a long time and, according to historian David Landes, were built by the Tsarist state itself:      

“In Russia, the state assisted banking and industry, and the railroads were state-built, owned, and operated. Commerce and topography be damned. The emblematic example: the construction of the first important line, from Moscow to St. Petersburg. The tsar was asked to select the route. He took a ruler and drew a straight line between the two cities. But the tip of one finger stuckout, so the line was built with one curved section”[5]

Nor does it seem to be true, as Acemoglu and Robinson claim, that Tsarist autocracy has wanted to hamper industrialization. At least that is not what Landes says:  

“Russia, poor Russia, was the epitome of state-driven development (…) Russian industrial product rose 5 to 6 percent a year between 1885 and 1900, and again between 1909 and 1912. Railroad mileage doubled between 1890 and 1904, and iron and steel output increased ten times from 1880 to 1900. Between 1860 and 1914, Russia went from the seventh to the fifth largest industrial power in the world. No small achievement, but long forgotten, because later, after the revolutions of 1917, Communist spokesmen and their foreign adulators rewrote history so as to blacken the reputation of the tsarist regime, while throwing favorable testimonies down the memory hole”.[6]

Finally, because of the fact that an image is worth a thousand words, the map of Europe's rail network is shown at the beginning of the 20th century. The Russian and Austro-Hungarian empires do not look like the deprived railway lines that would be expected after reactionary autocracies hindered their development.

 
Europe's rail network in the early 20th century

The historical slip of Acemoglu and Robinson - welcomed by Deaton - cannot be interpreted as a minor mistake because the development theory presented in his acclaimed book depends to a large extent.

Nations progress when the virtuous circle of inclusive economic and political institutions occurs and fail when extractive institutions coincide in economic and political terms. When the combination of extractive and inclusive institutions is presented, an unstable equilibrium occurs that should lead to a revolutionary or authoritarian rupture that leads to the inclusive-inclusive combination, which leads to progress, or to the extractive-extractive that leads to backwardness. Without valid historical facts that theory does not go beyond being a tautology.

For his part, Deaton falls into error when he argues that the increase in inequality associated with economic progress can be induced by the action of those who, having benefited from such progress, those who have managed to make the Great Escape, “protect their positions by destroying the escape routes that remain behind them.” That was not the case, at least in the case of the Austro-Hungarian Empire that uncritically takes from Acemoglu and Robinson to illustrate his thesis.

LGVA

October 2019.







[2] Acemoglu, D. and Robinson, J.A. (2012). Why nations fail. Crown Business, New York, 2012. Page 222.

[3] Acemoglu, D. and Robinson, J.A. (2012). Why nations fail. Crown Business, New York, 2012. Page 226.

[4] Deaton, Angus. The great escape: health, wealth and the origins of inequality. Princeton University Press. USA, 2013. Page 11.

[5] Landes, D.S. The Wealth and Poverty of Nations: why some are so rich and some so poor. W-W Norton & Company. New York-London. 1998. Page: 265.

[6] Landes, D.S. The Wealth and Poverty of Nations: why some are so rich and some so poor. W-W Norton & Company. New York-London. 1998. Page: 268.