sábado, 28 de noviembre de 2020

La carga tributaria en Colombia: las cuentas claras

 

La carga tributaria en Colombia: las cuentas claras

 

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

 

Cada vez que se viene una reforma tributaria, los economistas amigos del gobierno - de cualquier gobierno - empiezan ambientarla hablando de la “inflexibilidad” del gasto, de la “inversión social” y del bajo nivel del recaudo tributario con relación al PIB. En otra oportunidad me ocuparé de la “inflexibilidad” y el “gasto social”, hoy quiero tratar el asunto del bajo recaudo.

En la nota “Reforma fiscal en Colombia: sistema tributario con mayor recaudo”, publicada en La República el 14 de julio pasado, el presidente de ANIF, señor Mauricio Santa María, escribe lo siguiente:

“…las últimas reformas tributarias avanzaron en frentes estructurales, (…) Pese a eso, el recaudo se mantuvo cerca del 14% del PIB, por debajo del 16%-17% del PIB observado en América Latina.”[1]

Para Santa María es recaudo es bajo e insuficiente, dada la "inflexibilidad" a la baja del gasto público y las necesidades de financiación del “gasto público social”. 

En similar sentido se expresa Rosario Córdoba, del Consejo Privado de Competitividad,  en entrevista publicada por El Colombiano el 28 de noviembre. Dice la señora Córdoba:

“Como porcentaje del PIB el recaudo es muy bajo y la caída de los ingresos y aumento del gasto este año hacen que sea insuficiente proveer los recursos que le país necesita para desarrollarse. Es importante que más personas formen parte del sistema tributario, en Colombia muy pocos tributan…”[2]

Evidentemente, Santa María y Córdoba se están refiriendo al recaudo de los impuestos nacionales, pero deberían decirlo expresamente. En ese mismo error de identificar el recaudo de los impuestos nacionales con el recaudo de tributario total del País, cayeron también los 50 economistas y juristas firmantes de la demanda presentada por la ONG DeJusticia contra el estatuto tributario en mayo pasado[3].  

Al hablar de recaudo tributario hay que considerar la totalidad de los impuestos, todas las cargas parafiscales y las contribuciones patronales a la seguridad social, como lo hace la OCDE en sus estadísticas sobre el tema[4].

La tabla presenta una estimación del recaudo tributario total en Colombia en términos monetarios y como porcentaje del PIB. Los impuestos nacionales son tomados de la DIAN[5] y los territoriales, es decir, departamentales y municipales, de la Contaduría General de la Nación[6]. De la Superintendencia de Subsidio Familiar se obtiene la cifra de aportes parafiscales para las Cajas de la Compensación y a partir de ella se infieren la parafiscalidad del SENA, el ICBF y los aportes patronales a la seguridad social[7].  La parafiscalidad de los servicios públicos es la estimada por Andesco[8] y las transferencias ambientales del sector eléctrico son las estimadas por Acolgen[9]. Para las regalías se tomó la mitad de la cifra del presupuesto bianual aprobado por el Congreso para 2019-2020[10].

Considerando pues la totalidad de los impuestos, los parafiscales y las regalías, se tiene que, para 2019, el recaudo tributario del País ascendió a 253,7 billones de pesos lo que equivale al 23,9% del PIB de dicho año, estimado por el DANE en 1.061,7 billones. Seguramente la cifra llega al 24% del PIB si adicionáramos los ingresos de las notarías y las cámaras de comercio.


 

La discusión sobre la reforma tributaria debe partir de que el recaudo tributario en Colombia es cercano a la cuarta parte del PIB. Esta es una cifra muy sustancial para un país con un PIB per cápita inferior a los 7.000 dólares y que debe alcanzar tasas de crecimiento del 5% anual, lo que solo puede lograrse con grandes inversiones de las empresas privadas, que son las que soportan la mayor parte de la carga tributaria. Un cálculo sencillo, que cualquiera puede hacer a partir de las cifras de la tabla, lleva a la conclusión de que un 70% de esa carga tributaria recae sobre las empresas.

Un estudio titulado “Tasas efectivas promedio de las personas jurídicas – Año 2013”, del señor Javier Ávila Mahecha, publicado por la DIAN en septiembre de 2015, calcula la Tasa Efectiva de Promedio (TEP) de las personas jurídicas, considerando, como debe hacerse, los impuestos nacionales con incidencia directa sobre las utilidades, los dos principales impuestos locales (predial e industria y comercio), las contribuciones a la seguridad social y los aportes parafiscales, encontrando que TEP de las empresas colombianas en 2013 era el 61% de las utilidades. Ese 61% se descompone en 37 puntos de impuestos nacionales, 14 de seguridad social, 7 de predial e industria y comercio y 4 de aportes parafiscales.

Una estimación más reciente de la carga tributaria de sobre las ganancias de las empresas, se encuentra en el  "Paying Taxes Report 2020", del Banco Mundial. Según esta fuente, la TEP es el 71,2% de las ganancias de las empresas, distribuida así:  21,1% renta y complementarios, 19, 5% impuestos municipales, 14,1% contribuciones a la seguridad social, 9,4% transacciones financieras y 7,1% otros impuestos y contribuciones. 

Contrariamente a lo que se sostiene, en Colombia, la carga tributaria no es baja y no es poco lo que pagan las empresas. Por eso, más que de reforma tributaria, debemos hablar de reforma fiscal, entendiendo que esta noción engloba tanto los ingresos como el gasto, de cuyo recorte es tabú hablar en el País. Hay que romper ese tabú.

LGVA

Noviembre de 2020.  



viernes, 20 de noviembre de 2020

¿Para qué sirve un economista liberal? (Para Majo Bernal)

 

¿Para qué sirve un economista liberal?

(Para Majo Bernal)

 

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

 

Con mucha frecuencia, jóvenes economistas liberales amigos míos me hacen parte de la indignación que les causa ver a tantos políticos y a economistas intervencionistas proponer medidas de política pública que, además de coartar la libertad de elegir de las personas, resultan completamente inadecuadas para lograr los objetivos que supuestamente se pretende con ellas, como lo revelaría el más mínimo análisis. También se indignan de ver a tanta gente sin formación económica – periodistas, escritores, historiadores, empresarios, etc. – pontificando sobre toda clase de asuntos de economía pública, ignorando las restricciones presupuestales, los costos de oportunidad y los efectos espaciales e intertemporales siempre presentes en toda decisión económica. Invariablemente les respondo que deben armarse de paciencia y continuar predicando porque la defensa de la libertad económica y el mercado no admite desfallecimiento alguno.

En las escuelas de economía se les enseña a los jóvenes una serie de técnicas de medición, estimación, programación y pronóstico que les permiten prestar sus servicios a empresas, gremios o entidades gubernamentales que requieren de ellos. Esas técnicas no están fuera del alcance de otros profesionales – estadísticos, administradores, ingenieros, etc. – quienes las aprenden también en sus respectivas escuelas y que por ello compiten con los economistas en el mercado laboral. Como profesor, a mis estudiantes los impulsé siempre a hacerse muy competentes en el manejo de esas técnicas para desempeñarse exitosamente en el mercado, sin dejar de recordarles que no es eso lo que marca la diferencia de su disciplina con las de otros profesionales con los que deben competir. 

Lo que hace a uno economista – les digo siempre a mis alumnos - es la comprensión del funcionamiento del mercado, no un mercado en particular, sino de ese inmenso tejido de relaciones e intercambios voluntarios que surge de la actuación libre de las personas guiadas por su propio interés en un mundo donde prevalece la escasez, como enseñara Adam Smith. Lo que lo hace a uno economista – les insisto – es el asombro y la perplejidad que causa entender, como lo indicó Kenneth Arrow, que una economía regida por el interés individual y controlada por un gran número de agentes, diferentes en sus habilidades y preferencias, no termina en el caos o la violencia, sino en una disposición coherente de los recursos económicos, muy superior a disposiciones alternativas que podrían alcanzarse mediante la coacción. Es por ello que economista liberal respeta el mercado.

He tratado de enseñarles también que la información subyacente al proceso de mercado está diseminada en la mente de millones de personas y que cambia permanentemente, de tal suerte que resulta imposible almacenarla, sistematizarla y procesarla por una inteligencia única, natural o artificial. Cada agente particular – actuando como empresario o consumidor – conoce mejor que cualquiera su propio mercado sin que esto lo exima del riesgo del error, porque el mercado es también un mecanismo de experimentación y descubrimiento, según dejó dicho Hayek.

Aparte de algunas estimaciones y pronósticos sobre el mercado, el economista tiene poco que decirle al hombre de negocios de sus procesos productivos, asunto para el cual están mejor capacitados los ingenieros; ni sobre la oportunidad de lanzar nuevos procesos o nuevos productos o incursionar en nuevos mercados, lo que es la esencia misma del ser empresario. Tampoco está en condiciones de “orientar” las preferencias de los consumidores y mucho menos contribuir a dictarlas autoritariamente.

Hoy y mañana la principal labor del economista liberal es la misma de Adam Smith: explicar el funcionamiento de la economía de mercado, tarea vital para su preservación, porque muchas personas sin información, o influenciadas por los enemigos del libre mercado, continúan creyendo que este es caótico y que produce desigualdad, destruye el ambiente y otras sandeces.   

En las economías actuales, fuertemente intervenidas por los gobiernos, la labor del economista es evidenciar y denunciar sin descanso las consecuencias nefastas de esa intervención, no solo en términos generales sino también con referencia a las intervenciones específicas que se están produciendo todos los días.

Gobiernos intervencionistas son el ideal y la justificación de la mayoría de los políticos, pero sería un error creer que la intervención ocurre por decisión autónoma y exclusiva de ellos: la gente la demanda. Todo mundo lo hace: empresarios, trabajadores, desempleados, consumidores. Todo mundo aspira a una transferencia, subsidio o medida que favorezca su interés y su propio mercado sin percatarse de que de que cada transferencia o medida afecta el interés de otras personas o el funcionamiento de otros mercados. Por eso, frente al actuar del gobierno, la labor del economista consiste en aplicar, de forma general y específica, lo que Henry Hazlitt llamara la lección única de la economía política: 

“El arte de la economía consiste en considerar los efectos más remotos de cualquier acto o política y no meramente sus consecuencias inmediatas; en calcular las repercusiones de tal política no sobre un grupo, sino sobre todos los sectores”

El economista liberal está obligado a intervenir en política, a hacer “economía política” en el sentido literal del término. Es ahí donde entra en juego la esencia de su profesión: el conocimiento de las consecuencias alternativas de las decisiones de política económica.

La participación del economista liberal en política no significa, pero no la excluye, la vinculación a un partido o la aspiración a cargos de elección popular. Esa participación puede hacerse desde la cátedra, la escritura pública o los centros de pensamiento para la difusión del pensamiento liberal.

Sobre la cátedra, que ha sido el campo más preciado de mi ejercicio profesional, debo decir que suscribo plenamente la posición de Max Weber: la cátedra está vedada al ejercicio de la política partidista activa, por respeto a los alumnos y a la integridad intelectual del catedrático. Aunque, al hablar incluso de los principios económicos más abstractos, la frontera con la política partidista es siempre incierta, el catedrático de economía debe siempre hacer el máximo esfuerzo para no traspasarla, so pena de dejar de serlo y convertirse en activista.   

En las sociedades actuales la labor del economista liberal es pues fundamentalmente educativa, como lo señalara Rothbard. Hay que educar a los ciudadanos, a los empresarios y, por supuesto, a los políticos. La tarea es inmensa pues todo parece indicar los principios del libre mercado no crecen de forma espontánea en la mente de la mayoría de las personas, sino que deben ser sembrados y cultivados con especial esmero.

LGVA

Noviembre de 2020.

   

 

        

miércoles, 28 de octubre de 2020

Álvaro Uribe Vélez para jóvenes y desmemoriados (III)

 

Álvaro Uribe Vélez para jóvenes y desmemoriados (III)

 

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

I

Con la sospechosa excepción de Samper Pizano, todos los antecesores de Pastrana Arango en la presidencia ensayaron un proceso de paz con las guerrillas, desde que Turbay Ayala iniciara la práctica de las “comisiones de paz”. Es conveniente referirse a esos procesos – y a su ausencia bajo Samper – con el fin de darle algo de contexto al más paradójico de todos, el de Pastrana, que al tiempo que permitió el fortalecimiento militar de las Farc contribuyó al enorme desprestigio político y moral que hoy arrastran. Prueba de ello es que en ninguna las dos elecciones en las que presentó candidatos, el partido Farc llegó a los 50 mil votos.

Como se verá, en esos diálogos las Farc siempre jugaron la estrategia maoísta de la guerra prolongada. Sabían bien que de un gobierno a otro o, incluso, con el mismo gobierno, se alternaban el diálogo y la confrontación militar, sin que emergiera del estado una estrategia militar consistente y duradera en el tiempo. Pero las Farc tenían la suya: combatir, dialogar, esperar, acumular fuerzas con miras a la confrontación final. La incapacidad de los gobiernos constitucionales para diseñar y aplicar una  estrategia militar de largo aliento y los ingentes recursos financieros procedentes del narcotráfico están en la raíz de continuo y creciente fortalecimiento militar de las Farc a lo largo de los más de 20 años que van del gobierno de Turbay Ayala al primero de Uribe Vélez. Como lo señaló acertadamente la poco agradecida Ingrid Betancur, después de su liberación en la Operación Jaque, la reelección de Uribe fue un duro golpe para las Farc, pues significaba que la estrategia de confrontación militar, iniciada en el primer gobierno de éste se extenderían durante cuatro años más.  Nunca lamentará el País lo suficiente que un pelafustanillo de la Corte Constitucional, de cuyo nombre nadie se acuerda, haya impedido la segunda reelección de Uribe. 

II

La primera comisión de paz se crea bajo el gobierno de Turbay Ayala, uno de los presidentes más atacados por la izquierda y los medios de comunicación que la secundan. También los historiadores de izquierda hablan mal de él. Probablemente ello se deba a que su gobierno fue uno de los más liberales, en el sentido clásico del término, en todo el siglo XX. Garantizar la seguridad de las personas y suministrar bienes públicos fueron las grandes líneas de acción de su período presidencial. Combatió a las guerrillas con determinación, poniendo en prisión a todo el alto mando del M-19 y arrinconando a las Farc en lo más profundo de la selva. Su Plan de Integración Nacional, impulsó la realización de grandes obras de infraestructura como la autopista Medellín-Bogotá y el Aeropuerto de Rionegro. También, durante su gobierno, se hicieron grandes inversiones en redes y centrales eléctricas, que aún hoy sirven al País.

Hijo de un inmigrante libanés, su ascenso a la presidencia desmiente la tesis de la falta de movilidad del sistema político colombiano. El hecho de que al llegar a la presidencia careciera de título universitario es prueba de su gran tenacidad de autodidacta, pero sus enemigos de los medios encontraron en ello un motivo de burla. Se puso en contra de la dictadura argentina cuando esta invadió las Malvinas, para desviar la atención de sus problemas internos. Por ello fue atacado por la izquierda, los medios, los intelectuales y la mayoría de los políticos colombianos que no se percataban de que el argumento de la dictadura argentina para reclamar las Malvinas, la cercanía al territorio continental, era el mismo que podía invocar Nicaragua para reclamar la soberanía sobre San Andrés y Providencia, como efectivamente ocurrió años después. Turbay rompió relaciones con Cuba por su descarado apoyo a las guerrillas y fue el único de los jefes liberales que apoyó la candidatura de Álvaro Uribe en 2002. No se debe olvidar que su hija Diana fue secuestrada y asesinada por los narcotraficantes del cartel de Medellín, probablemente en represalia por haber suscrito durante su gobierno el tratado de extradición. Turbay murió en septiembre de 2005, Uribe hizo en elevado reconocimiento de su obra y su persona.

El expresidente Carlos Lleras Restrepo, desde su revista Nueva Frontera, reclamó insistentemente la realización de conversaciones de paz con los grupos guerrilleros. El gobierno de Turbay accedió a sus reclamos y creó una comisión de paz, la primera, integrada por doce personalidades, a la cabeza de la cual puso al propio Lleras Restrepo. Simultáneamente con la creación de esta comisión de paz, el gobierno expidió por decreto de estado de sitio una ley de amnistía para facilitar la desmovilización de los insurgentes. Los diálogos no avanzaron por las exageradas pretensiones de la Farc que buscaban, como lo harían siempre,  que su resultado fuera la imposición de su programa político. A esa falta de diálogo se atribuyó el fracaso de la ley de amnistía. Vale la pena recordar lo que dijera el presidente Turbay al respecto:

“Yo no pienso que la amnistía haya fallado por falta de diálogo con la subversión sino porque fue concebida para delitos políticos sin incluir delitos como secuestro, la extorsión, el homicidio fuera de combate y otros considerados como delincuencia común”.

La pretensión de las Farc de imponer parcial o totalmente su programa político en los diálogos de paz y la inclusión de toda clase de delitos en las leyes de amnistía e indulto obstaculizaron el avance de las negociaciones que se sucedieron desde entonces. En las negociaciones de La Habana, el gobierno de Santos le otorgaría eso y mucho más a las Farc.

III

Belisario Betancur Cuartas, a nombre de un movimiento multipartidista llamado Movimiento Nacional, ganó las elecciones presidenciales de 1982, frente al partido liberal que dividió sus votos entre Alfonso López Michelsen y Luis Carlos Galán Sarmiento. En su discurso de posesión, Betancur, que durante la campaña electoral poco se había referido al tema, lanzó su política de paz: “Tiendo la mano a los alzados en armas para que se incorporen al ejercicio pleno de sus derechos”.

Betancur creó una nueva comisión de paz, de 36 miembros, representantes de las fuerzas políticas. El expresidente Lleras Restrepo, quien fue designado para presidirla, abandonó el cargo seis días después por razones de salud. Lo sucedió el dirigente liberal Otto Morales Benites, quien renunció, cinco meses más tarde, alegando que había enemigos “agazapados de la paz” en el gobierno. Lo sucedió el empresario John Agudelo Ríos, quien dirigió las conversaciones hasta culminar en el famoso Acuerdo de la Uribe, firmado en marzo de 1984, de lo que se hablará más tarde. Antes es necesario referirse a un punto fundamental: el fortalecimiento militar de las Farc como consecuencia de su vinculación con el narcotráfico.

Las acciones contra los cultivos de coca en Perú y Bolivia y las dificultades crecientes para abastecerse con la pasta base para la elaboración de cocaína procedente de esos países, llevaron a los narcotraficantes colombianos a estimular la siembra masiva de los arbustos de coca en las zonas selváticas del territorio nacional.  En los departamentos de Guaviare, Caquetá, Putumayo y Meta, donde estaban los principales frentes de la Farc, empezaron a proliferar, a finales de los setenta y principios de los ochenta, los cultivos de coca y los laboratorios para su transformación en cocaína. Rápidamente se selló una alianza entre los narcotraficantes y la Farc que empezaron a obtener grandes recursos por sus labores de protección de los cultivos, pistas de aterrizaje y laboratorios. Posteriormente, las Farc se harían cargo de la totalidad del negocio. La importancia de esos recursos llevó a que las Farc, en su séptima conferencia de 1982, lanzara el plan de expansión para pasar de 13 a 48 frentes guerrilleros y consolidar su estrategia de toma armada del poder. Durante las conversaciones con la comisión de Betancur y, posteriormente, durante la tregua decretada en el Acuerdo de la Uribe, las Farc avanzaron en el crecimiento de su capacidad militar.

El Acuerdo de la Uribe se firmó el 28 de marzo de 1984 y básicamente consistió en un cese al fuego bilateral, durante el cual se adelantarían el diálogo sobre la apertura política y reformas económicas. El 24 de agosto de ese mismo año se firmó también una tregua con el M-19 y el EPL.

A la firma de los acuerdos de tregua, las guerrillas no estaban desmovilizadas, sus hombres continuaban armados y dispersos en diferentes lugares del territorio nacional. Esto hacía extremadamente difícil, sino imposible, la verificación del cumplimiento del cese al fuego pactado; razón por la cual los enfrentamientos entre el ejercito y los insurgentes continuaron.

En medio de la tregua, el M-19 empezó a adelantar acciones de proselitismo armado. Convocó un congreso nacional al que esperaba asistieran 10 mil personas y organizó pandillas juveniles en las barriadas de Cali en los llamados campamentos de paz. En junio de 1985, el M-19 y el EPL convocaron un paro armado nacional que fracasó. En septiembre del mismo año, el M-19 declaró rota la tregua y puso término a las conversaciones con el Gobierno Nacional. Dos meses más tarde, el 6 de noviembre, en probada alianza con el Cartel de Medellín, el M-19 se tomaría el Palacio de Justicia.

También con las Farc continuaron los enfrentamientos durante el primer el primer año de tregua, no obstante lo cual, en marzo de 1985 el cese al fuego se prorrogó por un año más. En esa misma fecha nació la Unión Patriótica, para participar en la política electoral sin dejar las armas. Si esto no era la combinación de todas las formas de lucha, de la que siempre había hablado del Partico Comunista Colombiano, se le parecía bastante.

En medio de un gran enfrentamiento con los grupos paramilitares, creados por narcotraficantes a quienes las Farc disputaban la supremacía en el negocio, y con su propia disidencia, agrupada en el sangriento frente Ricardo Franco, la creación de la Unión Patriótica significaba nada más ni nada menos lanzar al sacrificio a los militantes del nuevo partido, como efectivamente ocurrió. El Gobierno Nacional no estaba preparado para brindarles protección: para octubre de ese año 165 militantes de la UP habían sido asesinados por los paramilitares y el Ricardo Franco. Al final del mandato de Betancur los militantes asesinados eran más de 300.   

La toma del Palacio de Justicia, el 6 de noviembre de 1985, puso fin, en la práctica, al gobierno de Belisario Betancur y sus disparatadas negociaciones de paz. El 20 noviembre fue asesinado Oscar William Calvo, máximo dirigente del EPL, lo que llevaría a este grupo a romper la tregua. A finales de ese año, el M-19, el EPL, el frente Ricardo Franco y el ELN, formarían la coalición denominada Coordinadora Nacional Guerrillera. El ELN, que había casi desaparecido en la llamada operación Anorí adelantada por el Ejercito en 1973, renació de sus cenizas fortaleciéndose económica y militarmente mediante la extorsión a la empresa constructora del oleoducto Caño Limón – Coveñas, construido para evacuar el petróleo de los yacimientos de Arauca.

En marzo de 1986 el Gobierno Nacional prorrogó nuevamente la tregua con las Farc, cuyo Secretariado estaba confortablemente instalado en La Uribe- Casa Verde, un territorio dos mil kilómetros cuadrados sin presencia militar, donde tenía escuela de cuadros y entrenamiento militar y donde ocultaban a los secuestrados. Las Farc permanecerían en la Uribe hasta el 9 diciembre de 1990, cuando el gobierno de Cesar Gaviria las expulsó en la llamada “Operación Colombia”.

El saldo de los tres años de negociaciones de paz del gobierno de Betancur no podía ser más nefasto para el País: las Farc pasaron de 13 a 48 frentes y controlaban un territorio de dos mil kilómetros cuadrados, casi la misma extensión de la Sabana de Bogotá; el ELN fortalecido militar y económicamente gracias a la extorsión y el secuestro; los grupos guerrilleros unidos en la Coordinadora y la justicia asesinada en la toma del Palacio, perpetrada por el M-19, al servicio del Cartel de Medellín. Pero también la tregua de Betancur impulsó el crecimiento de autodefensas y paramilitares en territorios sometidos al secuestro y la extorsión por parte de las guerrillas.

No puede dejar de mencionarse en este punto la tragedia de Armero, ocurrida el 13 de noviembre, siete días después de la toma del Palacio de Justicia. La erupción del volcán Nevado del Ruiz provocó una avalancha que sepultó el pueblo de Armero, cobrando la vida de 20.000 de sus 29.000 habitantes. También fueron afectados los municipios de Chinchiná y Villamaría, donde murieron sepultadas por la avalancha otras tres mil personas. Esta tragedia conmovió al País y desplazó temporalmente la atención de los sucesos del Palacio de Justicia, suprimiendo sus consecuencias políticas inmediatas, una de las cuales hubiera podido ser la caída del debilitado gobierno de Belisario Betancur.

De manera acertada, en su libro Historia de la Guerras, Rafael Pardo Rueda resume lo que significaron los años del gobierno de Betancur y su fallido proceso de paz:

“A la guerrilla los años de Betancur le cambió el horizonte a su guerra de guerrillas. Se volvieron protagonistas de la vida nacional, alcanzaron las primeras páginas de los medios, sus propuestas eran discutidas y divulgadas, tal vez más que las de los voceros de los partidos tradicionales, y la guerra se volvió íntimamente vinculada con los diálogos de paz. Las acciones de guerra tenían reflejo, reacción y efecto sobre los vaivenes del diálogo gobierno-guerrillas, y por esto, después de los años de Betancur, la guerra de guerrillas cambió en Colombia y se volvió indisolublemente unida a las expectativas, realidades o esperanzas de paz negociada”.  

IV

El gobierno de Virgilio Barco Vargas, ganador de las elecciones de 1986, recibe del de Belisario Betancur Cuartas la peor herencia imaginable: unos narcotraficantes prodigiosamente enriquecidos, que han penetrado profundamente la economía legal y la política, y unas guerrillas fortalecidas militar y financieramente.

Para ilustrar las ramificaciones del narcotráfico en la economía y la política basta con mencionar el hecho de que los narcotraficantes de Cali llegaron a controlar un banco, el Banco de los Trabajadores, del cual fue presidente Gilberto Rodríguez Orejuela, uno de los jefes del Cartel de Cali. Fueron muchos los políticos que tuvieron vinculaciones financieras con dicho banco, entre ellos Eduardo Mestre Sarmiento, quien aspiró al cargo de designado a la Presidencia de la República, equivalente hoy a la vicepresidencia.

Barco respetó el Acuerdo de la Uribe y mantuvo los contactos directos con las Farc instaladas en Casa Verde. Sin embargo, eliminó las comisiones de paz y asumió directamente el proceso de diálogo con las guerrillas por medio una Consejería Presidencial para la Paz, creada para el efecto. A esa consejería se la asignó la dirección del Plan Nacional de Rehabilitación, instrumento mediante el cual se canalizaban las inversiones de la Nación en los municipios con mayores indicadores de pobreza y más afectados por la acción de la insurgencia.    

Sin romperse completamente, los diálogos con las Farc y otros grupos guerrilleros no registraron ningún avance durante 1986-1987, período en el cual el Gobierno y el País entero enfrentaron un duro embate de los narcotraficantes que buscaban acabar con la extradición, que el presidente Barco había mantenido férreamente a pesar de la fuerte oposición política y jurídica.

Buscando destrabar los diálogos y asumiendo, como ya lo había hecho Betancur y como lo haría posteriores gobernantes, que el conflicto armado tenía un fondo político, en enero de 1988, el presidente Barco lanza la iniciativa de convocar un plebiscito para cambiar la Constitución. Una decisión del Consejo de Estado hizo abortar la convocatoria del plebiscito que debía realizarse el 9 de octubre de 1988. A pesar de ese fracaso, de todas formas, había quedado ya instalada en la conciencia de los ciudadanos la perniciosa idea de que la solución del conflicto armado pasaba por un cambio de la constitución.

En septiembre de 1988, ante el fracaso del plebiscito, el presidente Barco, en alocución televisada, lanzó un nuevo plan de paz, en el que se fijaban condiciones y plazos para adelantar los diálogos. Las Farc rechazaron la iniciativa que calificaron de ultimátum de rendición y en respuesta lanzaron una gran ofensiva militar en distintos lugares del País. En octubre de ese año, la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, a la que se habían sumado las Farc, se vinculó abiertamente a un paro nacional convocado por la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, organización afín a las fuerzas políticas de izquierda.

Sin embargo, el M-19, que en mayo de ese año había secuestrado a Álvaro Gómez Hurtado, a quien mantuvo en cautiverio por casi dos meses, acogió el plan de paz de gobierno, iniciando un proceso de diálogo que culminó con su desmovilización en marzo de 1990 y una exitosa participación en las elecciones de ese año. En las presidenciales de mayo, Antonio Navarro, quien sustituyó a Carlos Pizarro en la dirección del M-19, después de que este fuera asesinado por un sicario al servicio del Cartel de Medellín, obtuvo 739.320 votos. En diciembre, en las elecciones para la Asamblea Constituyente, la lista del M-19 alcanzó 950.154 votos, lo que le dio 19 de las 70 curules en dicha Constituyente. En el curso de los años el M-19, carente de coherencia ideológica, se fue desfigurando y perdió su capital electoral. Hoy sus antiguos dirigentes militan en las más diversas fuerzas políticas, incluido el Centro Democrático.

La Consejería de Paz, a cuya cabeza estaba Rafael Pardo, adelantó también conversaciones y llegó a acuerdos con el EPL y dos movimientos guerrilleros menores: el Quintín Lame y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). El gobierno de Cesar Gaviria desarrolló esos acuerdos y los vinculó a la Asamblea Constituyente, donde estas organizaciones tuvieron una pequeña representación con voz, pero sin voto. El Ejercito Popular de Liberación, que era una guerrilla maoísta asentada en el Urabá antioqueño, se incorporó, bajo el nombre de Esperanza Paz y Libertad, a la lucha electoral de esa zona y obtuvo algunos cargos de elección popular. Muchos de sus militantes fueron asesinados por las Farc y los paramilitares y al poco tiempo la organización desapareció de la vida política. 

V

Como Ministro de Gobierno del Presidente Barco, Cesar Gaviria había propuesto la toma del santuario de Casa Verde, en respuesta a los múltiples ataques de las Farc contra el ejercito y la población civil. Barco no quiso aceptar esa recomendación que significaba poner fin a los contactos directos con esa guerrilla. En medio del proceso conducente a las votaciones para la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente, las Farc, que habían rechazado cualquier participación, desataron una feroz ofensiva militar causando muerte y destrucción por doquier. Ya como presidente, Gaviria ordenó, en noviembre de 1990, el ataque al campamento del estado mayor del bloque oriental de las Farc, en La Uribe, y, un mes más tarde, el 9 de diciembre, el mismo día en que se realizaban las votaciones para la Constituyente, se inició el asalto a Casa Verde, refugio del Secretariado de la Farc y campamento de varios frentes guerrilleros. Como consecuencia de la toma de Casa Verde, durante el primer semestre de 1991, el Ejercito y las Farc se enfrentaron continuamente, sin que se produjeran diálogos entre el Gobierno y el grupo guerrillero. Los diálogos se retomarían en junio de 1991, esta vez en el exterior, primero en Caracas, Venezuela, y luego en Tlaxcala, México.

A diferencia de la de Barco, que condicionaba la iniciación del diálogo al cese de fuego, la política de paz de Gaviria admitía la negociación sin suspensión de las acciones militares. Aunque el consejero de paz de Gaviria, el economista Jesús Antonio Bejarano, después asesinado por las Farc, trató de presentarla bajo el ángulo más favorable posible, esa política respondía a una situación militar incontestable: el fortalecimiento de las Farc y el ELN. Al inicio de las conversaciones de Caracas, las Farc tenían 60 frentes, 25 el ELN y 5 más la fracción del EPL que no se había desmovilizado. Las operaciones sobre La Uribe y Casa Verde tuvieron algún impacto mediático pero escaso efecto militar. Los miembros del Secretariado escaparon – muy probablemente fueron advertidos del ataque - y los frentes guerrilleros se retiraron sin mayores pérdidas.

En las conversaciones de Caracas y luego en Tlaxcala, las Farc reiteraron una vez más sus aspiraciones maximalistas de cambiar el modelo económico y político. Por Tlaxcala desfilaron altos funcionarios del gobierno de Gaviria y no pocos empresarios a darle a los representantes de la guerrilla lecciones de economía de mercado y democracia política. Evidentemente era un diálogo de sordos que se adelantaba al mismo tiempo que los frentes guerrilleros continuaban con el secuestro, la extorsión y los ataques a la población civil y al Ejercito. Las conversaciones de Tlaxcala, que duraron menos de dos meses, se rompieron el 4 de mayo de 1992. Es bueno recordar que el 2 marzo el Gobierno Nacional se vio obligado a decretar un racionamiento de energía eléctrica, que se extendería hasta febrero de 1993. Quizás a causa de ello el País se “olvidó” un poco de las guerrillas y su atención se centró en “el apagón”. En cualquier caso, durante tiempo faltante del gobierno de Gaviria no hubo más contactos directos con las guerrillas.

VI

Durante el gobierno de Ernesto Samper Pizano no se adelantaron ninguna clase de diálogos con la guerrilla. En la elección de Samper Pizano fueron determinantes los aportes financieros de los narcotraficantes del Cartel de Cali, dirigido por los hermanos Rodríguez Orejuela. Las Farc, con una hipocresía infinita, rechazaron cualquier diálogo, con un gobierno ilegítimo elegido por los narcotraficantes. Hoy, en vista de su amistad con la cúpula de las Farc, se está inclinado a pensar que Samper no inició ningún proceso de paz con los guerrilleros de las Farc porque él ya estaba en paz con ellos. Durante ese gobierno, las Farc y el ELN continuaron fortaleciéndose y la debilidad del Ejercito Nacional se puso en evidencia por los duros golpes que recibió como la toma de las bases de Las Delicias, en agosto de 1996, y Patascoy, en diciembre del 97. Con estos ataques quedaba claro que las Farc habían pasado de la guerra de guerrillas a la guerra de posiciones. En noviembre de 1998, tres meses después de terminado el período presidencial de Samper, se tomaron, por primera vez en su historia, una capital de departamento: Mitú, capital de Vaupés.

VII

Andrés Pastrana Arango adelantó su campaña - al igual que su principal contendiente, el liberal Horacio Serpa - con la bandera de los diálogos de paz. En junio de 1998, uno de los asesores de Pastrana, el señor Víctor G. Ricardo, quien después sería el comisionado de paz, se entrevistó con Tirofijo y el Mono Jojoy y trajo como trofeo una fotografía en que aparecía al lado de los guerrilleros, con Tirofijo luciendo en su muñeca izquierda un reloj de propaganda de la campaña de Pastrana.

Ese grotesco episodio fue definitivo para el triunfo de Pastrana en la segunda vuelta de las elecciones de 1998. Las propuestas de paz de Pastrana y Serpa en poco diferían la una de la otra. Ambas incluían el despeje de territorios, la vinculación personal del presidente al proceso de diálogo, la participación internacional y reformas constitucionales para ratificar los acuerdos. Seguramente bajo un gobierno de Serpa no se habría hecho nada distinto, pero el voto de Tirofijo dio la victoria a Pastrana y le correspondió a éste adelantar el, hasta entonces, más desafortunado proceso de paz en la historia del País. El de Santos lo superaría con creces. 

La historia del proceso de paz de Pastrana es también la historia de las más grandes humillaciones que haya podido recibir un gobierno constitucional, elegido en democracia, por parte de los insurgentes que rechazaban la constitución que lo amparaba y la democracia que lo eligió. Hoy parece increíble que el gobierno haya podido embarcarse en esos diálogos a la luz de dos hechos, el uno militar y el otro político, que indicaban claramente las verdaderas intenciones de las Farc en ese proceso. El primero fue la ya mencionada toma de Mitú – en noviembre de 1998, tres meses después de iniciado el gobierno de Pastrana - con la que la guerrilla señala que la opción militar estaría siempre presente cualquiera fuera el resultado de los diálogos. El segundo fue la posición de las Farc sobre el resultado esperado del proceso de paz, expuesta por Tirofijo en una entrevista concedida a una publicación del Partido Comunista Argentino, reproducida por El Espectador.  

Según Tirofijo el proceso de paz tenía tres fases:  

·         Diálogo con el Gobierno y la sociedad sobre temas de interés nacional.

·         Constituyente paritaria sin dejación de las armas.

·         Gobierno de transición, sin dejación de las armas, hasta que se cumplieran los acuerdos.

El gobierno sabía de esa posición y sabía también que ese maximalismo de las Farc había hecho fracasar todos los anteriores procesos de paz. Además, sin cese al fuego, era claro que las Farc continuarían con sus acciones contra la población civil y el Ejercito para fortalecer su posición en las negociaciones. En fin, que continuarían con sus actividades de narcotráfico, incrementando su riqueza y su capacidad militar. Candorosamente, creía el gobierno que en la mesa de negociaciones podía domesticar al tigre, volviéndolo incluso vegetariano, para lo cual lo encerró en una jaula de 40.000 kilómetros cuadrados – la zona de distensión – equivalente a la extensión sumada de Huila, Sucre, Caldas, Risaralda, Atlántico, Quindío, Bogotá y San Andrés.

Nunca las Farc habían iniciado un proceso de negociación desde tal posición de fuerza y nunca el gobierno había hecho semejantes concesiones: inicio del diálogo sin cese al fuego y la entrega de un territorio equivalente a Suiza, con sus cien mil habitantes sometidos a los designios del grupo guerrillero.

Jamás dejaron las Farc sus acciones terroristas durante el proceso de negociación con el gobierno de Pastrana. La toma de Mitú se produce el 1 de noviembre de 1998, a pesar de que el mes anterior, el 14 de octubre, el presidente había expedido el decreto mediante el cual se establecía la zona de distensión. Las negociaciones, que se prolongaron durante 3 largos años, se vieron frecuentemente interrumpidas y estuvieron siempre acompañadas por de acciones terroristas y atentados de las Farc. Durante esos años, con el propósito de causar un racionamiento de energía y hacer colapsar las exportaciones petroleras, las Farc volaron centenas de torres del sistema interconectado y dinamitaron numerosos tramos de la red nacional de oleoductos. Secuestraron decenas de personas de toda condición y extorsionaron a placer miles de empresarios agrícolas y simples campesinos e incorporaron forzosamente a sus filas centenares de niños.

Era tal la magnitud de la violencia desatada por las Farc desde el inicio mismo de los diálogos, que, en mayo de 1999, el Ministro de Defensa, Rodrigo Lloreda Caicedo, renunció a su cargo, acompañado de 14 oficiales de alto rango, en protesta por la imposibilidad de combatir a los guerrilleros de Farc que tras sus atentados terroristas encontraban refugio en el santuario impenetrable en el que se había convertido la zona de distensión. Por esos mismos días, el Consejo Gremial le solicitó al gobierno que condicionara la continuación de los diálogos a la liberación de todos los secuestrados por las Farc.  

Las Farc se sentían tan fuertes en la zona de distensión, que, en mayo de 2000, empezaron a actuar como gobierno, expidiendo “leyes” para validar sus acciones criminales. Sacaron la ley 001, de reforma agraria, que ordenaba la expropiación de los terratenientes en los 200 municipios en los que tenían presencia, y la ley 002, ley tributaria, que fijaba un impuesto de 10% a todas las personas que tuvieran un patrimonio superior a un millón de dólares, impuesto este que debía ser entregado directamente al Secretariado ante el cual debía presentarse los contribuyentes, so pena de ser “retenidos”. Establecieron tribunales para juzgar a los corruptos y a los infractores de sus mandatos.

En enero de 2001, el periódico Washington Post resumía el resultado del proceso de paz en los siguientes términos:

“Las FARC han usado su refugio para aumentar los cultivos ilícitos, asesinar civiles, obligar a menores de edad a unirse a sus filas y mantener a más de 450 soldados y policías cautivos en jaulas al aire libre. Simultáneamente se han negado a negociar la paz”.

Con una paciencia digna de mejor causa, el gobierno de Pastrana soportó toda suerte de crímenes y las más grandes humillaciones. Las conversaciones se interrumpían una y otra vez al vaivén de las acciones y de las imposiciones de las Farc que siempre estuvieron controlando el proceso. El 22 de junio de 2001, atacaron la base militar de Coreguaje, en Putumayo, dejando 30 militares muertos, y, al otro día, asaltaron con explosivos la cárcel la Picota en Bogotá, liberando al jefe guerrillero alias John 40 y otros 98 reclusos. Frecuentemente los altos mandos de las Farc habían amenazado con trasladar la guerra a las ciudades y esas dos acciones mostraban que estaban en capacidad de hacerlo.

Durante 2001 todo mundo desfiló por San Vicente del Caguán a implorarle a las Farc que aceptaran un cese al fuego. Allá estuvieron empresarios nacionales e internacionales, políticos de todos los partidos, intelectuales, artistas, gente de la farándula, voceros de todas las religiones, embajadores de varios países, la ONU, la OEA, la Unión Europea, incluso, allá llegaron personajes de Wall Street. Todo fue infructuoso. Las negociaciones no avanzaron porque las Farc no querían negociar nada. En 20 de febrero de 2002, con ocasión del secuestro del avión donde viajaba el senador Jorge Eduardo Géchem,  a quien las Farc mantendrían secuestrado varios años, el presidente Pastrana puso fin a una negociación en la cual, después de 3 años, no se había alcanzado a evacuar el primer punto en discusión: el cese al fuego.

Al término de las negociaciones, la Farc eran un ejercito de más de 25.000 hombres, con presencia en 28 de los 32 departamentos del País, tenían en su poder a centenas de secuestrados, habían obligado a abandonar sus municipios a cerca 400 alcaldes y tendido un cerco estratégico sobre Bogotá, Cali y Medellín, ciudades de las cuales no se podía salir por carretera sin correr el riesgo de ser secuestrado o asesinado.

Este fue el panorama que encontró Álvaro Uribe al posesionarse el 7 de agosto de 2002. Las Farc, que como candidato habían tratado de asesinarlo en varias ocasiones, el día de su posesión, lanzaron un ataque con proyectiles de 120 milímetros contra el recinto del Congreso y el Palacio de Nariño. Murieron 17 personas y 67 más quedaron heridas. Las Farc cumplían así su promesa de llevar la guerra a las ciudades. Después vendría el atentado contra el Club el Nogal y otra serie de acciones terroristas ejecutadas por sus milicias urbanas. Tal vez el único logro del proceso de Pastrana fue el de haber contribuido al desprestigio político y moral de las Farc y darle a la ciudadanía la determinación y fortaleza para apoyar con decisión el combate que contra esa nefasta guerrilla emprendería el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.  

LGVA

Octubre de 2020.

 

lunes, 19 de octubre de 2020

Thomas Hobbes: el padre de la economía política

 

Thomas Hobbes: el padre de la economía política

 

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

 

Casi todos autores de libros de historia del pensamiento económico enseñan que Adam Smith es el padre de la economía y la mayoría de los economistas comparten esa creencia. Murray Rothbard, quien otorga la distinción al gran Richard Cantillon, es la excepción. Pero todos, incluido Rothbard, están equivocados: el padre de la economía es Thomas Hobbes, como hace años lo señalara acertadamente Bertrand de Jouvenel:

“Salta a la vista que Hobbes es el filósofo de la economía política. Su concepción del hombre es idéntica a la del homo oeconomicus[1]

Sin una idea abstracta y general del hombre – el homo oeconomicus - la economía no podía aspirar a ser una ciencia teórica capaz de enunciar proposiciones de carácter general válidas para el hombre de ayer, de hoy y de mañana, de cualquier raza o nacionalidad, viviendo en sociedad o aislado, como Robinson Crusoe.

Incluso Marx, quien condenó lo que llamara las “robinsonadas” de los economistas de su época, la acepta, pero limitando su validez al “modo de producción capitalista”. Marx creía a pie juntillas la fábula de Rousseau según la cual el hombre nace “bueno y altruista” pero la sociedad lo convierte en “malo y egoísta”. Esta creencia es la que hace tan peligrosos a los seguidores de Marx, que en el fondo lo son de Rousseau, quienes una vez instalados en el poder se empeñan “liberar” a la gente de la “ideología burguesa” para hacer que resurja el “buen salvaje” que se supone todos somos en lo más profundo de nuestro ser.



Volvamos a Hobbes. En la breve introducción al Leviatán, puede leerse este poderoso enunciado:

“…por la semejanza de los pensamientos y de las pasiones de un hombre con los pensamientos y las pasiones de otro, quien se mire a si mismo y considere lo que hace cuando piensa, opina, razona, espera, teme, etc., y por qué razones, podrá leer y saber, por consiguiente, cuáles son los pensamientos y pasiones de los demás hombres en ocasiones parecidas. Me refiero a la similitud de aquellas pasiones que son las mismas en todos los hombres: deseo, temor, esperanza, etc., y no a la semejanza entre los objetos de las pasiones, que son las cosas deseadas, temidas, esperadas, etc.”[2]

Hobbes era consciente de su gran descubrimiento sobre el cual construye su soberbia teoría del estado y la política:  

“Quien ha de gobernar una nación entera debe leer, en sí mismo, no a este o aquel hombre, sino a la humanidad, cosa que resulta más difícil que aprender cualquier idioma o ciencia; cuando yo haya expuesto ordenadamente el resultado de mi propia lectura, los demás no tendrán otra molestia sino la de comprobar si en sí mismos llegan a análogas conclusiones. Porque este género de doctrina no admite otra demostración”[3]   

Y después se deja venir con la primera parte del Leviatán, titulada “Del hombre”, la más portentosa reflexión sobre la naturaleza humana que se haya escrito nunca. Si en mis manos estuviera, haría obligatoria la lectura de “Del hombre” en todas las escuelas de economía. Incluso, en todas las escuelas de cualquier disciplina.

El punto de partida de Smith es el mismo que el de Hobbes: una ficción teórica denominada “estado de naturaleza”. Smith se refiere a ella como “el estado primitivo y rudo de la sociedad, que precede a la acumulación de capital y a la apropiación de la tierra”[4]. Hobbes, por su parte, habla de “el estado meramente natural o antes de que los hombres se vinculasen mutuamente por pacto alguno”[5].

Aunque Adam Smith tenía de la naturaleza humana una visión mucho más amable que la más bien sombría de Hobbes[6], los salvajes de uno y otro son el mismo hombre, que se mueve por su propio interés y el de las personas que ama. Sin embargo, los cazadores y pescadores de Smith, llevados por una propensión natural, descubren el intercambio; mientras que los rudos personajes de Hobbes, más inclinados a la violencia[7], descubren el pacto que da origen a la sociedad civil.    

Hobbes escribe más de cien años antes que Smith. Sus ideas económicas propiamente dichas están expuestas en el capítulo XXIV de la segunda parte del Leviatán titulado “De la nutrición y preparación de un Estado”. Nada más ajeno al liberalismo económico de Smith que lo expuesto en esas pocas páginas. Allí todo depende del estado: la distribución de tierras: “el soberano asigna a cada uno una  porción”; los intercambios: “lo relativo a determinar en qué lugares y con qué mercancías puede traficar el súbdito con el exterior es asunto que compete al soberano”; el valor de la moneda: “la moneda legal puede ser fácilmente elevada de valor (…) muchas veces en perjuicio de quienes la posean”[8].

Como quiera que Hobbes no tuvo el privilegio de haber leído a Smith, no hay que juzgar con excesiva severidad sus primitivas ideas económicas – mercantilismo, cartalismo, etc. – pero hay que lamentarse de que aún pululen en la mente de muchos políticos y no pocos economistas. Naturalmente, Hobbes no es responsable de ello y eso en nada menoscaba su derecho a ser proclamado como el padre de la economía política. Pero, a quien le resulte enojoso renunciar a la paternidad de Smith, puede dejar a Hobbes como bondadoso abuelo.

 

Bibliografía:

De Jouvenel, Bertrand (2000). La soberanía. Editorial Comares, Granada-España, 2000.

Hobbes, Thomas (1640, 1993). El ciudadano. Editorial Debate S.A. Madrid, 1993.   

Hobbes, Thomas (1651, 1990). Leviatán o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil.  Fondo de Cultura Económica, México, 1990.

Smith, Adam (1759, 1997). La teoría de los sentimientos morales. Alianza Editorial, Madrid, 1997.

Smith, Adam (1776, 1979). Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones”. Fondo de Cultura Económica, México, 1979.

LGVA

Octubre de 2020.

 

 

 



[1] De Jouvenel, B. (2000) Página 257.

 

[2] Hobbes, Thomas (1651, 1990). Página 4.

 

[3] Hobbes, Thomas (1651, 1990). Página 5.

 

[4] Smith, Adam. (1776, 1979). Página 47.

 

[5] Hobbes, Thomas. (1640, 1993). Página 19.

 

[6] La Teoría de los sentimientos morales de Smith empieza con esta declaración: “Por más egoísta que se pueda suponer al hombre, existen en su naturaleza algunos principios que le hacen interesarse por la suerte de los otros, y hacen que la felicidad de éstos les resulte necesaria, aunque no deriven de ella nada más que el placer de contemplarla” Smith (1759, 1997) página 49.  

 

[7] “En el estado de naturaleza se da en todos una voluntad agresiva, pero no se da por la misma causa, ni es igualmente condenable” En unos “la voluntad agresiva nace de una vana gloria y de una falsa estimación de sus fuerzas”; en otros “de la necesidad de defender sus cosas y su libertad”. Hobbes (1640, 1993) Página 17.

 

[8] Hobbes, Thomas (1651, 1990) Páginas 203, 206 y 207.