jueves, 16 de enero de 2020

Venecia: ciudad de fortuna


Venecia: ciudad de fortuna[1]


Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista


La historia de Venecia es absolutamente fascinante, especialmente para quienes creemos que la libertad de comercio es el fundamento de la prosperidad del mundo y de toda la civilización occidental. Se dice que su fundación se remonta al año 421, cuando grupos de ciudadanos romanos buscaron refugio en las marismas de la desembocadura del Po, huyendo de los bárbaros longobardos y hunos, que, en el 476, encabezados por Odoacro, podrían término al imperio romano de occidente deponiendo al patético Rómulo Augústulo, su último emperador.

El relato de Roger Crowley comienza en el año 1000, cuando ya las galeras venecianas se enseñoreaban por todo el Mediterráneo Oriental comerciando en todos los puertos, guerreando con sus muchos enemigos y saqueando tesoros a la menor oportunidad. Los restos de San Marcos, cuyo León Simbólico marcaría la temida enseña veneciana, habían sido robados de Alejandría, por dos intrépidos mercaderes, en 828.

Ya Venecia era rica y poderosa cuando, en agosto 1198, el Papa Inocencio III convocó a la cristiandad a la Cuarta Cruzada con el propósito de reconquistar a Jerusalén que en 1187 había caído en poder de los infieles liderados por Saladino. Como emisarios del Papa, grandes señores de Europa llegaron a Venecia a suplicar su participación en esta empresa, que culminaría con el saqueo de Constantinopla, después del cual la Serenísima República sería aún más rica y más poderosa, con sus naves llegando a los lugares más extremos del Mar Negro, conectándose así con la Ruta de la Seda que les permitía a sus comerciantes traficar con el remoto Imperio Chino. 

Con un territorio continental minúsculo, sin tierras para el pastoreo o la agricultura, sin minas o yacimientos de productos minerales explotables, los venecianos, desde los inicios, se vieron obligados a comerciar, transformando progresivamente su ciudad en el único lugar del mundo de entonces organizado para comprar y vender. No podemos ni sabemos vivir de otra manera que comerciando, se lee en carta dirigida al Papa en 1343, pidiendo su autorización para establecer relaciones comerciales con los musulmanes.

Durante siglos, en Venecia se compraba y se vendía de todo y en sus comercios del Rialto y en sus depósitos había de todo en abundancia. Pero había dos productos típicamente venecianos: sus extraordinarios barcos y el codiciado Ducado, fundamento y expresión de su poderío. Hasta la aparición de Portugal en el escenario internacional, con Enrique el Navegante, probablemente solo los genoveses, sus eternos rivales, competían con los venecianos en la industria naval; mientras que sus ducados de oro o plata, los dólares de la época, eran recibidos en lugares tan remotos como la India, sin dudas sobre su peso y ley.

La toma de Constantinopla por los otomanos en 1453, que llevó a la pérdida de bastiones comerciales en el Mar Negro y de varias islas del Egeo, afectó duramente el poderío veneciano. Pero fueron los viajes de Colón y, especialmente, de Vasco de Gama los que socavarían de forma persistente y duradera las bases del comercio veneciano. Un comerciante de la época, comentando las noticias procedentes de Portugal que daban cuenta del regreso de Vasco de Gama de la India, en septiembre de 1499, por la ruta del cabo de Buena Esperanza, escribió en su diario:

“Debido a estas noticias, la cantidad de todo tipo de especias descenderá enormemente en Venecia; los compradores habituales, que comprenderán las noticias, bajarán, pues serán reticentes a comprar aquí”  

La narración de Crowley llega hasta 1500, pero la historia de La República de Venecia se extenderá por casi trescientos años más durante los cuales, en lo que fue un largo pero honroso repliegue, los venecianos lucharán por mantener su independencia política y defender su libertad comercial.  En 1797, Venecia es invadida por las tropas de Napoleón, poniendo fin a la República, cuyos territorios serán repartidos entre Francia y Austria en el Tratado de Campo Formio. Desaparece así el estado que Crowley, a manera de conclusión,  describe de la siguiente forma:  

“Fue el único estado del mundo cuyas políticas de gobierno estaban únicamente dirigidas a fines económicos. No había ninguna fisura entre su clase política y sus comerciantes. Era una república dirigida por y para emprendedores y su gobierno legislaba a tal efecto”.

LGVA

Enero de 2020.




[1]Crowley, Roger.  Venecia, ciudad de fortuna: auge y caída del imperio naval veneciano. Editorial Ático de los libros. Barcelona, 2016.

miércoles, 15 de enero de 2020

UBER: entre la ignorancia prevaricadora y la corrupción legalizada


UBER: entre la ignorancia prevaricadora y la corrupción legalizada
  

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista


No sé si exista la figura jurídica de prevaricato por ignorancia, pero aquí la empleo con el ánimo de ser indulgente con la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de ordenar la suspensión de actividades de la plataforma UBER. Corrupción legalizada es una expresión utilizada por Hayek para referirse a las disposiciones legales que tienen el efecto de generar rentas injustificadas en favor de ciertas personas o grupos de interés a expensas de los demás ciudadanos.

La plataforma UBER ha quedado atenazada entre una interpretación disparatada de la ley 256 de 1996 y la defensa acérrima de las rentas injustificadas que el decreto ley 172 de 2001 genera a las empresas de taxis y sus aliados de la clase política.

Empecemos con el prevaricato por ignorancia. El artículo 1 de la sentencia de la SIC señala que UBER incurre en actos de competencia desleal por “desviación de clientela”, artículo 8 de la ley 256 de 1996, y “violación de normas”, artículo 18 de la misma ley. En virtud de esto, el artículo 2 de la sentencia ordena a UBER que cese de manera inmediata “la utilización de contenido, acceso y prestación del servicio de transporte individual de pasajeros”.

La decisión depende del supuesto de que UBER es una empresa prestadora del servicio de transporte individual por cuanto los comportamientos de previstos en la ley “tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales”, según dispone el artículo 2 de la ley 256.

El artículo 3 del decreto ley 172 de 2001 define actividad transportadora como “un conjunto organizado de operaciones tendientes a ejecutar el traslado de personas o cosas, separada o conjuntamente, de un lugar a otro, utilizando vehículos, en uno o varios modos…”. Esa actividad transportadora se convierte en transporte público cuando dicho traslado se realiza a cambio de una contraprestación económica. 

Es evidente que UBER no transporta ni personas ni cosas de un lugar a otro y, por supuesto, no puede cobrar por algo que no hace. Los que transportan personas a cambio de una contraprestación económica son los vehículos particulares que hacen uso de la plataforma para localizar la demanda del servicio que ofrecen. Son los propietarios de esos vehículos quienes al transportar personas de un lugar a otro compiten en el mercado con los taxis afiliados a las empresas reguladas por decreto ley 172 de 2001. También compiten con esos taxis, los miles de vehículos que, sin estar vinculados a UBER y desde antes de la aparición de esa plataforma, ofrecen el servicio de transporte individual de pasajeros sin estar afiliados a ninguna empresa ni disponer, por tanto, de la llamada tarjeta de operación.

Admitir que UBER es una empresa de transporte público individual crea un antecedente muy grave y perjudicial para el desarrollo de las plataformas de la economía colaborativa. Con el mismo argumento de “desviación de la clientela” e “incumplimiento de normas”, los hoteleros podrían acusar de competencia desleal a Airbnb, la plataforma que conecta oferentes y demandantes de alojamiento. De la noche a la mañana Airbnb quedaría convertida en una empresa hotelera y las personas que utilizan sus servicios se transformarían en delincuentes. Se configuraría un nuevo delito sin víctimas, un delito de aquellos que son creados por las leyes expedidas para proteger intereses gremiales o corporativos. Esto nos lleva al tema de los “cupos” de las empresas de taxis.

Es increíble el grado de ignorancia alrededor de este asunto. A la gente – incluso al Presidente de la República, como se desprende de sus declaraciones recientes - le han hecho creer que los taxistas, para poder desarrollar su actividad, pagan al estado un oneroso derecho de entrada coloquialmente conocido como “cupo”. Esto es completamente falso. El estado, más específicamente, las alcaldías municipales, encargadas de expedir las tarjetas de operación, no reciben un centavo por la expedición o renovación de dicho documento, aparte de un pequeño pago por costo de trámite que no excede los treinta mil pesos. No obstante, la norma que regula esa actividad ha llevado a la configuración de una vergonzosa situación de corrupción legalizada. La defensa del interés económico de quienes se benefician de esa corrupción es el almendrón de la cruzada desatada contra UBER.

A mediados de los años 90, probablemente como consecuencia de la reducción del precio de los carros por la disminución de los aranceles, en las grandes ciudades del País aumentó considerablemente la oferta de taxis, al punto que se empezó a hablar de la “Mancha amarilla” para describir la nueva situación. Como suele ocurrir siempre que se quiere regular legalmente la entrada a una actividad, los que habían entrado no querían que entrara nadie más. Y entonces se expidió el decreto ley 172 del 5 de febrero de 2001 para reglamentar “el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en Vehículos Taxi”.

Allí están todos los trámites requeridos para crear empresas de taxis y obtener la respectiva habilitación, los requisitos para obtener o renovar las tarjetas de operación, las autoridades encargadas de habilitar las empresas y expedir las tarjetas según el ámbito territorial y otra multitud de esas cosillas que son la delicia de los leguleyos. La esencia de la cuestión está en el artículo 35, que a la letra dice:   

A partir de la promulgación del presente decreto, las autoridades de transporte competentes no podrán autorizar el ingreso de taxis al servicio público de transporte, por incremento, hasta tanto no se determinen las necesidades del equipo mediante el estudio técnico de que tratan los artículos siguientes”.

Quedó pues establecida la barrera legal de entrada que en la práctica implicaba la congelación del parque de taxis en todo el País. La ampliación de dicho parque en cualquier municipio dependía de los resultados de un estudio técnico “para determinación de las necesidades de equipo”. Las características del tal estudio técnico están establecidas en el artículo 37, el cual comienza con la siguiente frase que lo define todo: 

El estudio técnico se elaborará teniendo en cuenta el porcentaje óptimo de utilización productivo por vehículo…”
  
Supuestamente, se debe hacer el inventario de empresas y vehículos, realizar encuestas entre conductores y usuarios y otras nimiedades. Finalmente, la decisión de aumentar o no el parque de taxis depende del valor que alcance un índice denominado “utilización productiva” de los vehículos. La forma de calcular este índice es tan inverosímil que parece un chiste.

En efecto, el índice de utilización productiva de un vehículo es la relación entre los kilómetros productivos recorridos, es decir, los recorridos transportando efectivamente pasajeros, y el total de kilómetros recorridos promedio día por vehículo. Suponiendo que este índice pueda calcularse para cada vehículo, el valor obtenido debe compararse con “el porcentaje óptimo de ochenta por ciento”.  Y a renglón seguido concluye la norma:

“Si el porcentaje de utilización productivo por vehículo que arroja el estudio es menor del ochenta por ciento (80%) existe una sobreoferta, lo cual implica la suspensión del ingreso por incremento de nuevos vehículos. En caso contrario, podrá incrementarse la oferta de vehículos en el número de unidades que nivele el porcentaje citado”.

Es evidente que este procedimiento deja la determinación del ingreso de nuevos vehículos al arbitrio de las autoridades de tránsito de cada municipio y de las empresas que las influencian.  El resultado concreto es que en las grandes ciudades el parque de taxis se mantuvo congelado o creció muy lentamente desde la expedición del decreto 172 de 2001. En muchos casos el crecimiento se explica por el aumento de los cupos en los pequeños municipios conurbados con las grandes capitales pues la ley permite que la tarjeta de operación expedida en cualquiera de ellos tenga validez en toda la conurbación o área metropolitana, dándoles a las autoridades de tránsito de esos municipios la oportunidad de hacer pingues negocios. Los taxistas de Medellín se quejan de la entrada 100 taxis por cupos expedidos en un municipio cercano, los cuales, según las malas leguas, se pagaron a 30 millones de pesos.

Aquí viene lo más sabroso del negocio. En el caso de que en un año dado el valor de índice de “utilización productiva” permita la ampliación de los “cupos”, las nuevas tarjetas de operación se deben asignar por sorteo en el cual pueden participar las empresas habilitadas y personas naturales propietarias de hasta cinco vehículos. Esto significa que las tarjetas de operación o “cupos” no se entregan a los mismos taxistas en su mayoría asalariados a destajo, sino que se convierten en un activo de las empresas que, dada la restricción de entrada, alcanza un altísimo precio.

Insistamos en este punto y tomen nota de ello señor Presidente y señora Ministra de Transporte. Por la expedición o renovación de la tarjeta de operación las autoridades de tránsito no cobran más de treinta mil pesos. El alto precio de los cupos existentes en el mercado está determinado por el control de la oferta por parte de las empresas habilitadas. Es un precio especulativo fijado por un oligopolio acartelado y, probablemente, amangualado con las autoridades municipales de tránsito.  

El senador Jorge Robledo, acérrimo defensor del oligopolio acartelado de las empresas de taxis, en su artículo “El negocio de UBER es la ilegalidad”, publicado en El Espectador el 30 de diciembre pasado, se dejó traicionar por el inconsciente revelando las verdaderas pretensiones del oligopolio al escribir:  

“Sobre qué hacer hay dos opciones: que Uber —hasta con carros de lujo si quiere, y que hoy no ofrece— cumpla con la Constitución y la ley, como los taxis amarillos. O que se cambien las normas para que el transporte público individual deje de ser un servicio público y que cada empresa haga lo que le dé la gana, igual que Uber. La segunda opción obligaría al Estado a indemnizar por los cupos a los propietarios de los taxis legales, porque ellos son fruto de una imposición legal”.

El negocio de los taxis está llamado a desaparecer o a transformarse en el mundo y en Colombia. La normativa actual – el famoso decreto 172 de 2001 – lanza a la ilegalidad a miles de personas, con UBER o sin UBER, y genera el enriquecimiento injustificado del oligopolio acartelado de las empresas de taxis. A esas empresas y a Robledo les importa chorizo lo que ocurra con los taxistas legales o ilegales. Lo único que quieren es obtener esa indemnización antes de que nuevas plataformas y los vehículos autónomos acaben con su negociado que no negocio. Ante la inexorable desvalorización de los tales cupos, quieren que el estado se los compre lo antes posible, que los indemnice.

Seguramente querrán que el estado pague los cupos al actual precio de mercado. ¿Cuál es ese precio? ¿30, 60 ó 100 millones de pesos por cupo? Es a esa negociación a la que el oligopolio acartelado y corrupto quiere llevar al gobierno nacional. Solo en Bogotá, Cali y Medellín hay 100.000 tarjetas de operación o cupos vigentes. A 60 millones de pesos el cupo, estaríamos hablando de seis billones de pesos. Tome nota de ello, señor Ministro de Hacienda.  

Aquí no hay lugar a ninguna indemnización porque el estado no ha recibido nada de las empresas de taxis porque no ha cobrado nada por los tales cupos. Tomen nota señor Presidente y señora Ministra de Transporte: no se vayan a dejar timar cualesquiera sean las presiones, incluso violentas, que deberán enfrentar. La plata que quiere cobrar el oligopolio acartelado no es de ustedes, es de todos los colombianos.

CODA. Estuve con mi esposa Gloria Cecilia viendo toros en Manizales. A la salida de una corrida nocturna, cerca de la media noche, no había un taxi amarillo ni para remedio y la aplicación UBER invariablemente respondía “no hay vehículos disponibles en el área”. De pronto, en la oscuridad, apareció Andrea. Señora, le dijo a mi esposa, ¿necesitan taxi? Instantes después estábamos sentados rumbo al hotel en un auto conducido por su esposo Andrés. Si, un servicio ilegal, de esos que existen en todas las ciudades del País como consecuencia del oligopolio de los cupos. Después de perder su empleo en una empresa legal, Andrés compró un carrito viejo y un tanto desvencijado en el cual, en compañía de Andrea, por razones de seguridad, ofrece su servicio de transporte en las gélidas noches manizaleñas para mantener dignamente una familia de cinco hijos. Nos parecieron unas personas encantadoras y los contratamos para transportarnos durante toda nuestra estadía. Un día llegaron un tanto tristes a recogernos al hotel. La noche anterior, unos policías los detuvieron y se quedaron con el producto del trabajo de la jornada. Ocurre con cierta frecuencia, explicó Andrés. La policía y los guardas de tránsito de la ciudad conocen su carro y saben de su actividad y por eso de tanto en tanto los detienen para cobrar el “cupo”. Como ellos hay miles de personas en el País que son lanzadas a la ilegalidad por una legislación que convierte en delito sin víctimas lo que es un trabajo digno y honrado. Por eso, con todo cariño,  termino reiterándoles a Andrea y Andrés nuestra gratitud y admiración.

LGVA
Enero de 2020.




lunes, 23 de diciembre de 2019

La Superintendencia del atraso tecnológico


La Superintendencia del atraso tecnológico


Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista


Gobernar sin mayorías en el Congreso es extremadamente difícil, pero hacerlo con la oposición metida en el gabinete es ya una cuadratura del círculo con regla y compás. Al parecer el Presidente Duque ha tenido y tiene enquistados en altos cargos a varios opositores, como la anterior ministra de justicia que estuvo dedicada exclusivamente a sabotear sus iniciativas y a revelar intimidades del trabajo gubernamental. Ahora resulta que las superintendencias han decido fungir como jueces y declarar ilegales un par de aplicaciones tecnológicas – UBER y PICAP- que le están facilitando la vida a millones de personas y permitiendo a miles la obtención de un ingreso de forma honesta. 
  
La Superintendente de Transporte, señora Carmen Ligia Valderrama, decide que uno no puede usar una moto de su propiedad para transportar a una persona a cambio de un pequeño pago. Por su parte, el Superintendente de Industria y Comercio, señor Andrés Barreto, decide que solo pueden transportarse personas distintas a su conductor en vehículos pintados de amarillo.  Ambos han recurrido a las más absurdas leguleyadas para justificar unas decisiones que favorecen intereses gremiales privilegiados a expensas de propiciar el atraso tecnológico.

Estas decisiones resultan difíciles de entender a la luz del discurso gubernamental sobre la “economía naranja” y, más importante quizás, del gran esfuerzo de la Ministra Silvia Constaín para hacer aprobar la nueva Ley de TIC, que estimula la inversión en infraestructura de comunicaciones, y realizar subastas para ampliar el espectro disponible. ¿Para qué diablos un regulador convergente, más inversión en antenas, más ancho de banda si al mismo tiempo se están prohibiendo las aplicaciones que deberían beneficiarse de todo ello? Es como hacer autopistas, túneles, puentes y modernizar los peajes y al mismo tiempo prohibir la circulación de los vehículos. Sería bueno conocer la opinión de la ministra Constaín sobre lo que están haciendo los subalternos de sus colegas de gabinete.

Se tiene la impresión de que hay gente en el Gobierno que no entiende de qué trata la primorosamente denominada “economía naranja”. El gran asunto de la economía es la utilización eficiente de los recursos disponibles, la reducción del desperdicio, el mejor empleo del capital para potenciar el trabajo y tener así más tiempo libre y mejor calidad de vida. Y esto se logra multiplicando y profundizando los intercambios, poniendo en contacto millones y millones de oferentes y demandantes para que voluntariamente cambien unos con otros sus bienes y servicios. Todo monopolio - grande o pequeño, duradero o efímero - es, en esencia, la explotación de una oportunidad de mercado de la cual se encuentran excluidos los competidores por no estar informados de su existencia o porque estándolo la ley no les permite acceder a ella.

El papel de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – como UBER, PICAP, Airbnb, Rappi, etc.  – es justamente difundir información en tiempo real sobre oportunidades de intercambio beneficioso para las partes. Nadie está obligado a hacer uso de esas aplicaciones ni a realizar los intercambios que posibilitan. El papel de esas aplicaciones es destruir pequeños y grandes monopolios basados en el control de la información y en diluir permanentemente el poder de mercado haciendo más eficiente la economía.

En su ofensiva contra las aplicaciones, las Superintendencias invocan las regulaciones desuetas que protegen monopolios legales sin preocuparse por los derechos de los millones de personas que las utilizan. Porque este es el punto. La protección a la competencia, que supuestamente es la función de la SIC, es para garantizar el derecho de la gente de elegir quién le presta el servicio que requiere o de utilizar su trabajo y los bienes de su propiedad de la forma que crea es más provechosa.    

La batalla por las aplicaciones es una prueba de fuego para el gobierno del Presidente Duque pues en ella está en juego la mayor o menor celeridad con la que se difundan las existentes y las que seguramente aparecerán en el futuro sin que nadie pueda hacer nada para evitarlo. Ni el gobierno de Duque ni ningún otro en Colombia o cualquier otro país del mundo puede evitar, sin acabar totalmente con la libertad, que las aplicaciones tecnológicas de todo tipo se impongan finalmente. Pero si puede hacer mucho daño retrasando su desarrollo y su difusión pues no otra cosa es lo que está haciendo la SIC, convertida en la SAT: Superintendencia del Atraso Tecnológico.

LGVA
Diciembre de 2019.      



sábado, 21 de diciembre de 2019

Salario mínimo, desempleo, informalidad e inflación


Salario mínimo, desempleo, informalidad e inflación

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista


De todas las formas de intervención del gobierno en la economía, la fijación del salario mínimo es, probablemente, la más descarada y abusiva, porque la negociación se realiza entre personas que no lo pagan con personas que no lo ganan arbitradas por personas que tienen un interés propio en el resultado de la negociación.  

Los gremios de la producción y los sindicatos que participan en la concertación pertenecen a los sectores más modernos y avanzados de la economía cuya productividad les permite pagar y devengar un salario monetario que excede ampliamente el nivel del salario mínimo legal cuyo incremento disputan con tanto empeño. Los supuestos árbitros son funcionarios públicos cuya remuneración excede también el nivel del salario mínimo pero que se benefician del incremento finalmente acordado.

Aquí la palabra clave es “incremento” o, más precisamente, el aumento porcentual anual del salario mínimo que resulta de la negociación. La razón es muy simple: ese incremento porcentual es la base de las negociaciones salariales del sector moderno y del aumento de la remuneración de los funcionarios públicos. De ahí que esa negociación sea tan importante para los participantes sin que importe lo que ocurre con los que no participan y que se verán afectados por el nivel del salario mínimo: los pequeños empresarios, las amas de casa, los trabajadores no calificados y los desempleados.

En otra parte he expuesto ampliamente los efectos nefastos de la fijación de un salario mínimo legal sobre el mercado laboral, el desempleo y la informalidad[1]. Basta con reiterar que la ley del salario mínimo, al prohibir a los empresarios contratar a trabajadores cuyo valor de productividad es menor que el mínimo legal, los lanza a la informalidad o al desempleo. Y al desempleo y sub-desempleo resultantes, se responde con nuevas leyes para ayudar a los desempleados y a los pobres que las mismas leyes crean, en esa espiral sin fin de la intervención gubernamental.

Hay que llamar también la atención sobre el impacto que puede tener el resultado de la negociación en curso sobre la inflación. Reportan los medios que el incremento propuesto por los empresarios bordea el 6% en tanto que los sindicatos aspiran a poco más del 8%. Seguramente la cosa quedará en el 7%, por la intervención salomónica de los representantes del gobierno, pero Salomón no sabe economía.

El aumento del salario mínimo es el indexador más importante de la economía puesto que a él están ligados los precios controlados – arriendos, servicios públicos, matrículas, pensiones, etc. – y, por la costumbre comercial, también muchos no controlados. Por eso hay que anticipar una aceleración de la inflación en los primeros meses de 2020.

Los técnicos de Planeación, Hacienda y el Banco de la República saben muy bien que cuanto mayor sea el nivel del salario mínimo en relación con los niveles de los mercados libres, mayores serán el desempleo y la informalidad resultantes. Si, por razones políticas, no se atreven a proponer su eliminación pura y simple, deberían elaborar una propuesta para establecer varios niveles que reflejen las diferencias de productividad de las distintas regiones. Esto no resuelve los todos los problemas, pero reduce algunas de las distorsiones que resultan de un salario mínimo legal único para todo el País.

LGVA

Diciembre de 2019.     

  


lunes, 16 de diciembre de 2019

Mi posición sobre las exigencias del paro.


Mi posición sobre las exigencias del paro.

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

Presento mi posición sobre las 13 exigencias planteadas por los promotores del paro. Las exigencias son de tres tipos: i) reivindicaciones puramente gremiales, ii) objetivos claramente políticos y iii) planteamientos de orden general que conciernen a sectores amplios de la sociedad que no necesariamente están representados por las organizaciones y movimientos políticos vinculados al paro.

1. Retirar el proyecto de ley de reforma tributaria. Inaceptable. Es del fuero del Gobierno presentar proyectos de reforma tributaria y corresponde al Congreso aprobarlos o rechazarlos. Aceptar esto equivale a suprimir la democracia representativa y sustituirla por la imposición de una masa que actúa por fuera de la ley tratando de imponer por la fuerza sus aspiraciones y objetivos políticos. 

2. Derogar el holding financiero con el que se creó el Grupo Empresarial Bicentenario. Inaceptable. El Holding se creó mediante el decreto 2111 de 2019 en uso de las facultades conferidas al Ejecutivo por la ley 1955 de 2019. Aceptar esto equivale a suprimir la democracia representativa y sustituirla por la imposición de una masa que actúa por fuera de la ley tratando de imponer por la fuerza sus aspiraciones y objetivos políticos.

3. Tumbar la circular 049 del Ministerio de Trabajo sobre estabilidad laboral reforzada. Esa circular se refiere al trámite que debe darse a la desvinculación de personas en situación de discapacidad. Es perfectamente negociable y proceder a su modificación si no está acorde con la legislación laboral.

4. Disolver el Esmad y depurar la Policía. Inaceptable.

5. No presentar la reforma pensional. Inconveniente posponer la reforma pensional que necesita el País. Es negociable su contenido con todos los actores sociales involucrados, no solo con el Comité del Paro.

6. No presentar reforma laboral y derogar los artículos 193, 198, 240 y 242 del Plan Nacional de Desarrollo. Se necesita una reforma laboral. Es negociable su contenido con todos los actores sociales involucrados, no solo con el Comité del Paro.

7. No privatizar ni enajenar bienes públicos. Inaceptable como principio absoluto. La propiedad pública es un asunto de conveniencia y debe discutirse en cada caso y eso se hace en el Congreso.

8. Cumplimiento de acuerdos anteriores con diferentes sectores participantes en el paro. Deben cumplirse los acuerdos en caso de ser compatibles con las posibilidades fiscales de la Nación. Si no es así, deben renegociarse.

9. Tramitar con Dignidad agropecuaria las principales necesidades del campo colombiano. Esto puede discutirse sin la imposición de suprimir los TLC.   

10. Cumplir e implementar, de la mano de Defendamos la paz, los acuerdos de paz firmados en La Habana. El Gobierno está cumpliendo esos acuerdos y debe continuar haciéndolo; pero no tiene por qué rendirle cuentas a una ONG integrada por militantes de la izquierda internacional.

11. Tramitar lo más pronto posible los proyectos relacionados con la Ley Anticorrupción. Los proyectos anti-corrupción los rechazó el Congreso. El Ejecutivo puede presentarlos de nuevo.

12. Derogar el artículo 313 del PND. Los promotores del paro tienen representación en el Congreso, nada les impide presentar un proyecto de ley para derogar ese artículo y los considerados en el punto 6.

13. Definir políticas ambientales para la protección de páramos y medio ambiente. Esta definición debe hacerse con la participación de todos los actores involucrados, no solo con el Comité del Paro.

LGVA.

Diciembre de 2019

domingo, 8 de diciembre de 2019

Cinco consejos no pedidos al alcalde Quintero


Cinco consejos no pedidos al alcalde Quintero


Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista


Las actuaciones posteriores a su elección permiten presagiar que la alcaldía del señor Quintero será una larga pesadilla: ya convocó a una constituyente, apoyó las marchas violentas y empezó a maltratar a la gente de EPM. Aunque no abrigo ninguna esperanza de ser escuchado, voy a darle a señor Quintero cinco consejos que pueden ayudarle en su gestión.

Manténgase en la legalidad. Sus propuestas de congelar las tarifas de los servicios públicos y de meter a EPM en el negocio de la construcción de túneles son ilegales. Para las tarifas existen procedimientos regulatorios basados en la Ley 142 de 1994, norma que igualmente establece los alcances del objeto social de las empresas de servicios públicos domiciliarios. Esas propuestas ya se ensayaron, en la alcaldía de Luis Pérez, sin el beneficio social pretendido, pero metiendo en dificultades a la Empresa, que fue investigada y multada por incurrir en una conducta contraria a la regulación.  Además de ser ilegal, la congelación arbitraria de las tarifas o el suministro gratuito de los servicios públicos, minaría la cultura de pago de la comunidad y afectaría la sostenibilidad financiera de la Empresa y, por tanto, su capacidad para mantener, renovar y expandir la infraestructura. La clave del éxito de EPM radica en haber convertido en su mantra las palabras de su primer gerente, Oscar Baquero Pinillos: “El servicio más costoso es el que no se tiene”.

Crea en los técnicos. Su programa contiene la propuesta de hacer un metro subterráneo. Adicionalmente, Gustavo Petro, quien ha reclamado para su movimiento su victoria, propone soterrar el Metro de Medellín. No creo que usted comparta esa idea delirante, pero me gustaría ver que la rechaza expresamente. Es un error llevar a la discusión política una cuestión que debería ser estrictamente técnica. Las decisiones sobre trazado, longitud y diseño del Metro de Medellín se tomaron con base en criterios técnicos y financieros. La política debe decir el qué, la técnica y las realidades financieras responden por el cómo. El político debe plantear, por ejemplo, que su propósito es aumentar la cobertura en salud o del transporte público. Si esas propuestas logran el apoyo de la gente, los técnicos – teniendo siempre en cuenta las restricciones presupuestales – deberán señalar la mejor forma de lograr esos objetivos. No le corresponde al político diseñar los hospitales ni definir su localización y tampoco diseñar los sistemas de transporte público.

Respete la autonomía de EPM.  Ser un alcalde bueno en Medellín no es demasiado difícil, es más difícil ser malo. Todos los alcaldes de elección popular que ha tenido la Ciudad en su momento fueron calificados como los mejores del País. La razón es simple: los servicios públicos domiciliarios se vienen manejando mejor que en cualquier parte del País desde hace más de 60 años, por el rigor financiero, técnico y jurídico de EPM. Hace tiempo dejaron de ser una carga para el presupuesto del Municipio y, en lugar de ello, le aportan cuantiosos excedentes financieros. Deje que los directivos y técnicos de EPM hagan lo suyo y financie sus programas de gobierno con esos excedentes, que debe, eso sí, extraer con prudencia y moderación. EPM no es ganado de carne sino vaca de leche y para que la siga dando en abundancia hay que respetar su autonomía.

Aléjese de las malas compañías.  Usted se presentó como “independiente” frente a la izquierda anti-capitalista, frente a Gustavo Petro, en particular, y la gente le creyó, yo no le creo aún. Esa “independencia” se verá a lo largo de su mandato, pero una buena muestra inicial la daría absteniéndose de invitar a Petro a su posesión, incluso, pidiéndole expresamente que no venga, pues en caso contrario puede estar seguro de que se hará presente, aún sin invitación, para tratar de apropiarse políticamente de su victoria. Petro es un hombre sin ninguna clase de escrúpulos políticos que ha construido su carrera con base en la mentira y el falseamiento de la historia de nuestro País. Petro ha logrado que millones de jóvenes de almas generosas y mentes poco ilustradas lleguen a creer que esta es una sociedad bloqueada que niega el ascenso político y económico a quienes no hacen parte de las “élites privilegiadas”.

Abandone la soberbia. El trato que usted le dispensó al gerente, directivos y técnicos de EPM, durante la crisis de Hidroituango, lo dejó ver como una persona prepotente, arrogante y soberbia; al tiempo que ponía de manifiesto su superficial conocimiento de los temas tratados. Pero ese trato fue sobre todo injusto pues las personas a las que maltrató con saña son también técnicos que hacen su trabajo de forma honesta y comprometida y que saben muchas cosas. Nadie se las sabe todas y la fortaleza de las empresas y entidades exitosas radica en ese conocimiento colectivo que se nutre de la inteligencia, la educación y la experiencia de múltiples personas trabajando en red. Pero también en el Metro, en Empresas Varias, en la Terminales de Transporte y en todas las secretarias del Municipio hay gente de esa misma clase: profesionales honestos, dedicados y que saben cómo se hacen las cosas. Ese es el capital humano del municipio de cual podrá beneficiarse su administración.

LGVA

Diciembre de 2019.

lunes, 2 de diciembre de 2019

Duque, los medios y los capitalistas


Duque, los medios y los capitalistas


Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista


El tratamiento que los medios de comunicación, en particular los capitalinos, le han dado al gobierno del Presidente Iván Duque, prácticamente desde sus inicios, ha sido injusto, sesgado y desconsiderado. Se dice que esto se debe a la ausencia de pauta oficial, con la que el gobierno de Santos los habría irrigado generosamente. Sea o no verdadera esa conjetura, lo cierto es que ese proceder revela una ignorancia, una inconciencia y una irresponsabilidad sin límites.

Cuando algunos creíamos que ya habíamos escuchado, visto y leído todo lo malo que era posible esperar de ellos; el tratamiento dado a los acontecimientos sucedidos en desarrollo del paro del 21 de noviembre y en los días siguientes, nos reveló su increíble capacidad de superar sus propios records de desinformación y manipulación de la opinión pública.

Después de azuzar y promover el paro durante semanas – justificando acríticamente las más absurdas demandas -  descaradamente inflaron el número de los participantes en las marchas que nada tuvieron de pacíficas, desconocieron el interés de los millones que no marcharon, minimizaron los hechos de violencia y vandalismo cometidos y se encarnizaron contra los policías y soldados, acusándolos de toda clase de atropellos cuando protegían a las personas, los bienes públicos y privados y aún sus propias vidas de los ataques inclementes a los que fueron sometidos por grupos violentos, claramente entrenados en las más avanzadas tácticas del terrorismo urbano.

Razón tenía Tocqueville al decir que la libertad de prensa hay que mantenerla, no por los beneficios que resultan de su existencia, sino para evitar los males que aparecen  cuando es suprimida. Por eso hay que dejar que los periodistas digan, muestren o escriban lo que quieran; que distorsionen los hechos y que los interpreten a su amaño e, incluso que demeriten – con plena conciencia o sin ella – las instituciones políticas y económicas que permiten su existencia. Lo que no es comprensible es que los empresarios y capitalistas financien con sus propios recursos a quienes se han puesto al servicio de las fuerzas políticas que quieren barrerlos de la faz de la tierra.

En su maravillosa novela “Rusia”, Edward Rutherfurd cuenta cómo las damas de la alta sociedad rusa encontraban divertido invitar a sus salones a rudos militantes bolcheviques para que explicaran a sus invitados las ideas revolucionarias. En la campaña presidencial de 2018, los émulos colombianos de los bolcheviques – Petro, Córdoba, Robledo, etc. -  desfilaron por casi todas las asambleas de los gremios económicos, equivalentes modernos de los salones de las damas rusas, cuyo destino ya sabemos cuál fue.

A los dirigentes gremiales les aterra pasar por anti-democráticos, si se abstienen de invitar a sus eventos a los tipos que buscan acabar con los negocios de sus agremiados. A los empresarios y capitalistas que son dueños o financian con su pauta la existencia de las cabinas radiales, los estudios de televisión y las rotativas de la prensa escrita, les aterra aparecer como enemigos de la libertad de prensa si hacen despedir a algún periodista que ataca sus intereses o suprimen la pauta que paga su salario. El gran Karl Popper le dio a esa conducta un calificativo inigualable: bonachona estupidez.

Hay un tipo que todos los días despotrica contra el capitalismo salvaje, los empresarios explotadores y la voracidad del capital financiero desde la comodidad de la cabina de una emisora de gran sintonía. Si el propietario de la emisora, cansado de los dicterios, decide ponerlo de patitas en la calle, por supuesto que no está haciendo nada contra su libertad de expresión. El tipo puede conseguirse una silla y un megáfono y pararse en una esquina a seguir despotricando. A nadie se le ocurriría decir que el propietario de la emisora está obligado a suministrarle al despedido la silla y el megáfono. Pero, curiosamente, son legión los que creen, probablemente el mismo propietario, que sí está obligado a suminístrale el micrófono y todas las comodidades de la cabina de transmisión.    
         
Dicen que el dueño de la emisora de marras es el Grupo Santo Domingo, que lo es también del Canal Caracol y del diario El Espectador. Que el señor Sarmiento Angulo es el propietario de El Tiempo y que la Organización Ardila Lulle es dueña de los medios que operan bajo el nombre RCN. Harían bien estos capitalistas y todos los demás en escuchar lo que se dice, en ver lo que se muestra y leer lo que se escribe en los medios de su propiedad o que financian con su pauta.

No es ocioso recordarles, a los capitalistas colombianos, que Lenin se burlaba de la incapacidad de los capitalistas rusos de ver más allá de su interés económico inmediato, diciendo que último de ellos le vendería la soga para ahorcar al penúltimo.

LGVA

Diciembre de 2019.