lunes, 1 de abril de 2019

Génesis del mercado eléctrico colombiano


Génesis del mercado eléctrico colombiano[1]


Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Socio ECSIM


Examinar la génesis histórica del mercado eléctrico colombiano es interesante en la medida en que contribuye a entender su naturaleza o, mejor aún, a entender por qué es como es y no de otra forma. Adicionalmente, ese examen debe contribuir a arrojar algunas luces sobre las limitaciones de su diseño actual y lo que podría hacerse para superarlas.

Arrancamos con una historia estilizada de la industria eléctrica, desde sus orígenes hasta el surgimiento de los sistemas eléctricos monopolísticos estatales o privados, pero fuertemente regulados. Se explica luego la racionalidad del esquema monopolístico y de las causas que llevaron a su descredito y a su sustitución por modelos competitivos. Posteriormente, se muestra lo que era el modelo colombiano al momento de las reformas de los noventa y se explica su transición hacia el modelo de mercado, bajo la influenciada directa del modelo implantado en Inglaterra uno años atrás.

Como toda industria nueva, la eléctrica nació chiquita, pero tuvo un crecimiento extraordinariamente rápido. En la Exposición Universal de París de 1878, todavía la luz eléctrica se veía como una novedad de circo. Más tarde, en 1881, se realizó, también en París, la Exposición Internacional de Electricidad en la cual aparecieron ya las bombillas de Thomas Edison y el tranvía eléctrico de Werner Von Siemens. Entonces el mundo supo que la electricidad había llegado para quedarse. Su expansión fue tan vertiginosa, que nueve años después, la luz eléctrica, después de instalarse en las grandes capitales del mundo, empezaría a llegar a los pequeños pueblos de la remota Colombia:  Bogotá en 1890, Bucaramanga en 1891, Barranquilla en 1892, Cartagena y Santa Marta en 1893 y Medellín en 1898.

En principio fueron pequeños sistemas municipales que abastecían el alumbrado público y las viviendas de las personas acaudaladas, que tenían con que pagarse ese costoso lujo. Como todo lo nuevo, la electricidad comenzó siendo un lujo.  Donde hay un lujo, aparece la oportunidad de beneficio, pronto se desató una feroz competencia por hacerse a una porción de ese nuevo mercado. En 1920, el mercado de Londres era disputado por 65 empresas diferentes. La multiplicidad de oferentes se extendió hasta bien entrado el siglo: en 1946, había en Francia más de 2.000 empresas eléctricas y, ya en 1960, en Italia se contaban unas 1.500.

Durante la Segunda Guerra Mundial, en todos los países contendientes, los gobiernos establecieron fuertes controles sobre la actividad económica y se hicieron cargo de muchas industrias como medio de apoyar el esfuerzo bélico. En la posguerra, el mundo estaba preparado para el intervencionismo estatal a gran escala en la economía, que por lo demás recibía el soporte conceptual de la teoría keynesiana de manipulación de la demanda para alcanzar el pleno empleo y de la teoría piguviana del bienestar que con la pretensión de suprimir las externalidades justificaba las más diversas formas de intervención del gobierno.

En prácticamente todos los países de Europa y posteriormente en casi todo el mundo, el intervencionismo estatal cobró una fuerza y alcanzó una amplitud que no había tenido nunca en la historia del capitalismo industrial. Se implantaron controles de precios y salarios, se adoptaron reglamentaciones de toda índole y, con toda clase de argumentos, se nacionalizaron infinidad de empresas en todas las ramas de actividad. El sector eléctrico, naturalmente, no fue la excepción.

En general, se optó por un modelo de empresa estatal que integraba todas las actividades de la cadena – generación, transmisión, distribución, comercialización – del cual Electricidad de Francia fue el ejemplo paradigmático. Surgieron así, con diferencias circunstanciales de un país al otro, los tres modelos básicos que se presentan en la Gráfica 1.

 El primero, en el extremo izquierdo de la gráfica, es el de monopolio estatal de alcance nacional que integra todas las actividades de la cadena, el cual se impuso en varios países europeos como Francia, Bélgica, Portugal e Italia.

·        En el centro está el modelo de Estados Unidos, implantado en los años 30. En cada estado de la Unión había una empresa privada verticalmente integrada, sometida a regulación directa de precios. A cambio del privilegio de monopolio, las empresas de cada estado asumían la obligación del servicio universal. Sus propietarios no podían tener intereses económicos en otros sectores de actividad. 

·        En el extremo izquierdo se presenta el modelo inglés: la generación y la transmisión están integradas en una empresa estatal y la distribución está a cargo de 12 entidades – llamadas áreas distribución – que se reparten el país.

Gráfica 1

Los argumentos en favor del monopolio, estatal o regulado, eran, básicamente, los siguientes:

·        Aprovechar las economías de escala y de alcance.
·        Controlar el poder de mercado.
·        Garantizar la operación y expansión del sistema con criterio de mínimo costo.
·        Universalizar el acceso al servicio.

En otra parte he expuesto de forma sucinta el desarrollo del sector eléctrico colombiano[2]. Aquí basta con decir que la fase de los sistemas municipales duró hasta los años 30. En los 30, 40 y 50 el Gobierno Nacional intervino decididamente en el desarrollo del sector, invirtiendo en generación y distribución y creando electrificadoras departamentales.   A principios de los años 60 el sector eléctrico está conformado por un conjunto de subsistemas aislados constituidos alrededor de las principales ciudades del País.

En 1966, siguiendo recomendaciones de expertos de Electricidad de Francia y el Banco Mundial, y fuertemente presionadas por el gobierno de Carlos Lleras, EEB, EPM, la CVC y ELECTRAGUAS firmaron el “acuerdo de interconexión de sus sistemas y ensanche de la capacidad de generación”. Dicho acuerdo contemplaba la creación de una nueva empresa encargada de realizar la interconexión y de construir los proyectos de mayor tamaño para abastecer la demanda nacional. Un año más tarde nació esa nueva empresa: Interconexión Eléctrica S.A. – ISA- de la que serían accionistas, por partes iguales, las empresas signatarias del acuerdo. En 1976 CORELCA se unió al grupo.

A principios de los años 90, el sector eléctrico colombiano tenía la configuración que se presenta en la Gráfica 2. Los rasgos principales son los siguientes:

·        El parque de generación estaba distribuido en cinco empresas, todas de propiedad pública: ISA, EPM, EEB, CORELCA y CVC.

·        El sistema se operaba conjuntamente con criterio de mínimo costo y los beneficios de la operación conjunta se distribuían entre las generadoras participantes.

·        Existía un plan de expansión – de generación y transmisión - único e imperativo, elaborado por ISA. El desarrollo de los proyectos se asignaba a las empresas del sistema en decisiones administrativas que no estaban exentas de conflicto.

·        La distribución estaba a cargo de las electrificadoras departamentales, salvo en Bogotá, Medellín y Cali que tenían sus empresas municipales. 
·        La transmisión era monopolio de ISA.

Gráfica 2


Lo que importa a retener aquí, para abordar el tema del surgimiento del mercado, es que la operación del sistema con criterio de mínimo costo era uno de los atributos del modelo de monopolio parecía conveniente conservar. Fue con ese objetivo, pasar del monopolio a la competencia sin sacrificar la operación integrada de mínimo costos, que el diseño del mercado colombiano recibió la influencia directa de lo que se había hecho en Inglaterra y Gales. La influencia fue tan directa como quiera que el mercado se diseñó con la asesoría de la firma Coopers & Lybrand, la que había diseñado el mercado inglés.

Para pasar del modelo de monopolio al modelo de mercado, Colombia tenía la ventaja de que su parque de generación era propiedad de múltiples empresas, por lo que no era necesario desintegrar una empresa monopolística pre-existente. Los ingleses partieron en tres su monopolio de generación.

La otra ventaja era la experiencia de una operación integrada de activos de generación propiedad de múltiples agentes.  En efecto, las empresas del sistema declaraban la disponibilidad y los costos de cada una de sus plantas. ISA, el operador, construía la función de oferta de acuerdo con los costos y despacha en ese orden las plantas requeridas para abastecer la demanda.  El tránsito de un despacho de costos a uno de precios, parecía bastante sencillo. Y fue así como surgió la bolsa de energía: en adelante los agentes declaraban disponibilidad y ofertaban precios en lugar de declarar costos.  Al optar por este esquema surgió un nuevo problema: el volátil precio de la bolsa no podía trasladarse a los consumidores.

En el modelo anterior a la reforma no existía ese problema puesto que el referente para las tarifas era el Costo Incremental Promedio de Largo Plazo (CIPLP), asociado al último plan de expansión de la capacidad de generación-transmisión. Era un referente estable que, una vez calculado, se ajustaba mensualmente por el IPP. El costo marginal de corto plazo, resultante de la operación integrada, concernía exclusivamente a los generadores del sistema, sin incidencia directa sobre las tarifas al consumidor final.

Los contratos de largo plazo aparecen son el mecanismo para evitar que los consumidores finales estén expuestos a la volatilidad de la bolsa. Como se sabe, los hay de dos tipos: los pactados libremente entre generadores y usuarios no regulados y los pactados entre generadores y comercializadores que abastecen usuarios regulados, cuyo precio debe resultar de licitaciones abiertas.

Lo importante es destacar un aspecto que muchas personas parecen no entender o que olvidan a menudo: los contratos de largo plazo son contratos de cobertura puramente financieros, es decir, no implican la entrega física de la energía comprometida y no inciden directamente sobre la producción de energía en un momento dado. Esta se determina, para cada hora, por las ofertas de disponibilidad y precio de los generadores y el estado de la demanda.   

Pronto se evidenció el problema de la remuneración de las plantas térmicas, inexistente en un modelo de empresa única o de operación integrada no competitiva como el colombiano anterior la reforma. Teóricamente, si existe un mercado spot eficiente y competitivo donde, sin intervención regulatoria alguna, se forman precios de equilibrio que, en todo momento, reflejan los costos marginales del suministro, incluidas, cuando la situación del mercado lo impone, las rentas de escasez, los precios que allí se forman dan el incentivo adecuado a la expansión de la capacidad[3]. En la práctica de los mercados reales, esto implica aceptar que el precio de la energía se eleve sensiblemente por encima de su nivel promedio de suerte que las plantas que atienden las puntas de la demanda, puedan remunerarse operando solo unas pocas horas al año.
Gráfica 3


En su operación habitual, el mercado spot competitivo genera rentas suficientes para que las plantas infra-marginales cubran sus costos de capital. Cuando la demanda está que el sistema se acerca al límite de su capacidad, el precio spot debe elevarse para permitir el surgimiento de las rentas de escasez, que son las que permiten recurar la inversión de las plantas que solo operan en las puntas.

En contra del funcionamiento libre del mercado spot, se invoca el argumento de la inelasticidad de la demanda, que puede conducir a que la planta marginal ejerza poder de mercado y obtenga rentas de monopolio además de las de escasez, razón por la cual surge la necesidad de poner un techo al precio spot. Ahora bien, es claro que, si se impone ese techo, debe adoptarse algún mecanismo para incentivar la inversión en plantas de punta.
  
Algunos argumentan que no se debe imponer esa restricción al mercado dado que los consumidores finales, al estar cubiertos por contratos de largo plazo, no deberían verse afectados por las variaciones del precio spot, cuya inestabilidad solo afectaría a los agentes del mercado: generadores, comercializadores e intermediarios. Este es el caso del Nord-Pool, en general de los mercados de solo energía. En Colombia se optó por poner un techo al precio de bolsa, razón por la cual se adoptó el esquema de cargo de capacidad, primero, y desde 2006, de cargo de confiabilidad para incentivar la inversión en nueva capacidad.

El desarrollo descrito llevó a la configuración actual del sector eléctrico colombiano, que a pesar de los cambios mantiene en sus grandes rasgos las características iniciales. A mi modo de ver dicha configuración da lugar a tres problemas fundamentales, estrechamente vinculados, que probablemente no puedan resolverse sin cambios más radicales que los que se han introducido hasta ahora. Mi limito a enunciarlos:

·        Elevada exposición a bolsa de la demanda final regulada.
·        Precariedad de la longitud de los contratos de largo plazo.
·        Confiabilidad extremadamente costosa.

Estos problemas están ligados. La elevada exposición a bolsa de la demanda regulada surge del hecho de que a pesar que la capacidad instalada sea muy elevada, la oferta de energía de largo plazo es deficitaria pues los generadores la restringen por temor a resultar sobre-contratados y, en consecuencia, expuestos a un precio bolsa que puede ser muy elevado. La contratación a plazos superiores a 2 años también se ve desincentivada por el ingreso garantizado del cargo por confiabilidad.

LGVA
Marzo de 2019.
 



[1] Texto de la conferencia en el Curso de Mercado Eléctrico realizado por ECSIM.
[3] M. Caramanis y otros. “Optimal Spot Pricing: Practice and Theory” (1982).

martes, 26 de marzo de 2019

El Plan Nacional de Desarrollo o la desmesura del estatismo


El Plan Nacional de Desarrollo o la desmesura del estatismo

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

El Plan Nacional de Desarrollo es una ilustración desmesurada de lo que Hayek llamara la fatal arrogancia, esto es, la pretensión, propia los burócratas y políticos estatistas, de saber, mejor que los millones de personas que integran la sociedad, lo que es bueno para cada una de ellas en todas y cada una de las circunstancias de la vida.

Las más de mil seiscientas páginas de las llamadas “Bases” y los más de 200 artículos – que modifican o adicionan un sinnúmero de leyes existentes - no son otra cosa que un amasijo heteróclito y contradictorio de disposiciones mediante las cuales se busca satisfacer los intereses particulares de cada gremio, asociación, sindicato, minga, colectivo, dignidad o grupo de presión organizado que quiere apropiarse de la mayor porción posible del trillón, noventa y seis billones, ciento veinte y dos mil millones, ochocientos cuarenta millones, cuatrocientos diez mil ciento doce pesos con ochenta y siete centavos de las  inversiones públicas prometidas para los próximos cuatro años.  




Desde que, en 1991, la presentación de un plan de desarrollo se convirtió en mandato constitucional, cada cuatro años, con ocasión de su preparación y discusión en el Congreso, se desata, no una discusión de principios sobre el destino del País, sino una grotesca feria en la que se exponen, sin pudor alguno, los más desaforados apetitos de todos los actores sociales por conseguir la más alta participación en el plan cuatrienal de inversiones o lograr que se incluya o se excluya, en la ley mediante la cual se adopta, algún artículo que favorezca sus intereses o los desfavorezca, según el caso.

El Plan Nacional de Desarrollo consta de tres partes, a saber:

i)             Un largo documento, denominado “Bases”, supuestamente concertado con los actores sociales, que trata de recoger las aspiraciones de todo mundo y donde se exponen las buenas intenciones del gobierno. Desde hace 5 ó 6 mandatos presidenciales, este catálogo de nobles aspiraciones es prácticamente el mismo, solo que cada vez más extenso y cada vez más inundado de los vocablos propios de la neo-lengua del estatismo asistencialista que se nos ha metido hasta los tuétanos. Antes este documento era la esencia del Plan pues en él se consignaba de una forma relativamente coherente la visión que tenía el gobierno de la economía y la forma en la que se proponía alcanzar sus metas. Hoy ese documento no le importa a nadie y nadie lo lee ni en el Congreso ni fuera de él.

ii)            La segunda parte es plan cuatrienal de inversiones. Aunque, afortunadamente, este programa no compromete de manera inexorable al gobierno, pues las partidas y recursos asignados pueden aumentar o disminuir en las leyes anuales de presupuesto, no deja de desatarse una feroz rapiña por su distribución, con frecuencia acompañada de acciones violentas, como el bloqueo impuesto a los demás colombianos por los indígenas del Cauca y sus aliados políticos de la oposición. El problema es que, en su empeño por lograr la aprobación del plan, el gobierno cede a la coacción y adquiere compromisos que eventualmente no podrá cumplir cuando se enfrente a la realidad presupuestal.

iii)          La tercera parte es la ley del plan propiamente dicha, es decir, la que adopta las “Bases”, el plan de inversiones y, además, contiene una serie de artículos mediante los cuales se adicionan o modifican un amplio número de leyes existentes.

La última es la novedad que introdujo la Constitución de 1991. De acuerdo con una interpretación, del artículo 341, que pronto hizo carrera, el gobierno de turno puede proponer, y el congreso aprobar, las nuevas normas y modificaciones y adiciones a leyes vigentes que juzgue necesario para ejecutar su plan.   

Esto último sería razonable si se limitara, como parece indicarlo la Constitución, a las leyes que tienen que ver directamente con la ejecución del plan de inversiones. Pero los sucesivos gobiernos que han hecho uso de esa facultad – el de Pastrana fue el primero, el de Samper no lo hizo – progresivamente fueron ampliando el ámbito normativo que creían necesario modificar. Y, claro está, esto le abrió el apetito a los congresistas que se esmeran por hacer incluir algún articulillo en beneficio de sus clientelas o patrocinadores. Se informa que ya se adicionaron estas tres “perlas”:  la que obliga a Netflix a incluir “contenido nacional” en su oferta, otra que crea un subsidio a la contratación de profesionales con doctorado y una más que crea una sobre-tasa al consumo de electricidad para remediar el desastre de Electricaribe.

El resultado de todo esto es un amasijo de artículos que otorgan beneficios presupuestales o ventajas normativas a los más diversos grupos de interés sin que nadie tenga la capacidad, y ni siquiera la intención, de ver la coherencia global, de establecer si lo que se les otorga a los unos es compatible con lo que se da a los otros y, mucho menos, de averiguar los efectos que esto tiene sobre los intereses de la multitud de terceros que no están representados o sobre la actividad económica en general.

A cada grupo de interés y a cada congresista o grupo de congresistas que lo represente, solo le importa ver incluida la partida presupuestal o el artículo que lo beneficia y está dispuesto a aceptar que a cualquier otro se le otorguen beneficios y ventajas particulares, sin que importe si son justas o razonables, siempre y cuando obtenga en el regateo los suyos propios.

Lo que usualmente se vota, desde hace muchos años, en Colombia, en el proceso legislativo general y en la votación del plan de desarrollo en particular, no son normas aplicables a todos los ciudadanos sino medidas que favorecen directamente sólo a algunos de ellos. Por eso, lo aprobado no se ajusta a ningún principio y solo responde a la conveniencia política dictada por las circunstancias de momento.

LGVA
Marzo de 2019.

domingo, 24 de marzo de 2019

La minga extorsiva y la perpetuación de atraso indígena


La minga extorsiva y la perpetuación de atraso indígena[1]

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

En los albores de la Independencia, con excepción de un pequeño número de criollos y españoles, todos los habitantes de los que después sería la República de Colombia – blancos, negros, indios, mestizos, mulatos, zambos y cuarterones- eran pobres, ignorantes y andrajosos. Hoy, 200 años después, la mayoría de sus descendientes son menos pobres, menos ignorantes y visten con algún decoro. Atrapados en formas atrasadas de propiedad y producción, los indígenas parecen ser la excepción.

La productividad de los indígenas colombianos es más baja que la del resto de habitantes.  Aquellos departamentos donde representan más elevada participación en la población total, tienen más bajos niveles de PIB per cápita y los mayores porcentajes de población con necesidades básicas insatisfechas. Los municipios donde predomina la población indígena muestran porcentajes elevados de población con NBI, mayores que el promedio nacional y que los de los municipios donde la presencia de población de grupos étnicos es inexistente o reducida.

La población indígena está dedicada a formas de producción atrasadas – agricultura subsistencia, caza, pesca, artesanía rudimentaria, etc. – con bajos niveles de capital por unidad de trabajo. Algunos antropólogos explican la persistencia del atraso productivo invocando la existencia de una cierta disposición cultural. Otros, especialmente historiadores y sociólogos de obediencia marxista, ven en ello la continuación de un legado centenario de explotación y espolio. Es posible que sea así: tradición e historia, fatalidad. Es posible también que los indígenas colombianos mantengan formas de producción de bajos niveles de productividad porque no se les ha dado la oportunidad de abandonarlas.

La búsqueda individual de una mayor productividad o la voluntad de economizar, depende de dos factores: el deseo de poseer bienes materiales y la actitud ante el esfuerzo requerido para adquirirlos. Existen, en todas las épocas y culturas, individuos con inclinaciones ascéticas, que encuentran meritorio consumir menos que los demás. Existen también individuos que, deseando poseer más variedad de bienes y en mayor cantidad, no se siente inclinados a acometer el esfuerzo requerido para obtenerlos. Pero estas dos clases de individuos –los ascetas y los haraganes – no suelen ser los más numerosos y parece que se distribuyen en proporciones similares en todos los pueblos y razas. La mayoría de los individuos usualmente prefieren más bienes materiales que menos y, si no tienen alternativa, están dispuestos a realizar el esfuerzo productivo requerido para procurárselos. No hay ninguna razón para suponer que indígenas colombianos sean en eso diferentes de los demás miembros de la especie humana.

Dado el deseo de poseer bienes y la disposición de asumir el costo de obtenerlos, es preciso, para que se active la voluntad de ser más productivo se debe tener alguna certeza de obtener para sí el fruto del esfuerzo. Es aquí donde interviene el entorno institucional en el cual los individuos despliegan su actividad. Que las instituciones promuevan y limiten el esfuerzo económico depende de la protección que ofrecen al disfrute de los resultados, de las oportunidades de especialización que propician y de la libertad de acción que permiten. Si los indígenas colombianos son totalmente iguales a los demás miembros de la especie humana, su baja productividad estaría determinada por las instituciones que enmarcan su actividad económica.

La mayoría de los indígenas colombianos vive en resguardos, es decir, en territorios de “propiedad colectiva y no enajenable” según proclama el artículo 329 de la Constitución. En otras palabras, los indígenas no tienen derecho a la propiedad individual de la tierra y, por supuesto, tampoco pueden venderla, arrendarla, hipotecarla o darla de cualquier forma en garantía. Tampoco parece ofrecer el resguardo grandes posibilidades de especialización ni muchas oportunidades de elección.  En los resguardos predomina un sistema de agricultura de subsistencia que marginalmente produce excedentes para el mercado.  Los métodos producción son muy intensivos en tierra pues requieren largos períodos de rotación.  Desde el punto de vista económico es difícil entender la supervivencia del resguardo.

El resguardo es una institución indebidamente sacralizada. Sus apologistas parecen olvidar que fue una creación de la corona española para optimizar la explotación del trabajo indígena. Los indígenas precolombinos no vivían en resguardos ni en asociaciones comunistas igualitarias dedicadas a la adoración de la Madre Tierra. Las suyas eran sociedades jerarquizadas, enfrascadas en frecuentes guerras en las que los vencidos solían pagar su derrota con la servidumbre o el tributo. Conocían el comercio y la moneda, eran astutos traficantes que se encontraban en ferias y mercados, como lo ha documentado ampliamente el antropólogo Luis Duque Gómez, en exhaustivo inventario de los Cronistas de Indias. Las sociedades más avanzadas, como los Muiscas o Chibchas, conocían la propiedad individual de la tierra que se transmitía por herencia a las mujeres y los hijos de los difuntos, como señala el historiador Vicente Restrepo, apoyado en las crónicas de Fray Pedro Simón.

El resguardo fue una institución creada por la corona española hacia 1561 para tratar de evitar que los conquistadores y encomenderos, deseosos de recuperar rápidamente sus inversiones, exterminaran la población indígena imponiéndole duros trabajos en sus explotaciones mineras y agrícolas. Para la corona española, con visión de largo plazo, se trataba de preservar sus tributarios y garantizar su reproducción. El resguardo no se definía a partir de las comunidades indígenas. Para su conformación se agrupaban gentes procedentes de diversas etnias sin que importara separar familias para hacer las agrupaciones de población deseadas. Se habla de propiedad colectiva, pero en realidad la tierra era propiedad de la corona. A cada indígena tributario se le asignaba en usufructo, no en propiedad, un pedazo de tierra para que la cultivara y obtuviera el sustento de su familia y lo requerido para el pago del tributo. Si dejaba de cultivarla o la cultivaba mal, se le asignaba a otro indígena. No era infrecuente que los indígenas huyeran de los resguardos: la corona los repoblaba trasladando pueblos enteros.  

En el siglo XVIII, con el avance de la colonización y la profundización del mestizaje, el resguardo se convirtió en una institución obsoleta de baja productividad que limitaba la movilidad de la fuerza de trabajo. Entre 1755 y 1778 se disolvieron la mayor parte los resguardos de Cundinamarca y Boyacá. Con el inicio de la época republicana, el proceso de disolución de los resguardos se aceleró. El decreto del 20 de mayo de 1820, firmado por Bolívar, dispuso:

"Los resguardos de tierras asignadas a los indígenas por las leyes españolas, y que hasta ahora han poseído en común, o en porciones destinadas a sus familias solo para su cultivo, se les repartirán en pleno dominio y propiedad luego que lo permitan las circunstancias"

La ley del 11 de octubre de 1821, emanada del Congreso de Cúcuta, declaró a los indios libres de tributo y decretó el reparto individual de la tierra de los resguardos. Dispuso también que personas pertenecientes a otros grupos étnicos pudiesen establecerse en los resguardos arrendando sus tierras. El decreto del 15 de octubre de 1828, promulgado por Bolívar, ratifica el reparto de los resguardos a las familias indígenas y la posibilidad de arrendar a los no indígenas las tierras sobrantes. La ley 6 de marzo de 1832 dispone que los indígenas no pueden vender sus parcelas antes de 10 años, plazo que se eleva a 20 en 1834, mediante la ley del 2 de junio. La constitución de 1863 autorizó a los indios para vender sus propiedades.

En algunas regiones, especialmente en Cauca y Nariño, los indígenas se opusieron a la disolución de los resguardos, muchos de los cuales lograron sobrevivir hasta nuestros días.  En Cundinamarca y Boyacá la disolución fue total. Los descendientes de los indígenas habitantes de estos últimos departamentos viven en Bogotá, Tunja y demás pueblos de la región. Su nivel de vida es ostensiblemente mayor que el de los descendientes de los indígenas del Cauca y Nariño que conservaron sus resguardos. No se ha sabido que ninguno de los primeros haya expresado el deseo de volver al resguardo o que lamente haber perdido las tradiciones y valores de la cultura chibcha.

El resguardo es una institución improductiva, segregacionista y reaccionaria. Sus apologistas, que se precian de ser progresistas de avanzada, parecen olvidar que el resguardo fue restablecido por la Ley 89 de 1890, expedida por el régimen de la regeneración. En la época colonial sólo se beneficiaban de su existencia la corona española y los caciques o jefes indígenas encargados de controlar el trabajo de los indios y de recaudar los tributos. Esos caciques estaban rodeados de prerrogativas pues podían usar la tierra para su propio beneficio, se les dispensaba el título de Don, podían consumir productos destinados a los blancos y vestir a la castellana. No han cambiado mucho las cosas. Los caciques de hoy, convertidos en políticos, gozan de más prerrogativas que sus antecesores. En cuanto a los indígenas resguardados su suerte no parece ser distinta a la de los tributarios coloniales. Sí, hay algo nuevo, es decir, nuevos beneficiarios de los resguardos: las ONG indigenistas que manejan los recursos del estado destinados a los indios.

Los resguardos, hay que decirlo con toda claridad, han creado una población dependiente y segregada. Ya no se le llama salvajes, pero tras la retórica de la identidad cultural, las tradiciones milenarias, la mama tierra y todo lo demás se esconde en realidad el desconocimiento de los derechos individuales a la población indígena y se le niega la posibilidad de elección y la posibilidad de ser ciudadanos plenos con los riegos y responsabilidades que tal situación comporta.  Se les trata como a menores de edad que deben ser protegidos.  Por condenarlos a un sistema de producción atrasado que les impide valerse por sí mismos, ha sido necesario montar todo un sistema de protección que examinado sin prejuicios resulta denigrante: sus tierras están libres de tributos, no pagan impuesto predial; tampoco, mientras están resguardados, son sujetos del impuesto de renta; no tiene obligación de prestar servicio militar; se les garantizan cupos en colegios y universidades; se les segrega políticamente,  se les da participación especial en los recursos del SGP; etc.  

En el llamado capítulo étnico del Plan Nacional de Desarrollo, supuestamente se destinan a los indígenas 10 billones de pesos. Podrían ser 20 o, si se quiere, 100 billones. Ninguna suma por importante que sea sacará a los indígenas de la pobreza y el atraso. El esquema colombiano de subsidios, en general, y el de los indígenas, en particular, montado sobre una renta petrolera insignificante al lado de la venezolana, está diseñado para hacer llevadera la pobreza, no para que los pobres salgan de ella. El año entrante y el que sigue y dentro de diez, los indígenas, atrapados en formas de producción y propiedad ineficientes y acostumbrados al asistencialismo, estarán de nuevo haciendo mingas y bloqueos, que le cuestan más a la economía que lo que reciben ellos sin producirlo.

LGVA

Marzo de 2019.  






[1] Este artículo recoge parcialmente lo expuesto en una entrada anterior de este mismo blog. https://luisguillermovelezalvarez.blogspot.com/2012/08/plegaria-por-un-trato-digno-la.html


Los espías de Moisés Naím


Los espías de Moisés Naím

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista

Moisés Naím es un refinado intelectual y un agudo analista. Sus columnas periodísticas, sus artículos académicos y sus libros de divulgación, lo muestran como un maestro del ensayo, del calibre de Ortega y Gasset o de su compatriota Uslar Pietri.  Su último libro, la novela titulada “Dos espías en Caracas”, es una afortunada incursión en la ficción, que lo confirma al mismo tiempo como gran investigador y gran periodista.

La novela está basada, por supuesto, en hechos reales ampliamente conocidos, otros que no lo son tanto y, seguramente, muchos hasta ahora completamente ignorados y que Naím revela por primera vez. Los primeros son verdaderos y están probados; los segundos, igualmente verdaderos, pueden probarse. Los terceros también son verdaderos, Naím lo sabe, pero no puede probarlos sin poner en riesgo a algunas personas. De ahí que haya escogido un género que no le era familiar, para revelar las tremendas cosas que ocurrieron, pero cuya realidad no podía ser respaldada con notas de pie de página en un escrito académico o documentadas en un ensayo.



Fue bajo esa hipótesis que leí la novela. Aunque no voy a ahondar en sus méritos literarios, no puedo dejar de señalar que, a mi juicio, Naím asimiló bien las técnicas del género, entre ellas la de una frase inicial poderosa e intrigante, que obliga se seguir adelante: “Ningún ruido es más irritante que el del teléfono cuando interrumpe a una pareja que hace el amor”.  

En la novela, probablemente también en la realidad, los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Cuba fueron tomados de sorpresa por el fracasado golpe de estado del 4 de febrero de 1992. De hecho, Fidel Castro, que estaba de plácemes con Carlos Andrés Pérez, a cuya posesión había asistido tres años atrás, le envió un mensaje de apoyo al día siguiente del golpe. Para tratar de incidir en el curso de los acontecimientos, los servicios de inteligencia de ambos países, la CIA y el G2, reaccionan enviando a Caracas sus espías más conocedores de Venezuela. Así inicia la trama de la novela.  

El fracaso del golpe es atribuible, al menos en parte, a Chávez, quien en el momento de verdad se acobardó y no lanzó, como le correspondía, el ataque sobre Miraflores desde el Museo Militar, donde estaba agazapado con su tropa. Fracasado el golpe, Chávez y los demás dirigentes son enviados a prisión. Es allí donde se inician las relaciones del chavismo con el mundo criminal, representando en la novela por Yusbani Valentín, alias el Pran, tenebroso hampón, quien, desde la prisión, donde está por voluntad propia, maneja una extensa red delincuencial.

El Pran se convierte en el protector de Chávez en los años de confinamiento, financiará generosamente la campaña electoral que lo llevará a la presidencia, en 1998, y cobrará sus favores recibiendo representación en el gabinete ministerial y toda suerte de prebendas que le permitirán ampliar su red criminal y apoderarse de infinidad de empresas y propiedades. Desde la prisión, el Pran lidera el “El cartel de los soles” que se convertirá en el principal exportador hacia Europa de la cocaína producida por las Farc.

La otra gran influencia en el gobierno de Chávez será, por supuesto, la de los cubanos. Fidel Castro advierte que Chávez puede ser “su hombre en Caracas”, el que puede asegurarle a Cuba el suministro de petróleo estable y gratuito – que años atrás le había negado Rómulo Betancourt- y el que puede convertirse en figura fundamental del nuevo asalto para implantar el socialismo en América Latina, iniciado en 1990 con la fundación del Foro de Sao Paulo.

Rápidamente Castro inicia su labor de seducción. En diciembre de 1994, poco tiempo después de que Rafael Caldera cometiera el tremendo error de indultarlo, Chávez viaja a Cuba, supuestamente invitado a dictar una conferencia en la Universidad de La Habana. Para su sorpresa y para satisfacción de su egolatría, Castro lo espera al pie del avión, le da un recibimiento de jefe de estado y se encierra con él durante horas para iniciar el curso de instrucción política que se extenderá a lo largo de todos los años durante los cuales Chávez permanecerá en el poder, hasta su muerte en 2013.

En la novela, Naím narra los encuentros de Castro con Chávez en la isla La Orchila, en los que, al tiempo que lo instruye en marxismo, le enseña que el poder no se comparte, que debe ser absoluto y que debe andarse con cuidado para que no le pase lo de Allende. En la realidad, Castro viajó 13 veces a Venezuela, durante el mandato de su aventajado discípulo, al tiempo que éste voló en 30 oportunidades a la Isla, para recibir los consejos de su amado maestro.  Se comunicaban por teléfono casi todos los días, en línea directa a través del cable submarino tendido entre los dos países y por medio del cual desde Cuba se controlan múltiples sistemas información de Venezuela, entre ellos, claro está, el sistema electoral.   

Desde la toma del poder por los Castro y sus compinches, Venezuela ha estado en el radar de la geopolítica cubana. Pocos días después de su ascenso al poder, el 23 de enero de 1959, Fidel Castro, fusil al hombro, desciende de un avión en el aeropuerto de Caracas, para agradecer el apoyo recibido durante las últimas etapas de su campaña guerrillera. La recepción fue multitudinaria y en un discurso exaltado, Castro se comprometió con “este pueblo bueno y generoso, al que no le he dado nada y del que los cubanos lo hemos recibido todo”. Pero la visita no tuvo un final feliz: Rómulo Betancourt se negó en redondo a regalar a Cuba el petróleo venezolano. Después vendría la célebre Doctrina Betancourt, que llevaría a la expulsión de Cuba de la OEA en 1962.

Treinta años después, en 1989, Castro vuelve a Caracas como invitado de honor a la posesión de Carlos Andrés Pérez. Por aquellos años, quizás por la creencia de que las dictaduras se adecentan cuando han durado mucho, los dirigentes de todos los países de América Latina cortejaban a Castro, al tiempo que éste, acosado por las consecuencias que sobre la frágil economía de su país tenía el derrumbe de “el campo socialista”, buscaba desesperadamente reestablecer relaciones con todos ellos. Los dirigentes latinoamericanos creían ingenuamente que, con el reconocimiento del fracaso de la lucha armada, Castro renunciaba al proyecto de llevar su revolución a todo el continente. Con la fundación del Foro de Sao Paulo, en 1990, daba un mentís a esa creencia y revelaba su intención de extender el socialismo en América Latina por medios “democráticos y pacíficos”. La Venezuela de Chávez, con su riqueza petrolera, se constituiría en la pieza clave de ese proyecto.

En la novela de Naím se presenta la forma sistemática, astuta y despiadada como Castro somete a Chávez a su dominio. Ahí está descrito todo lo que pasó en la atribulada Venezuela desde el golpe hasta la muerte de Chávez. Allí están los principales acontecimientos: la toma de PDVSA, la huelga estudiantil, las expropiaciones, el nacimiento del Cartel de los Soles, la alianza con las Farc, la conformación de los colectivos, las misiones médicas y todas las votaciones fraudulentas, mediante las cuales Chávez se afianzaba en el poder y los cubanos completaban la ocupación de Venezuela. 

Allí están los principales protagonistas, presentados algunos de ellos con nombres ficticios, como Mónica Parker que encarna a Nitu Pérez Osuna, la valiente periodista de Globovisión, quien durante años denunció las tropelías del régimen, hasta que Chávez, en 2007, cerró el canal. Aparece también el general Raúl Baduel, en la figura del general Enrique Mujica, que pasó de ser el salvador de Chávez, en el frustrado golpe de abril de 2002, a convertirse en su peor enemigo, perseguido con singular saña por el régimen que ayudó a instaurar.

También están, con sus nombres reales, personajes como Lina Ron, apodada la Incontrolable, jefe de los colectivos chavistas, cuyas actividades muestran la crueldad y sevicia a la que puede llegar el lumpen en el poder. Aparece, por supuesto, el señor Granda, el canciller de las Farc, negociando con los narco-generales la logística y la distribución de los ingresos del tráfico de cocaína hacia Europa. En fin, allí está Franklin Brito, quien, en defensa de su tierra expropiada por el régimen, adelantó una solitaria huelga de hambre que lo llevó a la tumba en 2010.  

La situación de Venezuela es extremadamente compleja. Después de leer este libro se entiende por qué - a pesar de la heroica lucha del pueblo venezolano, del derrumbe de la economía y del aislamiento internacional del régimen – Bobolongo, así llamaban a Maduro sus colegas de gabinete, se mantiene en el poder. La razón es simple: no es Bobolongo quien detenta el poder. En tiempos de Chávez, este solía decir que Cuba y Venezuela eran un país con dos presidentes. Hoy no hay sino uno que reside en Cuba y que hará todo lo necesario para mantener su control en lo que se ha convertido en una valiosa colonia.

Las implicaciones de la situación venezolana para Colombia son obvias, pero van mucho más allá de las conocidas: el impacto de la inmigración de multitud de personas empobrecidas, el refugio que en Venezuela tienen el ELN, las “disidencias” de las Farc y otros criminales y la amenaza de un ataque militar, hasta ahora controlado por la determinación de Estados Unidos de apoyar a Colombia en ese evento. Hace bien el Presidente Duque en buscar la caída de la dictadura por todos los medios a su alcance. Esta puede ser quizás la más importante tarea de su gobierno. Pero haría mejor si empezara a preocuparse también por el frente interno.

En efecto, la actividad del Presidente Duque, buscando la caída de la dictadura venezolana, ha convertido a su gobierno en enemigo directo del gobierno cubano, que tiene en Colombia muchos y muy variados aliados - aliados históricos. Están, por supuesto, todos los guerrilleros y ex – guerrilleros de las Farc, el ELN y el M-19, que fueron todos patrocinados por Cuba y que allí encontraron refugio en algún momento. La totalidad de los partidos y grupos de la oposición de izquierda hace parte del Foro de Sao Paulo, que, si bien perdió la comodidad de su sede en Brasil, gracias al Presidente Bolsonaro, se mantiene activo y no ha renunciado a su propósito de barrer el capitalismo de todos los países de América Latina.

Sería ingenuo creer que el G 2, el afinado espionaje cubano, se abstiene de actuar en Colombia y que está completamente al margen de las acciones – paro estudiantil, huelga de Fecode, minga indígena -  con las cuales la oposición de izquierda trata de debilitar al gobierno colombiano. Todo lo que debilite al gobierno del Presidente Duque, favorece al gobierno cubano en su esfuerzo por mantener su control sobre Venezuela. Haría bien el Gobierno Nacional en evaluar la conveniencia de unas relaciones diplomáticas con un país que, además, después del criminal atentado del ELN contra la Escuela de Cadetes General Santander, decidió retomar su antigua tradición de ser el refugio de los terroristas colombianos.


LGVA
Marzo de 2019.