jueves, 28 de agosto de 2014

La comisión de regulación de infraestructura y transporte y la experiencia de las comisiones de regulación de servicios públicos.


La comisión de regulación de infraestructura y transporte y la experiencia de las comisiones de regulación de servicios públicos[1]

 

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista, Docente Universidad EAFIT

Consultor, Fundación ECSIM

 

I.                   Introducción

La ley 1682 de noviembre de 2013 otorgó facultades extraordinarias el Presidente de la República para crear la Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte (CRIT) y la Unidad de Planeación del Sector de Infraestructura y Transporte (UPSIT) como unidades administrativas especiales con personería jurídica, independencia administrativa, técnica y patrimonial, adscritas al Ministerio de Transporte. Con esta decisión el gobierno busca replicar las experiencias exitosas de las comisiones de regulación de servicios públicos domiciliarios, creadas en la ley 142 de 1994, y de la Unidad de Planeamiento Minero Energético, creada por la ley 143 del mismo año. En ejercicio es esas facultades, el Gobierno Nacional expidió, en mayo de 2014, los decretos 946 y 947 por medio de los cuales se crean la UPSIT y la CRIT, respectivamente.

El objetivo de este documento es presentar las características fundamentales de la CRIT– composición, estructura orgánica, funciones, etc. – y evaluar, a la luz de la experiencia de las comisiones de regulación de servicios públicos domiciliarios, las condiciones y requerimientos que deben cumplirse para que la nueva entidad tenga un desempeño exitoso que redunde en beneficio de los usuarios de los servicios, las empresas del sector y la actividad económica en su conjunto.

Para cumplir ese objetivo, inicialmente, se presentan algunas consideraciones sobre el significado de la regulación económica, sus objetivos y sus alcances. En la siguiente sección se describen los rasgos básicos de la CRIT y se comparan con los de las comisiones de regulación de servicios públicos. Posteriormente se hacen algunas consideraciones sobre los aspectos institucionales, técnicos, políticos y gremiales que han permitido el desempeño exitoso de la comisiones de regulación de energía y gas (CREG), agua potable y saneamiento básico (CRA) y comunicaciones y tecnologías de la información (CRC). Finalmente se presentan algunas conclusiones y recomendaciones.
 

II.                El concepto de regulación económica.

Tres definiciones complementarias de regulación económica[2]:

  • La regulación económica es una forma de intervención del estado que restringe, influencia y condiciona la conducta de los agentes económicos obligando a las empresas reguladas a actuar de manera distinta a como actuarían si no existiera regulación.
  • La regulación constituye un conjunto de normas de carácter general y específico y de acciones o procedimientos, emanados de estamentos políticos y administrativos del estado, que interfieren directa o indirectamente en las decisiones de oferta y demanda de los agentes alterando el libre juego de los mecanismos de mercado.
  • La regulación consiste en definir un marco de actuación a los agentes económicos – empresas reguladas y consumidores - hacer que ese marco se cumpla y, en ocasiones, arbitrar en los conflictos a que da lugar su imposición.

La regulación económica es una intervención del estado deliberada y ex-ante en el funcionamiento del mercado o de los mercados de un sector de actividad económica.

Intervención deliberada. Hay decisiones del estado que interfieren el funcionamiento de los mercados sin que ese sea su propósito. Probablemente las interferencias más importantes en los mercados son las resultantes de la tributación. Aunque principio el propósito de los impuestos no sea el de modificar la funciones de oferta y demanda de las diferentes mercancías, no hay un sistema tributario que sea neutral frente a los precios relativos. Tampoco son neutrales las normas ambientales o las disposiciones sanitarias. Pero se trata de intervenciones no deliberadas en el mecanismo de precios. La regulación es una intervención de liberada con el propósito de alterar las funciones de oferta y demanda de los mercados intervenidos.

Intervención ex – ante. Es un hecho aceptado que la competencia produce los mejores resultados en términos de precio y calidad. En todos los países de economía de mercado existen normas sobre las conductas competitivas aceptadas y las inadmisibles que deben ser acatadas por las empresas que operan en los diferentes mercados. Estás normas constituyen la política de competencia. Existen también entidades dedicadas a vigilar el cumplimiento de dichas normas. En el caso de Colombia esa es la función de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). La SIC interviene sancionando a las empresas que incurren en prácticas anticompetitivas cartelización, precios predatorios, colusión tácita, etc. Se trata de un intervención ex – post, es decir, cuando los agentes con posición dominante o poder de mercado incurren en prácticas abusivas. La regulación es una intervención ex – ante que busca impedir, mediante la imposición de ciertas normas de conducta, que se presenten situaciones de ejercicio de posición dominante o abuso de poder de mercado. La política de competencia no establece normas específicas de conducta para un sector de actividad de terminado, prescribe prácticas generales de respeto a la competencia que en caso de ser infringidas pueden dar lugar a una investigación y, eventualmente, a una sanción. La política de competencia abarca todas las actividades económicas; la regulación sólo algunas de ellas. El caso más notable de aplicación de regulación económica es el de los servicios públicos domiciliarios; a los cuales se asocia de forma más notable esta forma de intervención estatal. También están sometidas a regulación económica las actividades financieras y los servicios de educación y salud. Con la creación de la CRIT el sector de infraestructura y transporte.   

Como se ha dicho el ideal de los mercados es la competencia que se supone arroja resultados eficientes, es decir, que los bienes y servicios se producen al menor costo posible, en cantidad suficiente para abastecer la demanda y con calidad que satisfaga las preferencias de los consumidores. En los mercados hay mayor competencia cuando se dispone de amplia información que puede adquirirse a bajo costo; cuando existen múltiples oferentes y múltiples demandantes; cuando no hay grandes barreras para entrar o salir de la actividad, en fin, cuando ninguna empresa puede fijar de manera duradera sus precios por encima de sus costos, incluido en rendimiento habitual de la actividad, sin perder participación en el mercado. Cuando no se cumplen esas condiciones se dice que hay “fallas de mercado”. Es aquí donde aparece la regulación económica. Su objetivo es eliminar esas “fallas de mercado” mediante acciones que promuevan las competencias o, si esto no es definitivamente posible, imponiendo a los participantes reglas sobre precios y calidad de los bienes o servicios.

III.             La CRIT y sus funciones.

Como ya se indicó la CRIT es una unidad administrativa especial con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y técnica. El propósito de crear la CRIT como unidad administrativa especial es separar las funciones de regulación de las funciones de formulación y aplicación de la política pública que continúan a cargo del ministerio sectorial, en este caso el Ministerio de Transporte. En principio este es un arreglo institucional adecuado que ha funcionado bien en el caso de las comisiones de regulación de servicios públicos. Sin embargo, nada garantiza que por sí mismo vaya a ser igualmente exitoso en el caso de la CRIT. La Comisión de Regulación en Salud (CRES), creada por la ley 1122 de 2007, que tenía una figura similar no fue una experiencia exitosa y fue liquidada por el decreto 2560 de 2012 que trasladó nuevamente sus funciones al Ministerio de Salud. Puede decirse entonces que esa separación funcional es una condición necesaria más no suficiente para el desarrollo de una regulación económica sectorial exitosa.

El objeto asignado a la CRIT se ajusta en términos generales a las características ya expuestas de lo que debe ser una regulación económica. Las comisiones de regulación de los servicios públicos domiciliarios tienen un objeto similar. El artículo 2 del decreto 947 lo define como “...el diseño y definición del marco de regulación económica de los servicios de transporte y de la infraestructura de transporte, cuando se presenten fallas de mercado, para fomentar la eficiencia, promover la competencia, controlar los monopolios y evitar el abuso de posición dominante”.

Las funciones asignadas a la CRIT naturalmente están orientadas a permitir el cumplimiento de su objeto. En lugar de hacer el listado de las funciones, es preferible hacer unas cuantas observaciones sobre algunas de ellas:

·         Observación 1. No todos los mercados tienen que regularse.

Las dos primeras funciones son las siguientes: i) “Definir los mercados de infraestructura y servicios de transporte objeto de regulación” y ii) “Analizar y evaluar las estructura de los mercados objeto de regulación para determinar las fallas de los mismos, el grado de competencia y la necesidad de regularlos”

Esta será la tarea inicial y permanente de la CRIT. No todos los mercados sectoriales tienen que ser regulados. Estructura de mercado y grado de competencia son conceptos similares y con ellos se alude al número de oferentes y a su tamaño en términos de sus participaciones en el mercado. No basta con que existan muchos oferentes para que haya competencia. Un mercado con muchos participantes pequeños y uno extremadamente grande no sería competitivo. Seguramente la CRIT utilizará el índice de Herfindahl y Hirschman (IHH) para medir el grado de competencia en los mercados. Este índice es la suma de los cuadrados de las cuotas o participaciones de las empresas en el mercado. Su valor máximo es 10.000 puntos, cuando hay un único oferente que controla todo el mercado. Cuando hay muchos oferentes con bajas participaciones, el IHH es cercano a cero y el mercado en cuestión es competitivo. Entre esos extremos hay toda una gama de valores. Usualmente se considera que es competitivo un mercado con un IHH inferior a 1.000 puntos; entre 1.000 y 2.500 hay concentración moderada y por encima de 2.500 el mercado se considera demasiado concentrado.

·         Observación 2. Los mercados no se regulan de la misma forma.  

La tercera función consiste en “definir y adoptar el marco de regulación económica de los mercados de infraestructura y servicios de transporte teniendo en cuenta, entre otros, condiciones de eficiencia, disponibilidad, niveles de servicio, garantía de continuidad del servicio de transporte y estándares de calidad...”

Ya se indicó que no todos los mercados tienen que ser regulados. Esta función significa que aquellos que deban ser regulados no tienen que serlo de la misma forma. En lo que se refiere a los precios existen, en el caso de los servicios públicos domiciliarios, tres regímenes: libertad, libertad vigilada y libertad regulada. También puede haber, de forma excepcional control directo de precios o fijación de las tarifas. En libertad vigilada las empresas fijan sus precios con la única condición de reportarlos a las comisiones. En libertad regulada, las empresas determinan sus precios o tarifas con base en fórmulas establecidas por el regulador. Esta es la forma predominante de regulación de precios en los servicios públicos.

No hay en el decreto que crea la CRIT indicaciones expresas sobre el régimen de regulación, salvo lo indicado en la función 6 que a la letra dice: “Fijar las tarifas de las actividades reguladas y los topes máximos de las actividades no reguladas en la operación del transporte carretero, fluvial, férreo y marítimo”. Esto significa que hay dos modos de regulación: control directo de las tarifas y regulación de precio máximo o “price cap”. Este esquema parece complicado. Los requerimientos de información requeridos y los estudios que deben realizarse para fijar tarifas eficientes y que a la vez garanticen la suficiencia financiera de las empresas son monumentales, especialmente en un sector tan complejo y diverso como el de transporte. Este esquema puede convertirse en fuente inagotable de conflictos entre el regulador y los regulados de los mercados en los que se apliquen. Se contempla también un esquema de regulación similar al régimen de libertad regulada o de fórmula tarifaria aplicado en los servicios públicos. En efecto, la CRIT tendría la función de “establecer fórmulas y criterios para la fijación de las tarifas del servicio público de transporte y servicios conexos de competencia de las entidades territoriales”.

·         Observación 3. La regulación directa de la calidad.

La regulación de precios lleva necesariamente aparejada la regulación de la calidad. Una empresa sometida a regulación de precios bajo cualquiera de los esquemas considerados puede perfectamente buscar aumentar sus beneficios reduciendo costos en detrimento de la calidad. Las funciones 8 y 11 facultan a la CRIT para establecer estándares de calidad e indicadores de eficiencia a los que deben ajustarse las empresas reguladas.

·         Observación 4. Contra las prácticas restrictivas.

La CRIT tendrá las funciones de “fijar las reglas de acceso de terceros a las redes de infraestructura y servicios de transporte” y “resolver a petición de cualquiera de las partes los conflictos entre los actores del sector en materia de acceso a la infraestructura”. En los servicios públicos domiciliarios, cuya característica fundamental es la de ser servicios de red, disposiciones de este tipo son fundamentales. También lo son en el caso de los servicios de infraestructura y transporte para evitar prácticas restrictivas que agentes dominantes con poder de mercado quieran imponer a sus competidores.

·         Observación 5. La transparencia en el proceso de producción de la regulación y la evaluación de sus impactos.

Perdida entre muchas otras está la función de “Aprobar anualmente la agenda de regulación económica”. En el artículo 10, donde se fijan las funciones del comité de expertos, se les asigna la función de “hacer evaluaciones de impacto de la regulación sobre los servicios y actividades reguladas y sobre los sectores sujetos a la misma”.

La obligación de hacer una agenda regularía anual y la de realizar evaluaciones de impacto sólo se impuso a las comisiones de regulación de servicios públicos diez años después de que éstas entraran en funciones, con el decreto 2696 de 2004. Es afortunado que en el caso de la CRIT estas disposiciones se hayan adoptado desde el principio. No obstante, es necesario insistir en dos puntos: la agenda regulatoria debe ser pública y debe ser sometida a consideración de los agentes, para que hagan observaciones antes de su versión definitiva. Por otra parte, es necesario precisar la periodicidad de las evaluaciones impacto ex – post y establecer también la obligación de que la CRIT realice evaluaciones de impacto ex – ante de la regulaciones de carácter general que se dispone a promulgar.

Para terminar esta parte conviene hacer un par de observaciones sobre otros aspectos de la CRIT.

·         La composición de la CRIT, las calidades de los expertos, su número y su estabilidad.

La CRIT está compuesta por el Ministro de Transporte, el Director de Departamento Nacional de Planeación y 3 expertos nombrados por el Presidente de la República para períodos fijos de cuatro años y no sujetos a las disposiciones de la carrera administrativa. Asisten a la comisión con voz pero sin voto, el director de la UPSIT y el Superintendente de Puertos y Transportes, este último para los temas que la comisión considere necesarios. Los expertos deben ser profesionales con diez años de experiencia, uno de ellos en temas económicos y los otros dos en temas de infraestructura o transporte.

Las comisiones de servicios públicos tienen una composición análoga.  El nombramiento por períodos fijos y la separación de la carrera administrativa garantizan cierta independencia. La experiencia exigida y su diversidad es adecuada, pero ha debido exigirse una formación a nivel de posgrado, mínimo a nivel de maestría. La asistencia del Superintendencia debería ser permanente puesto que a fin de cuestas esa dependencia será la encargada de vigilar el cumplimiento de la regulación, razón por la cual debe conocerla en todos sus detalles. Por el contrario, el director de la UPSIT es quien debiera asistir a las sesiones de la comisión cuando se traten temas relacionados con sus funciones.

·         La financiación de la CRIT.

En el artículo 4 se establece que la CRIT se financiará, fundamentalmente, con recursos del presupuesto nacional. Las otras fuentes de financiación mencionadas en ese artículo – donaciones, recursos de cooperación, venta de servicio, etc. – carecen de significación. Cuando se crearon las comisiones del sector de servicios públicos – CREG, CRA, CRC- se decidió que su funcionamiento se financiaría con contribuciones obligatorias de las empresas reguladas. Esto ha permitido que cuenten con ingresos suficientes para remunerar adecuadamente a sus funcionarios y poder contratar la realización de los estudios que precisan para su trabajo. Una regulación técnica y rigurosa no puede hacerse sin contar con buenos estudios. La dependencia de la CRIT del presupuesto nacional puede limitarla en el ejercicio de sus funciones. Lo más adecuado es que se financie con las contribuciones de las empresas reguladas.


IV.             Sobre las comisiones de regulación de sector de servicios públicos.

Las comisiones de regulación de los servicios públicos y de las comunicaciones tienen ya más de 20 años de existencia. Se trata de entidades respetadas y respetables que se han integrado a la estructura institucional del estado. El camino recorrido no ha estado siempre libre de escollos. En 2001, por ejemplo, algunos congresistas promovieron un proyecto de ley que buscaba eliminarlas. Son varias las razones de su permanencia y consolidación.

·         El apoyo de las empresas reguladas y de sus gremios. Las relaciones entre las empresas reguladas y sus gremios, de una parte, y las comisiones de regulación, de la otra, son conflictivas por naturaleza. Sin embargo, las empresas del sector de servicios públicos pronto comprendieron que con las comisiones la regulación de las tarifas podía establecerse sobre una base técnica y al margen de las injerencias políticas.

 

·         Las calidades técnicas de los expertos. Con pocas excepciones, las personas que ha sido nombradas como expertos se han caracterizado por su competencia técnica. En su mayoría profesionales con estudios de posgrado y con experiencia en el sector.
 

·         Una regulación sustentada en estudios. No es posible expedir una regulación de carácter general que no esté sustentada en uno o varios estudios y que no sea objeto de discusión en foros y jornadas académicas. A los estudios de las comisiones, las empresas y sus gremios responden con estudios. Esto ha elevado la calidad del proceso de producción de la regulación.


·         Transparencia en el proceso de regulación. Especialmente a partir de la expedición del decreto 2696 de 2004, el proceso de expedición de las resoluciones de carácter general está sometido a reglas y plazos claros para la participación de los agentes.


·         Apoyo de los ministros sectoriales. Esto es fundamental. La mayoría de los ministros sectoriales han entendido el rol de las comisiones y la conveniencia de la separación funcional de la regulación frente a la política pública del sector.
 

V.                Conclusiones.

1.                  La CRIT tiene un diseño institucional y funcional semejante al de las comisiones de regulación de servicios públicos, cuya experiencia ha sido exitosa. No obstante, en sí mismo, ello no es garantía de que ocurra lo mismo con la CRIT.

2.                  El sector de infraestructura y transporte es mucho más complejo que el de los servicios públicos por la diversidad de modalidades, su atomización, la enorme variedad de las empresas y la informalidad. Los retos que enfrenta la CRIT en su nacimiento son extremadamente grandes. Por ello es necesario que establezca con claridad sus prioridades.

3.                  La permanencia y consolidación de la CRIT dependerá de que efectivamente se den las condiciones que le permitan desarrollar una regulación técnica y libre de injerencias políticas. Preocupa en este punto la dependencia de su financiación de presupuesto general de la Nación.

4.                  El decreto que crea la CRIT, aunque es adecuado en su conjunto, adolece de ciertos vacíos y contradicciones. Las empresas y gremios de sector deben analizarlo con detalle y proponer las modificaciones necesarias.

5.                  El apoyo de las empresas reguladas y de sus gremios es fundamental para la consolidación de la CRIT. Es preciso que los agentes del sector entiendan la importancia de tener técnica, independiente y sometida a reglas claras. Los inicios de todo cambio institucional son siempre difíciles y con seguridad se cometerán errores y se presentarán dificultades. Habrá que tener paciencia.

 

LGVA

Agosto de 2014.




[1] Texto de la intervención en la asamblea del Consejo Superior del Transporte realizada en Medellín el 30 de agosto de 2014.
 
[2] Lasheras, M. A. (2004) Regulación Económica de los servicios públicos, Ariel, Madrid.

miércoles, 27 de agosto de 2014

El cartel de los pañales y el libre comercio


El cartel de los pañales y el libre comercio.

 

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista, docente Universidad EAFIT

 

Se ha desatado un escándalo mayúsculo a propósito de la supuesta cartelización de precios en el mercado de pañales en Colombia, la cual, se informa en la prensa, estaría operando desde hace 15 años. Según la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad encargada de vigilar la competencia, un proveedor, Tecnosur-Tecnoquimicas, con su marca Winny, abastece el 41% del mercado.  Le siguen Familia, con Pequeñín, el 28%; Kimberly, con Huggies, el 21%, y, finalmente, Drypers, con Baby Sec, el 6%. Otros agentes se reparten el restante 4%. Esto arroja un IHH no inferior a 2.942 puntos y un C3 de 90%, es decir, un mercado extremadamente concentrado[1].

Figura 1
 



Reporta la prensa que el cartel estaría operando desde hace 15 años. De ser cierta esta información, el prestigio de la SIC como autoridad vigilante de la competencia no resulta demasiado airoso. En cualquier caso, se anuncian sanciones ejemplarizantes. Seguramente las empresas encartadas, como ya les habrán recomendado sus abogados, evitarán un enfrentamiento judicial con la SIC y, acogiéndose a la opción que les da la Circular Única, reconocerán su conducta dolosa, pagarán unas multas, prometerán no incurrir de nuevo en prácticas anti-competitivas y los funcionarios concernidos asistirán a cursos sobre competencia honesta y leal. Y la SIC archivará la investigación.

La cartelización de precios es por supuesto una práctica detestable desde el punto de vista de consumidor porque, aparte de imponer a los que pueden pagarlo un precio superior al costo marginal, excluye del mercado a un número indeterminado de consumidores. Lo de imponer multas y predicar sobre las bondades de la competencia suena plausible y satisface las demandas de la galería. Esto lo hace con frecuencia la SIC a propósito del cemento, el azúcar y otros bienes que periódicamente atraen su atención. Pero de lo que se trata, desde el punto de vista del consumidor, es lograr un aumento de la oferta que permita la formación de un precio que cubra la demanda insatisfecha como consecuencia de la supuesta cartelización. En términos de viejo diagrama de oferta y demanda esto significa pura y simplemente lograr que la curva de oferta se desplace a la derecha. Esto se ilustra en la figura 2, donde O1 es la oferta cartelizada y O2 la oferta competitiva. Por supuesto no es fácil hacer llegar nuevos productores o lograr que los existentes aumenten su oferta. Sin embargo, en el corto plazo, eso podría lograse incrementado la oferta proveniente el mercado externo.

Figura 2
 
 

En el arancel de aduanas aparecen dos sub-partidas que mencionan los pañales: la 5601100010, toallas y tampones higiénicos, pañales y artículo higiénicos similares de guata; y la 6307901000, pañales y patrones para prendas de vestir. La primera tiene un arancel de 15% y de 20%, la segunda. Probablemente desde el punto de vista del consumidor, lo mejor sería la eliminación inmediata de esos aranceles. Eso, seguramente, sería un incentivo más fuerte para que los productores locales aumentaran la oferta que la retórica desplegada por la SIC de “perseguir los carteles en Colombia y los acuerdos para fijar precios y repartirse el mercado” o “le hemos enviado varios mensajes al mercado que dicen que quien viole la libre competencia será sancionado con multas millonarias”. (Véase El Espectador. “La lucha contra los carteles. Diciembre 10 de 2013).

En medio de todo llama la atención el hecho de que los productores nacionales de pañales, con precios supuestamente cartelizados y excesivamente altos, no se hayan quejado de la competencia ruinosa que les hace el contrabando desde la China o la India. ¿Contrabandistas, donde estáis?

LGVA

Agosto de 2014.

 




[1] El IHH es un índice de concentración del mercado que resulta de sumar los cuadrados de las participaciones de todos los oferentes. Cuando hay solo uno que tiene el 100% del mercado su valor es de 10.000; cuando hay muchos con participaciones pequeñas se acerca a cero. El C3 es la suma de las participaciones de los tres mayores oferentes.

 

Diez grandes economistas en pocas palabras, una imagen y una cita.


Diez grandes economistas en pocas palabras, una imagen y una cita

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista, Docente Universidad EAFIT

 

Adam Smith, 1723-1790.

Este filósofo y economista escocés, profesor de ciencias morales de la Universidad de Glasgow, es considerado el padre de la economía. Aunque no fue pródigo en reconocimientos, naturalmente construyó su obra fundamental, Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, sobre los logros de extraordinarios antecesores – Cantillon, Quesnay, Turgot – y bajo la influencia de ilustres contemporáneos, como su maestro Adam Ferguson y su amigo David Hume. En el imaginario popular su nombre está asociado a la metáfora de “la mano invisible” que alude a la existencia de les económicas naturales susceptibles de ser conocidas por la razón, como lo habían señalado, entre muchos otros, los miembros de la escuela fisiocrática. También en el imaginario popular, las ideas de Smith son vistas como la exaltación del egoísmo exacerbado. No obstante, su otra gran obra, Teoría de los sentimientos morales, reposa sobre el siguiente postulado: “Por más egoísta que se pueda suponer al hombre, existen evidentemente en su naturaleza algunos principios que la hacen interesarse por la suerte de otros, y que hacen que la felicidad de éstos le resulte necesaria, aunque no derive de ella nada más que el placer de contemplarla”. Curiosamente, el gran defensor del libre cambio y el comercio entre las naciones pasó los últimos años de su vida empleado como oficial de aduanas.
 

“Pero el ingreso anual de la sociedad es precisamente igual al valor en cambio del producto total anual de sus actividades económicas o, mejor dicho, se identifica con el mismo. Ahora bien, como cualquier individuo pone su empeño en emplear su capital en sostener la industria doméstica y dirigirla a la consecución del producto que rinde más valor, resulta que cada uno de ellos colabora de una manera necesaria en la obtención del ingreso anual máximo de la sociedad. Ninguno se propone, por lo general, promover el interés público, ni sabe hasta qué punto lo promueve, cuando prefiere la actividad económica de su país a la extranjera, únicamente considera su seguridad y cuando dirige la primera de tal forma que su producto representa el mayor valor posible, sólo piensa en su ganancia propia; pero en este como en muchos otros casos, es conducido por una mano invisible a promover un fin que no estaba en sus intenciones. Mas no implica mal alguno para la sociedad que tal fin no entre a formar parte de sus propósitos, pues al perseguir sus propio interés, promueve el de la sociedad de una manera más efectiva que si esto entrar en sus designios” (La riqueza de las Naciones, Fondo de Cultura Económica, México, 1959, página 402).

David Ricardo, 1772 – 1823.

Más de 40 años después de la aparición de La Riqueza de la Naciones, se publica, en 1817, la primera edición de los Principios de Economía Política y Tributación, de David Ricardo. Acaudalado hombre de negocios, al retirarse de la actividad comercial se consagra al estudio de la economía y a la actividad política. Será miembro de la Cámara de los Comunes. Participa intensamente en los debates de política económica de su época, en particular el de las Leyes de Granos. Para defender su posición, contraria al proteccionismo, escribe el folleto Ensayo sobre la influencia del bajo precio del grano sobre las utilidades del capital, en el que formulará su teoría de la renta del suelo y que será la base de las reflexiones que conducirán a la redacción de los Principios. En efecto, los Principios, de los que se publicaron tres ediciones en vida de Ricardo, la definitiva en 1923, nacieron de lo que pretendía ser una versión ampliada del Ensayo. Durante el proceso de la redacción de los Principios y de sus principales ensayos, Ricardo estará en permanente contacto epistolar con los más destacados economistas de su época – Malthus, Say, Torrens y Mill – dejando a la posteridad una extraordinaria correspondencia, pacientemente recogida por Sraffa, cuya lectura transmite con singular intensidad el proceso de construcción de la teoría.
 

“El comienzo de la una gran guerra después de una paz prolongada, o de la paz después de una larga guerra, produce generalmente un malestar considerable al comercio. Altera en grado sumo la naturaleza del empleo a que se dedica el capital en los diversos países y, durante el intervalo en el cual se acomoda a situaciones que las nuevas circunstancias hacen más beneficiosas, mucho capital fijo queda sin utilizar, y a veces se pierde completamente, y no existe ocupación plena de trabajadores. La duración de este daño será más larga o más corta, de acuerdo con la aversión más o menos grande que casi todos los hombres sienten a abandonar un empleo de su capital al que se han acostumbrado por largo tiempo: a menudo, también la prolongan demasiado las restricciones y prohibiciones a que dan lugar los celos absurdos que prevalecen entre los estados de la comunidad comercial” (Principios de economía política y tributación, Fondo de Cultura Económica, México, 1993, página 199).

Karl Heinrich Marx, 1818 – 1883

Dice Schumpeter que “la mayor parte de las creaciones del intelecto o de la fantasía desaparecen para siempre en un intervalo de tiempo que varía entre una hora de sobre mesa y una generación.  Pero hay algunas que se eclipsan, se hunden en el olvido, hasta que de pronto, súbitamente, como el ave fénix, resurgen de sus cenizas”. Este es el caso de la obra de Marx. Revolucionario, filósofo, historiador, economista. Llegó a la economía proveniente de la filosofía y el pensamiento socialista. El suyo pretendía ser un socialismo científico; no utópico como el de Owen, Fourier o Proudhon, su maestro de juventud. Científico, porque, según él, estaba basado en el conocimiento de las leyes de la economía capitalista. Es en este punto donde Marx se integra a la comunidad de los economistas: en el reconocimiento del papel de los precios en la reproducción del sistema. Pero a diferencia de los economistas clásicos de quienes se considera heredero – Quesnay, Smith, Ricardo – buscará probar que los precios que se forman en el mercado no garantizan siempre el equilibrio entre las ramas de producción y que la economía capitalista se verá por ello enfrentada a crisis recurrentes, bloqueos generales del mercado hasta su derrumbe final. Autor de una obra monumental, sus contribuciones al análisis económico se encuentran principalmente en El Capital, su obra fundamental, y en la Historia Crítica de la Plusvalía, revisión erudita de la teoría económica de su época. 

“Como estos productores sólo se enfrentan en cuanto poseedores de mercancías y cada cual procura vender su mercancía al precio más alto posible (y además, aparentemente, sólo se halla gobernado por su arbitrio en la regulación de la producción misma) resulta que la ley interna sólo se impone por medio de su competencia, de la presión mutua ejercida por los unos sobre los otros, lo que hace que se compensen recíprocamente sus divergencias. La ley del valor sólo actúa aquí como ley interna, que los agentes individuales consideran como una ciega ley natural, y esta ley es, de este modo, la que impone el equilibrio social de la producción en medio de sus fluctuaciones fortuitas (...) En el régimen de producción capitalista la masa de los productores directos percibe el carácter social de su producción bajo la forma de una autoridad estrictamente reguladora y de un mecanismo del proceso de trabajo organizado como una jerarquía completa – autoridad que, sin embargo, sólo compete a quienes la ostentan como personificación de las condiciones de trabajo frente a éste y no como bajo las formas anteriores de producción, como titulares del poder político o teocrático – entre los representantes de esta autoridad, o sea, entre los mismos capitalistas, que se enfrentan simplemente como poseedores de mercancías, reina la anarquía más completa, dentro de la cual la cohesión social de la producción sólo se impone a la arbitrariedad individual como una ley natural omnipotente” (El Capital, Volumen III, Fondo de Cultura Económica, México, 1970. Páginas 812-813).

Maire-Esprit Leon Walras (1834-1910)

No fue profeta en su tierra, Walras, a quien Schumpeter consideraba como el más grande de todos los economistas. La Academia de Ciencias Morales y Políticas de Francia le negó la membrecía a la que aspiraba con una memoria titulada “Teoría matemática de la riqueza social” germen de su obra cumbre “Elementos de Economía Política Pura o Teoría de la Riqueza Social”. Emigró a Suiza donde fue acogido por la Universidad de Lausanne, donde regentaría la cátedra de economía política, en la cual lo sucedería su discípulo Vilfredo Pareto, conformándose así lo que en la historia del pensamiento económico se conoce como Escuela de Lausana. Se formó con su padre, Augusto Walras, también economista, y con Antonio Agustín Cournot, cuya influencia en su propia obra siempre reconoció. Concibió la economía como compuesta por tres grandes ramas: la economía política pura, la economía política aplicada y la economía social; a cada una de las cuales tenía el propósito de consagrar un tratado. Sólo culminó el primero. En los demás casos el tratado proyectado fue sustituido por sendas colecciones de artículos sobre cada una de las temáticas. Walras, el gran teórico del mercado competitivo, tenía convicciones socialistas y era partidario de la nacionalización de la tierra. La renta de ésta constituiría el ingreso del gobierno que de esta suerte no tendría necesidad de establecer ningún impuesto. De gran significación son sus contribuciones a la teoría monetaria, justamente resaltadas por Don Patinkin, y, aunque menos conocidas, a la teoría de la regulación de los monopolios naturales, desarrollada con referencia a los ferrocarriles. Pero sin duda alguna su gran aporte a la ciencia económica es, como la señala Arrow, “el reconocimiento pleno del concepto de equilibrio general”. Todavía hoy el programa de investigación de la economía teórica más avanzada está marcado por los problemas que planteó Walras: existencia, unicidad y estabilidad del equilibrio. El monumento que en la Universidad de Lausanne honra su memoria tiene sólo esta inscripción: “Équilibre Économique".
 

“La economía política pura es esencialmente la teoría de la determinación de los precios bajo el régimen hipotético de libre competencia absoluta. El conjunto de todas las cosas, materiales e inmateriales, que son susceptibles de tener un precio porque son escasas, es decir, a la vez útiles y limitadas en cantidad, forma la riqueza social. (...) Si la Francia del siglo XIX, que vio nacer la nueva ciencia, se desinteresó de ella, esto se debe a esa concepción estrechamente burguesa de la cultura intelectual que la separa en dos zonas distintas: una conformada por calculadores desprovistos de conocimientos filosóficos, morales, históricos, económicos y otra donde florecen letrados sin ningunas nociones matemáticas. El siglo XX, que no está lejos, sentirá la necesidad, incluso en Francia, de poner las ciencias sociales en las manos de hombres de cultura general, habituados a la vez a la inducción y a la deducción, el razonamiento y la experiencia. Entonces la economía matemática tomará su rango al lado de la astronomía y la mecánica matemática; y ese día también se nos hará justicia” (Éléments d´économie politique pure ou theorie de la richesse sociale”. Librairie General de Droit et Jurisprudence, Paris, 1952).

Alfred Marshall, 1842-1924.

Todo estudiante de economía, aunque probablemente muchos lo ignoren, está familiarizado con la obra de Alfred Marshall. Los diagramas de oferta y demanda, que aparecen en todos los manuales introductorios, tienen su origen en su obra principal, Principios de Economía, que durante muchas décadas fue el texto de economía más empleado en el mundo anglosajón. Gary S. Becker, nobel de economía en 1992, señala: “El instrumento analítico más importante que se ha inventado para simplificar la comprensión del mundo económico es el análisis de oferta y demanda, que fue llevado a su máximo desarrollo por Alfred Marshall”. Nociones de uso corriente que a diario emplean los economistas, como la de elasticidad y excedente del consumidor, son obra suya. La primera edición de los Principios es de 1890 y la octava, durante su vida, de 1920. En las sucesivas ediciones Marshall introdujo una creciente cantidad de adiciones, aclaraciones y ejemplos buscando hacer accesible el texto a un público amplio. Marshall creía firmemente que los principios y leyes de la economía teórica debía servir de guía para la acción; razón por la cual su comprensión, debía estar al alcance de los hombres de negocios, los políticos y de toda persona educada.    
 

“De conformidad con las tradiciones inglesas, se entiende que la función de nuestra ciencia es recoger, combinar y analizar los hechos económicos, aplicando los conocimientos adquiridos por medio de la observación y la experiencia a la determinación de los que han de ser, con toda probabilidad, los efectos inmediatos y finales de los diversos grupos de causas; y se entiende que las leyes económicas son manifestaciones de tendencias expresadas de modo indicativo y no preceptos éticos de carácter imperativo. Las leyes y los razonamientos económicos no son, en efecto, sino mera parte del material que toda ciencia humana y el sentido común han de aprovechar para resolver los problemas prácticos y sentar las reglas que puedan ser guía en los actos corrientes de la vida” ( Principles of Economics, 8ª edition, 1920, London, Macmillan, 1969. Páginas v – vi.)

John Maynard Keynes (1883-1946)

Keynes representa en cierta forma la figura del Papa que se declara protestante en medio de un Concilio Católico. Formado dentro de la más ortodoxa tradición marshalliana y dueño ya de un sólida reputación, tanto en la academia como en la política pública, irrumpe, en 1936, con su Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero con la que pretende superar la teoría clásica dominante, según él, en el pensamiento económico y la política práctica desde la época de Ricardo. Los postulados de dicha teoría, afirma Keynes, sólo se aplican a un caso particular y no en general, con el agravante de que “las características del caso especial asumido por la economía clásica no son las de la sociedad económica en que vivimos; de ahí que sus enseñanzas sean engañosas y nefastas cuando son aplicadas a los hechos de la experiencia”. Incalculables ríos de tinta han corrido desde que se publicó su obra magna, tratando de establecer lo que realmente quiso decir Keynes. “Todos somos keynesianos” proclamó Paul Krugman hace unos años para destacar que la recesión iniciada con el estallido de la burbuja hipotecaria respondía al diagnóstico de una demanda efectiva insuficiente. “No todos somos keynesiano” respondió el economista liberal Guy Sorman. Probablemente sea Krugman quien tiene razón pues el keynesianismo vulgar que encuentra en el gasto público el remedio de todas las patologías de la economía abreva el ideario de todos los políticos y de las legiones de economistas aficionados llenos de certezas que pontifican en todas partes. Esto no deja de ser un tanto irónico como quiera que el propio Keynes soñara con un mundo en el cual no se diera tanta importancia a la discusión económica que “debería ser un asunto de especialistas, como la dentistería”.
 

“La división de la economía entre teoría del valor y la distribución, de una parte, y teoría de la moneda es errónea. La dicotomía correcta es entre la teoría de la empresa o la industria individual y de la remuneración y distribución entre diferentes usos de una cantidad dada de recursos, de una parte, y, de la otra, la teoría de la producción y el empleo en su conjunto. Mientras nos limitemos al estudio de la industria o de las empresas individuales, suponiendo que la cantidad empleada de recursos es constante y que las condiciones de las otras industrias no cambian, es correcto suponer que las propiedades esenciales de la moneda no intervienen. Pero cuando pasamos al problema de qué determina el producto y el empleo en su conjunto, necesitamos de una teoría completa de una economía monetaria. Tal vez pueda hacerse la línea de separación entre la teoría del equilibrio estacionario y la teoría del equilibrio dinámico, es decir, la teoría de un sistema donde los cambios en la visión del futuro son capaces de influenciar la situación presente. Porque la importancia de la moneda se deriva esencialmente del hecho de que ella constituye un vínculo entre el presente y el futuro”. (The General Theory of Employment, Interest and Money. Collected Writings Macmillan, Vol VII, página 293).

Friedrich August von Hayek (1889-1992)

Cuando Hayek recibió el Premio Nobel en 1974 probablemente muchos se sorprendieron de que todavía estuviera vivo: tal era el olvido en que había caído su obra y su pensamiento, sólidamente liberal y anti-estatista, bajo la avalancha de estatismo socializante que durante décadas cundió en la profesión. En una decisión que aún resulta incomprensible, en ese año se le otorgó igualmente esa distinción a Gunnar Myrdal, economista sueco especialistas en desarrollo económico cuyo pensamiento, en muchos aspectos, es la anti-tesis de Hayek. Autor de una obra inmensa en la que coexisten brillantes panfletos de combate ideológico como El camino a la servidumbre; desafiantes tratados como Teoría Pura del Capital; y eruditos volúmenes como los de Derecho, legislación y libertad o La Constitución de la libertad. Profesor en London School of Economics y en la Universidad de Chicago, fue gran contradictor de la macroeconomía keynesiana, defensor sin concesiones del liberalismo económico y enemigo decidido de todas las formas de intervención del gobierno aparte de las ya clásicas desde Adam Smith. Su defensa sin ambages de la legitimidad del beneficio empresarial, sus acerbas críticas a las políticas redistributivas y su antipatía declarada del activismo monetario y fiscal le enajenaron el interés de parte de la profesión al punto de que es un verdadero milagro encontrar un pie de página que aluda a su obra en los manuales de los que se abreva el economista promedio. Sin embargo, la influencia de su pensamiento se percibe en la obra de las mejores mentes de la disciplina económica. En 1947, en compañía de un grupo de 36 intelectuales liberales (Ludwig Erhard, Jacques Rueff, Karl Popper, Frank Knight, entre otros) fundó la Sociedad de Mont Pelerin con el objeto de promover las ideas del liberalismo económico y político. Han sido miembros de esta sociedad varios economistas también ganadores del Premio Nobel como George Stigler, James Buchanan, Maurice Allais, Ronald Coase, Gary Becker y Vernon Smith. []
 

“Creo que una búsqueda demasiado deliberada de la utilidad inmediata tenderá a corromper la integridad intelectual del economista, porque la utilidad inmediata depende casi por completo de la influencia, y la influencia se gana con mayor facilidad mediante concesiones al prejuicio popular y la adhesión a los grupos políticos existentes (...) Cualesquiera sean sus creencias teóricas, cuando deba examinar las propuestas de los legos, en nueve de cada diez casos tendrá que responder que son incompatibles sus diversos fines, de modo que tendrán que escoger entre ellos y sacrificar algunas de sus caras ambiciones (...) La labor del economista consiste precisamente en descubrir tales incompatibilidades en los pensamientos antes de que choquen las cosas, y el resultado es que siempre le corresponderá la ingrata tarea de señalar los costos (...) Creo que como economistas deberíamos por lo menos sospechar siempre que nos veamos ubicados en el bando popular. Es tan fácil creer en las conclusiones agradables, o abanderar doctrinas que a otros les gusta creer, aceptar las opiniones de la mayor parte de la gente de buena voluntad, y no desilusionar a los entusiastas, que a veces resulta casi irresistible la tentación de adoptar posturas que no resistirían un examen desapasionado” (Ser economista. Obras Completas, Volumen III, Unión Editorial, Madrid, 1991, páginas 40 y 41).

Piero Sraffa (1898-1983)

La obra brevísima de este economista italiano contrasta con la amplitud de sus horizontes intelectuales que le valieron el respeto y la amistad de filósofos y científicos – Ludwig Wittgenstein y Frank Ramsey, entre otros - que reconocen haberse beneficiado en la producción de sus trabajos de las observaciones de Sraffa. Llegado a Cambridge en 1927, por iniciativa de Keynes quien temía por su vida bajo la dictadura fascista a causa de sus ideas socialistas y de su estrecha amistad con Antonio Gramsci, se consagrará al estudio de los economistas clásicos, en especial de David Ricardo, cuyas obras completas editará con la colaboración de Maurice Dobb. Estrechamente vinculado a Keynes, participó activamente en las discusiones seminales de la Teoría General y en los debates de con Hayek sobre la naturaleza y causas de las crisis económicas. Criticó la teoría neo-clásica de los precios en su versión marsahalliana señalando que la curva de oferta de pendiente positiva carecía de fundamento.  Años más tarde, en 1960, publicó su obra principal, un pequeño librito de unas 60 páginas titulado de forma sugestiva, “Producción de mercancías por medio de mercancías”, en el que reformulaba la teoría clásica de los precios de producción como una alternativa sólida a la teoría neo-clásica del equilibrio general. El subtítulo de la obra, “preludio a una crítica de la economía política”, establece todo un programa de investigación. Según Luigi Pasinetti, uno de sus más destacados discípulos, Sraffa expresó: “Es necesario volver a la economía política de los fisiócratas, Smith, Ricardo y Marx. Y uno debe proceder en dos direcciones: i) purgar las teoría de todas las dificultades e incongruencias que los economistas clásicos no fueron capaces de superar y ii) seguir y desarrollar la relevante y verdadera teoría económica como se vino desarrollando desde Petty, Cantillon, los fisiócratas, Smith, Ricardo, Marx. Este natural y consistente flujo de ideas ha sido repentinamente interrumpido y enterrado debajo de todo, invadido, sumergido y arrastrado con la fuerza de una ola marina por la economía marginal. Debe ser rescatado”. Sus discípulos, más bien escasos, se han empeñado, sin mucho éxito entre la mayoría de la profesión, en adelantar este programa de investigación. Han propiciado, no obstante, grandes debates, como el de la teoría del capital, que impulsan el avance de la disciplina.
 

“El acuerdo casi unánime al que han llegado los economistas a propósito de la teoría del valor en un sistema de competencia perfecta es uno de los rasgos más notables de la ciencia económica en su estado actual. Esta teoría está inspirada por la idea de una simetría fundamental entre las fuerzas de la demanda y de la oferta; reposa sobre la hipótesis de que se pueden aislar y agrupar las causas esenciales que determinan los precios de una mercancía particular de forma que se puedan representar por una pareja de curvas de oferta y de demanda que se cortan en un punto. El contraste es tal entre este estado de cosas y las controversias sobre la teoría del valor que caracterizaron la economía política en el siglo XIX, que se está tentado a creer que al fin surge de ese enfrentamiento de ideas la luz de una verdad definitiva (...) Sin embargo, bajo el aspecto apacible que nos ofrece la moderna teoría del valor, se disimula un vicio que perturba su armonía de conjunto: los problemas planteados por la curva de oferta, fundada sobre las leyes de los rendimientos crecientes y decrecientes” (“Las leyes de los rendimientos en régimen de competencia”,  The Economic Journal, Vol XXXVI,  1926)

 Kenneth Joseph Arrow (1921)

Para muchos Kenneth Arrow es el más grande economista del siglo XX. Profesor emérito de la Universidad de Stanford y Premio Nobel en 1972 por su contribución a la teoría del equilibrio general y a la economía del bienestar, su nombre está asociado, conjuntamente con el de Gerard Debreu, al resultado más importante de la teoría económica pura: la demostración de la existencia del equilibrio general walrasiano. Su célebre Teorema de la Imposibilidad, según el cual no es posible construir una función de preferencia social a partir de las preferencias individuales sin violar el axioma de no dictadura, es el mentís hasta el presente definitivo de todas las pretensiones de construir una sociedad perfecta y racionalmente organizada desde que Platón las inaugurara con su Mito del Rey Filósofo.
 

“Ya es larga y bastante respetable la serie de economistas que, desde Adam Smith hasta el presenta, han tratado de demostrar que una economía descentralizada, motivada por el interés individual y guiada por señales de precios, sería compatible con una disposición coherente de los recursos económicos, que podría considerarse, en un sentido bien definido, mejor que un gran número de disposiciones alternativas posibles (...). Cualquiera que sea la fuente del concepto, la noción de que un sistema social movido por acciones independientes en búsqueda de valores diferentes es compatible con un estado final de equilibrio coherente, donde los resultados pueden ser muy diferentes de los buscados por los agentes; es sin duda la contribución intelectual más importante que ha aportado el pensamiento económico al entendimiento general de los procesos sociales” (Análisis General Competitivo. Fondo de Cultura Económica, México, 1977, páginas 9 y 14)

Gary Stanley Becker (1930-2014)

Gary Becker es uno - sino el más importante – de los economistas que en los años 60 y 70 ampliaron las fronteras del análisis económico sometiendo al escrutinio científico (intuición, teoría, verificación empírica) toda una serie de fenómenos - familia, discriminación racial, crimen, salud, educación, legislación, política, etc. – que parecían del dominio de otras ciencias sociales. Imperialismo económico, llamó Gordon Tullock ese movimiento de aplicación de los métodos de la economía más allá de los aspectos puramente pecuniarios o mercantiles de la vida.  La enseñanza, la investigación y el ejercicio profesional de la economía cambiaron radicalmente, para bien, a partir de los trabajos de Becker. Sus distintos trabajos fueron en efecto una sucesión de pequeñas revoluciones. Todo empezó con su tesis de doctorado, a los 25 años, dedicada al estudio de la discriminación racial. El tema y, sobre todo, el método: aplicación del análisis económico a mercados no monetarios, se apartaban de los caminos trillados. Después vendrían la obra que le daría renombre, “El capital Humano: análisis teórico y empírico”, de 1964, y aquella por medio de la cual ejercería su influencia en la formación de varias generaciones de economistas, su “Teoría Económica”, de 1971, síntesis de sus cursos de microeconomía en la Universidad de Chicago. Su mayor contribución es sin duda la de haber aplicado el método marshalliano al análisis de los aspectos no-mercantiles o no-pecuniarios de la conducta humana. En la introducción a la obra que reúne sus más importantes artículos, “The Economic Approach to Human Behavior” nos revela el temprano origen de lo que sería el rasgo distintivo de su ejercicio profesional. “En el colegio me sentía atraído por los problemas estudiados por los sociólogos y por las técnicas analíticas usadas por los economistas”
 

“Algunos de mis artículos han provocado que muchas personas me escriban cartas airadas en que me acusan de conservador o reaccionario. ¿Es acaso posible que mi creencia en la importancia de los mercados y los incentivos me hayan llevado a adoptar posiciones conservadoras en lo económico, lo social y lo político?. Me declaro partidario de las ideas de Adam Smith, David Hume y otros pensadores de los siglos XVIII y XIX, sobre la libertad individual y la economía de libre mercado. Estos autores preferían un sistema bajo el cual los individuos tuvieran libertad de decidir sobre muchas cuestiones que los afectan directamente. Mi preferencia no parte del principio de que la gente siempre actúa en forma racional y de que sólo ocasionalmente se equivoca, sino de que la inmensa mayoría de la gente es más racional, y comete menos errores al perseguir sus propios fines, incluso que los funcionarios gubernamentales mejor intencionados. Una visión del mundo como la descrita es de mayor relevancia hoy que en el pasado, debido al enorme crecimiento que han tenido los impuestos, las regulaciones gubernamentales y el poder de la burocracia durante los últimos cien años” (La economía cotidiana. Editorial Planeta Mexicana, México, 2002. Página 20.)

LGVA

Agosto de 2014.