domingo, 14 de julio de 2019

Andrés Felipe Arias y la justicia vengativa


Andrés Felipe Arias y la justicia vengativa


Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista


“Todos somos iguales ante la ley, pero no ante los encargados de aplicarla”
(Stanislaw Jercy Lec)

La severidad de la condena de Andrés Felipe Arias es una prueba palmaría de que no se necesita ninguna ley adicional para combatir los delitos contra la administración pública, como pretenden los demagogos que han convertido la lucha contra la corrupción en su bandera política. Lo condenaron a 17 años cárcel, que a su edad es por lo menos la mitad de lo que le resta por vivir; le impusieron una multa de más de cuarenta mil millones de pesos, suficiente para arruinar a un rico narcotraficante como Jesús Santrich, el protegido de la misma corte que lo condenó;  le negaron la prisión domiciliaria como sustituto de la pena de prisión y le aplicaron el parágrafo quinto  del artículo 122 de la Constitución, que lo inhabilita de por vida para el desempeño de funciones públicas.

Pero si la severidad de la condena impuesta al exministro resulta escandalosa, lo es aún más la debilidad de los argumentos esgrimidos para declararlo culpable. Arias fue acusado y condenado por dos delitos: celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en beneficio de terceros. En ambos casos su culpabilidad es extremadamente dudosa.

Para ejecutar el programa Agro Ingreso Seguro (AIS) creado por la ley 1133 de 2007, Arias celebró con el Instituto Interamericano de Cooperación (IICA) tres convenios, con lo que supuestamente habría violado los principios de transparencia, selección objetiva, economía y responsabilidad de la contratación estatal. La clave del asunto está en la distinción entre convenio y contrato, porque los convenios de colaboración técnica entre el estado y los particulares, a diferencia de los contratos, no se rigen por el estatuto general de contratación estatal, por tanto, al celebrarlos, el exministro Arias no habría incurrido en ningún delito.

En el juicio oral, el delegado de la Procuraduría sostuvo que los actos jurídicos de carácter bilateral celebrados entre el Ministerio y el IICA tenían por lo menos una naturaleza ambigua. Por su parte, la defensa argumentó que desde 1993 se habían celebrado entre el Ministerio y el IICA 132 de convenios de la misma naturaleza, sin que a ninguna autoridad administrativa o judicial se le hubiera ocurrido acusar a los ministros que los suscribieron. La Corte desechó esos argumentos y sostuvo que, como las actividades desarrolladas por el IICA en el marco de esos convenios no eran de ciencia y tecnología, debió seguirse el proceso de contratación previsto en la Ley 80 de 1993.

Pero aún en el supuesto de que Arias hubiera incurrido en una falta, no resulta evidente que esta fuera de naturaleza penal, como lo expresó el delegado de la Procuraduría en el juicio oral: “Los convenios, tal y como fueron estructurados e implementados, muestran que verdaderamente se trataban de contratos con objeto ambiguo; no obstante, no todo problema o controversia de carácter contractual es penalmente reprochable, así lo sea administrativa y disciplinariamente”. La Corte hizo caso omiso de este planteamiento.

El otro delito es el de peculado por apropiación en provecho de terceros. Los terceros en cuestión habrían sido el IICA y un conjunto de beneficiarios, que por hacerse a los recursos del programa AIS habrían incurrido en acciones delictuosas, por las que en su momento algunos de ellos fueron condenados. Arias fue absuelto del cargo de peculado en favor del IICA, condenado en los demás casos.

En su condición de ministro, Arias estaba ejecutando una ley que le ordenaba entregar subsidios monetarios a los productores agrícolas que serían afectados por el TLC con los Estados Unidos.

Los subsidios agrícolas, como casi todos los subsidios, son una sinvergüenzada. Con excesiva frecuencia, llegan, no a los más necesitados sino, a los más hábiles para recabarlos y, en las más de las veces, se emplean para suplir necesidades diferentes a aquellas para las cuales estaban destinados o para incrementar el patrimonio de disfrute de los beneficiarios. Estos son los problemas de focalización y pertinencia de que adolecen todos los subsidios vigentes en Colombia.

Algunos beneficiarios de AIS, para aumentar su participación en la repartija, fraccionaron predios para presentar como distintos proyectos a los componentes de uno solo y obtener un doble beneficio; hicieron uso de varias identidades como personas naturales o jurídicas para beneficiarse varias veces del programa, en fin, consiguieron que proyectos, que al parecer no cumplían los requisitos de la convocatoria, recibieran financiación.

Como ocurre con todos los programas de subsidios, un grupo de avivatos hizo trampa para acceder a los beneficios o a una parte mayor de los mismos. Arias ejecutó la ley, como era su deber, y unos avivatos se apropiaron indebidamente de unos recursos: ¿dónde está su delito?

El exministro sería culpable si se demostrara que tuvo una actuación determinante para que los subsidios llegaran a los bolsillos de los avivatos. Todo lo contrario, en la sentencia hay textos que claramente lo eximen de cualquier culpa, a los ojos de observador imparcial. He aquí el más significativo: 

“Juan Camilo Salazar, Fernando Arbeláez, Javier Romero, Camila Reyes, Alba Sánchez, Jairo Meza. Juan Castaño, Arturo Vega, Leonidas Tobón, funcionarios del Ministerio, relataron que el doctor ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA durante los comités de gabinete y reuniones de seguimiento del programa AIS se circunscribía a dar lineamientos y orientaciones básicas para el desarrollo de los convenios, sin que algún testigo haya referido que intervino a favor de personas, proyectos o empresas”.

Salazar y Arbeláez fueron viceministros de Arias y todos los demás, funcionarios del Ministerio de Agricultura vinculados al programa AIS. Ninguno de ellos, hay que repetirlo, refirió en sus testimonios que el exministro hubiera intervenido en favor de personas, proyectos o empresas.

La asignación se hacía mediante metodologías para evaluar los proyectos de los aspirantes a los auxilios y el cumplimiento de las condiciones. El componente de ciencia y tecnología que fundamentó el convenio con el IICA tenía que ver con el diseño de esas metodologías, su socialización entre los aspirantes y la asesoría a estos para aplicar al programa.

A falta de una prueba material o de un testimonio concluyente, a la Corte se le ocurre imaginar que Arias manipuló a su amaño todos los modelos, todos los procesos, todos los trámites, todas las metodologías y todas las personas que intervinieron en todas las fases de la asignación de los auxilios del programa AIS.

En síntesis:

El condenar al exministro Arias por celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales esenciales, la Corte criminalizó una conducta, la celebración de convenios entre el Ministerio y el IICA, en la que habrían incurrido en 132 oportunidades desde 1993 todos los titulares del Ministerio de Agricultura, sin haber sido acusados disciplinaria o penalmente.

Al ordenar la entrega de los subsidios, Arias estaba ejecutando lo dispuesto en la ley 1133 de 2007. La condena por peculado en el caso de once productores grandes y cercanos políticamente a Arias y no en el de los miles de pequeños productores, que también recibieron auxilios, le imprime a la sentencia un pestilente tufillo ideológico de lucha de clase y de antipatía política difícil de ocultar.

Lo de Arias y, más recientemente, lo de Santrich prueban sin sombra de duda que los magistrados de la suprema son absolutamente incorruptibles: nada ni nadie puede inducirles a hacer justicia.  

LGVA
Julio de 2019.

lunes, 8 de julio de 2019

¡Elecciones otra vez!


¡Elecciones otra vez!

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista


Empezó la campaña para las elecciones locales del 27 octubre. Hace poco más de un año se realizaba la segunda vuelta de las presidenciales y, apenas en agosto pasado, se votaba el mentado referendo anti-corrupción. En 2018, los colombianos fuimos a las urnas en 4 oportunidades y, desde 2010 e incluyendo la próxima, lo habremos hecho en 18. Votamos casi cada seis meses en ese lapso. Esto es obra de la Constitución de 1991 y de los cambios que introdujo en el sistema electoral.   

Este ejercicio casi permanente de los derechos políticos y la discusión ininterrumpida de los asuntos del gobierno, no nos hace más libres, como algunos creen, ni da a la sociedad el sosiego requerido para que la gente se ocupe de sus negocios y sus empresas, de su vida familiar o del disfrute de la amistad, el deporte o la cultura. Esa democracia participativa, en lugar de producir ciudadanos activos y deliberantes, tiende a generar un número creciente de profesionales de la política que – agrupados en toda clase de conciliábulos, grupúsculos y facciones – luchan denodadamente por hacerse a un cargo en la administración, a un contrato, a un subsidio o a una porción cualquiera del presupuesto público, porque hacer parte del gobierno, directa o indirectamente, se ha convertido para ellos en la forma de ganarse la vida.

En el Consejo Nacional Electoral (CNE) hay registrados 16 partidos y movimientos políticos que pueden avalar candidatos en cualquier municipio y departamento del País. Esta oferta electoral, de por sí abundante, es complementada con la de los candidatos de los Grupos Significativos de Ciudadanos (GSC) o candidatos por firmas. Para las elecciones de octubre, aparecen inscritos en la Registraduría Nacional 696 GSC para las de alcaldía y 63 para las de gobernación. Esta figura, creada probablemente con la mejor de las intenciones, ha dado lugar al desarrollo de una nueva variante del mercado político.

Los voluntarios que recogen firmas son de tres clases: los de verdad, los semi-forzados y los recolectores especializados. Los de la primera categoría ciertamente existen y seguramente son buenos ciudadanos que obran por convicción. La segunda está integrada por cargos pequeños y medianos de las administraciones locales que tratan de hacer méritos para mantener su empleo recolectando firmas entre sus amigos y familiares para el candidato que alimenta sus esperanzas. Finalmente, están los recolectores especializados, agrupados en pequeñas empresas que se ponen al servicio de los GSC que cuentan con más recursos financieros.



 El precio de la planilla de 25 firmas varía de un municipio a otro y depende, como cualquier precio, de las condiciones de oferta y demanda. Por ejemplo, en el mercado de Medellín, donde hay 14 GSC para la alcaldía, la planilla se está cotizando a $ 50.000. Probablemente, en los mercados de Bogotá, Cartagena y Cali la planilla llena alcance un precio similar. Para una gobernación tan apetecida como la de Antioquia, con 7 GSC, la planilla firmada debe costar otro tanto.  

La inscripción de candidatos por firmas, al igual que otros componentes del sistema electoral - las listas abiertas, la separación de los calendarios electorales, la multiplicación del número de elecciones, la circunscripción nacional de senado, la financiación de las campañas con dineros públicos, etc. –  combinados con un gobierno prematuramente grande, que reparte empleos, contratos y toda clase de beneficios, han llevado al País a una política más costosa, más clientelista y más corrupta. Mientras no se encare abiertamente el tema del tamaño del gobierno y, también, el del sistema electoral, el discurso anti-corrupción que predican todos los partidos sin excepción es demagogia pura y nada más.

LGVA
Julio de 2019.

viernes, 5 de julio de 2019

Hidroituango en Paloquemado


Hidroituango en Paloquemado

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista

El trabajo ejemplar de EPM ha permitido superar la emergencia técnica y ambiental desatada en abril de 2018 y encauzar el proyecto a su casi total recuperación. Los obreros, técnicos, ingenieros de EPM y sus contratistas han hecho y están haciendo lo suyo, con singular competencia y dedicación, pero hoy, al parecer, la suerte del proyecto no depende de ellos: está en manos del Juez 75 Penal Municipal de Paloquemado. 

En una de sus últimas actuaciones, antes de abandonar su cargo con ocasión de caso Santrich, el fiscal Martínez Neira tuvo la ocurrencia de adelantar indagaciones sobre Hidroituango. Primero, anunció una investigación tardía sobre el contrato BOOMT celebrado entre la Sociedad Hidroeléctrica Ituango y EPM en 2010. Después, aunque la emergencia no ha cobrado ninguna vida humana y las poblaciones ribereñas se han beneficiado – antes, durante y después de la emergencia – de un derrame de recursos que supera con creces lo que han recibido del estado a lo largo de toda su historia, decidió denunciar penalmente a EPM por “daños a los recursos naturales” y solicitar medidas de protección y restablecimiento de los derechos de los pobladores.

En audiencia celebrada el 7 de junio, el juez de la causa dispuso proteger los derechos de las comunidades ribereñas y ordenó “la conformación y desarrollo de una mesa técnica integrada por FGN, Procuraduría, Contraloría, Gobernación, Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, ministerio de salud y protección social, ANLA, EPM e Hidroituango con presencia de victimas en un término no superior a 5 días hábiles su instalación, se realicen todas las acciones pertinentes de índole administrativa y técnica, en aras de obtener un estudio técnico con expertos en la materia, con el fin de analizar la estructura rocosa del lugar donde está ubicado el proyecto, así como la estabilidad del mismo, con el objeto de garantizar la continuidad o no del proyecto, o en caso contrario la suspensión del mismo, hasta tanto se obtenga con claridad los conceptos técnicos, para lo cual se deberá cumplir con la entrega de informes parciales como mínimo cada 10 días, sin que se llegue a superar el término de 60 días hábiles la ejecución de la orden” (SIC).

Las acciones de protección ordenadas por el juez se han venido realizando desde abril de 2018 y de ellas ha informado EPM en los más de 180 comunicados emitidos desde entonces. Todas las autoridades y los medios de comunicación han podido constatar en campo la veracidad de esos informes. La mesa técnica reproduce el llamado Puesto de Mando Unificado que, con la participación de todas las entidades convocadas por el juez y muchas otras más, se ha reunido en 250 oportunidades desde mayo de 2018. Sobre la estabilidad del macizo rocoso se han realizado por lo menos cinco estudios que están a disposición de todo mundo y, por supuesto, de la mesa técnica y del Juez 75 Penal Municipal de Bogotá.

Pero la mesa técnica no es la mera réplica de los puestos de mando unificado. Es preocupante la falta de claridad sobre el alcance de sus atribuciones y “la presencia de las víctimas” entre sus integrantes. Son muchos los interrogantes que suscita la arrevesada redacción de la orden judicial:

·         El estudio que debe “obtener” la mesa técnica, ¿tiene que ser nuevo o puede ser alguno de los ya existentes?
·         ¿El estudio en cuestión debe definir la continuidad o suspensión de proyecto o esto debe hacerlo la mesa técnica con base en los resultados del mismo?
·         ¿El concepto de la mesa técnica es vinculante para el juez?
·         ¿La mesa técnica debe rendir un concepto único o pueden, como es posible, surgir de ella varios conceptos?
·         ¿Las decisiones de la mesa se toman por mayoría o deben ser unánimes?
·         Etc., etc.….

La licencia ambiental es el documento que da viabilidad legal a cualquier proyecto hidroeléctrico. Con ocasión de la emergencia, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales introdujo en la licencia de Hidroituango una serie de condicionamientos en el marco de los cuales ha venido actuando EPM. Corresponde a dicha Autoridad, con base en estudios y criterios técnicos, decidir la continuidad o suspensión del proyecto. La aparente atribución de esta función a esa mesa técnica introduce un enorme riesgo jurídico para la viabilidad del Proyecto, que debería preocupar al Gobierno Nacional pues lo que está en juego con Hidroituango es el abastecimiento del consumo de electricidad en los próximos años.

En la denuncia que hace curso en el juzgado 75 aparece como víctima, con asiento en la mesa técnica, la ciudadana Isabel Cristina Zuleta López, representante legal del Movimiento Rios Vivos. Sería bueno saber cuáles fueron los criterios que llevaron al Juez 75 a darle a esta persona la vocería de los recursos naturales y de los pobladores de los municipios del área de influencia del Proyecto. ¿Cuándo y cómo esos ciudadanos nombraron a la ciudadana Zuleta? ¿Dónde están los poderes, que deben ser miles, mediante los cuales los ciudadanos le dieron su vocería? Y, el misterio mayor: ¿Cómo hicieron los “recursos naturales” para convertir a la ciudadana Zuleta en su representante?

El Movimiento Rios Vivos es una organización dedicada a sabotear la construcción de hidroeléctricas en Colombia. Sus activistas se opusieron a la construcción de El Quimbo, Sogamoso y de prácticamente todos los proyectos desarrollados en los últimos años en Antioquia, Caldas, Nariño, Santander, etc. Rios Vivos replica en Colombia la acción de organizaciones como Friends of the Earth International e International Rivers, que directamente o por intermedio de sus aliados locales se han opuesto a los desarrollos hidroeléctricos en Brasil, Perú, Ecuador, Panamá y toda Centro América. Incomprensiblemente, las autoridades ambientales, administrativas y judiciales le otorgan representatividad a ese tipo de organizaciones por el mero hecho de autoproclamarse como defensoras del medio ambiente.

Aunque nunca se sabe, nadie en sus cabales se imagina que el Juez 75, por recomendación de la mesa técnica, vaya a ordenar la suspensión permanente de Proyecto y la demolición de la presa. Sin embargo, no sería extraño que salgan de ese juzgado algunas ordenes que retrasen el avance del proyecto y pongan en riesgo su puesta en operación en el momento requerido por el crecimiento de la demanda de electricidad.

EPM tiene que jugarse a fondo, y seguramente ya lo está haciendo, para contrarrestar a los argumentos de la fiscalía y de Rios Vivos y lograr ilustrar al Juez 75 para que tome una decisión acertada, que en este caso significa, por supuesto, asegurar la terminación oportuna del proyecto, salvaguardando al mismo tiempo los servicios ambientales y el interés de los pobladores. El Gobierno Nacional, con el Presidente a la cabeza, debe apersonarse de esta situación e instruir a sus representantes en la mesa técnica para que apoyen sin ambages a EPM en su esfuerzo por superar - así como lo viene haciendo con los obstáculos técnicos, ambientales y sociales –  los obstáculos legales que se oponen a la terminación de un proyecto que es de interés nacional.

LGVA
Julio de 2019.  


sábado, 29 de junio de 2019

El Marco Fiscal de Mediano Plazo: un paso en la buena dirección


El Marco Fiscal de Mediano Plazo: un paso en la buena dirección


Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Consultor ECSIM


El Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) es un documento, que anualmente debe presentar el Ministerio de Hacienda a las Comisiones Económicas del Congreso, en el que se muestra la situación y perspectivas de las finanzas públicas en el corto y el mediano plazo y las correspondientes metas fiscales del gobierno.  El MFMP presentado el 15 de junio es un paso en la buena dirección, es decir, la de reducir el tamaño del gobierno y ampliar el espacio de la actividad privada.

El gasto del gobierno central bordea el 20 % del PIB y el del gobierno general, es decir, el de todas las entidades territoriales sumadas, llega al 30%, porcentaje que corresponde a países con un PIB per cápita que triplica el de Colombia. En el MFMP se plantea llevar el gasto del gobierno nacional a 19%, en 2020, y a un 17%, hacia 2027. Son metas modestas, pero merecen destacarse en un país donde la mayoría de los políticos y los economistas abogan por un gobierno grande.

La reducción de la tarifa del impuesto de renta de 37% a 33%, inicialmente, y a 30% más adelante, y otros beneficios como el descuento del IVA a los bienes de capital y descuento del 50% del impuesto de industria y comercio, son buenas medidas del gobierno de Duque que no se han valorado suficientemente. Hay que avanzar más porque la tarifa del impuesto a las empresas es mucho más elevada que la de Europa, Estados Unidos y Canadá. No obstante, el hecho de que el MFMP no contemple ninguna reforma tributaria adicional en lo que resta del gobierno de Duque es una buena noticia pues permitirá que los beneficios fiscales mencionados tengan efecto sobre la inversión de las empresas y la demanda laboral.

Los subsidios en Colombia son un verdadero desastre: benefician a los más avivatos, no a los más necesitados y, tal vez lo más grave, están minando los hábitos de responsabilidad, independencia y auto-estima de la gente creando una población dependiente de las dádivas del gobierno, lo cual alimenta el clientelismo y la corrupción.

Es inadmisible que el porcentaje de la población que se beneficia de los subsidios a los servicios públicos sea mayor que el de hace 25 años o que el programa llamado familias en acción, que se introdujo en 2002 cuando la tasa de desempleo era de 20%, tenga 3 millones de familia beneficiarias después de haber empezado con 300 mil. Estudios realizados por entidades como ECSIM, FEDESARROLLO y el DNP han estimado que una mejor focalización de los subsidios sociales, es decir, que solo sean entregados a quienes realmente los necesitan, produciría un ahorro fiscal de 3 billones de pesos.

Todas las medidas de racionalización de subsidios propuestas en el MFMP son pertinentes y deberían permitir avanzar hacia un esquema en que todos los llamados subsidios sociales se conviertan en un pago único a las familias beneficiarias, del que estas dispondrían libremente. Una especie de impuesto negativo, como el propuesto por Friedman, que tiene la ventaja de ayudar a las personas sin destruir los incentivos al trabajo.

La Nación tiene una participación en 105 empresas cuyo valor en libros es de 79 billones de pesos, unos 25 mil millones de dólares. Ecopetrol y sus filiales representan el 64%; ISA y otras empresas del sector eléctrico un 13%; hay un 18% en el sector financiero; 3% en telecomunicaciones y un 2% en otros sectores. La participación del gobierno en estas empresas no responde a ninguna imperfección de mercado ni a una necesidad de política social. La venta de buena parte o la totalidad de esos activos, como se plantea en el MFMP, permitiría un ajuste fiscal suave y, por supuesto, elevaría la productividad de la economía en su conjunto como consecuencia de la mayor presencia del sector privado.

Reducción de impuestos, menor gasto público, focalización de subsidios y privatización de empresas estatales son todas políticas de corte liberal que deben ser apoyadas con firmeza por los liberales de todos los otros partidos, en particular los partidos de la coalición del gobierno. La venta de activos y la reducción de subsidios son medidas difíciles desde el punto de vista político y encontrarán gran oposición. El Centro Democrático no debería cometer el error de oponerse a la venta de ISA o de parte de Ecopetrol, como lo hizo atolondradamente con la venta de ISAGEN, aumentando las dificultades que inevitablemente enfrentará el gobierno del Presidente Duque.


LGVA
Junio de 2019.  

lunes, 17 de junio de 2019

El legado de Margaret Thatcher


El legado de Margaret Thatcher

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista

En mayo de 1979, hace ya 40 años, Margaret Thatcher asumía como primera ministra del Reino Unido. A los periodistas, que con frecuencia le preguntaban cómo se sentía ser la primera mujer en llegar a ese cargo, invariablemente les respondía: “No lo sé, nunca he probado la otra posibilidad”. Para ella, completamente ajena a todas las formas del feminismo, lo que realmente significaba ese acontecimiento era el retorno al poder del verdadero liberalismo inglés.




Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, que llevó al aumento de la intervención de los gobiernos contendientes en la economía, el principio liberal del gobierno limitado sufrió un notable retroceso. La crisis de los años 30, la eliminación del patrón oro y la Segunda Guerra Mundial dieron un nuevo impulso al activismo económico de los gobiernos. Las obras de Keynes, “Teoría, general de la ocupación, el interés y el dinero”, y Pigou, “Economía del bienestar”, suministraron el fundamento racional a todas las formas del intervencionismo estatal que tuvieron un crecimiento ininterrumpido hasta los años 70 del siglo XX.

Durante la segunda post-guerra, el intervencionismo estatal, bajo la forma de socialismo democrático del partido laborista, progresó en Gran Bretaña mucho más que en cualquier país de Europa Occidental. El proyecto fabiano de construcción gradual y pacífica de la sociedad socialista gozaba de gran prestigio entre los intelectuales ingleses a principios del Siglo XX.  En los años 30, el Partido Laborista reemplazó al Partido Liberal – Whig - en el esquema bipartidista de la democracia británica y estuvo a cargo del gobierno de forma casi ininterrumpida en los 15 años anteriores a la llegada de Thatcher al poder.

En ese lapso se aplicaron a fondo todos los componentes de la receta intervencionista – inyecciones de demanda monetaria, déficit fiscal, empresas estatales subvencionadas, servicios públicos estatizados y asistencialismo de toda índole- que le pasaron la factura a la economía y fueron llevando al Reino Unido a una situación de estancamiento crónico que, en las décadas 1960 y 1970, le mereció el mote de “el enfermo de Europa”.

Cuando Margaret Thatcher asume como primera ministra, las políticas monetarias y fiscales expansivas ya tienen poco o ningún efecto sobre el empleo y se traducen sobre todo en inflación; las empresas estatales acumulan un déficit tras otro al tiempo que su productividad declina y se deteriora la calidad de sus productos; en fin, el asistencialismo rampante está destruyendo los incentivos al trabajo y a la autosuficiencia y fomentando la holgazanería y la ilegalidad. La debilidad de la economía y postración moral de la sociedad se traducen en la pérdida de prestigio, respetabilidad e influencia que por entonces arrostraba la otrora potencia mundial.

En sus once años al frente de “Downing Street”, Margaret Thatcher - que bien habría suscrito aquello de que el mejor gobierno es el que menos gobierna- desarrolló una febril actividad para desmontar, al menos en parte, el gigantesco aparato intervencionistas erigido por el laborismo. En lo económico, la acción de los gobiernos de Thatcher se centró, fundamentalmente, en tres frentes: recuperación de los equilibrios macroeconómicos; reducción del tamaño del sector público y reorientación de las ayudas sociales. En todos esos campos dejó una huella duradera en las políticas públicas de muchos países del mundo.

En los años setenta, la presencia simultánea de elevadas tasas de inflación y desempleo era fenómeno macroeconómico característico de las economías capitalistas avanzadas. La relación de Phillips, es decir, la idea según la cual siempre era posible reducir el desempleo incurriendo en una inflación mayor, ya no parecía ser válida, dejando sin justificación las políticas monetarias y fiscales expansivas que solo se traducían en mayor inflación.

Los teóricos de las “expectativas racionales” – Sargent, Wallace, Barro, etc.- explicaron ampliamente la razón de ese cambio y esa fue la macroeconomía que se enseñó en los 80. Margaret Thatcher y su equipo económico extrajeron las consecuencias prácticas y obraron en consecuencia: para reducir la inflación había que controlar el crecimiento de la oferta monetaria y para ello era necesario reducir las necesidades de financiación del sector público, es decir, reducir el déficit fiscal, pero sin aumentar los impuestos, a cuya reducción se había comprometido el partido conservador.

Esto es fácil de decir, incluso, es fácil de entender, pero el recorte del gasto es una operación en extremo dolorosa que encuentra resistencia entre aquellos que lo deben ejecutar. Los responsables de todos los ministerios y agencias del gobierno siempre están de acuerdo en que el gasto se debe recortar, pero cada uno de ellos es capaz de exhibir poderosas razones para demonstrar que agencia a su cargo debe ser excluida. En todos y cada uno de los presupuestos de los años que estuvo en el poder, mantuvo la férrea determinación de controlar el gasto público, logrando que, entre 1979 y 1990, este creciera 12.5% frente a un crecimiento de 23.5% del PIB real. Semejante esfuerzo llevó el gasto público de 44% del PIB, en 1979, a 40% del PIB, en 1990.

Desde el final de la segunda guerra mundial, se presentó en el Reino Unido - y en toda Europa- un fuerte incremento del número de empresas de propiedad pública, especialmente, bajo los gobiernos laboristas, pero también bajo los conservadores. En 1979, las empresas públicas de Reino Unido generaban el 11% del PIB y el 8% del empleo total. Allí había de todo: electricidad, agua, gas, telecomunicaciones, siderurgia, astilleros, minas de carbón, ferrocarril, cine, buses, puertos, etc. Incluso, la emblemática Rolls-Royce hacia parte del portafolio empresarial del gobierno.

Al inicio de su segundo mandato, Margaret Thatcher lanzó un vasto programa de privatización de las empresas estatales que rápidamente sería seguido en otros países de Europa y del mundo entero. Para ella la privatización, además de ser fundamental para mejorar el desempeño de la economía, era el elemento central de cualquier programa que buscara ampliar el espacio de la libertad frente a las tendencias colectivistas que habían llevado a la nacionalización de amplios sectores de la actividad económica.

Especialmente notable fue la privatización de los servicios públicos domiciliarios que prácticamente en todos los países europeos se habían nacionalizado después de la segunda guerra mundial. Sobre los servicios públicos predominaba la visión de que por ser monopolios naturales debían estar a cargo de empresas estatales, para evitar el abuso de posición dominante. Las privatizaciones de Thatcher echaron por la borda ese paradigma y mostraron que era posible desarrollar diversas modalidades de competencia o, en su defecto, aplicar una regulación que obligara a las empresas monopolísticas a comportarse como si estuvieran sometidas a la competencia. La fórmula “IPC menos X”, adoptada para regular los monopolios privatizados, se convirtió en referente de todos los procesos de privatización y reforma del sector de los servicios públicos, que, inspirados en el caso británico, se adelantaron en gran cantidad de países del mundo. Colombia no fue la excepción: la exitosa reforma del sector de los servicios públicos domiciliarios de los años 90 se benefició ampliamente de esa influencia.

Como ministra de educación del gobierno de Edward Heath, Margaret Thatcher provocó una ola de protestas cuando ordenó suspender la distribución gratuita de alimentos en las escuelas. Argumentaba Thatcher, siguiendo las conclusiones de numerosos estudios adelantados en Inglaterra y Estados Unidos, que dichos subsidios terminaban beneficiando, más que a los niños, a los padres, que además de poder gastar su ingreso en otras cosas, terminaban por sentirse liberados de sus responsabilidades frente a sus hijos y su familia. 

Para Thatcher la principal falla del estado de bienestar al otorgar sus beneficios sociales es la incapacidad de distinguir entre los individuos que están verdaderamente en dificultades, y necesitan de una ayuda para salir de ellas, y aquellos que han perdido la voluntad y el hábito de trabajo, y se han transformado en dependientes crónicos. Por ello, durante todo su mandato, Thatcher buscó la adopción de toda suerte de mecanismos que condujeran a una mejor focalización de los subsidios y beneficios sociales tratando también que fueran temporales.

Después de Thatcher la búsqueda de los equilibrios macroeconómicos, la reducción del tamaño del gobierno, la privatización de las empresas estatales, la reducción de los impuestos y el rechazo al asistencialismo rampante se incorporaron a las plataformas políticas de los partidos de orientación liberal y a las políticas públicas que adoptaron desde el gobierno. Aunque esta es sin duda una gran contribución al resurgimiento del liberalismo, tal vez el logro más importante que le reconocerá la historia es su decisiva participación en el proceso político que llevó al derrumbe del bloque comunista y al restablecimiento de la libertad y la democracia en los países que lo integraban.

El principal mérito de esos logros históricos corresponde a los Estados Unidos y, en particular, al presidente Ronald Reagan, quien - con la modernización del arsenal nuclear,  la Iniciativa de Defensa Estratégica y el despliegue de los Pershing II - impuso a la Unión Soviética una dura competencia militar que puso en evidencia la debilidad su economía y la forzó a emprender el camino de la reforma.

Mijaíl Gorbachov llegó al poder en 1985, a la edad de 54 años, poniendo fin a la gerontocracia que había gobernado a la Unión Soviética desde la destitución de Kruschev. Gorbachov era un comunista convencido y el propósito de sus reformas era detener el declive económico de su país, para legitimar a su partido y garantizar su permanencia en el poder. Por supuesto que Margaret Thatcher no podía saber a dónde conducirían la Perestroika y el Glasnost, pero desde un principio entendió que debía apoyar a Gorbachov, a quien conocía desde antes de que éste se convirtiera en el máximo dirigente de la Unión Soviética.

Su relación con Gorbachov le permitió jugar un papel fundamental en la liberación de los países de Europa Oriental y de varios países de la agonizante Unión Soviética, en cuyas capitales, Margaret Thatcher, incansable viajera, estuvo presente en momentos decisivos, apoyando sin ambages los reclamos de libertad de sus pueblos.

Margaret Thatcher dimitió de su cargo el 28 de noviembre de 1990, después de tres mandatos sucesivos. Mantuvo su participación en política durante un par de años más y hasta 2000 desarrolló actividades académicas, dictó conferencias y escribió varios libros. En 2002 sufrió algunos accidentes cerebro-vasculares que limitaron su actividad. Falleció el 8 de abril de 2013 a la edad de 87 años.

LGVA
Junio de 2019.  

sábado, 1 de junio de 2019

Apoyar sin vacilación al Presidente Duque


Apoyar sin vacilación al Presidente Duque

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista

Yo no voté por Duque para que viniera a hacer milagros, yo vote por Duque para evitar que llegara Petro a hacer desastres”
(Doña Olga, Ciudadana de Anserma)

El Presidente Duque está enfrentando una de las coyunturas políticas más complejas en la historia del País y lo peor que puede suceder es que sus amigos le quiten su apoyo, por falta de comprensión de lo que está en juego y de los obstáculos políticos y jurídicos que limitan su accionar.

En las pasadas elecciones presidenciales no estuvo en disputa, simplemente, el ejercicio temporal del poder ejecutivo entre fuerzas políticas que, en lo fundamental, comparten la misma visión del sistema de propiedad privada y libertad individual y de los arreglos institucionales que lo hacen viable. Por primera vez en la historia del País, tuvo la posibilidad de llegar a la presidencia de la república un personaje como Gustavo Petro, enemigo de la propiedad privada y la libertad económica, como lo prueban sus credenciales de asesor de Chávez y Maduro en la construcción del socialismo del siglo XXI y la destrucción de la economía y la sociedad de Venezuela. Esto es un hecho.  

El segundo hecho es el elevado riesgo en que el acuerdo de la Habana y, sobre todo, su incorporación en la Constitución, ha puesto a las instituciones democráticas por los estrechos límites que dicho acuerdo y la legislación derivada imponen al poder ejecutivo. El gobierno no dispone de una mayoría en el congreso para “hacer trizas” los acuerdos y está obligado a cumplirlos, si quiere permanecer en el marco de la constitución y las leyes.

El tercer hecho lo constituye la increíble inconsciencia de los principales dirigentes de los partidos tradicionales y sus derivaciones electoreras, quienes, en su afán descontrolado por hacerse a una parte del presupuesto y de la burocracia, son incapaces de entender la gravedad del momento político, caracterizado por la fuerza que entre las masas tiene la siempre presente tentación socialista, abierta o embozada, respaldada por multitud de idiotas útiles enquistados en los medios, en los gremios, en los partidos y en el sistema judicial.

Esos tres hechos son los que configuran el entorno en el cual el ejecutivo, en cabeza del Presidente Duque, debe desplegar su actividad. Tengo muchas diferencias con el gobierno. En particular, creo que se ha equivocado en posponer el ajuste radical de la situación fiscal, renunciando, a los soportes de la corrupción y el clientelismo, como son el burocratismo y al asistencialismo, montados sobre unos ingresos petroleros que resultan ridículos frente a los de Venezuela, cuyo improvidente empleo, por decir lo menos, llevó a ese país a la catástrofe de todos conocida. Hago votos porque los mercados no le cobren al Gobierno, como hicieron con Macri en Argentina, el gradualismo pusilánime con que está enfrentando la situación fiscal.   

No obstante, continúo creyendo que el Presidente Duque representa el principio liberal según el cual el papel del gobierno es proveer un marco legal y económico estable para que las familias y las empresas busquen la realización de sus sueños y de sus ambiciones. Esto es completamente opuesto a la visión que encarnan Petro, Robledo, las Farc y todos los “progresistas” de izquierda que entienden que el papel del gobierno es definir los sueños y ambiciones de todo mundo y hacer que todos aceptemos, querámoslo o no, ser llevados por su camino al “paraíso” que inexorablemente se transforma en el camino a la servidumbre.

Duque, carente de una mayoría clara en el Congreso y renunciando a conformarla a punta de prebendas y canonjías, procedió con prudencia frente a la ley de la JEP, limitando sus objeciones a seis artículos, que en forma alguna socavaban los cimientos de ese esperpento jurídico, cuyo presupuesto de funcionamiento entregó con largueza, de la misma forma que ha dispuestos los recursos requeridos para hacer operativos los demás componentes del acuerdo de La Habana.  

Pero no, resentidos por la falta de las prebendas burocráticas y presupuestales a las que estaban habituados, los principales figurones de la política nacional, Gaviria Trujillo y Vargas Lleras, de quienes el País debía esperar un comportamiento más digno por las distinciones y honores que han recibido, escogieron el camino de la ruindad, aliándose con los que a la larga son sus enemigos, para humillar al Presidente.

Detrás del rechazo a las objeciones presidenciales no hay ninguna posición de principio: solo politiquería barata y miserable. Otro habría sido el cantar si Simoncito hubiera ostentado la representación de Colombia en un organismo multilateral y uno de los hermanos Vargas Lleras una cómoda embajada en una capital europea.

El problema es que, en las circunstancias actuales, esa politiquería barata puede tener unas consecuencias graves. A Gaviria Trujillo, Vargas Lleras y a toda su cauda de politiqueros baratos, les haría bien recordar que el sepulturero de la democracia venezolana fue Rafael Caldera, quien, a la cabeza de los politiqueros de allá, hizo todo para desprestigiar a Carlos Andrés Pérez, creyendo que lo que estaba en juego era un mero cambio de gobierno y no todo el régimen político y económico.  

Es el Presidente Duque quien ha estado a la altura de las difíciles circunstancias políticas y jurídicas que se extenderán durante todo el tiempo de “implementación” de los nefastos acuerdos, que, gústenos o no, están en la Constitución.  Ha ejercido el poder de forma prudente, pero con firmeza y determinación que le han permitido superar la más violenta agitación social que ningún presidente reciente había enfrentado al inicio de su mandato. Presentando las objeciones a la ley de la JEP, ha cumplido con sus electores. Su derrota en el Congreso envilece a los “vencedores” y aumenta su estatura política y moral.

No deberían llamarse a engaños quienes toman por debilidad la moderación y templanza del Presidente Duque. En la compleja situación de Santrich ha jugado con prudencia y habilidad y aún le quedan, que nadie lo dude, otras cartas por jugar. De momento, la Corte Suprema y la JEP, deben hacer la próxima jugada y, de cara al País, a despecho de la evidencia aplastante, atreverse a exculpar totalmente a un facineroso, que, por su codicia incontrolada, es quien ha puesto en jaque a la JEP. Esto lo sabe hasta Timochenko, cuya ausencia en las celebraciones de la liberación de Santrich es más diciente que cualquier palabra.

El Centro Democrático, el Partido Conservador y todas las fuerzas políticas que apoyan al Presidente Duque, deberían entender la gravedad la situación política y jurídica en que se encuentra el País por los acuerdos de La Habana. Entender que, cualquiera sea el desenlace del caso Santrich, el juego apenas empieza y que se extenderá a lo largo de todo el mandato de Duque y durante 4 años más.

La tarea es lograr que en las próximas presidenciales llegue al poder un candidato amante de la libertad y respetuoso de la propiedad privada y la iniciativa individual; y acompañado de una sólida mayoría en el Congreso. De momento hay que concentrarse en las elecciones locales y buscar controlar el mayor número de alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas. En particular, en el caso de Bogotá, es necesario buscar un candidato viable que enfrente con opción de éxito a la candidata de la izquierda, cuyo triunfo, además de ser nefasto para la atribulada capital, tendría consecuencias en extremo negativas en la política nacional. Esta es la forma efectiva de apoyar sin vacilaciones al Presidente Duque.

LGVA
Junio de 2018.  


lunes, 20 de mayo de 2019

¡Adelante, Presidente Duque!


¡Adelante, Presidente Duque!

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista

La calidad de un gobierno se juzga por sus decisiones frente a cuatro o cinco coyunturas realmente importantes. Todas las demás son consecuencia de estas o, la mayoría, mera rutina administrativa. El atinado tratamiento de la situación con Venezuela y el impecable manejo de la crisis creada por la previsible decisión de JEP en el caso Santrich y el increíble abandono de sus obligaciones por el fiscal Martínez Neira, muestran de qué está hecho el Presidente Duque.

Por lo menos desde el Frente Nacional, Duque es el primer presidente que gobierna sin tener mayoría en el Congreso. El suyo es el caso del príncipe que llega al poder un poco por azar y apoyado en las fuerzas de otro, asunto tematizado por Maquiavelo en el capítulo 7 de su conocido libro. El partido que eligió a Duque no es el suyo, es el de Uribe; no hay “duquismo”, hay “uribismo”.  

El Presidente se metió en el novedoso experimento de buscar el apoyo en el Congreso de los partidos del establecimiento – Liberal, Cambio Radical y Partido de la U - sin darles participación en el ejecutivo, por lo menos hasta ahora. Esto ha dificultado el trámite de los proyectos gubernamentales en el Congreso, pero los resultados están lejos de ser un fracaso.

 Aunque maltrecha, pasó su reforma tributaria y, con la aprobación de la ley del plan, todos los ministros tienen el material legislativo que requieren para trabajar: el que necesite más, que se vaya a buscarlo fuera del gabinete. El gobierno puede administrar el País sin pasarse por el Congreso durante muchos días. Lo único que debe hacer es estar vigilante para que no avancen proyectos de iniciativa parlamentaria verdaderamente malos.

Los críticos del gobierno, incluidos sus amigos, creen que la política frente a Venezuela ha fracasado, porque Maduro no ha caído aún. Error. Era imposible que Duque continuara con la política de apaciguamiento complaciente de su predecesor. Por múltiples razones, estaba obligado a enfrentar la dictadura, lo cual elevaba el riesgo de que esta, en su afán de desviar la atención sobre la crisis interna, buscara un enfrentamiento bélico con Colombia. Era necesario neutralizar esa amenaza y eso lo consiguió el Presidente Duque cuando el gobierno de Estados Unidos hizo pública su determinación de intervenir militarmente contra Venezuela en caso de agresión a Colombia.

Quienes duden de la posibilidad de esa agresión, deberían recordar que, en abril de 1982, la dictadura argentina, buscando superar la crisis política interna apelando al patriotismo, ocupó las islas Malvinas, provocando el trágico conflicto con Inglaterra. La dictadura de Maduro caerá tarde o temprano, elevando el prestigio del Presidente Duque, pero de momento ya se cumplió el objetivo al alcance del Gobierno colombiano: conjurar la amenaza de una agresión militar.

El manejo que el Presidente Duque dio a la crisis provocada por la decisión de la JEP de negar la extradición de Santrich y ordenar su libertad, fue impecable desde todo punto de vista: jurídico, político y logístico. No tuvo el Presidente que decretar el estado de conmoción interior ni, mucho menos, meterse en el embeleco de una constituyente o un referendo derogatorio.

Después de deshacerse de la incómoda presencia de Gloria María Borrero, hizo que el INPEC demorara la liberación del reo el tiempo necesario para montar el operativo que le permitiría acatar la orden de la JEP de liberar a Santrich y, con base en lo dispuesto en la misma sentencia, proceder a su detención inmediata. Hizo su declaración la noche del miércoles y al otro día, como si nada, regresó a Medellín a continuar su agenda, mientras se cocinaba el pastel.

Tirios y troyanos están todavía asimilando ese cinematográfico desenlace que me hizo recordar una película donde un abogado logra la liberación de su cliente, acusado de lesiones personales, mediante un recurso que al mismo tiempo lo incrimina en un caso de asesinato. Al final, el criminal en cuestión, al igual que Santrich, queda libre, solo para ser apresado instantes mas tarde. Ya deben estar los guionistas de Netflix escribiendo el libreto de esta historia.

La principal tarea del Presidente Duque es lograr que su sucesor sea un demócrata liberal respetuoso del estado de derecho y alejado cuanto más sea posible de las veleidades del socialismo. De esta forma se garantiza que durante los 8 penosos años de “implementación” del acuerdo de paz, el ejecutivo no caiga en manos los amigos, abiertos o embozados, de las Farc. Esto es lo esencial.

Esto debe lograrse sin grandes y riesgosos aspavientos legislativos, como la cacareada reforma a la justicia que nunca será adecuada con la composición actual de las altas cortes. Usando con inteligencia y tino su capacidad nominadora, el Presidente debe concentrarse en cambiar la composición de las cortes, haciendo que llegue allí el mayor número posible de magistrados comprometidos con la democracia liberal y la economía de mercado y sin inclinaciones socialistas. Esto puede demorar varios años, por eso hay que proceder sin prisa, pero sin pausa y entendiendo que cada nombramiento será objeto de enconadas batallas.

LGVA
Mayo de 2019.