sábado, 18 de febrero de 2017

La balanza de pagos manda, la balanza comercial obedece.

La balanza de pagos manda, la balanza comercial obedece.

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Universidad EAFIT

Hay preocupación por la situación de las cuentas externas del País. En 2015, el déficit en cuenta corriente fue de US$ 18.925 millones, equivalente a 6,5% del PIB. Un año antes había sido de US$ 19.593 millones, 5,2% del PIB. El aumento como proporción del PIB, a pesar de la reducción de US$ 668 millones, se explica por el menor valor en dólares del PIB, a causa de la depreciación del peso frente al dólar que en ese año fue de 37%. En el período enero - septiembre de 2016, el déficit alcanza US$ 9.599 millones, equivalente a 4,7% del PIB. Esto se explica por el resultado deficitario de la balanza comercial, US$ 7.829 millones, y el déficit en la cuenta de servicios, US$ 2.437 millones, y en la cuenta de ingreso de factores, US 3.355 millones, parcialmente compensados por las transferencias corrientes de US$ 4.023[1].

Los políticos y los periodistas se escandalizan con el déficit de la balanza comercial y acusan a los TLC y a la globalización de lo que ven como un tragedia. Los comentaristas económicos se devanan los sesos tratando de entender por qué persiste el déficit comercial a pesar de la enorme devaluación del peso. El Ministro de Hacienda habla  de que se está produciendo un ajuste ordenado de las cuentas externas a la caída del precio del petróleo y se esfuerza por desviar la atención tratando de que nadie se percate de que es el propio gobierno con su exceso de gasto el responsable del desajuste.

El saldo de la cuenta corriente es el resultado de las transacciones de bienes y servicios y pagos por factores realizadas por las personas y empresas colombianas con personas y empresas de otros países. Cuando los residentes nacionales gastan en bienes y servicios importados y realizan pagos por factores por un valor superior al de  los bienes y servicios que exportan y a los pagos por factores que reciben, se ven obligados a disminuir sus activos financieros en el exterior o a aumentar sus pasivos. Aumentan su endeudamiento neto con residentes extranjeros.

Hay personas y empresas, principalmente personas, que pueden comprar en el exterior bienes y servicios por un valor superior al de los bienes y servicios que venden sin aumentar su endeudamiento neto, es decir, sin reducir sus activos ni aumentar sus pasivos. Pueden hacerlo porque reciben donaciones o transferencias voluntarias de otros particulares residentes o no residentes. Estas son principalmente las remesas que los trabajadores colombianos en el exterior envían a sus familias que en el período enero-septiembre de 2016 fueron de US$ 3.535 millones.

Pero hay también personas y entidades que sin variar su endeudamiento ni recibir transferencias o donaciones voluntarias de otros particulares pueden importar bienes y servicios por un valor superior al valor de los bienes y servicios que venden o incluso comprarlos sin vender nada en absoluto. Como no se endeudaron ni recibieron transferencias voluntarias, solo han podido hacerlo porque han recibido transferencias forzosas  de alguien que se ha endeudado por ellas. ¿Quiénes son esos privilegiados que pueden comprar sin vender? Si, esos son, los empleados y las entidades del gobierno que son pagados con los impuestos corrientes o, cuando estos no alcanzan, con los impuestos futuros que pagarán la deuda en la que ha incurrido el gobierno para pagar los sueldos y gastos de hoy.  

Los economistas hablan de los déficits gemelos aludiendo con ello a la simultaneidad entre el déficit fiscal y el déficit en  cuenta corriente. Algunos hacen complicados ejercicios econométricos para tratar de establecer el sentido de una causalidad que es evidente: el déficit corriente, en especial el de la balanza comercial, es causado por el déficit fiscal. Uno no se endeuda porque está gastando por encima de sus ingresos, uno gasta por encima de sus ingresos porque se ha endeudado. El déficit en cuenta corriente no se crea primero y después se financia con endeudamiento, el endeudamiento viene primero y financia el déficit fiscal y el déficit corriente. Cuando el gobierno habla de la financiación del déficit corriente no se refiere al déficit pasado sino al actual y al futuro. O más precisamente aún, se está endeudando para poder gastar más hoy y mañana.

Entre enero y septiembre de 2016, el sector privado recibió US$ 966 millones - por colocación de títulos de deuda externa y venta de acciones a no residentes -  y realizó amortizaciones por US$ 414 millones, con lo cual su financiamiento externo neto fue de US$ 552 millones. Frente al mismo período de 2015, las entradas de capital de portafolio al sector privado disminuyeron en US$ 1.733 millones. Esto significa que el sector privado si se está ajustando o, dicho de otra forma, no son los particulares quienes están viviendo por encima de sus medios.

¿Y el sector público? Bien, gracias, endeudándose para gastar en exceso y provocar el déficit en la balanza comercial. En efecto, entre enero y septiembre de 2016, el sector público recibió US$ 6.898 millones de financiamiento externo: colocación de deuda externa, TES vendidos a extranjeros y créditos bancarios. Es decir que a diferencia del sector privado, el gobierno insiste en vivir por encima de sus medios. No importa cuánto se ajuste el sector privado ni cuánto se devalúe el peso, el déficit comercial persistirá mientras el gobierno no reduzca el déficit fiscal que aumenta su endeudamiento externo. Nunca como ahora ha sido tan cierto el  espléndido aforismo de Böhm-Bawerk: la balanza de pagos manda, la balanza comercial obedece.  

LGVA
Febrero de 2017.






[1] Banco de la República. Subgerencia de estudios económicos. Evolución de la balanza de pagos y posición de inversión internacional. Enero-septiembre de 2016. Diciembre de 2016. 

domingo, 12 de febrero de 2017

Corrupción y demagogia

Corrupción y demagogia
Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Universidad de EAFIT

“el pueblo no se irrita tanto por estar alejado del gobierno – al contrario, incluso se alegra de que se le deje dedicarse a sus asuntos privados – como por creer que los magistrados están robando los bienes públicos, porque entonces le molestan ambas cosas: el no participar de los honores y de las ganancias”
(Aristóteles, Política).  

Es probable que la corrupción afecte episódicamente el crecimiento económico, pero es un hecho que no lo impide  de forma absoluta. Si fuera así, Colombia y la mayoría de países del mundo estarían sumidos en el estancamiento secular o, incluso, habrían retrocedido a formas primitivas de producción y consumo. Ningún país del mundo, por corrupto que haya sido, registra de forma sistemática tasas de crecimiento negativas en los últimos cincuenta años. Estados Unidos se convirtió en la mayor potencia económica del mundo en la segunda mitad del siglo XIX cuando su sistema político estaba afectado por las formas más inicuas de la corrupción como el soborno y el clientelismo político.

Contra todas las apariencias, tampoco hay evidencia de que la corrupción afecte de forma duradera la distribución del ingreso y la riqueza ni que sea la causante principal de la pobreza. Si hay una relación entre ésta y aquella, lo más seguro es que vaya en sentido contrario pues es más probable que las gentes más pobres y de bajos ingresos sean más susceptibles al clientelismo político y a las prácticas asistencialistas corruptas que aquellos cuyo nivel de ingreso les permite cierto grado de independencia en sus elecciones políticas. En cuanto a la distribución, basta con mencionar que pueden fatigarse las centenas de páginas de la obra del adalid del igualitarismo, Monsieur Piketty, sin encontrar una sola referencia a la corrupción como causante de la desigualdad. Más que en los patrimonios acumulados en el pasado y en las herencias, el origen de la desigualdad se encuentra en las fortunas amasadas por empresarios innovadores en los nuevos sectores de actividad cuya aparición caracteriza el crecimiento económico moderno, cosa reconocida por el propio Piketty aunque ignorada sus fanáticos.  

La corrupción puede afectar la calidad del gobierno al permitir que a los puestos públicos de todos los niveles lleguen personajes ignorantes y mediocres que no tienen a su haber merecimiento distinto que ser familiar o hacer parte de la clientela de algún dirigente político. Esta es probablemente una de las formas más extendidas de corrupción política que en general es bastante tolerada pues la gente encuentra natural favorecer a los amigos y asociados antes que a los desconocidos y rivales. A diferencia de las relaciones de mercado que tienden a ser impersonales, la relaciones con los organismos del gobierno y al interior de ellos suelen estar basadas en el conocimiento personal, la estima, la amistad o el favorecimiento mutuo. Lo asombroso en realidad es que el funcionamiento del gobierno como organización impersonal se haya presentado en algunos países y en algunos momentos de la historia.

Un gobierno impersonal, que trate a todos los ciudadanos por igual, e integrado por funcionarios competentes interesados en el bien público, que actúan conforme a una ley, también impersonal y abstracta, y que responden políticamente por sus actuaciones es el ideal del orden político, como lo entienden Huntington y su discípulo Fukuyama. De dientes para afuera, ese ideal es compartido casi todos los políticos de todos los partidos  y de todos los países en donde se practica la democracia electoral. La corrupción es todo lo contrario a ese ideal y por esa razón todos los políticos de todos los partidos de todos los países son sus más feroces enemigos. Pero, si todos los políticos son sus enemigos, ¿por qué la corrupción no desaparece?

Desde hace unas 3 décadas la lucha contra “el cáncer de la corrupción” se ha convertido en el centro del debate político, especialmente en épocas electorales, en casi todas las democracias incipientes y también en muchas de las más consolidadas. Aunque esa “lucha” eventualmente da lugar a reformas institucionales cosméticas o estructurales para mejorar la calidad del gobierno, es más frecuente que el uso de las acusaciones de corrupción sea un medio de acción de los políticos para alcanzar el poder o despojar de éste a sus rivales. La denuncia de la corrupción al igual que la denuncia de la pobreza y la desigualdad conforman el coctel ideológico con el cual los demagogos de todos los partidos abrevan las huestes populares para lograr su respaldo. Las contiendas electorales dejan de ser una confrontación de ideas y programas y se asemejan cada vez más a concursos de belleza donde el vencedor suele ser aquel que logre parecer a los electores como el más impoluto o el menos corrupto.

En Colombia, Laureano Gómez Castro es probablemente el político del siglo XX que con mayor fortuna utilizó las acusaciones de corrupción como instrumento de acción política como quiera que con ellas forzó la renuncia de dos presidentes: Marco Fidel Suarez, en 1921, y Alfonso López Pumarejo, en 1945. Jorge Eliecer Gaitán Ayala hizo también de la lucha contra la corrupción su principal bandera sintetizada en su consigna: “por la restauración moral de la república, a la carga”.  La corrupción, como lo ha documentado el periodista Alberto Donadío en su delicioso libro El Uñilargo, superó los límites tolerables durante  la dictadura Rojas Pinilla y fue una de las causas de su caída. Durante el Frente Nacional, cuando los dos partidos tradicionales compartieron en feliz compadrazgo el banquete burocrático y contractual del gobierno, el eterno debate sobre la corrupción política se puso un poco en sordina para reaparecer vigorosamente a principios de la década de 1980 con la figura Luis Carlos Galán Sarmiento, quien desde entonces se convirtió en el referente de todos los “outsiders” de la política colombiana y también de muchos “incumbentes” que con éxito desigual han tratado de asemejársele.

Curiosamente, Luis Carlos Galán irrumpió en la arena política poniendo en duda la transparencia de las negociaciones del contrato mediante el cual el Gobierno Nacional entregó a la multinacional EXXON la explotación de los yacimientos carboníferos del Cerrejón Zona Norte. Hoy los sobornos de la multinacional Odebrecht ponen nuevamente “el cáncer de la corrupción” en el centro del debate político colombiano; como en muchos otros países pues en materia de sobornos las multinacionales actúan Urbi et Orbi, como lo muestra el Informe de la ODCE sobre cohecho internacional de 2015 donde se documentan 427 caso de cohecho internacional en los que participaron encopetadas multinacionales como  Siemens, BAE Systems, Hyundai, Lockheed Martin y Halliburton.

Hace algunos años un presidente colombiano, Julio Cesar Turbay Ayala, dijo que era necesario “llevar la corrupción a sus justas proporciones”. Aunque todavía esa frase provoca hilaridad no se puede desconocer su sabiduría política. En la Política, el que sigue siendo el más espléndido tratado de ciencia política, Aristóteles, especialmente en los libros V y VI,  plantea que la corrupción amenaza siempre la supervivencia de los regímenes políticos y con frecuencia es causa eficiente de su destrucción. Los hombres se corrompen, dice el Estagirita, y por eso es importante, en todo régimen político, “que las leyes y el resto de la administración estén organizadas de modo que no sea posible que las magistraturas sean fuente de lucro” (Aristóteles, Política, V, 8, 15). Cuando esto no se logra y el pueblo cree que los magistrados están robando los bienes públicos, irrumpen los demagogos. El problema radica en que “la mayor parte de los tiranos antiguos han salido de los demagogos” (Aristóteles, Política, V, 5, 6).

Y modernamente también la mayor parte de los tiranos del mundo han surgido de los demagogos que pretendía acabar con la corrupción. Demagogos fueron Hitler, Mussolini, Castro y Chávez para solo mencionar unos cuantos. El régimen político colombiano, según la clasificación de The Economist, es una democracia imperfecta y desde hace años está en el puesto sesenta y algo de entre los más de 150 países incluidos en el escalafón. Siguiendo la clasificación aristotélica de las formas de gobierno, puede decirse que es una oligarquía con algunos elementos de aristocracia. No está mal en libertades civiles ni en pluralismo electoral; pero flaquea en funcionamiento del gobierno, participación y cultura políticas. El tamaño del gobierno es excesivo pero aún tolerable y en la administración, aunque infestada estúpidos y corruptos,  han logrado consolidarse núcleos de eficiencia con funcionarios honestos y competentes.

A pesar de sus imperfecciones, el orden político colombiano es algo que vale la pena defender y contribuir a mejorarlo. La principal amenaza proviene más que de la corrupción de su utilización política por los demagogos que atizarán sin descanso la hoguera de indignación para obtener el favor de los electores. Si los demagogos llegan a tener éxito podría abrirse el paso hacia la tiranía que es la peor forma de gobierno y que puede resultar extremadamente difícil de derrocar. Ahí está la cotidiana y trágica lección de Venezuela, ideal político de los demagogos colombianos.

LGVA

Febrero de 2017. 

martes, 27 de diciembre de 2016

La providencia de la Consejera Bermúdez

La providencia de la Consejera Bermúdez

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Universidad EAFIT

La providencia de la Consejera Luz Jeannette Bermúdez, mediante la cual se admite una demanda de nulidad interpuesta en contra del plebiscito del 2 de octubre y se disponen medidas cautelares, más que absurda e ilógica es peligrosa, pues la teoría sobre la naturaleza del discurso político que lleva implícita atenta contra la libertad de expresión propia de la democracia.

Según la Consejera, las declaraciones del gerente de la campaña de uno de los movimientos políticos que impulsaron el NO prueban que parte del electorado fue inducido a votar de cierta forma mediante “mentiras y engaños” en un claro ejercicio de “violencia psicológica”. Afirma la Consejera, en un tácito reconocimiento de lo absurdo de su posición, que pretender “que se demuestre voto a voto” cuáles de estos fueron “directamente afectados por la consumación” de dicho acto de “violencia psicológica” se constituiría en una “probatio diabólica”, al tiempo que pretende que su propia convicción de que algún elector votó engañado es prueba suficiente de la consumación de un delito de “fraude al sufragante”.

De acuerdo con el razonamiento de la Consejera Bermúdez, el plebiscito debía ser anulado cualquiera hubiera sido su resultado, pues los partidarios del SI, desde la perspectiva de los del NO,  también difundieron mentiras de forma “sistemática y masiva” y crearon “un clima de información sesgada y deliberadamente manipulada”. Más aún, cualquier votación puede ser objeto de una demanda de nulidad y eventualmente ser anulada, según el parecer de los jueces, pues siempre se puede alegar que en ellas está presente el “engaño que anule la libertad del electorado para escoger autónomamente”[1], porque esa es la naturaleza del discurso político.

El objeto del discurso político es la persuasión y no la prueba. El discurso político, enseña Aristóteles en su Retórica, es un razonamiento que, sin el auxilio de axiomas, busca hacer que se haga o se deje de hacer algo frente a una situación objeto de múltiples alternativas[2]. Del discurso político puede decirse cualquier cosa excepto que sea falso o verdadero. Esto último solo puede predicarse del discurso científico. La pretensión de establecer el contenido de verdad del discurso político es absurda y se torna peligrosa cuando procede de una autoridad estatal.

La idea de un discurso político de naturaleza probatoria o, mejor aún, de un discurso político verdadero, procede de Platón quien en su República reserva el ejercicio de la política a los sabios o a los filósofos quienes por naturaleza conocen lo que es el bien de la sociedad. Los demás miembros de la Polis  debían ser forzados a acatar esa verdad mediante la persuasión o la fuerza. Rousseau, el más destacado seguidor de Platón, hace proceder el contenido de verdad del discurso político de la “volonté générale" de cuya correcta interpretación queda el testimonio del régimen del terror de Robespierre, su más notorio discípulo. Marx y sus seguidores se creen dueños de la verdad política porque supuestamente detentan el conocimiento de las leyes de la historia que ineluctablemente conducen al dominio del proletariado en el paraíso comunista. Por su parte, Hitler y sus secuaces se sentían dueños de la verdad en política por pertenecer a una raza. La pretensión de ser portador de la verdad política ha estado siempre asociada al totalitarismo de secta, de clase o de raza.

Asombra la disposición mental de amplios sectores de la sociedad colombiana que los conduce a aceptar las tesis de la magistrada Bermúdez sin considerar las implicaciones que tienen sobre la libertad de expresión y todas las libertades políticas e individuales. Esta disposición mental está detrás del cuestionamiento por amplios sectores intelectuales y periodísticos de la validez de votaciones recientes en Estados Unidos y Reino Unido con el argumento de que los votantes fueron engañados. En una sociedad realmente libre, la libertad de expresión es la libertad que tiene toda persona de difundir con medios de su propiedad lícitamente adquiridos cualquier información o conocimiento sin que importe su contenido y sin que ninguna la autoridad estatal pretenda por cualquier medio decidir sobre su verdad o falsedad.

Como ciudadana, la señora Bermúdez está en todo su derecho de “ver hechos notorios” o, como Juan de Arco, “escuchar voces” que la ilustran sobre las verdaderas motivaciones de los votantes. Pero no tiene derecho a que sus creencias sobre lo que es o no verdad en política determinen sus decisiones judiciales. Ojalá que el resto de los magistrados del Consejo de Estado en esto de la naturaleza del discurso político entiendan que es mejor estar al lado de Aristóteles y el pensamiento liberal que de Platón y el pensamiento totalitario.

LGVA
Diciembre de 2016.  




[1] Las palabras y expresiones entrecomilladas están tomadas de la providencia de la magistrada Bermúdez, en especial de las páginas 50 – 51. http://consejodeestado.gov.co/documentos/sentencias/19-12-2016_11001032800020160008100.pdf

[2] Véase: Oakesshott, M. “El discurso político” en El racionalismo en política y otros ensayos. Fondo de Cultura Económica, México, 2000. Páginas 78-100. 

miércoles, 30 de noviembre de 2016

Bajo el régimen de Fidel Castro, Cuba se empobreció.

Bajo el régimen de Fidel Castro, Cuba se empobreció.

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Universidad EAFIT

A finales de los años 50 la economía cubana era bastante próspera en el contexto de América Latina. En 1960, su PIB por habitante era el quinto de América Latina; después de Uruguay, Argentina, Venezuela y Chile.  En las décadas siguientes fue cayendo relativamente hasta situarse, en 2015,  en el décimo primer lugar del escalafón latinoamericano.



La tabla permite hacer otras comparaciones interesantes:

En 1960, el PIB por habitante de Cuba era equivalente al 65%  del de Uruguay, el país más rico en ese año. Con alzas y bajas, ha mostrado una tendencia descendente hasta situarse en 45%  del de Chile, el país más rico de América Latina de 2015.

El PIB por habitante de  Cuba duplicaba al de  Colombia en 1960. En 2015, el de Colombia excede al de Cuba en 15%. Hay que destacar que entre esos años la población cubana aumentó 60%, pasando de 7,1 a 11,4 millones; en tanto que la colombiana se triplicó, al pasar de 16 a 50 millones.  


Aunque no es el tema de esta nota, no puede omitirse una mención al caso de Venezuela, el país más rico de América Latina en 1980, con un PIB – per cápita que triplicaba el de Colombia. En 2015 sólo lo excede en un 6%. Los otros países del “socialismo siglo XXI” se destacan en la parte inferior de la tabla: Ecuador (13), Bolivia (17) y Nicaragua (19).

El tamaño del PIB es importante, pero también lo es su composición. Por el lado de la oferta al lado de la industria, la agricultura, el comercio, la construcción y otros sectores de actividad, las cuentas nacionales incluyen la “Administración Pública” que incluye los servicios del gobierno: policía, ejército, justicia, etc. En Cuba este rubro representa el 37% del valor agregado, porcentaje superior al de cualquier país latinoamericano.

Otra forma de ver las cosas es por el lado del gasto. Las cuentas nacionales lo descomponen en consumo privado, consumo del gobierno, formación bruta de capital y exportaciones netas. En 2015, Cuba presenta el más bajo consumo privado – 55% del PIB – y el más alto consumo del gobierno – 32% del PIB-  entre las mayores economías de América Latina.



En resumen: bajo el socialismo de los Castro, Cuba se hizo relativamente más pobre entre los países de América Latina al tiempo que el gobierno se apropia, en 2015, de una porción del PIB superior a la de cualquier otro gobierno de la región. O, visto de otra forma, los cubanos son comparativamente más pobres, su consumo es relativamente más bajo y su gobierno más voraz.  

LGVA
Noviembre de 2016. 


miércoles, 23 de noviembre de 2016

Del impuesto a las bebidas azucaradas al impuesto al chicharrón

Del impuesto a las bebidas azucaradas al impuesto al chicharrón

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Universidad EAFIT

El hecho de que la ingesta exagerada de bebidas azucaradas haga obesas a las personas o más propensas a cierto tipo de enfermedades es completamente irrelevante para justificar un impuesto específico a su consumo. La intervención del gobierno en asuntos de salud pública solo está justificada en aquellos casos en los que la imprevisión de los individuos en su autocuidado acarrea consecuencias sobre la salud de otras personas. Esto es lo que da fundamento a la vacunación gratuita y obligatoria y a las acciones públicas contra las enfermedades de transmisión sexual o cualquier enfermedad contagiosa. Ni la obesidad, ni la diabetes, ni las enfermedades vasculares son contagiosas. Si se acepta el argumento del gobierno habría que gravar los dulces, las tortas, los helados, los embutidos y, claro está,  el chorizo, la lechona y el chicharrón.  

Alguien dijo que la gente tiene un solo derecho: hacer lo que le venga en gana con su vida;  y un solo deber: asumir las consecuencias. Si los golosos, los fumadores y los alcohólicos tuvieran que asumir las consecuencias de sus excesos, ese sería un problema para ellos y sus familias, pero no uno de salud pública. El problema radica en la existencia de un sistema de salud de aseguramiento colectivo y obligatorio en el cual todos tratan de maximizar sus beneficios y minimizar sus contribuciones. Los golosos, los fumadores, los bebedores y todos aquellos que no cuidan de su salud le imponen a los demás los costos de sus excesos. 

Pero esto último tampoco es completamente cierto. Es verdad que los golosos, los fumadores y los alcohólicos imponen costos mayores al sistema general de salud; pero si el perfil epidemiológico de la población servida está adecuadamente definido y por tanto lo están las prestaciones y las primas de aseguramiento, ese no debería ser un problema mayor. Los sobrecostos de los obsesos se compensarían con los menores costos de atléticos y los de los borrachos con los de sobrios de la misma forma en que se compensan los de las personas mayores con los de los jóvenes y adultos saludables.

Hay algo más. Se supone que las  EPS deben destinar parte de la UPC que reciben a financiar actividades y programas de salud preventiva. Dentro de esto deberían estar incluidas  acciones tendientes a prevenir la obesidad y los consumos y prácticas que atentan contra la salud. No se tienen noticia de ningún gimnasio financiado por las EPS ni de que hayan realizado campañas masivas contra el apetito desenfrenado, la ingesta desmedida de bebidas azucaradas, el tabaquismo o el alcoholismo. Finalmente, antes de adoptar  en un impuesto odioso que castiga a todo mundo y no sólo a los golosos, podría pensarse en que éstos y todos aquellos que no cuidan de su salud hagan una contribución adicional al sistema de aseguramiento colectivo  pagando una prima más elevada o asumiendo copagos mayores que las demás personas.

Como consecuencia del debilitamiento de régimen contributivo frente al subsidiado, de las  decisiones judiciales que llevaron a la desaparición del POS y de la cadena de abuso y corrupción erigida con los procedimientos no POS y los medicamentos de alto costo el sistema de salud se desfondó y desde hace años sobrevive precariamente por acciones puntuales lideradas por el Ministerio de Salud. El gobierno renunció a impulsar en el congreso una reforma del sistema de salud que mediante una definición adecuada del plan de servicios y del monto de las contribuciones garantizara su sostenibilidad de largo plazo. En lugar de ello se aprobó una ley estatutaria que convierte la salud en un derecho lo que para los jueces de la República significa un plan de servicios ilimitado. No es inútil recordar que la ley estatutaria fue impulsada por el médico-congresista-empresario Roy Barreras quien, como presidente del senado, al mismo tiempo se encargó de sabotear el proyecto de ley reglamentaria presentado por el ministro Alejandro Gaviria.

El sistema de salud está desde hace varios años en situación de insolvencia que hasta el presente ha podido ser paliada con los recursos extraordinarios de que dispuso el gobierno gracias a la bonanza petrolera. Pero esto ya se agotó como se agotó también el tiempo y la capacidad de maniobra del gobierno para encarar el problema de fondo del sistema: el exceso de gasto sobre los ingresos. El gobierno está urgido de los $ 900.000 millones anuales que espera recaudar con el impuesto a las bebidas azucaradas para tratar de solventar durante un par de años el sistema y dejarle el embuchado de la reforma al nuevo gobierno. Esa es la verdad monda y lironda que el Ministro Gaviria, ilustre economista, conoce bien pero que  se ve obligado a maquillar perorando insistentemente sobre azúcares, obesidad, diabetes y sabe Dios qué más en un incómodo rol de médico salubrista que definitivamente no le cuadra.

LGVA

Noviembre de 2016.   

lunes, 21 de noviembre de 2016

Beba de su propia medicina, Ministro Cárdenas

Beba de su propia medicina, Ministro Cárdenas

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Docente, Universidad EAFIT

Si fuera puramente estructural, la reforma tributaria podría ser buena; pero, urgido como está de recaudar cerca de $ 8 billones, el gobierno corre el riesgo de obtener solo algún dinerillo, digamos dos puntos IVA y una ligera ampliación de la base de las personas naturales, dejando en el alambrado buena parte de aquellos cambios que apuntan al establecimiento de un régimen tributario más eficiente y neutral, libre de todas las gabelas que lo adornan como árbol de navidad.

Ya el Ministro de Hacienda admitió que de no aprobarse la reforma se tendría que hacer un recorte del gasto público de 30 billones en los próximos 3 años. Aunque el Ministro lo dijo con un aire de tragedia, se trata de una excelente noticia que debería estar acompañada de una propuesta concreta y de aplicación inmediata. Podría, por ejemplo, adicionarse a la reforma un artículo que autorizara al Presidente para suprimir y fusionar entidades del nivel central y recortar los gastos de funcionamiento de todas las demás con la meta reducir en $ 4,5 billones el presupuesto general de la Nación de 2017.  Esto podría hacerse con la asesoría de la comisión de estudio del gasto que se propone crear en el artículo 310 del proyecto de reforma, en un reconocimiento palmario del gasto excesivo y mal orientado.  

La comisión se instalaría el primero de enero y tendría un plazo de dos meses para rendir su informe. Un mes después el Presidente expediría los decretos respectivos y se retomaría el camino perdido de la austeridad y la responsabilidad fiscal. Para los demás aspectos de ordenamiento, eficiencia y priorización del gasto, la comisión tendría un plazo mayor. Si en 2011 pudo el gobierno en un par de meses resucitar tres ministerios y crear una veintena de “agencias” paralelas, bien podría hacerlas desaparecer en ese mismo lapso. Buena parte de las funciones de esas “agencias” pueden ser asumidas por los ministerios.

Esto le daría a la reforma la legitimidad social y política de la que carece y al ejecutivo la independencia y autoridad requerida para enfrentar a lobistas y congresistas fletados encargados de mantener las gabelas de que disfrutan algunos sectores de la actividad económica.  Los mercados, las calificadoras de riesgo, los empresarios nacionales y los inversionistas verían con buenos ojos una reforma que, liberada de su propósito alcabalero, sería, ahí sí, verdaderamente estructural.

Pero realmente ni sería necesario convocar esa comisión para hacer propuestas sobre el gasto. En 2007, el entonces Ministro de Hacienda Oscar Iván Zuluaga convocó una Comisión Independiente de Gasto Público, encabezada por el exministro Rodrigo Botero y de la que hicieron parte Armando Montenegro, Alejandro Gaviria, Gabriel Rosas y  Mauricio Cárdenas. Dicha comisión hizo una serie de recomendaciones que fueron desatendidas en su casi totalidad, pero que no es ocioso recordar porque siguen siendo pertinentes en la coyuntura actual.

Propuso en su informe la comisión un recorte inmediato del presupuesto de la Nación de $ 1,5 billones. Este recorte era equivalente a un 1,2% del presupuesto de 2008, lo que aplicado al presupuesto de 2017 arrojaría un recorte de $ 2,7 billones. Se propuso también la venta de la participación de la Nación en ISA y la venta de las acciones en ISAGEN, CORELCA y URRÁ. Con estas enajenaciones se esperaba recaudar poco más de $ 7 billones, que debían destinarse, a juicio de los expertos, a la reducción de la deuda pública. Como se sabe, el gobierno actual vendió su participación en ISAGEN destinando los recursos a la financiación de carreteras, no a la reducción de la deuda.

Hay otra serie de propuestas que el Ministro Cárdenas, coautor del informe,  haría bien en repasar. Le convendría también recordar la perentoria exhortación que encabezaba el informe: “Se le recomienda al Gobierno que haga un esfuerzo de ahorro”. ¿Por qué no hacer, doctor Cárdenas, como ministro, lo que antes recomendaba como experto consejero?

Un recorte inmediato de 2% del presupuesto de nacional arrojaría un ahorro de $ 4,5 billones. La venta de las acciones de ISA, cuya pertenencia a la Nación carece de toda justificación como bien lo sabe el Ministro Cárdenas, aportaría recursos frescos por más de $ 5.6 billones, cifra que resulta de multiplicar 569.472.561 acciones por su precio de mercado de $ 9.900 por acción. Empresas como EPM,  EEB y muchas otras más se disputarían ferozmente tan suculento bocado.

Esos recursos, que sumados ascienden a $ 10,1 billones, superarían con creces lo que se busca recaudar con la reforma tributaria en el primer año. Para más adelante, por lo menos en el presupuesto de 2018 que corresponde al actual gobierno presentar, debería hacerse que los gastos crecieran por debajo de la inflación destinando el exceso que resulte sobre los ingresos corrientes a la reducción de la deuda;  ingresos estos que deben incrementarse si, como pretende el Gobierno, la reforma reactiva la economía. Es claro pues que no es necesario ningún aumento de los impuestos,  para ello basta con que el Ministro Cárdenas beba un poco de su propia medicina.

LGVA
Noviembre de 2017.  



miércoles, 16 de noviembre de 2016

Donald Trump o la amenaza proteccionista

Donald Trump o la amenaza proteccionista

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Docente Universidad EAFIT

La elección de Donald Trump supone un alto riesgo para la economía global si llegan a materializarse sus promesas proteccionistas como el retiro de los Estados Unidos del NAFTA, en caso de que sus socios no acepten su renegociación, y la  imposición de aranceles elevados a las importaciones procedentes de China. La economía mundial ha conseguido evitar impactos  más graves sobre el crecimiento y el empleo de la crisis de 2008-2009 gracias a la política monetaria a ultranza de los grandes bancos centrales y, principalmente, a que la mayoría de países de mundo han resistido hasta ahora la tentación proteccionista, permaneciendo fieles a sus acuerdos de libre comercio y a las reglas de la OMC. El resurgimiento del proteccionismo en los Estados Unidos puede desatar una guerra arancelaria que daría al traste con la frágil recuperación de la economía mundial. 

En su clásico estudio “La crisis económica 1929-1939”, Kindleberger muestra que el comercio mundial, medido por el valor de las importaciones de setenta y cinco países, pasó de un valor mensual de US$ 2.998 millones, en enero de 1929, a US$ 2.739 millones en enero de 1930, para una caída de 9%.  En los años siguientes se presentaron caídas de 33%, 35% y 18% de tal suerte que en enero de 1933, en lo más profundo de la depresión, el comercio mundial era una tercera parte del registrado en enero de 1929. Entre 2008 y 2009 las importaciones mundiales cayeron un 23%, al pasar de US 15,8 billones a US$ 12,2 billones. En 2010 y 2011 se recuperaron vigorosamente, creciendo 20% en cada uno de esos años. Posteriormente han continuado aumentando, aunque a tasas inferiores, 2% anual.

En la gráfica se muestra la evolución del índice importaciones en los cuatro años siguientes a los de las crisis bursátiles - 1929 y 2008, respectivamente -que se toman como año base. Para el período 1929-1933 se tomaron las cifras de comercio mensual de mercancías reportadas por Kindleberger y para el período 2008-2012 se usaron datos de la OMC.  El contraste no puede ser más marcado. 



Cuenta Kindleberger, que las tendencias proteccionistas habían comenzado a manifestarse ya en los años 20. Con el objeto de ponerles freno, se realizaron en 1927 y 1929 sendas conferencias económicas mundiales en las que se pactaron reducciones arancelarias que no llegaron a materializarse a causa de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, donde, en mayo de 1929,  la Cámara de Representantes había aprobado el proyecto de arancel Smoot-Hawley, que se convertiría en ley en junio de 1930, a pesar de las protestas formales de 38 países y del rechazo de 1028 economistas de Estados Unidos que pidieron al presidente Hoover que vetara la ley[1].  La reacción no se hizo esperar y en el curso de unos pocos meses Suiza, Canadá, Italia, Francia, México, Australia, Nueva Zelanda elevaron sus aranceles.[2]. El “remedio casero” del partido Republicano, como Schumpeter denominó el arancel Smoot-Hawley, había desatado una guerra arancelaria que provocó la violenta contracción del comercio mundial y ahondó la recesión en todos los países.

Con cifras de 2014[3], Estados Unidos, con un 12,6%,  es el primer importador mundial de mercancías y el segundo exportador, con una participación de 8,5%.  Es también el primer importador y exportador de servicios comerciales. El 27% de sus importaciones proceden de Canadá y México, sus socios del NAFTA, y allá van también en el 34% de sus exportaciones. De China llegan el 19,9% de sus importaciones y allá van el 7,7% de sus exportaciones. Cualquier medida unilateral contra estos países tendría impactos fuertes sobre sus economías. México y Canadá están muy expuestos ya que el 80%  y el 75% de sus exportaciones respectivas van a Estados Unidos. China está menos expuesto con un 18%. 

No se  necesita mucha ciencia económica para comprender lo que infructuosamente los economistas norteamericanos trataron de hacerle entender al presidente Hoover y a los políticos de Washington. Sin embargo, como el proteccionismo no parece haber sido completamente extirpado, no está fuera de lugar recordar sus sencillas y sensatas palabras a propósito de la implantación del arancel  Smoot-Hawley:

“Nuestro comercio de exportación sufrirá. Los otros países no pueden comprarnos permanentemente a menos que les permitamos vendernos, y cuanto más restringimos las importaciones provenientes de ellos por medio de tarifas elevadas más reducimos la posibilidad de venderles nuestras exportaciones”.

Y añadían esta advertencia:

“Hay ya múltiples evidencias de que tal acción inevitablemente provocará que otros países nos paguen con la misma moneda mediante la aplicación de gravámenes retaliatorios contra nuestros productos”[4]

Y así sucedió en efecto en los años 30 y volverá a ocurrir ahora pues ni entonces ni hoy Estados Unidos está libre de represalias comerciales. Si esto ocurre, al igual que en aquel entonces, la política de empobrecer al vecino terminará por empobrecer a todo el vecindario.

LGVA
Noviembre de 2016.




[1] Este documento, que salva en algo el honor de la profesión pues al otro lado del Atlántico Mr Keynes estaba proponiendo gravar las importaciones, se reprodujo en 2007. Entre las firmas destacadas se encuentran las de Irving Fisher y Frank Taussing. Véase:  “Economists Against Smoot-Hawley” en Econ Journal Watch Volume 4, Number 3, september 2007, pp 345-358.

[2] Véase: Kindleberger, Ch. P. (2009). La crisis económica 1929-1939. Editorial Capitán Swing, Madrid, 2009. Páginas 209-213 y páginas 277-286.

[3] World Trade Organization (2016). Trade Profiles 2015. Página 193.  https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/trade_profiles15_e.pdf

[4] “Economists Against Smoot-Hawley” en Econ Journal Watch Volume 4, Number 3, september 2007, pp 349.