lunes, 19 de septiembre de 2016

Para salvar los acuerdos, voy a votar NO


Para salvar los acuerdos, voy a votar NO

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista, Universidad EAFIT

I

El 30 de julio publiqué en mi blog un artículo titulado “Una reflexión sobre los acuerdos de La Habana y cinco propuestas para mejorarlos”. En verdad no me hacía ninguna ilusión de que mis propuestas de mejora fueran acogidas, pero tampoco creía que se introducirían nuevas cosas que los empeoraran. Acerté en lo primero, me equivoqué en lo segundo. El acuerdo final es peor de lo que imaginé. La evaluación que hice en ese  artículo, basada en lo que en ese momento se conocía, se aplica casi en su totalidad a lo que se firmó y será votado por los colombianos el 2 de octubre. Algunos amigos y jóvenes que se acercan a mi blog han querido conocer cuál es mi posición sobre el texto final de los acuerdos. Les respondo con este artículo tratando de añadir algunas cosas nuevas, pero lo fundamental está dicho en el escrito mencionado del cual retomo algunos elementos.

Quiero dejar en claro de entrada la perspectiva desde la cual leo, entiendo, evalúo y votaré los acuerdos. Rechazo la teoría de las causas objetivas del conflicto, la cual, a mi modo de ver presidió las negociaciones. Creo, por el contrario,  que la insurgencia de las FARC carecía de toda justificación económica y política y que la sociedad colombiana – su economía y su régimen político - sin alcanzar la perfección, daba y da garantías de movilidad económica, social y política mayor que buena parte de países del mundo. Como muchos  otros esperaba que con el derrumbe del comunismo las FARC se fueran extinguiendo por sí solas. Su vinculación al narcotráfico, primero, y el apoyo del régimen chavista, después, impidieron que se cumpliera su melancólico destino, al tiempo que se transformaban  en una poderosa organización delincuencial empeñada en acrecentar su riqueza proveniente de rentas ilícitas. No creo en aquello de la violencia generalizada multidimensional y mucho menos en la existencia de una guerra civil. Lo que padecía Colombia era una guerra contra los civiles de la cual las Farc eran el artífice más destacado y, en consecuencia, la sociedad y sus gobiernos tenían toda la legitimidad para combatirlas.  

Como muchos colombianos que comparten esta visión, siempre fui partidario de una solución negociada pero sobre la base de que la ofendida era la sociedad, la cual, desde una posición fuerte, se allanaba a hacer concesiones generosas a sus ofensores a cambio de que desistieran de sus conductas criminales. No fue esa la posición del gobierno y sus negociadores de La Habana y por ello discrepo de la posición de Humberto de la Calle - cuyo sacrificio personal y entrega valoro, al igual que el de los demás negociadores – cuando afirma que el alcanzado es el mejor acuerdo posible, aunque naturalmente entiendo que no pueda decir otra cosa.

Declaro sin ambages que, por repugnante que pudiera ser, estuve siempre convencido y lo estoy ahora de que la negociación debía conducir a la impunidad total o casi total de los miembros de las FARC y a su participación en política con ventajas transitorias. A mi juicio, el acuerdo de dejación y entrega de armas es enteramente satisfactorio, el mejor concebido, el más claro y el mejor escrito de todos los que salieron de La Habana. El problema es lo que como sociedad vamos a pagar por ello.  

II

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue diseñada para garantizar impunidad a los guerrilleros de las FARC sin que el País se viera obligado a denunciar el Tratado de Roma. Esta es la verdad monda y lironda. Nunca entendí, ni entiendo todavía, por qué en lugar un procedimiento tan tortuoso, confuso, costoso y riesgoso como la JEP, no se optó por pedir un dispensa de 15 o 20 años a la aplicación en Colombia de dicho tratado y garantizarle la impunidad a las FARC como se hizo con otros grupos guerrilleros.  

Mi objeción fundamental a la JEP es que su competencia extienda a “todos los participantes en el conflicto, de forma directa o indirecta, combatientes o no combatientes” quienes “deberán asumir su responsabilidad por las graves violaciones e infracciones cometidas en el contexto y en razón del conflicto armado”. Esto se reitera una y otra vez a lo largo del documento. A pesar de los matices que se introducen – colaboración que no sea resultado de coacciones o participación determinante o habitual – son muchas las personas que están en riesgo de ser llamadas a responder ante la JEP. El acuerdo abre la Caja de Pandora al establecer que además de la información allegada por las autoridades judiciales que hayan proferido sentencias o resoluciones sobre actos cometidos en el conflicto; los tribunales de la JEP recibirán “informes de organizaciones de víctimas y derechos humanos relativos también a los actos delictivos cometidos durante el conflicto”, informes estos a los que la JEP dará el mismo tratamiento que a los emanados de las autoridades judiciales.  

En el artículo mencionado propuse, para no caer en el berenjenal en que se convertirá la  JEP,  limitar su competencia a los guerrilleros de las FARC y excluir de su jurisdicción obligatoria a todos los demás ciudadanos. Los militares y civiles que enfrentan causas en la justicia ordinaria por actuaciones relacionadas con el conflicto, podrían acogerse voluntariamente a la JEP. Para juzgar sus actuaciones se tendrían en cuenta únicamente los expedientes y sumarios aportados por las autoridades judiciales y en ningún caso los informes de terceros. Creo que aún es posible, sin menoscabo de lo fundamental de los acuerdos, enmendar este entuerto que a mi modo de ver amenaza su sostenibilidad.

III

El tema de la participación en política o, más precisamente, de la representación de las FARC en el Congreso, se trata en dos partes: en el acuerdo 2, sobre participación en política, y en el 3,  de fin al conflicto. En el primero se crean 16 circunscripciones electorales de cámara para uso exclusivo de las FARC y en el segundo se le garantizan 5 curules en senado y 5 en cámara, en las circunscripciones ordinarias.  Se les dan otras gabelas como el control de 32 emisoras FM y, hasta 2026, el 10% del presupuesto nacional para la financiación del funcionamiento de partidos y movimientos políticos.

En las elecciones para senado de 2014 se registraron 14.310.367 votos. Para obtener cinco curules habrían sido necesarios más de 700.000 votos. Suponiendo un crecimiento de 25% - en 2018 votarán para senado cerca de 18.000.000 de colombianos. Con esta votación la cifra repartidora, es decir, el número de votos requeridos para elegir un senador, bordeará los 160.000. Las cinco curules que se le entregarán a las FARC equivalen a reconocerle un potencial electoral ligeramente superior a 800.000 votos en 2018.  

Las 21 curules de cámara superan la representación de Bogotá, Antioquia o Valle;  igualan a las que tienen conjuntamente Atlántico, Cundinamarca y Santander; superan las de Bolívar, Boyacá y Tolima, tomadas en conjunto, y también las de Cauca, Cesar, Huila y Risaralda y ampliamente exceden las del grupo conformado por  Meta, Quindío y Sucre. Con esas curules, las FARC serían hoy la cuarta fuerza política de la Cámara, por encima del Centro Democrático y de Cambio Radical. Tendría dos curules menos que las de todos los otros movimientos políticos menores que suman 23, obtenidas con más de 2 millones de votos.

Con las cifras electorales de 2014, a las FARC se les estaría reconociendo un potencial electoral de más de 700.000 votos en Senado y alrededor de 2 millones en Cámara. En su primera incursión, que tuvo lugar en las legislativas de 1986, la Unión Patriótica, que se proclama como el brazo político de las FARC,  obtuvo 2 curules en el senado y 3 en la cámara. En las de 1990, obtuvo una curul en cámara y en las de octubre de 1991, realizadas después de que la constituyente revocara el Congreso, la UP obtuvo 1 senador y 3 representantes. A cada quien de juzgar si lo otorgado es mucho o poco, pero a mi francamente me parece excesiva la significación política que se les reconoce a las FARC y excesivas las gabelas adicionales que ponen en clara desventaja a los demás partidos y movimientos políticos.

IV

El acuerdo sobre “Política de desarrollo agrario integral”, que  ha sido recibido con alborozo por los portaestandartes de “las causas objetivas del conflicto”, no es otra cosa que la resurrección del agrarismo de los años 50 y 60 con su obsesión por la pequeña propiedad parcelaria y “la economía campesina, familiar y comunitaria” cuya supervivencia debe garantizarse con toda clase de subsidios sin que importen los costos que se imponen al resto de la sociedad.

El fondo de tierras de distribución gratuita será permanente y dispondrá de 3 millones de hectáreas en los diez primeros años de funcionamiento. En ese mismo lapso, se deben formalizar “todos los predios que ocupa o posee la población campesina”, donde seguramente estarán incluidos los predios ocupados o poseídos por los militantes de las FARC, sus parientes y allegados. Se da una cifra de 7 millones de hectáreas que deben formalizarse en 10 años. En total se negociaron diez millones de hectáreas equivalentes al 8,75% de la extensión territorial de Colombia: 114.2 millones de hectáreas. Sin embargo, como es de suponer, hay que excluir los 33 millones de hectáreas de resguardos indígenas, con lo cual la extensión territorial contra la cual hay que comparar se reduce a 81,2 millones de hectáreas. Así las cosas, los 10 millones de hectáreas equivalen al 12,31% del territorio colombiano disponible, descontado los resguardos indígenas. Ahora bien, según el Censo Agropecuario de 2013, el área agropecuaria era de  43,1 millones de hectáreas: 34,4 millones de pastos y  7,1 millones la superficie cosechada. Por tanto, los 10 millones de hectáreas equivalen al 23,2% de la superficie agropecuaria del País o al 140,85% del área cosechada.

Las tierras distribuidas gratuitamente o adquiridas con subsidios y créditos especiales serán inalienables e inembargables durante un período de 7 años. Las zonas de reserva campesina (ZRC), creadas por la ley 160 de 1994 y de las cuales ya existen seis, adquieren rango constitucional con la incorporación de los acuerdos al llamado bloque de constitucionalidad.  

No hay nada que objetar a la pretensión de que en el campo coexistan propiedades de la más diversa extensión; de la misma forma que en el comercio, la industria o los servicios coexisten empresas de todos los tamaños. La competencia se encarga de establecer la escala mínima que permite la supervivencia de los negocios en las distintas actividades. Igual cosa debería ocurrir en el campo. Pero no, el acuerdo está marcado por la obsesión de mantener a cualquier costo la pequeña propiedad sin que importe si es o no productiva y pueda garantizar, de forma competitiva, un ingreso adecuado al campesino. Subsidios directos, créditos subsidiados, seguros de cosecha subsidiados, compras públicas subsidiadas, planes gubernamentales de comercialización subsidiados, centros de acopio subsidiados, etc. esos son los pilares sobre los que descansa la supervivencia de la idolatrada “economía campesina, familiar y comunitaria”.

Las zonas de reserva campesina (ZRC) son una especie de falansterios igualitaristas. Ya existen 6 con una extensión de 900.000 hectáreas y 95.000 habitantes y se crearán más con parte de las tierras de fondo. Allí todo mundo debe tener la misma cantidad de tierra: la unidad agrícola familiar (UAF), definida como la extensión de tierra que permite remunerar el trabajo de la familia y obtener un excedente capitalizable. Normalmente, la UAF no admite más que el trabajo del propietario y su familia, aunque excepcionalmente puede emplear “mano de obra extraña”. El propietario de la UAF no puede venderla antes de quince años de su primera adjudicación y sólo puede transferirla, con autorización del gobierno, a campesinos sin tierra o minifundistas. Nadie puede ser propietario de dos o más UAF ni emplear sistemáticamente trabajo asalariado. La UAF no puede ser dividida materialmente, lo que lleva al restablecimiento de la institución feudal del mayorazgo.  En definitiva, a los campesinos de las ZRC se les niega la posibilidad de ser más productivos que sus vecinos, transformarse en empresarios y enriquecerse.  Si alguien escoge libremente  trabajar y vivir esas condiciones está en todo su derecho, pero es infame que se le imponga a cualquiera. Las limitaciones a la enajenación destruyen todo incentivo  a la valorización de la propiedad y el campesino que eventualmente se aburra de tanta igualdad está condenado a salir arruinado al estar obligado a venderla a muy bajo precio a alguien más pobre que él. En la práctica esto lleva a que el campesino de la ZRC no tenga salida. Es ominoso que una figura de esta naturaleza haya sido incluida en una ley y más ominoso aún que vaya a quedar incorporada en la Constitución una vez que los acuerdos de La Habana pasen a ser parte del “bloque de constitucionalidad”.

Como libertario, de la misma forma que no puedo objetar que alguien quiera entrar al seminario o al convento, no tengo objeción al hecho de que algunas personas encuentren atractivo optar por formas ineficientes de organizar sus actividades productivas como las cooperativas, los resguardos, la pequeña propiedad parcelaria, la propiedad comunitaria o las Zonas de Reserva Campesina. Creo que al igual que los seminarios y los conventos, esas formas de organización de la producción son muy buena alternativa de vida para quienes tienen vocación y se acogen libremente a ellas. No me parece aceptable que quienes optan por la ineficiencia productiva pretendan tener los patrones de consumo de la economía moderna y reclamen por ello un subsidio a cargo de los ingresos del resto de la sociedad. Porque detrás del espejismo de la redistribución de la tierra, que regocija a las almas justas, la esencia del acuerdo agrario es la restricción de la libertad económica a un campesinado que permanecerá atrapado en pobreza y la dependencia.

Creo que algunos de los aspectos más ominosos del acuerdo agrario pueden superarse con decisiones relativamente simples. Se debe privilegiar la inversión  en bienes públicos, fundamentalmente vías terciarias y fijar un límite temporal a los subsidios directos e indirectos que se contemplan. Los campesinos que reciban tierra del fondo de distribución de tierras deben poder disponer libremente y en cualquier momento de su propiedad sin restricción alguna. Todos los campesinos, y en especial los de las ZRC, deben también poder explotar sus talentos naturales, emplear trabajo asalariado, acrecentar el tamaño de sus parcelas, disponer libremente de su propiedad y venderla a quien deseen a un precio libremente acordado. Esos campesinos, como todos los colombianos, deben tener libertad económica pues sin ésta no hay libertad política ni libertad de ningún tipo. Para garantizar a los campesinos el derecho a la salida de las ZRC, el gobierno debe comprometerse a adquirir las UAF que se le ofrezcan por su precio de mercado, es decir, al precio de propiedades de características similares que no hagan parte de ninguna ZRC. A las FARC no les debería resultar repugnante una modificación del acuerdo agrario en los aspectos indicados  pues con ellas simplemente se le otorga al campesinado que dicen defender la libertad elegir su destino y hacerse responsable de las consecuencias de su elección.

V

El de “solución al problema de las drogas ilícitas” es el más retórico y gaseoso de todos los acuerdos. Las Farc no reconocen ninguna responsabilidad en el narcotráfico, salvo una alusión general según la cual “…la producción y comercialización de drogas ilícitas también han atravesado, alimentado y financiado el conflicto interno”. De ahí que su compromiso sea igualmente general: “poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno”. Se le ha enrostrado a las Farc  el no haber informado en la mesa de negociación de su riqueza proveniente del narcotráfico, la extorsión y el secuestro y no haber puesto esa riqueza a disposición del gobierno para la indemnización de las víctimas.  No se puede ser más ingenuo. ¿Por qué no pedirles la declaración de renta y patrimonio, los datos sobre sus cuentas en el exterior y las coordenadas de las caletas donde guardan el efectivo? En la mesa de negociaciones correspondía a los representantes del gobierno, respaldados por la fiscalía y el sistema judicial, poner en evidencia esa riqueza y forzar a los representantes de las Farc a reconocer la realidad de los hechos. Por pusilanimidad, falta de información o incompetencia no hicieron nada y las Farc quedaron como la Pobre Viejecita y los negociadores del gobierno como Simón el Bobito.

El único compromiso real es el del gobierno con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) que “tendrá un carácter civil”, contará con la “participación activa de las comunidades” y tendrá como principio fundamental “la sustitución voluntaria”. En caso de que los cultivadores no se allanen a la erradicación voluntaria “el gobierno procederá a la erradicación de los cultivos de uso ilícito, priorizando la erradicación manual donde sea posible, teniendo en cuenta el respeto por los derechos humanos, el medio ambiente y el buen vivir”. Las Farc insisten que en cualquier caso, así quedó consignado en el acuerdo, la erradicación debe ser manual. Lo acordado en La Habana deja el problema del narcotráfico en una situación peor pues en la práctica otorga a las Farc un casi-monopolio de la producción y comercialización de la hoja de coca pues la mayor parte de los cultivos están en territorios bajo su control. Mientras la cocaína tenga el alto precio que le da la ilegalidad, el PNIS es una broma.

Un cálculo de tienda para apreciar la significación económica del narcotráfico en Colombia. Una hectárea de coca rinde unos 5 kilogramos de cocaína. Las 96.000 hectáreas sembradas en el País, según la Oficina de la Naciones Unidas contra la droga y el delito, tienen una producción potencial de 480.000 kilogramos, la cual, a un precio de consumidor final de US$ 30.000/kilogramo, alcanzaría un valor de US$ 14.400 millones. Suponiendo que el valor agregado nacional sea el 20%, se tendría una cifra máxima del orden de US$ 2.880 millones como valor del PIB cocainero de Colombia, alrededor del 1% del PIB total. Esta cifra debe ser ajustada a la baja porque no todas las plantas sembradas están en plena producción y hay que descontarle los decomisos. Colombia no es una narco-economía, sin embargo, el control de parte de esa renta le da a cualquiera un poder significativo.   

El del narcotráfico es el típico delito sin víctimas. Es un delito que existe porque la legislación positiva así lo dispone. La solución al problema del narcotráfico pasa por su descriminalización total. La descriminalización de la marihuana debe hacerse de forma inmediata, en un plazo no mayor de un año, como ya lo hicieron países como Uruguay, Holanda, Portugal y varios estados de los Estados Unidos sin verse obligados a denunciar la Convención de Viena de 1988. El gobierno debe tomar el toro por los cuernos y, en el marco de los acuerdos o fuera de ellos, crear una comisión de expertos para que en seis meses proponga el procedimiento y el cronograma de descriminalización de la producción, comercialización y consumo de todas las drogas ilícitas que debe estar concluida en un lapso de dos años.

VI

Hay otras cosas de los acuerdos que no me gustan como tener que financiar con mis impuestos las campañas electorales de las FARC, que hasta 2026 dispondrán del 10% del presupuesto nacional para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos; la flagrante violación de la autonomía de las entidades territoriales al hacer obligatoria la incorporación del PNIS y otras medidas para implantación de los acuerdos en los planes de desarrollo de departamentos y municipios, a cuya financiación deberán destinar parte de los recursos del SGP;  la composición y el poder otorgado a la Comisión Seguimiento y Verificación (CSVR) y, la cereza del postre, la incorporación de los acuerdos en el llamado bloque de constitucionalidad.

La CSVR, compuesta por tres representantes de las FARC y tres del gobierno,  está encargada de elaborar el Plan Marco a diez años para la implantación de los acuerdos, plan que será adoptado mediante documento CONPES;  verificar anualmente su cumplimiento y garantizar la inclusión en los planes nacionales de desarrollo de dos períodos presidenciales de un capítulo correspondiente al plan cuatrienal de cumplimiento de los acuerdos. A las reuniones de la CSVR podrán ser invitados – seguramente lo serán – los representantes de las FARC en el Congreso. ¡Qué Dios se apiade de los 3 representantes del gobierno que tendrán que sentarse con 29 representantes de las FARC en esa comisión!

Desde un principio las FARC propusieron una asamblea constituyente para la aprobación de los acuerdos. El gobierno, en acto de inigualable firmeza, les negó la constituyente y les entregó media constitución. Los dirigentes de las FARC creen candorosamente que con eso del bloque de constitucionalidad quedan blindados los acuerdos. A lo mejor nadie les ha informado que si algo no se respeta en Colombia es la constitución. El País tiene el hábito de violar el principio de legalidad: si una ley no permite algo, pues la cambiamos; si la constitución lo prohíbe, pues la reformamos. La constitución del 91 se ha reformado 41 veces, incluido el acto legislativo para la paz, una reforma cada siete meses y medio. ¿Qué impide hacer una más?

Una vez pasada la euforia de la paz, es muy probable que los colombianos empiecen a leer los acuerdos con la mirada distinta: les dejaron la coca; les dieron control político territorial con las 16 circunscripciones electorales de uso exclusivo; les dieron rango constitucional a esos falansterios igualitaristas de las ZRC que pueden ampliar con el fondo de tierras; les van a legalizar las tierras ocupadas;  les otorgaron gabelas electorales inicuas;  les montaron un sistema judicial para dejarlos limpios de toda culpa y, de contera, perseguir a sus enemigos; pusieron el CONPES bajo su tutela, en fin,  les metieron los acuerdos en los planes de desarrollo de la nación, los departamentos y los municipios durante los próximo 10 años.

El gobierno, los negociadores de La Habana y casi todos los defensores del SI, parecen ser conscientes de que hay algo excesivo en lo concedido a las FARC. Repiten incansablemente que ese era el mejor acuerdo posible y nos invitan a tragarnos los sapos y votar SI. El problema es que como cualquier negocio, y estamos hablando de un negocio, de un quid pro quo, para que un acuerdo sea efectivamente “estable y duradero” es necesario que las partes sientan que están ganando.

Las FARC negociaron con un gobierno que en 27 meses será cosa el pasado. El gobierno está satisfecho con lo acordado y lo estará después de que todo esté consumado. Otra cosa es la opinión pública cuyo estado mental cambia con enorme facilidad, de momento en su mayoría solo quiere votar SI “pa ´que se acabe la vaina y después veremos”, pero que mañana puede pensar otra cosa. Otros actores empezarán a recelar de lo acordado: los gringos, cuando vean aumentar el área sembrada de coca; los movimientos políticos menores, cuando perciban la desventaja en las que los pone lo concedido a las FARC; los empresarios y terratenientes, cuando empiecen a ser llamados a responder ante la JEP; los alcaldes y gobernadores que resulten elegidos en las dos próximas elecciones, cuando encuentren que sus planes de desarrollo ya están parcialmente definidos. Son muchos los dirigentes políticos de los partidos promotores del SI que están tragando sapos de forma consciente esperando el momento  propicio para regurgitarlos.

Lesión enorme es el nombre de una figura jurídica a la que puede recurrir una de las partes para rescindir un contrato cuando considera que los términos acordados son abusivos o injustos. No es improbable que a medida que los actores mencionados y la opinión pública en general vayan asimilando las consecuencias de las concesiones otorgadas a las FARC, se vaya conformando un bloque político y social que busque rescindir ese contrato viciado de lesión enorme. El resultado de las elecciones de 2018 será definitivo para la “sostenibilidad y durabilidad” de los acuerdos. Si en las presidenciales y las legislativas se impone un bloque político de partidos y movimientos inconformes con los acuerdos – de los que votaron NO y también de muchos de los que votaron SI – podría conformarse en el Congreso una mayoría que apruebe lo necesario, incluida una nueva reforma constitucional, para modificarlos total o parcialmente. En ese evento, el gobierno y especialmente las FARC, ganando el plebiscito, podrían resultar perdiendo.  A lo mejor les convendría estar dispuestas a negociar tanto en el evento improbable de que gane el NO como en el casi seguro de que gane el SI. Para darle a las FARC la oportunidad de hacer los ajustes requeridos para que el acuerdo sea verdaderamente “sostenible y duradero” y no sea barrido por la reacción que se producirá cuando pase la fiesta de la paz y venga la resaca de la cuenta, voy a votar NO.



LGVA

Septiembre de 2016.  

domingo, 21 de agosto de 2016

Saudade de los Juegos Olímpicos de Rio


Saudade de los Juegos Olímpicos de Rio

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista, Docente Universidad EAFIT



Tres medallas de oro, dos de plata y tres de bronce, que le valieron el lugar 22 entre 207 participantes, se constituyen en la mejor participación de Colombia en los Juegos Olímpicos. Mariana Pajón, Catherine Ibargüen, Oscar Figueroa, Ingrit Valencia, Yuberjén Martinez, Yuri Alvear, Carlos Ramirez y Luis Javier Mosquera nos han dado una alegría sin límites compartida por todos los colombianos. También nos dieron alegría los otros 141 deportistas que no alcanzaron medallas pero que se entregaron a fondo en sus competencias.

Durante los últimos quince días pasé largas horas frente al televisor disfrutando las proezas de los atletas olímpicos. También leí sobre los juegos pasados y revisé estadísticas de participantes y medallas. Comparto algunos datos que atrajeron mi atención.

Está en primer lugar el elevado número de países participantes en los olímpicos de Rio: 205; las Naciones Unidas tienen 193 estados miembros.  En los  juegos de 1948 fueron cincuenta y nueve, treinta y cuatro de los cuales obtuvieron alguna medalla. Como consecuencia de la aparición de decenas de países independientes, resultante del proceso de descolonización de África, de los años 50 y 60, el número de participantes crece sostenidamente hasta los olímpicos de Múnich, en 1972, a donde llegaron atletas de 121 países. En los juegos siguientes, los de Montreal, asistieron 92. Es probable que la masacre de los atletas israelíes, perpetrada por el grupo terrorista Septiembre Negro durante los juegos de Múnich, haya incidido en la decisión de algunos países de abstenerse de participar. La asistencia cae nuevamente en los olímpicos de 1980, por el boicot declarado por Estados Unidos en protesta por la invasión a Afganistán un año antes: a Moscú llegaron representantes de 81 países. La URSS y sus aliados boicotearon a su turno los juegos de Atlanta de 1984, no obstante lo cual el número de países participantes llegó a 141. En los juegos de Seúl en 1988, la URSS participó por última vez. En los de Barcelona, en 1992, llegó bajo el nombre de Unión de Estados Independientes, la entidad política que la sustituyó efímeramente. Gracias a Gorbachov, quien recibió un país y devolvió más de 20, el número de participantes en los juegos de Atlanta se elevó a 196, donde los países de la extinta Unión Soviética desfilaron bajo sus propias banderas. Desde entonces el número de países participantes ha crecido moderadamente olimpíada tras olimpíada hasta llegar a la cifra de 205 que se hicieron presentes en Rio. Al parecer un estado moderno no es estado sin un equipo en la FIFA, una delegación en los olímpicos y una candidata a Miss Universo: los atributos de la soberanía.


Gráfica 1


Ganar una medalla olímpica es extremadamente difícil en cualquier deporte. Los países que ocupan los diez primeros lugares y que acaparan más del 50% de las medallas, son prácticamente los mismos desde 1996. Tuve curiosidad por saber si el aumento en el número de participantes había llevado a una distribución más equitativa de las medallas. Los resultados de mis pesquisas se resumen en la siguiente tabla.


Se usan los indicadores empleados comúnmente en economía industrial para medir el grado de concentración de un mercado. C1, C2 y C3 indican, respectivamente, la cuota del primero, los dos primeros y los tres primeros agentes del mercado. En nuestro caso es el porcentaje de medallas obtenidas y los agentes son los tres primeros países del medallero. Se incluyó también un C 10 que tiene un significado análogo a lo ya indicado. El índice HHI es la suma de los cuadrados de las cuotas de mercado de todos los participantes: un valor de 10.000 es monopolio absoluto y mientras más se acerque a cero mayor es el grado de competencia. Se añadió una columna (PGM) con el porcentaje de países que ganaron una o más medallas. Los indicadores están calculados para las medallas de oro.

Partiendo de su valor en 1960, todos los indicadores muestran una tendencia a la reducción que se ve interrumpida en los juegos de Moscú y Atlanta donde, como consecuencia del boicoteo recíproco del bloque capitalista y bloque socialista que sacó de liza a importantes competidores, los otros grandes competidores obtuvieron un número de medallas más abultado que el habitual. En Moscú, 1980, y en Atlanta, 1984,  la URSS y USA obtuvieron, respectivamente, un 56% y un 85% más medallas que en Montreal en 1976 donde se había enfrentado sus atletas. Desde entonces los indicadores de concentración retoman su tendencia a la reducción.

La gráfica 2, que muestra la evolución del HHI del medallero olímpico para cada una de las tres medallas y para la suma de todas ellas, confirma esa tendencia a la reducción de la concentración. El oro tiene un HHI más elevado mientras que la plata y el bronce son más competidos.
Gráfica 2



El que los juegos sean más competitivos en cuanto a las posibilidades de tiene un país de alcanzar medallas, no se sigue de esto que su distribución tenga que ser más igualitaria. La igualdad absoluta exigiría que cada país obtuviera un número de medallas proporcional al número de participantes. En la gráfica 3 se muestra el índice de Gini de la distribución de medallas de los últimos tres juegos olímpicos calculado con base en la participación porcentual de cada país en el número total de atletas y su participación en el total de medallas distribuidas, en las tres categorías y en la suma de todas ellas. Para decepción de los igualitaristas en todos los casos y todos los años sus valores están bien por encima del 30 que suele considerarse adecuado  para la distribución del ingreso. Los países con mayor número de participantes suelen estar en la parte alta del medallero y su cuota de medallas excede su cuota de participantes. Ojalá que los igualitaristas no encuentren que esto es algo oprobioso y no se les ocurra promover un movimiento hacia la equidad medallística.
Gráfica 3

En síntesis, si nos atenemos a la interpretación corriente, el HHI de los juegos olímpicos se asemeja al de un mercado altamente competitivo.  La fácil difusión de las mejores prácticas deportivas y las mejoras en las condiciones económicas de los países de menor ingreso, que les permitan dedicar al deporte una mayor porción de sus recursos, permiten augurar que ese grado de competencia se mantendrá e incrementará en el futuro. Por lo pronto queda la saudade de los juegos de Rio y la ilusión de ver los de Tokio en vivo y en directo.
それまで
LGVA
Agosto de 2016.

martes, 16 de agosto de 2016

¿Guerra por el agua en el siglo XXI?


¿Guerra por el agua en el siglo XXI?

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista, Universidad EAFIT



La cantidad de agua que hay en el mundo es la misma desde la creación. El crecimiento de la población incrementa sostenidamente su demanda, 1% anual según OMS, de suerte que los más optimistas estiman que en el siglo XXI el mundo enfrentará una escasez crónica lo cual podría llevar, según los más pesimistas, a que se desaten las llamadas guerras por el agua. Parece existir cierta alarma al respecto: cuando se escribe en google la expresión “guerra por el agua”,  aparecen cerca de 1.040.000 resultados;  si es en francés son 4.170.000 y llegan a 6.790.000 cuando se escribe en inglés.   

La Tabla presenta una sencilla aritmética del agua. Casi toda la tierra es agua pero sólo el 2,5% es dulce: 35 millones de kilómetros cúbicos. De éstos, de acuerdo al ciclo del agua y después de descontar la evaporación, 40.000 kilómetros cúbicos anuales están disponibles físicamente y 12.500 están disponibles económicamente. Estas son las cifras que hay que retener.


La OMS estima el consumo per cápita día – todos los usos – en 1.800 litros, con crecimiento de 1% anual. Tomado esta tasa de crecimiento y las proyecciones de población de la ONU, se obtienen los resultados del panel inferior de la Tabla. En 2015 la oferta corta de agua, la disponible económicamente, es 2,61 veces el consumo anual. Para 2030 y 2050 ese indicador será 1,93 y 1,52, respectivamente. La situación resulta menos ajustada cuando se considera la oferta amplia, es decir, el agua disponible físicamente en cuyo caso la relación oferta/consumo es de 8.34, 6.17 y 4.86 para cada uno de los tres años de la proyección. No hay ninguna razón para suponer que la humanidad será incapaz de construir la infraestructura requerida para  aumentar la cantidad de agua disponible económicamente. Tampoco debe descartarse una mayor eficiencia en el uso del agua de suerte que el consumo crezca a una tasa menor que el 1% anual. Es decir, hay agua dulce suficiente antes de que sea necesario recurrir de forma masiva a la desalinización de agua de mar y otras fuentes de agua salada.

El problema del agua no es el de su disponibilidad total sino el de su distribución en los distintos países y regiones del mundo. El mapa de la figura 1, tomada del Informe de la Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos 2016[1],  muestra la disponibilidad física del agua en el mundo. Se dice que una disponibilidad de inferior 1.700 M3 per cápita año indica estrés hídrico; menos de 1.000, escasez crónica y menos de 500, escasez absoluta. La mayor parte del mundo está por encima del nivel de estrés hídrico. Las situaciones de estrés y escasez se presentan en el África Sahariana, la península Arábica y la India y Pakistán.

Figura 1


 La figura 2 ilustra de forma más precisa el problema de la distribución introduciendo el concepto de escasez económica y señalando las áreas en las cuales existe ya escasez física o se está cerca de esta situación. La escasez de la mayoría de los países africanos es económica, lo que significa que se irá superando con el crecimiento económico y la inversión en infraestructura. En América Latina, se presenta escasez económica en Ecuador, Perú y Bolivia. Colombia está entre los países con poca o ninguna escasez de agua.

Figura 2
El agua no es el único recurso que no está uniformemente distribuido a lo largo de la tierra. Esa es la situación de todos o casi todos ellos. Sólo hay tres formas conocidas para obtener lo que otro tiene y que uno quiere: apelar a su benevolencia, recurrir a la violencia o darle algo a cambio. Ciertamente, los hombres pueden enfrentarse en guerras – ya lo han hecho - por la posesión de esos recursos o distribuirlos por la vía pacífica del comercio. No es absurdo pensar que en algún momento surja un mercado mundial del agua, como existe para el petróleo, el carbón, gas natural y prácticamente todas las materias primas.


Se dice que Canadá tiene el 20% de los recursos mundiales de agua dulce y el 0,5% de la población. ¿Qué hacer cuando el agua escasee realmente a escala global? ¿Trasladar a ese país el 20% de la población? ¿Crear una coalición internacional de países deficitarios para invadirlo y despojarlo del agua que tiene en exceso? Probablemente lo más razonable sea desarrollar un mercado mundial del agua que permita que ésta se transporte en grandes buques o por medio de grandes tuberías de las regiones excedentarias a las deficitarias. Ya existen mercados locales de agua en países como España, Estados Unidos, México, Chile y Argentina. Austria exporta agua a Grecia y otros países balcánicos y Turquía lo hace a Israel. Existe un proyecto de construir un inmenso acueducto que lleve el agua desde Turquía a Siria y Jordania. El desarrollo de un mercado internacional de agua dependerá en buena medida de la evolución de los costos de transporte frente a los de desalinización del agua de mar, que ya se practica en gran escala en algunos países.

En síntesis, no parece existir amenaza de escasez de agua dulce en los próximos 50 años. A nivel global, el agua físicamente disponible es ampliamente suficiente para atender el consumo mundial. Nada impide el desarrollo de la infraestructura requerida para ampliar la cantidad de agua disponible económicamente. El desarrollo de un mercado mundial del agua y la reducción de los costos de la desalinización ofrecen alternativas menos dramáticas que la guerra al abastecimiento de agua en las regiones y países deficitarios.



LGVA

Agosto de 2016.

lunes, 8 de agosto de 2016

Otra vez sobre los derechos de los niños y el manual de convivencia escolar


Otra vez sobre los derechos de los niños y el manual de convivencia escolar

(Respuesta al señor Luis Fernando Echeverri)

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista, Docente Universidad EAFIT



El señor Luis Fernando Echeverri, a quien no tengo el gusto de conocer, ha hecho a mi anterior escrito sobre el asunto una objeción seria que me ha puesto a pensar y que merece una respuesta amplia por su pertinencia y porque probablemente es compartida muchos de mis amables lectores, entre ellos mi hija Sara Helena. Transcribo en su totalidad el comentario del señor Echeverri.

“La interpretación de la sentencia está errada. En ningún momento se les impone a los padres nada. Lo que se impone a los colegios es que no debe haber discriminación ni por apariencia física, ni por identidad sexual. Eso es todo. Dentro de su casa, el padre puede inculcarle al niño que los negros son inferiores, que los indígenas son inferiores, que los LGBT son inmorales, que las mujeres no deben estudiar y quedarse en casa. Lo que quiera. Pero no por eso deben existir colegios que impidan a los negros, indígenas, LGBT y mujeres estudiar. Y si no quiere que su niño se encuentre con ellos en el colegio, pues que se vaya para otro país o consiga una máquina del tiempo y regrese unos siglos...”

La sentencia ciertamente no les impone a los padres nada directamente, por fortuna, añadiría yo. Pero si limita su elección sobre el modo de educar a sus hijos al pretender la uniformización de los manuales de convivencia. Al optar por un colegio determinado los padres presumiblemente lo están eligiendo porque consideran que la orientación de éste es más o menos acorde con los valores que les inculcan a sus hijos dentro del hogar. Esa capacidad de elección se limita con la uniformización y en ese sentido si se les impone, indirectamente, a los padres una restricción en su libertad de educar a sus hijos.

Debo decir antes de entrar en la sustancia del asunto que me considero tan tolerante y respetuoso de los grupos mencionados como el señor Echeverri. También acepto que todas las formas de discriminación que él enumera son detestables y deben ser abolidas y que probablemente la mayoría de la gente comparte este punto de vista. Pero el problema no es ese, como lo sugerí,  quizás de manera poco clara, en el escrito anterior.

Ofrezco disculpas por el tono de anécdota familiar que tiene lo que sigue, pero creo que puede contribuir a ilustrar el punto que deseo expresar mucho mejor que una formulación abstracta. Soy agnóstico y en mi hogar no les di a mis hijos ninguna educación religiosa. No obstante los matriculé en un colegio con una clara orientación católica. Había otras cosas que no me agradaban, pero las que me gustaban primaron e hice mi elección. En ese colegio, que es mixto, existe una norma según la cual con excepción de los días en que se tiene clase de educación física, las niñas deben portar el uniforme de falda. Esta obligación no se les impone a los varones. A mi hija no le gustaba esa falda, prefería vestirse siempre de pantalones, y rechazó de plano los argumentos de las autoridades escolares: la feminidad y otras tonterías. Cuando mi hija tomó la decisión de vestirse de pantalones cuando a bien lo tuviera, le llamé la atención sobre el hecho de que esa norma estaba en el manual de convivencia escolar que aceptamos en el momento de la matrícula. Pues el manual de convivencia está mal y hay que hacer algo para cambiarlo y llevar pantalones siempre puede ser un medio para propiciar el cambio. Me pareció aplastante el argumento de mi hija y decidí apoyarla. Fueron muchas las sanciones que le impusieron  y muchas las quejas y advertencias que recibí de los maestros y autoridades escolares. Las autoridades no se decidieron a expulsarla y tampoco al puñado de chicas que siguió a Sara Helena en su resistencia y rechazo a  esa norma. Probablemente si el número de chicas y padres que se oponen a esa discriminación crece, el colegio terminará por eliminarla. Fin de la anécdota.

Existen muchas cosas que nos desagradan de la actividad social o económica de los otros. Son muchas las que con razón o sin ella consideramos perjudiciales para la salud de nuestro cuerpo y mente o para la salud de todo el cuerpo social. Es algo delirante pedir en cada caso la intervención de la autoridad para prohibir las actividades o las cosas que nos desagradan o creemos prejudiciales. Pero lo sorprendente es que estamos llegando a ese delirio: se prohíbe la producción y comercialización de unas gomillas, con el argumento de que los niños se pueden ahogar al consumirlas; se quiere limitar el tamaño de los envases de bebidas azucaradas, porque las personas se vuelven obesas;  se prohíbe que la gente haga cierta clase de chistes, porque algunas personas pueden sentirse ofendidas. Y los políticos apoyados por la mayoría de la gente están convencidos de que esto debe ser así. Esa tendencia de recurrir a la autoridad en todos los casos de conflictos de la vida social y económica conduce a la casuística creciente de la norma, a que cada grupo y, en el límite, cada persona tenga su pedazo de constitución  o su ley personal. La gran tragedia de nuestra época, en Colombia y en casi todos los países, es la convicción generalizada de que cada conflicto social o cada desavenencia entre ciudadanos o grupos de éstos se resuelven con la intervención de los poderes públicos en favor de la eventual mayoría.

¿Qué hacemos entonces con los colegios que promueven la discriminación,  las empresas que producen gomitas asesinas, las que embotellan bebidas engordadoras o los humoristas que echan chistes de mal gusto? Hay que reconocer que mientras hagan esas cosas desagradables haciendo uso de recursos de su propiedad están en derecho de hacerlo. Aquellos que detestan todas esas cosas están en libertad de no asistir a esos colegios, de no comprar las gomitas ni tomar las bebidas y de no escuchar ni ver a los humoristas de mal gusto. Pero además, haciendo uso de sus propios recursos y sin recurrir a la violencia, tienen el derecho de boicotear su actividad y de incitar a otros al boicot.

El boicot, lo define Rothbard, como “la tentativa de persuadir a otros ciudadanos a que rompan sus contratos con una determinada persona o empresa, ya sea suspendiendo las relaciones sociales  o acordando no comprar los productos de una determinada firma”[1] Sin que importen los objetivos desde el punto de vista moral, pueden ser loables o reprensibles, el boicot es siempre lícito mientras no se atente contra la vida o las propiedades de los boicoteados. Pero también quienes encuentran reprensible un boicot concreto, están en su derecho de boicotear a los boicoteadores. Todo esto hace parte del derecho que asiste a toda persona de divulgar información y difundir sus opiniones. ¿Qué debe hacer el gobierno? Nada distinto a limitarse a que boicoteados, boicoteadores y contra-boicoteadores  se respeten unos a otros en sus personas y propiedades. La cuestión es comprender que la intervención coactiva del gobierno no es la única opción que existe para combatir a las personas o actividades que algún ciudadano o la mayoría encuentren inmorales o reprensibles.   

LGVA

Agosto de 2016.  



[1] Rothbard, M. La ética de la libertad. Unión Editorial, Madrid, 1995. Página 188.

viernes, 5 de agosto de 2016

Los derechos de los niños y el manual de convivencia escolar (En defensa de la diputada Ángela Hernández)


Los derechos de los niños y el manual de convivencia escolar

(En defensa de la diputada Ángela Hernández)



Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista, Docente Universidad EAFIT



El de los derechos de los niños es quizás el problema más arduo de la teoría de la libertad. Lo que puede hacer un adulto y lo que no se puede obligarlo a hacer, resulta bastante evidente a la luz del primer axioma de la libertad: el derecho a la auto-posesión de su cuerpo y su mente del que es titular todo ser humano. Todo adulto es dueño de su cuerpo y de su mente y de todo aquello que resulte de la aplicación de su trabajo y su creatividad y sus posesiones cuando se combinan con los recursos naturales libres o con el trabajo y la creatividad o las posesiones de otros adultos, en relaciones de cualquier índole mutuamente consentidas. No importa ni la ética ni la estética de las acciones o de sus resultados, solo importa si se tiene o no el derecho a realizar dichas acciones y a disfrutar o padecer de esos resultados o de oponerse a la imposición de realizar ciertas acciones y a renunciar por tanto de los beneficios o perjuicios que de ellas puedan derivarse.

Resulta evidente que un niño recién nacido no es propietario actual de sí mismo pero es propietario potencial, como adulto que puede llegar a ser. ¿A qué edad el niño se convierte en propietario real de su propia persona y en titular por tanto de todos los derechos que se derivan de la auto-posesión? El derecho positivo o legal de los países ha fijado de forma un tanto arbitraria ese límite en 16, 18 ó 21 años, dependiendo de las acciones cuya ejecución se consideran posibles de realizar por el joven, con base en algún criterio estético o moral. Pero en términos de una teoría general de la libertad, el niño o el joven se convierte en titular de todos los derechos que se derivan de la auto-posesión, cuando renuncia a la tutela y a la protección parental, es decir, cuando decide irse del hogar paterno, no importa la edad a la que ello ocurra.

Cuando el niño nace, la madre se convierte en su propietaria por fideicomiso, como acertadamente señala Murray Rothbard[1]. Esto significa que la madre y el eventual padre no tienen derecho a maltratarlo y tienen un deber moral, que no legal, de protegerlo y velar por su desarrollo. Ese fideicomiso dura mientras el niño o el joven viva en la casa paterna y se encuentra por tanto bajo la jurisdicción de los padres, porque estos son dueños de la casa que habita y de los beneficios que supone el vivir allí. Mientras dure esa condición, los padres tienen el derecho de hacer que el niño o el joven cumpla las reglas del hogar y a educarlo según las normas y valores que a bien tengan, sin que importe lo estúpidos, disparatados o inmorales que sean a juicio de cualquier otro, incluidos los gobernantes.

Los padres tienen por tanto el derecho de elegir entre las ofertas educativas disponibles aquella que a su juicio proponga los valores de toda índole – religiosos, culturales, políticos, etc. – que crean son más acordes con los suyos propios. En consecuencia, la pretensión de uniformizar los manuales de convivencia escolar - sin que importe el contenido de esa uniformización: su moralidad o inmoralidad -  es violatoria de los derechos de los niños y jóvenes en la medida en que viola los derechos de los padres que son los fideicomisarios de los derechos de aquellos.   

Para probar que en el asunto de los manuales de convivencia lo que está en juego no son los derechos de la comunidad LGBT, imaginemos por un momento que  al gobierno, al congreso y a la corte constitucional llegue una mayoría decididamente homofóbica  y que esta mayoría pretenda hacer que los manuales de convivencia de todas las escuelas públicas y privadas se ajusten a su visión. ¿Qué haría la comunidad LGBT? Seguramente y con todo derecho saldría a las calles y rechazaría con todos los recursos a su alcance tamaña imposición. Pues bien, eso es lo que está haciendo la diputada Ángela Hernández, injustamente estigmatizada por ello en los medios y redes sociales.

Todas las escuelas y colegios privados tienen el derecho de definir el contenido y orientación de la educación que imparten y, por tanto, el contenido y orientación de sus manuales de convivencia. Los padres, como fideicomisarios de los derechos de los niños y jóvenes de su hogar,  tienen la libertad de elegir entre la oferta educativa disponible. El gobierno no debe inmiscuirse en este asunto.

¿Qué hacer con las llamadas escuelas y colegios oficiales? ¿Están obligadas a ajustarse a las preferencias de los gobernantes, legisladores o jueces de turno? Esto pone en evidencia una vez más las contradicciones del estado intervencionista. No puede haber una educación oficial en la medida en que ello signifique la imposición de los valores o prejuicios de quienes eventualmente ejerzan el poder. La salida radical a este problema es la supresión total y absoluta de los colegios y escuelas públicas u oficiales. Los recursos que se destinan a financiar o subsidiar la educación de los más pobres, deben entregarse a todas las escuelas y colegios, - sin que importe su orientación religiosa, política o cultural - en función de los niños y jóvenes pobres matriculados en ellas. Entre tanto, mientras esto es factible, la Corte Constitucional debe echar atrás la ominosa sentencia 565 de 2013 en la que se apoya la uniformización de los manuales de convivencia y el gobierno debe dejar a los maestros y padres de familia de los llamados colegios y escuelas oficiales la definición del contenido de sus manuales de convivencia. Seguramente surgirá una oferta diversa que les permita a los padres escoger.   

La Corte Constitucional, que ha acertado tanto con sus sentencias sobre el aborto y el matrimonio gay, debe reconocer que en su sentencia 565 de 2013 ha incurrido en una enorme equivocación  pues esta supone imponer al conjunto de la sociedad los valores y preferencias de sus integrantes. Las sentencias sobre el aborto y el matrimonio gay están fundamentadas, no en las preferencias de los magistrados, sino en el derecho a la auto-posesión. La sentencia 565 viola flagrantemente ese derecho al violar el derecho de elegir de los padres, fideicomisarios del mismo mientras los niños y jóvenes habiten el hogar parental. Si la Corte no revisa su sentencia, estaría dando un paso hacia el mundo totalitario de La República de Platón con su pretensión de entregar al gobierno la educación de los niños.

LGVA

Agosto de 2016.



[1] Todo lo que se dice en esta nota está basado en el capítulo XIV, “Los derechos de los niños”, del libro “La ética de la libertad” de Murray Rothbard, de 1982. La traducción al español fue publicada en 1995 por Unión Editorial.

miércoles, 3 de agosto de 2016

EPM y Maya: una vez más


EPM y Maya: una vez más



Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista, Docente Universidad EAFIT



El propósito de una discusión racional no es necesariamente convencer al otro de que uno tiene la razón. Esto puede llegar eventualmente a suceder, pero si no ocurre, en la mayoría de los casos, a la larga carece de importancia. Una discusión racional, enseña Popper, tiene que partir del reconocimiento mutuo de que uno puede estar equivocado total o parcialmente y de que el otro, por tanto, esté en lo cierto total o parcialmente. La discusión debe permitir que las partes corrijan algunos de sus errores y se acerquen de esta forma un poco a la verdad, sin renunciar por ello a lo que son sus convicciones más profundas. Conozco de vieja data las convicciones de Maya sobre EPM tanto como él conoce las mías. Yo sé que las suyas están sólidamente ancladas en sus lecturas y reflexiones. Pero él no me hace el mismo beneficio y en su fantasía continúa denunciándome como un mercenario al servicio del GEA y los oscuros intereses del “capitalismo salvaje”.

En su nueva columna sobre el tema, publicada el 1 de agosto, Maya desplaza la discusión del asunto de la propiedad de EPM al del papel de la especulación financiera en las crisis económicas y, molesto quizás, por el calificativo de “naderías” que di a sus ideas hace un despliegue de información para demostrar que no son tal. Reconozco mi impertinencia y retiro el calificativo. Declaro de una vez que sobre EPM no tengo nada que agregar a lo que ya dije y me limito en lo que sigue a discutir el tema que me propone.

Después de darme una inmerecida reprimenda, Maya aborda el asunto que interesa afirmando que “la crisis del 30 fue provocada, entre otros factores, por la especulación financiera”. Concedido, haciendo la salvedad, como vamos a ser precisos,  de que es más apropiado hablar de la crisis de 1929, como quiera que fue el jueves 24 y martes 29 de octubre de ese año cuando se produjeron las caídas de la bolsa de Nueva York que marcaron el inicio de la gran depresión. Lo de la especulación puede ser cierto, pero ocurre que a mí y a legiones de economistas nos parecen más importantes esos “otros factores” en la explicación de la crisis y en general del ciclo económico.

El tema del ciclo económico con sus expansiones, auges, crisis y recesiones - desde que Clement Juglar estableció su regularidad- ha ocupado las mejores mentes de la profesión económica, sin que exista un acuerdo total sobre sus causas aunque la mayor parte de los economistas se inclina por la idea de que las causas fundamentales son reales -cambios en los gustos o  las funciones producción -  no monetarias ni financieras, factores estos que pueden intervenir exacerbando el auge o profundizando la recesión. Aunque el origen de la teoría del ciclo económico real puede rastrearse hasta David Ricardo, el exponente moderno más reconocido es Schumpeter quien la formuló desde 1911 y la expuso más ampliamente en 1939, en abierta oposición a la teoría keynesiana que encuentra el origen del ciclo en la inestabilidad de la inversión. Para Schumpeter el ciclo económico – la expansión, el auge, la crisis, las recesiones – es la forma como en la economía capitalista se incorporan, asimilan y generalizan las innovaciones. En 1982, Finn Kydland y Edward Prescott reformularon y formalizaron la teoría del ciclo económico real encontrando gran acogida en la profesión y generando un cambio en la orientación de la investigación macroeconómica, lo que les valió el reconocimiento del Premio Nobel en 2004. La significación de esos “otros factores” puede quizás apreciarse mejor recordando lo que,  hablando del auge que precedió a la crisis, escribió CH. P. Kindleberger, reconocido historiador de la crisis y depresión de los años 30:

“En los Estados Unidos, el boom surgió en el sector del automóvil; no sólo la manufactura de vehículos, sino neumáticos y otros componentes, de carreteras, estaciones de servicio, refinerías, garajes, suburbios. El motor de combustión se introdujo en el transporte con el uso de camiones, y en la agricultura, en que los tractores sustituyeron a los caballos. Los aparatos eléctricos, desconocidos al comienzo de la década, eran normales en 1929: radios, refrigeradores, aspiradores. Otra innovación fue la que apareció en el cine, con el sonido incorporado en 1926. La venta  de productos más caros fue ayudada con la introducción, durante el período, de sistemas de crédito”[1]

El rasgo más característico de la economía capitalista es el ser una economía descentralizada donde las decisiones de producción y consumo son tomadas por millones de agentes de forma independiente atendiendo a sus propios intereses y sin un acuerdo previo sobre el resultado final de sus actuaciones. El mercado – todos los mercados: reales, monetarios y financieros – es un vasto mecanismo de búsqueda y experimentación, donde se comenten errores y se tienen aciertos, donde se registran éxitos y también estruendosos fracasos. Más que la de equilibrio, la noción fundamental de la economía es la de tendencia al equilibrio en un estado dado de la tecnología y las preferencias de los consumidores. Y es un cambio en estos datos, que nadie sabe a priori de donde provendrá,  lo que produce los procesos de expansión, auge y crisis propios de ciclo económico.

Sin duda alguna con un sistema de moneda fiduciaria que permite una expansión de la oferta monetaria y el crédito de forma casi ilimitada, los auges pueden ser más prolongados y pueden surgir “burbujas especulativas” que llevan posteriormente a recesiones más profundas y duraderas. Algunos teóricos monetarios llegan por ello a decir que la mejor forma de evitar la recesión es impedir el auge.  Pero a fin de cuentas, mientras el capitalismo sea lo es, las regulaciones o no regulaciones, la ley Glass-Steagall, los errores de Greenspan y de los banqueros centrales, los derivados financieros, las hipotecas sub-prime, el papel de los especuladores y todo lo demás no son más que hechos anecdóticos en la superficie de un entramado económico cuyo conocimiento y control escapa a cualquier mente individual por poderosa que sea. Pretender controlar todo eso equivale a anticipar y regular el avance de la ciencia y tecnología y a reglamentar y definir las preferencia de los consumidores de hoy y del futuro. Eso es lo que Hayek llamaba la fatal arrogancia. Está por demás decir que mis preferencias están de lado del orden y el desorden espontáneo que produce el mercado más que de cualquier orden -con o sin los grilletes de Stiglitz-  que se quiera implantar desde esa entelequia excesivamente idolatrada que llaman Estado.

La Enron, no sé por qué, pero la Enron me hace pensar en los tulipanes de Holanda: en la crisis de los tulipanes resultante de la explosión de la primera gran burbuja económica de la historia moderna. Al parecer los sobrios holandeses enloquecieron por los tulipanes, todo mundo quería invertir en un negocio en el que  aparentemente nadie podía perder con un precio persistentemente al alza. Se dice que en 1623 un solo bulbo alcanzó un precio de 1000 florines cuando el salario anual de un trabajador era de 150.  La euforia duró muchos años y como el tulipán es un producto de temporada y su floración desde la siembra tarda  7 años, en el curso de esa euforia se empezaron a vender tulipanes antes de ser recolectados, naciendo de esta forma el mercado de futuros. En 1637 la burbuja explotó y el precio del tulipán cayó en picada. Se produjeron grandes bancarrotas que llevaron una gran crisis a la economía holandesa. Wall Street no existía aún,  ni habían aparecido los horribles banqueros de inversión ni las mentirosas calificadoras de riego. 

La acción de la Enron alcanzó un precio máximo de US$ 90 y se derrumbó hasta US$ 1. Se dice que como consecuencia del éxito de Pokémon Go, Nintendo logró una capitalización bursátil de 15.000 millones de euros, ¡con un juego cuyo desarrollo tuvo un costo de 30 millones de euros! ¿Qué podemos hacer con la gente que compra tulipanes o cualquier otra cosa o acciones de la Enron, Nintendo o cualquier otra empresa en la creencia de que podrá venderlas en algún momento a un precio mayor? ¿Confiscarles sus ahorros?  ¿Meterlas a la cárcel?  Los precios de las cosas hoy dependen de las expectativas que se tenga sobre su precio futuro y esas expectativas pueden confirmarse o no, ser moderadas o excesivas. La gente puede enriquecerse prodigiosamente o arruinarse sin remedio. La libertad económica es también la libertad de equivocarse, enseña Mises. Personalmente creo, como Knight (Risk, Uncertainty and Profit), que los riesgos económicos no son usualmente medibles de una forma precisa y ese es el origen de la incertidumbre y la especulación. Y agradezco que sea así: un mundo económico de certeza absoluta sería espantosamente aburrido y posiblemente espantoso en cualquier sentido.

Sin duda alguna los señores de la Enron eran uno bandidos que maquillaron los balances. También los de Arthur Andersen que prohijaron la tropelía. Pero dice Maya que la bolsa no funcionó. Al contrario: claro que si funcionó. Cuando el mercado supo del endeudamiento excesivo que se quería ocultar, el precio de la acción se derrumbó y la empresa quebró. La quiebra es uno de los mecanismos que se tiene en la economía de mercado para quitarles a los malos administradores el control de los activos. La compra hostil es el otro. Adquisición hostil y amenaza quiebra son términos que suenan feo y parecen sacados del diccionario del más cruel neo-liberalismo, pero son esas cosas las que mantienen alineados a los administradores de las empresas cotizadas en bolsas grandes, líquidas y competitivas.

A mí me gusta también la literatura y no carezco de sentimientos de humanidad y me conduele la suerte de la gente que sufre en las crisis o en los auges. Pero eso no me lleva a creer que Uvas de la Ira sea suficiente lectura para entender la depresión de los años treinta; como tampoco creo que las descripciones sombrías de la Inglaterra de la revolución industrial que se encuentran en las novelas de Dickens sean la mejor guía para estudiar la génesis del capitalismo moderno. Si los libros de Dickens y Steinbeck fueran la única lectura de un alienígena que quisiera saber lo que aconteció en las en las épocas por ellos noveladas, terminaría convencido de que Inglaterra había vuelto a la barbarie y de que los Estados Unidos habían vuelto a ser unas extensas llanuras pobladas de bisontes.

Maya incurre en esas contradicciones que son propias de los partidarios de la intervención estatal. Se duele que el estado no haya estado allí para regular con su sapiencia infinita el mercado financiero y evitar de esa forma las crisis de 1929 y 2008. Pero al mismo tiempo informa que el estado siempre ha estado ahí “para los más ricos”, el famoso 1%, y para despojar a los más pobres de “la alfombra del gasto social” y privatizarlo todo – educación, salud, pensiones, servicios públicos, etc. en beneficio del “capital financiero internacional”. También informa que no todos los recursos que financiaron a Google, Apple, Facebook, etc. salieron de Wall Street sino también de fondos federales. Ha podido mencionar que con fondos federales se rescató de la quiebra a General Motors y Chrysler. ¿Eso es bueno o malo? Bueno porque se promueve la innovación. Malo porque esos recursos han debido destinarse para ayudar a los pobres. Bueno porque se protege el empleo. Malo porque se dan recursos a empresas y ricos que evaden impuestos en paraísos fiscales. Fue para escapar de la esquizofrenia estatista que me volví minarquista y voy que me las bogo para anarquista.

LGVA

Agosto de 2016.



[1] Kindleberger, CH.P. La crisis económica 1929-1939. Editorial Capitán Swing Libros. Madrid, 2009. Páginas 98-99.