sábado, 9 de abril de 2016

Los papeles de Panamá, la evasión fiscal y la hipocresía universal

Los papeles de Panamá, la evasión fiscal y la hipocresía universal

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Docente Universidad EAFIT
Consultor, Fundación ECSIM

En muchos países y en diversas circunstancias eludir y evadir impuestos son actos de legítima defensa. Los paraísos fiscales existen porque buena parte de los países del mundo han sido convertidos en infiernos o purgatorios fiscales por políticos estatistas empeñados en hacer “justicia social” y “redistribución del ingreso” con el dinero ajeno. Eso no impide que sean esos mismos políticos estatistas quienes encabezan la lista de los propietarios de las famosas empresas “offshore” creadas para eludir o evadir impuestos. Para eso son las “offshore”, lo demás son subterfugios.

En el Libro V de La riqueza de las Naciones, después de discutir sobre las funciones y gastos del gobierno, Adam Smith encara el problema de su financiación. Examina, en primer lugar, la posibilidad de que el gobierno – el Soberano, como dice Smith -  derive sus ingresos del ejercicio de actividades mercantiles, para concluir tajantemente que “no existen dos caracteres más incompatibles que el de Soberano y el de comerciante” y que el capital y las tierras pertenecientes al estado son “fuentes de renta impropias” para enjugar los gastos del gobierno, razón por la cual “no queda  otro remedio (…) que recurrir a los impuestos de una u otra naturaleza”.  Los impuestos son pues el mal menor. Para evitar que fueran en exceso perjudiciales, dejó Smith a la posteridad los cuatro principios de una buena tributación que desde entonces han repetido todos los tratadistas de la materia sin añadir nada de fondo, pero que han sido olvidados casi completamente por los políticos y sus asambleas legislativas donde se decretan los impuestos[1]. También se ha olvidado la sabia advertencia de Smith:

“Un impuesto excesivo constituye un poderoso estímulo a la evasión, por lo cual las penalidades a los contraventores crecen proporcionalmente a la tentación que la ocasiona. La ley, contrariamente a los principios de justicia, suscita, primero, la tentación de infringirla y, después castiga a quien la viola…”

Y si al impuesto excesivo se añade la corrupción y el gasto exagerado, queda completo el dispositivo que induce a la evasión. Smith, una vez más:  

“En todos aquellos países donde hay un gobierno corrompido, y donde existe la sospecha de que se incurre en grandes dispendios y se dispone en forma indebida de los ingresos públicos, es muy frecuente que se respeten muy poco las leyes que protegen las contribuciones”

Bryan O´cconor es un canadiense, repartidor de pizzas en Toronto por allá en los años 70. Bryan llevaba siempre una pequeña libreta en la que religiosamente anotaba todas las propinas que recibía en su trabajo para, decía, no correr el riesgo de omitir ni un centavo recibido en su declaración de impuestos. Nunca he conocido a nadie más como Bryan. Creo que él y probablemente el rigorista Immanuel Kant son en la historia de la humanidad las únicas personas que pagaron voluntariamente la totalidad de sus impuestos.  De Bryan estoy seguro.

Tampoco creo que Jesucristo cuando, respondiendo a los fariseos sobre el pago de los impuestos, dijo aquello de “dar al Cesar lo que es del Cesar” fuese completamente sincero. A fin de cuentas, el hombre, después de abandonar el honorable trabajo de la carpintería, no tuvo al parecer ocupación alguna que generara un ingreso que pudiera ser gravado. Probablemente por ello fue derrotado en la célebre votación en que compitiera con Barrabás, quien ese sí, armas en mano, se rebelara contra los ominosos tributos de la Roma Imperial.

Desde la antigüedad los pueblos se han rebelado contra los tributos. Las provincias romanas se levantaban frecuentemente contra las depredaciones fiscales y los atropellos de sus gobernantes[2]. Las guerras campesinas de Alemania, de las que Federico Engels, el compadre de Marx, ha dejado un vívido relato, fueron rebeliones fiscales[3]. En fin, la revolución francesa se inició como un levantamiento de los estados generales contra los impuestos y por un gobierno barato[4]. Curiosamente el siglo XX, que vio crecer vertiginosamente el tamaño de los gobiernos y los impuestos, estuvo libre de revueltas y rebeliones fiscales. Y no precisamente porque todos los contribuyentes se comporten como Bryan O`cconor.

Los gobiernos modernos, aunque no menos voraces que los del pasado, son más atemperados y han renunciado a las prácticas más ominosas para el cobro de los impuestos: el asesinato y la tortura. Sin embargo, no son pocos los que castigan con penas de cárcel la evasión sin que esto le parezca escandaloso a la opinión mayoritaria. Este es el caso de México, Chile y Perú, los socios de Colombia en la Alianza del Pacífico, cuyo vergonzoso ejemplo propuso el gobierno imitar en la pasada reforma tributaria.

De dientes para afuera, los economistas adoradores del Leviatán, los políticos y los politólogos que les sirven, los periodistas, los abogados tributaristas y, en general, la opinión pública mayoritaria, todos ven al evasor como un criminal y al gobierno que lo persigue y castiga como el defensor de la sociedad, sin que importe cuan corrupto y abusivo sea. In illo témpore, el evasor era visto como un héroe que se enfrentaba a un estado ladrón[5]. La inversión de valores de nuestra época tiene un fondo de hipocresía que nadie puede negar.

En casi todos los países, las asambleas legislativas que votan los impuestos están integradas en su mayoría por políticos profesionales interesados en conservar, concediéndoles beneficios especiales, los votos de grupos particulares y el soporte de las gentes acaudaladas que contribuyen a sus campañas. Los grupos de interés y sus operadores políticos están dispuestos a reconocerse beneficios los unos a los otros con la esperanza de que serán las arcas generales del estado las que sufraguen los costos. Todo es un regateo de intereses de cruzados que lleva a regímenes fiscales casuísticos y enmarañados, totalmente alejados de los predicamentos de solidaridad, equidad y eficiencia que no son en definitiva más que la tapadera de intereses particulares. Los economistas, abogados, tributaristas y demás técnicos que asesoran a los gobiernos en el diseño de las reformas tributarias estructurales, que se anuncian periódicamente pero que nunca llegan; suelen ser también los asesores de las empresas y personas acaudaladas que buscan reducir su tasa efectiva de tributación. La clase media se defiende con la subfacturación o la no-facturación e inventándose pasivos y gastos en sus declaraciones de impuestos. Los más pobres, a los que usualmente solo alcanza la tributación indirecta, se unen a las protestas ruidosas de los funcionarios públicos que viven de los impuestos y reciben siempre el apoyo de los políticos que compiten por sus votos. Ese es el fondo común de eso que llaman el Estado, donde todos quieren sacar mucho y aportar poco. Pero eso sí, todos a una contra la evasión.

Los gobiernos del mundo entero en su incesante lucha contra el problema de la evasión creado por ellos mismos con su voracidad fiscal y su indecoroso desempeño, decidieron conformar una coalición internacional contra los llamados paraísos fiscales, donde los mismos integrantes de esos gobiernos buscan refugio para sus fortunas bien o mal habidas. La Santa Alianza del reaccionario Guizot y la Internacional Comunista del revolucionario Marx, son los antecedentes de esta nueva y tenebrosa internacional estatista que amenaza la movilidad de los capitales y la libertad individual. Pero, porque supuestamente lo de las “offshore” es un asunto de los ricos, todo mundo aplaude en una expresión universal de envidia e hipocresía.

El problema de la evasión nacional e internacional no se resuelve con la creación de una policía fiscal universal. Gobiernos pequeños, moderados, austeros y sistemas tributarios sencillos y ajustados a las cuatro reglas de Smith son el mejor antídoto contra la evasión. Pero en el estado actual de la opinión pública dominante que acepta y reclama – como diría Walter Lippman - un estado grande que administre sus asuntos en lugar de un estado que imparta justicia entre hombres libres que administran sus propios asuntos, resulta por lo menos anacrónico invocar al viejo y sabio Smith.  

LGVA
Abril de 2016.





[1] No sobra recordar esos principios. Dice a la letra Smith:
1.       Los ciudadanos de cualquier Estado deben contribuir al sostenimiento del Gobierno, en cuanto sea posible, en proporción a sus respectivas aptitudes, es decir, en proporción a los ingresos que disfruten bajo la protección estatal.
2.       El impuesto que cada individuo debe pagar debe ser cierto y no arbitrario.
3.       Todo impuesto debe cobrarse en el tiempo y de la manera que sea más cómodos para el contribuyente.
4.       Toda contribución debe percibirse de tal forma que haya la menor diferencia posible entre las sumas que salen del bolsillo del contribuyente y las que ingresan al tesoro público, acortando el período de exacción lo más que se pueda.

[2] . Indro Montanelli, en su deliciosa Historia de Roma, ha dejado este ilustrativo cuadro de lo que acontecía en la época de la guerra civil entre optimates y populares encabezados por Sila y Mario, respectivamente: “Puesto que todo dependía del dinero, el dinero se había convertido en la única preocupación de todos. En la burocracia había aún, se comprende, funcionarios competentes y honrados. Mas la mayoría eran ladrones incompetentes que, por ejercer un cargo en la administración de una provincia, no sólo renunciaban a los honorarios, sino que los pagaban, seguros de que en un año se resarcirían sobradamente. Y, en efecto, se resarcían; con los impuestos, con la rapiña, con la venta de los habitantes como esclavos. César, cuando le fue asignada España, debía a sus acreedores algo así como quinientos millones de liras. En un año lo devolvió todo. Cicerón se ganó el título de «hombre de bien» porque en su año de gobierno en Sicilia, puso de lado tan sólo sesenta millones y, en sus cartas, lo pregonó a todos como un ejemplo. Los militares no se comportaban mejor. De sus empresas en Oriente, Lúculo volvió millonario a su casa. Pompeyo trajo de las mismas regiones un botín de seis o siete mil millones al tesoro del Estado y de quince mil al suyo particular. Era tal la facilidad de multiplicar el capital cuando se tenía el suficiente para comprarse un cargo, que los banqueros se lo prestaban a quien no lo tenía al tipo de un cincuenta por ciento de interés. El Senado prohibió a sus miembros practicar esa innoble usura. Pero la prohibición fue soslayada con nombres prestados. Incluso hombres de gran dignidad como Bruto estaban asociados con usureros que administraban su dinero prestándolo en aquellas condiciones. En manos de una clase dirigente tan corrupta, Roma se había convertido ya en una bomba que aspiraba dinero en todo su Imperio para permitir a una categoría de sátrapas una vida cada vez más fastuosa y un lujo cada vez más insolente”.

[3] Es oportuna una cita en beneficio de sus herederos modernos los socialdemócratas y los socialistas de todos los partidos tan amantes del estado grande y los impuestos suculentos. Hablando de los príncipes de la alta nobleza, escribe don Federico: “No convocaban los estados sino cuando ya no les quedaba otra salida. Decretaban impuestos y negociaban empréstitos; raras veces reconocieron el derecho de los estados a aprobar los impuestos y aún menos dejaban que se ejerciese. Aun así, el príncipe casi siempre obtenía la mayoría gracias al apoyo de los dos estados que, libres de tributos, disfrutaban del producto de los impuestos: los caballeros y los prelados. Las necesidades de los príncipes aumentaban con el lujo y la importancia de la vida cortesana, con los ejércitos permanentes y con los crecientes gastos de gobierno. La carga tributaria se hizo cada vez más abrumadora. Una gran parte de las ciudades estaban protegidas por sus privilegios; y toda la carga recaía de lleno sobre los campesinos, tanto sobre los dominiales de los propios soberanos como sobre los siervos de sus caballeros. Cuando no bastaba la imposición directa se añadió la indirecta; recurrieron a las maniobras más ingeniosas del arte financiero para llenar los vacíos del erario. Cuando ya no quedaba otro camino, habiendo empeñado lo que era posible empeñar, cuando todas las ciudades libres se negaban a conceder más crédito, los príncipes procedían a operaciones monetarias de las más sucias; acuñaban moneda mala e imponían un curso forzado, alto o bajo, según convenía al fisco”

[4] . La revolución francesa se inició cuando Luis XVI, aconsejado por Necker, tuvo la desafortunada idea de convocar los Estados Generales, cosa que no se hacía desde 1.641. El gran Alexis de Tocqueville, ilustre representante de la nobleza, en su obra “El antiguo régimen y la revolución” dejó escrito lo siguiente: “Aunque la desigualdad en materia de impuestos imperase en todo el continente europeo, en pocos sitios se había hecho tan visible e incisiva como en Francia. (…) Ahora bien, entre todas las formas de distinguir a los hombres y discriminar las clases, la desigualdad en los impuestos resulta la más perniciosa y la más apta añadir el aislamiento a la desigualdad y hacer en cierto modo incurables uno y otra. Véanse sus efectos: cuando el burgués y el noble no están sujetos a pagar el mismo impuesto, el reparto y la cobranza de éste acentúan cada año con un rasgo claro y preciso el límite de sus clases respectivas.(…) Me atrevo a asegurar que el día en que la nación (…) permitió a los reyes establecer un impuesto general sin su concurso, y en que la nobleza tuvo la cobardía de dejar que se impusieran cargas al tercer estado con tal de quedar ella exenta, ese día se sembró el germen de casi todos los vicios y abusos que fueron minando al antiguo régimen, hasta causarle la muerte…”

[5] El último liberal colombiano que empleó esa expresión fue Carlos Lemos Simmons quien dio ese título al libro que publicara en 1991, donde escribió frases como esta. “Aquí lo único que se ha nacionalizado realmente, es la inmoralidad... El ladrón privado tarde o temprano cae. El oficial tarde o temprano sube... El pillo privado desfalca a su patrón. El pillo público, a toda la nación. Al particular lo ronda el Estado. Pero, ¿qué pasa cuando el que hace la ronda es el mismo ladrón?”. No sobra recordar que Lemos Simmons fue nombrado vice-presidente en sustitución de Humberto de la Calle y tuvo su palomita presidencial en 1998 en reemplazo temporal de Ernesto Samper Pizano. 

domingo, 3 de abril de 2016

La inversión térmica, el niño y don Manuel Uribe Ángel

La inversión térmica, el niño y don Manuel Uribe Ángel


Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Docente Universidad EAFIT

Inversión térmica: así se llama el fenómeno meteorológico que ha venido ocurriendo en los últimos días en el Valle de Aburrà. La atmósfera está compuesta por diversos gases. Esa composición no es uniforme y los gases más pesados – oxígeno y nitrógeno – son más abundantes en las capas inferiores que en las altas, haciendo que la atmósfera sea más densa y, por tanto, la temperatura más eleva a nivel del mar que en las altas montañas. Las sucesivas capas atmosféricas actúan como cobijas y estamos más calientes mientras más cobijas tengamos encima. Hay inversión térmica – inversión térmica próxima a la superficie, para ser más exactos - cuando la temperatura se hace más baja en capas inferiores que en las altas.

Ese fenómeno puede presentarse por muy diversas causas. En las zonas templadas, se produce con frecuencia en invierno, en las noches secas y despejadas, cuando la tierra pierde calor como consecuencia de la radiación y las capas del aíre más cercanas al piso se enfrían más y más rápidamente que las superiores. Es por ello que la inversión térmica se presenta en ciudades como Londres, Madrid, Nueva York, Atenas, Singapur, México, Santiago de Chile entre otras. En las zonas tórridas se produce en épocas de verano y sequía intensa, como ocurre en el Valle de Aburrà. El aire frio de las montañas que llega en las noches y en las madrugadas queda atrapado por una capa superior más caliente que impide su circulación normal. Esa capa caliente atrapa también el material particulado presente en el ambiente. La inversión térmica no es provocada por la contaminación, pero hace que ésta afecte más a las personas que quedan expuestas a respirar un aire más contaminado de lo usual. Al parecer, en los valles estrechos, como el de Aburrà, con irregularidades topográficas, como los cerros Nutibara y El Volador, que dificultan la circulación de los vientos, el fenómeno puede durar varios días sin que quede nada distinto que hacer a esperar un buen aguacero o una buena tormenta huracanada.  Lima es un caso de inversión térmica permanente causado por la corriente de Humboldt. Hasta aquí Wikipedia y otras fuentes que cualquiera que teclee las dos palabras – inversión térmica – puede consultar gracias a Mr. Google. ¡Cómo vivíamos sin él!



Frente a la inversión térmica, las medidas adoptadas por las autoridades metropolitanas son cataplasmas en pata de palo, aunque pueden contribuir a mitigar sus efectos. Ojalá este fenómeno temporal, del que solo podemos sustraernos yéndonos a vivir a otra parte, no las lleve a adoptar medidas permanentes como restricción a la circulación de vehículos durante todo el día o el pico y placa industrial del que se ha venido hablando desde hace un par de años. En el Valle de Aburrà, la inversión térmica ha existido desde siempre y existirá en el futuro y ello nada tiene que ver con las industrias contaminantes, los muchos carros o el calentamiento global. Ya en 1885, Don Manuel Uribe Ángel, en su “Geografía general y compendio histórico del Estado de Antioquia en Colombia” hacía una descripción del fenómeno. Se lee: 

“Con bastante frecuencia la tierra despide copiosos vapores de agua, sobre todo durante las noches y las mañanas, y esto especialmente en los terrenos bajos, húmedos, cubiertos de bosques y atravesados por ríos y torrentes. Esos vapores se elevan pesadamente, se extienden por las llanuras, coronan las cordilleras, giran luego en diferentes direcciones de la atmósfera y causan una opacidad transitoria, hasta que bien pronto son disueltos por los rayos ardientes de un sol tropical” (43)

Y esta otra: 

“Con harta frecuencia, la lluvia viene acompañada de fuertes huracanes y borrascas, ocasionados por la perturbación del equilibrio en el aire embarazado en sus movimientos por los altos muros de cordilleras que lo encierran” (42)

“Opacidad transitoria”, “perturbación del equilibrio en el aire embarazado en sus movimientos” ¡Cuánta belleza y precisión!

No puede pasarse la ocasión sin rescatar la descripción que don Manuel hace de lo que hoy se llama fenómeno de El Niño:

“Los meses de lluvia en Antioquia principian a mediados de marzo y terminan a mediados de junio, para comenzar luego hacia la mitad de septiembre y acabar en los primeros días de diciembre; pero esta regla está sujeta a numerosas variaciones, pues con frecuencia se invierten los tiempos, volviéndose lluviosos los días de verano, y viceversa. A veces el año es húmedo en su mayor parte, y en ocasiones notable por su excesiva sequedad. Muchos de los viejos habitantes del país creen haber observado, y aún lo afirman por la tradición de sus mayores, que los tiempos de lluvia abundante y de gran sequedad están divididos por períodos casi fijos de siete a ocho años. Nos parece que tienen razón”. (41)

Las citas son tomadas de la edición de la obra de Don Manuel publicada en 1985 por la Gobernación de Antioquia en la colección Autores Antioqueños.  Esta edición, titulada “Geografía general del Estado de Antioquia en Colombia”, dejó de lado, lamentablemente, la parte histórica.


LGVA

Abril de 2016. 

viernes, 1 de abril de 2016

Breve historia de un racionamiento que no fue.

Breve historia de un racionamiento que no fue.

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Docente, Universidad EAFIT. Consultor, Fundación ECSIM

Cuando este artículo se publique, el País estará superando la crisis del sector eléctrico sin que haya sido necesario que las autoridades impongan un racionamiento forzoso del servicio de energía. No obstante, dada la fragilidad a la que ha llegado el sistema, si los aportes hídricos no mejoran en abril es aún posible que sea preciso racionar durante unas cuantas semanas y unas pocas horas al día, a lo sumo. En todo caso, nada comparable con el racionamiento de 1992.

Todos los sistemas eléctricos están expuestos al riesgo de racionamiento. No hay ninguno confiable al 100%. El racionamiento puede ser de potencia, es decir, cuando no hay capacidad de generación suficiente para atender la demanda máxima; o por energía, cuando no hay combustible o agua suficiente para hacer mover las máquinas. En la coyuntura actual se conjugan esas dos circunstancias.

Empecemos por el principio. En 2015 los aportes hídricos al Sistema Interconectado Nacional (SIN) alcanzaron los 48.006 GWh, equivalentes a un 79,2% de la media histórica, el más bajo porcentaje de la última década, como se muestra en la Gráfica 1.

Gráfica 1



La disminución de los aportes se hizo especialmente notoria a partir de septiembre cuando éstos alcanzaron los 3.417 GWh, equivalentes a un 66% de la media histórica. Los aportes de diciembre, 2.335 GWh, fueron poco más de la mitad de la media. En lo corrido de 2016 la situación de los aportes ha mejorado ligeramente.

A pesar de la drástica reducción de los aportes, el SIN concluyó el año, gracias a la generación térmica, con un nivel de reservas hídricas de 10.563 GWh; el cual, sin ser holgado, permitía suponer que había una alta probabilidad de pasar la sequía sin racionar energía, siempre que no se presentara ninguna situación catastrófica. Y entonces, el 15 de febrero, ocurrió el accidente de Guatapè que de un tajo que quitó al sistema el 30% de la energía embalsada y el 4% de la capacidad de instalada y un porcentaje substancialmente mayor de la energía a generar durante los meses críticos, estimado en más del 10% de la generación, dado el impacto en las plantas de San Carlos y Playas situadas aguas abajo. Dos semanas más tarde se presentó un daño en Termoflores que dejó indisponibles 230 de los 610 MW de su capacidad.  
Gráfica 2



Sorprendentemente aún no ha sido necesario imponer el racionamiento forzoso. ¿Suerte?, ¿Milagro? Pues no. A pesar de las falencias en lo referente al precio de escasez, el cargo de confiabilidad, la política de uso de Gas Natural y la inefectividad de los anillos de seguridad previstos en la regulación; el sistema eléctrico colombiano estaba relativamente bien preparado para enfrentar la severa reducción de los aportes provocada por el fenómeno de El Niño. Naturalmente que, para navegar una crisis de este tamaño, el Gobierno Nacional tuvo y tendrá que acudir a medidas de emergencia y, como se indica más adelante, será necesario ajustar la regulación.  

En 31 de diciembre de 2015 la capacidad efectiva neta era de 16.420 MW, un 63% por encima de la demanda máxima de potencia que en dicho año alcanzó los 10.095 MW. Entre 2006 y 2015 se añadieron al sistema 3.148 MW, es decir, un aumento del 24%. El primer año de la comparaciòn es importante porque es el de la adopción del esquema del cargo por confiabilidad creado entre otras cosas con el objetivo de incentivar la inversión en nueva generación. El 50% de la nueva capacidad corresponde a plantas que comprometieron su energía firme para beneficiarse del cargo de confiabilidad. El 29% de la capacidad efectiva neta del sistema está constituido por plantas térmicas.

El otro objetivo del cargo por confiabilidad era garantizar la disponibilidad del parque térmico para respaldar el sistema en situaciones de sequía. En 2015 se generaron 20.631 GWh con plantas térmicas, equivalentes al 31% de la generación total, la más alta participación de los últimos 10 años. Esta participación fue especialmente elevada en los últimos meses: el 43,8% de los 38130 GWh generados entre el 1 de septiembre de 2015 y el 25 de marzo de 2016 son de origen térmico. Hasta el 25 de marzo, las plantas térmicas, con un 30% de la capacidad, habrían contribuido con el 50,6% de la generación. ¡Todo un record!



Las cifras presentadas pueden contribuir a aclarar los términos del debate actual sobre el sector eléctrico que hasta el presente ha sido muy caldeado y poco ilustrado. El cargo de confiabilidad, que aparece como el malo de la historia, incentivó la realización de inversiones en generación que permitieron que el SIN tuviera para enfrentar la crisis una capacidad efectiva neta de 16.420 MW, gracias, entre otras cosas, a la entrada oportuna de proyectos como Sogamoso (800 MW) y El Quimbo (400 MW). Por otra parte, cuando en septiembre se hizo ya evidente que se venía una drástica reducción de los aportes hídricos, el mercado reaccionó y se elevó el precio de la energía en bolsa dando a las plantas térmicas la señal de que debían generar. Y las térmicas estaban ahí y respondieron - con la excepción temporal de Termocandelaria- y están respondiendo con una participación en la generación sin la cual el País estaría apagado desde hace muchos días.

El último racionamiento forzoso padecido por el País se inició el 2 de marzo de 1992 y se extendió hasta el 1 de abril de 1993. En ese período se racionó el 16% de la demanda. Mucho se ha evocado este episodio que resulta completamente extraño para los colombianos menores de 30 años. Y conviene, en efecto, compararlo con la situación actual del sector eléctrico en un contexto adecuado para evitar que estudios como un reciente informe de Bancolombia sobre el posible impacto de un racionamiento en el PIB hagan las extrapolaciones equivocadas. Como se indicó antes, lo más probable es que no se tenga que racionar o solamente unas pocas semanas en cantidades menores en el peor de los casos, situación bien diferente de la experimentada en 1992-93.

No sobra recordar que por aquellas calendas el sector eléctrico era responsable de la tercera parte del endeudamiento público del País, estaba obligado a pagar cerca del 40% de los intereses de la deuda externa y en algunos años había llegado a realizar hasta el 35% de la inversión pública. Sin embargo, no generaba recursos internos suficientes, produciendo un déficit cercano al 1,3% del PIB. Entre 1980 y 1988 la generación interna de fondos en el sector sólo cubrió el 25% de las necesidades de recursos y en 1988 el servicio de la deuda sobrepasó en un 15% sus ingresos corrientes. Para junio de 1993, la tarifa media nacional se situaba en el 79% del costo al tiempo que las tarifas industriales y comerciales presentaban sobrecostos del 20% y 26% respectivamente. La tarifa media del sector residencial cubría solo el 47% del costo. El subsidio residencial resultante, del 53%, correspondía, según cálculos de ISA de 1991, a US$360 millones anuales. Fue la reforma del sector plasmada en las leyes 142 y 143 de 1994 la que permitió que se reanudara la inversión, se sanearan las finanzas y se pudiera atender con éxito los eventos extremos de los Niño 1997-98 y 2009-10.

La variable de comparaciòn más idónea desde el punto de vista energético es la evolución del embalse útil entendido como el porcentaje la energía embalsada que puede emplearse sin poner en riesgo los equipos de generación. La gráfica 3 muestra la evolución del embalse útil entre los meses de agosto y marzo de 1991-1992 y 2015-2016. Para dar más significación a la comparaciòn, se ha incluido la información correspondiente a 2009-2010, período de una hidrología no extrema.

La estación seca se inicia en diciembre y se extiende hasta finales de marzo. Por eso el nivel de los embalses a finales de noviembre y principios de diciembre es fundamental para establecer la capacidad que tiene sistema de superar la sequía. En 91/92 el sistema empezó el verano con un embalse útil de 45%; en 15/16 estaba en 61%, solo 4 puntos porcentuales por debajo del nivel de 09/10. Dicho nivel se logró porque desde septiembre las térmicas empezaron a generar de forma significativa. Entre noviembre y febrero el embalse útil de 91/92 pierde 31 puntos porcentuales mientras que el de 15/16 pierde 37. Sin embargo, a mediados de febrero, antes de la salida de Guatapè, este último estaba en un 45% por lo que la reducción habría sido de 22 puntos porcentuales, excluyendo el efecto de dicho accidente.  Una vez más la diferencia la hace la generación térmica.

Gráfica 3


Hay otros hechos que conviene destacar. En 91/92 estaban atrasados proyectos tan importantes como el Guavio y Porce II que de haber entrado en operación oportunamente le habrían aportado al sistema 1555 MW e incrementado sustancialmente su la capacidad de almacenamiento. Adicionalmente, térmicas como Cartagena (187 MW), Barranquilla (127 MW) y Zipa IV (225 MW), entre otras, no estaban en condiciones de operar por lo que fue preciso un plan de emergencia para su recuperación.  En 15/16 los grandes proyectos hidráulicos, Sogamoso (800 MW) y El Quimbo (420 MW), entraron oportunamente - a pesar de los ambientalistas, los jueces y los políticos - y la totalidad del parque térmico estaba disponible para generar. Y empezó a generar y está generando.

La existencia de interconexiones con Venezuela y Ecuador y la adopción de incentivos económicos para el ahorro de energía son también elementos nuevos en la actual crisis completamente inexistentes en la coyuntura del 91/92. Algunos mercantilistas se duelen tontamente de que estemos importando energía del Ecuador (7 GWh-día) cuando hace algunos años la exportábamos a ese país en grandes cantidades. Hablan de soberanía e independencia energética y otras naderías. Ojalá todo el continente americano estuviera interconectado y que la energía y el dinero fluyeran libremente de un lugar a otro, como en Europa donde gracias a las interconexiones internacionales existe un mercado de electricidad que abarca todo el continente. El autor de este artículo propuso desde noviembre, sin éxito, un esquema de incentivos semejante, salvo en el aspecto punitivo, al adoptado por las autoridades del sector. Ésta será una experiencia interesante para avanzar en el aspecto fundamental de dar participación a la demanda en el funcionamiento del mercado. Hasta el momento el ahorro ha estado cerca de la meta del 5% de la demanda.

De acuerdo con los datos y hechos presentados, contrariamente de lo parece ser el prejuicio generalizado, el sistema eléctrico colombiano – su mercado, su regulación, sus instituciones – ha enfrentado con solvencia la actual coyuntura energética, aun en el caso de que ésta culmine en un pequeño racionamiento forzoso. No quiere ello decir que no sea necesarias algunas reformas como algunas de las propuestas en el estudio realizado por ECSIM en 2013 en el cual dirigió el autor este artículo. Se reproduce la primera de sus 30 recomendaciones que en las circunstancias actuales resulta enteramente pertinente. 

Se debe mantener la arquitectura fundamental del mercado actual y establecer ajustes para mejorar la formación de precios y atender los principales problemas identificados que en orden de importancia son: la falta de un mercado de contratos líquido, competitivo y transparente; el desempeño del cargo por confiabilidad; el control del ejercicio de poder de mercado; el formato de ofertas en bolsa y el mecanismo de arranque y parada. Para ello se debe adelantar una discusión sectorial amplia con la participación de expertos nacionales e internacionales tomando como referentes el mencionado estudio de ECSIM y el que actualmente se adelanta por consultores nacionales bajo el auspicio del DNP.

Una observación final. Resulta sorprendente el apasionamiento, la carencia de rigor y ausencia de sindéresis con la que se ha asumido – incluidos el alto gobierno, encumbrados dirigentes políticos y encopetados formadores de opinión – la discusión sobre un probable racionamiento de energía. Ello en un País donde están racionados tantos servicios fundamentales empezando por la seguridad y la justicia y pasando por la salud y la educación de calidad y sin dejar de lado el racionamiento de electricidad que padecen de manera permanente los 2.5 millones de colombianos que habitan las llamadas zonas no interconectadas, el 66% del territorio nacional, quienes deben conformarse con 4 horas diarias del suministro de electricidad que obtienen de poco más de 100 MW de capacidad instalada. Probablemente ello se debe a que un racionamiento de electricidad, que afecta a todo el mundo en alguna medida, es el único acontecimiento verdaderamente democrático e igualitario que pueda ocurrir en el País.

LGVA

Marzo 27 de 2016.  

jueves, 31 de marzo de 2016

¿9.7 millones de toneladas de comida perdida?: Cifra Imposible.

¿9.7 millones de toneladas de comida perdida?: Cifra Imposible.


Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Universidad EAFIT


El director del Departamento Nacional de Planeación reveló recientemente los resultados de un estudio según el cual en el País se estarían desperdiciando 9,76 millones de toneladas de comida, una tercera parte de la oferta disponible. Esta cifra, que con razón ha provocado la reacción indignada de las gentes de buena voluntad, tiene un solo problema: es imposible. Veamos.

En la página del DNP aparece una gráfica donde se desglosa la comida desperdiciada en varios rubros. Según esa información, anualmente se pierden 6.1 millones de toneladas de frutas y verduras; 2,4 millones de raíces y tubérculos; 772 mil de cereales; 269 mil de cárnicos; 148 mil de granos; 50 mil de pescado y 29 mil de lácteos. El grueso del problema está en los dos primeros rubros de los que se estarían perdiendo 8.5 millones de toneladas. Basta pues con referirse a ellos.

La Encuesta Nacional Agropecuaria del DANE de 2014 indaga por la producción anual de 37 productos. No están allí ni el arroz ni la caña de azúcar cuya información se recolecta al parecer por otros instrumentos. Dejando de lado el café, el tabaco, el algodón y la caña panelera, los 33 productos restantes de la ENA se agruparon en tres categorías, a saber: frutas y verduras, de las que se produjeron 4.239.412 toneladas; raíces y tubérculos, con una producción de 2.367.035 toneladas y granos con una producción de 891.979 toneladas. La tabla 1 presenta los resultados y los compra con las estimaciones de pérdidas del DNP. Definitivamente las cosas no cuadran: en frutas y verduras la pérdida es un 43% superior a la producción y en raíces y tubérculos es prácticamente igual. La única cifra que tiene algún sentido es la de granos.
Tabla 1


En raíces y tubérculos están incluidos la papa y la yuca, solamente. Pero es dudoso que la arracacha y el ñame alcancen un volumen que dé sentido a las cifras del DNP.  En frutas y verduras están incluidos los siguientes productos: arveja, cebolla cabezona, cebolla larga, tomate, zanahoria, hortalizas, banano doméstico, mango, naranja, plátano, aguacate, curaba, granadilla, guanábana, guayaba, limón, lulo, mandarina, maracuyá, mora, papaya, piña, pitahaya, tomate de árbol y otras frutas.

Las cosas no mejoran, por el contrario, empeoran cuando se tienen en cuenta las importaciones y exportaciones para estimar la oferta disponible. De las estadísticas de comercio exterior del DANE se toman los datos de importaciones y exportaciones según la clasificación central de producto. Son los cuadros 9A y 11, respectivamente. Interesan dos agrupaciones: “legumbres, hortalizas, raíces y tubérculos”, de una parte; y “frutas y nueces”, de la otra. Estas agrupaciones no coinciden con las empleadas en el estudio del DNP, pero si en el agregado. La tabla 2 muestra los resultados. Al considerar el comercio exterior, la oferta disponible de alimentos – frutas, verduras, raíces, tubérculos – es de 6.162.209 toneladas en tanto que las pérdidas son de 8.500.000 toneladas. Se estarían perdiendo 2.3 millones de toneladas por encima de la oferta disponible.

Tabla 2


El dato resultante de oferta disponible de la tabla 2 parece tener bastante sentido. Para unos 49 millones de habitantes que puede ser la población del País, se tendría una oferta disponible anual de 126 kilos por habitante. FEDEPAPA estima el consumo per cápita de este tubérculo en 60 kilos anuales. Si asumimos como cierto ese dato, quedan 66 kilos.

En la página de Ministerio de Agricultura hay una nota titulada “En Colombia 35% de las personas no consumen frutas y 70% no consume hortalizas diariamente”. Esa noticia daba cuenta del 1er Congreso Nacional de Promoción al Consumo de Frutas y Hortalizas, realizado en julio de 2015. En dicho evento, el presidente de la junta directiva de ASOHORFRUCOL señaló que “según la OMS la ingesta diaria mínima de consumo de productos hortifrutìcolas es de 400 gramos, Colombia está en 100 gramos”.  Si esto es verdad, el consumo anual per-cápita de frutas y verduras sería de unos 36 kilos. Quedan 30 kilos.

En esos 30 kilos está incluida la yuca que tiene muchos usos industriales. Si asumimos un consumo per cápita de yuca de 5 a 10 kilos anuales, quedaría una pérdida per cápita de entre 25 y 20 kilos. Las pérdidas estarían pues entre un 16% y un 20% de la oferta disponible. Es decir, entre 1 y 1.25 millones de toneladas anuales.

LGVA
Marzo de 2016.



sábado, 19 de marzo de 2016

Manuel Ignacio Dussan Villaveces: arquitecto del mercado eléctrico

Manuel Ignacio Dussan Villaveces: arquitecto del mercado eléctrico

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Universidad EAFIT

El 25 de octubre del 1998 el periódico El Tiempo publicó una nota titulada “La parejita gaseosa” refiriéndose a un par de consultores contratados por el Ministerio de Minas y Energía con el objeto formular propuestas regulatorias para el mercado de gas combustible. Se trataba Evamarìa Uribe Tobón y de su esposo Manuel Ignacio Dussan Villaveces quienes regresaban al País después de desempeñarse durante cuatro años como funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo. Manuel Ignacio falleció el 17 de marzo después de luchar, firmemente acompañado por Evamarìa, con un agresivo cáncer que lo aquejaba desde hace dos años.


La parejita gaseosa inicialmente fue una parejita eléctrica pues se conocieron y se enamoraron cuando se desempeñaban como expertos comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas en 1994. Allí, en la novísima CREG, con Fernando Barrera Quintero, dieron desarrollo regulatorio a las disposiciones de las leyes 142 y 143. Durante el breve y fructífero período en que permanecieron en la CREG se expidieron las resoluciones que pusieron en funcionamiento el mercado eléctrico y sentaron las bases de la regulación de las actividades de comercialización, distribución y transmisión.

Manuel Ignacio había llegado al País después de trabajar durante unos 15 años como funcionario de la banca multilateral con sede en Washington. Ingeniero eléctrico de la Universidad de los Andes y Magister en Sistemas de Potencia de la Universidad de Northwestern, inició su brillante carrera profesional en ISA de donde se retiró, en 1978, cuando se desempeñaba como gerente de operaciones para emprender su largo periplo de consultor internacional. No quiso el destino que en aquel entonces su vida se cruzara con la de Evamarìa quien, en ese mismo año, pocos días después de su retiro, ingresaba como analista de la gerencia financiera entonces a cargo de Jorge Eduardo Cock. Se encontrarían quince años después para tejer una profunda relación basada en la única sustancia duradera del amor: la admiración y el respeto mutuos.

La mayor parte de la vida profesional de Manuel Ignacio fue la de un trotamundos: asesorando, bien como funcionario de la banca multilateral o como consultor independiente, gobiernos y entidades en el diseño de mercados de energía, evaluación de proyectos y regulación y planeación del sector energético. Fueron muchos los países de América Latina y de Europa del Este en los que dejó la huella de su inteligencia y su consejo prudente y moderado.

Uno de los rasgos más destacados de su personalidad fue la forma mesurada y desapasionada de exponer y sustentar sus puntos de vista, casi rayana en el desapego y ajena a todo dogmatismo. Seguía al parecer la recomendación del Secretario Florentino según la cual le corresponde al consejero  "decir su opinión sin pasión y sin pasión y con modestia defenderla", consciente quizás de que es el decisor, no el consultor, quien se juega el pellejo con la adopción de la política recomendada.

Hablaba pasito, en tono menor, en ocasiones apenas susurraba y en esos momentos las demás voces se callaban y las orejas se ponían alertas conscientes de que iban a escuchar de su boca palabras cargadas de inteligencia, de buen juicio y sensatez. Como todos los que tuvieron el privilegio de tratarlo aprendí muchas cosas de él y admiré siempre su distinción personal y su elegancia intelectual.  Gracias por mucho, Manuel.

LGVA
Marzo de 2016.


sábado, 12 de marzo de 2016

Multas al consumo de licor y drogas en el espacio público: ¿Combate a la inseguridad o atentando contra la libertad individual?

Multas al consumo de licor y drogas en el espacio público: ¿Combate a la inseguridad o atentando contra la libertad individual?

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Docente Universidad EAFIT

En 2015, según la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC) del DANE, el 12% de los habitantes de Medellín mayores de 15 años reportó haber sido víctima de alguno de los delitos indagados por la encuesta: hurto a personas o residencias, riñas y peleas, robo de vehículos y extorsión. Casi cuatro puntos porcentuales menos que en 2014. La tasa de denuncia – el porcentaje de delitos cometidos que fueron reportados a las autoridades – aumentó ligeramente, al tiempo que disminuyó en 8 puntos porcentuales la percepción de inseguridad.  


Ciertamente hay una mejoría. No obstante, la aplicación de esos porcentajes, que según el DANE son representativos, al conjunto de la población mayor de 15 años para obtener así una estimación de los delitos cometidos en cada uno de los últimos 4 años no deja gran espacio a la autocomplacencia que en esa materia gustan de exhibir las autoridades. En los últimos 4 años se habrían cometido en Medellín 1.213.112 de esos delitos, es decir, 831 diarios o 35 cada hora.  

Según las autoridades se registra una importante reducción en la tasa de homicidios lo que ha permitido que la Ciudad salga del ominoso ranking de las 50 más inseguras de mundo.  No obstante, parece que los criminales no se resignan a perder figuración y en enero cometieron 44 homicidios, 11 más que en el mismo mes del año pasado[1]. La ECSC no desagrega la tasa de victimización por extorsión, pero según un estudio de la Universidad de Antioquia esta modalidad criminal se enseñorea en 247 de los 308 barrios de Medellín[2] donde son extorsionados tenderos, taxistas, conductores de bus y hasta los recicladores de basura.

Gráfica 1.


La ECSC solo se aplica en 28 ciudades capitales del País, no ofrece información departamental. Sin embargo. además de lo que significan las cifras de Medellín en el conjunto de Antioquia, existen indicadores que sugieren que en el Departamento la situación de seguridad ciudadana está lejos de ser halagüeña. En 2015 se registraron 969 homicidios, 113 más que en 2014[3]: se pasó de 13 a 15 homicidios por 100.000 habitantes. Según la Fundación País Libre, entre enero y septiembre de 2014 se reportaron en Antioquia 20 casos de secuestro y 440 de extorsión, más que en cualquier otro departamento y el 8% de las reportadas en todo el País[4].  Al parecer este delito está golpeando especialmente el Bajo Cauca – en Caucasia, se dice, todo mundo está extorsionado[5]- y el Oriente del Departamento, donde las autoridades tuvieron la ocurrencia de organizar, en diciembre pasado, una prueba atlética para combatirlo[6].  También en Urabá parece ser importante la incidencia de la extorsión, con el agravante de que, en 2014, algunos miembros de la policía decidieron establecerse por cuenta propia en este negocio[7].

Seguramente este panorama de inseguridad en Medellín y Antioquia fue tenido en cuenta hace unos meses por los entonces candidatos a la alcaldía y a la gobernación, los señores Gutierrez y Pérez, cuando prometieron combatir la inseguridad con todos los medios a su alcance. Hoy, ya en su condición de titulares de esos cargos, anuncian con bombos y platillos la primera gran medida de ese señero combate: la imposición de comparendos y multas a quienes ingieran alcohol o fumen marihuana en espacio público.

“Controlar el expendio y consumo de licor en espacios públicos de Medellín es el nuevo objetivo de la Policía y del secretario de Seguridad, Gustavo Villegas” se lee en nota publicada en El Colombiano el pasado 2 de marzo. El señor Villegas explica que, según la ordenanza 018 de 2012, el expendio y consumo de licor en espacio público es una contravención de policía que se sanciona con una multa de uno a cinco salarios mínimos mensuales. Y ¿cuál es el objetivo? Reducir las más de 15.000 riñas que se presentan al mes en la Ciudad, dice el señor Villegas.  Por su parte, el comandante operativo de la policía, el coronel Vásquez, se regodea diciendo que se busca “erradicar los malos hábitos” que han tenido los medellinenses. “El consumo de licor en parques como El Periodista, Lleras y El Poblado son malas costumbres, pero le apuntamos a erradicarlas con educación, poniendo a la gente en el contexto de la norma”, acota el coronel[8]

No es menos patética la presentación que de su novedosa política de aplicación de comparendos a los consumidores de droga en espacios públicos hizo el señor gobernador Luis Pérez. Lo hizo en el marco de un consejo de seguridad realizado el 8 de marzo en el que se comprometió a hacer de Antioquia “el territorio más pacífico del País”. Señaló que para adelantar esa política “nosotros tenemos una ordenanza del año 2002 que permite que multemos a los que están en el espacio público usando droga.”. Y añadió: “Estas multas todas las vamos a recoger en la Gobernación de Antioquia y si no pagan en los 30 días siguientes, vamos a hacer un listado de morosos y vamos a publicar a todos aquellos como una labor pedagógica, con el fin de que empecemos a generar un castigo social”[9]. ¡Qué tal esa: castigo social! ¿Por qué no la hoguera?

El asesinato, el hurto, el asalto, el robo, el secuestro o la extorsión son delitos que los hombres de todas las épocas y latitudes reconocen como tales de forma casi instintiva porque se trata de agresiones a la persona o a la propiedad. Son actos inherentemente malos: malum in se. El contrabando, el tráfico de drogas, la prostitución, los juegos de azar o el expendio y consumo de licor en el espacio público son actividades convertidas en delitos por disposición de los gobiernos. Son actos malos porque son prohibido: malum prohibitum.

La corrupción policial surge especialmente en las actividades convertidas en delito en virtud de la ley por el hecho elemental de que la sociedad es más tolerante con ellas. El consumo de licor en los parques puede molestar a muchas personas, pero seguramente éstas se sentirán considerablemente más molestas e inseguras por el aumento de los asesinatos, el hurto o la extorsión. Al decretar la guerra al expendio y consumo de licor en el espacio público, las autoridades les están otorgando a los agentes de policía asignados a dicha tarea el poder de vender licencias extraoficiales a las personas que realizan esas actividades – los vendedores y compradores de licor o marihuana-  que están dispuestas a pagar el precio que el mercado les asignará inevitablemente a esas licencias.  Seguramente serán más costosas los fines de semana y en los lugares donde abundan los jóvenes consumidores con mayor poder de compra y su precio debe situarse, por ejemplo, en algún punto de la brecha entre el precio de la cerveza en espacio público y el precio cobrado en los bares y cantinas de los alrededores de los parques que serán objeto de la vigilancia y cuyos propietarios, dicho sea de paso, serán los grandes beneficiarios de esa intervención pues verán incrementada su demanda y podrán cobrar más dinero por sus servicios.

Por otra parte, como la policía no puede otorgar sus licencias a todos los vendedores de licores o drogas que concurren en el mercado pues el precio de estás se vendría al suelo, terminará por establecer tratos con uno o con pocos de ellos por lo que se configurarán monopolios u oligopolios en los diferentes parques sometidos a control. Esto elevará el precio del licor y la droga. Pero más grave aún, como las licencias no pueden asignarse en subasta pública o mediante otro procedimiento competitivo no es improbable que su obtención desate enfrentamientos entre los vendedores, especialmente los de droga, elevando la inseguridad en los parques y poniendo a los jóvenes que los frecuentan en riesgo de ser víctimas de esos enfrentamientos.

Contrariamente a lo que parece creer el señor Villegas, los parques donde se reúnen los jóvenes son sitios relativamente seguros y las quince mil riñas mensuales solo existen en su imaginación. Según el ECSC la tasa de incidencia de las “riñas y peleas” fue de 1,5% en 2015. Aplicado este porcentaje a la población arroja un total de 30.204 riñas al año, es decir, una 2.517 por mes, cifra bastante lejana de las 15.000 de las que habla el señor Villegas.  Adicionalmente, la percepción de inseguridad en los parques de la Ciudad es menor que en cualquier otro espacio público como lo reporta la ECSC de 2015, cuyos resultados se reproducen en la gráfica 2.

Gráfica 2


La decisión de convertir en delincuentes a los grupos de jóvenes que en las noches de los fines de semana beben cerveza o fuman marihuana en el Parque de El Poblado, en Ciudad del Rio, en el barrio Carlos E. Restrepo, en el Parque del Periodista y otros sitios de encuentro de la Ciudad tendrá las siguientes consecuencias:

·         Aumento de los actos inherentemente delictivos - asesinato, el hurto, el asalto, el robo, el secuestro – pues una parte considerable del pie de fuerza policial, de cuya precariedad se quejan siempre las autoridades civiles, dejará de perseguir a los delincuentes para perseguir en su lugar a los jóvenes que beben cerveza o fuman marihuana en los parques de la Ciudad y a quienes les proveen esos artículos.

·         Aumento de la corrupción policial al crearse para los agentes de policía el negocio de venta de franquicias y licencias extraoficiales para permitir y tolerar el consumo de licores y droga en el espacio público.

·         Aumento del precio de la marihuana y demás sustancias ilegales como consecuencia del mayor costo de las franquicias o licencias para su venta o consumo. Es decir, del mayor costo de la extorsión.

·         Aumento de la demanda y del precio de licores y cerveza en los bares y cantinas de los alrededores de los parques sometidos a vigilancia. Sus propietarios estarán muy agradecidos con el señor Villegas.   

·         Aumento de la violencia y la inseguridad en los parques sometidos a control como consecuencia de los enfrentamientos entre los vendedores, especialmente de drogas, que buscarán hacerse al control monopolístico de esos mercados disputando el soborno a la policía.  

Todo lo anterior puede ser grave, pero más grave aún es la puerta que se abre para que la policía pueda perpetrar nuevos y crecientes atentados contra las libertades individuales de los jóvenes que por el mero hecho de estar en los parques de su Ciudad serán observados, vigilados, inspeccionados, controlados, requisados, manoseados, sermoneados, hostigados, seguidos, ridiculizados y multados; y, ante el menor signo de resistencia, podrán ser reprimidos, maltratados, golpeados o encarcelados; y si no pagan las mulatas serán anotados en listas negras para ser sometidos al escarnio público como lo quiere el gobernador.

LGVA
Marzo de 2016.






[4] Fundación País Libre. Libertad y Seguridad. Boletín No 16. Enero-septiembre de 2014. http://www.paislibre.org/images/Boletin_seguridad_N16_FPL.pdf