domingo, 23 de febrero de 2020

Manifiesto por Colombia o Manifiesto por un Estado Omnisciente, Omnipotente e Inmaculado


Manifiesto por Colombia o Manifiesto por un Estado Omnisciente, Omnipotente e Inmaculado

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista


“¿Pescarás con anzuelo a Leviatán, sujetarás su lengua con cordeles? (…) Tu esperanza seria ilusoria, pues sólo su vista aterra. No hay audaz capaz de provocarlo, ¿quién puede resistirle frente a frente?, ¿Quién le plantó cara y salió ileso? Nadie bajo los cielos. (…) En su cuello reside la fuerza, ante él danza el espanto. (…) Su corazón es sólido como una roca (…) La espada lo golpea y no se clava, ni dardo, jabalina o lanza (…). Nada se le iguala en la tierra, pues es creatura sin miedo. Mira a la cara a los más altivos, es el rey de los hijos del orgullo”
(Libro de Job, Capítulo 41, versículos 1 - 26)



Un amigo me hizo la invitación de suscribir el Manifiesto por Colombia, publicado recientemente en algunos medios como la revista Dinero y el diario Portafolio. No pude aceptarla, pues siendo un documento bien intencionado y respaldado por gentes de buena voluntad, lo encuentro profundamente equivocado en su concepción fundamental y tremendamente inoportuno en la actual coyuntura política que es la misma que motiva su publicación. También me asustó su inquietante título de “Manifiesto” y su tono de letanía secular que trajo a mi memoria perturbadores pasajes de la pesadilla orwelliana.   

Es un documento profundamente anti-liberal, una exaltación desproporcionada del estatismo colectivista que ha invadido la conciencia de las gentes y tiene en jaque a las más sólidas democracias occidentales y amenaza con destruir las débiles democracias de América Latina, como ya ocurrió en Venezuela y está ocurriendo en Colombia.

En el primer artículo de su profesión de fe estatista, los firmantes del Manifiesto, que se presumen liberales, afirman creer “en un estado que se esfuerza por reducir la desigualdad social”. ¿Hasta dónde reducirla? ¿Cuál es el límite de la desigualdad tolerable? Una vez puesta en funcionamiento y adoptada como norma fundamental de la sociedad, la ideología igualitarista no conoce límite alguno y es por eso que se está convirtiendo, como lo señalará Hayek, en la fuerza más destructiva de la sociedad liberal. La más tremenda confusión intelectual de nuestro tiempo – dice también Hayek - es la que ha llevado a los liberales a transformar el presupuesto fundamental de una sociedad libre, la igualdad ante la ley, que debe respetar y preservar todo gobierno de origen democrático, en la exigencia a ese gobierno de tratar de forma diferente a las personas para igualar su condición material. La realización plena de ese ideal no puede ser la obra de un gobierno limitado verdaderamente liberal sino la de un gobierno con poder ilimitado de emplear su fuerza coactiva para decidir sobre el trabajo de cada cual y su remuneración. Quieran lo o no los firmantes del Manifiesto, el igualitarismo distributivo - en la medida en que va privando al individuo de las señales e incentivos que le enseñan a ser responsable de su propio destino con sus logros y sus fracasos - conduce necesariamente a la instauración de un gobierno que de todo se encarga, un gobierno cada vez más poderoso. El igualitarismo absoluto requiere un gobierno igualmente absoluto.

También proclaman creer, los Manifestantes, “en un estado que lucha contra la corrupción y contra las estructuras criminales que generan” y señalan que la financiación de la actividad electoral de es un medio expedito para romper el vínculo entre la política y la corrupción. Quiero pensar que este artículo de fe está inspirado más en la ingenuidad que en el cinismo. Los grandes gobiernos modernos – que lo regulan todo, que emplean a millones personas y que otorgan subsidios a muchas más - se han convertido en gigantescos dispositivos de corrupción legalizada. Ciertamente la compra-venta de los votos amenaza la preservación de la democracia, pero es una ilusión creer que la financiación de las votaciones por un gobierno grande, cada vez más grande, es capaz de eliminarla porque es ese gobierno grande justamente el que la genera, como genera también las otras formas de corrupción: el soborno y el clientelismo burocrático. Enfrentados los individuos a un gobierno que todo lo puede y del que puede esperarse cualquier cosa buena o mala, nadie quiere verse privado de tener representación directa o indirecta en un legislativo que produce leyes sobre medida, de tratar de influenciar una administración de justicia cuyos fallos pueden agrandar o destruir fortunas y aniquilar a las personas, en fin, de cooptar un ejecutivo que distribuye puestos, contratos, dádivas y toda clase de prebendas enriqueciendo a los unos y empobreciendo a los más.     

Creen también los firmantes del Manifiesto, entre los que hay varios economistas, “en un estado que desarrolla políticas eficaces para aumentar el empleo y la formalización laboral”. Personalmente creo que no hace poco el gobierno en este campo, realmente hace mucho y lo que hace lo hace bastante mal desde la perspectiva de los que carecen de empleo o sobreviven en la mal llamada informalidad. Todo el entramado normativo del mercado laboral está hecho para preservar los beneficios de los fuertes sindicatos que agrupan a los maestros, funcionarios judiciales y demás empleados públicos. Salario mínimo, costo de despido exagerado, elevadas cargas parafiscales, transferencias que elevan el salario de reserva, jornada laboral inflexible, etc. todo eso contribuye a que Colombia tenga una tasa natural de desempleo cercana al 10% y a que la mal llamada informalidad cobije al 50% de la población ocupada. El gobierno no tiene que hacer nada para aumentar el empleo, el empleo asalariado y el noble trabajo independiente, que llaman informal, lo crearán las empresas privadas y las personas que quieran trabajar solo con que el gobierno los libere de todas las trabas que impiden la libre contratación en términos de cantidades y precios, de acuerdo con la infinidad de circunstancias de tiempo, modo y lugar que solo conocen los interesados y que escaparán siempre a la mirada de los burócratas del gobierno por más perspicaces que se pretendan.  


Nadie puede negar la importancia de la educación “como fundamento del desarrollo económico y social”. Aquí, una vez más, los Manifestantes, proclaman su fe ciega en que en este campo nada puede hacerse por fuera del estado. Hablar de la educación pública en Colombia sin reconocer que, por obra de Fecode y los demás sindicatos de profesores, esta se ha convertido en un remedo educación, que crea más ilusiones de progreso material que medios para realizarlas, y que es una fuente de adoctrinamiento ideológico, expresa una terrible ingenuidad o una descarada hipocresía. En la educación básica han aparecido infinidad de establecimientos privados porque todos los padres de familia que pueden hacerlo, aún con gran esfuerzo económico, tratan de liberar a sus hijos de la coyunda de Fecode. Y los jóvenes universitarios, cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo con el programa “Ser pilo paga”, huyeron en masa de las universidades públicas, convertidas en santuario de terroristas radicales de izquierda, sin que esto parezca importarles a sus directivos y docentes que no hacen más que reclamar aumentos de un presupuesto que gastan sin rendirle cuentas a nadie. Por supuesto que con los impuestos se debe financiar – total o parcialmente, de acuerdo con la condición económica de las familias - la educación de los niños y los jóvenes, pero no entregándolos inermes al monopolio de la educación oficial. La única forma de garantizar una mayor cobertura y mejor calidad educativa, es otorgándoles a las familias la libertad de elegir los establecimientos y las personas a las que encomiendan la educación de sus hijos. La implantación a todos los niveles del voucher educativo propuesto por Milton Friedman es la forma verdaderamente liberal de enfrentar la problemática de la educación en Colombia.  


Por supuesto que toda sociedad debe proteger a la vejez desamparada y, no solo a la vejez, sino a todos sus miembros a quienes les vaya verdaderamente mal. La idea de que debe ayudarse a quienes padecen graves carencias es inherente al concepto mismo de sociedad. La discusión radica en la forma que la sociedad aborda la solución de ese problema y define el papel de los agentes encargados de hacerlo. Aquí, como en todos los ámbitos de la vida, los Manifestantes no encuentran posible que eso se haga por un agente distinto que el gobierno empleando para ello sus instrumentos de coacción. Ni las familias, ni las asociaciones voluntarias de individuos parecen estar llamadas a desempeñar papel alguno. Además de socavar los valores de la responsabilidad personal, el esfuerzo y el mérito propios, el estatismo socava los vínculos familiares y de amistad social en los que se apoya la solidaridad. Bertrand de Jouvenel destaca la importancia de distinguir entre solidaridad y redistribución.  Cuando una persona recibe una transferencia que le permite adquirir unos alimentos que no puede comprar con sus propios recursos o pagar una atención médica de la que se vería privada sin ella, la sociedad está siendo solidaria. Cuando la transferencia le evita a esa persona un gasto que podría haber hecho de su propio bolsillo, hay redistribución pues su ingreso se ve aumentado en la misma cuantía del gasto evitado. Esta es una cuestión fundamental que debe encarar la sociedad colombiana: alentar la solidaridad con quienes no pueden valerse por sí mismos y combatir el redistribucionismo igualitarista que es el disfraz moderno de la envidia.


Además de los cinco puntos discutidos, el Manifiesto contiene otros ocho, dos o tres de los cuales se refieren a la protección de la vida, la defensa del territorio y la adecuada administración de la justicia. A pesar de estar impregnados de toda la retórica estatista que preside el documento, es imposible estar en desacuerdo con ellos pues se trata de lo que la tradición liberal clásica ha considerado como los deberes inherentes a todo gobierno limitado, aunque curiosamente se omita cualquier referencia al deber de proteger la propiedad.

Los demás puntos reiteran la inquebrantable fe de los firmantes en la omnipotencia y omnisciencia del gobierno ilimitado. Referirme a esos puntos me parece innecesariamente prolijo. En lugar de ello, voy a tratar de un asunto aparentemente semántico que permitirá dilucidar el concepto del estado inmaculado.

En el Manifiesto se habla siempre de “Estado”, así, con mayúscula, nunca de “Gobierno”. Los estatistas prefieren el primer término para referirse a una entidad abstracta que tiene el poder de coacción sobre la sociedad, reservando el segundo para referirse el conjunto de individuos que en circunstancias contingentes están a cargo de ese poder de coacción. Esta forma de hablar tiene implicaciones conceptuales y políticas de enorme trascendencia.

Los gobiernos suelen ser ineficientes, ineficaces, indolentes, incompetentes, imprevisivos, indiferentes, indignos, inoportunos, imprudentes, indelicados, impuros, ignorantes, impasibles y, sobre todo, corruptos. Todos estos y muchos más denuestos, que lanzan los políticos cuando no son ellos los gobernantes, se refieren siempre al gobierno contingente pero nunca al “Estado”, que permanece inmaculado, aunque esté circunstancialmente manchado por las acciones de unos hombres malos que basta reemplazar por los hombres buenos, que están en la oposición, para que el estado y el gobierno, ahí sí sinónimos, recobre su pureza primigenia.

Los economistas de la Escuela de la Elección Pública pusieron nuevamente al desnudo esa ficción, que por supuesto no estaba en la mente de los filósofos y economistas que fundaron la tradición liberal. No dudo de que existan hombres buenos, decía Hume, pero para los asuntos del gobierno es mejor suponer que todos somos bellacos. O, como lo expresó más tarde Stuart Mill, con especial crudeza: “El verdadero principio de un gobierno constitucional exige que se presuma que se abusará del poder político para alcanzar los objetivos particulares de quien lo detenta, no porque siempre sea así, sino porque esa es la tendencia natural de las cosas…”.

Contrariamente a lo que creen los firmantes del Manifiesto, el estado que idolatran no es una elaboración divina dotada de omnisciencia y bondad. Los estados o, mejor, los gobiernos, son organizaciones humanas donde las decisiones se toman por seres humanos no mejores ni peores que los demás. Los firmantes, parecen razonar en dos mundos: en el ámbito de las decisiones privadas los individuos son guiados por su propio interés; en el ámbito de las decisiones públicas, se tornan altruistas, y son guiados por el interés general, por la búsqueda del bien público o la justicia social. Esto es, por supuesto, una ficción, pero, por sorprendente que parezca, sobre esa ficción descansa la confianza ilimitada de los Manifestantes en el Leviatán.

El Manifiesto ha sido y será aplaudido por los políticos de todas las tendencias y todos, incluidos Petro y los dirigentes de las Farc o el ELN, lo habrían suscrito si se lo hubieran permitido. Eso no tiene nada de sorprendente pues, como afirman Buchanan y Brennan, “los políticos de cualquier ideología tienen intereses en común, y la posibilidad que tienen de explotarlos a expensas del electorado es muy considerable”. Esa posibilidad de explotación se materializa por medio del control de ese estado grande, omnipotente, omnisciente e inmaculado que glorifican los Manifestantes y que, en busca del bien común, la distribución del ingreso o la justicia social, queda facultado para cometer cualquier bellaquería.

Además de ser anti-liberal, el Manifiesto es anti-democrático y un poquitín sedicioso, habida cuenta de las circunstancias en las que se publica y de su propósito eminentemente político. La democracia consiste, fundamentalmente, en la realización de votaciones periódicas y en la entrega pacífica del poder según el resultado de esas votaciones. Los gobiernos que se suceden pueden ser malos o buenos. La democracia es – como lo recuerda Popper - el método que tiene la sociedad para deshacerse sin derramamiento de sangre de los malos gobernantes. Por eso, cuando un gobierno resulta malo, no toca más que soportarlo y esperar pacientemente la próxima votación. Cuando la sociedad vota un gobierno vota un programa, y democracia es también aceptar ese hecho. Democracia es tolerar un gobierno que no nos gusta, ejecutando un programa que nos parece repudiable, siempre que se tenga la certeza de que ese gobierno respetará las reglas del juego electoral.

No veo el más mínimo indicio de que el Presidente Duque tenga la intención de perpetuarse en el poder, pasando por encima de los resultados de las votaciones. Por ello no hay razón válida tratar de sacarlo del gobierno antes del término constitucional de su mandato o, lo que es casi lo mismo, de forzarlo a gobernar con un programa diferente de aquel por el cual fue elegido. Esta es ostensiblemente la pretensión de los promotores del paro de noviembre con su desaforado programa de los 104 puntos. Creo que, más por ingenuidad que por malevolencia, los Manifestantes están validando esa pretensión y eso me parece completamente inaceptable. Al igual que la de los 104 puntos, el Manifiesto estatista es una propuesta política enteramente válida, pero, una y otra, deben ser sometidas a la consideración de los electores en su debido momento, sin pretender imponerlas mediante la sedición violenta o la sedición con guante de seda.       


LGVA

Febrero de 2020.



domingo, 16 de febrero de 2020

El futuro de las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas


El futuro de las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas


Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista


Con las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) se inició el desarrollo del sistema eléctrico colombiano. En razón de nuestra geografía, en las vecindades de cada municipio, había pequeñas caídas de agua aprovechables para la generación de electricidad. A finales del siglo XIX y principios del XX, en decenas de municipios del País, de Antioquia en especial, empresarios innovadores instalaron equipos – ruedas pelton, generadores y todo lo demás – para abastecer de electricidad los alumbrados públicos, algunas viviendas y unos pocos negocios localizados en el casco urbano. La primera hidroeléctrica de Medellín, construida en 1898, aprovechaba las aguas de la Quebrada Santa Elena. Hacia 1920, en el sitio conocido como Tequendamita, se construyó una pequeña planta, bautizada Don Diego, para servir al municipio de Rionegro. 
 
El desarrollo de la transmisión de alto voltaje hizo posible la explotación de aprovechamientos de mayor tamaño para abastecer un número mayor de municipios a menor costo, por las economías de escala, y con mayor confiabilidad, por la posibilidad de embalsar los excesos de agua en los inviernos para utilizarlos en los veranos. La interconexión de los sistemas eléctricos colombianos, iniciada en los años 60, con la creación de ISA, abrió la oportunidad de construir hidroeléctricas de gran potencia, alimentadas por grandes embalses, para atender la demanda creciente de infinidad de centros de consumo alejados de los puntos de producción. Y fue así como las viejas PCH municipales entraron en desuso, dejaron de recibir mantenimiento y nadie quiso construir nuevas dejando desaprovechados los pequeños potenciales que abundan en el País.

En algún momento las autoridades del sector eléctrico tomaron conciencia de lo absurdo que resultaba desaprovechar los pequeños potenciales hidroeléctricos, que, sumados todos los del País, llegan a 90.000 MW, casi 6 veces la capacidad instalada actual del Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Se expidió entonces una sencilla regulación adaptada a las características naturales de esta fuente de generación. Se dispuso que las PCH con potencia inferior a 10 MW no tuvieran que ofertar su energía en la bolsa y que aquellas con potencia superior a 10 MW e inferior a 20 MW lo hicieran voluntariamente. Técnicamente esto significa no participar en el despacho centralizado. Adicionalmente, se las eximió de pagar el impuesto llamado CERE con el cual se financia el llamado cargo de confiabilidad, que remunera parcialmente a las grandes centrales térmicas e hidroeléctricas con embalse que dan firmeza al sistema eléctrico.

Los potenciales que aprovechan las PCH son muy pequeños razón por la cual no se embalsan. Las PCH, dejando el caudal ecológico exigido por las Corporaciones Ambientales, utilizan toda al agua que pasa, por eso también se las llama centrales filo de agua. Esos potenciales están sujetos a grandes variaciones hidrológicas de una temporada a otra, de un día a otro, e, incluso, de una hora a otra. Ello hace extremadamente difícil anticipar la energía que se producirán en cada hora del día, requisito necesario para ofertar en la bolsa.  Así, las PCH están generando siempre que tengan agua y sus equipos disponibles, entregando su energía al SIN.

En razón de la variabilidad de su generación que resulta de la variabilidad de la hidrología, las PCH venden su producción, típicamente a grandes comercializadores, mediante contratos de la modalidad “pague lo generado”, lo cual significa que venden lo producido en cada hora sin haberse comprometido previamente a entregar una cantidad determinada de energía, como si pueden hacerlo las hidroeléctricas con embalse o las térmicas. De comprometerse a entregar una cantidad determinada, las PCH estarían incurriendo en un riesgo muy elevado pues en caso de no producir la cantidad comprometida deben comprar el faltante a precio de bolsa. Justamente por no garantizar la entrega de una cantidad fija, la energía vendida en contratos “pague lo generado” se cotiza a un precio entre 15% y 20% inferior a la vendida en los contratos denominados “pague lo contratado”, que si tiene un compromiso de firmeza.

Las 115 PCH del SIN suman 875 MW, el 6% de la potencia instalada, y aportan un 8% de la generación anual. Actualmente hay unas 4 en construcción, 5 próximas a iniciarla y unas 30 licenciadas. En la UPME hay inscritos unos 90 proyectos que suman 970 MW. Pero parece que las PCH se están convirtiendo en víctimas de su propio éxito.

Una serie de cambios regulatorios introducidos en 2019, y otros que han sido propuestos por los expertos contratados por el Gobierno Nacional para plantear reformas en el mercado eléctrico, apuntan a suprimir las reglas que dan viabilidad a las PCH independientes dentro de la matriz eléctrica del País.

La resolución 096 de 2019 excluyó del despacho centralizado, es decir de la obligación de ofrecer en bolsa, a las plantas con capacidad igual o menor a 1 MW. Entre un 1 MW y menos de 20 MW, esa participación sigue siendo voluntaria, pero los expertos están proponiendo que sea obligatoria. Por la misma resolución 096, la energía de las plantas que no entren al despacho solo podrá ser vendida en contratos pague lo generado a generadores o comercializadores que destinen esa energía exclusivamente al mercado no regulado. Es decir, la energía de las PCH, la de más bajo costo variable, no puede abastecer el mercado regulado donde está más del 70% de la demanda comercial.

La entrada obligatoria al despacho centralizado deja sin piso los contratos “pague lo generado” para todos los agentes, porque resulta imposible tener al mismo tiempo un compromiso de generación en mercado de corto plazo y un contrato de cantidad indeterminada en el de largo plazo. Esto significa que las PCH se verán obligadas a vender en la bolsa o mercado de corto plazo, lo cual dificulta la obtención de financiación de nuevos proyectos y las expone al riego de penalización por las desviaciones.

Las dificultades de financiación afectarían, particularmente, a los pequeños promotores dado que los grandes pueden respaldar sus obligaciones con sus otras fuentes de ingresos. Es dudoso que un banco otorgue un crédito cuando la fuente de pago es incierta en precio y en cantidad.

La penalización por desviaciones introduce un riego adicional que las PCH independientes difícilmente pueden asumir. Cuando la generación de una planta se aparta un 15 % hacia arriba o hacia abajo de la comprometida, es penalizada con una suma igual al monto de la desviación multiplicado por la diferencia entre el precio de bolsa y el ofertado por la planta.

Brevemente explicado, el impacto del Costo Equivalente Real de Energía (CERE) sobre la viabilidad de las PCH independientes consiste en lo siguiente:  una parte de precio que pagan los consumidores finales está destinado a remunerar parcialmente las plantas que tienen el compromiso de suministrar energía firme. Cuando una planta vende en bolsa un KWh a $ 180, una parte de esa suma, unos $ 60, no es suya, sino que es recaudada por el administrador del mercado y destinada al pago de las obligaciones de energía firme de las plantas que tienen ese compromiso. Para los grandes agentes esto equivale a sacar dinero de un bolsillo para pasarlo al otro. Como las PCH no ofrecen energía firme no recuperan nada, razón por la cual para ellas el CERE es un impuesto neto, situación parecida a la de una empresa cualquiera que no tiene forma de descontarse el IVA.

Se alega que el CERE es un ingreso de las PCH y que con su participación en el despacho centralizado lo único que harían es devolver ese ingreso que corresponde a las plantas que si aportan firmeza. Este es un error. Las PCH no aportan firmeza, es verdad, pero tampoco recaudan CERE, como lo prueban los hechos del mercado: el precio de la energía vendida en contratos “pague lo generado” está entre un 15% y un 20% por debajo del precio de la vendida en contratos “pague lo contratado”. El mercado descuenta la falta de firmeza y ese descuento equivale al CERE.

La confusión reposa en la incomprensión de la naturaleza del producto que venden las PCH y en el consiguiente desconocimiento de su importancia dentro de la matriz eléctrica y de su efecto sobre el precio al consumidor final.

Las PCH aprovechan la energía potencial de quebradas y pequeños ríos que no pueden ser embalsados. Esto significa que el agua que pasa por los puntos de aprovechamiento no explotados es energía que se pierde irremediablemente. Esto significa también que es energía de un costo variable extremadamente bajo, con frecuencia nulo. La de las PCH no es una energía firme, es una energía barata y es por eso que se vende a un bajo precio que a la postre beneficia al consumidor final, porque el precio pagado por este no es otra cosa que el promedio ponderado de los costos de producción de las diferentes fuentes participantes en la matriz eléctrica. La electricidad es una sola, pero se produce con distintitas tecnologías cuyas diferencias se expresan en diferencias de costo. Sacar las PCH de la matriz eléctrica eleva el costo de producción promedio de la energía y, por tanto, el precio al consumidor final.

Si se hace obligatorio el despacho central y desparecen los contratos pague lo generado, el negocio de las PCH independientes deberá transformarse de dos posibles maneras, pero ambas implican la pérdida de la energía barata de la generación filo de agua.

Para elevar la firmeza, los nuevos desarrollos deberán hacerse con menor capacidad de generación instalada, elevando el llamado factor de planta. Dada la importancia del costo las obras civiles dentro del costo total de esta clase de proyectos, esto elevará costo de capital por KW instalado y seguramente hará inviables una gran cantidad de potenciales. También para aumentar su firmeza, las PCH existentes deberán invertir en obras civiles o baterías almacenadoras, inversiones que elevarán sus costos de producción. En todos los casos perderá agua y energía y la energía restante será más costosa.

Otra posibilidad, no excluyente de las anteriores, es que las PCH existentes y los nuevos desarrollos que sean posibles queden en manos de los grandes productores, lo cual reduce la competencia en los mercados de corto y largo plazo y en la expansión del sistema de generación.

Poder de mercado es la capacidad de un agente de reducir la oferta para elevar el precio. La mayor parte de los propietarios de los 875 MW de PCH del SIN no están interesados en ejercer poder de mercado y aunque lo quisieran no podrían hacerlo porque no tiene forma de retener el agua para restringir la oferta. No ocurre los mismo con los grandes generadores que pueden almacenar en otros embalses el agua que dejan correr eventualmente en sus PCH. A los grandes generadores tampoco los afectaría mayormente el CERE pagado por sus PCH porque lo que pagan lo reciben por sus obligaciones de energía firme respaldadas por sus embalses o sus centrales térmicas.

La gráfica ilustra el efecto de la existencia de las PCH sobre el precio de la bolsa. El panel A muestra el mercado de corto plazo en una hora cualquiera. Como están generando desde que tengan agua y sus equipos en funcionamiento, las PCH están siempre ahí, en la base de la curva de carga, suministrando su energía y, en consecuencia, desplazando hacia la derecha la curva de oferta. Sin las PCH en el mercado, solo estarían ofertando los recursos despachados centralmente, lo que se traduciría en una menor oferta, desplazamiento a la izquierda de la curva de oferta, ocasionando que el precio se eleve de P1 hasta P2, para una misma demanda. Esto se ilustra en el panel B.





Esto ocurre en cada una de las 8760 horas del año, las PCH ahí, produciendo energía barata y reduciendo el precio de la bolsa y, por tanto, el precio de los contratos de largo plazo que a la larga obedecen a aquel.


Pero además de producir energía limpia y barata y de reducir el precio de bolsa, las PCH contribuyen a la reducción de pérdidas técnicas en las redes de transmisión regional y distribución local por estar situadas en zonas apartadas donde la generación es baja con relación a la demanda. La necesidad de atender sus demandas de conexión, presiona a los operadores de los sistemas regionales de transmisión y los sistemas de distribución local a invertir en líneas y subestaciones lo cual se traduce en mejoras en los niveles de continuidad y calidad del servicio. Sus impactos ambientales y sociales son limitados, comparados con los de los grandes proyectos. En fín, las PCH generan empleo e ingresos fiscales en decenas de pequeños municipios que suelen encontrarse entre los más pobres del País.

Extrañamente el Gobierno Nacional está obsesionado con promover la generación eólica y solar, otorgándoles ventajas que no viene al caso mencionar, pues no se trata aquí de desacreditar la panela ajena para acreditar la propia. Sin embargo, no es ocioso mencionar que, en materia de producción de electricidad, los países suelen explotar concienzudamente los recursos que la naturaleza les dio. Los daneses, tan escasos de tierra, instalan, a altísimos costos, sus molinos de viento costa afuera.  Los noruegos, que en cada fiordo tienen una pelton, disfrutan de la energía más limpia del mundo: 99% hidroeléctrica, sin inquietarse por no tener generación eólica. Los polacos, que tienen la más sucia de Europa, tratan de instalar algo de viento y solar, pero sin renunciar al carbón, mitigando su uso mediante la compra de derechos de emisión. 

Es necesario desligar los problemas operacionales que se quieren resolver de los aspectos financieros. Las perturbaciones que en la operación del sistema introducen las PCH pueden resolverse sin hacer obligatoria su presencia en el despacho centralizado. Se le puede exigir a los operadores que mejoren la frecuencia y calidad de la información hidrológica de suerte que XM, que cuenta con las herramientas y el know-how requerido para ello, haga proyecciones de la generación de corto plazo agregadas por regiones eléctricas o cuencas. En este caso no tendría sentido gravar a las PCH con el CERE.

En lugar de suprimir los contratos “pague lo generado” su utilización debe incentivarse en el mercado regulado. Los comercializadores están en condiciones de manejar la variabilidad de la oferta dentro de su portafolio de compras trasladando a sus usuarios finales un menor precio. Esto fue lo que se hizo con las subastas diseñadas para las eólicas y solares, tecnologías de generación más variable que la de las PCH.

No tendría sentido que el País desincentivara su generación filo de agua, que tiene en abundancia, para promover la solar y la eólica; así como desincentivó el carbón, que se quedó enterrado, para promover el gas y los líquidos en la generación térmica.

LGVA

Febrero de 2020.

miércoles, 12 de febrero de 2020

Nota sobre la reforma pensional


Nota sobre la reforma pensional


Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista


El hecho de que a nadie – o casi a nadie – le resulte extraña la existencia de un régimen pensional obligatorio ilustra de forma palmaria el grado en que el estatismo – entendido como la creencia acendrada de que el intervencionismo estatal sirve mejor que el mercado al bien común – se ha convertido en el sentir dominante de la sociedad. Por eso, la discusión de la reforma pensional que se plantea y lo que de ella se plasme finalmente en los textos legislativos estará marcada por ese sentir dominante.

Este, claro está, no es un fenómeno exclusivo de Colombia. En Francia y en Chile, los casos de actualidad noticiosa, y en todos los países que recientemente han reformado o están reformando sus sistemas pensionales, la idea de que el ahorro para la vejez es un problema del gobierno más que de las familias ha estado presente en los procesos de reforma, haciéndolos extremadamente conflictivos, pues en este caso, probablemente más que en cualquier otro, se cumple la célebre sentencia de Bastiat de que el estado es la gran ficción en donde todo mundo trata de vivir a expensas de los demás.

En un sistema pensional relativamente bueno exige un equilibrio entre el esfuerzo, los beneficios y el tiempo durante el cual estos se reciben. El esfuerzo es, por supuesto, el valor de la cotización o ahorro y el tiempo durante el cual se realiza. El beneficio es la pensión recibida, la cual, referida al último salario da la llamada tasa de reemplazo. La duración de los beneficios depende de la edad de jubilación y la duración de la vida del jubilado. El trabajo de los actuarios consiste en calcular esas variables.

Existen en el mundo gran variedad de sistemas pensionales que pueden, no obstante, agruparse en tres categorías básicas, a saber: el de reparto o prima media, el de ahorro individual obligatorio y los sistemas mixtos que combinan elementos de los dos primeros. El colombiano es un sistema mixto, con un subsistema de reparto, gestionado por Colpensiones, y uno de ahorro individual con solidaridad, a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones. Existe también un sistema de ahorro individual voluntario cuyos aportantes reciben incentivos fiscales.

Cualquiera sea el régimen institucional, las crisis que aqueja a los sistemas de muchos países tienen un mismo origen: el aumento de la esperanza de vida en la edad de retiro que lleva a que se tenga un mayor número de jubilados y que estos vivan más. Existen, además, como detonantes de la crisis, problemas propios de cada país.

El régimen institucional es fundamental por la articulación del sistema pensional con el mercado laboral, el mercado de capitales, las finanzas públicas y, a la postre, el crecimiento de la economía. Y esto es así porque el régimen institucional no es otra cosa que la forma en que se financian las pensiones.

El sistema colombiano, además del desajuste de sus parámetros actuariales, adolece también de problemas en su diseño institucional que se expresan en su baja cobertura, su elevado impacto sobre las finanzas públicas y la coexistencia de pensiones muy elevadas con otras extremadamente pequeñas.

A causa de la informalidad laboral, son muchas las personas que cotizan de forma intermitente lo que les impide alcanzar el ahorro requerido, o el número de semanas de cotización, para pensionarse con una mesada igual al salario mínimo legal, que por decisión de la Corte Constitucional es la pensión mínima. La informalidad laboral es en parte consecuencia del mismo sistema pensional pues el hecho de que dos terceras partes de los aportes pensionales corran por cuenta de los empleadores los convierte en un impuesto a la nómina y por consiguiente en un obstáculo a la contratación de trabajadores.

Como los beneficios reconocidos por el régimen de prima media (RPM) exceden ampliamente a los del régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS), todo mundo busca pensionarse en el primero, cuyas reservas se agotaron hace más de 15 años razón por la cual el déficit entre las cotizaciones corrientes y las cargas pensionales viene siendo cubierto con recursos del presupuesto nacional. La mayor parte de esos recursos se destinan a complementar las pensiones elevadas lo que da al sistema un odioso sesgo de inequidad.

El actual régimen pensional, salido de la ley 100 de 1993, ha contribuido al desarrollo del mercado de capitales. El valor del fondo administrado por las AFP asciende a unos trecientos billones de pesos, 93% en pensiones obligatorias y 17% en voluntarias.

La reforma pensional debe enfrentar los problemas del sistema actual y potenciar sus logros. Para esto es necesario modificar los parámetros actuariales y la forma de financiación, aumentando la importancia del ahorro individual, obligatorio y voluntario, y reduciendo, tanto la carga sobre los empleadores como la del presupuesto nacional.

La expectativa de vida al nacer es importante en el diseño desde cero de un sistema pensional, pero, para su reforma, lo es más la expectativa de vida en la edad de jubilación. En Colombia, un hombre jubilado a los 62 años puede vivir hasta los 80 y una mujer jubilada a los 57 puede llegar a los 82. Es decir, el pensionado promedio pasará 18 años recibiendo su mesada, si es hombre, o 25, si es mujer, cifras elevadas en el contexto internacional como puede constatarse en la tabla que muestra los parámetros demográficos de algunos sistemas pensionales.


Los parámetros financieros del sistema también parecen estar desajustados para el tiempo de disfrute de la jubilación. La tasa de reemplazo parece elevada, por lo menos el 75% del ingreso promedio de los 10 últimos años, y la cotización es relativamente baja, 16% del ingreso laboral.

En Suecia, que reformó hace algunos años su sistema, la tasa de reemplazo es de 53,4% con una cotización de 21,6% y una edad de retiro de 65 años para hombres y mujeres. En Noruega, donde todos se jubilan a los 67 años, se debe cotizar el 20.1% del ingreso para alcanzar una pensión equivalente al 51,6% del ingreso laboral. Los italianos cotizan el 33% para jubilarse a los 67 años con una tasa de reemplazo de 91,8%. En Alemania, hombres y mujeres, se están jubilado a los 65 años y medio, cotizando el 18,6% para tener una tasa de reemplazo de 51,9%. Está previsto en Alemania elevar la edad de retiro a 67, mientras que los italianos anticipan llevarla a 71 y los daneses a 74. Finalmente, los chilenos, que andan reclamando por sus bajas pensiones, cotizaron solo el 12,4% que les permitió alcanzar una tasa de reemplazo de apenas 37,3%.

Las tasas de reemplazo relativamente bajas que se presentan en la mayor parte de los países desarrollados, no significan que las personas tengan forzosamente que pensionarse con ese nivel. Tampoco son obligatorias las edades de retiro. Esos parámetros se refieren a los sistemas pensionales obligatorios, pero la gente puede ahorrar más y trabajar más años para mejorar su pensión.

Para el conjunto de los países de la Unión Europea la tasa de reemplazo de 69,8 % del sistema obligatorio se eleva a 73,6 % por efecto del ahorro voluntario y en los países OCDE pasa de 68,3% a 75%. En el Reino Unido las cifras respectivas son 51% y 82,3%; en los Estados Unidos 61,2% y 94,1%; en Canadá de 58,3% y 82,4% y en Japón 45,9% y 74%. Mención especial merecen los ahorradores irlandeses quienes juntado ahorros obligatorios y voluntarios alcanzan una tasa de reemplazo neta de impuestos de 105,6%.   

En los países mencionados y otros de la Unión Europea se han venido adoptando sistemas que privilegian el ahorro individual con una participación creciente del ahorro voluntario. El sistema colombiano tiene esos dos componentes, aunque, como ya se indicó, la participación del ahorro voluntario es aún muy baja.

Para reducir su impacto fiscal, la reforma del sistema pensional debe aumentar la edad de jubilación y elevar la tasa de cotización. Para fortalecer el mercado de capitales, se debe aumentar el ahorro individual, buscando que el componente voluntario eleve su participación en la financiación de las pensiones. Adicionalmente, para mejorar el mercado laboral, es necesario que la participación de los empleadores en el componente obligatorio se reduzca y que concomitantemente aumente la de los empleados. El sistema actual es bueno para los que tienen empleo estable en grandes empresas o en el sector público, pero tremendamente inequitativo para los que están desempleados o en la informalidad.

El llamado Sistema Multipilar, propuesto por el Banco Mundial en 1994 y reformulado para Colombia por Fedesarrollo[1], responde en buena medida a los problemas indicados. En el llamado Pilar Cero, financiado con impuestos, se recogerían los programas BEPS y Colombia Mayor. Este debe ser limitado en los beneficios y rigurosamente focalizado para evitar el sesgo de inclusión. El pilar público de reparto simple debe estar limitado a garantizar una pensión equivalente a no más de un salario mínimo. La obtención de una tasa de reemplazo mayor debe depender del ahorro individual obligatorio y, de forma creciente, del ahorro voluntario.

LGVA

Febrero de 2020.


[1] Fedesarrollo. Informe mensual del mercado laboral: la reforma pensional que Colombia requiere. Bogotá, abril de 2018.

viernes, 31 de enero de 2020

¿Qué hacer con las Cajas?


¿Qué hacer con las Cajas?

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista


Las Cajas de Compensación Familiar se crearon en los años 50, con el apoyo decisivo de los empresarios de entonces. Se llamaron “cajas” porque su propósito era recaudar un recargo sobre la nómina para distribuirlo entre los trabajadores de menor ingreso y así “compensar”, en alguna medida, la diferencia de remuneración entre los asalariados.

Durante años ese recargo no pareció ser un problema para las finanzas de las empresas ni se identificó como un obstáculo para la generación de empleo. El crecimiento de la economía colombiana y el progresivo aumento de la presión fiscal sobre las empresas llevaron, el primero, a la transformación de las cajas en empresas de servicios y, el segundo, al surgimiento de la tesis según la cual ese recargo obstaculiza la generación de empleo formal.

En efecto, el aumento de la productividad de la economía fue llevando, a lo largo de los años, a la elevación de los salarios y a la reducción relativa de la fuerza laboral que podía beneficiarse del subsidio monetario. Fue así como las cajas, en particular las de las grandes ciudades, empezaron a tener excedentes cada vez más grandes que sus administradores invirtieron en las más variadas actividades y servicios para sus afiliados y el público en general.

Las Cajas se fueron llenando de supermercados, droguerías, hoteles, bibliotecas, piscinas, aulas, camas, cafeterías, ópticas, quirófanos, laboratorios clínicos, ferreterías, etc. y ofreciendo servicios de salud, recreación, alimentación, construcción, turismo, etc. Los administradores Colsubsidio, la Caja más solvente, tuvieron la ocurrencia de construir un teatro y de importar reproducciones de pinturas célebres y libros de arte. El crecimiento de los ingresos de las Cajas y su creciente capitalización atrajeron la atención de sucesivos gobiernos que produjeron legislación para regular al uso de los aportes, dando prioridad a la vivienda y la educación.

Las Cajas hacen mucho más que recaudar aportes y distribuir subsidios.  Hoy el Sistema de Compensación Familiar (SCF) está compuesto por 68 Cajas, que, en 2018, tenían activos por más de 21 billones de pesos, vendieron servicios por 19,4 billones y recaudaron 7 billones de aportes de 679 mil empresas con 9,7 millones empleados cotizantes y 11.4 millones de personas dependientes. Estas cifras ilustran el tamaño del SCF y, al compararlas con las de 1998, evidencian su notable crecimiento en 20 años. Pero hay otros hechos que deben destacarse.



El SCF en su conjunto está más endeudado, 50% frente a 38%, y se ha elevado la importancia de los aportes en su financiación, pues pasaron de 28% a 36% de los ingresos por servicios. Las empresas afiliadas se multiplicaron por 3.8, los cotizantes por 2.8 y los dependientes por 1.8. Esto significa que entraron al sistema empresas de menor tamaño – el número de empleados por empresa pasa de 19 a 14 – y que el tamaño de las familias es más reducido, lo cual se traduce en menos subsidios monetarios, pues estos se entregan por cada hijo menor de doce años.

Desde hace tiempo se insiste, para incentivar el empleo formal, en que se deben eliminar los aportes del 4% y financiar el SCF con impuestos generales. Esto no parece ser una buena idea.

Lo que importa a las empresas es la utilidad que queda después de cubrir los costos y pagar los impuestos. Que esta aumente por menos impuestos o por la eliminación de los aportes de nómina es algo completamente irrelevante para la generación de empleo. La eliminación de los aportes y su sustitución por recursos del presupuesto nacional nos lleva a un escenario algo problemático.   

Los consejos directivos de las Cajas están integrados por representantes de los empleadores y de los trabajadores. Por eso, como ocurre en cualquier empresa en cuya junta directiva tomen asiento personas que no tienen comprometido su propio dinero, las Cajas, en lo fundamental, son controladas por la administración.

Por disponer de unos ingresos que llegan sin mayor esfuerzo y amparados en los “objetivos sociales”, los administradores de las Cajas manejan los recursos con excesiva soltura, acometiendo inversiones poco o nada rentables o desarrollando actividades cuyos ingresos escasamente cubren los costos operativos. Como consecuencia de ello, todas las Cajas tienen sus elefantes blancos más o menos grandes. Sin embargo, aunque en algunas Cajas, especialmente las pequeñas, se han presentado casos, el conjunto del SCF ha estado libre de los grandes escándalos de corrupción y del desgreño administrativo característicos de las empresas del estado.

Si las Cajas empiezan a ser financiadas por el presupuesto nacional, pronto terminarán convertidas en empresas industriales y comerciales del estado y a sus juntas directivas llegarán inexorablemente los representantes de la clase política; quizás de lo peor de la clase política, pues con un presupuesto de 25 billones de pesos, el riesgo de que el SCF se convierta en un nuevo coto de caza de los corruptos es muy elevado.

La reforma verdadera y radical del SCF pasa por sacar a las Cajas de limbo en el que se encuentran, transformarlas en sociedades por acciones y entregarlas a los trabajadores, que son sus verdaderos propietarios, pero esto solo puede hacerlo un gobierno verdaderamente liberal. Entre tanto, en lugar de entregarlas a los políticos, es mejor dejarlas como están, con algunos cambios que introduzcan algo de competencia en el Sistema y lo preparen para su privatización.

Lo primero es permitir que sean los trabajadores, en lugar de las empresas, quienes decidan a cuál Caja se quieren afiliar, como ocurre en el sistema de salud. Se les deben imponer, en segundo lugar, metas de equilibrio financiero, acompañadas de una reducción gradual de los aportes de nómina, de suerte que, en un período de tiempo, cuya duración debe determinarse con algún rigor, sean auto-suficientes en todas sus actividades.

La eliminación gradual de los aportes de nómina debe traducirse en un aumento equivalente de los salarios de los empleados, porque finalmente dichos aportes son un ingreso salarial al que se le dio una destinación específica al igual que el destinado a la financiación de la seguridad social en salud y pensiones.

Las Cajas tienen un inmenso capital físico y un personal especializado en las diversas actividades que adelantan. Con la competencia por la afiliación, algunas Cajas desaparecerían y otras serían absorbidas por las que se tornen más eficientes y competitivas. Esto no hay que lamentarlo pues el conjunto del sistema terminará conformado por empresas con mejores servicios, altamente productivas, rentables y generadoras de valor.

LGVA

Enero de 2020.

jueves, 30 de enero de 2020

Medellín sin toros y con menos libertad


Medellín sin toros y con menos libertad


Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista


Los gobernantes no están para imponer sus gustos y aversiones a los gobernados, sino para expedir y hacer cumplir normas generales de conducta que permitan a los ciudadanos convivir sin hacerse daño a pesar de la diversidad ilimitada de sus gustos y aversiones.

Sucesivos alcaldes, hostiles a la tauromaquia, se empecinaron en acabar, hasta lograrlo, con la celebración de festejos taurinos en Medellín. Sin respeto alguno por su valor histórico y arquitectónico, uno de ellos hizo transformar la hermosa Plaza de la Macarena en un horroroso “centro de espectáculos”, otro le retiró a la feria un modesto apoyo publicitario y uno más financió la actividad de los furibundos anti-taurinos para que hostigaran a los aficionados en las vecindades de la Plaza.



Agotada por la hostilidad, Cormacarena se declaró incapaz de organizar la temporada taurina de 2019 y los empresarios que pretendieron hacerlo en su lugar fueron rechazados por la administración municipal. En 2020, ningún empresario quiso arriesgarse a organizar la feria y Medellín se ha quedado sin toros, probablemente de forma definitiva.

En Medellín, como en todas partes, los taurinos son una minoría. Lo han sido desde siempre, pero durante muchos años pudieron disfrutar de su afición sin molestar a nadie ni ser molestados por nadie.  No viene al caso repetir los argumentos en defensa de la fiesta brava, magistralmente expuestos por Fernando Savater en su Tauroética. La cuestión es de libertades y derechos.

Los toros de casta, las haciendas donde pastan, las plazas de toros, los corrales, los caballos, los capotes, las banderillas, las botas, en fin, todos los aperos de la fiesta y; sobre todo, habilidades de los toreros, de los empresarios y de todas las gentes que trabajan en la fiesta brava son la propiedad legítima de un grupo de personas. También son legítimos los ingresos que los aficionados gastan libremente en comprar las boletas para asistir a las corridas y en toda la parafernalia de la fiesta brava. Este es el punto fundamental. Lo que está en juego es el derecho a disponer libremente de las propiedades legítimamente adquiridas.

Seguramente, la mayoría aprueba la desaparición de las corridas de toros en Medellín o le resulta completamente indiferente. No hay nada de sorprendente en ello pues, como decía Ortega y Gasset, la gente no suele ponerse de acuerdo si no es en cosas un poco bellacas o un poco tontas. Esa mayoría tampoco se percatará, no inmediatamente al menos, de que esa decisión empobrece nuestra democracia y reduce nuestra libertad.

LGVA

Enero de 2020.