lunes, 3 de septiembre de 2018

Nota sobre el salario mínimo legal


Nota sobre el salario mínimo legal

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Universidad EAFIT


La fijación de un salario mínimo legal (SML), como casi cualquier control de precios, es mala economía pública, como lo sabe cualquier economista medianamente competente. El hecho de que esa legislación exista en tantos países y que buena parte de la opinión, incluso la pretendidamente ilustrada, la encuentre natural es una muestra más del preocupante retroceso de las ideas del liberalismo económico y la enorme confusión que esto genera. No queda más que seguir el mandato que Mises diera a los defensores del liberalismo: tratar de convencer a sus conciudadanos de la veracidad y la utilidad social de sus ideas. La cuestión no es extremadamente difícil, aunque exige más atención que los slogans anticapitalistas e intervencionistas que suelen tener un acogida inmediata y clamorosa entre las masas. 

Aunque tienen un rasgo común cual es la baja calificación, el SML lo ganan una gran variedad de personas – de ambos géneros y todas las edades - que desempeñan diversos oficios en distintos lugares y diferentes circunstancias.  Dependientes de pequeños comercios, empleados de restaurantes, trabajadoras de servicio doméstico, obreros de la construcción, coteros, pinches de cocina, braceros, trabajadores agrícolas, peluqueras, manicuristas, jardineros, mensajeros, repartidores de pizza, etc. conforman la variopinta especie de quienes ganan el SML. A esa diversidad de oficios hay que añadirle la diversidad de lugares, circunstancias y momentos en los que se pueden ejercer. Naturalmente, es igualmente variada la clase de los empleadores que lo pagan: son personas naturales o jurídicas que desarrollan toda clase de negocios en los más diversos lugares, las más variadas circunstancias y momentos.

La idea de que se puede fijar acertadamente un SML igual para esta multiplicidad de situaciones parte de dos supuestos inverosímiles: i) que la gente no experimenta desagrado por trabajar en ningún oficio, en ningún lugar y en ningún momento y ii) que el valor producido por el trabajador de menor calificación es igual en todos los empleos, en todos los lugares, en todos los momentos y cualquiera sea el nivel de ocupación.

Si fuéramos a presentar gráficamente el mercado de trabajo no-calificado que corresponde a esos dos supuestos, tendríamos algo parecido a lo que se muestra en el panel (a) de la gráfica 1. Las curvas de oferta y demanda son verticales y coincidentes, es decir, que la oferta y la demanda son iguales a N* cualquiera sea el nivel del salario real (SR). En este caso el gobierno podría fijar al nivel que le diera la gana sin provocar desempleo ni informalidad.

En economía uno puede suponer cualquier cosa, menos que la gente es tonta, es decir, que actúa irracionalmente en contra de sus propios intereses. Una función de oferta como la representada en el panel (a) significa que todos los individuos están dispuestos a ofrecer la misma cantidad de trabajo cualquiera sea el salario real. Y una función de demanda vertical significa que esos mismos individuos son siempre igual de productivos - que jamás se cansan, que rinden lo mismo en el día y en la noche, en invierno y en verano – y que el valor creado es siempre igual. Pero aún en ese mercado laboral – que parece más de robots que de seres humanos – la autoridad pública no sabría donde fijar el salario mínimo real: podría ser SR1, SR2 o cualquier otro valor que se quiera. Más adelante se verá que esa indeterminación se resuelve con base en la absurda teoría del fondo de salarios. 

Gráfica 1


Si estamos hablando se seres humanos, el mercado laboral probablemente se parezca al presentado en el panel (b) de la gráfica 1, representación habitual del mercado en los textos introductorios de economía. La curva OO´, la oferta de trabajo, indica una relación directa entre el salario real y la cantidad de trabajo que la gente está dispuesta a realizar a cada nivel de éste. Parte de una intuición elemental: el trabajo es desagradable y el desagrado – la desutilidad - aumenta a medida que se trabaja más, por lo cual sólo se trabaja más si la recompensa – el salario real -  por el desagrado es mayor. La curva DD´ es la demanda de trabajo y su pendiente negativa indica que el valor agregado por unidad adicional de trabajo disminuye razón por la cual solo se contratará más trabajo a un salario menor.

Si el mercado laboral se parece más al representado en el panel (b), la fijación de un salario mínimo legal “acertado”, es decir al que puedan trabajar todos los que están dispuestos a hacerlo, es difícil, más no imposible si se cuenta con un poco de buena suerte. Si la autoridad fija el salario mínimo por debajo del salario de equilibrio, el punto SMLR=SER de la gráfica, no hay ningún problema pues nada impide a los empleadores pagar por encima de ese mínimo, como efectivamente lo harán si así lo requiere su negocio y contratarán trabajo hasta el punto donde la productividad del trabajo adicional es suficiente para compensar el costo. El problema se presenta cuando la autoridad fija el mínimo por encima del salario de equilibrio, en cuyo caso se presentará la situación desempleo o informalidad indicada por el segmento AB.

Pero el problema es mucho más grave pues el mercado laboral representado en el panel (b) de la gráfica 1 no existe fuera de los libros de texto. En la realidad, existen múltiples mercados, muchísimos mercados de trabajos no calificados diferentes entre sí por circunstancias de tiempo, modo y lugar. El mercado de los meseros es diferente de una ciudad a otra y diferente en una misma ciudad; el de diciembre es diferente al de marzo; el de la noche es diferente al del día. No existe un mercado de trabajo no calificado, lo que existe en la realidad se asemeja más a lo representado en la gráfica 2: muchos, muchísimos mercados, infinidad de mercados laborales. En esas condiciones, pretender fijar su salario mínimo legal que no cause distorsiones es más un asunto de magia que de economía o política.
Gráfica 2


Hasta aquí se ha venido suponiendo implícitamente que, al fijar el salario mínimo nominal, que es lo único que puede hacer, la autoridad fija el salario mínimo real, lo que equivale a suponer que los precios monetarios de las bienes y servicios que se compran con el salario nominal son fijos e invariables. En general este no es un supuesto adecuado porque la autoridad no controla todos los precios.

A la gente le interesa tener un poder de compra que le permita adquirir ciertas cantidades de bienes y servicios de cuyo consumo obtiene satisfacción. En general, aunque a los políticos les gustaría que así fuera, la gente no padece de “ilusión monetaria” y si llega a padecerla la aceleración de la inflación se la cura rápidamente. Ahora bien, la inflación se mide por la variación promedio de un conjunto de bienes que conforman la llamada canasta familiar. Con esto llegamos al meollo de la política del salario mínimo.

Aquellos que defienden el salario mínimo legal razonan de la siguiente forma: un salario mínimo nominal es adecuado cuando permite a quien lo gana adquirir ciertas cantidades de bienes y servicios que conforman la canasta de subsistencia. Esto significa, en términos simples, que si la canasta en cuestión tiene un valor de $ 800.000 el salario mínimo nominal debe ser exactamente igual a esa suma y que en el tiempo debe variar en la misma proporción en la que varía el precio medio de esa canasta.

Esta es una reminiscencia de la vieja teoría del fondo de salarios de los economistas clásicos según la cual, en un momento dado, había una cantidad fija de bienes para asalariados que había de repartirse entre todos ellos. El reparto adecuado era aquel en el  cada familia obrera obtuviera las cantidades de bienes que garantizaban su reproducción como obreros, sin incremento ni disminución. Un salario nominal igual garantizaba ese reparto. Pensaban en una especie de economía estacionaria que se reproducía inalterada a lo largo del tiempo. Esta forma de razonar tenía unos propósitos teóricos que no podemos dilucidar en esta nota. Basta por lo pronto con decir los supuestos fácticos de esa forma de razonar ya no existen, si es que alguna vez existieron.

Sin desconocer la utilidad de establecer una canasta de bienes para medir las variaciones de los precios nominales, su empleo para definir el salario real o, como se hace frecuentemente, la cobertura del salario mínimo nominal legal, es extremadamente engañoso. Los bienes en que gastan su ingreso los que reciben el salario mínimo varían enormemente de una persona a otra: un joven soltero empleado de un bar muy seguramente consumirá bienes muy diferentes a los que demanda una madre soletera empleada en el servicio doméstico o un trabajador agrícola que tiene para su propio consumo una huerta de pan coger. Los precios que enfrentan varían de un municipio a otro, de una zona rural a una zona urbana o entre los barrios de una misma ciudad. La consideración de estas circunstancias convierte en ilusoria la pretensión de establecer un salario mínimo legal que no distorsione los múltiples mercados del trabajo de poca calificación provocando desempleo o informalidad. Esto se ilustra a continuación considerando el efecto de las diferencias de ingreso per cápita entre los departamentos.

En 2017, el salario mínimo legal anual era de $ 13.443.155, cifra que se obtiene aplicando al salario mínimo legal mensual un factor multiplicador de 1,52 para tener en cuenta la carga prestacional. La gráfica 3 relaciona ese salario mínimo anual con el PIB per cápita departamental a precios corrientes. La barra roja indica que el SML equivale al 72% del PIB per cápita nacional. En nueve departamentos el SML relativo al PIB per cápita es inferior al nacional, en todos los demás es superior.

Gráfica 3



La relación SML/PIB-per cápita es una buena medida de la capacidad de los empleadores de un departamento para pagar el salario mínimo. A medida que esta relación es más elevada es más probable que el SML esté por encima de su nivel de equilibrio lo cual se traduce en más desempleo o mayor informalidad.

Afortunadamente para los trabajadores no calificados, los inspectores del Ministerio de Trabajo son incapaces de hacer cumplir la legislación sobre salario mínimo pues si lo fueran la tasa de desempleo abierto probablemente bordearía el 20%. Gracias a esa incapacidad, la fijación de un SML que excede la capacidad de pagarlo de una economía se traduce en informalidad laboral. Departamentos como Chocó, La Guajira, Caquetá, Córdoba, Magdalena, Sucre y Norte de Santander que muestran tasa de informalidad superiores al 60% son justamente aquellos donde el SML es más elevado que su PIB per cápita.

Gráfica 4


La legislación sobre salario mínimo está basada en el absurdo supuesto de que existe un único mercado de trabajo no calificado donde los participantes no responden a incentivos. Es imposible conceptual y empíricamente establecer un nivel de salario mínimo legal que no distorsione los múltiples mercados de trabajo no calificado, ocasionando desempleo o informalidad. La legislación sobre salario mínimo perjudica a los trabajadores no calificados a los que pretende favorecer. El salario mínimo legal debería eliminarse o, en su defecto, establecer diferentes niveles de salario mínimo teniendo en cuenta las diferencias de productividad entre los departamentos.

LGVA
Septiembre de 2018.  


lunes, 20 de agosto de 2018

No voy a votar la consulta anti-corrupción


No voy a votar la consulta anti-corrupción

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Docente Universidad EAFIT

Algunos amigos me han pedido que les explique mi decisión de no votar la consulta anti-corrupción. Trataré de hacerlo brevemente.

En general, no me gustan los llamados mecanismos de participación ciudadana o de democracia directa: plebiscitos, referendos, consultas, etc. Salvo cuando la convocatoria se hace a comunidades pequeñas, los habitantes de un municipio, y sobre una o dos cuestiones puntuales muy precisas, la creación de un tributo o el empleo de unos recursos, estos mecanismos, básicamente, sirven al interés político de sus promotores, usualmente el mandatario de turno, independiente de la importancia sustantiva del asunto o los asuntos consultados. Los términos de la consulta suelen ser tramposos y orientados a inducir la respuesta que favorece inexorablemente al gobernante o a quien hace la pregunta.

Creo que Robespierre tiene el mérito de haber establecido en la época moderna la consulta directa al pueblo cuando hacía que las barras de la Asamblea Nacional decidieran a grito pelado la suerte de los candidatos a la guillotina. Los bolcheviques, en los inicios de su revolución, también decidían sus cuestiones por la aclamación de la turbamulta que asistía a los soviets. Francisco Franco Bahamonde, Fidel Castro Ruz y Augusto Pinochet Ugarte al parecer adoraban las consultas, referendos y plebiscitos como quiera que cada uno de ellos convocó dos o tres, que ganaron por aplastante mayoría, para aprobar leyes o constituciones escritas por sus serviles asesores.  Adolfo Hitler sometió a referendo la ley habilitante que le permitió gobernar dictatorialmente haciendo caso omiso del Bundestag donde no tenía la mayoría. 

Contrariamente a la opinión de mucha gente, pienso que los mecanismos plebiscitarios son la negación de la democracia porque excluyen el debate y la deliberación, que es lo que da lugar a los matices, a las diferencias, a las transacciones y, finalmente, a los acuerdos, todo lo cual es esencia de la política, como dijera Locke. Cuando me enfrento a un cuestionario que me exige responde Si o No a una pregunta mañosa, experimento la misma sensación que siento ante un ladrón que apuntándome con un revolver me pone a escoger entre la bolsa y la vida. Con las imperfecciones que tiene nuestro congreso - que tampoco es el peor del mundo, dicho sea de paso- prefiero que todas las cuestiones importantes de nuestra sociedad se decidan allí y no mediante los tales mecanismos de participación ciudadana.  Habla bien de nuestra democracia y de nuestra ciudadanía que el referendo de Uribe de 2003 no haya alcanzado el umbral, que Juan Manuel Santos haya sido derrotado en su plebiscito tramposo y que la consulta oportunista de Claudia López vaya a naufragar por falta de votos.

Creo que lo expuesto es suficiente para justificar mi decisión de abstenerme de votar la consulta de Claudia López y, muy probablemente, cualquiera otra. No obstante, voy a exponer una razón adicional: la consulta es un engaño porque no ataca las verdaderas causas de la corrupción como son las regulaciones que asfixian la actividad empresarial, la burocracia que crece sin límite alguno alentando el clientelismo político y el asistencialismo rampante que está convirtiendo a la ciudadanía en una masa demandante que se cree con derecho a todo.  Nada de eso se toca en la consulta y no puede tocarse porque su propósito no es acabar con la corrupción sino hacer de la supuesta lucha contra ésta en un instrumento para el avance político de sus promotores.

Lo más grave del actual debate sobre la corrupción es que está alentando dos creencias estrechamente ligadas que me parecen especialmente nefastas y cuya propagación entre las masas puede poner en riesgo nuestro orden político y económico.  La primera es la creencia de que nuestras instituciones son completamente deleznables carcomidas como están por la corrupción y, la segunda, que bastaría acabar con ella para que como por ensalmo desaparecieran todos los males que aquejan la República: pobreza, falta de oportunidades, desigualdad y todos los demás.

La lucha contra la corrupción - al igual que la lucha contra la pobreza, la desigualdad o la injusticia -  hace parte del arsenal ideológico de todos los demagogos que en la tierra han sido y la mayor parte de los tiranos antiguos y modernos han salido de los demagogos. Para decirlo sin ambages: los promotores de la consulta anti-corrupción me parecen unos vulgares demagogos y, por tanto, unos tiranuelos en potencia. 

Un gobierno impersonal, que trate a todos los ciudadanos por igual, e integrado por funcionarios competentes interesados en el bien público, que actúan conforme a una ley, también impersonal y abstracta, y que responden políticamente por sus actuaciones es el ideal del orden político. Creo que nuestro orden político está bastante lejos de ese ideal. Es aún demasiado oligárquico y aunque no está mal en libertades civiles ni en pluralismo electoral, flaquea en el funcionamiento del gobierno y cultura política. El tamaño del gobierno es excesivo, pero aún tolerable, y en la administración, aunque infestada estúpidos y corruptos, han logrado consolidarse núcleos de eficiencia con funcionarios honestos y competentes.

A pesar de sus imperfecciones, el orden político colombiano es algo que vale la pena defender y contribuir a mejorar. Pero no creo que la tal consulta ni la exaltación política de sus promotores sean la mejor forma de mejorarlo atacando los males que lo aquejan: la reglamentación excesiva, el burocratismo clientelista y el asistencialismo galopante.  Todo lo contrario. Hoy la principal amenaza proviene más que de la corrupción de su utilización política por los demagogos que atizarán sin descanso la hoguera de indignación para obtener el favor de los electores. Si los demagogos llegan a tener éxito podría abrirse el paso hacia la tiranía que es la peor forma de gobierno y que puede resultar extremadamente difícil de derrocar. Ahí está la cotidiana y trágica lección de Venezuela, ideal político de los demagogos colombianos.

LGVA
Agosto de 2018.

domingo, 19 de agosto de 2018

Reforma fiscal, sí; reforma tributaria, no.


Reforma fiscal, sí; reforma tributaria, no.

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Docente Universidad EAFIT

Para proponer la elevación de la tarifa o la ampliación de la base de un impuesto existente - o, incluso, para proponer la creación de uno nuevo - no se necesita ser un gran hacendista; la gracia está en suministrar buenos servicios con los tributos existentes o con menos, lo que no es imposible. Esto lo decía, según creo, Maffeo Pantaleoni y, lo que suscitó en mí gran entusiasmo, el Presidente Duque dijo algo parecido cuando estaba en campaña, pero su Ministro de Hacienda o no lo escuchó o lo ha olvidado.

Los grandes hacendistas del siglo pasado – los suecos Knut  Wicksell y Erik Lindahl, los italianos Luigi Einaudi y Maffeo Pantaleoni - pensaban que en el diseño y formulación de la política fiscal debía prestarse atención simultánea a los ingresos y a los gastos públicos pues de esa forma habría coherencia entre las distintitas aplicaciones y las fuentes de financiación. Todo parece indicar que esto no es una práctica a la usanza en Colombia.

Los integrantes de Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria (CEECT), cuyo trabajo sirvió de sustento a la última o penúltima - ¡vaya usted a saber! - reforma tributaria “estructural”, se excusaron de tratar el tema del gasto argumentando que eso estaba por fuera de sus términos de referencia[1]. Quizás para colmar esa falencia, en dicha reforma se incluyó un artículo que disponía la creación de otra comisión –  Comisión del Gasto y la Inversión Pública (CGIP) - que se ocupara, ahora sí, del asunto del gasto.

Después de varios meses de trabajo, esa comisión llegó a la no por previsible menos inverosímil conclusión de que el gasto del gobierno nacional no se puede recortar ni en un centavo y que hay que enfocarse “en determinar posibles ganancias en eficiencia, eficacia y equidad del gasto con los recursos actualmente disponibles”. Curiosamente, la CGIP, aunque en su mandato no estaba el tema de los ingresos, consideró importante recomendar que el gobierno “evalúe de nuevo medidas para lograr un mayor recaudo” y, ¡cómo no!, “un sistema tributario más eficiente y equitativo”. Dudando quizás del impacto de sus recomendaciones, advierte que éstas “no pueden ser interpretadas como necesidad de aumento en los gastos, a no ser que haya un esfuerzo en ingresos”. ¡Háganme el favor!

Los malos diagnósticos conducen a malas recomendaciones. La CGIP advierte, lo que sabe todo el mundo, que estamos ad portas de una crisis fiscal o, en su prudente leguaje, que “el panorama fiscal no está despejado”; y encuentra el origen del “oscurecimiento” del panorama fiscal en la “abrupta reducción de los precios internacionales del petróleo y otros bienes básicos” que redujo los ingresos del gobierno. Es decir, la culpa no fue de nadie.

Es verdad que los países dependientes de las exportaciones primarias con escaso o nulo poder de mercado poco o nada pueden hacer para evitar las variaciones de precios de sus productos. Sin embargo, el impacto de dichas variaciones sobre sus economías y su sector público depende ese si en buena medida de su manejo macroeconómico. Hace ya siete años, en lo mejor de la fase ascendente del ciclo de precios del petróleo, el primer gobierno Santos implantó una reforma del estado mediante la cual se resucitaron tres ministerios que no le estaba haciendo falta a nadie – salvo a los políticos y a sus clientelas – y se crearon una veintena de “Agencias”   – de inteligencia, infraestructura, minería, defensa jurídica del estado, superación de la pobreza, contratación pública, etc. -   y se creó también un poderoso Departamento de la Prosperidad Social que agrupaba varias entidades, antiguas y nuevas, y programas de política social asistencialista. También por esas mismas calendas se aprobó una generosa ley de víctimas, se renunció a racionalizar el gasto del sistema de salud, se dilapidaron las regalías petroleras y se elevaron los salarios oficiales por encima de la inflación. Sobre la base de unos ingresos cuyo carácter transitorio nadie desconocía se montó un impresionante andamiaje burocrático y se incrementó el gasto asistencialista a niveles sin precedentes. En un artículo publicado por entonces en este mismo blog escribí:

“El gobierno de Santos prepara hoy alegremente – ley de víctimas, seguridad social en salud sin restricción presupuestal, creación de miles de empleos públicos con la reforma del estado, incremento de los salarios oficiales por encima de la inflación y la piñata de las regalías -  el escenario de la próxima crisis fiscal”[2].  

La situación fiscal del País no es una fatalidad causada por fuerzas “exógenas”, es el resultado de las decisiones – desacertadas decisiones - de personas que en su momento ejercieron responsabilidades públicas y debe ser resuelta por las decisiones – acertadas decisiones- de las personas que actualmente detentan esas responsabilidades. No es cierto que no pueda recortarse el gasto de funcionamiento. Podríamos empezar por desmontar todas esas agencias que ejercen funciones paralelas a los ministerios y, las que efectivamente se requieran, entregarlas de nuevo a éstos. Debe abandonarse el hábito de creer que cada actividad o problema del País requiere un ministerio o una agencia gubernamental. En cuanto a los ministerios, ya hay evidencia de cerca de 8 años de que se puede funcionar con 3 menos de los existentes.

Dicen los expertos de la CGIP que para recortar y racionalizar el gasto público se requieren reformas institucionales, constitucionales, legales y sabe Dios qué más. Es decir, el recorte del gasto podrá hacerse en las calendas griegas. No lo creo. Una directiva presidencial, ordenando a todos los ministros y directores de agencias gubernamentales un recorte de 15% de sus presupuestos, tendría más impacto sobre las finanzas públicas que tres reformas tributarias. Hace un par de años publiqué en este mismo blog un artículo en el que mostraba que era posible un ahorro de 20 billones de pesos recortando solamente el gasto de funcionamiento[3]. Ahí lo dejo nuevamente como una especie de guía para la acción. El Presidente Duque podría dar ejemplo renunciando a su corte de consejeros pues para aconsejarlo están los ministros, que ya son bastantes. El Ministro de Hacienda y la Directora del DNP podrían mostrarnos su pericia de hacendistas liderando la aplicación de los recortes en todos los ministerios de suerte que los ministros demuestren su competencia haciendo más y mejores cosas con menos dinero, porque a fin de cuentas para gastar a rodos el dinero de los contribuyentes no se necesita gente muy ilustrada.

Cuando se habla de recortar el gasto, los políticos y sus economistas de cabecera ponen el grito en el cielo y corren a escudarse tras los pobres y hablan de justicia, de equidad, de paz y todo lo demás. Pero esos mismos políticos se rasgan las vestiduras denunciando la corrupción en la aplicación del gasto y esos mismos economistas nos informan que el gasto social está tan mal focalizado que en su mayor parte beneficia a personas que no son pobres. ¿Por qué no recortar un gasto que no llega a los pobres?

Evidentemente no es fácil desmontar todo el aparataje asistencialista que se ha construido para gestionar el llamado gasto público social. Lo primero que hay que hacer es sincerarlo y empezar por llamar las cosas por su nombre. Un subsidio mal focalizado es un subsidio del que se está apropiado alguien que no lo amerita por su condición económica y apropiarse así de un subsidio es un acto de corrupción. El DNP y otras entidades han estimado en 80 billones de pesos los subsidios de toda clase del gobierno central solamente. Esto equivale a 9% del PIB. Según el DNP, los quintiles 4 y 5 de la distribución de ingresos se apropian del 40% de estos subsidios. Esto es particularmente grave en el caso del sistema pensional donde el 50% va al quintil más alto de la distribución.  Hay grandes distorsiones en todas las grandes categorías de subsidio como se pone en evidencia en la tabla que muestra la distribución del gasto en subsidios por quintiles de ingreso.

El caso de los servicios públicos domiciliarios es también notable. Es evidente que la estratificación es ya un mecanismo inadecuado de focalización de subsidios en ese sector como quiera que el porcentaje la población subsidiada es hoy mayor que el de hace 30 años cuando se empezó a aplicar. Si en este sector la asignación de subsidios se hiciera con el puntaje SISBEN que se emplea en salud, las contribuciones de los estratos altos cubrirían los subsidios de la población pobre y sobraría dinero.


El programa bandera de las viviendas gratis de la administración Santos debe ser sometido a una cuidadosa evaluación de impacto pues parece tener también un elevado sesgo de inclusión. Hace algunas semanas visité un pequeño municipio donde se construyeron 80 de esas viviendas. Recorriendo el barrio en cuestión pude constatar que 30 de ellas estaban desocupadas y otras 20 en arriendo pues los propietarios residen en el campo o en otros municipios, según me informaron los líderes comunitarios con los que hice el recorrido.

El gobierno anterior presentó al Congreso un proyecto de ley – el 186 de 2016- que además de introducir un sistema mejorado para la identificación de los beneficiarios de los subsidios establece un procedimiento uniforme para su creación que pone en cintura a los congresistas que alegremente aprueban leyes que crean subsidios y cargas al sector privado sin preocuparse de sus fuentes de financiación. También en ese proyecto se establece claramente la temporalidad de los subsidios, se obliga al ejecutivo a hacer un análisis de calidad y pertinencia de ellos, a su evaluación periódica y se imponen medidas sancionatorias a quien acceda a un subsidio sin cumplir los requisitos y a los funcionarios públicos que los asignen inadecuadamente.  

El Presidente Duque conoce bien ese proyecto como quiera que fue su ponente en el senado y debe saber que la aplicación de lo allí dispuesto aliviaría sustancialmente las finanzas públicas en unos pocos años y llevaría al País hacia un esquema de subsidios regido por los principios legalidad, transparencia, efectividad, eficiencia, redistribución del ingreso y sostenibilidad fiscal. En lugar de andar entretenido con una consulta que solo sirve para complacer a la galería y a los intereses políticos de sus promotores, el Presidente Duque debería enfocarse en combatir las verdaderas causas de la corrupción que son al mismo tiempo las causas del desequilibrio crónico de las finanzas públicas: el gasto burocrático desbordado y el asistencialismo rampante.

Así las cosas, una verdadera reforma fiscal debería tener los siguientes puntos:

1.    Recorte inmediato de un 15% del presupuesto de todos los ministerios y agencias gubernamentales.
2.    Adopción de un sistema unificado para la creación, focalización, seguimiento y evaluación de los subsidios, siguiendo las líneas de proyecto de ley 186 de 2016, probablemente el proyecto de ley de mayor trascendencia que se ha presentado al congreso en los últimos 20 años. 
3.    Reforma tributaria no fiscalista que mejore la distribución de las cargas, elimine distorsiones, evite al máximo la evasión y contemple la reducción progresiva de las tarifas del IVA y renta, en consonancia con los resultados de los dos primeros puntos.

Este plan fiscal debería estar complementado con reformas al sistema pensional y de seguridad social en salud, asuntos sobre los cuales abundan los diagnósticos y las buenas propuestas.

Estas cosas no son fáciles, Presidente Duque, pero haga el esfuerzo de tal suerte que si no alcanza a reducir el tamaño del gobierno por lo menos evite que aumente durante su mandato. Esto ya sería un gran logro.

LGVA

Agosto de 2018. 


martes, 14 de agosto de 2018

Radio Yerevan en el Trópico


Radio Yerevan en el Trópico

Por Rodrigo Botero Montoya

Los tiempos de la Unión Soviética dieron origen a una serie de chistes por medio de los cuales se desahogaban quienes sufrían las frustraciones y el tedio de vivir bajo el régimen comunista.  Entre estos se destaca el programa de una supuesta Radio Yerevan, en la cual un experto en teoría marxista resolvía los interrogantes de los ciudadanos.  Por ejemplo:

Pregunta. Bajo el socialismo es posible prever el futuro?

Radio Yerevan.  Absolutamente.  El problema de prever el futuro está resuelto por el socialismo.  El obstáculo sigue siendo prever el pasado.

Pregunta. Es posible construir el socialismo en el Desierto del Sahara?

Radio Yerevan.  Afirmativo. Es perfectamente posible construir el socialismo en el Desierto del Sahara.  Y tendremos evidencia de que se ha tenido éxito en ese empeño cuando empiece a escasear la arena.

En la hipótesis de que Radio Yerevan, al igual que la BBC o Deutsche Welle, tuviera un servicio latinoamericano, sería posible imaginar el siguiente intercambio:

Pregunta. Cómo evalúa el proceso de construcción del socialismo en Venezuela?
Radio Yerevan.  Sobresaliente.  El progreso alcanzado es indiscutible.  Así lo demuestra el hecho de que en Venezuela hay escasez de gasolina.

Podría objetarse a esta respuesta que la gasolina no es lo único que escasea en Venezuela.  También hacen falta alimentos, medicinas, bienes de aseo personal, llantas y repuestos.  Caracas padece apagones frecuentes, falta de agua y un sistema de transporte público de pasajeros en camiones.  No obstante, la escasez de gasolina tiene un significado especial como símbolo de la destrucción deliberada de PDVSA, hechura del Socialismo del Siglo XXI.  Hugo Chávez es responsable del desmantelamiento técnico y gerencial de PDVSA, algo que es parte inseparable de su legado.

El gobierno venezolano ha dejado de publicar estadísticas económicas o sociales.  Los analistas internacionales se ven obligados a hacer estimativos acerca de la caída de la producción, el ritmo de la hiperinflación y la magnitud de la emigración, que puede ser del orden del 15% de la población nacional.  Pero la estadística que no se puede ocultar es la de producción mensual de petróleo, porque esa cifra la suministran la OPEP y otras entidades internacionales.  Lo que esa serie estadística revela es una reducción acelerada en el ritmo de producción.  

  Calcular el PIB venezolano se dificulta, habida cuenta de la proliferación de tasas de cambio.  A falta de datos confiables, la trayectoria de PDVSA sirve como proxy del agregado de la actividad productiva.  Lo que revela ese ejercicio es que la economía del país ha experimentado un proceso de miniaturización.  Según cálculos aproximados de algunos economistas venezolanos, el PIB de Venezuela podría ser de unos US$ 90.000 millones, lo cual representa un retroceso considerable.

Pocos meses después de la revolución bolchevique, Max Weber advirtió a su antiguo discípulo, el filósofo marxista Georg Lukacs, que los rusos iban a arruinar la reputación del marxismo por cien años.  Los revolucionarios bolivarianos y sus aliados parecen estar empeñados en prolongar ese descrédito por cien años más.


miércoles, 27 de junio de 2018

Las Claves del Crecimiento


Las Claves del Crecimiento

Por Rodrigo Botero Montoya

La experiencia latinoamerica reciente contiene valiosas enseñanzas para los estudiosos de la economía del desarrollo acerca de lo que el gobierno  de un país no debe hacer si desea elevar el ingreso y mejorar el nivel de bienestar de sus habitantes.  Disponer de modelos negativos, para evitar imitarlos, sirve un propósito instructivo.  Pero eso no basta.  Lo deseable es complementar esa visión con una indicación acerca de las políticas públicas que conducen a acelerar el ritmo de crecimiento. 

 El Banco Mundial llevó a cabo un ejercicio comparativo, denominado Growth Report, por medio del cual identificó los elementos comunes que comparten los países que han logrado alcanzar altas tasas de crecimiento.  Esos elementos son:

  • ·        Aprovechan plenamente la interacción con la economía mundial.
  • ·        Mantienen la estabilidad macroeconómica.
  • ·        Promueven altas tasas de ahorro e inversión.
  • ·        Permiten que el mercado se encargue de la asignación de recursos.
  • ·        Tienen gobiernos comprometidos, eficaces y creíbles.


Los dos primeros ítems resultan ser de particular relevancia en un período de transición entre dos gobiernos.  Este proceso se desenvuelve en un contexto de normalidad en los mercados financieros.  Lo cual revela la expectativa de que seguirán vigentes dos grandes directrices de la política económica: la inserción de Colombia en la economía internacional;  y la consolidación de la estabilidad macroeconómica como objetivo prioritario.

Si bien es algo que ha ocurrido sin estridencia, durante la última década la inserción de Colombia en la economía mundial se ha intensificado.  No obstante las ocasionales expresiones de añoranza de proteccionismo y aislamiento, la globalización se da por sentada y se acepta como parte de la normalidad cotidiana.

 Las principales ciudades del país tienen agencias dedicadas a atraer inversionistas y visitantes extranjeros.  El turismo internacional receptivo, creciendo a un ritmo de 30% anual, empieza a adquirir un tamaño significativo.  A la par con la llegada al país de inversión extranjera directa, las empresas nacionales se siguen expandiendo más allá de las fronteras.  La Agencia Nacional de Infraestructura y la Financiera de Desarrollo Nacional, entidades recientemente creadas, han diseñado modalidades novedosas para vincular recursos externos de capital a la financiación de proyectos de infraestructura.

El sector agropecuario se beneficia con la apertura de mercados para las exportaciones agrícolas que permiten los TLCs.  La Alianza del Pacífico ha liberalizado el movimiento de bienes, capitales y personas con México, Chile y Perú.  El efecto cumulativo de estos desarrollos se traduce en mayor actividad empresarial, modernización tecnológica y mejores oportunidades de empleo bien remunerado.  Eso explica el apoyo que recibe la apertura al comercio y a la inversión por parte de amplios sectores de opinión.

La preservación de la estabilidad macroeconómica está respaldada por los lineamientos de la regla fiscal y por la credibilidad que  tiene el Banco de la República por el manejo de la política monetaria y cambiaria.

El país ha iniciado la transferencia de poder político de manera ordenada y tranquila.  Es previsible que el cambio de mando en el sector económico se hará con una madurez similar. 


lunes, 11 de junio de 2018

A votar por Duque, a votar por la libertad y la democracia.


A votar por Duque, a votar por la libertad y la democracia.

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista


No hay que dejarse engañar por falsos dilemas: todo mundo quiere la paz y nadie respalda la corrupción. En las elecciones presidenciales del 17 de junio están en juego tanto la economía de mercado y propiedad privada, como las libertades civiles y el sistema democrático. Ni más ni menos. Todas las fuerzas políticas[1] que apoyan la candidatura de Gustavo Petro hacen parte del Foro de Sao Paulo, organización de partidos de izquierda de América Latina, fundada en 1990 por el Partido Comunista de Cuba, que tiene como objetivo acabar con el capitalismo e implantar el socialismo, como lo expresa la declaración del XXII encuentro realizado en El Salvador en julio de 2016[2].

Acabar el capitalismo significa acabar con la propiedad privada, o imponerle fuertes restricciones, y controlar los mercados, fijando precios, cuotas, etc. Donde quiera que han llegado al poder, los partidos del Foro han procedido de esta forma y, ante la reacción de la sociedad, han impuesto limitaciones a la libertad de prensa, han roto equilibrio de los poderes públicos y han falseado los procesos electorales. La supresión de las libertades económicas lleva inexorablemente a la supresión de las libertades políticas y, ante la reacción de la sociedad, a la más brutal represión como en Venezuela y Nicaragua. Durante años, Gustavo Petro ha apoyado los regímenes dictatoriales de esos países.

Con Gustavo Petro están en riesgo las libertades económicas y las libertades civiles. Ha expresado sin tapujos su intensión de expropiar todo lo que esté a su alcance y de concentrar los recursos productivos en manos del gobierno que se supone los empleará en beneficio de toda la sociedad. Anunció impuestos confiscatorios a la propiedad rural para obligar a sus propietarios a venderla al gobierno. Quiere apropiarse de los ahorros pensionales de todos los colombianos para nutrir una banca gubernamental manejada por políticos. Esa es la vieja fórmula colectivista que ha fracasado donde quiera que se ha aplicado dejando a los pueblos que la han padecido en la miseria y la opresión. Gustavo Petro es heredero de la ideología de un grupo totalitario que buscó imponerse ejerciendo la violencia y cuyos símbolos ominosos han reaparecido, amenazantes, en manifestaciones y actos proselitistas. Como alcalde, gobernó de forma clientelista repartiendo puestos, contratos y dádivas; pasó por encima de la ley, la libertad de empresa, la competencia y la regulación ambiental.

Iván Duque ha puesto en el centro de su proyecto político la restauración del principio de legalidad, lo cual significa que los gobernantes que administran de forma temporal los recursos y medios de acción del estado están obligados a ejercer el poder conforme a determinadas normas conocidas por todos y aprobadas por procedimientos constitucionales. También ha entendido que el principio de legalidad supone un estado fuerte – que no es lo mismo que un estado grande – que controle la totalidad del territorio y someta a los delincuentes. Entiende que el progreso económico es el resultado de la acción empresarios y trabajadores y que el gobierno está para alentarlos y protegerlos y para ayudar solidariamente a los más débiles, con una tributación justa y unos subsidios bien focalizados. Jamás ha puesto en cuestión la propiedad individual ni las libertades económicas y civiles.

Además de la preservación de las libertades fundamentales, claramente amenazadas por Petro y sus aliados, la presidencia de Duque permitirá una renovación generacional e ideológica de la política colombiana. Hoy, en Colombia, hay una lucha que se viene dando en el mundo desde hace varias décadas. Es la lucha entre los partidarios del estado asistencialista y que se entromete en todo y los defensores de mayor libertad de mercado, menos intervención y menos impuestos. Duque representa todo esto y su gobierno conducirá a una gran renovación de las políticas públicas, hoy anquilosadas por el asistencialismo. A votar por Duque, por la defensa de la libertad y la democracia.

LGVA
Junio de 2018.



[1] Los movimientos políticos colombianos miembros del Foro de Sao Paulo son: Marcha Patriótica, Movimiento Progresista, Partido Alianza Verde, Partido Comunista Colombiano, Polo Democrático Alternativo, Presentes por el Socialismo, Unión Patriótica y Movimiento Poder Ciudadano. http://forodesaopaulo.org/partidos/



sábado, 2 de junio de 2018

Desvirtuando a Petro III: las libertades económicas


Desvirtuando a Petro III: las libertades económicas
Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista

Petro no ha prometido acabar con las libertades económicas y civiles y si quisiera hacerlo seguramente no lo diría. Es más, se le puede conceder el beneficio de la duda y admitir que no pretende hacerlo. Pero los políticos no deben ser juzgados por sus promesas sino por las decisiones de política pública que anuncian o deben tomar para cumplirlas. Todas las decisiones de política pública tienen consecuencias inmediatas y ostensibles y otras más tardías y menos aparentes. Las primeras suelen parecer benéficas y deseables, mientras que las segundas a menudo son perjudiciales e indeseables. Es un error grave dejarse guiar solo por las primeras, las que se ven, e ignorar las segundas, las que no se ven y que solo pueden ser puestas en evidencia por el análisis y la reflexión.
Buena parte de las políticas públicas que Petro promete o debe adoptar, aunque no lo haya prometido, ponen en peligro la libertad económica y por ello el conjunto de libertades, pues la primera es el fundamento de todas las demás. Por ejemplo, si el gasto público elevado requerido para financiar la gratuidad prometida de la educación y los servicios de salud lleva al déficit fiscal y este provoca, como suele ocurrir, mayor inflación y el déficit en las cuentas externas del país, muy seguramente el gobierno estará tentado a imponer el control de precios y a limitar o acabar con la libertad de cambios, es decir, con la libertad de comprar y vender moneda extranjera. La reacción de la sociedad en contra de esas limitaciones puede llevar a que el gobierno opte por falsear la información económica y, a la postre, silenciar a todos aquellos que reclamen o difundan una información veraz. De esta forma, el derecho a recibir una información cierta de las autoridades quedará conculcado y estarán en peligro las libertades de expresión y de prensa. Esto ha ocurrido en muchas partes y puede ocurrir en Colombia.
Pero además de ser el fundamento de todas las libertades, la libertad económica es la base del bienestar y el progreso. Los países que la tienen en mayor grado suelen tener mejor desempeño económico y mayor bienestar que los países menos libres. Su producto por habitante es más elevado, tienen menos pobres, son menos desiguales y es mayor la esperanza de vida de sus habitantes.  Adicionalmente, en los países con más libertad económica son mayores las libertades políticas y civiles, mayor la igualdad de género y sus habitantes se sienten más felices que los de aquellos que carecen de ella. Existen, por supuesto, excepciones como Arabia Saudita, que es un país extremadamente rico con grandes limitaciones en libertades civiles e individuales, o China, que ha crecido considerablemente en las últimas décadas promoviendo la libertad económica, pero con menor avance en libertades civiles.

La relación entre libertad económica y el desempeño económico, medido por el PIB por habitante, no es perfectamente lineal. Además de los casos peculiares de Arabia Saudita y China mencionados, se presentan situaciones de países que han retrocedido en libertad económica sin que ello refleje aún en una menor producción por habitante o de aquellos donde la libertad económica es reciente y aún no han cosechado plenamente sus efectos en el bienestar material.
Habida cuenta de las salvedades indicadas, la gráfica sugiere que hay una relación positiva entre el índice de libertad económica, estimado por la Fundación Heritage, y el PIB por habitante, tomado de la base de datos del Banco Mundial. Hay unos 70 países de todos los continentes, tamaños, razas y diversa dotación de recursos naturales. La libertad económica importa.

Por aquello de que una imagen vale más que mil palabras, se muestra a continuación una fotografía nocturna satelital que muestra a las dos Coreas, la del Norte, casi oscura, la del Sur espléndidamente iluminada con luz eléctrica. Dos naciones con la misma geografía y habitadas por el mismo pueblo, que hace 65 años optaron por dos caminos diferentes: el de la libertad económica, la del Sur, el del colectivismo comunista, la del Norte. Naturalmente un ambientalista podrá decir que las gentes del Norte disfrutan más del cielo nocturno pues están libres de la contaminación visual que produce la luz eléctrica.

 La libertad económica es la libertad de emplear el trabajo propio y todos los recursos legítimamente adquiridos en la actividad productiva que cada cual crea es la mejor y de cambiar libremente los resultados del esfuerzo propio con los resultados del esfuerzo de los demás. En las sociedades contemporáneas, esa libertad depende de cinco variables a saber: el tamaño del gobierno, la protección legal a la propiedad, la estabilidad monetaria, la libertad de comercio internacional y las regulaciones gubernamentales a la actividad económica.
El tamaño del gobierno depende de su participación en la economía medida por la magnitud los impuestos o el gasto público, con relación a la producción, y la importancia de la propiedad del estado. Aunque ahora en la etapa final de la campaña quiere dar marcha atrás, Petro ha expresado sin tapujos su intención de aumentar la propiedad estatal o, como dice eufemísticamente, “democratizarla”. En lo que puede ser algo más que un mero alarde oratorio, anunció su intención de expropiar un gran ingenio azucarero, ha expresado su antipatía por el sector financiero privado y su deseo de sustituirlo por uno estatal y, la cereza del postre, promete establecer un impuesto tan confiscatorio sobre las propiedades rurales que obligue a sus propietarios a venderlas al estado. Sus programas asistencialistas de educación superior gratuita, salud para todos sin costo alguno y sabe Dios qué más, no pueden realizarse sin un gran aumento del gasto público, de los impuestos y el déficit fiscal. Bajo un gobierno de Petro el tamaño del gobierno aumentaría y la propiedad individual estaría amenazada reduciéndose así la libertad económica de los colombianos.
La estabilidad monetaria o, lo que es lo mismo, el control de la inflación es fundamental para la buena marcha de la economía y el bienestar de la población, especialmente de los más pobres, pues son éstos a quienes más castiga la expropiación de la riqueza que se produce con la inflación. El principal activo institucional de Colombia es la autonomía del Banco de la República consagrada constitucionalmente y que obliga a sus directores a preservar el valor de la moneda. Aunque ya lo está negando, Petro anunció su intención de promover una reforma constitucional podría poner en riesgo la autonomía del Banco. Sin embargo, no necesita de esa reforma para socavar esa autonomía, le bastaría con llevar a la Junta Directiva del Banco a algunos de sus partidarios, lo que puede hacer fácilmente pues el período de los directores actuales vence durante su eventual presidencia y es potestad del presidente nombrar los sustitutos. No es un escenario improbable que su gobierno, deseoso de cumplir su ambicioso programa asistencialista, obligue al Banco a comprar ingentes cantidades de deuda pública interna para financiarlo, expandiendo la cantidad de moneda y provocando su depreciación. Bajo un gobierno de Petro la estabilidad monetaria estaría en riesgo y con ella la libertad económica de los colombianos.
Es conocida la antipatía de Petro y, en general, de la izquierda colombiana frente a la libertad de comercio internacional. Petro ha expresado su intención de elevar la protección arancelaria y para-arancelaria para proteger a la agricultura y la industria, las cuales, según su incorrecto diagnóstico, están en crisis como consecuencia de los tratados de libre comercio suscritos por el País, los cuales ha prometido revisar. Los beneficios del libre comercio no se miden por las cosas que exportamos sino por las que importamos y pagamos con esas exportaciones. El 30% de nuestras importaciones son bienes de capital y el 42% materias primas para la industria y la agricultura;  un 11% son bienes de consumo duradero y un 17% bienes de consumo no duradero. En los últimos 15 años, el valor total de las exportaciones agro-industriales ha excedido el valor de las importaciones. Estos datos desvirtúan las ideas de Petro y muestran que la mayor protección arancelaria, que solo favorecería a productores ineficientes, elevaría los costos de la producción y la oferta nacional haciéndola menos competitiva y aumentando el costo de vida para el consumidor final. Así pues, la menor libertad comercial termina finalmente castigando a la población más pobre, la que Petro dice representar.
Finalmente, está la regulación gubernamental. Esta debe ser entendida como el conjunto de normas que los empresarios deben cumplir para llevar a cabo de su actividad. La mayor regulación no solo dificulta la actividad empresarial, sino que propicia la corrupción. El Doing-Business es el indicador del Banco Mundial que mide las regulaciones para hacer negocios.  Con muchos esfuerzos, Colombia ha mejorado en esa clasificación llegando al puesto 59, pero, al parecer, Petro quiere hacernos retroceder. En el País no se puede hacer ninguna obra de infraestructura de alguna envergadura sin una licencia ambiental, cuya obtención es ya un proceso extremadamente arduo. Petro anuncia la modificación del licenciamiento ambiental añadiendo al concepto técnico de las entidades algo que llama “evaluaciones ambientales territoriales estratégicas sectoriales” en las que será definitivo el concepto de las comunidades. Y como si fuera poco, promete la arbitrariedad anunciando la desaparición del principio primero en el tiempo y primero en el derecho. Petro ofrece pues más regulación lo que significa menos libertad, mayor arbitrariedad del gobierno y más corrupción.
Ahí quedan expuestas las consecuencias de un gobierno de Petro sobre la libertad económica. Nadie puede decir que no está advertido. Ténganlo en cuenta para que no terminemos, como el pueblo venezolano, repitiendo incansablemente la frase de Petronio: “Queríamos, pobres de nosotros, pedir auxilio, pero no había nadie para venir en nuestra ayuda”.
LGVA
Junio de 2018.