viernes, 12 de octubre de 2018

Universidad pública: lo que se ve y lo que no se ve.


Universidad pública: lo que se ve y lo que no se ve.

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Universidad EAFIT

Las universidades son asociaciones de profesionales de la enseñanza superior, la investigación científica, la consultoría y los servicios profesionales – también de la retórica, la oratoria y la sofistica-  que se reúnen para ofrecer de forma conjunta sus servicios porque, eventualmente, esto les resulta más provechoso – complementariedad, economías de escala, poder de mercado, etc. – que hacerlo de forma individual. Su origen se remonta a esos extraordinarios empresarios de la educación superior que fueron Platón y Aristóteles quienes, con sus maravillosas creaciones de la Academia y el Liceo, respectivamente, superaron las deficiencias del modelo educativo atomista, peripatético e itinerante del maestro del primero, Sócrates, hombre sabio, pero poco práctico en asuntos de dinero.

Las universidades públicas tienen, sobre sus competidoras privadas, la ventaja extraordinaria de que la mayor parte de su ingreso operativo es pagado con impuestos, en una cuantía que es independiente de su nivel de actividad. Esto les permite a las 32 instituciones privilegiadas de la ley 30 de 1992 ofrecer sus servicios – la educación de pregrado en particular – a unos precios muy por debajo de los costos, lo cual les garantiza una demanda ilimitada, proveniente de las familias de más bajos ingresos que no pueden pagar las matrículas de las universidades privadas, las cuales deben fijarlas a un nivel que les permita la cobertura plena de sus costos.

El programa “Ser pilo paga” puso en evidencia que la supervivencia de las universidades públicas depende de la existencia del mercado cautivo de los chicos de familias de bajos ingresos, garantizado por el sistema de subsidio a la oferta de la ley 30 de 1992. Cuando se les dio la libertad de elegir, la inmensa mayoría de los jóvenes beneficiarios, sin pensarlo dos veces, optaron por las universidades privadas. Ese experimento social sugiere que, de tener la oportunidad, los miles de chicos que marchan en “defensa de la universidad pública” se precipitarían en masa hacia las privadas. Por encima de la retórica, la dura realidad es que las universidades públicas no resistirían la prueba del mercado si se vieran despojadas de la porción de los impuestos que reclaman como propia.

Ante esta realidad, los directivos y profesores de las universidades públicas, en lugar de azuzar a los chicos con la retórica de la educación superior universal y gratuita, deberían interrogarse por las razones que hicieron que los “pilos” optaran por las universidades privadas. Probablemente descubrirían que eso tiene que ver con el hecho de que en la públicas hacer una carrera toma hasta un 40% más de tiempo que en las privadas y que ese es un costo de oportunidad que los jóvenes evitarían si pudieran. También descubrirían que en razón de esa mayor permanencia el costo directo de educar un chico en la pública es mayor que en la privada y que ese sobre costo se manifiesta en los varios meses del año que a causa de los paros los “profes” de las públicas pasan sin dictar ni una clase. Pero eso no importa pues ese tiempo puede dedicarse a la “productividad académica”. Y aquí es donde empieza lo sabroso.

Hasta los años 90 las universidades públicas colombianas eran, básicamente, universidades de docencia. Unos pocos profesores hacían investigación y publicaban en alguna de las escasas revistas existentes. Los docentes de esa época se quejaban incesantemente de la falta de “condiciones objetivas para investigar”. Entonces, apareció el decreto 1279 de 2002 y se desencadenó una “revolución silenciosa” en todas las universidades, las cuales se fueron llenado de prolíficos profesores que escribían y publicaban artículos en revistas que surgían como hongos en todas las escuelas y facultades.

En su afán de estimular la investigación, el decreto 1279 estableció un generoso sistema de recompensas que privilegia al profesor-investigador (research-professor) en detrimento del docente (teaching-professor). El más modesto artículo en la más humilde revista incrementa de forma permanente el ingreso del primero mientras que el segundo puede dictar la mejor cátedra del mundo sin que eso le haga ganar ni un solo punto en la escala salarial. Los profesores de tiempo completo se volcaron pues hacia la investigación y la escritura y, hasta donde pudieron, abandonaron la docencia que progresivamente se vio transformada en una actividad secundaria, carente de glamour académico y, al parecer, indigna de ser desempeñada por un “research-professor”. Como había que suplir la docencia de pregrado que no podían impartir los profesores de tiempo completo, los cuales en número creciente se beneficiaban de la “descarga académica” para aumentar su “productividad académica”, las universidades públicas se fueron llenado de profesores de cátedra.

Hasta hace unas dos o tres décadas, los cursos de pregrado de las universidades públicas eran dictados por profesores de tiempo completo. Los profesores de cátedra eran excepcionales y usualmente se trataba de personas dedicadas fundamentalmente al ejercicio exitoso de su profesión, razón por la cual impartían sus cursos en horarios extremos y sin importarles la remuneración: de verdad lo hacían por amor a la cátedra. Hoy la situación es completamente distinta y ha aparecido una nueva categoría de profesional, la del docente de cátedra especializado en eso, en ser docente de cátedra en los programas de pregrado, fundamentalmente. Se cuentan por cientos, incluso por miles. Estos profesores responden por una gran parte de la carga docente de las universidades públicas. En la Universidad de Antioquia, en la sede de Medellín, el 63% de los planes de estudio de pregrado son ejecutados por estos docentes. En las regionales, ese porcentaje es cercano al 100%.  

Las universidades desarrollan actividades de investigación, docencia y extensión. Según el énfasis puesto en las dos primeras, se tienen universidades de investigación, universidades de docencia e investigación y universidades de docencia. Con todo lo que ello implica, las grandes universidades públicas están dejando o dejaron de ser universidades de docencia y se están transformando o se transformaron ya en universidades de investigación. Ahora bien, su esquema de financiamiento, ley 30 de 1992, corresponde a un sistema de universidades de docencia; su esquema de remuneración, decreto 1279 de 2002, a uno de universidades de investigación. Esta es la raíz del conflicto recurrente sobre la financiación de las universidades públicas y, aún más importante, sobre lo que es o debe ser su verdadera misión. Este es un debate que debe encarar el País.  

Los jóvenes que marcharon el pasado 10 de octubre lo hicieron con la creencia de estar defendiendo su “derecho a la educación”. Los profesores y directivos que los incitaron están defendiendo las ventajas que les otorga el decreto 1279 para investigar, escribir y publicar, libres de la “carga docente” y sin preocuparse de que el mercado valide la relevancia de sus investigaciones y sus escritos. Hoy, para decirlo crudamente, en las grandes universidades públicas del País coexisten dos universidades, la glamurousa, dedicada a la investigación y a los estudios de posgrado, integrada por profesores de tiempo completo, con doctorado o maestría, estabilidad laboral garantizada y relativamente bien remunerados. La otra, más pedestre, es la universidad de los pregrados, a la que asisten los miles de jóvenes marchantes, atendida por docentes de cátedra menos capacitados, sin estabilidad laboral y tan mal o peor remunerados como los de las universidades de garaje, a las cuales, por supuesto, también prestan sus servicios para completar su congruo ingreso. Más pronto que tarde, el problema de estos docentes informales le reventará en la cara a las autoridades educativas del País, pero esa es otra historia.  

LGVA
Octubre de 2018.
   


lunes, 8 de octubre de 2018

¡Ni a saco contra EPM, ni sálvese quien pueda!


¡Ni a saco contra EPM, ni sálvese quien pueda!

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Docente EAFIT

Siempre me pareció un error que EPM, animada por un prurito regionalista, se obstinara en la construcción de la hidroeléctrica Pescadero-Ituango. El proceso adelantado por Hidroituango S.A. ESP, para conseguir que esa construcción se realizara mediante un esquema de “Projet-Finace”, había sido exitoso. A la convocatoria internacional respondieron diez y ocho firmas y calificaron siete, la más pequeña de las cuales era EPM. Pensaba, en ese momento, que conseguir una inversión extranjera directa de esa magnitud en un proyecto greenfield no petrolero era especialmente importante para el sector eléctrico y el País.

En vista de los hechos recientes, creo que fue afortunado que EPM cometiera el error de suscribir el BOMT para la construcción de Pescadero-Ituango, pues dudo mucho que cualquier otra empresa hubiese enfrentado la emergencia que desencadenó el colapso de uno de los túneles de desviación con la competencia técnica, la responsabilidad social y el sacrificio humano que desplegaron sus funcionarios, desde el gerente general al más sencillo operario, superando los momentos más críticos sin pérdidas de vidas y supliendo con holgura las necesidades de las personas afectadas y dándoles un trato respetuoso y digno. En medio de la angustia, la ciudadanía colombiana y los observadores internacionales veían con admiración y respeto la gesta épica de una Empresa unida y guiada por el objetivo de salvaguardar la vida de las poblaciones aguas abajo evitando el colapso de la presa, para lo cual se tomó la tremenda decisión de inundar la casa de máquinas.

Hoy ese ambiente de unidad y compromiso parece haber dado paso a uno de división y disputa. A fuera de la Empresa resuena una especie de “a saco contra EPM”; adentro, el “sálvese quien pueda” de las batallas perdidas. Excepción hecha de algunos pelafustanillos de la política local, que buscan agrandar su insignificante prestigio a costa del prestigio inmenso de EPM, a nadie conviene que se demoren o fracasen las acciones orientadas a superar totalmente la emergencia, lo que simple y llanamente significa salvar el proyecto poniéndolo operativo dentro de 3 años. Para lograr este objetivo es necesario reestablecer la unidad al interior de la Empresa para que todos los responsables actúen una vez más como el bloque que fueron durante la emergencia de abril y mayo y, también, cuando tomaron las decisiones fundamentales que hoy son puestas en cuestión.

El malestar del señor Gobernador es comprensible pues de las regalías de Pescadero-Ituango dependían gran parte de las inversiones contempladas en el plan de desarrollo departamental. Sus reclamos pueden ser justos pero la confrontación pública no es el medio más adecuado para tramitarlos. Si EPM ha incumplido o va a incumplir con los compromisos de contrato de BOMT es algo que debe definir la justicia. El Gobernador debe apurarse a actuar ante los tribunales que corresponda para hacer valer los intereses del Departamento, pues sus reclamos en el “tribunal” de la opinión pública le reportan alguna notoriedad, pero ningún cheque, y afectan la posición de la Empresa ante terceros y por esta vía menoscaban los intereses que quiere defender.

Los concejales deben abandonar la retórica de la propiedad pública intocable y proceder a dar las autorizaciones para la enajenación de los activos que le permitan a EPM obtener la liquidez necesaria para atender la emergencia. Si creen que no se debe vender nada, pues que autoricen al Municipio de Medellín a capitalizar la Empresa en los tres o cuatro billones de pesos que se necesitan para viabilizar el proyecto. Sin fallos en firme sobre responsabilidades ni los contratistas ni las compañías de seguros van a poner un peso. Tampoco los bancos van a realizar desembolsos sin tener la seguridad de que el proyecto es viable. De momento, EPM está sola y debe ser capitalizada o vender activos.

Hace años un amigo, para resaltar la significación de la actividad de generación, decía que EPM era un atleta con una cantimplora y un bíper. Hoy, a pesar de la ampliación de sus actividades, EPM continúa siendo, fundamentalmente, una empresa de generación y esto es lo que se debe preservar. Como los procesos de enajenación son dispendiosos, hay que vender aquello que no haga parte del núcleo de la actividad generación, produzca la mayor liquidez de caja y sea fácilmente realizable. Ciertamente, las acciones de ISA se ajustan a los tres criterios, pero ese es también el caso las participaciones en Une-Millicom, por lo que resulta extraño que su venta se haya descartado. En todo caso, hay que actuar con presteza y dejando de lado las consideraciones ideológicas, emocionales o políticas.  
 
Las autoridades nacionales del sector eléctrico – Ministerio, CREG, SSP, ANLA – y las entidades de vigilancia y control deben actuar con prudencia para no hace más difícil el trabajo de EPM y sus contratistas en la recuperación del proyecto, entendiendo que mientras mayor sea el retraso de la entrada mayor será el alza del precio de la electricidad y mayor el riego de desabastecimiento. Si la hidroeléctrica no se culmina o su entrada en operación de demora 5 o más años y las subastas de confiabilidad no son exitosas, el País podría enfrentar una situación de racionamiento y de precios elevados que golpearán duramente el aparato productivo y a los consumidores más vulnerables.

Al interior de EPM es necesario reestablecer la unidad y cesar de inmediato la búsqueda, con o sin polígrafo, de chivos expiatorios entre el cuerpo de directivos, ingenieros y técnicos responsables del proyecto. Todavía está por probar que la causa desencadenante de la emergencia – el colapso del túnel auxiliar de desviación – fue resultado de errores de diseño o constructivos. Y, en cualquier caso, nadie puede creer que dichos errores, si existieron, puedan atribuirse a dos o tres ingenieros aislados.  Las grandes decisiones de este proyecto comprometen a los miembros de las juntas directivas de Hidroituango S.A. ESP y de EPM ESP que las aprobaron, a los equipos directivos que las sometieron a su consideración y a los técnicos que las elaboraron. Ya llegará el tiempo de establecer responsabilidades individuales, pero de momento el imperativo es reestablecer la unidad de propósito dentro de la Empresa pues sin ella ésta se debilita frente a los actores externos y se hace más difícil cumplir el objetivo de poner a operar el proyecto en un lapso no mayor de tres años. Corresponde al Señor Gerente dar las señales de que está liderando un equipo unido y dispuesto a entregarlo todo, como en abril y mayo pasados.

LGVA
Octubre de 2018.

lunes, 3 de septiembre de 2018

Nota sobre el salario mínimo legal


Nota sobre el salario mínimo legal

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Universidad EAFIT


La fijación de un salario mínimo legal (SML), como casi cualquier control de precios, es mala economía pública, como lo sabe cualquier economista medianamente competente. El hecho de que esa legislación exista en tantos países y que buena parte de la opinión, incluso la pretendidamente ilustrada, la encuentre natural es una muestra más del preocupante retroceso de las ideas del liberalismo económico y la enorme confusión que esto genera. No queda más que seguir el mandato que Mises diera a los defensores del liberalismo: tratar de convencer a sus conciudadanos de la veracidad y la utilidad social de sus ideas. La cuestión no es extremadamente difícil, aunque exige más atención que los slogans anticapitalistas e intervencionistas que suelen tener un acogida inmediata y clamorosa entre las masas. 

Aunque tienen un rasgo común cual es la baja calificación, el SML lo ganan una gran variedad de personas – de ambos géneros y todas las edades - que desempeñan diversos oficios en distintos lugares y diferentes circunstancias.  Dependientes de pequeños comercios, empleados de restaurantes, trabajadoras de servicio doméstico, obreros de la construcción, coteros, pinches de cocina, braceros, trabajadores agrícolas, peluqueras, manicuristas, jardineros, mensajeros, repartidores de pizza, etc. conforman la variopinta especie de quienes ganan el SML. A esa diversidad de oficios hay que añadirle la diversidad de lugares, circunstancias y momentos en los que se pueden ejercer. Naturalmente, es igualmente variada la clase de los empleadores que lo pagan: son personas naturales o jurídicas que desarrollan toda clase de negocios en los más diversos lugares, las más variadas circunstancias y momentos.

La idea de que se puede fijar acertadamente un SML igual para esta multiplicidad de situaciones parte de dos supuestos inverosímiles: i) que la gente no experimenta desagrado por trabajar en ningún oficio, en ningún lugar y en ningún momento y ii) que el valor producido por el trabajador de menor calificación es igual en todos los empleos, en todos los lugares, en todos los momentos y cualquiera sea el nivel de ocupación.

Si fuéramos a presentar gráficamente el mercado de trabajo no-calificado que corresponde a esos dos supuestos, tendríamos algo parecido a lo que se muestra en el panel (a) de la gráfica 1. Las curvas de oferta y demanda son verticales y coincidentes, es decir, que la oferta y la demanda son iguales a N* cualquiera sea el nivel del salario real (SR). En este caso el gobierno podría fijar al nivel que le diera la gana sin provocar desempleo ni informalidad.

En economía uno puede suponer cualquier cosa, menos que la gente es tonta, es decir, que actúa irracionalmente en contra de sus propios intereses. Una función de oferta como la representada en el panel (a) significa que todos los individuos están dispuestos a ofrecer la misma cantidad de trabajo cualquiera sea el salario real. Y una función de demanda vertical significa que esos mismos individuos son siempre igual de productivos - que jamás se cansan, que rinden lo mismo en el día y en la noche, en invierno y en verano – y que el valor creado es siempre igual. Pero aún en ese mercado laboral – que parece más de robots que de seres humanos – la autoridad pública no sabría donde fijar el salario mínimo real: podría ser SR1, SR2 o cualquier otro valor que se quiera. Más adelante se verá que esa indeterminación se resuelve con base en la absurda teoría del fondo de salarios. 

Gráfica 1


Si estamos hablando se seres humanos, el mercado laboral probablemente se parezca al presentado en el panel (b) de la gráfica 1, representación habitual del mercado en los textos introductorios de economía. La curva OO´, la oferta de trabajo, indica una relación directa entre el salario real y la cantidad de trabajo que la gente está dispuesta a realizar a cada nivel de éste. Parte de una intuición elemental: el trabajo es desagradable y el desagrado – la desutilidad - aumenta a medida que se trabaja más, por lo cual sólo se trabaja más si la recompensa – el salario real -  por el desagrado es mayor. La curva DD´ es la demanda de trabajo y su pendiente negativa indica que el valor agregado por unidad adicional de trabajo disminuye razón por la cual solo se contratará más trabajo a un salario menor.

Si el mercado laboral se parece más al representado en el panel (b), la fijación de un salario mínimo legal “acertado”, es decir al que puedan trabajar todos los que están dispuestos a hacerlo, es difícil, más no imposible si se cuenta con un poco de buena suerte. Si la autoridad fija el salario mínimo por debajo del salario de equilibrio, el punto SMLR=SER de la gráfica, no hay ningún problema pues nada impide a los empleadores pagar por encima de ese mínimo, como efectivamente lo harán si así lo requiere su negocio y contratarán trabajo hasta el punto donde la productividad del trabajo adicional es suficiente para compensar el costo. El problema se presenta cuando la autoridad fija el mínimo por encima del salario de equilibrio, en cuyo caso se presentará la situación desempleo o informalidad indicada por el segmento AB.

Pero el problema es mucho más grave pues el mercado laboral representado en el panel (b) de la gráfica 1 no existe fuera de los libros de texto. En la realidad, existen múltiples mercados, muchísimos mercados de trabajos no calificados diferentes entre sí por circunstancias de tiempo, modo y lugar. El mercado de los meseros es diferente de una ciudad a otra y diferente en una misma ciudad; el de diciembre es diferente al de marzo; el de la noche es diferente al del día. No existe un mercado de trabajo no calificado, lo que existe en la realidad se asemeja más a lo representado en la gráfica 2: muchos, muchísimos mercados, infinidad de mercados laborales. En esas condiciones, pretender fijar su salario mínimo legal que no cause distorsiones es más un asunto de magia que de economía o política.
Gráfica 2


Hasta aquí se ha venido suponiendo implícitamente que, al fijar el salario mínimo nominal, que es lo único que puede hacer, la autoridad fija el salario mínimo real, lo que equivale a suponer que los precios monetarios de las bienes y servicios que se compran con el salario nominal son fijos e invariables. En general este no es un supuesto adecuado porque la autoridad no controla todos los precios.

A la gente le interesa tener un poder de compra que le permita adquirir ciertas cantidades de bienes y servicios de cuyo consumo obtiene satisfacción. En general, aunque a los políticos les gustaría que así fuera, la gente no padece de “ilusión monetaria” y si llega a padecerla la aceleración de la inflación se la cura rápidamente. Ahora bien, la inflación se mide por la variación promedio de un conjunto de bienes que conforman la llamada canasta familiar. Con esto llegamos al meollo de la política del salario mínimo.

Aquellos que defienden el salario mínimo legal razonan de la siguiente forma: un salario mínimo nominal es adecuado cuando permite a quien lo gana adquirir ciertas cantidades de bienes y servicios que conforman la canasta de subsistencia. Esto significa, en términos simples, que si la canasta en cuestión tiene un valor de $ 800.000 el salario mínimo nominal debe ser exactamente igual a esa suma y que en el tiempo debe variar en la misma proporción en la que varía el precio medio de esa canasta.

Esta es una reminiscencia de la vieja teoría del fondo de salarios de los economistas clásicos según la cual, en un momento dado, había una cantidad fija de bienes para asalariados que había de repartirse entre todos ellos. El reparto adecuado era aquel en el  cada familia obrera obtuviera las cantidades de bienes que garantizaban su reproducción como obreros, sin incremento ni disminución. Un salario nominal igual garantizaba ese reparto. Pensaban en una especie de economía estacionaria que se reproducía inalterada a lo largo del tiempo. Esta forma de razonar tenía unos propósitos teóricos que no podemos dilucidar en esta nota. Basta por lo pronto con decir los supuestos fácticos de esa forma de razonar ya no existen, si es que alguna vez existieron.

Sin desconocer la utilidad de establecer una canasta de bienes para medir las variaciones de los precios nominales, su empleo para definir el salario real o, como se hace frecuentemente, la cobertura del salario mínimo nominal legal, es extremadamente engañoso. Los bienes en que gastan su ingreso los que reciben el salario mínimo varían enormemente de una persona a otra: un joven soltero empleado de un bar muy seguramente consumirá bienes muy diferentes a los que demanda una madre soletera empleada en el servicio doméstico o un trabajador agrícola que tiene para su propio consumo una huerta de pan coger. Los precios que enfrentan varían de un municipio a otro, de una zona rural a una zona urbana o entre los barrios de una misma ciudad. La consideración de estas circunstancias convierte en ilusoria la pretensión de establecer un salario mínimo legal que no distorsione los múltiples mercados del trabajo de poca calificación provocando desempleo o informalidad. Esto se ilustra a continuación considerando el efecto de las diferencias de ingreso per cápita entre los departamentos.

En 2017, el salario mínimo legal anual era de $ 13.443.155, cifra que se obtiene aplicando al salario mínimo legal mensual un factor multiplicador de 1,52 para tener en cuenta la carga prestacional. La gráfica 3 relaciona ese salario mínimo anual con el PIB per cápita departamental a precios corrientes. La barra roja indica que el SML equivale al 72% del PIB per cápita nacional. En nueve departamentos el SML relativo al PIB per cápita es inferior al nacional, en todos los demás es superior.

Gráfica 3



La relación SML/PIB-per cápita es una buena medida de la capacidad de los empleadores de un departamento para pagar el salario mínimo. A medida que esta relación es más elevada es más probable que el SML esté por encima de su nivel de equilibrio lo cual se traduce en más desempleo o mayor informalidad.

Afortunadamente para los trabajadores no calificados, los inspectores del Ministerio de Trabajo son incapaces de hacer cumplir la legislación sobre salario mínimo pues si lo fueran la tasa de desempleo abierto probablemente bordearía el 20%. Gracias a esa incapacidad, la fijación de un SML que excede la capacidad de pagarlo de una economía se traduce en informalidad laboral. Departamentos como Chocó, La Guajira, Caquetá, Córdoba, Magdalena, Sucre y Norte de Santander que muestran tasa de informalidad superiores al 60% son justamente aquellos donde el SML es más elevado que su PIB per cápita.

Gráfica 4


La legislación sobre salario mínimo está basada en el absurdo supuesto de que existe un único mercado de trabajo no calificado donde los participantes no responden a incentivos. Es imposible conceptual y empíricamente establecer un nivel de salario mínimo legal que no distorsione los múltiples mercados de trabajo no calificado, ocasionando desempleo o informalidad. La legislación sobre salario mínimo perjudica a los trabajadores no calificados a los que pretende favorecer. El salario mínimo legal debería eliminarse o, en su defecto, establecer diferentes niveles de salario mínimo teniendo en cuenta las diferencias de productividad entre los departamentos.

LGVA
Septiembre de 2018.  


lunes, 20 de agosto de 2018

No voy a votar la consulta anti-corrupción


No voy a votar la consulta anti-corrupción

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Docente Universidad EAFIT

Algunos amigos me han pedido que les explique mi decisión de no votar la consulta anti-corrupción. Trataré de hacerlo brevemente.

En general, no me gustan los llamados mecanismos de participación ciudadana o de democracia directa: plebiscitos, referendos, consultas, etc. Salvo cuando la convocatoria se hace a comunidades pequeñas, los habitantes de un municipio, y sobre una o dos cuestiones puntuales muy precisas, la creación de un tributo o el empleo de unos recursos, estos mecanismos, básicamente, sirven al interés político de sus promotores, usualmente el mandatario de turno, independiente de la importancia sustantiva del asunto o los asuntos consultados. Los términos de la consulta suelen ser tramposos y orientados a inducir la respuesta que favorece inexorablemente al gobernante o a quien hace la pregunta.

Creo que Robespierre tiene el mérito de haber establecido en la época moderna la consulta directa al pueblo cuando hacía que las barras de la Asamblea Nacional decidieran a grito pelado la suerte de los candidatos a la guillotina. Los bolcheviques, en los inicios de su revolución, también decidían sus cuestiones por la aclamación de la turbamulta que asistía a los soviets. Francisco Franco Bahamonde, Fidel Castro Ruz y Augusto Pinochet Ugarte al parecer adoraban las consultas, referendos y plebiscitos como quiera que cada uno de ellos convocó dos o tres, que ganaron por aplastante mayoría, para aprobar leyes o constituciones escritas por sus serviles asesores.  Adolfo Hitler sometió a referendo la ley habilitante que le permitió gobernar dictatorialmente haciendo caso omiso del Bundestag donde no tenía la mayoría. 

Contrariamente a la opinión de mucha gente, pienso que los mecanismos plebiscitarios son la negación de la democracia porque excluyen el debate y la deliberación, que es lo que da lugar a los matices, a las diferencias, a las transacciones y, finalmente, a los acuerdos, todo lo cual es esencia de la política, como dijera Locke. Cuando me enfrento a un cuestionario que me exige responde Si o No a una pregunta mañosa, experimento la misma sensación que siento ante un ladrón que apuntándome con un revolver me pone a escoger entre la bolsa y la vida. Con las imperfecciones que tiene nuestro congreso - que tampoco es el peor del mundo, dicho sea de paso- prefiero que todas las cuestiones importantes de nuestra sociedad se decidan allí y no mediante los tales mecanismos de participación ciudadana.  Habla bien de nuestra democracia y de nuestra ciudadanía que el referendo de Uribe de 2003 no haya alcanzado el umbral, que Juan Manuel Santos haya sido derrotado en su plebiscito tramposo y que la consulta oportunista de Claudia López vaya a naufragar por falta de votos.

Creo que lo expuesto es suficiente para justificar mi decisión de abstenerme de votar la consulta de Claudia López y, muy probablemente, cualquiera otra. No obstante, voy a exponer una razón adicional: la consulta es un engaño porque no ataca las verdaderas causas de la corrupción como son las regulaciones que asfixian la actividad empresarial, la burocracia que crece sin límite alguno alentando el clientelismo político y el asistencialismo rampante que está convirtiendo a la ciudadanía en una masa demandante que se cree con derecho a todo.  Nada de eso se toca en la consulta y no puede tocarse porque su propósito no es acabar con la corrupción sino hacer de la supuesta lucha contra ésta en un instrumento para el avance político de sus promotores.

Lo más grave del actual debate sobre la corrupción es que está alentando dos creencias estrechamente ligadas que me parecen especialmente nefastas y cuya propagación entre las masas puede poner en riesgo nuestro orden político y económico.  La primera es la creencia de que nuestras instituciones son completamente deleznables carcomidas como están por la corrupción y, la segunda, que bastaría acabar con ella para que como por ensalmo desaparecieran todos los males que aquejan la República: pobreza, falta de oportunidades, desigualdad y todos los demás.

La lucha contra la corrupción - al igual que la lucha contra la pobreza, la desigualdad o la injusticia -  hace parte del arsenal ideológico de todos los demagogos que en la tierra han sido y la mayor parte de los tiranos antiguos y modernos han salido de los demagogos. Para decirlo sin ambages: los promotores de la consulta anti-corrupción me parecen unos vulgares demagogos y, por tanto, unos tiranuelos en potencia. 

Un gobierno impersonal, que trate a todos los ciudadanos por igual, e integrado por funcionarios competentes interesados en el bien público, que actúan conforme a una ley, también impersonal y abstracta, y que responden políticamente por sus actuaciones es el ideal del orden político. Creo que nuestro orden político está bastante lejos de ese ideal. Es aún demasiado oligárquico y aunque no está mal en libertades civiles ni en pluralismo electoral, flaquea en el funcionamiento del gobierno y cultura política. El tamaño del gobierno es excesivo, pero aún tolerable, y en la administración, aunque infestada estúpidos y corruptos, han logrado consolidarse núcleos de eficiencia con funcionarios honestos y competentes.

A pesar de sus imperfecciones, el orden político colombiano es algo que vale la pena defender y contribuir a mejorar; pero no creo que la tal consulta ni la exaltación política de sus promotores sean la mejor forma de hacerlo. Todo lo contrario. Hoy la principal amenaza proviene más que de la corrupción de su utilización política por los demagogos que atizarán sin descanso la hoguera de indignación para obtener el favor de los electores. Si los demagogos llegan a tener éxito podría abrirse el paso hacia la tiranía que es la peor forma de gobierno y que puede resultar extremadamente difícil de derrocar. Ahí está la cotidiana y trágica lección de Venezuela, ideal político de los demagogos colombianos.

LGVA
Agosto de 2018.

domingo, 19 de agosto de 2018

Reforma fiscal, sí; reforma tributaria, no.


Reforma fiscal, sí; reforma tributaria, no.

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Docente Universidad EAFIT

Para proponer la elevación de la tarifa o la ampliación de la base de un impuesto existente - o, incluso, para proponer la creación de uno nuevo - no se necesita ser un gran hacendista; la gracia está en suministrar buenos servicios con los tributos existentes o con menos, lo que no es imposible. Esto lo decía, según creo, Maffeo Pantaleoni y, lo que suscitó en mí gran entusiasmo, el Presidente Duque dijo algo parecido cuando estaba en campaña, pero su Ministro de Hacienda o no lo escuchó o lo ha olvidado.

Los grandes hacendistas del siglo pasado – los suecos Knut  Wicksell y Erik Lindahl, los italianos Luigi Einaudi y Maffeo Pantaleoni - pensaban que en el diseño y formulación de la política fiscal debía prestarse atención simultánea a los ingresos y a los gastos públicos pues de esa forma habría coherencia entre las distintitas aplicaciones y las fuentes de financiación. Todo parece indicar que esto no es una práctica a la usanza en Colombia.

Los integrantes de Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria (CEECT), cuyo trabajo sirvió de sustento a la última o penúltima - ¡vaya usted a saber! - reforma tributaria “estructural”, se excusaron de tratar el tema del gasto argumentando que eso estaba por fuera de sus términos de referencia[1]. Quizás para colmar esa falencia, en dicha reforma se incluyó un artículo que disponía la creación de otra comisión –  Comisión del Gasto y la Inversión Pública (CGIP) - que se ocupara, ahora sí, del asunto del gasto.

Después de varios meses de trabajo, esa comisión llegó a la no por previsible menos inverosímil conclusión de que el gasto del gobierno nacional no se puede recortar ni en un centavo y que hay que enfocarse “en determinar posibles ganancias en eficiencia, eficacia y equidad del gasto con los recursos actualmente disponibles”. Curiosamente, la CGIP, aunque en su mandato no estaba el tema de los ingresos, consideró importante recomendar que el gobierno “evalúe de nuevo medidas para lograr un mayor recaudo” y, ¡cómo no!, “un sistema tributario más eficiente y equitativo”. Dudando quizás del impacto de sus recomendaciones, advierte que éstas “no pueden ser interpretadas como necesidad de aumento en los gastos, a no ser que haya un esfuerzo en ingresos”. ¡Háganme el favor!

Los malos diagnósticos conducen a malas recomendaciones. La CGIP advierte, lo que sabe todo el mundo, que estamos ad portas de una crisis fiscal o, en su prudente leguaje, que “el panorama fiscal no está despejado”; y encuentra el origen del “oscurecimiento” del panorama fiscal en la “abrupta reducción de los precios internacionales del petróleo y otros bienes básicos” que redujo los ingresos del gobierno. Es decir, la culpa no fue de nadie.

Es verdad que los países dependientes de las exportaciones primarias con escaso o nulo poder de mercado poco o nada pueden hacer para evitar las variaciones de precios de sus productos. Sin embargo, el impacto de dichas variaciones sobre sus economías y su sector público depende ese si en buena medida de su manejo macroeconómico. Hace ya siete años, en lo mejor de la fase ascendente del ciclo de precios del petróleo, el primer gobierno Santos implantó una reforma del estado mediante la cual se resucitaron tres ministerios que no le estaba haciendo falta a nadie – salvo a los políticos y a sus clientelas – y se crearon una veintena de “Agencias”   – de inteligencia, infraestructura, minería, defensa jurídica del estado, superación de la pobreza, contratación pública, etc. -   y se creó también un poderoso Departamento de la Prosperidad Social que agrupaba varias entidades, antiguas y nuevas, y programas de política social asistencialista. También por esas mismas calendas se aprobó una generosa ley de víctimas, se renunció a racionalizar el gasto del sistema de salud, se dilapidaron las regalías petroleras y se elevaron los salarios oficiales por encima de la inflación. Sobre la base de unos ingresos cuyo carácter transitorio nadie desconocía se montó un impresionante andamiaje burocrático y se incrementó el gasto asistencialista a niveles sin precedentes. En un artículo publicado por entonces en este mismo blog escribí:

“El gobierno de Santos prepara hoy alegremente – ley de víctimas, seguridad social en salud sin restricción presupuestal, creación de miles de empleos públicos con la reforma del estado, incremento de los salarios oficiales por encima de la inflación y la piñata de las regalías -  el escenario de la próxima crisis fiscal”[2].  

La situación fiscal del País no es una fatalidad causada por fuerzas “exógenas”, es el resultado de las decisiones – desacertadas decisiones - de personas que en su momento ejercieron responsabilidades públicas y debe ser resuelta por las decisiones – acertadas decisiones- de las personas que actualmente detentan esas responsabilidades. No es cierto que no pueda recortarse el gasto de funcionamiento. Podríamos empezar por desmontar todas esas agencias que ejercen funciones paralelas a los ministerios y, las que efectivamente se requieran, entregarlas de nuevo a éstos. Debe abandonarse el hábito de creer que cada actividad o problema del País requiere un ministerio o una agencia gubernamental. En cuanto a los ministerios, ya hay evidencia de cerca de 8 años de que se puede funcionar con 3 menos de los existentes.

Dicen los expertos de la CGIP que para recortar y racionalizar el gasto público se requieren reformas institucionales, constitucionales, legales y sabe Dios qué más. Es decir, el recorte del gasto podrá hacerse en las calendas griegas. No lo creo. Una directiva presidencial, ordenando a todos los ministros y directores de agencias gubernamentales un recorte de 15% de sus presupuestos, tendría más impacto sobre las finanzas públicas que tres reformas tributarias. Hace un par de años publiqué en este mismo blog un artículo en el que mostraba que era posible un ahorro de 20 billones de pesos recortando solamente el gasto de funcionamiento[3]. Ahí lo dejo nuevamente como una especie de guía para la acción. El Presidente Duque podría dar ejemplo renunciando a su corte de consejeros pues para aconsejarlo están los ministros, que ya son bastantes. El Ministro de Hacienda y la Directora del DNP podrían mostrarnos su pericia de hacendistas liderando la aplicación de los recortes en todos los ministerios de suerte que los ministros demuestren su competencia haciendo más y mejores cosas con menos dinero, porque a fin de cuentas para gastar a rodos el dinero de los contribuyentes no se necesita gente muy ilustrada.

Cuando se habla de recortar el gasto, los políticos y sus economistas de cabecera ponen el grito en el cielo y corren a escudarse tras los pobres y hablan de justicia, de equidad, de paz y todo lo demás. Pero esos mismos políticos se rasgan las vestiduras denunciando la corrupción en la aplicación del gasto y esos mismos economistas nos informan que el gasto social está tan mal focalizado que en su mayor parte beneficia a personas que no son pobres. ¿Por qué no recortar un gasto que no llega a los pobres?

Evidentemente no es fácil desmontar todo el aparataje asistencialista que se ha construido para gestionar el llamado gasto público social. Lo primero que hay que hacer es sincerarlo y empezar por llamar las cosas por su nombre. Un subsidio mal focalizado es un subsidio del que se está apropiado alguien que no lo amerita por su condición económica y apropiarse así de un subsidio es un acto de corrupción. El DNP y otras entidades han estimado en 80 billones de pesos los subsidios de toda clase del gobierno central solamente. Esto equivale a 9% del PIB. Según el DNP, los quintiles 4 y 5 de la distribución de ingresos se apropian del 40% de estos subsidios. Esto es particularmente grave en el caso del sistema pensional donde el 50% va al quintil más alto de la distribución.  Hay grandes distorsiones en todas las grandes categorías de subsidio como se pone en evidencia en la tabla que muestra la distribución del gasto en subsidios por quintiles de ingreso.

El caso de los servicios públicos domiciliarios es también notable. Es evidente que la estratificación es ya un mecanismo inadecuado de focalización de subsidios en ese sector como quiera que el porcentaje la población subsidiada es hoy mayor que el de hace 30 años cuando se empezó a aplicar. Si en este sector la asignación de subsidios se hiciera con el puntaje SISBEN que se emplea en salud, las contribuciones de los estratos altos cubrirían los subsidios de la población pobre y sobraría dinero.


El programa bandera de las viviendas gratis de la administración Santos debe ser sometido a una cuidadosa evaluación de impacto pues parece tener también un elevado sesgo de inclusión. Hace algunas semanas visité un pequeño municipio donde se construyeron 80 de esas viviendas. Recorriendo el barrio en cuestión pude constatar que 30 de ellas estaban desocupadas y otras 20 en arriendo pues los propietarios residen en el campo o en otros municipios, según me informaron los líderes comunitarios con los que hice el recorrido.

El gobierno anterior presentó al Congreso un proyecto de ley – el 186 de 2016- que además de introducir un sistema mejorado para la identificación de los beneficiarios de los subsidios establece un procedimiento uniforme para su creación que pone en cintura a los congresistas que alegremente aprueban leyes que crean subsidios y cargas al sector privado sin preocuparse de sus fuentes de financiación. También en ese proyecto se establece claramente la temporalidad de los subsidios, se obliga al ejecutivo a hacer un análisis de calidad y pertinencia de ellos, a su evaluación periódica y se imponen medidas sancionatorias a quien acceda a un subsidio sin cumplir los requisitos y a los funcionarios públicos que los asignen inadecuadamente.  

El Presidente Duque conoce bien ese proyecto como quiera que fue su ponente en el senado y debe saber que la aplicación de lo allí dispuesto aliviaría sustancialmente las finanzas públicas en unos pocos años y llevaría al País hacia un esquema de subsidios regido por los principios legalidad, transparencia, efectividad, eficiencia, redistribución del ingreso y sostenibilidad fiscal. En lugar de andar entretenido con una consulta que solo sirve para complacer a la galería y a los intereses políticos de sus promotores, el Presidente Duque debería enfocarse en combatir las verdaderas causas de la corrupción que son al mismo tiempo las causas del desequilibrio crónico de las finanzas públicas: el gasto burocrático desbordado y el asistencialismo rampante.

Así las cosas, una verdadera reforma fiscal debería tener los siguientes puntos:

1.    Recorte inmediato de un 15% del presupuesto de todos los ministerios y agencias gubernamentales.
2.    Adopción de un sistema unificado para la creación, focalización, seguimiento y evaluación de los subsidios, siguiendo las líneas de proyecto de ley 186 de 2016, probablemente el proyecto de ley de mayor trascendencia que se ha presentado al congreso en los últimos 20 años. 
3.    Reforma tributaria no fiscalista que mejore la distribución de las cargas, elimine distorsiones, evite al máximo la evasión y contemple la reducción progresiva de las tarifas del IVA y renta, en consonancia con los resultados de los dos primeros puntos.

Este plan fiscal debería estar complementado con reformas al sistema pensional y de seguridad social en salud, asuntos sobre los cuales abundan los diagnósticos y las buenas propuestas.

Estas cosas no son fáciles, Presidente Duque, pero haga el esfuerzo de tal suerte que si no alcanza a reducir el tamaño del gobierno por lo menos evite que aumente durante su mandato. Esto ya sería un gran logro.

LGVA

Agosto de 2018. 


martes, 14 de agosto de 2018

Radio Yerevan en el Trópico


Radio Yerevan en el Trópico

Por Rodrigo Botero Montoya

Los tiempos de la Unión Soviética dieron origen a una serie de chistes por medio de los cuales se desahogaban quienes sufrían las frustraciones y el tedio de vivir bajo el régimen comunista.  Entre estos se destaca el programa de una supuesta Radio Yerevan, en la cual un experto en teoría marxista resolvía los interrogantes de los ciudadanos.  Por ejemplo:

Pregunta. Bajo el socialismo es posible prever el futuro?

Radio Yerevan.  Absolutamente.  El problema de prever el futuro está resuelto por el socialismo.  El obstáculo sigue siendo prever el pasado.

Pregunta. Es posible construir el socialismo en el Desierto del Sahara?

Radio Yerevan.  Afirmativo. Es perfectamente posible construir el socialismo en el Desierto del Sahara.  Y tendremos evidencia de que se ha tenido éxito en ese empeño cuando empiece a escasear la arena.

En la hipótesis de que Radio Yerevan, al igual que la BBC o Deutsche Welle, tuviera un servicio latinoamericano, sería posible imaginar el siguiente intercambio:

Pregunta. Cómo evalúa el proceso de construcción del socialismo en Venezuela?
Radio Yerevan.  Sobresaliente.  El progreso alcanzado es indiscutible.  Así lo demuestra el hecho de que en Venezuela hay escasez de gasolina.

Podría objetarse a esta respuesta que la gasolina no es lo único que escasea en Venezuela.  También hacen falta alimentos, medicinas, bienes de aseo personal, llantas y repuestos.  Caracas padece apagones frecuentes, falta de agua y un sistema de transporte público de pasajeros en camiones.  No obstante, la escasez de gasolina tiene un significado especial como símbolo de la destrucción deliberada de PDVSA, hechura del Socialismo del Siglo XXI.  Hugo Chávez es responsable del desmantelamiento técnico y gerencial de PDVSA, algo que es parte inseparable de su legado.

El gobierno venezolano ha dejado de publicar estadísticas económicas o sociales.  Los analistas internacionales se ven obligados a hacer estimativos acerca de la caída de la producción, el ritmo de la hiperinflación y la magnitud de la emigración, que puede ser del orden del 15% de la población nacional.  Pero la estadística que no se puede ocultar es la de producción mensual de petróleo, porque esa cifra la suministran la OPEP y otras entidades internacionales.  Lo que esa serie estadística revela es una reducción acelerada en el ritmo de producción.  

  Calcular el PIB venezolano se dificulta, habida cuenta de la proliferación de tasas de cambio.  A falta de datos confiables, la trayectoria de PDVSA sirve como proxy del agregado de la actividad productiva.  Lo que revela ese ejercicio es que la economía del país ha experimentado un proceso de miniaturización.  Según cálculos aproximados de algunos economistas venezolanos, el PIB de Venezuela podría ser de unos US$ 90.000 millones, lo cual representa un retroceso considerable.

Pocos meses después de la revolución bolchevique, Max Weber advirtió a su antiguo discípulo, el filósofo marxista Georg Lukacs, que los rusos iban a arruinar la reputación del marxismo por cien años.  Los revolucionarios bolivarianos y sus aliados parecen estar empeñados en prolongar ese descrédito por cien años más.


miércoles, 27 de junio de 2018

Las Claves del Crecimiento


Las Claves del Crecimiento

Por Rodrigo Botero Montoya

La experiencia latinoamerica reciente contiene valiosas enseñanzas para los estudiosos de la economía del desarrollo acerca de lo que el gobierno  de un país no debe hacer si desea elevar el ingreso y mejorar el nivel de bienestar de sus habitantes.  Disponer de modelos negativos, para evitar imitarlos, sirve un propósito instructivo.  Pero eso no basta.  Lo deseable es complementar esa visión con una indicación acerca de las políticas públicas que conducen a acelerar el ritmo de crecimiento. 

 El Banco Mundial llevó a cabo un ejercicio comparativo, denominado Growth Report, por medio del cual identificó los elementos comunes que comparten los países que han logrado alcanzar altas tasas de crecimiento.  Esos elementos son:

  • ·        Aprovechan plenamente la interacción con la economía mundial.
  • ·        Mantienen la estabilidad macroeconómica.
  • ·        Promueven altas tasas de ahorro e inversión.
  • ·        Permiten que el mercado se encargue de la asignación de recursos.
  • ·        Tienen gobiernos comprometidos, eficaces y creíbles.


Los dos primeros ítems resultan ser de particular relevancia en un período de transición entre dos gobiernos.  Este proceso se desenvuelve en un contexto de normalidad en los mercados financieros.  Lo cual revela la expectativa de que seguirán vigentes dos grandes directrices de la política económica: la inserción de Colombia en la economía internacional;  y la consolidación de la estabilidad macroeconómica como objetivo prioritario.

Si bien es algo que ha ocurrido sin estridencia, durante la última década la inserción de Colombia en la economía mundial se ha intensificado.  No obstante las ocasionales expresiones de añoranza de proteccionismo y aislamiento, la globalización se da por sentada y se acepta como parte de la normalidad cotidiana.

 Las principales ciudades del país tienen agencias dedicadas a atraer inversionistas y visitantes extranjeros.  El turismo internacional receptivo, creciendo a un ritmo de 30% anual, empieza a adquirir un tamaño significativo.  A la par con la llegada al país de inversión extranjera directa, las empresas nacionales se siguen expandiendo más allá de las fronteras.  La Agencia Nacional de Infraestructura y la Financiera de Desarrollo Nacional, entidades recientemente creadas, han diseñado modalidades novedosas para vincular recursos externos de capital a la financiación de proyectos de infraestructura.

El sector agropecuario se beneficia con la apertura de mercados para las exportaciones agrícolas que permiten los TLCs.  La Alianza del Pacífico ha liberalizado el movimiento de bienes, capitales y personas con México, Chile y Perú.  El efecto cumulativo de estos desarrollos se traduce en mayor actividad empresarial, modernización tecnológica y mejores oportunidades de empleo bien remunerado.  Eso explica el apoyo que recibe la apertura al comercio y a la inversión por parte de amplios sectores de opinión.

La preservación de la estabilidad macroeconómica está respaldada por los lineamientos de la regla fiscal y por la credibilidad que  tiene el Banco de la República por el manejo de la política monetaria y cambiaria.

El país ha iniciado la transferencia de poder político de manera ordenada y tranquila.  Es previsible que el cambio de mando en el sector económico se hará con una madurez similar.