jueves, 21 de julio de 2016

EPM rumbo a Wall Street

EPM rumbo a Wall Street

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Docente Universidad EAFIT

Las concejalas Luz María Múnera y María Paulina Aguinaga criticaron recientemente las inversiones de EPM en el exterior indicando que por cuenta de éstas la Empresa estaba sobre- endeudada e incumpliendo la obligación con los acreedores de mantener una relación deuda/ebitda de 3.5 veces. Luis Fernando Múnera López, antiguo funcionario de la Empresa, en su leída columna del periódico El Mundo, hizo eco de esas críticas llegando a sugerir que en 2017 la Empresa podría enfrentar problemas de liquidez.


El debate sobre EPM es siempre bienvenido, pero debe hacerse sobre la base de las cifras y una lectura ponderada de las mismas. Un indicador deuda/ebitda de 3,5 significa que la empresa puede pagar su deuda con su flujo de caja en 3 años y medio. Esto es una cifra ridículamente baja para una Empresa cuyos bonos y créditos tienen plazos de 10, 15 ó 20 años. Lo que debe llamar la atención no es que los indicadores de endeudamiento hayan aumentado ligeramente y de forma temporal, como consecuencia de circunstancias exógenas que pueden afectar a cualquier empresa, sino que estructuralmente sean tan ortodoxos para una empresa que se expande vigorosamente a nivel internacional al tiempo que adelanta las grandes inversiones de la hidroeléctrica de Ituango y la planta de Bello y entrega anualmente al municipio el 55% de sus utilidades. 



Lo de Panamá ciertamente es un desastre. Y es también probable que el precio pagado por Aguas de Antofagasta haya sido más elevado de lo algunos analistas consideran adecuado. Personalmente confío en la recuperación de la inversión. Las críticas pueden ser válidas y los directivos de la compañía deben asumirlas con humildad y voluntad de aprendizaje. Pero no puede desprenderse de ello una condena global a una estrategia de internacionalización que ha venido adelantándose de forma persistente, paciente y exitosa desde hace más de 12 años. Como consecuencia de esa expansión, los ingresos y las utilidades del Grupo y las transferencias al Municipio – que bordean el billón de pesos – han crecido considerablemente. Es en un horizonte de tiempo amplio y teniendo en cuenta que los resultados de cualquier empresa están sujeto a alzas y bajas como debe evaluarse el desempeño de EPM y su cuerpo directivo. Condenar toda esa gestión por el descalabro de Panamá o por el supuesto error en la valoración del negocio de Antofagasta, ignorando todo lo demás, es como pedirle a un ajedrecista que gane todas sus partidas sin perder un peón.

Esto conduce al principal problema que enfrenta hoy EPM: la naturaleza de misión y su gobierno corporativo. EPM es, por así decirlo, una empresa estatal de nuevo tipo. El régimen de subsidios de la ley 142 dejó sin piso lo que en una economía de mercado e iniciativa privada da fundamento a la propiedad estatal de las empresas de servicios públicos: la garantía de acceso universal. EPM, como cualquier empresa privada, no tiene hoy otra misión que la de generar valor para su propietario.

Los propietarios de las cosas son los que deciden qué hacer con ellas. El propietario de EPM cambia cada cuatro años. Y se trata de un propietario con intereses y prioridades que usualmente no están alineadas con las exigencias de capitalización y crecimiento de largo plazo. Por estatutos, las transferencias ordinarias no pueden exceder el 30% de las utilidades. Pero esos mismos estatutos dejaron abierta la puerta para transferencias extraordinarias que con el paso del tiempo se han convertido en ordinarias de suerte que sumadas unas y otras alcanzan hoy el 55% de las utilidades. No es ocioso recordar que lo que más desvaloriza una empresa es la excesiva distribución de utilidades: esto, más que la caída del precio del petróleo, es lo que explica la depresión en que se encuentra la acción de Ecopetrol.

Aunque ninguno de los más recientes alcaldes ha incurrido en una tropelía extrema, tampoco ninguno ha resistido la tentación de agrandar el presupuesto municipal con cargo a las transferencias de EPM que en 2015 representaron el 25% de los ingresos del Municipio.  Además, el propietario invita a EPM a financiar obras como los parques del río, hace que extienda su red de distribución para iluminar todo el departamento sin que importe el costo, la obliga a construir UVAS, parques y sabe Dios qué más.  Puede que todas sean obras y acciones de beneficio social, pero es discutible que tengan que estar a cargo de EPM y que un alcalde pueda disponer con tanta soltura de sus recursos. No sobra mencionar la destinación de los recursos provenientes de la venta de las acciones de ISAGEN, un 45% de los cuales, en lugar de fortalecer el negocio de la generación con unos 150 MW, se destinará a la financiación de un tranvía.

La creciente dependencia del Municipio de las transferencias de EPM es perjudicial y riesgosa para ambas entidades. Para el primero, disponer de una fuente de recursos de esa magnitud puede conducir al aperezamiento fiscal, al derroche y a la burocratización. Por su parte, la Empresa está sometida a la incertidumbre de lo que será el empleo de su flujo de caja cada vez que se produce un cambio en la administración municipal.  Las restricciones estatutarias a la extracción de utilidades de poco o nada sirven como lo muestra la historia reciente. Los compromisos de la internacionalización y la vigilancia de los acreedores imponen ciertos límites a los apetitos de los alcaldes, los políticos y dirigentes locales, muchos de los cuales aún no asimilan cabalmente el hecho de que EPM ha dejado de ser una empresa municipal de servicios públicos y que, sin explotar todavía todo su potencial, se ha convertido en cabeza de un grupo multinacional.

Es hora de pensar la forma de consolidar la internacionalización de la Empresa y hacerla irreversible. EPM está madura para convertirse en una sociedad por acciones que perfectamente pueden listarse en la bolsa de Nueva York. Se tendría así acceso a una fuente casi ilimitada de recursos de capital para financiar su expansión y a las disciplinas y controles que el mercado impone a los administradores. ¡Qué se abra el debate!

LGVA
Julio de 2016. 

lunes, 4 de julio de 2016

Los 25 años de la constitución ilimitada


Los 25 años de la constitución ilimitada

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista, Docente Universidad EAFIT

“Una constitución que consiga la mayor libertad posible formulando las leyes de tal manera que la libertad de cada uno pueda coexistir con la libertad de todos”

(Immanuel Kant)

La constitución de 1991 inició con 380 artículos permanentes y 54 transitorios y, en sus 25 años, ha sido objeto de 40 reformas: una cada siete y medio meses. Cuando la Corte Constitucional avale, como seguramente lo hará, el llamado acto legislativo para la paz, serán 41 las reformas y entrarán a hacer parte de la constitución – corrección: del bloque de constitucionalidad - los centenares de páginas que recogen los acuerdos de La Habana. La Constitución de 1886  arrancó con 210 artículos permanentes y 15 transitorios y fue objeto de 70 reformas, una cada 18 meses, en los 105 años que estuvo vigente. Finalmente, la de 1863, conocida como la Constitución de Rionegro, se aprobó con 94 artículos, uno de ellos transitorio, y en sus 22 años de vigencia se reformó una vez, en 1876. Su texto completo cabe en unas 25 páginas.

Las constituciones decimonónicas eran limitadas y limitantes. Limitadas en su extensión y limitantes o limitadoras del poder y la arbitrariedad de los gobiernos sobre los ciudadanos. La constitución era la máxima expresión material del principio de legalidad. El constitucionalismo del siglo XX se orientó en otra dirección en consonancia con el aumento de la injerencia de los gobiernos en la actividad económica y la vida de las personas. Las normas jurídicas no son ya reglas generales que buscan evitar que los miembros de la sociedad choquen entre sí en la búsqueda de sus objetivos, sino disposiciones casuísticas por medio de las cuales cada grupo de interés organizado trata de que el estado garantice la consecución de aquellos. Así, cada uno quiere una garantía legal o, de ser posible, constitucional, en la creencia de que de esta forma la garantía es más sólida y duradera. Esto conduce a constituciones grandes y contradictorias, que deben ser permanentemente interpretadas y constantemente reformadas para hacer que todas o casi todas las aspiraciones de los diversos grupos estén incluidas en ellas. Paradójicamente esa reinterpretación y ese reformismo permanente hacen que lo se creía fijado en piedra esté en constante suspenso.

En una constitución tan extensa  todo mundo encuentra algo que le guste. Personalmente mis preferencias van por los capítulos IV, V y VI del Título XII sobre el régimen económico y de hacienda pública. En cuanto a las reformas, mis preferidas son el acto legislativo 04 de 2007 y el 03 de 2011.  El capítulo IV se refiere a la distribución de recursos y competencias entre la Nación y las entidades territoriales: artículos 356 y 357. Estos artículos fueron reformados por al acto legislativo 04 de 2007. El capítulo V contiene el régimen de los servicios públicos domiciliarios y el VI consagra la autonomía del Banco de la República, quizás el activo institucional más importante del País. El acto legislativo 03 de 2011, introdujo en la Constitución los conceptos de sostenibilidad fiscal y de incidente de impacto fiscal. La autonomía del banco central nos pone un poco al abrigo de la financiación inflacionaria del gasto público; mientras que el concepto de sostenibilidad fiscal, aunque precario, puede ayudar a evitar el desmadre gasto público, peligro siempre latente con una constitución plagada de derechos, que todos quieren reclamar; con más de 8.000 jueces ordenadores del gasto y con una Corte Constitucional que, presurosa por implantar la justicia social, legisla más que el propio congreso por medio de sus sentencias que tienen rango de ley conforme a la doctrina del precedente jurisprudencial obligatorio, establecida por la Corte en su sentencia C-836 de 2001. Sólo resta esperar que un gobierno y un congreso apresurados por cumplir con la piñata de gasto de los acuerdos de La Habana no decidan arrasar con la autonomía del Banco y el fundamento constitucional de la regla fiscal.

La constitución de 1991 se mantendrá durante largo tiempo y seguirá creciendo por razones meramente generacionales. Aunque la vida útil política de sus principales artífices (Navarro, De la Calle, Serpa, Gaviria) está llegando su término, pues todos ya están en el último tomo de la obra de Proust; queda una generación de relevo, igualmente imbuida del espejismo de la justicia social, que tiene mayor esperanza de vida política, pues está integrada por los muchachos de la séptima papeleta (Fernando Carrillo, Manuel José Cepeda, Claudia López y muchos más) que están convencidos de haber salvado el País al haber promovido la convocatoria a la constituyente de la que salió nuestra constitución ilimitada, a la que por esa razón tienen un especial apego. Para lograr una constitución limitada, que sea el marco de actuación de ciudadanos libres y responsables de su propio destino, es necesario que llegue a la dirección del País una generación de políticos, economistas, abogados, empresarios e intelectuales educados en los valores y principios del verdadero liberalismo y que sea capaz transmitirlos al pueblo colombiano, habituado al asistencialismo clientelista que es la oferta política de todos los partidos.  

LGVA

Julio de 2016.  

domingo, 3 de julio de 2016

El Brexit y el futuro de la Unión Europea


El Brexit y el futuro de la Unión Europea



“Nous ne coalisons pas des États, nous unissons des hommes”

(Jean Monnet).



Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista, Universidad EAFIT



A finales de la Edad Media, informa Francis Fukuyama, había en Europa unos 450 estados feudales o semi-feudales[1]; cada uno con sus impuestos, sus fronteras, sus ejércitos, su moneda. La movilidad de las personas era muy limitada por la servidumbre de la gleba y el tráfico de mercancías estaba agobiado por las aduanas, los portazgos y los peajes. Según Eli Hecksher, el gran historiador del mercantilismo, hacia los siglos XIII y XIV, había en el Rin unos 60 puestos aduaneros; eran 77 en el Danubio y 130 en el Loira. Ya en la época de Enrique IV, siempre según Hecksher, un transporte de sal de Nantes a Nevers, unos 450 kilómetros, aparece tributando por portazgos 100 escudos, cuando el valor de la mercancía no excedía los 25[2]. Se necesitaron más de 500 años para pasar de esos 450 feudos a los 25 estados modernos que tenía Europa a mediados del siglo XX. En algo menos de 50 años se creó ese espacio de libre movilidad de personas, mercancías y capitales llamado Unión Europea.

El germen de la Unión Europea  es el tratado de Paris de 1951, que dio origen a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), conformada por Francia, Alemania Occidental, Italia, Bélgica, Luxemburgo y Holanda. Robert Schuman, su inspirador, era un francés de cultura alemana nacido en Luxemburgo, quien se definió a sí mismo como un hombre de frontera. El otro, Jean Monnet, era un hombre de negocios y banquero de inversión con vocación cosmopolita, hablaba perfectamente el inglés y bastante bien el alemán. Ambos entendieron que las dos guerras civiles europeas, impropiamente llamadas guerras mundiales, probablemente no hubieran acontecido en un espacio económico de libertad comercial. La gente que comercia usualmente no va a la guerra. Su proyecto de Europa, como dijera Monnet, no era una coalición de estados, sino la unión de las personas.

 Los ingleses han mantenido siempre frente a la integración de Europa una actitud a la vez expectante, interesada y desconfiada. No se vincularon a la CECA, ingresaron tardíamente a la Comunidad Económica Europea en 1973, se mantuvieron al margen del espacio Shengen e, incapaces de renunciar a su vieja libra,  rechazaron el Euro. Los gobiernos ingleses, especialmente el de Margaret Thatcher, se resistieron siempre al aumento del poder de la burocracia de Bruselas y al giro asistencialista que fue tomando la comunidad por la presión de Francia y otros estados miembros. Argumentaban que su contribución al sostenimiento del gobierno comunitario era excesiva de cara a los beneficios. Hay algo de verdad en eso, pero solo es la espuma del asunto.

El proyecto de la Unión Europea casi desde sus inicios ha tenido las dos caras de Jano bifronte. Una, liberal, la que corresponde al ideal de sus inspiradores y ojalá sea la del futuro; otra, estatista y asistencialista, que se fue desarrollando al interior de sus estados miembros. La liberalización de los mercados mercancías, trabajo y capital; la regulación comunitaria de los mercados de electricidad y gas; en fin, la creación de una moneda común para facilitar los intercambios de todo tipo e imponer disciplina presupuestal a los gobiernos de los estados miembros; se han desarrollado en paralelo con el crecimiento del gobierno asistencialista en todos los países miembros. Así, la lucha por la distribución del presupuesto público que se daba al interior de los países, se trasladó progresivamente a la arena del presupuesto comunitario del cual cada gobierno aspiraba a tener una mayor tajada y una menor contribución. La ideología y las prácticas asistencialistas están profundamente arraigadas en política nacional de todos los estados miembros al punto de que nadie – de derecha o izquierda – puede hacerse elegir sin prometer prebendas, protección social, seguridad en el empleo y muchas cosas más. Esto es lo que está tras la bancarrota de Grecia y las dificultades de Portugal, España o Francia. Eso es lo que está también tras el Brexit, que fue acogido por los votantes no por que aspiran a más libertad económica, mayor responsabilidad individual, más riesgo y menos asistencialismo sino por todo lo contrario.  

Los logros de la Unión Europea son más importantes que los inconvenientes que a su construcción plantean los gobiernos grandes, asistencialistas y proclives a la corrupción con los que habrá que seguir luchando hasta el fin de los tiempos en Europa y en el mundo entero. El Brexit como la bancarrota griega, de la que ya nadie se acuerda, serán vistos como tropiezos en el proceso de ampliación de la libertad económica, que nunca será absoluta, y de construcción de formas de gobierno, que nunca serán perfectas, pero que pueden ser tolerablemente mediocres sin que ello impida progreso económico.  Quizás sea útil recordar la sabiduría de Adam Smith: “La violencia y la injusticia de los gobernantes de la humanidad es un mal muy antiguo, y tememos que, dada la naturaleza de los negocios humanos, no se pueda encontrar remedio alguno a ese mal”. Y terminar con esta aguda observación también de su inagotable cosecha: “Si una nación no pudiera prosperar sino gozando de una libertad y una justicia absolutas, no habría nación en el mundo que hubiese prosperado”[3]   

LGVA

Julio de 2016.



[1] Fukuyama, F. (2011, 2016). Los orígenes del orden político. Ariel-Planeta. Bogotá, 2016. Página

[2] Véase: Hecksher, E.F. (1931,1983) La época mercantilista. Fondo de Cultura Económica, México, 1983. Capítulo II: “La disgregación aduanera y la lucha contra ella” Páginas 29 a 94.  

[3] Smith, A. (1776, 1979). La riqueza de las naciones. Fondo de Cultura Económica. México, 1979.  Páginas 437 y 601.

domingo, 19 de junio de 2016

¿Cómo ahorrar 20 billones de pesos y evitar un aumento de los impuestos?

¿Cómo ahorrar 20 billones de pesos y evitar un aumento de los impuestos?

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Docente Universidad EAFIT

En la próxima legislatura el Gobierno Nacional presentará una nueva reforma tributaria.  Los gremios de la producción parecen resignados y los economistas del establecimiento declaran que es inevitable. Pues no es así. De adoptarse, las propuestas que se presentan a continuación generarían un ahorro de 20 billones de pesos, haciendo innecesario el aumento de los impuestos y generando incluso un margen fiscal que permitiría su reducción.

 Los cálculos están hechos con base en el presupuesto de 2016, ley 1769 de noviembre de 2015. El recorte propuesto concierne exclusivamente el gasto burocrático y parte del gasto puramente asistencialista ejecutado por cinco agencias gubernamentales que no parecen tener otra función que hacer traslados electrónicos o repartir cheques. No se toca el servicio de la deuda ni las transferencias del SGP, tampoco el presupuesto del Ministerio de Defensa ni el de la rama judicial. No se reducen los presupuestos de inversión de los ministerios, excepto en algunas partidas con las que el gasto de funcionamiento se maquilla como inversión. No se recortan los presupuestos de ninguna de las Superintendencias ni el del DNP.  El resumen se presenta en la siguiente tabla.


Las propuestas se detallan a continuación:

1.      Eliminar 17 entidades burocráticas que no hacen otra cosa que reprocesar información de los ministerios y suplantarlos en sus funciones. Ahorro: $ 1.2 billones.

Aquí hay cosas verdaderamente hilarantes. Algunos ejemplos. La tragedia del río Páez ocurrió en 1994 y la corporación creada para atenderla aún subsiste, 22 años después, con un presupuesto superior a los $ 21.000 millones. Existen un par de entidades – la contaduría y la auditoría generales de la nación – que no hacen otra cosa que producir informes que a nadie importan con un costo anual de $ 55.000 millones. La  defensoría del pueblo es también una reprocesadora de información que solo produce mediocres documentos, que le sirven para crear pequeños y frecuentes escándalos mediáticos para recordarle a la sociedad de su existencia, que de otra forma sería ignorada por completo. La supresión de la defensoría arroja un ahorro de $ 453.000 millones.

Hay otros engendros burocráticos como la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC), creada hace cuatro años. Nadie sabe bien lo que hace la tal APC, aparte de incomodar a dependencias similares que existen en otros ministerios. Si se pudo prescindir de ella durante 200 años de vida republicana, probablemente no hará mucha falta en los próximos 200. Tiene un costo de $ 66.000 millones. La Agencia Colombiana para la reintegración de personas y grupos alzados en armas tiene un presupuesto de funcionamiento $ 143.000 millones y no hace otra cosa que entregar una mensualidad a los desmovilizados. Esto puede hacerse perfectamente a través de cualquier banco y gestionarse directamente desde una dependencia del Ministerio de Hacienda. La Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas -  ¡si, tal cosa existe! - tiene un presupuesto de $ 17.000 millones y al parecer debe hacer proyectos de renovación urbanística de las instalaciones gubernamentales. Nada que no pueda hacerse desde las entidades titulares de dichas instalaciones. 

También está la Agencia Nacional de contratación pública – Colombia compra eficiente. Esta “agencia” también fue creada durante el primer gobierno de Santos y hace parte de esa burocracia paralela que se montó “para modernizar y hacer más eficiente el estado”. Es pura nómina, cerca de $ 20.000 millones, para manejar una tienda virtual, en la que se presenta el catálogo de las grandes superficies,  para la compra de papelería y suministros de cafetería de los ministerios. Otro esperpento increíble es la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, creada en 2011 para defender al estado de las demandas que se presentan contra el estado en el consejo de estado por errores que el estado comete y las acciones anti-jurídicas del estado. Tiene un costo de $ 40.500 millones y en sus deplorables informes de gestión no se reporta ni un solo caso ganado.  Sobra también la Superintendencia de Economía Solidaria, que tiene un trabajo imposible de realizar: la vigilancia y control de 15.000 entidades de economía solidaria: cooperativas, fondos de empleados, etc. con un costo de $ 24.500 millones. 

Está también la Autoridad Nacional de Televisión (ANT), heredera de la antigua Comisión Nacional de Televisión: heredera de parte de sus funciones y de todos sus vicios burocráticos. No hay nada que haga esta entidad que no sea hecho o no pueda ser hecho por otra de las múltiples dependencias del MINTIC. Puede suprimirse de inmediato sin que nadie note su ausencia. Su presupuesto es de $ 283.650 millones. Hay una cosa que se llama Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo.  Aparte del empleo de sus propios funcionarios, es nula su contribución a la generación de empleo. Se gasta la bicoca de $ 34.807 millones de pesos al año. Existe una Dirección Nacional de Bomberos, que no tienen un solo carro ni ha apagado un solo incendio, pero “dirige, coordina, regula y acompaña” la actividad de los bomberos del País. En otras palabras, no hace nada y ello al módico costo de $ 35.327 millones.



2.      Recortar el presupuesto 6 entidades y eliminar los aportes de la Nación a las CAR. Ahorro: 2.1 billones.

El congreso de la república está muy desprestigiado, pero en realidad no es ni muy grande ni muy costoso. Los 102 senadores y los 166 representantes que lo conforman, dan un promedio de 5,6 congresistas por millón de habitantes. En Estados Unidos es de 1,8 y en Brasil 2,8. Si el congreso se reduce a la mitad el ahorro sería de $ 252.000 millones.  La presidencia de la república maneja una burocracia conformada básicamente por personajes que no alcanzaron cargo alguno en la repartición de ministerios y entidades nacionales. Se les llama “consejeros”, “ministros sin cartera” o “superministros” y están allí a la espera de una oportunidad. No hacen otra cosa que intrigar y fastidiar a los ministros de verdad preparando informes insustanciales y maledicentes. Este recorte burocrático permitiría un ahorro de $ 80.000 millones de pesos, siempre con base en el presupuesto de 2016. La Superintendencia de Notariado y Registro maneja un presupuesto cercano al billón de pesos, superior al de la mayor parte de los ministerios, lo que la convierte en una de las exquisiteces mayores del festín burocrático. Recortar su presupuesto en un 30% arrojaría un ahorro de $ 279.482 millones.

Las entidades de control -  Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía- están cada vez más alejadas de sus funciones técnicas y se han convertido en poderosos fortines burocráticos para impulsar las carreras políticas de quienes llegan a su dirección. Sus presupuestos han crecido de forma desconsiderada en los últimos 6 años: más de 88% en conjunto. Los de la Procuraduría y la Contraloría aumentaron  33% y 48%, respectivamente; mientras que el de la Fiscalía lo hizo en un módico 111%, al pasar de 1,4 billones de 2010, a 3 billones larguitos en 2016. Un recorte de 30% en sus presupuestos arrojaría un ahorro de cercano a $ 1,2 billones y quizás pondría un poco de seriedad en la gestión de estas entidades.


Deben suprimirse los aportes de la Nación a las Corporaciones Autónomas Regionales. Las CAR son epicentro de batallas políticas y burocráticas regionales que se repiten cada tres años con ocasión de la designación de su director general. Rara vez al cargo llega un experto, las más de las veces un pequeño político al servicio de un congresista o del gobernador del departamento. - ¿Y el ambiente? Bien, gracias, ¿y usted? - Por ser “autónomas” no obedecen directrices nacionales, a pesar de que muchas de ellas dependen para sobrevivir de los aportes de la Nación que en conjunto ascienden a $ 71.000 millones.

3.      Recortar en 35% el presupuesto de cinco entidades creadas para repartir dinero. Ahorro: 1.9 billones.

Son cinco, a saber: el Departamento administrativo para la prosperidad social, la Unidad administrativa especial para la consolidación territorial, la Agencia nacional para la superación de la pobreza extrema, la Unidad de atención y reparación integral de las víctimas y el Centro de memoria histórica. En conjunto manejan un presupuesto de 5.5 billones de pesos que reparten a rodos en los más insólitos programas, sin que los entes de control digan nada. El recorte propuesto arrojaría un ahorro de $ 1.9 billones.




4.      Recortar en 17% el presupuesto de todos los ministerios y sus entidades vinculadas, excepción hecha de los de defensa y hacienda. Ahorro: 14.9 billones.

Este recorte, que saldría de los gastos de funcionamiento y de los gastos de inversión que maquillan gastos de funcionamiento, arrojaría un ahorro de  $ 14.9 billones.



Sin desatender el servicio de la deuda, sin reducir los aportes del SGP, sin reducir el presupuesto de defensa, sin reducir el presupuesto de la justicia, sin reducir el presupuesto de las superintendencias ni del DNP y sin reducir los presupuestos de inversión de los ministerios, es posible recortar el gasto de la Nación en 20 billones de pesos y evitar el aumento de los impuestos.

LGVA
Junio de 2016.


jueves, 2 de junio de 2016

El estado omnipotente, omnisciente, omnipresente y benevolente en tres cuadros, un diálogo y una reflexión.


El estado omnipotente, omnisciente, omnipresente y benevolente en tres cuadros, un diálogo y una reflexión.  

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista, Universidad EAFIT

“…cuando sólo pueden dictar normas a las que ellos mismos, o sus herederos, están sometidos; cuando no pueden distribuir dinero si no soportan una parte de los costos; cuando los daños que producen recaen sobre ellos mismos además de sobre sus compatriotas; entonces es posible esperar buenas leyes, pocas disfunciones y mucha frugalidad” (Cartas de Catón, No 62 del 20 de enero de 1721)

 

I.                   Tres cuadros.

Cuadro Uno. Están en paro los maestros, indignados con el Estado por la pésima calidad del servicio de salud. Ayer protestaban por los bajos salarios, mañana lo harán por el atraso en la prima de navidad. Nuevamente, los indígenas del Cauca bloquean las carreteras, porque el Estado les incumple las promesas hechas hace un año o dos o diez cuando salieron de sus resguardos a protestar por el “abandono secular del Estado”. Los campesinos convocan a un paro agrario – el tercero o el cuarto, en los dos últimos años – y bloquen carreteras, furiosos porque el Gobierno no les transfiere, o lo hace de forma insuficiente, los recursos monetarios que les prometió en los paros anteriores. También están, estuvieron o estarán en paro los camioneros porque el Gobierno o el Estado no garantizan la aplicación de la tabla de fletes y no subsidia los peajes. Paran también las madres sustitutas del ICBF protestando contra el estado o el gobierno por la carga laboral excesiva – muchos niños que cuidar durante muchas horas -  y la escasa remuneración. Los estudiantes universitarios ocupan las calles reclamando del estado subsidio y créditos condonables para financiar su educación. Los taxistas bloquen las calles de Bogotá exigiendo que el estado los proteja de la competencia de UBER. Y un largo etcétera.  

Cuadro dos. En su asamblea anual, como lo viene haciendo desde hace varios años,  la ANDI reclama  del Estado una política industrial, no para mejorar la rentabilidad de los negocios de sus afiliados, sino para promover el crecimiento inclusivo y el empleo de calidad. FENALCO, el gremio de los comerciantes, pide al gobierno que la reforma tributaria no contemple el aumento del IVA y que se reduzcan los aranceles porque esto estimula el crecimiento y la generación de empleo y, de contera, mejora los ingresos de sus afiliados. La Cámara Colombiana de la Infraestructura reclama más inversión del gobierno en carreteras y pide ajustes a la legislación para que sector público y privado colaboren en armonía en la construcción de la infraestructura que requiere la globalización y, de paso, aumentar la facturación de los constructores.   La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) demanda del Estado la creación de nuevos instrumentos para la orientación de la política comercial y el diseño de políticas de apoyo más eficaces a la agricultura para, claro está, proteger al pequeño agricultor y garantizar la seguridad alimentaria: el aumento del precio de los alimentos y de la renta del suelo es sólo un efecto colateral. La ASOBANCARIA pide al Gobierno la regulación de las plataformas de pago virtuales que amenazan la existencia de la banca tradicional que tanto sirve al país; preservando de paso los márgenes de intermediación y la rentabilidad del sector. Y otro largo etcétera.

Cuadro Tres. Los poetas de Medellín demandan del gobierno municipal mayores recursos para financiar su festival anual de poesía que reúne vates y aedos del mundo entero, elevando así el nivel cultural de la población. Los actores de Bogotá exigen de los gobiernos distrital y nacional apoyo al festival de teatro que es patrimonio cultural de la ciudad. La gobernación de Santander anuncia apoyo a la filarmónica de Barrancabermeja y la filarmónica de Magangué pide el apoyo de la gobernación de Bolívar. El cine colombiano florece gracias al apoyo del estado, pero en necesario hacer más y guionistas y directores reclaman que el estado proteja sus derechos. Los cantantes proclaman que la ópera y zarzuela elevan nivel cultural del pueblo y deben se apoyadas por el estado. En el deporte colombiano hay mucho talento y poco apoyo del estado y el apoyo del estado al deporte universitario es escaso, casi nulo; a pesar de que como lo sabe todo el mundo el deporte contribuye a l convivencia y a la construcción de una paz duradera. Y un etcétera más.

II.                Un diálogo



-          Bueno congresista. Ahí está todo el mundo pidiendo cosas. ¿Qué hará el estado para atender tantas y tan variadas demandas?

-          Pues hombre, economista, para eso están las leyes, para ayudarles a todos y todas; y  para eso está el congreso, para legislar en beneficio de todos y todas. Déjeme contarle lo que estamos haciendo.

-          Listo, cuente a ver.



-          Empecemos por esta, de la que soy ponente, la ley para proteger los ingresos de los departamentos: “por medio de la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de licores destilados”.

-          Ese un tributo colonial, el estanco del aguardiente. No es algo muy atrasado en esta época de libre comercio.

-          Puede ser atrasado, pero de alguna parte hay que pagar la nómina de los empleados departamentales.

-           ¿Y eso no incentivará el contrabando?

-          No importa, para eso están el ejército y la  policía: para proteger las fronteras.

-          Pero es un tributo regresivo porque los que más consumen aguardiente son las personas pobres.

-          Puede ser, pero para ayudarle a los pobres tenemos otras leyes.





-          Mire esta. Como todos queremos a las madres lactantes y a sus bebés, para eso está el proyecto de ley “por medio de la cual se adopta la estrategia salas amigas de la familia lactante del entorno laboral en entidades públicas territoriales y empresas privadas”.

-          ¿Y cómo financiarán las salas las entidades territoriales?

-          ¡Qué pregunta tan tonta! Con más impuestos, claro está.

-          ¿Locales o nacionales?

-          Nacionales, claro está. Las entidades territoriales están hechas para gastar, no para cobrar o recaudar impuestos. Por algo tenemos el SGP.

-          Ya veo. Pero, ¿las empresas privadas no discriminarán en contra de las mujeres en el mercado laboral?

-          Si lo hacen, serán multadas y sancionadas. Las leyes del congreso deben prevalecer sobre sus leyes económicas.





-          Las personas discapacitadas inspiran solidaridad y simpatía. ¡Cómo no ayudarlas cuando tienen que ser trasladadas a una clínica u hospital!. Para eso está el proyecto de la ley que regulará “el servicio de transporte asistencial especializado (TAE) de pacientes en condición de discapacidad”.

-          ¿Y cómo se pagará eso?

-          Pues se incluye en el POS o no se excluye del POS. Creo que eso lo cambiaron: ya no importa es lo que está incluido, sino lo que no está excluido, todo un enredo. En cualquier caso ahí están los jueces para garantizar por la vía de la tutela el acceso de todos a este servicio esencial de salud. 

-          Vaya, vaya.



-          La ciencia, la tecnología y la innovación son la base del desarrollo económico, como lo sabe todo el mundo, incluidos los economistas. ¿Cómo no aprobar el proyecto “por el cual se dictan normas de fomento a la ciencia, tecnología e innovación mediante la creación de empresas de base tecnológica”?.

-          Muy loable propósito, pero de donde salen los recursos.

-           Fortaleciendo a Colciencias con las regalías petroleras.

-          ¿Cómo así, congresista, no sabe que el precio del petróleo está en el piso y las regalías se acabaron?

-          Pues entonces habrá que incluir un impuesto para esto en la nueva reforma tributaria estructural.



-          ¿Qué hay para los estudiantes que están protestando?

-          Para los estudiantes pobres hay otro proyecto buenísimo “por medio del cual se establece la tasa real de interés cero en los créditos educativos otorgados por el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) para estudiantes de los estratos 1, 2 y 3”.

-          Si no se cobra interés sobre los créditos ¿cómo se les paga a los que depositan sus recursos en el FNA?

-          No sé, a lo mejor habrá que aumentar el impuesto a la riqueza.

-          Y ¿por qué no cobrarle intereses a los créditos educativos, no se supone que si los pobres estudian una carrera es para que dejen de ser pobres cuando sean profesionales?

-          No complique las cosas con esas preguntas.

-          Está bien. Pero al parecer los estudiantes no quieren créditos sino que todo sea “al gratín”

-          Pues para eso está el proyecto de ley “por la cual se establece la gratuidad en la educación pública superior y se dictan otras disposiciones”. Y no me pregunte por la plata para pagar eso.



-          Mire economista este otro proyecto del que soy ponente, es buenísimo: “por el cual se reglamentan los programas clínicos de alergología y se dictan otras disposiciones”

-          ¿Alergología? ¿Y eso qué es?

-          No sé muy bien, pero en todo caso hay que reglamentarla.

-          Pues sí….





-          También soy ponente de este otro: “por medio del cual se renueva la emisión de la estampilla pro-Universidad Industrial de Santander”.

-          Pero congresista, los sabios que hicieron la propuesta de reforma tributaria estructural dicen que hay decenas de estampillas y que son gravámenes ineficientes y distorsionadores. Creo que el gobierno propondrá eliminarlas en el proyecto de reforma tributaria. 

-          Pues que ni se le ocurra meterse con mi alma mater, la UIS. Además, ¿sabe qué? si lo intenta, la reforma no pasa. Cada congresista es padrino de una o dos estampillas. Nos las aprobamos los unos a los otros: cortesía parlamentaria.





-          Y ¿qué hay de las madres comunitarias que también están indignadas?

-          Se les tiene. Para ellas está el proyecto de ley por “la cual se garantiza prestaciones sociales a las madres comunitarias que se asocien o creen fundaciones operadoras de programas de primera infancia”

-          Pero una vez más, los sabios de la reforma tributaria estructural han dicho que las fundaciones sin ánimo de lucro son un instrumento de evasión fiscal y también un mecanismo para la contratación directa y eludir la licitación. Proponen acabar con ellas.

-          Lo que le dije anteriormente, que ni se lo ocurra al gobierno acoger esa recomendación. Congresista que se respete patrocina alguna fundación sinónimo de lucro. Perdón, sin ánimo de lucro. Le aseguro economista que eso no pasa.





-          Pero mire, lo que  tenemos para los trabajadores. No le parece buenísimo  este proyecto “por medio del cual se brindan las condiciones de protección y formalización a los trabajadores por días, estacionales o de temporada”

-          Sin duda alguna es loable en sus intenciones, pero ¿no provocará finalmente mayor informalidad y desalentará la inversión en las actividades que requieran esa clase de trabajadores?

-          Hombre, usted si le pone peros a todo economista neo-liberal. Seguramente me dirá que la ley que reduce la jornada laboral de las mujeres cabeza de familia provocará discriminación en contra de ellas.

-          Se lo digo.

-          Y ¿qué tiene qué decir de la ley que crea un subsidio a favor de las madres o padres cabezas de familia que tengan a su cargo una o más personas en situación de discapacidad?

-          Que de aprobarse, el número de discapacitados crecerá exponencialmente.





-          Aquí hay uno que si le tiene que gustar. ¿Se acuerda que el director del DNP dijo que en Colombia se botaban más de 9 millones de toneladas de comida todos los años? Para acabar con eso estamos impulsando la Ley Panda.

-          ¿Panda?

-          Si, la ley por la cual se crea el Programa Alimentario Nacional contra el Desperdicio de Alimentos: PANDA.

-          Pero se mostró que la cifra del DNP era tremendamente exagerada pues supera la oferta disponible anual de alimentos.

-          No se ponga con finuras estadísticas, economista. Nueve, cinco, tres millones, eso que importa. Cualquier cifra es buena para promover una buena ley.





-          Tienen algo para los actores y actrices que también están molestos.

-          Pues claro. Para ellos y ellas tenemos “la ley del actor para garantizar los derechos laborales, culturales y de autor de los actores y actrices en Colombia”. Y no me pregunte de donde va a salir la plata pues ya sabe la respuesta: de los impuestos a los ricos y a sus empresas.

-          Si, si le pregunto algo. Y ¿si los ricos se hartan y se llevan su plata y sus empresas para otra parte?

-          ¿Para dónde, para Panamá? Ya eso está controlado después del escándalo de los papeles de Panamá.

-          Ya que lo menciona, en esa lista hay políticos y periodistas.

-          Deje así, economista, deje así.









-          Y ¿qué hay para los campesinos y los pueblos indígenas que están protestando?

-          Se les tiene también. Mire esta hermosura de proyecto “por medio del cual se establece la producción agropecuaria con destino a la sostenibilidad alimentaria como actividad de utilidad pública e interés social” Con ese nombre, la Corte Constitucional adorará esa ley y proferirá sentencias para que se aplique como debe ser.

-          Si congresista, tiene usted razón: utilidad pública e interés social, irresistible para la Corte.

-          ¿Se está burlando o es que me parece? No importa, usted es así. Pero para que vea que no nos olvidamos de nadie aquí está el proyecto de ley por medio de la cual se expiden normas para garantizar beneficios sociales focalizados… ¿Adivine a quién?

-          Ni idea.

-          ¡al pescador artesanal!

-          ¿Cuántos pescadores artesanales hay en Colombia?

-          No sé, economista, pero cuando salga esa ley le aseguro que van a proliferar. Y ahí estaré yo, para recoger sus voticos.

-          ¿Y eso por qué?

-          Porque soy el autor y ponente de ese proyecto.

-          Vaya, vaya….

-          No me venga con su vaya, vaya y déjeme hablarle de otro proyecto que tenemos para los campesinos.

-          A ver, de qué se trata.

-          Es el proyecto de ley “por medio de la cual se establece el subsidio gubernamental a los aportes realizados por campesinos y otros sectores de escasos recursos económicos al sistema de beneficios económicos periódicos, BEPS”

-          Pues hombre yo creo que el subsidio debe ser total y que los campesinos no deben hacer ningún aporte.

-          ¿Cómo así, economista, lo dice en serio o se están burlando de mí?

-          Nunca me burlaría de usted. ¡Cómo se le ocurre!



-          Y ¿qué van a hacer para acallar la furia contra UBER de los taxistas de Bogotá y otras ciudades?

-          Pues sacar la ley “por medio de la cual se crea el servicio privado de transporte mediante plataformas tecnológicas”

-          ¿Qué dice ese proyecto?

-          No sé muy bien, ese no es un proyecto mío sino de unos colegas que sacan votos en el gremio de los taxistas y reciben apoyo de los propietarios de taxis.

-          Y si no sabe lo que dice el proyecto, ¿por qué lo piensa apoyar?

-          Ay, economista, usted si no entiende nada. Porque así ellos apoyarán mi proyecto de la pesca artesanal. Cortesía parlamentaria, recuerde.







-          Los maestros también están embejucados.

-          Sí, pero es falta de comunicación.  Para ellos tenemos el proyecto de la ley “por la cual se modifica el régimen de seguridad social de los educadores”.

-          Y ¿qué sabe de ese proyecto?

-          No mucho, es de otros colegas, ¡Ojalá fuera mío! ¡Con los votos que pone la FECODE!

-          Seguro lo apoyará. Cortesía parlamentaria.

-          Ya empieza a entender, economista, ya empieza a entender.





-          Mire este otro, presentado por los colegas afro de la Cámara.

-          ¿Los afros que son blancos?

-          Si, si los mismos, quieren reivindicarse con la comunidad que los eligió. Están promoviendo dos proyectos.

-          ¿Cuáles son?

-          El primero es el proyecto de ley “por la cual se reconoce el derecho fundamental a la identidad étnica de los comunidades negras o población afrocolombiana, se adoptan políticas para la equidad e inclusión social de este grupo étnico, la igualdad de oportunidades y se dictan otras disposiciones”

-          Eso del derecho fundamental a la identidad étnica no lo entiendo muy bien, pero seguramente fascinará a la Corte Constitucional. Lo de la políticas de equidad, inclusión e igualdad me temo que pueda tener algún costo fiscal. ¿Se ha calculado?

-          Mire economista eso no le corresponde ni al congreso ni a la corte. Que lo haga el DNP y que Hacienda encuentre la plata.

-          Está bien. ¿Cuál es el otro proyecto?

-          Uno que modifica y adicional la ley 5 ª de 1992 y crea la Comisión Legal para la Protección de los derechos de la comunidades negras o población afrocolombiana.  

-          Otra comisión. Seguro será permanente, con presupuesto, secretaría ejecutiva, delegaciones departamentales  y todo lo demás.

-          Pues claro, economista, o si no cómo va a funcionar. Lo de las delegaciones departamentales no lo habíamos pensado, pero no es una mala idea. Gracias, economista, por su aporte.





-          Y para los gremios, ¿no hay nada?

-          Pues claro que sí. Para FENALCO tenemos el proyecto de ley por la cual se previene, controla y sanciona adecuadamente el delito del contrabando, protegiendo el comercio justo e incentivando la formalización al pequeño y mediano comerciante.

-          Otra ley sobre contrabando. ¿No habían legislado sobre eso el año pasado o antepasado?

-          Puede ser, pero una nueva ley nunca sobra.

-          Si usted lo dice. ¿Y qué más hay?

-          Para ASOBANCARIA tenemos el proyecto de ley “por la cual se adoptan medidas para estimular el uso de medios de pago distintos al efectivo y se dictan otras medidas”

-          Lo que hay que hacer para eso es eliminar el impuesto a las transacciones financieras.

-          Pero. ¿cómo lo vamos a hacer, economista, si los sabios de la reforma tributaria estructural dijeron que aunque fuera anti-técnico ese era un impuesto de fácil recaudo que se debe mantener? ¿Cómo le quedó el ojo, economista?





-          Ya veo, cada gremio, cada sector tiene su ley. ¿Por qué no cada persona?

-          ¿De qué me habla economista?

-          Fue que me encontré un par de proyectos rarísimos que me parecen tienen destinatario específico, por así decirlo.

-          ¿Cuáles, cuáles?

-          Mire este “por el cual se exceptúa la destinación específica de que trata el parágrafo del artículo 212 de la ley 115 de 1994 de un área de terreno denominada “La casona”, donde funcionó el antiguo colegio San José de Alcántara de Guanentá”.

-          Realmente de ese proyecto no sé nada, pero tengo que averiguar para saber si debo apoyarlo por cortesía parlamentaria. ¿Cuál es el otro?

-          Es el proyecto de ley “por medio del cual se fija el alcance del mandato establecido en el inciso 1 del artículo 35 de la ley 01 de 1991”.  

-          Yo creo que esa es la ley puertos marítimos que liquidó a Colpuertos. Eso debe referirse al pasivo pensional.

-          Ya lo sé. Pero no deja de ser curioso que se quiera precisar un inciso de una ley expedida hace 25 años.

-          No sea mal pensado economista. Usted siempre habla de que hay que focalizar bien los subsidios. ¿Por qué no puede focalizarse la ley?



-          Venga, economista, usted que nos acusa siempre de impulsar leyes que tienen costo fiscal, mire estas cuatro bellezas de proyectos que darán felicidad a muchos colombiano sin costale un peso a la Nación.

-          A ver cuáles son.

-          La primera: “por medio de la cual se declara como patrimonio genético nacional la raza autóctona del caballo de paso fino colombiano y se dictan otras disposiciones”

-          Me inquietan las otras disposiciones.

-          No sea necio. La segunda declara patrimonio cultural de la Nación el “torneo internacional de contrapunteo y voz recia, Cimarrón de oro”

-          ¡Espectacular, no me explico cómo habíamos podido vivir sin esa ley! Supongo que ser patrimonio cultural e inmaterial de la nación da derecho a solicitar alguna financiación del Ministerio de Cultura.

-          Usted siempre pensando mal. La tercera la va a gustar pues se refiere a un pueblo de su tierra. Dice así:  “por medio de la cual se declara patrimonio cultural inmaterial de la nación la celebración de la semana santa de la parroquia Santa Gertrudis la Magna de Envigado Antioquia y se dictan otras disposiciones”

-          Ídem, ídem, ídem.

-          Pero apuesto que a la cuarta no le va a encontrar objeción fiscalista. Dice: “por medio de la cual se institucionaliza en Colombia en día nacional del duelo y la esperanza”.

-          ¿Será festivo?

-          ¡Hombre, economista, qué hijuemadre aporte el suyo! No se nos había ocurrido. Tomaré nota atenta de esta su contribución al trámite legislativo. 





-          Bueno congresista, ya me tengo que ir.

-          No, no, espere, le cuento brevemente de otros proyectos hermosos. Está la ley verde, que promueve la siembra obligatoria de árboles. Mire este otro, para evitar que se vuelvan a caer edificios como el Space, allá en Medellín: “se establecen medidas enfocadas a la protección del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las construcciones”. Hay otro, para que le paguen la prima a las empleadas del servicio doméstico. Este le va a gustar mucho: crea la ley de nacional de fomento a la lectura.  Y mire esta otra belleza: “por medio del cual se regula la comercialización, distribución, publicidad y promoción de sistemas electrónicos de administración de nicotina y cigarrillos electrónicos”. Vamos a reglamentar el ejercicio de la educación física y sus profesiones afines ya auxiliares; con otro reglamentamos la condición del aforo en locales y establecimientos de comercio; uno más para reglamentar el consumo de bebidas energéticas y otro para reglamentar la actividad el agro-turismo. También viene la ley que fomenta la economía creativa, se llama  la Ley Naranja. Y vamos a imponer la obligación de instalar cámaras de seguridad en los taxis y vamos a reglamentar le inseminación artificial. También viene la ley por medio de la cual se protege el cuidado de la niñez: La ley ISAAC. ¿Qué le parece todo eso?

-          Estoy abrumado. Una ley para cada sector social, para cada grupo, para cada etnia, para cada gremio; para todas y cada una de las actividades de la vida social; para cada etapa del ciclo vital, una ley. Han pensado en todo.  

-          Pero ¿qué le está pasando economista?, ¿le está doliendo el corazón?, que no le vaya a dar un infarto antes de que aprobemos la ley que regula el uso del desfibrilador externo en transportes  asistenciales y lugares de alta afluencia de público.

-          No se preocupe congresistas, le prometo que voy a esperar esa ley para infartarme.

-          Entonces déjeme mencionarle esta otra que seguro le gustará a usted que adora las mascotas. Ya viene la ley que modifica el régimen de seguro obligatorio y amplía su cobertura a los animales de compañía. ¡Qué tal esa hermosura!

-          Hombre, está como buena, pero no podré beneficiarme de ella porque Nina ya murió.

-          ¡Qué pena, economista! Ahora con mayor razón hay que impulsar la ley del día nacional del duelo y la esperanza.

-          Se lo agradezco, congresista, se lo agradezco.

-          Hay otra que no puedo dejar de mencionar y es la ley que promueve, fomenta, regula, orienta y controla el aprovechamiento terapéutico y turístico de los balnearios termales y el uso de las aguas termales.

-          Esa si está espectacular, congresista.

-          Déjeme le  menciona otras dos. Viene la ley que incentiva el uso de la bicicleta y la que dicta normas para la vinculación del personal laboral en las salas de belleza.





-          Oiga congresista, ya que me hizo quedar, cuénteme, ¿cómo va ese proyecto que autoriza el reconocimiento de honorarios a los miembros de las juntas administradoras locales?

-          Ese va para adelante, tiene mensaje de urgencia.

-          ¿Del gobierno?

-          No, mensaje de urgencia parlamentaria que es más efectivo que el del gobierno. Ese tiene que estar listo para las próximas elecciones.

-          Hombre congresista, pero en el País hay miles de JAL, ¿Cuál es el costo fiscal de esa ley?

-          Hombre, economista, no salga otra vez con esas pendejadas, usted que es un demócrata debería saber que la democracia es costosa, ¡faltaba más!

-           Bien costosa.

-          Pero venga economista. Yo sé que usted que usted es de los que piensa que el congreso no se autorregula. Permítame lo saco de la ignorancia. Ya viene la ley mediante la cual se expide el código de ética y disciplinario del congresista.

-          Esa sí parece buena. ¿Y cuando sale?

-          Bueno esa si está demorada, hay otras prioridades, lo social y todo lo demás. Usted ya sabe.

-          Si, ya se.

-          Y ¿qué le parece la ley por la cual se endurecen las sanciones para la inasistencia de los congresistas y funcionarios?

-          Pues hombre congresista, espero que esa se demore bastante.

-          ¡Cómo así! Usted si es raro.

-          Nada de eso, incluso me gustaría que se sancionara la asistencia de los congresistas para ver si algo se reduce la incontinencia legislativa.

-          Si no legislamos nosotros, lo hará la Corte Constitucional. Con el cuento ese del bloque de constitucionalidad y el precedente judicial legislan más que nosotros.

-          Y también son ordenadores de gasto. Pero esa es otra historia.



III.             Una reflexión

La reflexión es tomada de las páginas 374 y 375 de la obra Derecho, legislación y libertad de Hayek, publicada por la Unión Editorial de  Madrid en 2006.  La cita es un poco extensa, pero vale la pena leerla con atención.

“El punto crucial es que votar normas aplicables a todos y votar medidas que afectan directamente sólo a algunos son dos cosas radicalmente distintas. Los votos sobre materias que conciernen a todos, como las normas generales de comportamiento, se basan en convicciones fuertes y duraderas, y son algo muy diferente de las votaciones sobre medidas particulares en pro (y a menudo también a cargo) de gente desconocida, sabiendo generalmente que tales beneficios se erogarán en todo caso por las arcas del estado, y, por tanto, lo único que el individuo puede hacer es orientar el desembolso en la dirección que prefiere. Este sistema está condenado a producir resultados (…) paradójicos (…) ya que el número y la complejidad  de las tareas del gobierno (…) supera con mucho la esfera en que la ignorancia del individuo puede colmarse con una mejor información a disposición de los votantes y sus representantes. (…) Pero los electores de un cuerpo legislativo cuyos miembros estén principalmente interesados en asegurarse y conservar los votos de grupos particulares, concediéndoles beneficios especiales, no se cuidarán tanto de lo que recibirán los demás cuanto de lo que ellos mismos ganarán en el regateo. Por lo general, alcanzarán un acuerdo sólo cuando se trate de conceder algo a otros, de los que saben poco, y normalmente a costa de terceros, como precio por la realización de sus propios deseos, sin considerar siquiera si las distintas peticiones son justa o no. Todo grupo estará incluso dispuesto a conceder beneficios inicuos a otros grupos, con cargo a las arcas del estado, si tal es la condición para obtener la aprobación de los demás a lo que el grupo en cuestión se ha acostumbrado a considerar como derecho propio. El resultado de este proceso no se ajustará a ninguna idea de justicia y a ningún principio; no se basará sobre el mérito, sino sobre la conveniencia política. El principal objetivo será inevitablemente el reparto de fondos obtenidos por la fuerza de algún grupo minoritarios”.   

Nada que agregar.

LGVA, junio de 2016.