domingo, 21 de agosto de 2016

Saudade de los Juegos Olímpicos de Rio


Saudade de los Juegos Olímpicos de Rio

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista, Docente Universidad EAFIT



Tres medallas de oro, dos de plata y tres de bronce, que le valieron el lugar 22 entre 207 participantes, se constituyen en la mejor participación de Colombia en los Juegos Olímpicos. Mariana Pajón, Catherine Ibargüen, Oscar Figueroa, Ingrit Valencia, Yuberjén Martinez, Yuri Alvear, Carlos Ramirez y Luis Javier Mosquera nos han dado una alegría sin límites compartida por todos los colombianos. También nos dieron alegría los otros 141 deportistas que no alcanzaron medallas pero que se entregaron a fondo en sus competencias.

Durante los últimos quince días pasé largas horas frente al televisor disfrutando las proezas de los atletas olímpicos. También leí sobre los juegos pasados y revisé estadísticas de participantes y medallas. Comparto algunos datos que atrajeron mi atención.

Está en primer lugar el elevado número de países participantes en los olímpicos de Rio: 205; las Naciones Unidas tienen 193 estados miembros.  En los  juegos de 1948 fueron cincuenta y nueve, treinta y cuatro de los cuales obtuvieron alguna medalla. Como consecuencia de la aparición de decenas de países independientes, resultante del proceso de descolonización de África, de los años 50 y 60, el número de participantes crece sostenidamente hasta los olímpicos de Múnich, en 1972, a donde llegaron atletas de 121 países. En los juegos siguientes, los de Montreal, asistieron 92. Es probable que la masacre de los atletas israelíes, perpetrada por el grupo terrorista Septiembre Negro durante los juegos de Múnich, haya incidido en la decisión de algunos países de abstenerse de participar. La asistencia cae nuevamente en los olímpicos de 1980, por el boicot declarado por Estados Unidos en protesta por la invasión a Afganistán un año antes: a Moscú llegaron representantes de 81 países. La URSS y sus aliados boicotearon a su turno los juegos de Atlanta de 1984, no obstante lo cual el número de países participantes llegó a 141. En los juegos de Seúl en 1988, la URSS participó por última vez. En los de Barcelona, en 1992, llegó bajo el nombre de Unión de Estados Independientes, la entidad política que la sustituyó efímeramente. Gracias a Gorbachov, quien recibió un país y devolvió más de 20, el número de participantes en los juegos de Atlanta se elevó a 196, donde los países de la extinta Unión Soviética desfilaron bajo sus propias banderas. Desde entonces el número de países participantes ha crecido moderadamente olimpíada tras olimpíada hasta llegar a la cifra de 205 que se hicieron presentes en Rio. Al parecer un estado moderno no es estado sin un equipo en la FIFA, una delegación en los olímpicos y una candidata a Miss Universo: los atributos de la soberanía.


Gráfica 1


Ganar una medalla olímpica es extremadamente difícil en cualquier deporte. Los países que ocupan los diez primeros lugares y que acaparan más del 50% de las medallas, son prácticamente los mismos desde 1996. Tuve curiosidad por saber si el aumento en el número de participantes había llevado a una distribución más equitativa de las medallas. Los resultados de mis pesquisas se resumen en la siguiente tabla.


Se usan los indicadores empleados comúnmente en economía industrial para medir el grado de concentración de un mercado. C1, C2 y C3 indican, respectivamente, la cuota del primero, los dos primeros y los tres primeros agentes del mercado. En nuestro caso es el porcentaje de medallas obtenidas y los agentes son los tres primeros países del medallero. Se incluyó también un C 10 que tiene un significado análogo a lo ya indicado. El índice HHI es la suma de los cuadrados de las cuotas de mercado de todos los participantes: un valor de 10.000 es monopolio absoluto y mientras más se acerque a cero mayor es el grado de competencia. Se añadió una columna (PGM) con el porcentaje de países que ganaron una o más medallas. Los indicadores están calculados para las medallas de oro.

Partiendo de su valor en 1960, todos los indicadores muestran una tendencia a la reducción que se ve interrumpida en los juegos de Moscú y Atlanta donde, como consecuencia del boicoteo recíproco del bloque capitalista y bloque socialista que sacó de liza a importantes competidores, los otros grandes competidores obtuvieron un número de medallas más abultado que el habitual. En Moscú, 1980, y en Atlanta, 1984,  la URSS y USA obtuvieron, respectivamente, un 56% y un 85% más medallas que en Montreal en 1976 donde se había enfrentado sus atletas. Desde entonces los indicadores de concentración retoman su tendencia a la reducción.

La gráfica 2, que muestra la evolución del HHI del medallero olímpico para cada una de las tres medallas y para la suma de todas ellas, confirma esa tendencia a la reducción de la concentración. El oro tiene un HHI más elevado mientras que la plata y el bronce son más competidos.
Gráfica 2



El que los juegos sean más competitivos en cuanto a las posibilidades de tiene un país de alcanzar medallas, no se sigue de esto que su distribución tenga que ser más igualitaria. La igualdad absoluta exigiría que cada país obtuviera un número de medallas proporcional al número de participantes. En la gráfica 3 se muestra el índice de Gini de la distribución de medallas de los últimos tres juegos olímpicos calculado con base en la participación porcentual de cada país en el número total de atletas y su participación en el total de medallas distribuidas, en las tres categorías y en la suma de todas ellas. Para decepción de los igualitaristas en todos los casos y todos los años sus valores están bien por encima del 30 que suele considerarse adecuado  para la distribución del ingreso. Los países con mayor número de participantes suelen estar en la parte alta del medallero y su cuota de medallas excede su cuota de participantes. Ojalá que los igualitaristas no encuentren que esto es algo oprobioso y no se les ocurra promover un movimiento hacia la equidad medallística.
Gráfica 3

En síntesis, si nos atenemos a la interpretación corriente, el HHI de los juegos olímpicos se asemeja al de un mercado altamente competitivo.  La fácil difusión de las mejores prácticas deportivas y las mejoras en las condiciones económicas de los países de menor ingreso, que les permitan dedicar al deporte una mayor porción de sus recursos, permiten augurar que ese grado de competencia se mantendrá e incrementará en el futuro. Por lo pronto queda la saudade de los juegos de Rio y la ilusión de ver los de Tokio en vivo y en directo.
それまで
LGVA
Agosto de 2016.

martes, 16 de agosto de 2016

¿Guerra por el agua en el siglo XXI?


¿Guerra por el agua en el siglo XXI?

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista, Universidad EAFIT



La cantidad de agua que hay en el mundo es la misma desde la creación. El crecimiento de la población incrementa sostenidamente su demanda, 1% anual según OMS, de suerte que los más optimistas estiman que en el siglo XXI el mundo enfrentará una escasez crónica lo cual podría llevar, según los más pesimistas, a que se desaten las llamadas guerras por el agua. Parece existir cierta alarma al respecto: cuando se escribe en google la expresión “guerra por el agua”,  aparecen cerca de 1.040.000 resultados;  si es en francés son 4.170.000 y llegan a 6.790.000 cuando se escribe en inglés.   

La Tabla presenta una sencilla aritmética del agua. Casi toda la tierra es agua pero sólo el 2,5% es dulce: 35 millones de kilómetros cúbicos. De éstos, de acuerdo al ciclo del agua y después de descontar la evaporación, 40.000 kilómetros cúbicos anuales están disponibles físicamente y 12.500 están disponibles económicamente. Estas son las cifras que hay que retener.


La OMS estima el consumo per cápita día – todos los usos – en 1.800 litros, con crecimiento de 1% anual. Tomado esta tasa de crecimiento y las proyecciones de población de la ONU, se obtienen los resultados del panel inferior de la Tabla. En 2015 la oferta corta de agua, la disponible económicamente, es 2,61 veces el consumo anual. Para 2030 y 2050 ese indicador será 1,93 y 1,52, respectivamente. La situación resulta menos ajustada cuando se considera la oferta amplia, es decir, el agua disponible físicamente en cuyo caso la relación oferta/consumo es de 8.34, 6.17 y 4.86 para cada uno de los tres años de la proyección. No hay ninguna razón para suponer que la humanidad será incapaz de construir la infraestructura requerida para  aumentar la cantidad de agua disponible económicamente. Tampoco debe descartarse una mayor eficiencia en el uso del agua de suerte que el consumo crezca a una tasa menor que el 1% anual. Es decir, hay agua dulce suficiente antes de que sea necesario recurrir de forma masiva a la desalinización de agua de mar y otras fuentes de agua salada.

El problema del agua no es el de su disponibilidad total sino el de su distribución en los distintos países y regiones del mundo. El mapa de la figura 1, tomada del Informe de la Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos 2016[1],  muestra la disponibilidad física del agua en el mundo. Se dice que una disponibilidad de inferior 1.700 M3 per cápita año indica estrés hídrico; menos de 1.000, escasez crónica y menos de 500, escasez absoluta. La mayor parte del mundo está por encima del nivel de estrés hídrico. Las situaciones de estrés y escasez se presentan en el África Sahariana, la península Arábica y la India y Pakistán.

Figura 1


 La figura 2 ilustra de forma más precisa el problema de la distribución introduciendo el concepto de escasez económica y señalando las áreas en las cuales existe ya escasez física o se está cerca de esta situación. La escasez de la mayoría de los países africanos es económica, lo que significa que se irá superando con el crecimiento económico y la inversión en infraestructura. En América Latina, se presenta escasez económica en Ecuador, Perú y Bolivia. Colombia está entre los países con poca o ninguna escasez de agua.

Figura 2
El agua no es el único recurso que no está uniformemente distribuido a lo largo de la tierra. Esa es la situación de todos o casi todos ellos. Sólo hay tres formas conocidas para obtener lo que otro tiene y que uno quiere: apelar a su benevolencia, recurrir a la violencia o darle algo a cambio. Ciertamente, los hombres pueden enfrentarse en guerras – ya lo han hecho - por la posesión de esos recursos o distribuirlos por la vía pacífica del comercio. No es absurdo pensar que en algún momento surja un mercado mundial del agua, como existe para el petróleo, el carbón, gas natural y prácticamente todas las materias primas.


Se dice que Canadá tiene el 20% de los recursos mundiales de agua dulce y el 0,5% de la población. ¿Qué hacer cuando el agua escasee realmente a escala global? ¿Trasladar a ese país el 20% de la población? ¿Crear una coalición internacional de países deficitarios para invadirlo y despojarlo del agua que tiene en exceso? Probablemente lo más razonable sea desarrollar un mercado mundial del agua que permita que ésta se transporte en grandes buques o por medio de grandes tuberías de las regiones excedentarias a las deficitarias. Ya existen mercados locales de agua en países como España, Estados Unidos, México, Chile y Argentina. Austria exporta agua a Grecia y otros países balcánicos y Turquía lo hace a Israel. Existe un proyecto de construir un inmenso acueducto que lleve el agua desde Turquía a Siria y Jordania. El desarrollo de un mercado internacional de agua dependerá en buena medida de la evolución de los costos de transporte frente a los de desalinización del agua de mar, que ya se practica en gran escala en algunos países.

En síntesis, no parece existir amenaza de escasez de agua dulce en los próximos 50 años. A nivel global, el agua físicamente disponible es ampliamente suficiente para atender el consumo mundial. Nada impide el desarrollo de la infraestructura requerida para ampliar la cantidad de agua disponible económicamente. El desarrollo de un mercado mundial del agua y la reducción de los costos de la desalinización ofrecen alternativas menos dramáticas que la guerra al abastecimiento de agua en las regiones y países deficitarios.



LGVA

Agosto de 2016.

lunes, 8 de agosto de 2016

Otra vez sobre los derechos de los niños y el manual de convivencia escolar


Otra vez sobre los derechos de los niños y el manual de convivencia escolar

(Respuesta al señor Luis Fernando Echeverri)

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista, Docente Universidad EAFIT



El señor Luis Fernando Echeverri, a quien no tengo el gusto de conocer, ha hecho a mi anterior escrito sobre el asunto una objeción seria que me ha puesto a pensar y que merece una respuesta amplia por su pertinencia y porque probablemente es compartida muchos de mis amables lectores, entre ellos mi hija Sara Helena. Transcribo en su totalidad el comentario del señor Echeverri.

“La interpretación de la sentencia está errada. En ningún momento se les impone a los padres nada. Lo que se impone a los colegios es que no debe haber discriminación ni por apariencia física, ni por identidad sexual. Eso es todo. Dentro de su casa, el padre puede inculcarle al niño que los negros son inferiores, que los indígenas son inferiores, que los LGBT son inmorales, que las mujeres no deben estudiar y quedarse en casa. Lo que quiera. Pero no por eso deben existir colegios que impidan a los negros, indígenas, LGBT y mujeres estudiar. Y si no quiere que su niño se encuentre con ellos en el colegio, pues que se vaya para otro país o consiga una máquina del tiempo y regrese unos siglos...”

La sentencia ciertamente no les impone a los padres nada directamente, por fortuna, añadiría yo. Pero si limita su elección sobre el modo de educar a sus hijos al pretender la uniformización de los manuales de convivencia. Al optar por un colegio determinado los padres presumiblemente lo están eligiendo porque consideran que la orientación de éste es más o menos acorde con los valores que les inculcan a sus hijos dentro del hogar. Esa capacidad de elección se limita con la uniformización y en ese sentido si se les impone, indirectamente, a los padres una restricción en su libertad de educar a sus hijos.

Debo decir antes de entrar en la sustancia del asunto que me considero tan tolerante y respetuoso de los grupos mencionados como el señor Echeverri. También acepto que todas las formas de discriminación que él enumera son detestables y deben ser abolidas y que probablemente la mayoría de la gente comparte este punto de vista. Pero el problema no es ese, como lo sugerí,  quizás de manera poco clara, en el escrito anterior.

Ofrezco disculpas por el tono de anécdota familiar que tiene lo que sigue, pero creo que puede contribuir a ilustrar el punto que deseo expresar mucho mejor que una formulación abstracta. Soy agnóstico y en mi hogar no les di a mis hijos ninguna educación religiosa. No obstante los matriculé en un colegio con una clara orientación católica. Había otras cosas que no me agradaban, pero las que me gustaban primaron e hice mi elección. En ese colegio, que es mixto, existe una norma según la cual con excepción de los días en que se tiene clase de educación física, las niñas deben portar el uniforme de falda. Esta obligación no se les impone a los varones. A mi hija no le gustaba esa falda, prefería vestirse siempre de pantalones, y rechazó de plano los argumentos de las autoridades escolares: la feminidad y otras tonterías. Cuando mi hija tomó la decisión de vestirse de pantalones cuando a bien lo tuviera, le llamé la atención sobre el hecho de que esa norma estaba en el manual de convivencia escolar que aceptamos en el momento de la matrícula. Pues el manual de convivencia está mal y hay que hacer algo para cambiarlo y llevar pantalones siempre puede ser un medio para propiciar el cambio. Me pareció aplastante el argumento de mi hija y decidí apoyarla. Fueron muchas las sanciones que le impusieron  y muchas las quejas y advertencias que recibí de los maestros y autoridades escolares. Las autoridades no se decidieron a expulsarla y tampoco al puñado de chicas que siguió a Sara Helena en su resistencia y rechazo a  esa norma. Probablemente si el número de chicas y padres que se oponen a esa discriminación crece, el colegio terminará por eliminarla. Fin de la anécdota.

Existen muchas cosas que nos desagradan de la actividad social o económica de los otros. Son muchas las que con razón o sin ella consideramos perjudiciales para la salud de nuestro cuerpo y mente o para la salud de todo el cuerpo social. Es algo delirante pedir en cada caso la intervención de la autoridad para prohibir las actividades o las cosas que nos desagradan o creemos prejudiciales. Pero lo sorprendente es que estamos llegando a ese delirio: se prohíbe la producción y comercialización de unas gomillas, con el argumento de que los niños se pueden ahogar al consumirlas; se quiere limitar el tamaño de los envases de bebidas azucaradas, porque las personas se vuelven obesas;  se prohíbe que la gente haga cierta clase de chistes, porque algunas personas pueden sentirse ofendidas. Y los políticos apoyados por la mayoría de la gente están convencidos de que esto debe ser así. Esa tendencia de recurrir a la autoridad en todos los casos de conflictos de la vida social y económica conduce a la casuística creciente de la norma, a que cada grupo y, en el límite, cada persona tenga su pedazo de constitución  o su ley personal. La gran tragedia de nuestra época, en Colombia y en casi todos los países, es la convicción generalizada de que cada conflicto social o cada desavenencia entre ciudadanos o grupos de éstos se resuelven con la intervención de los poderes públicos en favor de la eventual mayoría.

¿Qué hacemos entonces con los colegios que promueven la discriminación,  las empresas que producen gomitas asesinas, las que embotellan bebidas engordadoras o los humoristas que echan chistes de mal gusto? Hay que reconocer que mientras hagan esas cosas desagradables haciendo uso de recursos de su propiedad están en derecho de hacerlo. Aquellos que detestan todas esas cosas están en libertad de no asistir a esos colegios, de no comprar las gomitas ni tomar las bebidas y de no escuchar ni ver a los humoristas de mal gusto. Pero además, haciendo uso de sus propios recursos y sin recurrir a la violencia, tienen el derecho de boicotear su actividad y de incitar a otros al boicot.

El boicot, lo define Rothbard, como “la tentativa de persuadir a otros ciudadanos a que rompan sus contratos con una determinada persona o empresa, ya sea suspendiendo las relaciones sociales  o acordando no comprar los productos de una determinada firma”[1] Sin que importen los objetivos desde el punto de vista moral, pueden ser loables o reprensibles, el boicot es siempre lícito mientras no se atente contra la vida o las propiedades de los boicoteados. Pero también quienes encuentran reprensible un boicot concreto, están en su derecho de boicotear a los boicoteadores. Todo esto hace parte del derecho que asiste a toda persona de divulgar información y difundir sus opiniones. ¿Qué debe hacer el gobierno? Nada distinto a limitarse a que boicoteados, boicoteadores y contra-boicoteadores  se respeten unos a otros en sus personas y propiedades. La cuestión es comprender que la intervención coactiva del gobierno no es la única opción que existe para combatir a las personas o actividades que algún ciudadano o la mayoría encuentren inmorales o reprensibles.   

LGVA

Agosto de 2016.  



[1] Rothbard, M. La ética de la libertad. Unión Editorial, Madrid, 1995. Página 188.

viernes, 5 de agosto de 2016

Los derechos de los niños y el manual de convivencia escolar (En defensa de la diputada Ángela Hernández)


Los derechos de los niños y el manual de convivencia escolar

(En defensa de la diputada Ángela Hernández)



Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista, Docente Universidad EAFIT



El de los derechos de los niños es quizás el problema más arduo de la teoría de la libertad. Lo que puede hacer un adulto y lo que no se puede obligarlo a hacer, resulta bastante evidente a la luz del primer axioma de la libertad: el derecho a la auto-posesión de su cuerpo y su mente del que es titular todo ser humano. Todo adulto es dueño de su cuerpo y de su mente y de todo aquello que resulte de la aplicación de su trabajo y su creatividad y sus posesiones cuando se combinan con los recursos naturales libres o con el trabajo y la creatividad o las posesiones de otros adultos, en relaciones de cualquier índole mutuamente consentidas. No importa ni la ética ni la estética de las acciones o de sus resultados, solo importa si se tiene o no el derecho a realizar dichas acciones y a disfrutar o padecer de esos resultados o de oponerse a la imposición de realizar ciertas acciones y a renunciar por tanto de los beneficios o perjuicios que de ellas puedan derivarse.

Resulta evidente que un niño recién nacido no es propietario actual de sí mismo pero es propietario potencial, como adulto que puede llegar a ser. ¿A qué edad el niño se convierte en propietario real de su propia persona y en titular por tanto de todos los derechos que se derivan de la auto-posesión? El derecho positivo o legal de los países ha fijado de forma un tanto arbitraria ese límite en 16, 18 ó 21 años, dependiendo de las acciones cuya ejecución se consideran posibles de realizar por el joven, con base en algún criterio estético o moral. Pero en términos de una teoría general de la libertad, el niño o el joven se convierte en titular de todos los derechos que se derivan de la auto-posesión, cuando renuncia a la tutela y a la protección parental, es decir, cuando decide irse del hogar paterno, no importa la edad a la que ello ocurra.

Cuando el niño nace, la madre se convierte en su propietaria por fideicomiso, como acertadamente señala Murray Rothbard[1]. Esto significa que la madre y el eventual padre no tienen derecho a maltratarlo y tienen un deber moral, que no legal, de protegerlo y velar por su desarrollo. Ese fideicomiso dura mientras el niño o el joven viva en la casa paterna y se encuentra por tanto bajo la jurisdicción de los padres, porque estos son dueños de la casa que habita y de los beneficios que supone el vivir allí. Mientras dure esa condición, los padres tienen el derecho de hacer que el niño o el joven cumpla las reglas del hogar y a educarlo según las normas y valores que a bien tengan, sin que importe lo estúpidos, disparatados o inmorales que sean a juicio de cualquier otro, incluidos los gobernantes.

Los padres tienen por tanto el derecho de elegir entre las ofertas educativas disponibles aquella que a su juicio proponga los valores de toda índole – religiosos, culturales, políticos, etc. – que crean son más acordes con los suyos propios. En consecuencia, la pretensión de uniformizar los manuales de convivencia escolar - sin que importe el contenido de esa uniformización: su moralidad o inmoralidad -  es violatoria de los derechos de los niños y jóvenes en la medida en que viola los derechos de los padres que son los fideicomisarios de los derechos de aquellos.   

Para probar que en el asunto de los manuales de convivencia lo que está en juego no son los derechos de la comunidad LGBT, imaginemos por un momento que  al gobierno, al congreso y a la corte constitucional llegue una mayoría decididamente homofóbica  y que esta mayoría pretenda hacer que los manuales de convivencia de todas las escuelas públicas y privadas se ajusten a su visión. ¿Qué haría la comunidad LGBT? Seguramente y con todo derecho saldría a las calles y rechazaría con todos los recursos a su alcance tamaña imposición. Pues bien, eso es lo que está haciendo la diputada Ángela Hernández, injustamente estigmatizada por ello en los medios y redes sociales.

Todas las escuelas y colegios privados tienen el derecho de definir el contenido y orientación de la educación que imparten y, por tanto, el contenido y orientación de sus manuales de convivencia. Los padres, como fideicomisarios de los derechos de los niños y jóvenes de su hogar,  tienen la libertad de elegir entre la oferta educativa disponible. El gobierno no debe inmiscuirse en este asunto.

¿Qué hacer con las llamadas escuelas y colegios oficiales? ¿Están obligadas a ajustarse a las preferencias de los gobernantes, legisladores o jueces de turno? Esto pone en evidencia una vez más las contradicciones del estado intervencionista. No puede haber una educación oficial en la medida en que ello signifique la imposición de los valores o prejuicios de quienes eventualmente ejerzan el poder. La salida radical a este problema es la supresión total y absoluta de los colegios y escuelas públicas u oficiales. Los recursos que se destinan a financiar o subsidiar la educación de los más pobres, deben entregarse a todas las escuelas y colegios, - sin que importe su orientación religiosa, política o cultural - en función de los niños y jóvenes pobres matriculados en ellas. Entre tanto, mientras esto es factible, la Corte Constitucional debe echar atrás la ominosa sentencia 565 de 2013 en la que se apoya la uniformización de los manuales de convivencia y el gobierno debe dejar a los maestros y padres de familia de los llamados colegios y escuelas oficiales la definición del contenido de sus manuales de convivencia. Seguramente surgirá una oferta diversa que les permita a los padres escoger.   

La Corte Constitucional, que ha acertado tanto con sus sentencias sobre el aborto y el matrimonio gay, debe reconocer que en su sentencia 565 de 2013 ha incurrido en una enorme equivocación  pues esta supone imponer al conjunto de la sociedad los valores y preferencias de sus integrantes. Las sentencias sobre el aborto y el matrimonio gay están fundamentadas, no en las preferencias de los magistrados, sino en el derecho a la auto-posesión. La sentencia 565 viola flagrantemente ese derecho al violar el derecho de elegir de los padres, fideicomisarios del mismo mientras los niños y jóvenes habiten el hogar parental. Si la Corte no revisa su sentencia, estaría dando un paso hacia el mundo totalitario de La República de Platón con su pretensión de entregar al gobierno la educación de los niños.

LGVA

Agosto de 2016.



[1] Todo lo que se dice en esta nota está basado en el capítulo XIV, “Los derechos de los niños”, del libro “La ética de la libertad” de Murray Rothbard, de 1982. La traducción al español fue publicada en 1995 por Unión Editorial.

miércoles, 3 de agosto de 2016

EPM y Maya: una vez más


EPM y Maya: una vez más



Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista, Docente Universidad EAFIT



El propósito de una discusión racional no es necesariamente convencer al otro de que uno tiene la razón. Esto puede llegar eventualmente a suceder, pero si no ocurre, en la mayoría de los casos, a la larga carece de importancia. Una discusión racional, enseña Popper, tiene que partir del reconocimiento mutuo de que uno puede estar equivocado total o parcialmente y de que el otro, por tanto, esté en lo cierto total o parcialmente. La discusión debe permitir que las partes corrijan algunos de sus errores y se acerquen de esta forma un poco a la verdad, sin renunciar por ello a lo que son sus convicciones más profundas. Conozco de vieja data las convicciones de Maya sobre EPM tanto como él conoce las mías. Yo sé que las suyas están sólidamente ancladas en sus lecturas y reflexiones. Pero él no me hace el mismo beneficio y en su fantasía continúa denunciándome como un mercenario al servicio del GEA y los oscuros intereses del “capitalismo salvaje”.

En su nueva columna sobre el tema, publicada el 1 de agosto, Maya desplaza la discusión del asunto de la propiedad de EPM al del papel de la especulación financiera en las crisis económicas y, molesto quizás, por el calificativo de “naderías” que di a sus ideas hace un despliegue de información para demostrar que no son tal. Reconozco mi impertinencia y retiro el calificativo. Declaro de una vez que sobre EPM no tengo nada que agregar a lo que ya dije y me limito en lo que sigue a discutir el tema que me propone.

Después de darme una inmerecida reprimenda, Maya aborda el asunto que interesa afirmando que “la crisis del 30 fue provocada, entre otros factores, por la especulación financiera”. Concedido, haciendo la salvedad, como vamos a ser precisos,  de que es más apropiado hablar de la crisis de 1929, como quiera que fue el jueves 24 y martes 29 de octubre de ese año cuando se produjeron las caídas de la bolsa de Nueva York que marcaron el inicio de la gran depresión. Lo de la especulación puede ser cierto, pero ocurre que a mí y a legiones de economistas nos parecen más importantes esos “otros factores” en la explicación de la crisis y en general del ciclo económico.

El tema del ciclo económico con sus expansiones, auges, crisis y recesiones - desde que Clement Juglar estableció su regularidad- ha ocupado las mejores mentes de la profesión económica, sin que exista un acuerdo total sobre sus causas aunque la mayor parte de los economistas se inclina por la idea de que las causas fundamentales son reales -cambios en los gustos o  las funciones producción -  no monetarias ni financieras, factores estos que pueden intervenir exacerbando el auge o profundizando la recesión. Aunque el origen de la teoría del ciclo económico real puede rastrearse hasta David Ricardo, el exponente moderno más reconocido es Schumpeter quien la formuló desde 1911 y la expuso más ampliamente en 1939, en abierta oposición a la teoría keynesiana que encuentra el origen del ciclo en la inestabilidad de la inversión. Para Schumpeter el ciclo económico – la expansión, el auge, la crisis, las recesiones – es la forma como en la economía capitalista se incorporan, asimilan y generalizan las innovaciones. En 1982, Finn Kydland y Edward Prescott reformularon y formalizaron la teoría del ciclo económico real encontrando gran acogida en la profesión y generando un cambio en la orientación de la investigación macroeconómica, lo que les valió el reconocimiento del Premio Nobel en 2004. La significación de esos “otros factores” puede quizás apreciarse mejor recordando lo que,  hablando del auge que precedió a la crisis, escribió CH. P. Kindleberger, reconocido historiador de la crisis y depresión de los años 30:

“En los Estados Unidos, el boom surgió en el sector del automóvil; no sólo la manufactura de vehículos, sino neumáticos y otros componentes, de carreteras, estaciones de servicio, refinerías, garajes, suburbios. El motor de combustión se introdujo en el transporte con el uso de camiones, y en la agricultura, en que los tractores sustituyeron a los caballos. Los aparatos eléctricos, desconocidos al comienzo de la década, eran normales en 1929: radios, refrigeradores, aspiradores. Otra innovación fue la que apareció en el cine, con el sonido incorporado en 1926. La venta  de productos más caros fue ayudada con la introducción, durante el período, de sistemas de crédito”[1]

El rasgo más característico de la economía capitalista es el ser una economía descentralizada donde las decisiones de producción y consumo son tomadas por millones de agentes de forma independiente atendiendo a sus propios intereses y sin un acuerdo previo sobre el resultado final de sus actuaciones. El mercado – todos los mercados: reales, monetarios y financieros – es un vasto mecanismo de búsqueda y experimentación, donde se comenten errores y se tienen aciertos, donde se registran éxitos y también estruendosos fracasos. Más que la de equilibrio, la noción fundamental de la economía es la de tendencia al equilibrio en un estado dado de la tecnología y las preferencias de los consumidores. Y es un cambio en estos datos, que nadie sabe a priori de donde provendrá,  lo que produce los procesos de expansión, auge y crisis propios de ciclo económico.

Sin duda alguna con un sistema de moneda fiduciaria que permite una expansión de la oferta monetaria y el crédito de forma casi ilimitada, los auges pueden ser más prolongados y pueden surgir “burbujas especulativas” que llevan posteriormente a recesiones más profundas y duraderas. Algunos teóricos monetarios llegan por ello a decir que la mejor forma de evitar la recesión es impedir el auge.  Pero a fin de cuentas, mientras el capitalismo sea lo es, las regulaciones o no regulaciones, la ley Glass-Steagall, los errores de Greenspan y de los banqueros centrales, los derivados financieros, las hipotecas sub-prime, el papel de los especuladores y todo lo demás no son más que hechos anecdóticos en la superficie de un entramado económico cuyo conocimiento y control escapa a cualquier mente individual por poderosa que sea. Pretender controlar todo eso equivale a anticipar y regular el avance de la ciencia y tecnología y a reglamentar y definir las preferencia de los consumidores de hoy y del futuro. Eso es lo que Hayek llamaba la fatal arrogancia. Está por demás decir que mis preferencias están de lado del orden y el desorden espontáneo que produce el mercado más que de cualquier orden -con o sin los grilletes de Stiglitz-  que se quiera implantar desde esa entelequia excesivamente idolatrada que llaman Estado.

La Enron, no sé por qué, pero la Enron me hace pensar en los tulipanes de Holanda: en la crisis de los tulipanes resultante de la explosión de la primera gran burbuja económica de la historia moderna. Al parecer los sobrios holandeses enloquecieron por los tulipanes, todo mundo quería invertir en un negocio en el que  aparentemente nadie podía perder con un precio persistentemente al alza. Se dice que en 1623 un solo bulbo alcanzó un precio de 1000 florines cuando el salario anual de un trabajador era de 150.  La euforia duró muchos años y como el tulipán es un producto de temporada y su floración desde la siembra tarda  7 años, en el curso de esa euforia se empezaron a vender tulipanes antes de ser recolectados, naciendo de esta forma el mercado de futuros. En 1637 la burbuja explotó y el precio del tulipán cayó en picada. Se produjeron grandes bancarrotas que llevaron una gran crisis a la economía holandesa. Wall Street no existía aún,  ni habían aparecido los horribles banqueros de inversión ni las mentirosas calificadoras de riego. 

La acción de la Enron alcanzó un precio máximo de US$ 90 y se derrumbó hasta US$ 1. Se dice que como consecuencia del éxito de Pokémon Go, Nintendo logró una capitalización bursátil de 15.000 millones de euros, ¡con un juego cuyo desarrollo tuvo un costo de 30 millones de euros! ¿Qué podemos hacer con la gente que compra tulipanes o cualquier otra cosa o acciones de la Enron, Nintendo o cualquier otra empresa en la creencia de que podrá venderlas en algún momento a un precio mayor? ¿Confiscarles sus ahorros?  ¿Meterlas a la cárcel?  Los precios de las cosas hoy dependen de las expectativas que se tenga sobre su precio futuro y esas expectativas pueden confirmarse o no, ser moderadas o excesivas. La gente puede enriquecerse prodigiosamente o arruinarse sin remedio. La libertad económica es también la libertad de equivocarse, enseña Mises. Personalmente creo, como Knight (Risk, Uncertainty and Profit), que los riesgos económicos no son usualmente medibles de una forma precisa y ese es el origen de la incertidumbre y la especulación. Y agradezco que sea así: un mundo económico de certeza absoluta sería espantosamente aburrido y posiblemente espantoso en cualquier sentido.

Sin duda alguna los señores de la Enron eran uno bandidos que maquillaron los balances. También los de Arthur Andersen que prohijaron la tropelía. Pero dice Maya que la bolsa no funcionó. Al contrario: claro que si funcionó. Cuando el mercado supo del endeudamiento excesivo que se quería ocultar, el precio de la acción se derrumbó y la empresa quebró. La quiebra es uno de los mecanismos que se tiene en la economía de mercado para quitarles a los malos administradores el control de los activos. La compra hostil es el otro. Adquisición hostil y amenaza quiebra son términos que suenan feo y parecen sacados del diccionario del más cruel neo-liberalismo, pero son esas cosas las que mantienen alineados a los administradores de las empresas cotizadas en bolsas grandes, líquidas y competitivas.

A mí me gusta también la literatura y no carezco de sentimientos de humanidad y me conduele la suerte de la gente que sufre en las crisis o en los auges. Pero eso no me lleva a creer que Uvas de la Ira sea suficiente lectura para entender la depresión de los años treinta; como tampoco creo que las descripciones sombrías de la Inglaterra de la revolución industrial que se encuentran en las novelas de Dickens sean la mejor guía para estudiar la génesis del capitalismo moderno. Si los libros de Dickens y Steinbeck fueran la única lectura de un alienígena que quisiera saber lo que aconteció en las en las épocas por ellos noveladas, terminaría convencido de que Inglaterra había vuelto a la barbarie y de que los Estados Unidos habían vuelto a ser unas extensas llanuras pobladas de bisontes.

Maya incurre en esas contradicciones que son propias de los partidarios de la intervención estatal. Se duele que el estado no haya estado allí para regular con su sapiencia infinita el mercado financiero y evitar de esa forma las crisis de 1929 y 2008. Pero al mismo tiempo informa que el estado siempre ha estado ahí “para los más ricos”, el famoso 1%, y para despojar a los más pobres de “la alfombra del gasto social” y privatizarlo todo – educación, salud, pensiones, servicios públicos, etc. en beneficio del “capital financiero internacional”. También informa que no todos los recursos que financiaron a Google, Apple, Facebook, etc. salieron de Wall Street sino también de fondos federales. Ha podido mencionar que con fondos federales se rescató de la quiebra a General Motors y Chrysler. ¿Eso es bueno o malo? Bueno porque se promueve la innovación. Malo porque esos recursos han debido destinarse para ayudar a los pobres. Bueno porque se protege el empleo. Malo porque se dan recursos a empresas y ricos que evaden impuestos en paraísos fiscales. Fue para escapar de la esquizofrenia estatista que me volví minarquista y voy que me las bogo para anarquista.

LGVA

Agosto de 2016.



[1] Kindleberger, CH.P. La crisis económica 1929-1939. Editorial Capitán Swing Libros. Madrid, 2009. Páginas 98-99.

sábado, 30 de julio de 2016

La bonachona estupidez

La bonachona estupidez

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Docente Universidad EAFIT

“Estas ideas totalitarias tienen un extraño influjo y ejercen una extraña fascinación sobre muchas personas (…) ejercen una gran atracción sobre quienes se sienten disconformes e insatisfechos en una sociedad libre, abierta y competitiva”
(Karl Popper)

Si no ocurre un acontecimiento inesperado – como la perpetración de un magnicidio o una gran masacre que modifique radicalmente el estado mental de la opinión pública – la incorporación plena de las Farc a la vida política legal se producirá en un par de años. En 2018 participarán en las elecciones legislativas en las circunscripciones especiales que les serán otorgadas y muy seguramente apoyarán algún candidato de la izquierda en las presidenciales. Nada que objetar: ese era el objetivo de los acuerdos de La Habana.  Hay que saludar ese acontecimiento sin caer, no obstante, en la bonachona estupidez.

La más reciente expresión de la bonachona estupidez son las declaraciones del alcalde de Cali, el señor Maurice Armitage, invitándonos a “pedir perdón a la guerrilla por haberlos conducido a las armas”. Lo que llama la atención en el despropósito del señor Armitage no es su contenido sino la forma un tanto ingenua de expresarlo, quizás a causa de su inexperiencia en la arena política. Porque eso es lo que sienten y piensan muchos periodistas, historiadores, escritores y políticos que durante años han abrevado a la opinión pública con la teoría de las “causas objetivas” del conflicto fundamento último de la bonachona estupidez.

Según esa teoría las Farc, el ELN, el EPL, el M-19 y todos los guerrilleros que en la historia han sido, se fueron al monte en respuesta a una sociedad injusta, inequitativa y carente de movilidad. El hecho de que probablemente muchos guerrilleros, especialmente en la época romántica de sus inicios, creyeran genuinamente eso, no significa que en ese entonces y menos ahora sea verdad.  La sociedad colombiana está  lejos de ser perfecta, pero en los cincuenta años de insurgencia de las Farc, su economía ha crecido por la acción de empresarios y trabajadores que han creado riqueza y bienestar para millones de personas. Cualquiera que mire con mínima objetividad los indicadores de la economía colombiana, sabrá que es así. Cualquiera que compare las condiciones económicas de sus padres y abuelos con las suyas propias, sabrá que es así. Negarlo, contra toda evidencia, es lo que conduce a la bonachona estupidez.

Millones de colombianos han enfrentado con trabajo y tesón las mismas o peores condiciones de injusticia, inequidad y falta de oportunidades que enfrentaron aquellos que con motivaciones supuestamente altruistas tomaron el camino de la violencia. Millones de colombianos enfrentan condiciones adversas todos los días con su trabajo honesto sin convertirse en ladrones, salteadores, asesinos o narcotraficantes. Quienes decidieron hacerse guerrilleros o maleantes, que es casi la misma cosa, lo hicieron haciendo uso de su libertad. Si aceptamos la tesis del señor Armitage, los colombianos sin excepción  nos veríamos precisados a pedirle perdón, además de las Farc,  a todo el que nos roba, nos secuestra o asesina en un delirante ejercicio colectivo de bonachona estupidez.

Los negociadores de las Farc han declarado repetidamente que los acuerdos de La Habana no significan renuncia a su ideología. Es bueno saberlo. Las Farc son una organización marxista-leninista y su séptima conferencia decidió la creación del Partido Comunista Clandestino, sin que se sepa que haya desistido de ello.  El marxismo-leninismo es la teoría de la lucha de clases como motor de la historia y de la dictadura del proletariado como instrumento inevitable para la construcción del comunismo. Y dictadura, según Lenin, “no significa otra cosa que un poder ilimitado no sujeto a ninguna clase de leyes ni absolutamente a ninguna clase de reglas y directamente apoyado en la violencia”. La experiencia del socialismo real del siglo XX muestra elocuentemente que los marxistas- leninistas, cuando llegan al poder, aplican a rajatabla los preceptos de Lenin y establecen siempre un régimen totalitario de partido único. Olvidar esto es caer en la bonachona estupidez. 

La democracia es, antes que nada, un sistema político en el cual una pluralidad de partidos compite en elecciones periódicas por alcanzar el poder. Las Farc, o el movimiento o partido que las sustituya, será pues una organización política que, empleando métodos democráticos, buscará alcanzar el poder para suprimir la democracia e instaurar en su lugar la dictadura del partido comunista, vanguardia del proletariado. Hay que asumir que ese es su objetivo estratégico mientras no renuncie expresamente al marxismo-leninismo y a la dictadura del proletariado.  La presencia de las Farc como organización política legal plantea un problema fundamental a la democracia colombiana cual es el grado de tolerancia y las ventajas que se otorgan a una organización política que busca emplear los medios de la democracia para acabar con ella.  Otorgarle a las Farc y a sus aliados garantías o ventajas excesivas, en el régimen electoral y en la distribución del poder político, que eventualmente le permitan tomarse por métodos legales el poder que no alcanzaron por las armas, sería el más deplorable resultado de la bonachona estupidez.  

La bonachona estupidez, enseña Popper, es la condición de muchas personas – intelectuales, periodistas, curas y políticos, en general,  todos los apóstoles de la justicia social – que pueden ser buenos en lo moral pero extremadamente débiles en lo intelectual. El socialismo es antes que nada un error intelectual que se transforma en tragedia social cuando sus partidarios llegan al poder. Y el mayor riesgo de que esto ocurra en Colombia proviene de todos los estúpidos bonachones o idiotas útiles, como los llamaba Lenin,  quienes, queriendo hacerse perdonar de las Farc por las injusticias sociales de las que supuestamente todos somos responsables; con sus escritos apologéticos, sus entrevistas obsecuentes, sus púlpitos adocenados  y sus alianzas electorales inicuas terminen por allanarle a las Farc y sus amigos el camino para llegar al poder. Esa sería la apoteosis de la bonachona estupidez.

LGVA

Julio de 2016. 

Una reflexión sobre los acuerdos de La Habana y cinco propuestas para mejorarlos.

Una reflexión sobre los acuerdos de La Habana y cinco propuestas para mejorarlos.


Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Docente Universidad EAFIT


"¡Viva la paz, viva la paz!"
Así trinaba alegremente un colibrí
sentimental, sencillo de flor en flor...
Y el pobre pajarillo
trinaba tan feliz sobre el anillo
feroz de una culebra mapaná.
Mientras que en un papayo
reía gravemente un guacamayo
bisojo y medio cínico:
-¡Cúa, Cúa!
(Luis Carlos López)

I

El objetivo de toda violencia es la obtención de riqueza, poder político o una y otro. En La Habana, las Farc están negociando su renuncia a violencia a cambio de riqueza – la legalización de la que tienen ya y la que les transferirán todos los colombianos por medio de los programas asistencialistas a los que se ha comprometido el gobierno – y de una porción de poder político, inicialmente, y de ciertas reformas que les permitan tener una expectativa relativamente cierta de aumentar más tarde esa porción y, ¿por qué no? de tomárselo algún día en su totalidad. No puede ser de otra forma. Si las Farc han recurrido a la violencia es porque, a su juicio, los medios pacíficos de la institucionalidad vigente no les daban una expectativa cierta de alcanzar el poder que es el objetivo último de la acción política. Evidentemente buscan garantizar la integridad física de sus militantes y dejar en la impunidad la totalidad de los crímenes cometidos. El llamado acuerdo final se firmará con toda seguridad en uno o dos meses. La Corte Constitucional ya declaró exequible el plebiscito refrendatorio y  muy probablemente la mayoría de los ciudadanos lo votará afirmativamente.

Las Farc sólo tenían que comprometerse una cosa: renunciar al uso de las armas. El “acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas” da garantías relativamente ciertas de que puede ser así. Seguramente se presentarán problemas en su aplicación efectiva. A los campamentos no llegarán muchos guerrilleros que preferirán mantener su actividad delictiva independientemente o amparados en la franquicia del ELN, donde serán recibidos con alborozo; llegarán pseudo-guerrilleros, buscando los beneficios de la reinserción y serán muchas las armas “encaletadas” por decisión individual o colectiva. Pero en sí mismo, en el papel, el acuerdo es prácticamente inobjetable. De hecho, las objeciones de los críticos de la negociación de La Habana están referidas a los demás acuerdos, es decir, a las concesiones que el gobierno se comprometió a otorgarle a las Farc a cambio de su renuncia a la violencia.

II

Es preciso decir que en el acuerdo de participación en política, el suscrito en junio de 2013, no hay nada que pueda considerarse inapropiado o excesivo. Lo acordado incluye la expedición de un estatuto de oposición, cuyos lineamientos serán definidos por los partidos y movimiento políticos con personería jurídica; la creación de un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, es decir, el esquema de escoltas que protegerá a los dirigentes de las Farc, y la reforma de régimen electoral, para lo cual se convocará una misión técnica que en seis meses debe elaborar la propuesta.  Se acordaron también una serie de acciones para para facilitar el ejercicio de la política, como la desvinculación de personería jurídica de los movimientos políticos de la obtención de un umbral mínimo de votación y el establecimiento de un régimen de transición de 8 años que incluye la financiación y divulgación de los programas de movimientos que irrumpan por primera vez en el escenario político. Se crea un número aún no definido de circunscripciones electorales especiales “en zonas afectadas especialmente por el conflicto” donde se elegirá un número aún no definido de representantes a la cámara durante un número de períodos electorales también por definir. Los partidos con representación en el congreso no tendrán candidatos en esas circunscripciones y los ciudadanos que en ellas voten podrán también hacerlo en la circunscripción ordinaria de su departamento. El gobierno creará un canal institucional de televisión para la divulgación de plataformas y programas de los partidos con personería jurídica. Hay otra serie de enunciados sobre planeación democrática, presupuestos participativos, distribución de dineros y recursos públicos, acceso gratuito a emisoras y a canales de televisión y todas aquellas cosas que son la delicia de los estatistas de todos los partidos.

En el borrador del acuerdo de junio de 2013 no se menciona la asignación directa de curules sin que medie votación alguna. Esa es una propuesta puesta en circulación por un antiguo guerrillero y aupada por algunos políticos cercanos a las ideas de las Farc.  Los áulicos de la guerrilla han hablado de asignar directamente 9 curules al senado, adicionales a las existentes y durante dos períodos electorales, Esa cifra parece exagerada pues equivale a suponer que las Farc cuentan con más del 10% de la votación para senado, cifra que no ha alcanzado nunca la izquierda en elecciones legislativas. Tampoco tiene antecedentes en anteriores procesos de negociación con insurgentes. El M-19 no recibió ninguna curul directa, obtuvo 9 en las elecciones de 1991. Para dar algún sustento a tan descarada pretensión, el ex – guerrillero que lanzó la propuesta no duda en mentir afirmando que “la Unión Patriótica, hija del acuerdo de paz entre Betancur y las FARC, obtuvo en su primera incursión en el escenario electoral 14 parlamentarios”. En esa primera incursión, que tuvo lugar en las legislativas de 1986, la UP obtuvo 2 curules en el senado y 3 en la cámara. En la de 1990 obtuvo una curul en cámara y en la de octubre de 1991, realizada después de que la constituyente revocara el congreso, la UP obtuvo 1 senador y 3 representantes.

III

El almendrón del mal llamado acuerdo de víctimas es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Este no es otra cosa que un procedimiento tortuoso, confuso y costoso para garantizar la impunidad total a los militantes de la guerrilla. Las Farc no llegaron a La Habana como fuerza vencida que se somete a la legalidad que combatía. Llegaron, guste o no, como contraparte insurgente reconocida así por el gobierno. En ningún proceso de negociación de esta naturaleza adelantado en el mundo, los insurgentes han salido para la cárcel. En Colombia, las negociaciones con el M-19, el Ejército Popular de Liberación, una fracción del ELN y el Quintín Lame concluyeron todas con la impunidad total de sus militantes y su participación en política sin cortapisas de ninguna índole, pero tampoco con beneficios especiales. Con esos antecedentes, las Farc no podían aspirar a nada menos que al mismo tratamiento. Pero con el Tratado de Roma y la entrada en vigencia de la jurisdicción de Corte Penal Internacional en noviembre de 2009, no era ya posible otorgarles impunidad total como se hizo con los otros grupos guerrilleros. Permanecer en el Tratado de Roma y dar a las FARC garantías de impunidad es la cuadratura de círculo que se intenta con la JEP. La JEP fue diseñada para garantizar impunidad a los guerrilleros de las FARC sin que el País se viera obligado a denunciar el Tratado de Roma. Esta es la verdad monda y lironda.

La objeción fundamental que puede hacerse a la JEP es que su competencia extienda a “todos los participantes en el conflicto, de forma directa o indirecta, combatientes o no combatientes” quienes “deberán asumir su responsabilidad por las graves violaciones e infracciones cometidas en el contexto y en razón del conflicto armado”. Esto se reitera una y otra vez a lo largo del documento:  “El componente de justicia del Sistema Integral de verdad, justicia, reparación, y no repetición se aplicará a todos los que participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado. Se aplicará a los investigados o condenados por el delito de rebelión u otros relacionados con el conflicto, aunque no pertenezcan a las organizaciones armadas en rebelión”.

A pesar de los matices que se introducen – colaboración que no sea resultado de coacciones o participación determinante o habitual – son muchas las personas que están en riesgo de ser llamadas a responder ante la JEP. El acuerdo abre la Caja de Pandora al establecer que además de la información “sobre todas las investigaciones en curso relativas a las conductas cometidas con ocasión del conflicto armado” allegada por la fiscalía, la contraloría, la personería, la justicia penal militar, el órgano administrativo de la rama judicial y cualquier órgano judicial o administrativo que haya proferido sentencias o resoluciones sobre actos cometidos en el conflicto; los tribunales de la JEP recibirán “informes de organizaciones de víctimas y derechos humanos relativos también a los actos delictivos cometidos durante el conflicto, informes estos a los que la JEP dará el mismo tratamiento que a los emanados de las autoridades mencionadas”.

Es también sorprendente el hecho de haber extendido la JEP a los agentes del estado. Las declaraciones retóricas sobre  “tratamiento equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico” o aquello de que “deberá tenerse en cuenta la calidad de garante de los derechos” son insuficientes para eliminar el riesgo y la vergüenza que para un militar supone verse sometido al mismo sistema de justicia diseñado para los insurgentes que estaba obligado a combatir. Los oficiales de alto rango que participaron en las conversaciones de La Habana parecen creer que los militares acusados de “falsos positivos” y otros delitos reales o supuestos podrán verse por fin libres de toda persecución judicial si se someten a esa jurisdicción. No de otra  forma se explica que hayan aceptado que sus camaradas de armas tengan que pasar por las Horcas Caudinas de la JEP.

IV

El acuerdo sobre “Política de desarrollo agrario integral” ha sido recibido con alborozo por los portaestandartes de “las causas objetivas del conflicto”. Son 22 páginas escritas en ese “lenguaje incluyente” que en nada desmerece la neolengua de Orwell. Se crea un fondo de tierras de distribución gratuita de aún no se sabe cuántos millones de hectáreas que se distribuirán durante un período de duración aún no definida. Las tierras provendrán de varias fuentes: baldíos, tierras inexplotadas, tierras donadas y tierras adquiridas o expropiadas por motivos utilidad pública e interés social. Además, habrá subsidios y créditos especiales para la adquisición de tierras. Serán beneficiarios los “trabajadores con vocación agrícola sin tierra o tierra insuficiente” y todo se acompañará con planes y programas de vivienda, electrificación, agua potable, saneamiento, educación rural, asistencia técnica, capacitación, adecuación de tierras, recuperación de suelos, proyectos productivos, comercialización, etc., etc., etc. Habrá programas masivos de formalización de la pequeña y mediana propiedad. Las tierras distribuidas gratuitamente o adquiridas con subsidios y créditos especiales serán inalienables e inembargables durante un período de 7 años. Los planes y programas tendrán enfoque territorial, pluriétnico, multicultural, ambiental, sostenible, priorizado, participativo, con equidad de género y todo lo demás. Las zonas de reserva campesina (ZRC), creadas por la ley 160 de 1994 y de las cuales ya existen seis, adquieren rango constitucional con la incorporación de los acuerdos al llamado bloque de constitucionalidad. Hace también parte del acuerdo la figura de seguridad o soberanía alimentaria como elemento fundamental de la política agraria. En breve, el gobierno se compromete a una reforma agraria integral como esas de las que se hablaba por allá en los años 50 y 60.

No hay nada que objetar a la pretensión de que en el campo coexistan propiedades de la más diversa extensión; de la misma forma que en el comercio, la industria o los servicios coexisten empresas de todos los tamaños. La competencia se encarga de establecer la escala mínima que permite la supervivencia de los negocios en las distintas actividades. Igual cosa debería ocurrir en el campo. Pero no, el acuerdo está marcado por la obsesión de mantener a cualquier costo la pequeña propiedad sin que importe si es o no productiva y pueda garantizar, de forma competitiva, un ingreso adecuado al campesino. Subsidios directos, créditos subsidiados, seguros de cosecha subsidiados, compras públicas subsidiadas, planes gubernamentales de comercialización subsidiados, centros de acopio subsidiados, etc. esos son los pilares sobre los que descansa la supervivencia de la idolatrada “economía campesina, familiar y comunitaria”.

Otro componente del acuerdo agrario es la creación del Sistema de seguridad o soberanía alimentaria. No se ha definido aún si es la una o la otra: los negociadores del gobierno prefieren la primera, los de las Farc la segunda. La diferencia no es de poca monta: la seguridad alimentaria alude a una serie de propósitos de política pública con los que nadie puede estar en desacuerdo (erradicación del hambre y la desnutrición, precios accesibles al consumidor final, etc.), mientras que la de soberanía alimentaria es un concepto claramente proteccionista cuya materialización como política pública puede llevar al reforzamiento de las restricciones arancelarias y para-arancelarias al comercio internacional de la producción agropecuaria. Sería muy grave que finalmente primara la posición de las Farc y que la tal “soberanía alimentaria”, convertida en elemento del “bloque de constitucionalidad”, condujera al cierre del sector agropecuario al comercio internacional. Lo que beneficia a los productores agropecuarios de todo tamaño y,  disminuyendo la renta derivada del monopolio de su propiedad, convierte a la tierra en un factor de producción capitalista es la competencia internacional que lleva a la especialización y a la eficiencia productiva.  Los subsidios y la protección solo sirven para perpetuar el atraso y la pobreza del campo.

Las zonas de reserva campesina (ZRC) son una especie de falansterios igualitaristas. Ya existen 6 con una extensión de 900.000 hectáreas y 95.000 habitantes. Allí todo mundo debe tener la misma cantidad de tierra: la unidad agrícola familiar (UAF), definida como la extensión de tierra que permite remunerar el trabajo de la familia y obtener un excedente capitalizable. Normalmente, la UAF no admite más que el trabajo del propietario y su familia, aunque excepcionalmente puede emplear “mano de obra extraña”. El propietario de la UAF no puede venderla antes de quince años de su primera adjudicación y sólo puede transferirla, con autorización del gobierno, a campesinos sin tierra o minifundistas. Nadie puede ser propietarios de dos o más UAF ni emplear sistemáticamente trabajo asalariado. La UAF no puede ser dividida materialmente, lo que lleva al restablecimiento de la institución feudal del mayorazgo.  En definitiva, a los campesinos de las ZRC se les niega la posibilidad de ser más productivos que sus vecinos, transformarse en empresarios y enriquecerse.  Si alguien escoge libremente  trabajar y vivir esas condiciones está en todo su derecho. Las limitaciones a la enajenación destruyen todo incentivo  a la valorización de la propiedad y el campesino que eventualmente se aburra de tanta igualdad está condenado a salir arruinado al estar obligado a venderla a muy bajo precio a alguien más pobre que él. En la práctica esto lleva a que el campesino de la ZRC no tenga salida. Es ominoso que una figura de esta naturaleza haya sido incluida en una ley y más ominoso aún que vaya a quedar incorporada en la constitución una vez que los acuerdos de La Habana pasen a ser parte del “bloque de constitucionalidad”.

V

El de “solución al problema de las drogas ilícitas” es el más retórico y gaseoso de todos los acuerdos. Realmente allí no se ha acordado nada: todo el documento es una reiteración del compromiso de las partes de dar solución algún día al problema de las drogas ilícitas.  Las Farc no reconocen ninguna responsabilidad en el narcotráfico, salvo una alusión general según la cual “…la producción y comercialización de drogas ilícitas también han atravesado, alimentado y financiado el conflicto interno”. De ahí que su compromiso sea igualmente general: “poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno”. Para el gobierno el objetivo es “lograr que el territorio nacional esté libre de cultivos ilícitos” y para las FARC “lograr que evitando el deterioro del medio ambiente el territorio nacional esté libre de cultivos ilícitos”.

El periodismo bobalicón y los políticos tontarrones le han enrostrado a las Farc  el no haber informado en la mesa de negociación de su riqueza proveniente del narcotráfico, la extorsión y el secuestro y no haber puesto esa riqueza a disposición del gobierno para la indemnización de las víctimas.  No se puede ser más ingenuo. ¿Por qué no pedirles la declaración de renta y patrimonio, los datos sobre sus cuentas en el exterior y las coordenadas de las caletas donde guardan el efectivo? En la mesa de negociaciones correspondía a los representantes del gobierno, respaldados por la fiscalía y el sistema judicial, poner en evidencia esa riqueza y forzar a los representantes de las Farc a reconocer la realidad de los hechos. Por pusilanimidad, falta de información o incompetencia no hicieron nada y las Farc quedaron como la Pobre Viejecita y los negociadores del gobierno como Simón el Bobito.

El único compromiso real es el del gobierno con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Este programa “tendrá un carácter civil”, contará con la “participación activa de las comunidades” y tendrá como principio fundamental “la sustitución voluntaria”. El PNIS hace parte de la reforma rural integral y como ésta contribuirá a “las transformaciones estructurales de la sociedad rural”    y  a “superar las condiciones de pobreza de las comunidades campesinas” que al parecer es la condición sine qua non de la desaparición definitiva de los cultivos ilícitos. A los cultivadores, recolectores y amedieros que se acojan al programa, se les suministrarán mercados durante 6 meses o dos años (el gobierno prefiere lo primero, las Farc lo segundo), se les dotará de huertas caseras, se les dará empleos temporales y todas las otras dádivas de las que habla la reforma rural integral. Dice el acuerdo que en caso de que los cultivadores no se allanen a la erradicación voluntaria “el gobierno procederá a la erradicación de los cultivos de uso ilícito, priorizando la erradicación manual donde sea posible, teniendo en cuenta el respeto por los derechos humanos, el medio ambiente y el buen vivir”. Las Farc insisten que en cualquier caso la erradicación debe ser manual.

En realidad el gobierno y las Farc no podían acordar nada concreto sobre el narcotráfico porque parten de reconocer su incapacidad para hacerlo. Los cultivos ilícitos existen por “las condiciones de pobreza y marginalidad” y porque el propósito de su eliminación “depende también de consensos y definiciones de alcance global por parte de todos los estados”. Ni lo uno ni lo otro es cierto: la pobreza y la marginalidad abundan en muchas partes sin que abunden los cultivos ilícitos y países como Holanda, Portugal, Uruguay y varios estados de Estados Unidos han legalizado la marihuana sin esperar esos consensos y definiciones de alcance global y sin verse precisados a denunciar la Convención de Viena contra el tráfico ilícito de estupefacciones y sustancias sicotrópicas.

Colombia es signataria de esa convención, como también lo es  del Tratado de Roma que creó  la temida Corte Penal Internacional. Llama la atención el hecho de que los abogados asesores de la mesa, que pusieron tanto empeño en encontrar una fórmula que permitiera dar impunidad a las Farc sin denunciar el Tratado de Roma, no hayan hecho lo propio para idear una salida jurídica decorosa de los compromisos de la Convención de Viena y para buscar la legalización de la producción, comercialización y consumo de toda suerte de drogas en Colombia. El mundo algún día entenderá que esta es la única forma de superar los problemas de violencia, criminalidad y corrupción que resultan de la ilegalidad. Colombia, que es el país que más ha padecido esas penurias, estaba en todo su derecho de avanzar en la descriminalización de las drogas y obtener para ello la aceptación de la comunidad internacional, que supuestamente está apoyando clamorosamente los acuerdos de La Habana. Pero los negociadores y sus abogados estaban pensando en otra cosa.  Lo acordado en La Habana deja el problema del narcotráfico en una situación peor pues en la práctica otorga a las Farc el monopolio de la producción y comercialización de la hoja de coca pues la mayor parte de los cultivos están en territorios que están bajo su control. Mientras la cocaína tenga el alto precio que le da la ilegalidad, el PNIS es una broma.  

VI

De lo expuesto salen las siguientes cinco propuestas:

1.    El hecho de que los crímenes de las Farc vayan a quedar en la impunidad es sencillamente repugnante y es igualmente repugnante saber que tendremos que ver a sus dirigentes pavonearse como grandes señorones de la política en el congreso y en los medios de comunicación. Pero lo uno y lo otro son los resultados inevitables de la naturaleza misma de las negociaciones de La Habana. Pero no tiene sentido, como pretenden sus turiferarios,  darle a las Farc más gabelas que las ya acordadas en principio en junio de 2013. Tomando como criterio para decidir el número de curules a las que se les facilitaría transitoriamente el acceso a las Farc los resultados obtenidos por los movimientos políticos que les son afectos en las elecciones legislativas realizadas desde 1986, año en que aparece la UP,  debería establecerse un circunscripción especial de dos curules para senado y tres circunscripciones para cámara de representantes con dos curules cada una. Esto es bastante generoso. En esas circunscripciones no podrían participar los partidos y movimientos con  representación en el congreso, pero, para que haya competencia, si podría hacerlo cualquier partido o movimiento que lo desee, bajo las mismas condiciones y reglas que se dispongan para las Farc. Los ciudadanos que deseen votar en las circunscripciones especiales no podrán hacerlo en las ordinarias. Dichas circunscripciones se mantendrían por dos períodos electorales y las curules en cuestión serían adicionales a las existentes. Los demás aspectos del acuerdo de participación en política deben hacerse extensivos a todos los movimientos y partidos sin personería jurídica ni representación en el congreso. En particular se les debe dar participación en los procesos conducentes a la formulación del estatuto de oposición y a la reforma del régimen electoral.

2.    La JEP se crea para garantizar la impunidad a los militantes de las FARC sin denunciar el Tratado de Roma. Debe limitarse a eso y excluir de su jurisdicción a todos los demás ciudadanos.  Aceptando el criterio de los altos oficiales que participaron en las negociaciones, los militares que así lo deseen pueden someterse libremente a ella. Para considerar las actuaciones de éstos se tendrán en cuenta únicamente los expedientes y sumarios que aporten las autoridades judiciales y en ningún caso los informes de terceros.


3.    Los campesinos que reciban tierra del fondo de distribución de tierras deben poder disponer libremente y en cualquier momento de su propiedad sin restricción alguna. Todos los campesinos y en especial los de las ZRC deben también poder explotar sus talentos naturales, emplear trabajo asalariado, acrecentar el tamaño de sus parcelas, disponer libremente de su propiedad y venderla a quien deseen a un precio libremente acordado. Esos campesinos, como todos los colombianos, deben tener libertad económica pues sin ésta no hay libertad política ni libertad de ningún tipo. Para garantizar a los campesinos el derecho a la salida de las ZRC, el gobierno se compromete a adquirir las UAF que se le ofrezcan por su precio de mercado, es decir, al precio de propiedades de características similares que no hagan parte de ninguna ZRC.

4.    El desarrollo de una producción agropecuaria eficiente, rentable y auto-sostenible no puede depender de subsidios y de la protección arancelaria y para-arancelaria. Eso en definitiva castiga al consumidor urbano, especialmente a los más pobres cuyo gasto en alimentos absorbe el 35% del ingreso. Los subsidios y tratamientos especiales deben limitarse en el tiempo. De ninguna forma debe aceptarse la inclusión de la figura de “soberanía alimentaria” como principio orientador de la política pública en el sector agropecuario. Esto conduciría al progresivo cierre del sector a la competencia internacional y sería nefasto para el sector agropecuario mismo y la economía en su conjunto. 

5.    La solución al problema del narcotráfico pasa por su descriminalización total. La descriminalización de la marihuana debe hacerse de forma inmediata, en un plazo no mayor de un año, como ya lo hicieron países como Uruguay, Holanda, Portugal y varios estados de los Estados Unidos sin verse obligados a denunciar la Convención de Viena de 1988. En el marco de los acuerdos se creará una comisión de expertos para que en seis meses después de la firma de acuerdo final presente el procedimiento y el cronograma de descriminalización de la producción, comercialización y consumo de todas las drogas ilícitas. La descriminalización total debe estar concluida en dos años después de la firma del acuerdo.


LGVA

Julio de 2016.