sábado, 14 de septiembre de 2019

¡Ojo con la alcaldía de Medellín!


¡Ojo con la alcaldía de Medellín!


Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista


Medellín ha sido una ciudad bien gobernada durante todo el período de elección popular de alcaldes. Desde 1988, se han sucedido alcaldes de las más diversas orientaciones sin que ello haya dado lugar a cambios bruscos en la administración municipal ni a la irrupción de situaciones escandalosas de corrupción, lo cual ha permitido su progreso al mantener un entorno institucional favorable a la actividad empresarial y la vida familiar, aún en los momentos más críticos de la violencia narcotraficante.

Esto ha sido posible por la continuidad en tres líneas fundamentales que son de la incumbencia directa de las autoridades locales:  los servicios públicos domiciliarios, la movilidad y la seguridad. En los dos primeros aspectos ello ha sido posible porque casi todos los alcaldes de elección popular han entendido que se trata de cuestiones técnicas y financieras que deben, en lo fundamental, dejarse en manos de los especialistas que desde las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y de la Empresa Metro de Medellín (EMM) se ocupan de esos asuntos con visión de largo plazo y criterios de autosuficiencia financiera. En lo referente a la seguridad, el consenso ha sido en torno a la necesidad de superar la violencia del narcotráfico y sus secuelas sobre la seguridad y la vida cotidiana de los habitantes y la percepción nacional e internacional de la Ciudad y buscar neutralizar los cabecillas de las bandas criminales.

El buen manejo de la Ciudad pasa pues por respetar la autonomía administrativa y financiera de las EPM y de la EMM y darles continuidad a sus políticas operativas y a sus planes y programas de expansión. Esto supone también respetar esa autonomía y apoyar a los equipos técnicos de esas empresas en los momentos de dificultad, como ocurrió con la EMM, cuando se suspendieron las obras del metro, y, más recientemente, con EPM, con ocasión de los problemas que se presentaron en la construcción de la hidroeléctrica de Ituango.  

El avance de la Ciudad y la continuidad de sus proyectos pueden ponerse en riesgo de llegar a la alcaldía Daniel Quintero Calle cuyo programa de gobierno contiene propuestas que de materializarse acabarían con la autonomía de las EPM y de la EMM.

Dejando de lado la retórica de “rescatar a EPM para hacerla grande otra vez” y del “Gran Pacto por EPM”, se encuentran en el programa del señor Quintero dos propuestas concretas contrarias a la autonomía de las EPM y que comprometen su situación financiera en el corto y en el mediano plazo: la congelación de las tarifas, y la creación, con recursos de EPM, de dos nuevas entidades: “la empresa de información pública de Medellín” y “la empresa tuneladora de Medellín”.

La congelación de tarifas es abiertamente ilegal y contraria a la regulación. Ya Luis Pérez lo hizo una vez ocasionando que a la Empresa le fuera impuesta, por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, una sanción multimillonaria. Peor aún, en vista de la coyuntura financiera, la congelación de tarifas significaría para EPM renunciar a un ingreso cercano a los US $ 500 millones en tres años, con el agravante de que la mayor parte de esos recursos serían transferidos a las familias que pagan las facturas más elevadas. En síntesis, la congelación de tarifas es ilegal, menoscaba los recursos financieros de las EPM y es regresiva.

La creación de las dos empresas propuestas no está contemplada en los planes de expansión de las EPM ni cuenta con ningún estudio de factibilidad. Además, las actividades a las que se dedicarían, gaseosamente enunciadas en el programa del candidato Quintero, no son compatibles con el objeto social de EPM que tienen limitaciones legales, que no puede ser arbitrariamente alteradas ni por el alcalde ni por el concejo. Adicionalmente, los recursos de capital requeridos para su creación y puesta en funcionamiento aumentarían el estrés financiero al que se encuentra sometida la Empresa como consecuencia de las dificultades de Hidroituango. En síntesis: la creación de las empresas soñadas por el señor Quintero le quita a EPM la autonomía para definir su plan de expansión, es contraria al marco normativo de los servicios públicos domiciliarios y aumenta el riesgo financiero de la Entidad.

El señor Quintero quiere también disponer de la EMM al proponer la construcción del “primer metro subterráneo”. Esta, como las dos empresas que le quiere imponer a EPM, es una ocurrencia sin ninguna sustentación de tipo técnico. Metro a nivel, metro elevado o metro subterráneo, metro ligero o tranvía, buses articulados, cables, etc.  son decisiones de orden técnico y financiero que no debería estar contaminadas por los caprichos y ocurrencias de los políticos como desde hace años ocurre en Bogotá, para desgracia de sus habitantes. El candidato Quintero quiere meternos en ese lodazal lo que puede tener graves consecuencias sobre la EMM y el buen manejo que esta empresa le ha dado a la operación y expansión del sistema de transporte público de la Ciudad.

No valdría la pena detenerse en las ocurrencias del candidato Quintero si no fuera por el hecho de que al parecer su propuesta populista de congelación de tarifas le está dando una elevada intención de voto, por encima de varios candidatos con mayor trayectoria política en la Ciudad.

Como se ha visto una victoria de Quintero sería nefasta para Medellín porque pone en riesgo la autonomía de las EPM y la EMM, entidades claves para lo continuidad de las políticas públicas que tanto beneficio le han traído al Ciudad. Pero además, su programa carece de una verdadera propuesta de seguridad, pues después de un enunciado retórico sobre ser “implacables con los cabecillas”, se diluye en consideraciones sobre el desempleo, la inversión social, la aplicación de tecnologías disuasivas y los demás predicamentos de la llamada “seguridad integral”, que en la práctica se traduce en la renuncia al combate de la delincuencia, como ocurrió en Bogotá, bajo la alcaldía de Gustavo Petro, el mentor político de Quintero, aunque este quiera mantenerlo en la clandestinidad. No se debe olvidar que en los momentos más críticos de la crisis de Hidroituango, Quintero estuvo al lado de Petro en su campaña de desprestigio contra EPM. De hecho, su candidatura surge de esa campaña.

Candidatos como Juan Carlos Vélez, Santiago Gómez, Juan David Valderrama, Jesús Aníbal Echeverry e, incluso, Beatriz Rave, quienes, en su actividad política y sin renunciar al disenso y a la crítica, se han mostrado respetuosos de la autonomía de las EPM y la EMM, deberían entender el riego que para dicha autonomía y, por tanto, para el bienestar de Medellín, representa la eventual victoria del señor Quintero. Todos ellos pueden mantenerse como opciones políticas válidas para la Ciudad si contribuyen a evitar el triunfo de Quintero y se aprestan a participar en una administración encabezada por Alfredo Ramos, quien tiene más probabilidades de derrotarlo. Por su parte, Ramos, debe buscar desde ahora acercamientos programáticos con esos candidatos y formar una coalición que conjure el peligro de trasladar a Medellín la visión del manejo de la administración municipal que tanto daño le han hecho a Bogotá.

LGVA
Septiembre de 2019.

miércoles, 4 de septiembre de 2019

Sobre una imprecisión histórica de Acemoglu y Robinson


Sobre una imprecisión histórica de Acemoglu y Robinson


Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista


Cuando leí hace seis años el celebrado libro de Acemoglu y Robinson, “¿Por qué fracasan los países?”, la parte consagrada a Colombia me pareció superficial, con algunas imprecisiones y marcada por cierto sesgo ideológico. Me pregunté si algo similar les ocurriría a los lectores de otros países a cuyos procesos de desarrollo  hacen referencia los autores. Esto lo dejé consignado en la reseña que entonces hice del libro, publicada en este mismo blog[1].

Llamó también mi atención la afirmación según la cual en su afán por mantener las instituciones extractivas que las beneficiaban, las élites de algunos países bloquearon la industrialización y la introducción de nuevas tecnologías que podían amenazar su supervivencia.

Se lee lo siguiente:

“En Rusia y Austria-Hungría, no fue simplemente el abandono y la mala gestión de las élites y el deslizamiento económico insidioso bajo instituciones extractivas lo que impidió la industrialización, sino que los gobernantes bloquearon activamente cualquier intento de introducir aquellas tecnologías e inversiones básicas en infraestructuras como ferrocarriles que podrían haber actuado de catalizadores”[2] 

Y más adelante:

“La segunda forma fue que se opuso a la construcción de vías férreas, una de las tecnologías clave que aportaba la revolución industrial. En una ocasión en la que le presentaron un proyecto para construir una vía férrea en el norte, Francisco I contestó: No tendré nada que ver con esto, no vaya a ser que la revolución llegue al país”[3]   

Estas afirmaciones no cuadraban con lo que había leído en otras partes. En el caso de Rusia, es archiconocida la historia del tren blindado en el que Lenin y sus amigos fueron transportados desde Suiza para liderar la revolución[4]. También es sabido que Trotsky se movió a sus anchas por toda Rusia en un tren armado durante la guerra civil[5].  En fin, Ana Karenina viaja en tren entre San Petersburgo y Moscú y se suicida arrojándose a la vía férrea en la estación de Moscú donde había conocido al pérfido Vronski.   

Sobre el imperio Austro-Húngaro, recordaba que, en su biografía de Böhm-Bawerk, Schumpeter le atribuía el mérito de haber financiado, como ministro de hacienda, la construcción de ferrocarriles, canales y puertos manteniendo el presupuesto equilibrado[6]. Recordé también que había ferrocarriles en Kakania, el país de Leona, Bonadea y Diotima, las amadas de  Ulrich, el hombre sin atributos de Musil.  

En su momento dejé las cosas así, pensando que si los autócratas rusos y austro-húngaros se habían opuesto al ferrocarril, como afirmaban Acemoglu y Robinson, no habían sido especialmente exitosos en su propósito.

Recientemente encontré, en el también celebrado libro de Angus Deaton, “El gran escape”, una referencia al texto de Acemoglu y Robinson y esta afirmación que me hace volver sobre el asunto:

“De igual manera, Francisco I, emperador de Austria, prohibió los ferrocarriles debido a su potencial de provocar revoluciones y amenazar su poder”[7]

Veamos algunos hechos:

Francisco José I asciende al trono en 1848 y reina hasta 1916. Es emperador durante la segunda mitad del siglo XIX, período en el cual se produce la gran expansión del ferrocarril en Europa.  La primera línea férrea del mundo se inaugura en Inglaterra, en 1830, uniendo las ciudades de Liverpool y Manchester. En 1837 se funda la Kaiser Ferdinands-Norbahn, la primera empresa de locomotoras a vapor de Austria que extiende líneas entre Viena y otras ciudades del Imperio[8].  En 1846 se inaugura en Hungría la primera línea que une las ciudades de Pest y Vác. Entre 1846 y 1868, se desarrollan multitud de líneas por empresas privadas. En este último año, uno después de la instauración de la monarquía dual, se funda la Magyar Államvasutak – Ferrocarriles Estatales Húngaros[9]. En 1884 se fundan los Reales Ferrocarriles Estatales de Austria Imperial, resultado de la nacionalización de varias empresas privadas, algunas de capital extranjero. Al finalizar el siglo XIX el Imperio contaba con varios miles de kilómetros de líneas férreas.  

Los ferrocarriles rusos que usaron Lenin y Trotsky no los hicieron los bolcheviques. Estaban allí desde hace tiempo y, según el historiador David Landes, fueron construidos por el propio estado zarista. En 1917 había en Rusia más de 80.000 kilómetros de ferrocarril. 

“Rusia, el estado ayudaba a la banca y a la industria, y también construía, poseía y se ocupaba del funcionamiento de los ferrocarriles, sin darle mayor importancia al comercio y a la topografía. El ejemplo emblemático: la construcción de la primera línea importante, desde Moscú a San Petersburgo. Se le pidió al zar que seleccionara una ruta. Tomó una regla y trazó una línea recta entre ambas ciudades. Pero la punta de un dedo sobresalió, de manera que la línea se construyó con una sección curva”[10]

Tampoco parece ser cierto, como afirman Acemoglu y Robinson, que la autocracia zarista haya querido obstaculizar la industrialización. Al menos no es eso lo que sostiene Landes:

“Rusia, la pobre Rusia, fue el epítome del desarrollo impulsado por el estado. (…) El producto industrial ruso aumentó de 5 a 6 por ciento al año entre 1885 y 1900, y de nuevo entre 1909 y 1912. La longitud de vías férreas se duplicó entre 1890 y 1904, y la producción de hierro y acero aumentó diez veces desde 1880 hasta 1900. Entre 1860 y 1914, Rusia pasó del séptimo al quinto lugar entre las mayores potencias industriales del mundo. No es poca cosa, pero es algo ya olvidado hace tiempo, dado que después de las revoluciones de 1917, los voceros comunistas y sus aduladores extranjeros reescribieron las historia para denigrar la reputación del régimen zarista, mientras arrojaban los testimonios favorables al olvido”[11]

Finalmente, por aquello de que una imagen vale más que mil palabras, se muestra el mapa de la red férrea de Europa a principios del siglo XX. Los imperios ruso y austro-húngaro no parecen lo desprovistos líneas férreas que se esperaría después de que unas autocracias reaccionarias obstaculizaron su desarrollo.  


Red férrea de Europa a principios del Siglo XX[12]


El desliz histórico de Acemoglu y Robinson – acogido por Deaton - no puede interpretarse como una equivocación menor pues de él depende en buena medida toda la teoría del desarrollo presentada en su aclamado libro.

Las naciones progresan cuando se da el circulo virtuoso de instituciones económicas y políticas incluyentes y fracasan cuando coinciden instituciones extractivas en lo económico y en lo político. Cuando se presenta la combinación de instituciones extractivas e incluyentes se da un equilibrio inestable que debe conducir a una ruptura revolucionaria o autoritaria que lleve a la combinación incluyente-incluyente, que conduce al progreso, o a la extractiva-extractiva que conduce al atraso. Sin hechos históricos valederos esa teoría no pasa de ser una tautología.

Por su parte, Deaton cae en un error cuando sostiene que el aumento de la desigualdad asociado al progreso económico puede ser inducido por la acción de aquellos que habiéndose beneficiado de dicho progreso, los que han conseguido realizar el Gran escape,  “protegen sus posiciones destruyendo las rutas de escape que quedan detrás de ellos”[13]. Eso no fue así, al menos en el caso del Imperio Austro-húngaro que acríticamente toma de Acemoglu y Robinson para ilustrar su tesis.

LGVA

Septiembre de 2019.



[2] Acemoglu y Robinson (2012). ¿Por qué fracasan los países? Ediciones DEUSTO-Grupo Planeta, Bogotá, octubre de 2012. Página 265.

[3] Idem, página 269.

[4] Johnson, Paul (1989). Tiempos modernos. Javier Vergara Editor, Bogotá, 1988. Dice Johnson: “Lenin salió de Zurich para regresar a Rusia el 8 de abril de 1917. Algunos de sus camaradas del exilio lo acompañaron a la estación, discutiendo con él. Debía regresar viajando a través de Alemania por invitación del general Ludendorff, que le garantizó el derecho de paso con la condición de que en el camino no conversara con los sindicalistas alemanes”. Página 60.

[5] Service, Robert (2010).  Trotsky: una biografía. Ediciones B. Barcelona, 2010. En especial el capítulo 13. Service habla de que Trotsky persiguió a los ejércitos blancos derrotados “a lo largo de la línea del Transiberiano”. Página 320.

[6] Böhm-Bawerk (1999). Ensayos de teoría económica-Volumen 1. Unión Editorial, Madrid, 1999. Prefacio de Lorenzo Infantino. Página 15.

[7] Deaton, Angus (2015). El gran escape: salud, riqueza y los orígenes de la desigualdad. Fondo de Cultura Económica, México, 2015. Página 27.

[10] Landes, D.S. (1999). La riqueza y la pobreza de las naciones. Javier Vergara Editor, Buenos Aires, 1999. Página 342.

[11] Idem, página 346.

[13] Deaton, Op. Cit. Página 14.

domingo, 1 de septiembre de 2019

El rearme de las Farc


El rearme de las Farc

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

El rearme de una fracción de las Farc o, más precisamente, de Márquez y su pandilla, es una mala noticia para el País, para los que apoyaron el proceso de La Habana y también para quienes lo cuestionamos, durante su desarrollo y ahora. Aunque parece que el grupo que retoma las armas no es muy grande, el hecho no debe minimizarse porque tiene consecuencias significativas sobre la percepción del País en el contexto internacional, sobre la situación política interna y sobre el orden público y la seguridad.

Independientemente de la apreciación negativa que se tenga internamente sobre el proceso de La Habana, por las desmedidas concesiones que se hicieron a una guerrilla derrotada políticamente y menguada en lo militar, lo cierto es que la llamada comunidad internacional lo ha visto con buenos ojos, tanto en las instancias políticas como en las económicas y financieras. El Gobierno y las entidades gremiales con proyección internacional deben actuar para evitar que ese hecho cambie la percepción de Colombia como un país seguro y propicio para la inversión, percepción esta que se venía forjando gracias a la Seguridad Democrática, mucho antes de los acuerdos de La Habana. Esto exige una acción militar rápida y contundente contra la pandilla de Márquez.

El rearme de las Farc favorece al régimen de Maduro y sus secuaces, el peor enemigo de Colombia y que seguramente fue su instigador. Venezuela y Cuba han venido siendo los protectores del ELN y ahora lo serán de Márquez y su pandilla, que fueron acogidos clamorosamente en la reunión del Foro de Sao Paulo celebrada en Caracas en julio pasado. La anunciada instalación en Venezuela de una fábrica rusa para la producción de fusiles kalashnikov aumenta la amenaza que se cierne sobre Colombia. El Gobierno nacional debe denunciar todo esto sin ambages y actuar decididamente en contra de esos regímenes por todos los medios a su alcance. Es imperioso mantener y fortalecer la alianza con Estados Unidos, sin descartar recurrir al TIAR, en caso de una agresión desde Venezuela.   

El reame de Márquez y su pandilla es un duro golpe contra todas las fuerzas políticas que apoyaron y apoyan la claudicación institucional de La Habana y una gran oportunidad para el fortalecimiento político de sus opositores. Pero esto no puede hacerse debilitando al gobierno del Presidente Duque al exigirle actuaciones por fuera del marco constitucional y legal. Es necesario avanzar en las elecciones regionales de octubre para poder aspirar a una mayoría clara en el Congreso de 2022 para proceder, ahí sí, al desmonte de los aspectos más lesivos de los acuerdos, incluido su retiro de la constitución y el desmantelamiento de la JEP.

Como habían logrado que los acuerdos de La Habana garantizaran la casi inmunidad de los cultivos de coca, Márquez y Santrich esperaban continuar dirigiendo el tráfico de cocaína, cómodamente instalados en sus curules de congresistas y protegidos por la JEP: el mejor de los mundos. La elección del Presidente Duque, en lugar de un amigo de Santos, y la intervención de Estados Unidos frustró esa pretensión.  

A la cúpula de las Farc que sigue en el proceso hay que continuar dándole protección y, principalmente, mantenerla vigilada. A los guerrilleros de base hay que darles todo el apoyo en su reinserción, para evitar que sean reclutados por la pandilla narcotraficante de Márquez, que claramente ha informado su intención de recurrir al asesinato selectivo y al terrorismo urbano como su principal forma de actuación. Estamos advertidos.

LGVA

Septiembre de 2019.

domingo, 11 de agosto de 2019

Castillo y Rada: Secretary of the Treasury


Castillo y Rada: Secretary of the Treasury

Luis Guillermo Velez Alvarez
Economist, ECSIM Partner

Introduction

In the first of his famous Memoirs to Congress, presented 18 months after taking office, the Secretary of the Treasury of the Republic of Colombia, Don Jose Maria del Castillo y Rada, pointed out that the establishment of a solid administration of finance, without which a republic is not viable -in itself an arduous problem in ancient countries and where peace reigns- faces frightful difficulties in a new country, overwhelmed by a long and obstinate war that has impoverished it by the paralysis of trade, the destruction of capitals and the reduction of the population.

It was the turn for Castillo y Rada -the first Minister of Finance in the history of the country- to carry out his office, for which he had been appointed in the Congress of Cucuta, in a period -1821 to 1828- especially turbulent. The war of independence had not yet concluded and the Republic, born in the Congresses of Angostura and Cucuta, had not yet achieved to define itself either institutionally or territorially.

Background of the personage

Born on December 21, 1776, in a distinguished family of Cartagena, he received the best possible education at the time: Latin and Humanities in the Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Philosophy and Jurisprudence at the Universidad de Santo Tomas, where he received the degree of Doctor in Civil Law. He holds the chair of this discipline at the Colegio de San Carlos in Cartagena and the Colegio del Rosario in Bogota. In 1802 he was admitted to practice as a lawyer in the Royal Councils and all the Audiences of Indias, and he exercises his profession in Bogota for seven years.

He intervenes actively in the independence events that were unleashed on the occasion of the invasion of Spain by Napoleon, in 1808. That year, he participates in the frustrated attempt to establish in Bogota a Supreme Junta with independence purposes. The consideration of the Viceroy Amar towards his uncle and tutor General Narvaez, saves him from being punished for his seditious action. He traveled to Cartagena and there he lived the events of 1810, intervening, once again, in the attempt, again frustrated, to proclaim, in April of that year, the Supreme Junta of Cartagena.

Once the independence was proclaimed on July 20, 1810, he is linked in various ways to the effort of transforming the Viceroyalty of Nueva Granada into a sovereign state. At the beginning of 1811, he was present in the Constituent Congress of the Kingdom, where he presented a draft of republican constitution, opposite to the monarchical project of Tadeo Lozano, which was finally adopted, proclaiming Fernando VII as King of the State of Cundinamarca. In 1812, representing Mariquita and Tunja, is deputy in the Congress of the United Provinces, in which the act of confederation is adopted. It should be ratified by all provinces. Also in 1812 he participated in the proclamation of the absolute independence of Cartagena.

Throughout that period of the First Republic, 1810-1816, known as the Patria Boba, Castillo y Rada travels tirelessly throughout the country. He is related to the most prominent patriots, writes abundantly in El Argos de la Nueva Granada and provides services in different positions as Governor of the State of Tunja and President of the United Provinces. In the exercise of that position, in November, 1814 he meets Bolívar, who at that time is -he writes in his Memoirs- a miserable general who returns from his unfortunate campaign in Venezuela. In 1815, Fernandez Madrid, successor of Camilo Torres in the Presidency of the United Provinces, appointed him Minister of War, position that he is performing when the Spanish forces of the reconquest occupy Bogota on May 6, 1816.

The sentence to be hanged for treason is commuted to life imprisonment, thanks, according to his biographers, to the request for clemency raised before General Morillo by the ladies of the Santa Fe society, among whom he enjoyed special esteem, since, according to Medardo Rivas, "he exercised a magical prestige on the beautiful sex for the charm of his sweet word". In August, 1817, he benefits from the pardon granted by Fernando VII to all the condemned by treason in the colonies of America. For almost two years he remains isolated and apart from the military and political events that are taking place in other parts of the country. Due to his seditious background, he was again imprisoned in April, 1819. In July, 1820, he was released as a result of a prisoner exchange agreed upon by General Mariano Montilla, who in command of the liberating troops is occupying Barranquilla and is preparing to march on Cartagena.

These are the antecedents of the personage that on June 7, 1821, takes a seat in the Constituent Congress of Cucuta, in representation of the provinces of Neiva, Pamplona and Cartagena.

Deputy in the Congress of Cucuta

The Congress of Cucuta had the mission of giving institutional form to the Republic of Colombia, proclaimed in December, 1819, in the Congress of Angostura. The most outstanding intellectuals of all the provinces of the old Captaincy of Venezuela and the extinct Viceroyalty of Nueva Granada arrived at Villa del Rosario de Cucuta. The new Republic emerged from their union. There, among others, arrived Dr. Jose Felix Restrepo from Antioquia, the lawyer Jose Ignacio de Marquez from Boyacá, and Pedro Gual from Caracas, who would compete with Castillo y Rada in knowledge of economics and finance.

 
Church of the Rosario de Cucuta - Headquarters of the Congress of 1821

In addition to the Constitution of the Gran Colombia, the Congress of Cucuta issued an abundance of laws and decrees on a wide variety of subjects. What in today´s constitution is called "The economic and fiscal regime", in that of Cucuta is defined in no more than five concise articles.

Article 55 establishes the attributions of the Congress in economic matters, which include: setting annual public expenditures; to arrange what is convenient for the administration, conservation and alienation of national assets; establish taxes, duties and contributions and ensure their investment; contract public debt; establish a national bank and determine and standardize the value, weight, type and name of currency.

To say that they are merely economic, would be to minimize the importance of articles such as 177: "No one may be deprived of the least portion of his property, nor shall it be applied to public uses, without his own consent, or that of the Legislative Body". 178: "Colombians will not be prohibited from any kind of work, culture, industry or commerce". 179: "The foundation of primogeniture rights and all kinds of linkages are forbidden". Finally, the 180: "No amount of gold, silver, paper or other equivalent form will be extracted from the Common Treasury, but for objects and investments ordered by law".

The properly economic legislation emanating from the Congress of Cucuta was broad and dealt mainly with taxes, foreign trade and currency.

Ospina Vasquez, in his famous historical apology of protectionism, describes colonial taxes broadly and reproduces the estimation of their importance in the collection around 1810, included by Francisco Soto in his Memoria de Hacienda of 1837. The Congress of Cucuta had the task of demolishing this ominous taxation, but tried to do it with the care of not undermining the precarious income of the nascent Republic.

A law suppresses the state monopoly of the aguardiente, the second in importance in the collection, and declares its distillation free. But another maintains that of tobacco, equivalent to 20% of the collection, because it is not possible to abolish it "without causing great detriment to public finances". The rights on foodstuffs and domestic exports are abolished, as well as the rights paid by the gold washers or mazamorreros. The alcabala (sales tax) is suppressed for all goods, except real estate and foreign goods. The tithe was kept, waiting for a concordat with the church. Perhaps in the hope that it will be a source of resources to replace those inherited from the colony, a law promulgated on September 30 creates a direct contribution on income.

Special mention deserves the elimination of the indigenous tribute, of a reduced fiscal cost, less than 2% of the collection, but of special significance for the vision of citizenship that it entails. It is inevitable to quote the first article of that law to appreciate how much we have regressed in this matter:

"The natives of Colombia, called Indians in the Spanish code, will not pay in the future the tax known by the degrading name of tribute; nor can they be assigned to any service by any class of persons, without being paid the corresponding salary, which they previously stipulate. They are all the same as other citizens and will be governed by the same laws".

Customs and foreign trade legislation has a marked protectionist bias which, as noted by Anibal Galindo, is not surprising because the deputies, for the simple reason of the historical moment, were imbued with the mercantilist vision of international trade. It is very likely that most of them ignored English and very probably few had access to the first Spanish translation of the Wealth of Nations, by Jose Alonso Ortiz, published in 1794. In addition, just in 1821, the definitive edition of The Principles of Political Economy and Taxation, by David Ricardo, is being published. The theory of comparative advantages -foundation of the liberal vision of international trade- is presented there for the first time in a rigorous way.

But even so, the protectionists of Cucuta promoted a protectionism that was more intelligent and accurate than that of their emulators today. They declared free of import rights the importation of books, printing presses and implements for agricultural work and navigation. They banned the importation of coffee, indigo, sugars and molasses and eliminated the export rights to these products and to the aguardiente and construction wood. They established a progressive import tariff, lower for inputs and raw materials and higher for consumer and luxury goods. In a remote advance of Plan Vallejo, they ordered the return of import duties on foreign products that would then be exported from the country. Finally, it was ordered to free of all taxes the imported and exported products in the province of Riohacha, to promote its development.

To deal with the shortage of cash, the issuance of 200,000 pesos of copper money and the minting of platinum coins at a rate of 4 strong pesos per ounce of purified platinum was ordered. The export of this metal was forbidden and this coin was given total libertarian power. It was decreed the issuance of 200,000 pesos of forced currency paper money, backed by the product of the salt mines of Zipaquira, Nemocon and Tausa, fiscal monopoly of the Nation. Although the historian Frank Safford gives as a fact the actual issue, none of the consulted numismatists has seen a bill with the caption: pay the bearer 2 pesos salt. None of these provisions had a practical scope. In the Memory to the Congress of 1823, Castillo reports that the minting of platinum and copper coins has not been possible.

These constitutional and legal dispositions, good part of which are a product of his own brain, constitute the frame of action of the Secretary of the Treasury Castillo y Rada between 1821 and 1828.

The secretary of treasury in action

The three Memorias de Hacienda, presented to the Congress in 1823, 1826 and 1827, and his letters to Vice-president Santander, testify, at the same time, the enormous difficulties to apply the economic legislation emanating from the Congress of Cucuta and the solid Castillo's conviction that this legislation was fundamentally appropriate. He thought that the beneficial results expected from it depended on its understanding and acceptance by the citizens and on a good administration, which means responsible officials who fully comply with their obligations.

Therefore, while revealing the state of public finances, Castillo tries to persuade: Explaining and teaching the principles of taxation and the efficient administration of public resources. He had been a professor at the beginning of his career and will exercise this office again during the last years of his life, after his retirement from public life.

When exposing the figures of the Treasury, quite scarce and unreliable, Castillo shows a hopeful optimism, summed up in one sentence: We have made progress, but there is still a long way to go. In the 1923 Memoir, he speaks of a collection of 5 million pesos, still insufficient to cover expenses, but, he affirms, superior to that of the old regime, which Francisco Soto, in his Memoir of 1837 -quoted by Ospina Vasquez- estimated at about 2.5 million. In the Memoir of 1827, he argues that the collection of ordinary income slightly exceeds 12 million, in spite of the disturbances that still persist and the inactivity of the departmental administrations that seem to expect the laws to act alone.
Castillo is convinced that the tax legislation emanating from Cucuta, his work in the fundamental, is adequate. The reason for sustaining this is that, according to "the luminous principles that every tax is an evil", it is designed

 
Castillo y Rada, the Secretary of the Treasury

to inflict the least possible evil to the citizens and gives them the freedom to apply to all kinds of industry, which is "the true source of public and individual wealth". This is the main leitmotiv of his argument: "If you want to make abundant the product of contributions it is essential to stimulate the interest of citizens and provide them with the means to freely exercise all kinds of industry, removing all obstacles that hinder it", insists in his Memory of 1823.

His thought about the direct contribution shows a curious evolution. In the 1823 Memory, when he still hopes that it can be implemented when the availability of required information makes it possible, he affirms that the legislators of Cucuta saw in it the origin of prosperity, while the indirect "have the character of hidden diseases, unknown but mortal (...) insensitive to taxpayers; but these are stationary in their fortune, without prospering, when they do not retreat and run every day to the abyss of poverty". In the Memory of 1827, perhaps tired of the ineffectiveness of departmental administrations, which have been unable to raise the cadastres and make lists of taxpayers, and of the hostility of potential taxpayers who have convinced the Libertador that its establishment is contrary to peace, achieving its abolition in 1826, he resigns and admits: "Direct contributions must be sustained as a subsidiary resource, and charged only when the indirect do not cover all expenses". It would be necessary to wait until 1918 to see the establishment of direct contributions nationwide.

The other reiterative subject in the Memoirs is that of the importance of good administration to achieve the collection objectives. If, despite having a tax legislation that is among the least bad, taxes do not progress as they should, this is due to poor administration. Laws do not act alone, he insists again and again. "The excellence of the government –he points out- is estimated by the goodness of the administration. The best government is always the best managed. The administration is nothing else than the government put into action".

Things were not easy for Castillo in the exercise of his duties. Then as today, when the collections are insufficient to cover the expenses and take care of the debt, it is a fault of the secretary or minister of Finance, who has failed to provide the nation with adequate legislation to meet the persistent demands of the other secretaries or ministers, who only "know" to spend. "The Secretaries of State -he will say- are all equal, and our duties are equal (...) and we should all be judged with equality".

Santander, the Vice-president, pressed by Bolivar and the other ministers, pressures him in turn for extraordinary taxes. He responds to the Vice-president -even though he has told him that he does not want lessons- with an unparalleled letter, on September 9, 1826, which is a miniature treaty on rational public finances. This letter is collected by Rodriguez Piñeres.

My assignment, he writes, cannot be limited "to the resolution of a special problem (...) and I would miss my duty if I limited myself to proposing V.E. a partial and momentary remedy, because the evil would be repeated and aggravated".

Then, he states that "It should not be understood that incomes do not reach when they are not collected or not met, or when they are not well managed or are poorly distributed. Appropriately and truthfully can only be said that the income of the State do not reach when faithfully collected all the legal contributions, the expenses are still greater".

Then he makes a report on the progress of the economic activity and expresses his bewilderment because the returns on taxes and contributions have not progressed in the same way. And he bets: "If taxes and contributions were collected faithfully, their current yields would at least double".

To achieve this, he challenges Santander, saying that the first thing to do is that V.E. "Display the energetic severity that characterizes you, restore the vigor of all laws and require under penalty to those responsible for their execution with the most effective responsibility".

Once the growth of rents has been assured by an effective administration of the existing ones, there is something else to do before decreeing new taxes: "Appeal to the savings that can be made". And he makes a list of the cuts that can be made, to conclude that "In all these fields (...) if there is no dissipation, all the economy that should exist is missing and at the end of one year the expense is very high".

All of which allows him to conclude that: "If the increase of income is achieved -by force and severity in cases of infringement- and if savings are achieved by reducing expenses, surely the current problem is solved".

Epilogue

Castillo leaves the position of Secretary of the Treasury, in which he had been ratified by Bolivar, to preside over the Ocaña Convention, where he leads the Bolivarian faction, which fails to change the Constitution of Cucuta for another that would be of greater pleasure to the Libertador. In August, 1828, Bolivar, erected dictator, appointed him President of the Councils of Ministers and State. He has an important role in all the events of those turbulent years that precede the dissolution of the Gran Colombia.

The exit from Bogota towards Santa Marta of a discredited and besieged by his enemies Libertador, affects the position of Castillo, due to his closeness to Bolivar, whom he even replaced in the Presidency, between January 9 and July 28, 1829. Even so, he returns to be Secretary of State, this time in the Secretary of the Interior, in the government of Domingo Caicedo. The possession of Santander as President in September, 1832, leaves Castillo with no space in political life, since the President wants little to know about his former Secretary of Finance and of whom, after the “septembrina” conspiracy, he succeeded in obtaining the death penalty was commuted by exile.

In December, 1832, Castillo took possession of the Rectory of the Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, even though Santander had banned his inclusion in the list of candidates. In 1833 he entered politics again, representing Cartagena in a Senate that appointed him President, despite the bitter opposition of Santander. His resentment towards Castillo led him to refrain from paying tribute to this personage on the occasion of his death on February 23, 1835.


Bibliography

Castillo y Rada, Jose Maria, Memorias de hacienda 1823, 1826 y 1827. Bogota, Universidad Nacional de Colombia, Digital Library,  http://www.bdigital.unal.edu.co/10862/
Galindo, Anibal, Estudios economicos y fiscales, Bogota, ANIF-COLCULTURA, 1978.
Lecompte Luna, Alvaro, Castillo y Rada: el grancolombiano, Bogota, Instituto Caro y Cuervo, 1977.
Ospina Vasquez, Luis, Industria y proteccion en Colombia 1810-1930, Medellin, Oveja Negra, 1974.
Palacios, Marco y Safford, Frank, Colombia pais fragmentado, sociedad dividida: su historia. Bogota, Grupo Editorial Norma, 2002.
Rodriguez Piñeres, Eduardo, La vida de Castillo y Rada, Bogota, Academia Colombiana de Historia, 1949.