Nota sobre el salario mínimo legal
Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Universidad EAFIT
La fijación de un salario mínimo legal (SML), como
casi cualquier control de precios, es mala economía pública, como lo sabe
cualquier economista medianamente competente. El hecho de que esa legislación
exista en tantos países y que buena parte de la opinión, incluso la
pretendidamente ilustrada, la encuentre natural es una muestra más del
preocupante retroceso de las ideas del liberalismo económico y la enorme confusión
que esto genera. No queda más que seguir el mandato que Mises diera a los
defensores del liberalismo: tratar de convencer a sus conciudadanos de la
veracidad y la utilidad social de sus ideas. La cuestión no es extremadamente
difícil, aunque exige más atención que los slogans anticapitalistas e
intervencionistas que suelen tener un acogida inmediata y clamorosa entre las
masas.
Aunque tienen un rasgo común cual es la baja calificación,
el SML lo ganan una gran variedad de personas – de ambos géneros y todas las
edades - que desempeñan diversos oficios en distintos lugares y diferentes
circunstancias. Dependientes de pequeños
comercios, empleados de restaurantes, trabajadoras de servicio doméstico,
obreros de la construcción, coteros, pinches de cocina, braceros, trabajadores
agrícolas, peluqueras, manicuristas, jardineros, mensajeros, repartidores de
pizza, etc. conforman la variopinta especie de quienes ganan el SML. A esa
diversidad de oficios hay que añadirle la diversidad de lugares, circunstancias
y momentos en los que se pueden ejercer. Naturalmente, es igualmente variada la
clase de los empleadores que lo pagan: son personas naturales o jurídicas
que desarrollan toda clase de negocios en los más diversos lugares, las más
variadas circunstancias y momentos.
La idea de que se puede fijar acertadamente un SML
igual para esta multiplicidad de situaciones parte de dos supuestos
inverosímiles: i) que la gente no experimenta desagrado por trabajar en ningún
oficio, en ningún lugar y en ningún momento y ii) que el valor producido por el
trabajador de menor calificación es igual en todos los empleos, en todos los
lugares, en todos los momentos y cualquiera sea el nivel de ocupación.
Si fuéramos a presentar gráficamente el mercado de trabajo
no-calificado que corresponde a esos dos supuestos, tendríamos algo parecido a
lo que se muestra en el panel (a) de la gráfica 1. Las curvas de oferta y
demanda son verticales y coincidentes, es decir, que la oferta y la demanda son
iguales a N* cualquiera sea el nivel del salario real (SR). En este caso el
gobierno podría fijar al nivel que le diera la gana sin provocar desempleo ni
informalidad.
En economía uno puede suponer cualquier cosa, menos
que la gente es tonta, es decir, que actúa irracionalmente en contra de sus
propios intereses. Una función de oferta como la representada en el panel (a)
significa que todos los individuos están dispuestos a ofrecer la misma cantidad
de trabajo cualquiera sea el salario real. Y una función de demanda vertical
significa que esos mismos individuos son siempre igual de productivos - que
jamás se cansan, que rinden lo mismo en el día y en la noche, en invierno y en
verano – y que el valor creado es siempre igual. Pero aún en ese mercado
laboral – que parece más de robots que de seres humanos – la autoridad pública
no sabría donde fijar el salario mínimo real: podría ser SR1, SR2 o cualquier
otro valor que se quiera. Más adelante se verá que esa indeterminación se
resuelve con base en la absurda teoría del fondo de salarios.
Gráfica 1
Si estamos hablando de seres humanos, el mercado
laboral probablemente se parezca al presentado en el panel (b) de la gráfica
1, representación habitual del mercado en los textos introductorios de economía.
La curva OO´, la oferta de trabajo, indica una relación directa entre el
salario real y la cantidad de trabajo que la gente está dispuesta a realizar a cada nivel de
éste. Parte de una intuición elemental: el trabajo es desagradable y el
desagrado – la desutilidad - aumenta a medida que se trabaja más, por lo cual
sólo se trabaja más si la recompensa por el desagrado - el salario real - es mayor. La curva DD´ es la
demanda de trabajo y su pendiente negativa indica que el valor agregado por
unidad adicional de trabajo disminuye razón por la cual solo se contratará más
trabajo a un salario menor.
Si el mercado laboral se parece más al representado en
el panel (b), la fijación de un salario mínimo legal “acertado”, es decir al que
puedan trabajar todos los que están dispuestos a hacerlo, es difícil, más no
imposible si se cuenta con un poco de buena suerte. Si la autoridad fija el
salario mínimo por debajo del salario de equilibrio, el punto SMLR=SER de la
gráfica, no hay ningún problema pues nada impide a los empleadores pagar por
encima de ese mínimo, como efectivamente lo harán si así lo requiere su negocio
y contratarán trabajo hasta el punto donde la productividad del trabajo
adicional es suficiente para compensar el costo. El problema se presenta cuando
la autoridad fija el mínimo por encima del salario de equilibrio, en cuyo caso
se presentará la situación desempleo o informalidad indicada por el segmento AB.
Pero el problema es mucho más grave pues el mercado
laboral representado en el panel (b) de la gráfica 1 no existe fuera de los
libros de texto. En la realidad, existen múltiples mercados, muchísimos
mercados de trabajos no calificados diferentes entre sí por circunstancias de
tiempo, modo y lugar. El mercado de los meseros es diferente de una ciudad a
otra y diferente en una misma ciudad; el de diciembre es diferente al de marzo;
el de la noche es diferente al del día. No existe un mercado de trabajo no
calificado, lo que existe en la realidad se asemeja más a lo representado en la
gráfica 2: muchos, muchísimos mercados, infinidad de mercados laborales. En
esas condiciones, pretender fijar su salario mínimo legal que no cause
distorsiones es más un asunto de magia que de economía o política.
Gráfica 2
Hasta aquí se ha venido suponiendo implícitamente que,
al fijar el salario mínimo nominal, que es lo único que puede hacer, la
autoridad fija el salario mínimo real, lo que equivale a suponer que los
precios monetarios de las bienes y servicios que se compran con el salario
nominal son fijos e invariables. En general este no es un supuesto adecuado
porque la autoridad no controla todos los precios.
A la gente le interesa tener un poder de compra que le
permita adquirir ciertas cantidades de bienes y servicios de cuyo consumo
obtiene satisfacción. En general, aunque a los políticos les gustaría que así
fuera, la gente no padece de “ilusión monetaria” y si llega a padecerla la
aceleración de la inflación se la cura rápidamente. Ahora bien, la inflación
se mide por la variación promedio de un conjunto de bienes que conforman la
llamada canasta familiar. Con esto llegamos al meollo de la política del
salario mínimo.
Aquellos que defienden el salario mínimo legal razonan
de la siguiente forma: un salario mínimo nominal es adecuado cuando permite a
quien lo gana adquirir ciertas cantidades de bienes y servicios que conforman
la canasta de subsistencia. Esto significa, en términos simples, que si la
canasta en cuestión tiene un valor de $ 800.000 el salario mínimo nominal debe
ser exactamente igual a esa suma y que en el tiempo debe variar en la misma
proporción en la que varía el precio medio de esa canasta.
Esta es una reminiscencia de la vieja teoría del fondo
de salarios de los economistas clásicos según la cual, en un momento dado,
había una cantidad fija de bienes para asalariados que había de repartirse
entre todos ellos. El reparto adecuado era aquel en el cada familia obrera
obtuviera las cantidades de bienes que garantizaban su reproducción como obreros, sin
incremento ni disminución. Un salario nominal igual garantizaba ese reparto. Pensaban
en una especie de economía estacionaria que se reproducía inalterada a lo largo
del tiempo. Esta forma de razonar tenía unos propósitos teóricos que no podemos
dilucidar en esta nota. Basta por lo pronto con decir los supuestos fácticos de
esa forma de razonar ya no existen, si es que alguna vez existieron.
Sin desconocer la utilidad de establecer una canasta
de bienes para medir las variaciones de los precios nominales, su empleo para
definir el salario real o, como se hace frecuentemente, la cobertura del
salario mínimo nominal legal, es extremadamente engañoso. Los bienes en que
gastan su ingreso los que reciben el salario mínimo varían enormemente de una
persona a otra: un joven soltero empleado de un bar muy seguramente consumirá
bienes muy diferentes a los que demanda una madre soletera empleada en el
servicio doméstico o un trabajador agrícola que tiene para su propio consumo
una huerta de pan coger. Los precios que enfrentan varían de un municipio a
otro, de una zona rural a una zona urbana o entre los barrios de una misma
ciudad. La consideración de estas circunstancias convierte en ilusoria la
pretensión de establecer un salario mínimo legal que no distorsione los
múltiples mercados del trabajo de poca calificación provocando desempleo o
informalidad. Esto se ilustra a continuación considerando el efecto de las diferencias de ingreso per cápita entre los departamentos.
En 2017, el salario mínimo legal anual era de $ 13.443.155,
cifra que se obtiene aplicando al salario mínimo legal mensual un factor
multiplicador de 1,52 para tener en cuenta la carga prestacional. La gráfica 3
relaciona ese salario mínimo anual con el PIB per cápita departamental a
precios corrientes. La barra roja indica que el SML equivale al 72% del PIB per
cápita nacional. En nueve departamentos el SML relativo al PIB per cápita es
inferior al nacional, en todos los demás es superior.
Gráfica 3
La relación SML/PIB-per cápita es una buena medida de
la capacidad de los empleadores de un departamento para pagar el salario
mínimo. A medida que esta relación es más elevada es más probable que el SML
esté por encima de su nivel de equilibrio lo cual se traduce en más desempleo o
mayor informalidad.
Afortunadamente para los trabajadores no calificados,
los inspectores del Ministerio de Trabajo son incapaces de hacer cumplir la
legislación sobre salario mínimo pues si lo fueran la tasa de desempleo abierto
probablemente bordearía el 20%. Gracias a esa incapacidad, la fijación de un
SML que excede la capacidad de pagarlo de una economía se traduce en informalidad
laboral. Departamentos como Chocó, La Guajira, Caquetá, Córdoba, Magdalena,
Sucre y Norte de Santander que muestran tasa de informalidad superiores al 60%
son justamente aquellos donde el SML es más elevado que su PIB per cápita.
Gráfica 4
La legislación sobre salario mínimo está basada en el
absurdo supuesto de que existe un único mercado de trabajo no calificado donde
los participantes no responden a incentivos. Es imposible conceptual y
empíricamente establecer un nivel de salario mínimo legal que no distorsione
los múltiples mercados de trabajo no calificado, ocasionando desempleo o
informalidad. La legislación sobre salario mínimo perjudica a los trabajadores
no calificados a los que pretende favorecer. El salario mínimo legal debería
eliminarse o, en su defecto, establecer diferentes niveles de salario mínimo
teniendo en cuenta las diferencias de productividad entre los departamentos.
LGVA
Septiembre de 2018.
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