El lumpen en el poder

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

El lumpen es un grupo social que atenta, sin ningún tipo de principios, contra la seguridad de los individuos y las colectividades, bajo un ánimo rapaz y delincuencial. No es una clase económica, ni un estrato social, ni una profesión determinada. Es una forma de conducta: la disposición permanente a vivir del despojo, la intimidación, el engaño, la extorsión o la captura de rentas ajenas.

Es falso que el lumpen esté integrado solamente por delincuentes de baja condición. Hay lúmpenes en todas las clases sociales y en todos los oficios y actividades económicas. Hay lúmpenes pobres, ricos y de clase media. Los hay abogados, médicos, periodistas, maestros, artesanos, obreros, banqueros, comerciantes, curas, economistas y políticos. Lo que los define no es su posición social, sino su relación con la propiedad, la libertad y la vida de los demás.

Normalmente, los lúmpenes se expresan, gremial y políticamente, como parte del sector social o laboral al que pertenecen. Mientras estén atomizados pueden hacer daño, pero no llegan a ser una amenaza existencial para una sociedad basada en los derechos de propiedad individuales y su intercambio libre y voluntario. El ladrón aislado roba; el extorsionista aislado intimida; el burócrata corrupto desvía recursos; el agitador destruye. Todos deben ser contenidos por el gobierno, que finalmente se instituye para que su existencia no perturbe en demasía el curso de la vida económica de la sociedad en un ambiente de libertad de mercado.

Pero la sociedad libre está en riesgo extremo cuando los lúmpenes de todas las procedencias superan sus demás diferencias y se conforman como fuerza política y social. Y la tragedia sobreviene cuando los lúmpenes se hacen al poder. Entonces la rapacidad deja de presentarse como delito y empieza a presentarse como causa moral. Ya no se roba: se redistribuye. Ya no se intimida: se defiende al pueblo. Ya no se destruye: se transforma. Ya no se ataca la propiedad: se corrigen desigualdades.

Poco a poco, para garantizar la supervivencia individual, la rapacidad se extiende a la mayoría de la sociedad. La ética del quid pro quo, del reconocimiento mutuo de los derechos de propiedad, se torna ruinosa. El ciudadano descubre que cumplir la ley no lo protege, que producir riqueza lo convierte en sospechoso, que disentir lo expone y que no pertenecer a la facción dominante lo deja en inferioridad frente a quienes sí pertenecen.

Ahora bien, la rapacidad como conducta económica dominante entraña una contradicción: para que los rapaces puedan ser exitosos debe haber una economía próspera que pueda ser pillada. Sin embargo, el pillaje destruye poco a poco la economía de la que viven los rapaces. Los extorsionistas no pueden subsistir sin extorsionados. El político clientelista no puede repartir subsidios si antes nadie produjo la riqueza que los financia. El burócrata rapaz no puede saquear un presupuesto que ya no se recauda.

Pero esto es algo que toma tiempo y mientras haya qué robar el lumpen robará, pues si no lo hago yo lo hará otro. Esa es la lógica interna de toda depredación colectiva. Nadie cuida el capital común porque todos sospechan que otro lo saqueará primero. Así desaparece la confianza, que es el cemento invisible de la cooperación social.

La lección es simple. Cuando la rapacidad está dispersa, la sociedad puede combatirla con instituciones. Cuando se organiza, debe combatirla con política. Cuando llega al gobierno, solo puede contenerla con contrapesos, legalidad y coraje civil. Lo que está en juego no es una diferencia ordinaria entre programas de gobierno. Es la preservación de una sociedad fundada en la propiedad individual, el intercambio libre, la responsabilidad personal, la igualdad ante la ley y la limitación del poder.

El lumpen no siempre llega con cuchillo. A veces llega con decreto. No siempre invade una finca. A veces invade una institución. No siempre roba en la noche. A veces expropia al mediodía, con lenguaje técnico, aplauso militante y apariencia de justicia social.

LGVA

Abril de 2026

Paloma contra el Leviatán

 

Paloma contra el Leviatán

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

La República de Colombia, nacida del Congreso de Cúcuta de 1821, empezó con cuatro Secretarías Presidenciales: Interior, Hacienda, Relaciones Exteriores y Guerra y Marina. En 1863 se crea la del Tesoro. Con estas cinco, más las de Fomento e Instrucción Pública, creadas en 1880, llegó la Constitución de 1886, que las rebautizó Ministerios.  El siglo XIX terminó con 7, pues el de Justicia, creado en 1890, tuvo una vida efímera y se fusionó con el de Gobierno, antes Interior.

Ya en el Siglo XX, bajo el gobierno Reyes, se crea Obras Públicas y se fusionan   Hacienda y Tesoro. En 1913 se crea Agricultura; Correos y Telégrafos, en 1923; en 1938 y 1940, respectivamente, nacen Trabajo y Minas y Petróleos. En 1946 nace Higiene y reaparece Justicia. Con algunos cambios de nombre, el número de 13, se mantuvo inalterado hasta los años noventa cuando aparecen Comercio Exterior, Ambiente y Cultura. El siglo XXI empieza con 16.

Uribe consiguió la aprobación de la ley 790 de 2002 mediante la cual se fusionaron los de Interior y Justicia; Desarrollo Económico y Comercio Exterior y Trabajo y Salud. Por pocos años el gabinete volvió a la mágica cifra de 13.

Santos echó por la borda el esfuerzo descomunal y único de Uribe por reducir el tamaño del gabinete. La ley 1444 de 2011 resucitó todos los dados de baja por aquel y creó una multitud de agencia para acompañar, completar, sustituir o estorbar el trabajo de los ministerios. El número de éstos volvió a 16.

Duque, que también en esto siguió más a Santos que a Uribe, se inventó dos: Ciencia, Tecnología e Innovación y Deporte. Con Igualdad, invención de Petro, llegamos a 19. En realidad 20, pues el DNP tiene rango ministerial. 

Los ministerios no vienen solos, llegan con viceministerios y otras arandelas. Así, como ellos, que como planetas orbitan alrededor de la presidencia, en torno a cada ministerio giran, como satélites, una serie de dependencias (agencias, unidades, fondos, etc.) que supuestamente ayudan a cumplir el “objetivo misional”. Son por lo menos 200 los objetos que conforman ese sistema planetario-burocrático que se alimenta del presupuesto nacional.

Para cumplir su propósito de reducir de 19 a 12 el número de ministerios - el desafío más grande de la historia al insaciable Leviatán -  Paloma deberá tener una determinación férrea pues enfrentará la resistencia de los empleados públicos de profesión, que viven para servir en el gobierno pues no saben hacer otra cosa; de los subsidiados, a quienes se les ha hecho creer que no pueden vivir sin depender del gobierno; de los crony capitalist, cuyos negocios y empresas viven de los favores del gobierno; de los apóstoles de la justicia social que viven de añorar un gobierno que acabe la pobreza y la desigualdad y del  político profesional, que vive de servirse del gobierno y con él a sus clientelas.

El Leviatán, Paloma, no es creación artificial de políticos estatistas, es producto orgánico de la demanda de gobierno de una sociedad temerosa de la libertad.

LGVA

Abril de 2026

Con Paloma renace la esperanza

 

Con Paloma renace la esperanza

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

Al finalizar el gobierno de Turbay Ayala, en 1982, toda la cúpula del M-19 estaba en la cárcel, el ELN había casi desaparecido después de la Operación Anorí, las Farc estaban reducidas a dos o tres frentes y se había firmado, con los Estados Unidos, un tratado de extradición que tenía aterrados y en fuga a los narcotraficantes.

Belisario Betancur echó todo atrás: se hizo elegir renunciando a la extradición, sacó de la cárcel al M-19 y le montó a las FARC el Santuario de Casa Verde para iniciar el ciclo de las interminables negociaciones de paz en las que aún patina el País, sin percatarse de que ese incesante dialogar es una más de las formas de lucha de la extrema izquierda. El asesinato de Rodrigo Lara y la toma del Palacio de Justicia por la alianza del M-19 y el cartel de Pablo Escobar, le enseñaron amargamente a Betancur que el estado no puede renunciar unilateralmente al uso de la fuerza y tratar de someter a criminales con cánticos a la concordia y ramas de olivo. 

Virgilio Barco y Cesar Gaviria heredaron el desastre de Betancur y trataron de retomar el rumbo enfrentando el narcotráfico y a los criminales de las FARC, el ELN y el M-19. En medio de grandes dificultades, lograron avanzar: dieron de baja a Rodriguez Gacha y a Pablo Escobar, sometieron a los Ochoa y extraditaron a Lehder, acabando con el tenebroso cartel de Medellín. Gaviria puso en fuga a las Farc sacándolas de su santuario de Casa Verde en la Uribe.

Samper se hizo elegir con el apoyo financiero de los Rodriguez Orejuela y debilitó el accionar de las Fuerzas Militares, que durante su mandato sufrieron duros golpes como los de Las Delicias y Patascoy. Con Pastrana la claudicación del estado llegó a extremos inimaginables con la entrega al control de las Farc de 42.000 kilómetros cuadrados, extensión casi equivalente a la de Huila, Sucre, Atlántico, Caldas, Risaralda y Quindío.  

Uribe recuperó la iniciativa del estado y con su Seguridad Democrática derrotó a políticamente a las Farc, redujo su capacidad militar y le quitó el control territorial haciéndola retornar a su condición de guerrilla itinerante huyendo de la Fuerzas Militares. Imperdonablemente Santos, a unas Farc política y militarmente derrotadas, les dio en La Habana el estatus de fuerza vencedora llevándonos a la terrible situación en la que está el País.

Del Plan 10 de Paloma Valencia, el punto definitivo y fundamental, sin el cual todos los demás son palabrería vana, es el primero: enfrentar la crisis de seguridad para vivir sin miedo. Hay que llevar, durante varios años, a 4% ó 5% del PIB el gasto en seguridad y defensa, llevar el pie de fuerza a unos 600.000 hombres y disponer de enjambres de drones para que sean los criminales quienes tengan miedo.

Sobre los otros 9 puntos puede haber desacuerdos, pero no es tiempo de ponernos exquisitos. Lo fundamental es tener un gobierno al que podamos hacer oposición sin temer a ser asesinados.  

LGVA

Abril de 2026.

Debreu y el espejismo del mercado que nunca hemos tenido

 

Debreu y el espejismo del mercado que nunca hemos tenido

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

La teoría económica más rigurosa del siglo XX – el modelo de equilibrio general de Arrow y Debreu - demostró que un sistema de precios puede coordinar de manera eficiente millones de decisiones individuales sin necesidad de una autoridad central. La idea de Marx según la cual un sistema regido por la búsqueda del beneficio – maximización del valor de cambio a expensas del valor de uso – conducía al caos quedó sepultada definitivamente en 1959 en el hermoso libro Teoría del Valor de Gerard Debreu.

Las condiciones para la existencia de un mercado funcional son exigentes en la teoría, pero no es imposible aproximarse a ellas en la práctica. Basta echar una mirada a los índices de libertad económica de la Fundación Heritage o el Instituto Fraser para constatar que son más ricos, equitativos y ambientalmente sostenibles los países con derechos de propiedad bien definidos, competencia efectiva, información razonablemente disponible, cumplimiento de contratos, un marco institucional estable y, sobre todo, ausencia de violencia y coacción.

En Colombia la informalidad no es una anomalía marginal: millones operan por fuera de las reglas; la violencia, la coacción, la extorsión en campos y ciudades fragmentan los mercados, encarecen las transacciones y distorsionan las decisiones. La captura del Estado por intereses particulares erosiona la competencia y convierte la regulación en un instrumento de privilegio. Las llamadas “fallas de mercado” han sido sustituidas por “fallas del estado”, más nocivas y difíciles de erradicar porque benefician a importantes grupos de presión y a sus operadores políticos.

Aunque las propuestas de recortar el tamaño de gobierno son bienvenidas, no puede caerse en el anti estatismo simplista creyendo que el mercado funcional surgirá espontáneamente por el recorte de algunos ministerios, la supresión de trámites y la reducción de impuestos.  Sin seguridad, sin justicia, sin reglas claras, lo que puede emerger no es un orden competitivo sino un nuevo entramado de clientelismo, búsqueda de rentas y coerción violenta.

Un orden económico funcional requiere un Estado limitado, sí, pero al mismo tiempo fuerte en sus funciones esenciales. No un Estado empresario que pretenda dirigir la economía, sino un Estado garante que haga posible su funcionamiento: que proteja la vida y la propiedad, que haga cumplir los contratos, que asegure la competencia y que provea estabilidad normativa.

De cara a los desafíos de Colombia, esta perspectiva ofrece una vía distinta. El problema no es que el mercado haya fracasado, sino que nunca hemos creado las condiciones para que exista plenamente. La tarea, entonces, no es reemplazarlo, sino hacerlo posible, empezando por enfrentar el enorme problema en el que estamos metidos como país.

Al amparo de la farsa de La Habana, de Santos, continuada por la paz total, de Petro; nuestra precaria democracia política y nuestra exigua libertad económica enfrentan la amenaza existencial de un totalitarismo comunista que combina todas las formas de lucha y, hecho nuevo, controla ya parcelas fundamentales del aparato del estado, creando poder dual, que, como enseña Lenin en artículo titulado justamente El poder dual, es el paso previo a la toma total del poder.

LGVA

Abril de 2026.

Raponazo anunciado a la autonomía del emisor

 

 

Raponazo anunciado a la autonomía del emisor

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

La asamblea constituyente de 1991 fue la gran piñata de los “derechos sociales”. Pletóricos de altruismo, los asambleístas de todos los partidos se complacieron unos a otros y, con una ligereza conceptual sorprendente, convirtieron en derechos toda clase de necesidades, como si el acto de consagrarlas en la Constitución bastara para hacerlas realidad. Aquella expansión retórica del catálogo de derechos tuvo, sin embargo, un contrapeso decisivo.

Rodrigo Lloreda Caicedo, al frente de la Comisión Sexta de Asuntos Económicos, comprendió con claridad las implicaciones fiscales y monetarias de ese impulso desbordado. Sabía que un Estado obligado a prometerlo todo terminaría tentado a financiarlo de cualquier manera. Por ello logró introducir los artículos 371, 372 y 373, que consagraron la autonomía del Banco de la República. Esa decisión, en apariencia técnica, ha sido en realidad una de las más importantes salvaguardas institucionales de la estabilidad económica del País.

Dichas disposiciones establecieron que el manejo monetario, cambiario y crediticio quedaría en manos de la Junta Directiva; que el Banco tendría autonomía administrativa, técnica y financiera; que su Junta estaría integrada por expertos; que su función primordial sería preservar el poder adquisitivo de la moneda; y que el crédito directo al gobierno quedaría prácticamente proscrito. Se trató, en suma, de blindar la política monetaria frente a la voracidad fiscal.

Los resultados fueron evidentes. A partir de una inflación del 33% en 1990, el País logró, en las décadas siguientes, reducirla a niveles entre 2% y 4% anual. La credibilidad del emisor y la disciplina monetaria permitieron anclar expectativas y estabilizar la economía. Sin embargo, esa independencia nunca fue absoluta.

La política monetaria solo puede operar plenamente si la política fiscal no la desborda. Cuando el gasto público supera el 35% del PIB y la deuda del gobierno absorbe el 85% del mercado de renta fija, como ocurre hoy, la autonomía del banco central se vuelve frágil. En ese contexto, el control de la inflación recae casi exclusivamente en el encarecimiento del crédito al sector privado.

El mecanismo es conocido: el banco central eleva sus tasas, encarece el crédito a los bancos privados, y estos, a su vez, trasladan ese mayor costo a empresas y hogares. La consecuencia es una contracción del crédito, una reducción de la demanda nominal y, finalmente, una moderación en el aumento de los precios. Es un instrumento eficaz, pero social y políticamente costoso.

Cuando el ajuste recae sobre el sector privado y el gobierno se muestra incapaz o renuente a corregir el déficit, surge la presión por intervenir el emisor: bajar tasas artificialmente, relajar las condiciones de crédito o, en el extremo, financiar directamente el gasto público. Todo ello bajo el pretexto de reactivar la economía o aliviar a los deudores. 

La intención de convertir el Emisor en un banco de fomento para financiar, entre otras cosas, la tal transición energética, estaba ya anunciada en el Plan de Desarrollo. Petro no ha hecho nada que no hubiese advertido en su programa de gobierno o su autobiografía, documentos que nadie parece haber leído.   

LGVA

Abril de 2026.

Anexo

Política monetaria en una lección

Tenía que llegar el día en que Petro lanzara el más brutal ataque contra la autonomía del Banco de la República y la política monetaria centrada en el control de la inflación. Los 3 artículos que la consagran son el ancla de la estabilidad macroeconómica en un país con una Constitución llena de “derechos sociales”, que son el germen del asistencialismo, el gasto público desaforado y déficit fiscal practicados por todos los gobiernos y aceptados como algo normal por la mayor parte de los economistas. Por ello, tal vez no sea inútil una breve explicación de la política monetaria practicada por el Banco. 

Cuando sube el precio de un bien o servicio cualquiera ello es resultado de una demanda excesiva con relación a la oferta en un momento y un lugar determinados. El alza del precio hace que algunos demandantes se retiren y, más adelante, que aumente la oferta disponible.

La inflación es un aumento generalizado y persistente de los precios de todos o la mayoría de bienes y servicios, resultante también de un exceso de demanda nominal. El problema es que en este caso la demanda nominal excesiva resulta de un gasto público excesivo con relación al recaudo tributario y/o de una expansión excesiva del crédito nominal a las empresas y los hogares.

Cuando se presenta la situación descrita, la capacidad de respuesta de la economía de aumentar la oferta de todos los bienes y servicios en el corto plazo puede ser muy limitada, porque hay poco desempleo o poca capacidad productiva ociosa. Esto significa que la única forma de frenar o desacelerar el alza de precios es restringiendo la demanda nominal.

Si el gobierno no quiere o no puede reducir el déficit fiscal, el único mecanismo para reducir la demanda nominal es obligar a los bancos a elevar los intereses de los créditos a las empresas y los hogares. Esto se hace encareciendo el crédito que el banco central otorga a los bancos privados.

La capacidad de un banco privado está limitada por el monto de reservas en moneda legal que debe tener en todo momento, el cual depende a su turno del crédito que le otorga el banco central. Cuando el banco central sube la tasa de interés a las que les otorga crédito, los bancos privados, pronto o tarde, se ven obligados a subir las tasas a la cuales prestan a sus clientes, pues de lo contrario incurrirían en pérdidas. 

Necesariamente, algunos de los clientes dejarán de demandar créditos y otros reducirán su volumen. Como el crédito se demanda para comprar bienes y servicios, su reducción, que se expresa en reducción de los depósitos en cuentas corrientes y de ahorros, implica una reducción de la demanda nominal y de esta forma una menor alza de precios.

El descrito es el mecanismo de transmisión de la política monetaria. El tiempo que trascurre entre el alza de la tasa de interés del banco central y su efecto sobre los precios es el lag o retraso de la política monetaria.

LGVA

Abril 2026.