Resistir a la destrucción del capital humano en EPM

 

Resistir a la destrucción del capital humano en EPM

 

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

 

 

En carta pública del 18 de octubre de 2019 dirigida a la que llamó “Familia EPM”, Quintero Calle, entonces candidato, escribió:

 

“…nombraré en EPM una gerencia confiable, técnica y responsable (…) Trabajaré para establecer un gobierno corporativo que le dé estabilidad en el tiempo a la gerencia (…) invertiremos en el talento humano de su gente y nos soportaremos en su carácter técnico para la toma de decisiones”

 

Nunca antes una promesa electoral había sido incumplida en forma tan cínica y descarada.

 

Primero vino el nombramiento de una Junta Directiva compuesta por personajes desprovistos de todo conocimiento en servicios públicos y sin ejecutorias empresariales conocidas. Haciendo gala de una desmesurada indignidad, esos directivos han acolitado adocenadamente todos los desafueros de quien terminó convertido en su patrón.

 

Las vicepresidencias se llenaron igualmente de ignorantes en servicios públicos que por toda experiencia no podían acreditar más que pequeños cargos de quinto nivel en dependencias gubernamentales. A fin de cuentas, solo quedó un vicepresidente con trayectoria en EPM, quien resultó más servil que los recién llegados y se comportó miserablemente con sus propios compañeros de vieja data.

 

El proceso de desprofesionalización de EPM y sus filiales se ha extendido desde la alta dirección a la gerencia media y está llegando a nivel de los profesionales. Esto es gravísimo pues conduce a crecientes errores y aumenta los riesgos de corrupción pues la idoneidad profesional y la ética laboral son la primera barrera de contención de ese flagelo.

 

Son muchos los profesionales y directivos que, a la primera oportunidad, han salido huyendo de EPM para no tener que soportar el ambiente sórdido de incompetencia y corrupción que se extiende a todos los niveles. Se presenta así la situación impensable hace años: la gente tratando de irse de la empresa a la que todo mundo quería entrar.

 

Como si fuera poco, se ha desatado un régimen de terror e intimidación contra los directivos y profesionales de tradición cuya más ostensible manifestación es el retiro humillante de la Doctora Mónica Ruiz, funcionaria con 25 años de trayectoria, a quien, en un momento de crisis, la Junta Directiva encontró idónea para encargarla de la gerencia general.

Al mismo tiempo que se prescinde de profesionales experimentados y competentes, se crean dependencias claramente burocráticas y sobre medida para las amigas del alcalde y el gerente: “Gestión de Relaciones con el Gobierno Nacional” y “Gestión de Relaciones con el Gobierno Local y Regional”.

 

Sacando profesionales de larga experiencia, se han apoderado de la Vicepresidencia de Talento Humano, pomposamente llamada “Experiencia del Empleado y Soluciones Organizacionales”. Esta toma representa una amenaza para todos los profesionales de EPM a quienes no puedo dejar de recordarles el célebre poema de Martin Niemöller:

 

“Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas,

guardé silencio, ya que no era comunista,

Cuando encarcelaron a los socialdemócratas,

guardé silencio, ya que no era socialdemócrata,

Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas,

 no protesté, ya que no era sindicalista,

Cuando vinieron a llevarse a los judíos,

no protesté, ya que no era judío.

Cuando vinieron a buscarme,

no había nadie más que pudiera protestar”.

 

LGVA

Abril de 2023.

 

La tragedia de EPM y ECOPETROL

 

La tragedia de EPM y ECOPETROL

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

Lo que ha venido haciendo Quintero Calle, con EPM, y lo que empieza a hacer Petro Urrego, con Ecopetrol, pruebas palmarias son de que la propiedad pública, entendida como propiedad de todos, es una ficción jurídica.

El propietario de un activo – o del conjunto de activos que conforman una empresa - es quien decide lo que puede o no hacerse con ellos.  La prueba crucial de que se es propietario de algo es la posibilidad de dejar de serlo, por venta o donación. Este no es el caso de los supuestos “propietarios” de EPM o de la participación de la Nación en Ecopetrol.

La propiedad de un activo otorga el derecho al flujo de servicios – monetizados o no – que produce tal activo, según sus propiedades físicas. El propietario de una vivienda o de un automotor tiene derecho a los servicios de habitación o transporte asociados, o al ingreso monetario obtenido por la cesión de esos servicios a otra persona.

Además del usufructo de los servicios o del ingreso monetario resultante de su cesión, el propietario tiene la responsabilidad de su mantenimiento y de reposición, so pena de verse en un futuro privado de sus servicios, por deterioro o desaparición del activo. El propietario que no cumpla con esa responsabilidad, tarde o temprano, tendrá una pérdida pecuniaria o de bienestar, que es solo suya y de nadie más.

En las empresas gubernamentales está siempre presente el riego de que la recepción del flujo de ingresos se escinda de las consecuencias de incumplir con la responsabilidad de mantenimiento y reposición, es decir, que recaigan sobre diferentes personas.

Los dueños reales de las empresas gubernamentales, es decir, los políticos que han ganado la última votación, lo son por un período limitado, con frecuencia, solo hasta la próxima, lo cual hace casi irresistible la tentación de maximizar ingreso actual y minimizar las inversiones en mantenimiento y reposición, cuyos efectos nocivos tardan en manifestarse. Todos los arreglos de gobierno corporativo están destinados a impedir que esa tentación se vuelva realidad.

Quintero pateó sin miramientos todos los códigos y prácticas de buen gobierno destinadas a impedir que filibusteros sin escrúpulos como él arrasaran con EPM. Empezó montando una junta y un equipo directivo integrado por personajes sin más merecimiento que su fidelidad absoluta y bien pagada a los dictados del jefe. Luego puso todo su empeño en paralizar Hidroituango, logrando atrasar su terminación, causando enorme perjuicio a las finanzas de EPM y poniendo en riesgo el normal abastecimiento eléctrico del País. Ha sometido a la Empresa a la más ingente extracción de transferencias en toda su historia y ha intervenido, con intención aparentemente dolosa, en la contratación, caso CANACOL, y las inversiones, caso AFINIA.

Si EPM tuviera una acción en el mercado de valores, su precio estaría por el suelo. Pero a falta de acciones están los bonos, cuyo precio se ha derrumbado como consecuencia de la injerencia de Quintero Calle en su manejo. La gráfica 1 muestra el rendimiento de los bonos de EPM que se mueve de forma inversa a su precio.

Gráfica 1

En Ecopetrol, Petro Urrego avanza decididamente en la ejecución de ese mismo libreto: instaló una junta y un gerente de servilismo asegurado y la ha convertido en la principal fuente de financiación del gasto clientelista y burocrático con el que busca perpetuarse en el poder. Que finalmente Ecopetrol quede destrozada o maltrecha, carece de interés, si ello habrá servido para garantizar su reelección en 2026. En Venezuela, Chávez avanzó en la consolidación de su dictadura explotando sin miramientos los grandes recursos PDVESA, dejándola totalmente marchita, remedo patético de la gran empresa que fue.

La gráfica 2 muestra la acción de Ecopetrol, cuyo precio ha caído estrepitosamente desde la victoria de Petro en las elecciones de junio.  

Gráfica 2

La principal condición para el respeto del gobierno corporativo y, en general, el respeto del estado de derecho, es que los elegidos tengan la disposición y la capacidad de hacerlo. Esas disposición y capacidad son como la urbanidad y las buenas maneras, se tienen o no se tienen, por ello es un error esperar que un simio se comporte adecuadamente en una cena de gala. La situación es mucho más grave si, como es claramente el caso de Quintero y Petro, el saqueo de las empresas o de los recursos fiscales es componente fundamental en la estrategia de perpetuarse en el poder.

Probablemente, EPM y Medellín soportarán su Quintero I y Ecopetrol y Colombia su Petro I; pero difícilmente aguanten un Quintero II y un Petro II. Una nueva equivocación de la democracia sería devastadora. En las elecciones locales de 2023 y en las nacionales de 2026, Medellín y Colombia se juegan su futuro.

LGVA

Abril de 2023.

Sergio Montoya y la ética laboral

 

Sergio Montoya y la ética laboral

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

Conocí a Sergio Montoya a principios de los años noventa y durante 30 años mantuvimos una relación de amistad profesional, como la que tengo aún con muchas personas que también vivieron un período en el que trabajar en EPM era una experiencia transformadora en lo humano y lo profesional.

Aunque a todos los que trabajábamos allí nos parecía la más grande y poderosa, EPM era todavía una pequeña empresa municipal de servicios públicos domiciliarios, integrada horizontal y verticalmente, con presencia plena en Medellín y demás municipios del Valle de Aburrá, ventas de electricidad al resto de Antioquia por intermedio de EADE y venta de excedentes eléctricos al sistema interconectado.

Pero ya en esos años, primera mitad de los 90, se estaban dando la condiciones comerciales, financieras e institucionales para la expansión nacional e internacional que ya en el siglo XXI la convertiría en la gran multilatina que es hoy. En efecto, en el mercado natural la cobertura era casi plena y solo podía esperarse un crecimiento vegetativo; al mismo tiempo las ventas de energía al sistema interconectado habían permitido la acumulación de importantes excedentes financieros que literalmente no había donde invertir. Las reformas de los servicios públicos de los años 90 – las de la constitución y las leyes 142 y 143 – dieron el marco normativo e institucional que necesitaba EPM para explotar su potencial de crecimiento que desbordaba las fronteras del Valle de Aburrá.

 

El personal profesional, técnico y administrativo no era tan abundante como ahora, casi todos cabíamos en el Miguel de Aguinaga y unas tres o cuatro sedes adicionales entre las que se encontraba el Centro de Control, donde trabajaba Sergio Adolfo por ese entonces. Por otra parte, la estructura administrativa era en extremo simplificada – tres gerencias de servicio, gerencia financiera, gerencia administrativa, dirección de planeación y secretaría general – y muy plana, lo cual facilitaba el encuentro entre profesionales y técnicos de distintas dependencias. Y cercanía real con los jefes – gerentes y jefes de división – quienes basaban su liderazgo en el ejercicio cotidiano de su propio trabajo. Los veíamos trabajar y trabajábamos con ellos. Nos conocíamos o, por lo menos, nos distinguíamos todos. Y eran muchas las oportunidades de trabajo en equipo, deliberadas o espontáneas. Nos ayudábamos con facilidad.

El trabajo profesional tiene tres remuneraciones - la emocional, la intelectual y la pecuniaria – de cuyo balance resulta la satisfacción en la vida laboral. En EPM la emoción y el orgullo de sentirse responsable de llevar los servicios públicos a las residencias y negocios de Medellín eran sentimientos compartidos por todos y cada uno de nosotros. En ello poníamos nuestra inteligencia, nuestro empeño, nuestra capacidad de trabajo y eso nos hacía felices. En fin, sin tener ni pretender ingresos de potentados, nos sentíamos bien pagados.     

En efecto, para quienes trabajábamos en EPM en los años noventa, allá en el Miguel de Aguinaga, esas remuneraciones estaban muy bien balanceadas porque trabajábamos con rigor, compromiso, atención al detalle y, sobre todo, mucha alegría; los ingredientes del trabajo bien hecho. Creo que eso es el ADN del que ahora se habla.  Aparte de su obvia importancia para la Empresa y los usuarios, el trabajo bien hecho era también un acto de respeto para con los colegas. Creo que esa es la esencia de la ética laboral.

Con Sergio - también con Pacho Velásquez, Tomás Elejalde, Manuel Lara y Jaime Vélez – tuve una amistad profesional basada en la admiración y el respeto mutuos, que son la única sustancia duradera del cariño. Es la amistad que experimento por todos los que trabajamos en EPM por allá en los 90, muchos de los cuales nos juntamos el viernes 14 de abril para rendirle homenaje a Sergio, que era como homenajearnos a nosotros mismos, como homenajear a la EPM del Aguinaga que llevamos en nuestras almas.

LGVA

Abril de 2023.  

Inflación salida de madre

 

Inflación salida de madre

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

“La inflación es una forma de tributación que puede imponerse sin necesidad de actos legislativos” (M. Friedman)

“Con un proceso continuo de inflación, los gobiernos pueden confiscar, secreta e inadvertidamente, una parte importante de la riqueza de los ciudadanos” (J.M. Keynes)

 

El gobierno no combate la inflación, el gobierno causa la inflación. En toda época y lugar, la inflación elevada y persistente es resultado de una expansión excesiva de la oferta monetaria para financiar el déficit fiscal.

El alza de precios provocada por choques de oferta – cambios en los mercados del petróleo y otras materias primas, principalmente – solo se generaliza y se hace persistente si es alimentada por la expansión continuada de la oferta monetaria. Si no es este el caso, esa inflación desaparece cuando lo hace el choque exógeno que la causó.

Durante las cuatro primeras décadas de existencia del Banco de la República – cuyo centenario se cumple el 25 de junio – se alternaron años de alta y baja inflación, al vaivén de choques exógenos. La inflación promedio anual de esos años fue del orden de 8% y, en la mayoría de ellos, de un solo dígito, incluso con años de inflación negativa.

Eso cambió a partir de 1963 cuando se impuso la visión de convertir al emisor en banca de fomento.  La ley 21 autorizó la creación de una Junta Monetaria (JM) que asumiría las funciones de la Junta Directiva del Banco de la República (JDBR). La JM quedó integrada por los ministros de hacienda, fomento y agricultura, el director del DNP y el gerente del Banco.

A partir de entonces la política monetaria quedó totalmente sujeta a las necesidades del fisco y Colombia entró en un período de elevada inflación, que se extendió hasta finalizar el siglo XX. En 1963, la novísima Junta se estrenó con una inflación de 33%; el promedio de los 37 años siguientes fue 20%, 31 con doble dígito y superior a 20% en 21 de ellos. La JM monetaria estuvo en funciones hasta 1991.

El mayor logro de la Constitución de 1991 son los tres artículos que consagran la autonomía del Emisor[1]. Como resultado de una política monetaria centrada en el control de la inflación y bastante independiente de la política fiscal, la inflación empezó a descender rápidamente desde un nivel de 33%, alcanzado en 1990, y registró un promedio anual de 4,8%, entre 2000 y 2021.

 

El choque exógeno asociado a la guerra de Ucrania y la imprudente e innecesaria expansión monetaria de 2019/20, la eleva a 13,1% en 2022. La política monetaria restrictiva podría llevarla nuevamente al cauce de un dígito, si el gobierno nacional ayudara; pero ese no es el caso.

Aunque el crédito directo al gobierno requiere la aprobación unánime de la JDBR y bajo el régimen de autonomía jamás se ha recurrido a esa figura, la política monetaria solo se independiza plenamente de la política fiscal si el gasto público es una fracción pequeña del PIB y la deuda del gobierno absorbe una porción reducida del mercado de crédito. Esos presupuestos están lejos de cumplirse en Colombia donde el gasto público es 35% del PIB y la deuda del gobierno es el 85% del mercado de renta fija.

Es muy inquietante, queriendo volver a los años del Emisor como banca de fomento, que en el Plan de Desarrollo se diga que la política monetaria debe contribuir a la financiación de la transición energética y, mucho más, que, en lugar de comprometerse con la austeridad fiscal que la situación requiere, el ministro de hacienda y el presidente llamen a los empresarios a una política de control de precios. Esto es, a la vez, disparatado y peligroso.

Disparatado, porque ningún control de precios ha funcionado desde que el emperador Diocleciano decretara el primero hace 1700 años, con su edicto de precios máximos; peligroso, porque el gobierno tendrá en los empresarios el chivo expiatorio perfecto, mientras gasta desaforadamente en burocracia y asistencialismo y fortalece su imagen, pues la gente tardará en entender que ese gasto es el causante de la inflación que la agobia.  

LGVA

Abril de 2023

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[1] Esos artículos son 371, 372 y 373. Disponen lo siguiente:

1) Se entrega nuevamente el manejo monetario, cambiario y crediticio a la JDBR;

2) Se consagra la autonomía administrativa, financiera y técnica del Emisor;

3) La JDBR se integra con cinco expertos independientes, el gerente del Banco y el ministro de Hacienda;

 4) Se establece que la función principal del Emisor es velar por la preservación del poder adquisitivo de la moneda.

 5) Se prohíbe el crédito directo al gobierno sin la aprobación unánime de la JDBR.

El GEA y las OPAS

 

El GEA y las OPAS[1]

Ha pasado poco más de un año desde que los banqueros Gilinski iniciaron la seguidilla de OPAS para apoderase de las empresas del GEA y casi tres desde que Quintero Calle desatara en su contra una ofensiva de desprestigio que cada vez parece menos gratuita.   

Tres de las cuatro empresas del núcleo a partir del cual se desarrolla Nutresa, nacieron en los albores de la industrialización antioqueña: Noel (1916), Café La Bastilla (1919) y Nacional de Chocolates (1920). Zenú, más reciente, fue fundada en 1950. Al igual que toda la industria colombiana, esas empresas crecieron orientadas al mercado interno y durante décadas permanecieron así. Solo en 1976, Noel exportó su primera galleta y la Nacional, su primera chocolatina.  

Esto se mantuvo hasta mediados de los años 90 cuando el gobierno de Gaviria Trujillo lanzó la apertura económica, la cual, para las del GEA y otras empresas antioqueñas, trajo dos aprendizajes: i) que internacionalizarse no significa meramente exportar ni, mucho menos, exportar excedentes y ii) que no estaba fuera su alcance expandirse a otros países, como lo hacían empresas chilenas, mexicanas y brasileras.

De la noche a la mañana, una serie de empresas, hasta entonces, meramente locales – Nacional de Chocolates, Argos, Bancolombia, Suramericana, EPM, ISA, Éxito, HACEB, Distrihogar, HMV y otras más – adoptaron un agresivo modelo de internacionalización por la vía de las adquisiciones y las alianzas estratégicas y resultaron invirtiendo en Johor Bahru, Antofagasta, Cojutepeque y otros lugares como sacados de las geografías exóticas de León de Greiff. 

En el breve lapso de 20 años, casi sin darnos cuenta, Medellín se convirtió en el domicilio de los Headquarters de una serie de grupos empresariales que abastecen con sus bienes y servicios un mercado potencial de 400 millones de consumidores.

Era cuestión de tiempo que ese desarrollo atrajera el interés de inversionistas internacionales; lo cual, por supuesto, no tiene nada de malo, todo lo contrario. Pero, el encono de las OPAS y el agresivo despliegue de estrategias jurídicas, periodísticas y propagandísticas que las han acompañado, hacen temer que estemos en presencia de algo más que el interés de vincularse a un proceso exitoso de creación de valor. Existe la inquietud legítima de que, lo que debía ser un simple cambio de propiedad accionaria, pueda afectar una institucionalidad empresarial valiosísima para Medellín.

La vinculación emocional con las empresas nativas es un rasgo de la personalidad histórica de regiones como Cataluña y el País Vasco, en España; Alsacia-Lorena, en Francia; Lombardía, en Italia y Antioquia, en Colombia; en las cuales la industria manufacturera tuvo un desarrollo temprano y autóctono. Esa personalidad histórica se caracteriza por una fuerte identidad regional y, también, por la adhesión a los valores del empresarismo, el trabajo duro, el ahorro, el cálculo racional y la responsabilidad individual, los cuales, según Max Weber, constituyen el espíritu del capitalismo. Virtudes burguesas, las llama Deirdre McCloskey.

Sería muy lamentable que los ataques al GEA llevaran al debilitamiento de las virtudes burguesas del pueblo Antioqueño.

 LGVA

Abril 2023. 

 

 

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[1] El viernes 31 de marzo se realizaron las Asambleas de las empresas del GEA. El doctor Carlos Raúl Yepes, ex gerente de Bancolombia, hizo una extraordinaria intervención en la que recordó lo que fue, hace 30 años, la ofensiva jurídica, política y mediática de los Gilinski por la propiedad de Bancolombia. Ofensiva que se repite ahora. Este artículo, publicado en El Colombiano en diciembre del año pasado, comparte el espíritu de esa intervención.