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domingo, 27 de septiembre de 2026

El costo de oportunidad del estadio que pagamos todos

 

El costo de oportunidad del estadio que pagamos todos

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

He cuestionado en el Concejo de Medellín el proyecto de modernización del Atanasio Girardot no porque desconozca la importancia del deporte ni el significado que tiene el estadio para la ciudad. Lo cuestiono por una razón económica elemental: los recursos públicos son escasos y tienen usos alternativos.

El esquema previsto para el nuevo estadio es de financiación mixta: 45 % corresponde a capital público y 55 % a crédito. Pero hay una precisión importante. Ese 45 % de participación pública se financiaría con los recursos generales del Distrito, es decir, con los impuestos que pagan los ciudadanos. La estampilla Prodeporte es otra cosa: sus recaudos constituyen una fuente adicional y específica de ingresos tributarios que, entre otros destinos, contribuye a financiar el proyecto. No estamos, por tanto, ante una sustitución de impuestos: estamos ante más recursos tributarios destinados al deporte, además de los impuestos que ya financian la participación patrimonial del Distrito.

El asunto no termina ahí. El crédito tampoco es gratis. Deberá pagarse con recursos futuros del Distrito, recursos que tendrán usos alternativos y cuyo costo financiero habrá que asumir durante años.

Aquí aparece el concepto que suele desaparecer de las presentaciones de estos grandes proyectos: el costo de oportunidad.

Medellín es una ciudad con un enorme déficit habitacional. Cada peso de recursos públicos comprometido en el estadio es un peso que no puede utilizarse simultáneamente para infraestructura de vivienda, habilitación de suelo, servicios públicos, transporte, espacio público o cualquier otra necesidad urbana. La pregunta relevante, entonces, no es solamente cuánto costará el estadio, sino qué dejamos de hacer para construirlo.

J. C. Bradbury plantea una pregunta semejante en This One Will Be Different: False Promises and Fiscal Realities of Publicly Funded Stadiums. Después de estudiar décadas de subsidios públicos a escenarios deportivos en Estados Unidos, muestra que las promesas de empleo, turismo, desarrollo inmobiliario y mayores ingresos tributarios suelen confundir actividad económica con creación neta de riqueza.



Un estadio puede generar gasto sin generar gasto adicional. El dinero que un ciudadano gasta allí puede haber sido gastado de otra manera. Y los empleos creados pueden sustituir empleos que habrían surgido en otras actividades. Por eso la pregunta correcta no es cuánto movimiento económico produce el estadio, sino cuánto produce por encima de lo que habría producido la utilización alternativa de esos recursos.

Este principio resulta particularmente importante en Medellín. Si el Distrito dispone de recursos suficientes para aportar el 45 % del capital y asumir además el endeudamiento correspondiente al 55 %, debe demostrar que el estadio constituye un uso de esos recursos superior a sus alternativas.

Y la carga de la prueba debería ser mayor cuando se agregan nuevos impuestos. La estampilla Prodeporte no hace más rentable al estadio. Simplemente permite disponer de recursos que los ciudadanos habrían podido utilizar en otros bienes y servicios.

Por eso mi objeción no es contra el estadio. Es contra la idea de que todo proyecto deseable es automáticamente un buen proyecto público.

El fútbol puede ser extraordinariamente valioso para Medellín. Pero el valor emocional del fútbol no elimina el costo económico de las decisiones públicas.

En una ciudad con un déficit enorme de vivienda, la verdadera pregunta no es cuánto nos gusta el nuevo estadio. Es cuánto estamos dispuestos a sacrificar en otras necesidades para tenerlo.

El costo de un estadio público no es solamente lo que cuesta construirlo. Es también aquello que Medellín deja de construir con el dinero que decidió poner en él.

LGVA

Septiembre de 2026

 

sábado, 26 de septiembre de 2026

La vivienda turística: nuevo delito sin víctima

La vivienda turística: nuevo delito sin víctima

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

Hay una curiosa forma de hacer política pública: crear primero la conducta prohibida y buscar después la víctima que la justifique. Algo de esto ocurre con la vivienda turística en la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín.

El artículo 322 del proyecto clasifica la vivienda turística como un servicio de hospedaje, junto con hoteles, apartahoteles y hostales. El propietario que arriende su casa o apartamento por menos de 30 días ya no estará realizando simplemente un contrato de arrendamiento sujeto al Código Civil: estará desarrollando una actividad de servicios sometida al régimen comercial y turístico. Y si lo hace en determinadas zonas residenciales donde ese uso no está permitido, podrá incurrir en una infracción urbanística.

He aquí el nuevo delito sin víctima.

No hay víctima cuando dos personas, voluntariamente, celebran un contrato mediante el cual una entrega temporalmente el uso de un inmueble y la otra paga por él. Nadie pierde su propiedad, nadie es despojado, nadie es obligado a entrar o salir del inmueble. Hay, simplemente, un intercambio.

Naturalmente, puede haber externalidades. Una vivienda turística puede producir ruido, fiestas, inseguridad o molestias para los vecinos. Pero una externalidad no convierte en ilegítima la actividad que eventualmente la produce. La pregunta sensata es cómo hacer que quien la genera asuma su costo. Si alguien hace una fiesta que perturba a sus vecinos, sancionemos la fiesta. Si destruye bienes comunes, que responda por el daño. Si comete un delito, que sea perseguido. Pero ¿por qué prohibir el contrato porque alguien podría comportarse mal?

La diferencia no es semántica. Es la diferencia entre regular una conducta que lesiona derechos y restringir anticipadamente el ejercicio de un derecho de propiedad.

Tampoco resulta convincente el argumento de que las viviendas turísticas están expulsando a los habitantes y encareciendo los arriendos. El Poblado merece atención, pero incluso allí la evidencia sobre la magnitud y las causas de ese fenómeno no permite convertir una hipótesis en principio general de ordenamiento territorial.

Hay, además, una contradicción difícil de ignorar. La Administración quiere promover el turismo y, simultáneamente, limitar una de sus formas de alojamiento. Y mientras sostiene que Medellín necesita controlar la expansión de la vivienda turística, informa que durante el primer semestre de 2026 la ocupación promedio de estas viviendas fue apenas de 50 %, frente a 59 % en hotelería.

Si existe sobreoferta de alojamiento, el mercado hará una parte del trabajo que pretende hacer el POT: las nuevas viviendas turísticas tendrán dificultades para encontrar huéspedes. No hace falta convertir al propietario en infractor para impedir una supuesta inundación de turistas.

Hay una alternativa más inteligente: diversificar el turismo. Si las externalidades se concentran en El Poblado y Laureles, ¿por qué no promover el turismo cultural, ecológico, médico o de negocios en otros sectores de Medellín y Antioquia?

El problema no es que exista la vivienda turística. El problema es que el Estado quiera decidir, mediante el POT, qué puede hacer cada propietario con su propiedad.

Un Plan de Ordenamiento Territorial debe ordenar el territorio. No debería convertir un contrato voluntario entre adultos en un delito sin víctima.

LGVA

Septiembre de 2026


martes, 22 de septiembre de 2026

El héroe equivocado

 

El héroe equivocado

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

En La Rebelión de Atlas, Ayn Rand expresó una opinión especialmente provocadora sobre Robin Hood.  A diferencia de la mayoría de la gente, no lo consideraba un héroe, sino uno de los símbolos más inmorales y despreciables de nuestra cultura. Es el símbolo – escribe Rand – de la idea según la cual la necesidad, no el logro, es la fuente de todo derecho; de que no es necesario producir, solo necesitar y de que esa necesidad hace justo apropiarse, directamente o por mano ajena, de lo producido por otro. 

Pablo Escobar llegó a ser venerado en algunos sectores de Medellín porque construyó viviendas, parques y canchas en los barrios populares. El origen de su fortuna —el narcotráfico, el asesinato, el terrorismo— quedaba relegado a un segundo plano ante la imagen del benefactor. El delincuente adquiría así una aureola de justiciero social.

Lo ocurrido en Riohacha con el sepelio de “Bendito Menor” ofrece otra perturbadora ilustración del mismo fenómeno. A la muerte de un criminal, hubo manifestaciones de admiración y muestras de pesar que contrastan con la naturaleza de sus actividades. No importa aquí juzgar las circunstancias particulares del personaje. Lo inquietante es que una comunidad pueda convertir a un delincuente en objeto de homenaje.

Pero el fenómeno no se limita al mundo criminal. También aparece en la política, aunque de una manera aparentemente dignificada y, precisamente por eso, más difícil de advertir.

Durante años, el discurso de la izquierda colombiana ha presentado al propietario, al empresario y al que ha acumulado riqueza como sospechosos de haberla obtenido a costa de alguien. El Estado aparece entonces como el Robin Hood institucional: toma mediante impuestos progresivos, regulaciones, expropiaciones o corrupción y entrega a otros.

El éxito político de ese discurso, que es el de Gustavo Petro y el de Iván Cepeda, debería hacernos pensar menos en las personas y más en las ideas que lo hacen posible. No en vano Petro lamentó hasta el llanto la muerte del joven criminal.

No todos los que votan por ellos son partidarios conscientes del despojo. Pero una democracia no puede ignorar las ideas morales que acompañan a las preferencias políticas. Cuando se instala la convicción de que tener es sospechoso y quitar es virtuoso si se invoca una causa social, la propiedad deja de ser un derecho y se convierte en una concesión del poder.

El problema es más grave porque el espíritu de Robin Hood – convertir necesidades en derechos- está en enquistado en la Constitución, en el discurso de todos los partidos y en la mentalidad de la mayoría de los colombianos.

Por eso la batalla cultural no se gana solamente discutiendo impuestos, subsidios o tamaño del Estado. Hay que discutir los símbolos. Hay que volver a enseñar que producir, ahorrar, invertir, contratar y respetar la propiedad ajena son conductas moralmente superiores al despojo, aunque este último se disfrace de generosidad o de justicia social.

Si queremos ganar esa batalla, tendremos que atrevernos a decir lo que resulta políticamente incorrecto: Robin Hood no era un héroe, era un maldito delincuente.

LGVA

Septiembre de 2026

domingo, 20 de septiembre de 2026

La desigualdad que importa

 

La desigualdad que importa

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista

Hay una paradoja en la manera como hablamos de desigualdad. Mientras la economía moderna ha multiplicado extraordinariamente la cantidad, variedad y calidad de los bienes y servicios disponibles para la población, buena parte de la discusión pública sigue concentrada casi exclusivamente en la distribución del ingreso monetario.

El indicador utilizado para medirla es el conocido coeficiente de Gini. Un Gini de cero representa igualdad absoluta y uno, desigualdad absoluta. No hay nada incorrecto en calcular el Gini del ingreso. El problema aparece cuando se pretende convertirlo en la medida exclusiva de la desigualdad económica y, más aún, del bienestar de las personas.

El ingreso no es el fin de la actividad económica; tampoco la acumulación de capital. El objeto de la producción es el consumo. Trabajamos, ahorramos, invertimos y emprendemos para disponer hoy o mañana de una mayor cantidad de bienes y servicios de consumo: los únicos que satisfacen nuestros deseos y, por ello, los únicos que podemos valorar.

Volvamos a Kuznets

En 1955, Simon Kuznets planteó una hipótesis que se convertiría en una de las proposiciones más conocidas de la economía del desarrollo. Al relacionar el nivel de ingreso por habitante con la desigualdad en la distribución del ingreso, la curva resultante tendría la forma de una U invertida.

En las primeras etapas del desarrollo, cuando una economía comienza a industrializarse y una parte de la población abandona actividades tradicionales de baja productividad para incorporarse a sectores modernos, la desigualdad aumenta. Posteriormente, cuando el proceso de desarrollo alcanza niveles más elevados, la desigualdad comienza a disminuir.

La intuición es sencilla. Los países muy pobres pueden presentar una desigualdad relativamente baja porque la mayoría de la población se encuentra en condiciones materiales igualmente precarias. Con el desarrollo aparecen nuevas actividades, nuevas ocupaciones, nuevas tecnologías y nuevas fuentes de ingreso. Algunos individuos y sectores avanzan antes que otros. La desigualdad aumenta.

Pero el propio desarrollo termina extendiendo las oportunidades. La educación se generaliza, aumenta la productividad, se amplía la clase media y los bienes y servicios producidos por los sectores modernos dejan de ser privilegio de unos pocos. La desigualdad comienza entonces a reducirse.

En un trabajo anterior[1] agrupé los países por ingreso por habitante y calculé el Gini promedio para cada grupo. Los resultados mostraban precisamente esa trayectoria: un Gini relativamente bajo entre los países de ingreso muy reducido, un aumento de la desigualdad a medida que el ingreso crecía y una posterior disminución en los niveles superiores de ingreso. Para los países con PIB por habitante inferior a US$1.000, el Gini promedio era 37,5; para los que estaban entre US$1.000 y US$2.000 era 40,6; el máximo correspondía al grupo entre US$2.000 y US$10.000, mientras que los grupos de mayores ingresos presentaban Ginis nuevamente inferiores.

La evidencia colombiana también ha sido compatible con esta trayectoria. Estudios sobre el desarrollo colombiano encontraron un aumento importante de la concentración del ingreso durante las primeras décadas de industrialización y una posterior desconcentración.

Esto no significa que la curva de Kuznets sea una ley natural aplicable mecánicamente a todos los países y todos los períodos. Significa algo más modesto: el nivel de desarrollo importa para entender la distribución del ingreso. No existe un nivel único de desigualdad que pueda explicarse exclusivamente por las políticas redistributivas del gobierno de turno.

Del ingreso al gasto

Aquí aparece el problema más interesante.

En Colombia tenemos un Gini de ingreso relativamente elevado. Pero cuando se calcula el Gini del gasto monetario de los hogares, el resultado es sustancialmente menor. La Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares (ENPH) 2016-2017, realizada por el DANE, permitió calcular las distribuciones de ingreso y gasto de los hogares colombianos. Sobre esa información obtuve un Gini de 51,6 para el ingreso y de 35,8 para el gasto monetario[2]. La diferencia es enorme.

La tabla muestra los Gini de ingreso y gasto de una serie de países. Se observan, como en el caso de Colombia importantes diferencias. ¿Por qué existen esas diferencias?

Hay varias razones. Las personas no consumen exactamente lo que reciben como ingreso corriente. Una parte del ingreso se ahorra. Otra parte puede destinarse al pago de deudas. También existe el crédito, que permite adquirir bienes durables antes de haber acumulado el ingreso necesario para comprarlos al contado.

Pero hay un elemento todavía más importante: las transferencias y los servicios públicos.

Una familia de bajos ingresos puede recibir educación y atención en salud gratuitamente o a un costo muy inferior al que tendría que pagar en el mercado. Puede recibir subsidios para vivienda o servicios públicos. Puede acceder a bienes que no aparecen como ingreso monetario de la familia pero que sí forman parte de sus condiciones efectivas de vida.

Si dos familias tienen ingresos monetarios muy diferentes, pero ambas tienen acceso a educación, salud, agua potable, electricidad, saneamiento, vivienda y otros servicios, la diferencia entre sus condiciones de consumo será necesariamente menor que la diferencia entre sus ingresos.

Por eso resulta extraño utilizar exclusivamente el Gini del ingreso para describir la desigualdad económica.

País

Gini ingreso

Gini consumo/gasto

Año

Colombia

51,6

36

2017

Chile

52

30

2017

Costa Rica

50

44

2018

Estados Unidos

48

29

2016

Austria

31

30

2015

Bélgica

30

29

2015

Suecia

34

29

2015

Australia

35

30

2015

Holanda

37

29

2015

España

36

32

2015

Grecia

55

34

2015

Fuentes: ENPH-DANE para Colombia; encuestas de gasto o consumo de los respectivos países. La tabla reproduce y actualiza la presentación utilizada en trabajos anteriores. Las metodologías y años no son perfectamente homogéneos, por lo que las comparaciones deben tomarse como ilustrativas.

La paradoja del capitalismo

Hay aquí una característica fundamental del proceso de desarrollo capitalista.

Las nuevas tecnologías y los nuevos productos aparecen inicialmente como bienes al alcance de pocos. El automóvil, el teléfono, el computador, el teléfono celular, internet o determinados tratamientos médicos fueron en algún momento bienes costosos y relativamente exclusivos. La competencia, la inversión y las economías de escala reducen sus costos y permiten que esos productos lleguen progresivamente a un número mayor de consumidores. El capitalismo puede producir desigualdad de ingresos y, simultáneamente, igualación del consumo.

El empresario que introduce una nueva tecnología puede obtener inicialmente una renta extraordinaria. Pero la competencia atrae nuevos productores, reduce los precios y extiende el consumo. Lo que comienza como un lujo termina convirtiéndose en un bien de uso masivo.El teléfono celular es un buen ejemplo. La diferencia entre el ingreso de quienes podían comprar los primeros teléfonos móviles y el de quienes no podían hacerlo era enorme. Hoy, en cambio, el acceso a la telefonía móvil y a internet se ha extendido a una proporción inmensamente mayor de la población. Lo mismo ha ocurrido con una cantidad incontable de bienes y servicios.

Por eso, cuando hablamos de desigualdad, deberíamos distinguir entre desigualdad de ingresos, desigualdad de riqueza, desigualdad de consumo y desigualdad en el acceso a bienes y servicios. Son fenómenos relacionados, pero no equivalentes.

Colombia: un caso ilustrativo

La experiencia colombiana resulta particularmente interesante.

El Gini de ingreso de 51,6 obtenido de la ENPH 2016-2017 contrasta con el Gini de gasto de 35,8. La diferencia no puede atribuirse simplemente a un error estadístico. Refleja características reales de la economía de los hogares.

Los hogares de mayores ingresos ahorran una parte de ellos. Los hogares de menores ingresos reciben transferencias, subsidios y servicios que aumentan su consumo efectivo. El crédito permite además adelantar consumo. Y los servicios públicos de educación, salud y otros programas sociales tienen un valor económico para quienes los reciben, aunque no aparezcan como ingreso monetario en las encuestas. El resultado es que la distribución del gasto es considerablemente más igualitaria que la distribución del ingreso.

En trabajos anteriores señalé además que los Ginis de gasto rural eran inferiores a los urbanos. Esto tampoco debe interpretarse automáticamente como una situación favorable. Una distribución puede ser muy igualitaria porque todos tienen condiciones semejantes y muy precarias. La igualdad no es prosperidad.

Este punto es fundamental. Una sociedad donde todos consumen poco puede tener un Gini muy bajo y ser una sociedad pobre. Otra donde las diferencias de ingreso sean importantes puede tener una distribución del consumo mucho más igualitaria y ofrecer a la mayoría un nivel de vida considerablemente superior.

La prosperidad cambia el significado de la desigualdad

De ahí que la discusión sobre desigualdad debería incorporar una dimensión que suele quedar relegada: el nivel absoluto de consumo y de acceso a bienes y servicios.

No es indiferente que el Gini de un país sea 0,30 o 0,50 si en el primer país el consumo promedio es muy bajo y en el segundo es varias veces superior. La posición relativa importa, pero también importa enormemente la cantidad absoluta de bienes y servicios de que dispone cada persona. La prosperidad económica consiste precisamente en ampliar esa cantidad.

El desarrollo aumenta la productividad. La productividad permite producir más con los mismos recursos. La competencia reduce los precios. La inversión incorpora nuevas tecnologías. La innovación crea nuevos productos. Y todo ello amplía las posibilidades de consumo.

El resultado puede ser paradójico desde la perspectiva del Gini de ingreso: una economía puede hacerse inicialmente más desigual mientras se vuelve simultáneamente más próspera y extiende a una proporción creciente de la población bienes que antes estaban reservados a una minoría.

La pregunta económica relevante no debería ser solamente cuánto gana cada persona en relación con las demás. También debemos preguntar qué puede consumir, a qué bienes y servicios tiene acceso y cómo cambia ese acceso a medida que la economía crece.

Por eso la curva de Kuznets resulta útil. Nos recuerda que la desigualdad del ingreso no puede analizarse separadamente del proceso de desarrollo. Y el Gini del gasto nos recuerda algo todavía más elemental: el ingreso es un medio; el consumo es el fin de la producción.

Una sociedad que consigue producir cada vez más bienes y servicios y ponerlos al alcance de una proporción cada vez mayor de sus habitantes está reduciendo una forma fundamental de desigualdad: la desigualdad en las posibilidades materiales de consumo.

El debate sobre la desigualdad debería empezar por ahí.

LGVA

Septiembre de 2026.

 

sábado, 22 de agosto de 2026

La mala maña

 

La mala maña

Angélica Ordoñez

Luis Guillermo Vélez

El Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027, radicado por el gobierno saliente, tampoco se salvó de la mala maña. La mala maña de ser un presupuesto desfinanciado cuyos gastos exceden ampliamente los ingresos. En lo corrido del siglo, son ya 12 los presupuestos afectados por la mala maña. El del próximo año presenta un faltante de 30.2 billones de pesos, el segundo más alto entre esos 12, solo superado por los 38 billones del presupuesto de 2021 del gobierno de Duque. 

El artículo 347 de la Constitución permite la presentación del presupuesto desfinanciado, en cuyo caso el gobierno debe proponer por separado un proyecto de ley para crear nuevas rentas o modificar las existentes para financiar el monto de gastos contemplado. El gobierno de Patro también presentó un proyecto de la ley de financiamiento con la que pretende recaudar unos 22 billones, ampliando la base del impuesto de patrimonio y elevando su tarifa marginal, elevado de 5% a 15% la sobre tasa de renta al sector financiero y otras disposiciones igualmente alcabaleras.

La mesa está servida para que el nuevo Ministro de Hacienda ponga a prueba la determinación de ajustar - recortando el gasto y no subiendo impuestos - unas finanzas públicas cuyo desequilibrio es crónico y estructural, impulsado por el asistencialismo clientelista y burocrático que capturó el presupuesto del Gobierno Nacional desde mediados de los años 90 del siglo pasado. La deuda del gobierno central pasó de 20% del PIB a más de 60%, pues quince reformas tributarias han sido insuficientes para financiar un gasto central que saltó de 8% del PIB en esos años, a 15% al inicio del siglo y a cerca de 25% en la actualidad. 

En estudio reciente, con datos de América Latina, los economistas José López y Jonathan Malagón muestran que los efectos de los ajustes fiscales dependen si se hace recortando gastos o aumentando impuestos. Cuando un país tiene niveles elevados de deuda, un ajuste con mayores impuestos contrae más la economía y tiene menor probabilidad de ser exitoso y duradero comparado con un ajuste basado en un recorte del gasto. Los autores argumentan que este resultado se asocia al impacto sobre el riesgo soberano. Los ajustes por el gasto envían una señal más creíble de sostenibilidad fiscal que comprime el spread soberano y compensa parcialmente el impulso inicial contractivo sobre la demanda.

Hace años hice una propuesta de recorte de gasto – sin tocar inversión ni seguridad ni justicia - que arrojaba un ahorro de 40 billones. Katherine Flórez, Daniel Raisbeck y Carlos Enrique Moreno han presentado ejercicios similares seguramente conocidos por el equipo económico del nuevo gobierno.  

Quiero confiar en que el gobierno de La Patria Milagro nos haga también el milagro de acabar con la mala maña del déficit fiscal permanente y una deuda pública siempre en aumento. Amén.

PD. Consejo no pedido al doctor Gómez Martínez: no negocie el recorte con ningún ministro, si lo hace pronto descubrirá que nada es prescindible y todo es necesario.

¿Quo vadis, Centro Democrático?

 

¿Quo vadis, Centro Democrático?

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Sara Berrío.


El viernes 31 de julio, en Medellín, el Centro Democrático celebró una jornada de reflexión, unidad y doctrina. Tres ponentes –entre quienes me conté– expusimos atisbos de lo que el Partido debe ser y representar. No hubo divergencias de fondo: el mismo espíritu recorrió las intervenciones. Unidad en torno a principios claros, doctrina liberal y visión de futuro. No se trató de un ejercicio retórico, sino de un llamado a mirarnos por dentro y responder, sin evasivas, la pregunta que desde hace siglos interroga a quienes se hallan en una encrucijada: ¿quo vadis?

La expresión, atribuida a la tradición cristiana, evoca el momento en que Pedro, huyendo de Roma, se encuentra con Cristo y le pregunta: “Señor, ¿adónde vas?”. La respuesta lo obliga a regresar y afrontar su destino. No es mera anécdota piadosa. Es la metáfora perfecta de todo movimiento político que, tras años de combate, corre el riesgo de disiparse en confusiones tácticas o en el cansancio de la batalla. El Centro Democrático no puede permitirse caminar sin rumbo. Su destino no es diluirse en el centrismo acomodaticio ni en el populismo autoritario que, con otro ropaje, comparte con la izquierda la desconfianza hacia el mercado y la libertad individual.

Desde la economía política liberal, la doctrina del partido es inequívoca. El crecimiento no se decreta ni se planea desde un escritorio burocrático; se desata liberando a las personas y a las empresas de las ataduras tributarias y regulatorias que impone el Estado. La seguridad no es un bien secundario: es la condición de posibilidad de la libertad. Sin monopolio legítimo de la fuerza y sin respeto a los derechos de propiedad, el intercambio voluntario se convierte en ficción y la sociedad se entrega a la rapacidad de quienes viven del despojo. El orden que surge de la seguridad y de la libertad económica no son entelequias separadas. Son las dos caras de la misma moneda.

La jornada del 31 de julio recordó que el liderazgo político no se agota en la captura del poder. Como lo subrayó el expresidente Uribe, se trata de ejercer autoridad legitimada en soluciones, no de acumular poder por el poder mismo. Los principios del partido –seguridad democrática, libertad económica, Estado limitado y austero– no son comodines de campaña. Son el ancla atemporal e impersonal que permite diseñar el futuro sin quedar prisioneros del pasado. De ahí salen con claridad las propuestas programáticas centradas en la provisión de bienes públicos y en el suministro de bienes meritorios a quienes no pueden alcanzarlos por sus propios medios.

La conclusión es clara. El Centro Democrático debe avanzar sin complejos ni claudicaciones doctrinarias. Su camino no es el del centrismo diluido ni el del intervencionismo disfrazado de pragmatismo. Es el de la defensa coherente de la propiedad, el intercambio libre y la responsabilidad personal. Quo vadis, Centro Democrático? Hacia la restauración del orden que hace posible la libertad. Cualquier otro destino sería traición a su propia razón de ser.

domingo, 19 de julio de 2026

El turno no está en la Constitución

 

El turno no está en la Constitución

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

La elección anual de las mesas directivas del Congreso es uno de esos rituales políticos que todos aceptan como si estuviera consagrado en la Constitución, cuando en realidad no lo está. Cada julio comienza la misma romería de reuniones, pactos, vetos, componendas y llamadas desde la Casa de Nariño para definir quién ocupará la Presidencia del Senado y de la Cámara. Se habla de "acuerdos entre partidos", de "turnos", de "derechos adquiridos" y hasta de "respeto por la democracia". Pero el artículo 140 de la Constitución no consagra nada parecido. Se limita a disponer que cada Cámara elegirá su mesa directiva. Y el artículo 40 de la Ley 5ª de 1992 únicamente establece que el presidente y los dos vicepresidentes serán elegidos separadamente para un período de un año, garantiza la participación de las minorías en la primera vicepresidencia y prohíbe la reelección durante el mismo cuatrienio. Nada dice sobre repartos burocráticos, pactos interpartidistas o candidatos oficiales del Gobierno. Todo lo demás pertenece a una costumbre política que, con el paso de los años, terminó convirtiéndose en una institución paralela.

Es una mala costumbre. Nunca he entendido por qué las mesas directivas deban renovarse obligatoriamente cada año. Se afirma que así se democratiza el poder. Sospecho que ocurre exactamente lo contrario. Lo que realmente se democratiza es el acceso de los partidos al presupuesto administrativo, a los nombramientos, a los contratos, a los viajes, a los reconocimientos protocolarios y al inmenso poder burocrático que rodea las presidencias del Congreso. Es una democracia de privilegios, no de resultados. En cualquier organización eficiente, quien administra bien puede ser reelegido. En el Congreso colombiano, por el contrario, la experiencia parece no valer nada; lo importante es que todos tengan la oportunidad de disfrutar, aunque sea por un año, de las mieles del cargo.

Más grave aún es que esos supuestos acuerdos terminen convirtiéndose en un mecanismo mediante el cual el Gobierno de turno decide, en la práctica, quién dirigirá un poder que debería ser completamente independiente. Si el Presidente de la República interviene para imponer un candidato, la elección deja de ser del Congreso y pasa a ser una prolongación del Ejecutivo. La separación de poderes se convierte en una ficción.

Se ha criticado al Centro Democrático por proponer que la elección de las mesas directivas se haga a "voto limpio", como si ello constituyera una ruptura de las reglas del juego. La realidad es exactamente la contraria. El voto limpio no desafía el ordenamiento jurídico; lo restablece. Si la Constitución no establece turnos entre partidos y la Ley 5ª tampoco obliga a respetar acuerdos políticos, cada congresista conserva intacta la libertad de elegir, conforme a su conciencia, al senador o representante que considere más idóneo para presidir la corporación, cualquiera sea su partido. La disciplina partidista podrá orientar una decisión política, pero no puede sustituir el derecho ni convertir una costumbre en una obligación jurídica.

Paradójicamente, quienes defienden los pactos burocráticos presentan el voto libre como una anomalía, cuando debería ser exactamente al revés. Lo excepcional son los acuerdos entre las cúpulas partidistas; lo normal, lo constitucional y lo legal es que cada congresista vote sin otra atadura que su propia responsabilidad política. La próxima elección de las mesas directivas ofrece una magnífica oportunidad para recuperar el sentido original de nuestras instituciones y demostrar que el Congreso todavía puede actuar como un poder independiente y no como una simple notaría de los acuerdos políticos.

En ese contexto resulta particularmente preocupante que desde el Gobierno se impulse la elección de un candidato a la Presidencia del Senado por el simple hecho de ser cercano al Presidente de la República. No importa el nombre del favorecido. Lo inaceptable es el principio. Los senadores no están llamados a refrendar la voluntad del Ejecutivo sino a elegir, entre ellos mismos, a quien consideren más competente para dirigir la corporación. La amistad con el Presidente no puede convertirse en el principal mérito para presidir uno de los poderes públicos.

Si el Congreso quiere reivindicar su autonomía, tiene una oportunidad inmejorable. Basta con que sus integrantes hagan algo tan sencillo como inusual: leer la Constitución, obedecer la Ley 5ª de 1992 y votar en conciencia. No sería una revolución. Sería, simplemente, cumplir la ley.

Y sería también una saludable lección para la política colombiana. Durante décadas se ha repetido que los acuerdos entre partidos son la esencia de la democracia parlamentaria. No es cierto. La esencia de una democracia constitucional consiste en que las autoridades actúen conforme a las reglas y no conforme a las conveniencias del momento. El turno no está en la Constitución. Tampoco el reparto de dignidades ni el derecho del Gobierno a señalar quién debe presidir el Congreso. Lo que sí está en la Constitución es la independencia de los poderes públicos. Ya es hora de empezar a cumplirla.

LGVA

Julio de 2026