Dure lex, sed lex.
Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista
El auto que suspende los efectos del
decreto que establece el salario mínimo fue una decisión en derecho. Ya una
sentencia en 2017 había delimitado el alcance de las facultades del Gobierno al
momento de fijar el salario mínimo, por lo que el decreto suspendido era un
grosero desafío. Si el Consejo de Estado no lo suspendía, la Ley y la
Jurisprudencia hubieran sido arrastrados a ser meros adornos vacíos ante el
avance autoritario del régimen.
No es cierto que el proceder del
Gobierno fuese sólo defectuoso por su forma o falta de sustentación. El aumento
del 23% es tan absurdamente desproporcional que basta un breve análisis para saber
que no se puede simplemente sacar un decreto que “subsane” la falta de
motivación. No hay motivación razonable en toda la literatura económica y
jurídica para semejante descalabro.
El primer efecto del aumento es el
repunte de la inflación. Una variación de 1,18% del IPC, la más alta en el
siglo XXI para enero, auguraba una inflación descontrolada que puso al Banco de
la República la responsabilidad de aumentar la tasa de interés 100 puntos
básicos. Otro efecto, que ya se estaba poniendo en marcha, es el del aumento
del desempleo y el crecimiento de la informalidad, lo que siempre pone más
presión en el sistema de salud y pensiones, ya de por sí afectados.
Mas no se trata de un error. Es una
decisión política que tiene el propósito de corromper la moneda que, como
señalara Lenin, es la mejor manera de destruir el capitalismo. En 2008, con un
aumento de 30% del salario mínimo, la Venezuela de Chávez inició el camino que
la condujo a la hiperinflación, la muerte del bolívar y la destrucción de su economía.
Afortunadamente, en Colombia aún hay
instituciones respetables. El Consejo de Estado, resolviendo las solicitudes de
medida cautelar para impedir el desastre, incluida la por mi presentada, suspendió
los efectos del decreto y ordenó al gobierno emitir otro con un aumento
transitorio. Ese aumento debe ser racional, razonable y sujeto a los parámetros
legales.
Y si hay consecuencias políticas, de
estas no puede huirse con pusilanimidad ni cobardía. La obligación de defender
el Estado de Derecho, la razón y lo correcto no se toma vacaciones en
elecciones. El aumento decretado por el Gobierno era desastroso y es una buena
noticia que los efectos del decreto se suspendieran, sin importar si con ello
el petrismo obtiene una nueva arma retórica. En todo caso, esa arma debe ser
combatida con argumentos y con la verdad. Cualquier otra cosa es ceder a una
extorsión grotesca.
Los colombianos ya han rechazado
antes el populismo de los subsidios y de los regalos pagados con libertad, y
esta vez no será diferente. La mayoría de los ciudadanos por lo menos intuye
que el aumento del salario mínimo tenía como objetivo comprar consciencias para
favorecer al heredero, y si nosotros, la oposición, huimos del debate con
cobardía, estaremos bajando nuestras banderas en señal de rendición a la
ideología intrínsecamente corrupta del socialismo.
LGVA
Febrero de 2026
