El
Centro Democrático y el eje de la libertad: Una derecha heterogénea orientada
por resultados*
Luis
Guillermo Vélez Álvarez
Economista
Isaac
Mendoza Pérez
Abogado
I. Introducción
El debate político colombiano
sigue atrapado, en buena medida, en la dicotomía izquierda-derecha. Esta
clasificación no es natural ni inmutable: su contenido depende del contexto
histórico, del criterio de comparación y de la percepción pública. Sin embargo,
el hecho de que sea una categoría cambiante no le resta importancia. Quienes
logran modificar el marco de discusión política, es decir, quienes conquistan
la hegemonía, consiguen que sus adversarios terminen moviéndose dentro de las
coordenadas que ellos mismos han definido.
Margaret Thatcher demostró la
importancia de esa disputa. Sus reformas económicas y políticas modificaron los
términos del debate británico. El Nuevo Laborismo de Tony Blair, aunque
conservó su identidad partidista, aceptó buena parte de las transformaciones
institucionales y económicas que habían tenido lugar durante los gobiernos
conservadores. La experiencia mostró que una fuerza política puede alcanzar una
influencia duradera cuando consigue que sus ideas sean reconocidas como el
punto de referencia de la discusión nacional.
En Colombia, el Centro
Democrático nació como respuesta a la llamada «tercera vía» de Juan Manuel
Santos, quien reivindicó su filiación con la propuesta de Tony Blair, resumida
en el conocido aforismo: «tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea
necesario». En su origen y en buena parte de su trayectoria, el Centro
Democrático se situó a la derecha de esa orientación. Negarse a reconocer esa
ubicación no modifica la clasificación que otros hacen del partido. Por el
contrario, puede significar que se renuncia a participar en la definición del
contenido político de esa categoría.
Tomemos como punto de partida
los propios estatutos del partido. Su artículo segundo lo define como una
organización política de ciudadanos de carácter democrático, popular, diverso,
incluyente y participativo. El preámbulo, por su parte, destaca el respeto por
la diversidad de ideas y matices ideológicos y señala que el partido se inspira
en la libertad como fuente del desarrollo espiritual y del ejercicio de la
acción individual. También adopta una concepción del bien común como el
conjunto de condiciones que permiten a cada individuo alcanzar su plenitud.
Estos elementos ofrecen una
base para definir su identidad. El Centro Democrático puede reconocerse como
una organización de derecha democrática sin renunciar a su carácter plural. La
cuestión decisiva no es resolver una disputa semántica entre las etiquetas de
centro y derecha, sino establecer cuál es el principio que permite ordenar sus
distintas corrientes y orientar su acción política.
Nuestra propuesta es que ese
principio sea la libertad.
La libertad individual, dentro
de un orden jurídico legítimo, ocupa un lugar central en la tradición
republicana colombiana, expresada en la enseña de nuestro escudo: «Libertad y
Orden». El orden no debe entenderse como la simple conservación de las estructuras
existentes, sino como el resultado de instituciones que protegen los derechos
de las personas, garantizan la seguridad y limitan el ejercicio arbitrario del
poder. La libertad, por su parte, no puede reducirse a una declaración
retórica: exige que los individuos dispongan de un espacio efectivo para
decidir sobre sus vidas, su trabajo y sus bienes.
Este documento desarrolla esa
idea en varias direcciones. Primero, examina las distintas tradiciones
económicas y políticas que pueden reunirse alrededor de la libertad individual.
Después, presenta un diagnóstico de Colombia en materia de desarrollo, calidad
democrática y libertad económica. A continuación, considera los resultados
asociados con sociedades que ofrecen mayores espacios a la iniciativa privada y
a la autonomía de las personas. Finalmente, propone una agenda programática y
examina experiencias internacionales que muestran cómo una organización
política puede reunir corrientes diferentes bajo un principio común.
La tesis que defendemos es
sencilla: el Centro Democrático puede ser una derecha heterogénea, pero
necesita un eje doctrinario que dé sentido a esa heterogeneidad. La libertad
ofrece ese eje.
II. El Centro Democrático y el eje de la
libertad
Un método útil para examinar
las distintas corrientes que pueden convivir en el Centro Democrático consiste
en observar qué grado de intervención y coacción estatal consideran legítimo
frente a la libertad individual. No se trata de reducir toda la filosofía
política a una sola escala, pues existen diferencias importantes entre las
distintas tradiciones. Se trata de utilizar un criterio que permita identificar
sus afinidades y sus desacuerdos: el alcance que cada una reconoce al poder del
Estado.
Para este propósito resulta
pertinente la definición de libertad de Friedrich A. Hayek en Los
fundamentos de la libertad. Hayek entiende la libertad como aquella
condición social en la que la coacción que unas personas ejercen sobre otras
queda reducida al mínimo. La definición no supone la desaparición de toda
autoridad ni de las instituciones públicas. Señala, más bien, que el ejercicio
del poder debe estar sometido a reglas generales y que el ámbito de decisión
individual debe ser protegido frente a la interferencia arbitraria.
En el extremo más radical de
la defensa de la libertad se encuentra el Anarcocapitalismo. Su representante
más conocido es Murray Rothbard, quien cuestiona el monopolio estatal de
funciones como la seguridad y la administración de justicia. En Hacia una
nueva libertad: el manifiesto libertario, Rothbard desarrolla la
posibilidad de organizar servicios que suelen considerarse públicos mediante
instituciones y mecanismos competitivos de carácter privado. Su crítica no
consiste simplemente en negar que existan necesidades colectivas, sino en cuestionar
que su satisfacción requiera necesariamente una organización estatal
coercitiva.
El Minarquismo, en cambio,
acepta la existencia de un Estado, pero considera que sus funciones deben
limitarse a un conjunto reducido de responsabilidades. La exposición más
conocida de esta posición se encuentra en Anarquía, Estado y utopía, de
Robert Nozick. Para Nozick, el Estado debe proteger a las personas contra la
violencia, el fraude y el robo, hacer cumplir los contratos, administrar
justicia y garantizar la defensa nacional. La filósofa y novelista Ayn Rand
también defendió una concepción de Estado limitado, especialmente en sus obras El
manantial y La rebelión de Atlas.
La Escuela Austríaca de
economía, cuya popularidad ha aumentado en años recientes, particularmente por
la difusión de las ideas de Ludwig von Mises, Friedrich Hayek y, más
recientemente, por la presencia pública de Javier Milei, constituye otra
tradición relevante. Sus principales exponentes han realizado contribuciones
fundamentales a la teoría económica y comparten una defensa de la propiedad
privada, la libertad contractual, la competencia y el sistema de precios.
También han sido críticos de la intervención gubernamental extensa en los
mercados.
Sin embargo, no todos los
economistas austríacos defienden un Estado mínimo en el sentido estricto del Minarquismo.
Mises y Hayek, por ejemplo, reconocieron funciones públicas importantes en
ámbitos como la educación, la salud, la infraestructura y la protección de la
competencia. Por eso es más preciso caracterizar a la Escuela Austríaca por su
preferencia por los mercados libres y por una intervención estatal limitada,
sometida a reglas y evaluada a la luz de sus consecuencias, que atribuirle una
oposición absoluta a toda acción gubernamental.
Una distinción importante en
esta discusión es la que existe entre financiación pública y provisión estatal.
La existencia de recursos públicos destinados a educación o salud no implica
necesariamente que esos servicios deban ser producidos directamente por
entidades estatales. Puede haber financiación pública y, al mismo tiempo,
competencia entre proveedores, libertad de elección y participación de
organizaciones privadas. El problema consiste en determinar qué arreglos
institucionales ofrecen mejores resultados y permiten preservar la autonomía de
las personas.
Tampoco existe una frontera
tajante entre el Liberalismo Clásico, cuya obra fundacional suele situarse en La
riqueza de las naciones, de Adam Smith, y la Escuela Austríaca. Ambas
tradiciones parten de la importancia de la propiedad privada, la libertad
contractual, la competencia y el Estado de derecho. Smith reconoció funciones
públicas que los individuos difícilmente podrían realizar por sí mismos, como
determinadas obras de infraestructura y ciertas instituciones educativas.
Admitió, por tanto, la necesidad de impuestos para financiarlas.
La diferencia entre estas
corrientes no reside en una oposición absoluta entre Estado y mercado, sino en
la evaluación del alcance y de las modalidades de la acción estatal. El Liberalismo
Clásico puede admitir intervenciones destinadas a atender externalidades,
financiar bienes públicos o corregir problemas específicos. La tradición
austríaca recuerda que esas intervenciones deben compararse con las
alternativas disponibles y que el Estado también enfrenta problemas de
información, incentivos e intereses particulares. No basta con identificar una
falla del mercado: es necesario examinar si la intervención propuesta puede
resolverla sin producir costos mayores.
Liberalismo clásico, Escuela
Austríaca, Minarquismo y anarcocapitalismo son tradiciones distintas, pero
comparten una preocupación fundamental: proteger la autonomía del individuo y
dar prioridad a las decisiones voluntarias frente a la coacción. Sus
diferencias no impiden que sus representantes puedan debatir, discrepar y
converger en asuntos políticos concretos.
Esa diversidad puede tener
cabida dentro del Centro Democrático. En su interior es posible encontrar
liberales clásicos, austríacos, minarquistas, conservadores y personas que
aceptan determinadas formas de intervención estatal, incluso de inspiración keynesiana.
No es necesario que todos compartan una misma concepción sobre cada política
pública. Lo importante es que exista un marco común de respeto por la libertad
individual, la propiedad, el Estado de derecho y la iniciativa privada.
La discusión entre estas
corrientes debe desarrollarse mediante argumentos y evaluación de resultados.
Una política no debe juzgarse solamente por la intención declarada de quienes
la proponen, sino por sus efectos sobre las personas, los incentivos, la productividad
y las instituciones. En ocasiones, distintas corrientes encontrarán soluciones
diferentes para un mismo problema. La pluralidad es legítima siempre que no se
convierta en indiferencia frente a los principios que dan identidad al partido.
Intentar evadir por completo
la dicotomía izquierda-derecha alegando que se trata de conceptos en desuso
tiene un costo político. La sociedad y los medios continúan organizando buena
parte de la discusión mediante esas categorías. Negar la propia ubicación no
elimina el debate: deja que otros definan su contenido. La salida coherente
consiste en reconocer que el Centro Democrático es una derecha heterogénea y
que su orientación debe medirse por su grado de afinidad con la libertad.
Lo que sí sería problemático
es que esa pluralidad permitiera la incorporación de posiciones abiertamente
antiliberales, entendidas como aquellas que subordinan sistemáticamente los
derechos individuales a una supuesta voluntad colectiva y justifican la concentración
arbitraria del poder. La libertad no significa ausencia de responsabilidades ni
desconocimiento de los intereses de los demás. Significa que ninguna autoridad
puede disponer de la vida, el trabajo o la propiedad de las personas sin
límites jurídicos y sin justificación legítima.
III. Colombia: desarrollo, democracia y
libertad económica
Los principios generales de la
libertad pueden ser compartidos por partidos que actúan en países muy
diferentes. Sin embargo, sus programas deben responder a las circunstancias
concretas de cada sociedad. Las tareas de una organización liberal en un país
de bajos ingresos sometido a una dictadura no son las mismas que las de un
partido que actúa en una democracia consolidada y de alto ingreso o de otro en
un país de ingreso medio y democracia precaria.
Para definir las prioridades del Centro Democrático es
necesario examinar la situación colombiana en tres dimensiones: desarrollo
económico, calidad democrática y libertad económica.
1. El nivel de desarrollo económico
El Banco Mundial clasifica las
economías según el ingreso nacional bruto per cápita, calculado mediante el
método Atlas. Colombia pertenece al grupo de países de ingreso medio alto. Esa
clasificación indica que el país ha superado los niveles de ingreso bajo y
medio bajo, pero todavía no ha alcanzado el umbral que define a las economías
de ingreso alto.
La situación colombiana
contrasta con la de varios países latinoamericanos, entre ellos Chile, Uruguay,
Costa Rica y Panamá, que han alcanzado la categoría de ingreso alto. La
comparación demuestra que el desarrollo económico no es un privilegio reservado
a un pequeño grupo de naciones ni una condición imposible de alcanzar para los
países de nuestra región.
La meta de Colombia debe ser
elevar sustancialmente el ingreso por habitante y crear las condiciones para
ingresar al grupo de economías de ingreso alto. Una aspiración razonable
consiste en superar los 15.000 dólares de PIB per cápita en un horizonte de
mediano plazo, aunque el logro de esa meta depende del crecimiento sostenido de
la productividad y de la inversión.
Los países de altos ingresos
suelen caracterizarse por una mayor intensidad de capital, una relación más
elevada entre capital y trabajo y una acumulación de inversión durante períodos
prolongados. El crecimiento no depende necesariamente de la disponibilidad de
recursos naturales o ni de la expansión del gasto público. Requiere
instituciones que favorezcan el ahorro, la formación de capital, la innovación,
la incorporación de tecnología y el desarrollo de empresas capaces de competir
en mercados nacionales e internacionales.
La inversión depende, a su
vez, de la estabilidad de las reglas, la protección de los derechos de
propiedad, la seguridad, la disponibilidad de infraestructura y la posibilidad
de calcular razonablemente los costos y beneficios de los proyectos. Un país en
el que las reglas cambian de manera imprevisible, los contratos no se cumplen y
la propiedad no está protegida difícilmente puede sostener niveles elevados de
inversión privada.
Por eso, el desarrollo
económico debe ocupar un lugar central en el programa del Centro Democrático.
No se trata de prometer resultados mediante decretos o planes gubernamentales,
sino de crear las condiciones institucionales para que los ciudadanos puedan
ahorrar, invertir, emprender y aprovechar las oportunidades que ofrece la
economía mundial.
2. La calidad de la democracia
El Índice de Democracia de la
Economist Intelligence Unit (EIU), vinculada al grupo editorial británico The
Economist, ofrece una referencia internacional para examinar la calidad de
las instituciones democráticas. Evalúa cinco dimensiones: proceso electoral y
pluralismo, funcionamiento del Gobierno, participación política, cultura
política y libertades civiles. Sus resultados permiten distinguir entre
democracias plenas, democracias defectuosas, regímenes híbridos y regímenes
autoritarios.
Colombia conserva elecciones
competitivas y pluralismo político, pero presenta debilidades persistentes en
el funcionamiento institucional y en la cultura democrática. La evolución de la
última década muestra un deterioro que merece atención.
La calificación colombiana
pasó de 6,67 puntos en 2016 a 7,13 en 2019. A partir de ese momento se observa
una tendencia descendente, aunque con algunas recuperaciones parciales: 7,04 en
2020, 6,48 en 2021, 6,72 en 2022, 6,55 en 2023 y 6,35 en 2024. Para 2025, los
reportes publicados en 2026 sitúan la calificación alrededor de 6,04 y ubican
al país en el puesto 73 de la clasificación mundial.
La caída no debe interpretarse
exclusivamente a partir del puesto ocupado, pues este depende también de la
evolución de los demás países. La reducción de la calificación propia resulta
más reveladora del deterioro experimentado por Colombia.
La situación es
particularmente preocupante porque el país se encuentra cerca del límite
inferior de la categoría de democracia defectuosa. En la clasificación de la
EIU, las democracias defectuosas obtienen entre 6 y 8 puntos, mientras que los
regímenes híbridos se sitúan entre 4 y 6. Con una calificación aproximada de
6,04, Colombia permanece técnicamente en la primera categoría, pero está muy
cerca de pasar a la segunda.
La comparación latinoamericana
confirma que el país no se encuentra entre las democracias mejor calificadas de
la región. En 2024, Uruguay obtuvo 8,67 puntos y Costa Rica 8,29, ambos
clasificados como democracias plenas. Chile alcanzó 7,83. Colombia, con 6,35,
quedó por debajo de esos tres países y en una posición intermedia dentro de la
región. En el otro extremo se encuentran países como Venezuela y Nicaragua,
clasificados como regímenes autoritarios.
La comparación muestra que la
existencia de elecciones no es suficiente para garantizar una democracia de
calidad. También importan la independencia de las instituciones, el respeto por
las libertades civiles, la rendición de cuentas, la cultura política y los
límites al ejercicio del poder.
Para el Centro Democrático, la
defensa de la democracia debe ir más allá de la competencia electoral. Supone
proteger la separación de poderes, la independencia de la justicia, la libertad
de expresión, el pluralismo y las garantías de la oposición. Un partido que se
define por la libertad no puede ser indiferente a la concentración del poder,
cualquiera que sea la orientación ideológica del gobierno que la promueva.
3. La libertad económica
La libertad económica es otra
dimensión fundamental para evaluar la situación colombiana. Dos indicadores
internacionales permiten aproximarse a ella: el Índice de Libertad Económica de
la Heritage Foundation y el Índice de Libertad Económica del Fraser Institute.
La edición 2026 del índice de
Heritage asigna a Colombia una calificación de 59,8 puntos sobre 100 y la ubica
en el puesto 91 entre 184 economías. El país aparece en la categoría de
economías «mayormente no libres». La cifra representa un retroceso frente a los
resultados de años anteriores: en 2017, por ejemplo, la calificación había sido
de 69,7 puntos.
La comparación regional es
desfavorable. Chile registra 74,3 puntos; Uruguay, 69,8; y Costa Rica, 69,1.
Colombia se encuentra claramente rezagada frente a esos países.
Los componentes del índice
permiten identificar algunos de los problemas institucionales más importantes.
En la edición de 2026, Colombia obtiene 43,1 puntos en derechos de propiedad,
41,6 en integridad del Gobierno y 49,8 en salud fiscal. Estas calificaciones
reflejan dificultades en la protección de los derechos patrimoniales, la
calidad de las instituciones públicas y la sostenibilidad de las finanzas
estatales.
El índice del Fraser Institute
ofrece una perspectiva complementaria. En su base de datos, Colombia obtiene
6,38 puntos en 2023 y 6,45 en 2024. Para este último año aparece en el puesto
97. La comparación con otros países latinoamericanos también muestra un rezago:
Chile registra 7,85; Costa Rica, 7,75; Perú, 7,44; y Uruguay, 7,18.
Los índices de Heritage y
Fraser utilizan metodologías diferentes, por lo que sus puntuaciones no deben
compararse directamente. Sin embargo, ambos ofrecen señales semejantes sobre la
posición relativa de Colombia y sus dificultades para garantizar un entorno
favorable a la actividad económica.
La baja protección de la
propiedad, la complejidad regulatoria, la presión tributaria, las deficiencias
del sistema judicial y la incertidumbre sobre las reglas afectan las decisiones
de inversión y la creación de empresas. También dificultan la formalización
laboral y empresarial. En un país con elevados niveles de informalidad, estos
obstáculos tienen consecuencias directas sobre las oportunidades de millones de
personas.
La conclusión del diagnóstico
es clara. Colombia ha alcanzado un nivel de ingreso medio alto, pero todavía no
ha consolidado instituciones democráticas de la calidad de las mejores de la
región ni un marco suficientemente favorable para el ejercicio de la libertad
económica. El desafío consiste en avanzar simultáneamente en las tres
dimensiones: desarrollo, democracia y libertad.
IV. ¿Por qué la libertad es mejor?
La defensa de la libertad no
debe descansar exclusivamente en argumentos filosóficos o jurídicos. También
debe examinarse a la luz de sus consecuencias sobre el bienestar de las
personas. La pregunta relevante es si las sociedades que ofrecen mayores espacios
a la iniciativa individual, la propiedad privada y el intercambio voluntario
alcanzan mejores resultados económicos y sociales.
Los estudios comparativos de
libertad económica muestran una asociación persistente entre mayores niveles de
libertad y mayores ingresos por habitante. En la edición 2026 del índice de
Heritage, el ingreso per cápita promedio de las economías clasificadas como
libres se sitúa alrededor de 112.000 dólares en paridad de poder adquisitivo.
En las economías mayormente libres se ubica cerca de 65.600 dólares; en las
moderadamente libres, alrededor de 33.900; y en las mayormente no libres y
reprimidas, aproximadamente entre 10.000 y 13.000 dólares.
Estas diferencias son
significativas. No demuestran, por sí solas, que una mayor libertad económica
produzca automáticamente un determinado nivel de ingreso. Los países difieren
en su historia, sus recursos, su geografía y la calidad de sus instituciones.
Pero la regularidad de la asociación es consistente con los mecanismos
económicos que la teoría liberal ha señalado durante mucho tiempo.
La propiedad privada permite
que las personas dispongan de los frutos de su trabajo y tengan incentivos para
ahorrar e invertir. La libertad contractual facilita la cooperación entre
individuos que poseen conocimientos, capacidades y recursos diferentes. La
competencia estimula la innovación y obliga a las empresas a mejorar la calidad
de sus productos y reducir sus costos. El sistema de precios transmite
información sobre la escasez y las preferencias de millones de personas,
información que ningún organismo central puede reunir de manera completa.
La libertad económica también
está asociada con menores niveles de pobreza. Durante las últimas décadas, la
proporción de la población mundial que vive en condiciones de pobreza extrema
ha disminuido de manera sustancial. Ese proceso ha coincidido con la expansión
del comercio, la inversión, la integración de economías antes cerradas y la
adopción de instituciones más favorables a la actividad privada en distintas
regiones del mundo.
No sería riguroso atribuir
todo ese resultado a una sola causa. La educación, la innovación tecnológica,
la salud pública, la infraestructura y la estabilidad política también han
desempeñado papeles importantes. Pero tampoco es razonable ignorar la contribución
de los mercados, el emprendimiento y la apertura económica a la creación de
oportunidades y al aumento de la productividad.
La relación entre libertad
económica y desigualdad requiere un examen más cuidadoso. No todos los
indicadores de desigualdad disminuyen necesariamente cuando aumenta la libertad
económica. Una economía puede crecer y generar nuevas oportunidades mientras
algunos ingresos aumentan más rápidamente que otros. Por eso, el coeficiente de
Gini, considerado aisladamente, no basta para evaluar el bienestar social.
Es necesario considerar
también la pobreza, el acceso a servicios, la movilidad social y las
oportunidades efectivas de las personas. La pregunta no debería limitarse a
establecer cómo se distribuye un ingreso agregado, sino examinar cómo se
genera, qué posibilidades tienen los individuos de mejorar su situación y qué
obstáculos institucionales impiden que desarrollen sus capacidades.
Desde esta perspectiva, la
igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades son más compatibles con una
sociedad libre que la pretensión de igualar por decreto los resultados
económicos. Los ingresos no son una magnitud que se distribuya de manera previa
a la actividad productiva. Se generan mediante el trabajo, el ahorro, la
inversión, la innovación y el intercambio. Las políticas públicas deben
procurar que las personas puedan participar en esos procesos, no sustituirlos
por decisiones administrativas.
También existen razones para
vincular la libertad con mejores resultados ambientales y sociales. Las
sociedades más prósperas disponen de mayores recursos para invertir en
tecnologías limpias, infraestructura y conservación. Los derechos de propiedad
bien definidos pueden contribuir a la protección de recursos naturales,
mientras que la innovación y la competencia permiten reducir los costos de
tecnologías menos contaminantes. Esto no significa que los mercados resuelvan
automáticamente todos los problemas ambientales. Significa que las soluciones
deben diseñarse comparando las alternativas disponibles y considerando tanto
las fallas del mercado como las del gobierno.
La libertad económica también
puede ampliar las oportunidades de las mujeres. El acceso al empleo, la
propiedad, el emprendimiento, la educación y los mercados permite reducir
dependencias personales y familiares y aumenta la capacidad de decisión individual.
Las barreras legales y regulatorias que restringen la participación económica
de las mujeres deben ser removidas, no sustituidas por nuevas formas de tutela
burocrática.
La evidencia comparada, en
suma, ofrece razones para considerar la libertad como una condición favorable
al bienestar. No se trata de afirmar que cualquier política de liberalización
produce resultados positivos en toda circunstancia. Se trata de reconocer que
la propiedad, la competencia, la estabilidad de las reglas y la iniciativa
individual constituyen mecanismos fundamentales para la creación de riqueza y
la ampliación de las oportunidades.
Para el Centro Democrático, la
defensa de la libertad debe ser, por tanto, una posición doctrinaria y también
una apuesta por resultados concretos: más inversión, más productividad, más
empleo formal, menor pobreza y mayores posibilidades de progreso para los
ciudadanos.
V. Una ruta programática para la libertad en
Colombia
Si la libertad ha de ser el
principio ordenador del Centro Democrático, debe traducirse en un programa de
gobierno. No basta con defenderla en términos generales. Es necesario
identificar las transformaciones institucionales y económicas que permitirían ampliar
el espacio de decisión de los ciudadanos.
Proponemos cinco líneas de
acción complementarias: seguridad, Estado de derecho, desregulación, reducción
del gasto de funcionamiento y disminución de la presión fiscal.
1. Seguridad y control
territorial
La primera responsabilidad de
un Estado legítimo es proteger la vida, la libertad y la propiedad de las
personas. Sin seguridad no hay libertad efectiva. Allí donde grupos armados
ilegales imponen sus reglas, extorsionan a los productores, restringen la movilidad
y sustituyen la autoridad legítima, los derechos individuales se convierten en
declaraciones sin contenido práctico.
La seguridad no debe
entenderse como un propósito exclusivamente militar. Es una condición para el
funcionamiento de la economía, la prestación de servicios públicos y la vida
cotidiana. La formalización de la propiedad rural, la inversión minera y energética,
el desarrollo de vías terciarias y la actividad empresarial dependen de que los
ciudadanos puedan ejercer sus derechos sin amenazas ni extorsiones.
La política de seguridad debe
recuperar el control territorial, fortalecer material y humanamente a las
Fuerzas Militares y a la Policía y garantizar que las autoridades puedan
cumplir sus funciones dentro del marco constitucional. También debe ofrecer seguridad
jurídica a los integrantes de la fuerza pública que actúan legítimamente, sin
desconocer los mecanismos de control y responsabilidad que corresponden a un
Estado de derecho.
La negociación con
organizaciones criminales no puede convertirse en una alternativa permanente a
la aplicación de la ley ni en un incentivo para la expansión de estructuras
armadas. Cualquier proceso de sometimiento o negociación debe tener condiciones
verificables, obligaciones claras y consecuencias frente al incumplimiento.
La misma lógica debe aplicarse
a la seguridad urbana y a la protección de la propiedad. Un país en el que los
títulos no se hacen respetar, en el que la extorsión condiciona la actividad
empresarial o en el que la violencia impide la libre circulación de las
personas no puede considerarse plenamente libre.
La seguridad es, por tanto, la
primera condición de la libertad y una responsabilidad irrenunciable del
Estado.
2. Estado de derecho y
protección de la propiedad
El segundo pilar es
institucional. La libertad requiere un sistema de justicia independiente,
oportuno y eficaz, capaz de proteger los derechos individuales y hacer cumplir
los contratos. La propiedad privada no es una garantía efectiva si su titular
no puede defenderla ante una ocupación ilegal o si los procesos judiciales se
prolongan indefinidamente.
Las bajas calificaciones de
Colombia en los componentes de derechos de propiedad e integridad del Gobierno
del índice de Heritage señalan problemas que afectan la confianza en las
instituciones. No se trata de cuestiones meramente técnicas. La incertidumbre
jurídica eleva los costos de inversión, reduce el horizonte de los proyectos y
dificulta la acumulación de capital.
Una agenda de fortalecimiento
del Estado de derecho debe incluir la reforma de la justicia penal, la
descongestión de los despachos judiciales, la agilización de los procesos
comerciales, la titulación de predios y la ejecución efectiva de los contratos.
También debe combatir la corrupción y desmontar los mecanismos de captura
clientelista de las entidades públicas.
La protección de la propiedad
rural merece especial atención. La informalidad en la tenencia de la tierra,
los conflictos de linderos y la inseguridad jurídica impiden que numerosos
propietarios utilicen sus activos como garantía, inviertan en ellos o los
transfieran de manera segura. La titulación y el registro deben convertirse en
instrumentos para ampliar la capacidad económica de las personas.
La separación de poderes es
igualmente indispensable. Un gobierno limitado es aquel que ejerce sus
atribuciones dentro de las competencias que le asignan la Constitución y la
ley. La utilización reiterada de facultades excepcionales, la pretensión de gobernar
por decreto y el debilitamiento de los controles institucionales afectan la
previsibilidad de las reglas.
Un partido orientado por la
libertad debe defender la independencia judicial, el control constitucional y
la función del Congreso. La estabilidad institucional es tan importante como el
contenido de las políticas públicas.
3. Desregulación y libertad
para emprender
La tercera línea de acción
consiste en revisar las barreras que el Estado interpone entre las personas y
sus actividades productivas. Los trámites innecesarios, las licencias
redundantes, las restricciones injustificadas y la inestabilidad normativa elevan
los costos de emprender y favorecen a las empresas que pueden pagar equipos
especializados para cumplir con la regulación.
La desregulación no significa
eliminar todas las normas. Significa exigir que cada regulación tenga una
justificación clara, que sus beneficios sean superiores a sus costos y que no
existan mecanismos menos restrictivos para alcanzar el mismo propósito. Las
normas deben proteger derechos y resolver problemas concretos, no convertirse
en instrumentos para favorecer intereses particulares o ampliar indefinidamente
las competencias burocráticas.
Una política de simplificación
regulatoria debería comenzar con un inventario de las normas, trámites y
funciones administrativas que afectan la actividad privada. Las disposiciones
redundantes, obsoletas o que no producen beneficios verificables deben ser
derogadas. Las funciones que puedan automatizarse deben digitalizarse, y las
que no tengan justificación deben desaparecer.
Podría establecerse una
instancia de eficiencia y desregulación con un mandato concreto: revisar las
normas que afectan la creación de empresas, el mercado laboral, el comercio
exterior, la inversión, la construcción y el uso de la propiedad. Su trabajo debería
estar sometido a metas verificables y a evaluaciones periódicas.
La política laboral también
debe considerar los efectos de la regulación sobre la formalidad. Cuando los
costos de contratación se alejan de la productividad de los trabajadores, las
empresas reducen sus posibilidades de crear empleo formal. El salario mínimo y
las cargas asociadas a la contratación deben analizarse teniendo en cuenta las
diferencias de productividad, las condiciones regionales y las oportunidades de
los trabajadores menos calificados.
En educación y salud debe
distinguirse entre financiación y provisión. Los recursos públicos pueden
contribuir a garantizar el acceso de quienes no tienen capacidad de pago, sin
que ello implique establecer monopolios estatales de prestación. La competencia
entre proveedores, la libertad de elección y los mecanismos de financiación que
sigan al usuario pueden ampliar las opciones y mejorar los incentivos para
ofrecer servicios de calidad.
La regulación debe estar al
servicio de las personas y no convertirse en un fin en sí misma. Una sociedad
libre necesita reglas claras, pero no una administración que pretenda controlar
cada decisión económica.
4. Reducción del gasto de
funcionamiento y reforma del Estado
La cuarta línea consiste en
revisar el tamaño, la estructura y las funciones del aparato estatal. El
objetivo no debe ser reducir el Estado de manera indiscriminada, sino
concentrarlo en las responsabilidades que justifican su existencia y mejorar su
capacidad para cumplirlas.
La discusión debe comenzar con
una evaluación de las entidades, los programas, las plantas de personal y las
funciones que se superponen. No es razonable mantener estructuras
administrativas que duplican tareas, producen informes sin utilidad o sobreviven
por razones distintas al cumplimiento de una función pública necesaria.
Una propuesta de reforma
podría contemplar una reducción gradual del número de ministerios: pasar de los
19 actuales a 13 en una primera etapa, luego a 11 y finalmente a 9, siempre que
un análisis funcional demuestre que las competencias pueden integrarse sin
deteriorar la prestación de servicios esenciales. También deberían revisarse
las consejerías, agencias, representaciones y entidades cuyas funciones puedan
ser asumidas por otras dependencias o cuya utilidad no pueda demostrarse.
La reducción del gasto de
funcionamiento no debe confundirse con el debilitamiento de la seguridad, la
justicia o las instituciones de control. Por el contrario, los recursos
ahorrados deben permitir fortalecer las funciones esenciales del Estado y mejorar
la calidad de la inversión pública.
La enajenación de
participaciones estatales en empresas no estratégicas y la venta de activos que
no tengan una justificación pública clara pueden formar parte de esta revisión.
Sin embargo, cada operación debe evaluarse con criterios de transparencia, competencia
y beneficio fiscal de largo plazo. La venta de activos no debe utilizarse para
ocultar desequilibrios presupuestales permanentes.
La expresión «Estado limitado»
no significa Estado indiferente. Significa un Estado que deja de competir con
los ciudadanos por el uso de sus recursos y se concentra en proteger sus
derechos y garantizar las condiciones institucionales de la cooperación social.
El ahorro fiscal debe
traducirse en menor endeudamiento, mejor inversión o reducción de impuestos. De
lo contrario, la reforma administrativa se limitaría a modificar la estructura
del gasto sin ampliar realmente la libertad de los ciudadanos.
5. Reducción de la presión
fiscal
La quinta línea completa la
propuesta. No tendría sentido reducir el tamaño del aparato estatal y mantener
intacta una estructura tributaria que castiga el ahorro, la inversión, el
trabajo y la formalización.
Colombia necesita un sistema
tributario más sencillo, estable y competitivo. Las tasas elevadas, la
multiplicidad de gravámenes, los tratamientos diferenciales y los costos de
cumplimiento afectan la actividad empresarial y crean incentivos para permanecer
en la informalidad.
La reforma debe orientarse a
reducir gradualmente las tarifas del impuesto de renta para personas y
empresas, eliminar el impuesto al patrimonio y simplificar el IVA. La reducción
de la carga tributaria debe acompañarse de una devolución o compensación focalizada
para los hogares de menores ingresos, de manera que la simplificación no
implique un deterioro de su capacidad de consumo.
También es necesario revisar
las cargas parafiscales y los costos no salariales que encarecen la
contratación formal. La creación de empleo depende de que los costos de
contratar trabajadores sean compatibles con su productividad y con la capacidad
de pago de las empresas.
La comparación internacional
puede ofrecer referencias útiles. Singapur, por ejemplo, combina tasas
relativamente bajas de tributación sobre la renta con una carga tributaria
agregada moderada. No se trata de copiar mecánicamente su estructura fiscal, pues
las condiciones institucionales y demográficas son diferentes, sino de
reconocer que la competitividad tributaria puede contribuir a atraer inversión
y estimular el ahorro.
La reducción de impuestos debe
ser compatible con la sostenibilidad de las finanzas públicas. No puede
financiarse con endeudamiento permanente ni con la expectativa de que el
crecimiento económico resolverá automáticamente cualquier desequilibrio. La condición
indispensable es una revisión previa del gasto y una trayectoria fiscal
creíble.
Estas cinco líneas —seguridad,
Estado de derecho, desregulación, reducción del gasto de funcionamiento y menor
presión fiscal— son complementarias. Sin seguridad, la propiedad es una
garantía de papel. Sin justicia, los contratos pierden credibilidad. Sin
desregulación, la iniciativa privada queda sometida a obstáculos innecesarios.
Sin control del gasto, la reducción de impuestos no es sostenible. Y sin una
menor presión fiscal, el ahorro administrativo no se traduce en mayores
oportunidades para los ciudadanos.
La libertad exige que estas
políticas se conciban como partes de una misma transformación institucional.
VI. El Centro Democrático y agrupaciones
políticas similares
La experiencia internacional
ofrece ejemplos útiles de organizaciones políticas que han logrado reunir
corrientes distintas dentro de una misma estructura.
El Partido Liberal Democrático
de Japón
El Partido Liberal Democrático
de Japón, fundado en 1955 mediante la fusión de las principales corrientes
conservadoras de la posguerra, constituye uno de los ejemplos más duraderos de
partido de amplia composición ideológica en una democracia industrial.
A lo largo de su historia ha
albergado sectores nacionalistas, conservadores, reformistas y relativamente
liberales. Sus facciones internas han desempeñado un papel importante en la
organización de la competencia política y en la distribución del poder dentro
del partido. No ha sido una organización doctrinariamente homogénea.
Su trayectoria también ha
estado asociada con una presencia estatal considerable en la orientación del
desarrollo económico, especialmente durante las décadas de rápido crecimiento
de la posguerra. Por eso, no debe presentarse como un modelo de liberalismo
económico puro. Su principal enseñanza para el Centro Democrático es de
carácter organizativo: una fuerza política puede reunir sensibilidades
diferentes y conservar una identidad reconocible si existe un núcleo compartido
de principios y objetivos.
La lección no consiste en
copiar sus facciones ni sus políticas económicas, sino en reconocer que la
diversidad interna no es incompatible con la disciplina política y la
continuidad institucional.
El Partido Republicano de
Estados Unidos
El Partido Republicano
estadounidense presenta una experiencia diferente, pero igualmente ilustrativa.
A lo largo de su historia ha reunido liberales clásicos, libertarios,
conservadores fiscales, sectores religiosos y social-conservadores. Durante
varias décadas, el llamado fusionismo permitió articular corrientes que no
compartían todas sus concepciones sobre la sociedad, pero coincidían en la
defensa de la libertad económica, la tradición y la seguridad nacional.
Frank Meyer fue uno de los
principales formuladores de esa síntesis. Su argumento consistía en que la
libertad individual y la virtud no eran necesariamente valores contradictorios.
La sociedad civil, la familia y las instituciones voluntarias podían cumplir
funciones fundamentales sin que el Estado tuviera que dirigirlas o
sustituirlas.
Durante la presidencia de
Ronald Reagan, esa coalición encontró una expresión política particularmente
influyente. La reducción de impuestos, la defensa de la iniciativa privada, la
política de seguridad y la crítica al crecimiento del Estado formaron parte de
una agenda común. No desaparecieron las diferencias entre las corrientes, pero
existió un marco que permitió coordinarlas.
El Partido Republicano
contemporáneo atraviesa tensiones importantes entre posiciones libertarias,
conservadoras, nacionalistas y populistas. Esas diferencias muestran que una
coalición amplia necesita un criterio ordenador y mecanismos de deliberación. Cuando
una corriente pretende imponer sus preferencias a las demás o utilizar el
Estado para dirigir la vida económica y social, la unidad se vuelve más
difícil.
Para el Centro Democrático, el
paralelo es relevante. Su tradición uribista ha combinado seguridad
democrática, confianza inversionista, cohesión social y austeridad estatal.
Dentro de ese marco pueden convivir quienes priorizan la desregulación, la reducción
de impuestos y la apertura económica con quienes enfatizan la doctrina social,
la protección de la familia y la subsidiariedad. La condición es que ambas
sensibilidades reconozcan la libertad individual, la propiedad y el Estado de
derecho como principios comunes.
El Partido Popular de España
El Partido Popular español
ofrece otro ejemplo de organización de amplia composición ideológica. En su
trayectoria ha reunido familias liberales, democristianas y conservadoras. Su
identidad combina la defensa de la democracia liberal, la economía social de
mercado, la iniciativa privada y una concepción de la cohesión social inspirada
en el humanismo cristiano.
La economía social de mercado
que reivindica no supone entregar al Estado la dirección general de la
economía. Busca combinar la iniciativa privada y la competencia con
instituciones que garanticen un marco jurídico estable y condiciones para la
participación social.
La experiencia del Partido
Popular muestra que la defensa del mercado y la responsabilidad individual
puede convivir con posiciones conservadoras y democristianas. También enseña
que la amplitud ideológica requiere una orientación reconocible. Un partido que
renuncia a definir sus principios corre el riesgo de convertirse en una
coalición electoral sin identidad programática.
Los tres ejemplos tienen
diferencias importantes. El Partido Liberal Democrático japonés ha aceptado una
intervención estatal considerable en el desarrollo económico; el Partido
Republicano estadounidense ha atravesado conflictos entre sus corrientes liberales
y nacionalistas; y el Partido Popular español se identifica con una economía
social de mercado. No son modelos equivalentes ni deben copiarse mecánicamente.
Su enseñanza común es otra:
una organización política puede albergar sensibilidades diferentes sin
renunciar a una identidad compartida. La pluralidad funciona cuando existe un
marco de principios que permite resolver las diferencias y cuando las propuestas
se someten a la evaluación de sus resultados.
El Centro Democrático puede
aspirar a convertirse en una organización a las tres mencionadas. Para ello no
necesita expulsar a las corrientes que discrepan sobre asuntos específicos ni
exigir una ortodoxia económica o filosófica. Necesita, en cambio, establecer
con claridad cuáles son los principios que ninguna de esas corrientes debería
desconocer.
La libertad individual, la
propiedad privada, la iniciativa empresarial, la seguridad, la igualdad ante la
ley, la separación de poderes y la limitación del poder estatal pueden
constituir ese núcleo común.
La discusión sobre las
políticas públicas debe ser abierta. Habrá diferencias legítimas sobre la
financiación de la educación, la organización del sistema de salud, el diseño
de la política social, la regulación de los mercados y el alcance de las funciones
estatales. Esas diferencias deben resolverse mediante argumentos, deliberación
y evaluación de resultados, no mediante la descalificación de quienes sostienen
posiciones distintas.
La diversidad no debe
confundirse con la indefinición. Un partido que se declara de centro para
evitar que lo identifiquen con la derecha termina discutiendo en el terreno que
otros han escogido. Un partido que reconoce su ubicación y define su identidad
alrededor de la libertad puede participar activamente en la construcción del
marco político de la discusión nacional.
VII. Conclusión
El Centro Democrático no
necesita resolver su identidad mediante una disputa terminológica entre quienes
lo consideran un partido de centro y quienes lo ubican a la derecha del
espectro político. Esa discusión tiene una respuesta relativamente sencilla: por
su origen, su trayectoria y buena parte de sus posiciones programáticas, es un
partido de derecha. Pero reconocerlo no significa exigirle uniformidad
ideológica ni desconocer la diversidad de tradiciones que conviven en su
interior. Significa, más bien, asumir esa diversidad y darle un principio
ordenador.
Ese principio puede y debe ser
la libertad.
La libertad no es una consigna
abstracta ni se reduce a la defensa de los mercados. Comprende la autonomía de
las personas para orientar sus vidas, disponer de su trabajo y de sus bienes,
emprender, contratar, asociarse y desarrollar sus proyectos sin interferencias
arbitrarias. Requiere, por supuesto, un orden jurídico que proteja los derechos
individuales, haga cumplir los contratos y garantice la seguridad. No hay
libertad efectiva donde imperan la violencia, la arbitrariedad o la impunidad.
Tampoco la hay cuando el Estado, invocando propósitos colectivos, sustituye
sistemáticamente las decisiones de los ciudadanos por las de los funcionarios.
La experiencia internacional y
los indicadores comparados ofrecen razones para tomar en serio esta
orientación. Colombia presenta debilidades tanto en la calidad de sus
instituciones democráticas como en la protección de la libertad económica. La
caída en el Índice de Democracia de la Economist Intelligence Unit y los
resultados de los índices de Heritage y Fraser muestran que el país tiene
problemas persistentes de funcionamiento institucional, seguridad jurídica,
protección de la propiedad y calidad de las reglas que gobiernan la actividad
productiva. No son simples posiciones en una clasificación internacional: son
señales de obstáculos que afectan la inversión, el emprendimiento y las
oportunidades de los ciudadanos.
La respuesta no consiste en
proclamar un Estado débil ni en desentenderse de los problemas sociales.
Consiste en construir un Estado limitado en sus atribuciones, pero eficaz en el
cumplimiento de sus responsabilidades. Un Estado que proteja la vida, la libertad
y la propiedad; que administre justicia oportunamente; que asegure el
territorio; que haga respetar la ley y que garantice condiciones para que las
personas puedan desarrollar sus capacidades. Un Estado que no pretenda dirigir
la economía ni administrar la vida de los ciudadanos, sino que establezca
reglas generales, estables y previsibles para que la sociedad despliegue su
iniciativa.
De esa concepción se desprende
una agenda concreta: recuperar la seguridad y el control territorial;
fortalecer el Estado de derecho y la protección de los derechos de propiedad;
desmontar regulaciones y trámites innecesarios; revisar el tamaño y las funciones
del aparato administrativo; y reducir la carga tributaria de manera compatible
con la sostenibilidad de las finanzas públicas. Estas tareas no son
independientes. La reducción del gasto debe hacer posible una menor presión
fiscal; la desregulación debe ir acompañada de seguridad jurídica; y la defensa
de la propiedad requiere una autoridad legítima capaz de hacer cumplir la ley.
El Centro Democrático puede
reunir, como lo hacen otras grandes organizaciones políticas de derecha,
corrientes liberales, conservadoras, democristianas y libertarias. No tiene que
exigirles que compartan todas sus preferencias sobre educación, salud, política
social o configuración institucional. Sí debe pedirles que reconozcan un marco
común: la dignidad y la autonomía del individuo, la propiedad privada, la
iniciativa particular, la igualdad ante la ley, la economía de mercado y la
limitación del poder político.
Las diferencias entre esas
corrientes deben resolverse mediante la deliberación, el examen de los
argumentos y la evaluación de los resultados. No mediante la descalificación ni
la pretensión de imponer una ortodoxia. La diversidad es una fortaleza cuando
existe un principio que permite ordenar las discrepancias; se convierte en una
debilidad cuando el partido renuncia a definir aquello que lo distingue.
El desafío del Centro
Democrático consiste, entonces, en dejar de ser una fuerza política definida
principalmente por su oposición a otros proyectos y convertirse en una
organización capaz de proponer una transformación institucional y económica de
largo plazo. Para ello debe asumir sin complejos su ubicación en la derecha
democrática y dar contenido a esa posición mediante una defensa consecuente de
la libertad.
No se trata de escoger entre
libertad y orden. Se trata de comprender que el orden legítimo es la condición
institucional de la libertad y que esta, a su vez, es el propósito de ese
orden. La enseña republicana de Colombia, «Libertad y Orden», expresa precisamente
esa relación.
Una derecha plural, orientada
por la libertad y juzgada por los resultados de sus propuestas, puede ser la
contribución propia del Centro Democrático a la renovación de la política
colombiana.
Bibliografía
- EIU (Economist Intelligence Unit). Democracy
Index. Informes anuales, especialmente 2024 y 2025.
- Fraser Institute. Economic Freedom of
the World. Informes y base de datos, especialmente las observaciones
de 2023 y 2024.
- Giddens, Anthony (1999). La tercera
vía: renovación de la socialdemocracia. Taurus, Barcelona.
- Hayek, Friedrich A. (1997). Los
fundamentos de la libertad. Ediciones Folio, Barcelona.
- Heritage Foundation. Index of Economic
Freedom. Edición 2026.
- Nozick, Robert (2012). Anarquía, Estado
y utopía. Fondo de Cultura Económica, México.
- Rand, Ayn (2007). La rebelión de Atlas.
Grito Sagrado, Buenos Aires.
- Rothbard, Murray N. (2005). Hacia una
nueva libertad: el manifiesto libertario. Grito Sagrado, Buenos Aires.
- Smith, Adam (1776). Investigación sobre
la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones.
- Banco Mundial. Clasificación de países por
nivel de ingreso e indicadores de ingreso nacional bruto per cápita.
- Vélez Álvarez, Luis Guillermo (2025). «La
escuela austríaca de teoría económica». Blog
personal.
LGVA - IMP
Octubre 18 de 2026
* Los autores son militantes del
Centro Democrático. Están convencidos que las ideas aquí expuestas son un
desarrollo lógico de los principios del Partido tal y como se expresan en el
preámbulo de los Estatutos. Admiten que esa convicción, de momento, solo los
compromete a ellos. Al hacerlas públicas, buscamos que sean debatidas,
ampliadas, profundizadas, enriquecidas y finalmente compartidas por el mayor
número de militantes como elemento del cuerpo de doctrina del Partido.
