Listas cerradas, listas abiertas, voto preferente

 

Listas cerradas, listas abiertas, voto preferente

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista

El presidente Alfonso López Michelsen decía que las listas electorales se parecen a un LP o a un CD: uno está obligado a comprar todas las canciones, aunque solo le gusten un par. La analogía sigue siendo pertinente. Algunos jóvenes creen que el voto preferente les permite “armar su propia lista”, como si la política fuera Spotify. Se equivocan: el voto preferente no altera la distribución de curules entre listas; solo decide el orden interno de quienes ya resultaron beneficiados por la fórmula electoral.

Conviene distinguir. Los sistemas electorales se dividen en mayoritarios y proporcionales. En los primeros, quien obtiene la mayoría se lleva todo; en los segundos, las curules se distribuyen en proporción a los votos. Ningún método logra una proporcionalidad perfecta, pero algunos se aproximan más que otros. Existen dos grandes familias: los métodos de residuo mayor y los de promedio mayor.

El más conocido de los primeros es la cuota de Hare o cociente electoral, que rigió en Colombia hasta 2002. Bajo ese esquema, el total de votos se dividía por el número de curules para obtener el cociente. Cada lista alcanzaba tantas curules como veces superara ese cociente, y las restantes se asignaban por los mayores residuos. El incentivo era perverso: dividir fuerzas en múltiples listas permitía ganar curules adicionales por residuo. No por azar, en 2002 compitieron 312 listas al Senado y 96 obtuvieron escaño; la mayoría por residuo.

Desde 2006 rige el método de D’Hont, un sistema de divisores que pertenece a los métodos de promedio mayor. Los votos de cada lista que supera el umbral se dividen sucesivamente por 1, 2, 3… hasta el número de curules.  Resulta una matriz de cocientes cuyo número de elementos es el producto del número de listas por el número de curules. Para el senado que se elegirá el 8 de marzo de 2026 se inscribieron 16 listas, si 8 de ellas superan el umbral, la matriz de cocientes tendrá 800 elementos. Los elementos de la matriz se ordenan de mayor a menor y el centésimo el elemento es la cifra repartidora. La votación de cada partido se divide por esa cifra y la parte entera es el número de curules que le corresponde. 

Todas las curules “cuestan” lo mismo en votos y desaparece el juego de los residuos. El efecto fue inmediato: menos listas y mayor agregación partidista. A ello se suma el umbral del 3 % para el Senado: quien no lo alcance, queda excluido del reparto. La combinación de cifra repartidora y umbral empuja hacia la concentración y desalienta la atomización.

Pero nada de esto depende del voto preferente. La fórmula electoral define cuántas curules obtiene cada lista; el voto preferente solo ordena a los candidatos dentro de ella. Si una lista obtiene veinte curules, serán elegidos los veinte más votados dentro de esa lista —si es abierta— o los veinte primeros inscritos —si es cerrada—. El candidato 21, por más popular que sea en términos absolutos, no resultará elegido si su lista solo alcanzó veinte escaños.

De ahí la conclusión práctica para el 8 de marzo: la primera decisión es política, no personal. Se vota ante todo por una lista, es decir, por un partido y un proyecto colectivo. La segunda decisión, opcional, es por un candidato específico dentro de esa lista. Si se marca solo el logo, el voto es válido; si se marca logo y número, también. 

No hay atajos individuales en un sistema proporcional con cifra repartidora. Quien crea que puede elegir “al bueno” sin respaldar al resto de la lista desconoce la mecánica electoral. El voto preferente no es un mecanismo de independencia moral; es apenas un instrumento de orden interno. La responsabilidad política comienza por escoger bien la lista. Luego, si se quiere, el nombre o, mejor, el número.

LGVA

Febrero de 2025

Sencilla defensa de la libertad de comercio

 

Sencilla defensa de la libertad de comercio

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

Para un economista educado en la tradición clásica del comercio internacional es claro como el agua que la libertad comercial aumenta el bienestar de los consumidores de todos los países que intervienen en ese comercio al aumentar la variedad y cantidad de bienes y servicios a su alcance con un menor costo para todos.

El objeto de la producción es el consumo de los individuos y su riqueza no es otra cosa que cantidad y variedad de bienes y servicios que tiene a su disposición en un momento dado. El estándar es el PIB per cápita anual.

Una nación es un territorio en el que viven, producen, consumen y comercian entre sí cierto número de individuos separados comercialmente de los demás individuos del mundo por unos impuestos llamados aranceles y una moneda nacional.

Evidentemente, con relación a los individuos que viven en el Chocó los que habitamos en Antioquia no formamos una nación. Tampoco la formamos los individuos que habitamos Medellín con relación a los demás habitantes del departamento de Antioquia.  Tenemos la misma moneda y no hay aduanas ni aranceles que impidan el comercio.

Es un hecho que los habitantes del Chocó son menos ricos que los de Antioquia y los del resto de Antioquia también lo son menos con relación a los de Medellín.  Así las cosas, ¿Por qué no poner aranceles al comercio entre los chocoanos y los antioqueños y hacer que entre cada grupo se comercie en su propia moneda?  ¿Por qué no hacer lo mismo entre los de Medellín y el resto de Antioquia? ¿Por qué no hacerlo entre los habitantes de El Poblado y los de Guayabal? ¿Por qué no poner aranceles entre tú y yo y tener cada uno su propia moneda? ¿Por qué no volver a la total autarquía y así volvernos todos más ricos?

Imagino que me dirás que eso es lo más estúpido que has oído. Pues bien, poner o aumentar aranceles entre naciones es igualmente estúpido.

La especialización o división del trabajo y el intercambio libre y voluntario entre los individuos son dos de los cinco pilares fundamentales de ese orden espontáneo que llamamos economía de mercado. Los otros tres son la propiedad individual, el cálculo económico y la moneda. Eso es lo que en un artículo del mismo nombre he llamado la Atmósfera Económica. Puedes consultarlo en mi blog.

No he hablado ni de empresas ni de estados. Los aranceles y la tal soberanía monetaria solo pueden defenderse desde el punto de vista de los productores y de los políticos. Productores de todas las épocas y países han siempre buscado convencer a los políticos (reyes, presidente, parlamentarios, etc.) de que la riqueza de las naciones coincide o es la de sus propias empresas. Eso es lo que Adam Smith llamó mercantilismo. Después lo han llamado nacionalismo económico, soberanía nacional, etc. Se habla de proteger el empleo nacional pero lo único que se protege son los beneficios de empresarios incapaces de competir. Y, por supuesto, el poder de los políticos que se debilita con la libertad económica.

 

La raíz de las dos últimas guerras civiles europeas, mal llamadas guerras mundiales, fue el nacionalismo económico. Ese es el origen último de todas las guerras.

Desde Adam Smith los economistas pura sangre nos hemos esforzado por convencer a los políticos y la sociedad toda de las ventajas de la absoluta libertad comercial y de la completa libertad monetaria. Ojalá lo logremos antes de que otra guerra acabe con la humanidad o nos condene a un brutal retroceso económico.

LGVA

Febrero de 2026.

El nuevo diezmo sobre la riqueza

 El nuevo diezmo sobre la riqueza

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

Cada cierto tiempo reaparece, con ropaje académico y tono moralizante, la vieja prédica contra la desigualdad. Cambian los nombres, se sofistican las bases de datos, se multiplican los modelos econométricos, pero el presupuesto intelectual permanece intacto: la riqueza sería una masa preexistente, una suerte de torta gigantesca cuya distribución puede corregirse a voluntad sin alterar el proceso que la genera.

En mi artículo El espantajo de la desigualdad señalé que esa metáfora —tan arraigada en la tradición clásica y reciclada por el igualitarismo contemporáneo— es profundamente engañosa. Los ingresos no se distribuyen: se ganan. No existen al margen de los intercambios y de los precios. El campesino que vende en la plaza obtiene ingreso si alguien compra; si nadie compra, no hay “porción” que repartirle. Lo mismo ocurre con el gran empresario: su fortuna depende de millones de decisiones voluntarias de consumidores que adquieren bienes y servicios que juzgan útiles.

Sin embargo, el economista francés Gabriel Zucman propone hoy un impuesto global del 2% anual sobre las grandes fortunas. La cifra parece modesta; la implicación es colosal. No se trata de gravar un flujo de renta sino un stock de capital. Es decir, no se grava lo que el patrimonio produce sino el patrimonio mismo, año tras año, como si se tratara de una cantera inagotable.

Pero el capital no es una bóveda llena de monedas de oro. Son acciones, bonos, fábricas, centros de datos, redes logísticas, proyectos de investigación. Un impuesto permanente del 2% anual, en un mundo donde la rentabilidad real puede rondar el 4%, equivale a confiscar la mitad del rendimiento. Si la rentabilidad es menor, erosiona el capital mismo. No es un ajuste cosmético: es un desincentivo estructural a la acumulación.

Se dirá que los ricos pueden pagar. Siempre pueden pagar… hasta que dejan de invertir. Y lo que importa no es cuánto ganan los ricos sino qué hacen con lo ganado. A diferencia de los potentados del Antiguo Régimen, los ricos del capitalismo reinvierten buena parte de sus ingresos en actividades productivas. Esa reinversión eleva la relación capital-trabajo, aumenta la productividad y, a la postre, los salarios reales. El crecimiento —no la redistribución— es lo que ha reducido la pobreza en los últimos dos siglos.

La evidencia empírica, tan cara a los cruzados de la desigualdad, es incómoda para su causa. Los países con más multimillonarios no son los más pobres sino los más prósperos. Allí donde se protege el capital y se estimula la inversión, florecen grandes fortunas… y desaparece la pobreza extrema. Donde se hostiga la acumulación, el resultado no es igualdad opulenta sino igualdad en la penuria.

Tampoco resiste escrutinio la obsesión con las herencias. Las grandes fortunas rara vez sobreviven intactas más allá de dos o tres generaciones. La competencia, la innovación y la inexorable soberanía del consumidor erosionan patrimonios mal administrados. No es la cuantía inicial lo que garantiza el rendimiento, sino la capacidad de asignar capital a empresas que satisfagan necesidades reales.

En el fondo, el impuesto global al patrimonio descansa en una sospecha moral: que la riqueza, por su sola magnitud, es injusta. Pero esa sospecha ignora que la riqueza en economías abiertas es el resultado de intercambios voluntarios y que gravarla sistemáticamente es gravar la inversión futura.

Sacudir el árbol puede hacer caer algunos frutos. Sacudirlo cada año, con afán redistributivo, puede terminar por secarlo. Y sin árbol no hay frutos que repartir.

Impuestos, salarios y la ilusión fiscal

 

Impuestos, salarios y la ilusión fiscal

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

Hay ideas que, de tanto repetirse, adquieren la apariencia de axiomas. Una de ellas —frecuente en políticos — sostiene que reducir los impuestos a las empresas permitiría elevar los salarios. La tesis es atractiva: menos Estado, más empresa; menos tributo, más remuneración. Suena casi contable. Pero la economía no es un libro de caja menor.

Conviene comenzar por una pregunta elemental: ¿qué determina el salario? En una economía de mercado, el salario no es una dádiva del empresario ni una concesión moral del capital; es, en condiciones competitivas, el precio del trabajo. Y como todo precio, está determinado por la interacción entre oferta y demanda. Más aún: en el marco analítico estándar, el salario real tiende a corresponder a la productividad marginal del trabajador. Se paga, en equilibrio, lo que el trabajador aporta al valor del producto.

Si esto es así, la idea de que una reducción del impuesto corporativo se traducirá automáticamente en mayores salarios encierra una suposición implícita: que los salarios actuales están por debajo de la productividad. Es decir, que el empresario dispone de un margen salarial reprimido que el fisco le impide liberar. Pero si tal margen existiera de manera sistemática, la competencia entre empresas por trabajadores lo erosionaría. La empresa que pagara menos de la productividad perdería mano de obra frente a la que pagara más. El mercado, no el ministro de Hacienda, sería el corrector.

De ahí la primera objeción: los impuestos a las empresas no se pagan con “salarios retenidos”, sino con utilidades, esto es, con la remuneración del capital una vez cubiertos los costos, entre ellos el trabajo. Sugerir que el tributo impide subir salarios equivale a afirmar que el Estado está apropiándose de una porción del ingreso laboral disfrazada de utilidad. Es una tesis fuerte y, en general, difícil de sostener.

Ahora bien, el análisis no puede agotarse en el modelo estático. Los defensores de la reducción tributaria suelen apelar a un argumento dinámico: menores impuestos elevan la rentabilidad del capital, estimulan la inversión, aumentan el acervo de capital por trabajador y, en consecuencia, elevan la productividad y los salarios reales en el largo plazo. Aquí el razonamiento es más sofisticado. No se trata de liberar una bolsa salarial reprimida, sino de modificar las condiciones de acumulación.

Este argumento tiene coherencia interna. Pero su validez empírica depende de varios supuestos exigentes: movilidad efectiva del capital, sensibilidad significativa de la inversión a la tributación, seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y, no menos importante, un entorno donde la acumulación de capital se traduzca realmente en mayor productividad laboral y no en rentas protegidas. Sin estas condiciones, la rebaja tributaria puede limitarse a engrosar utilidades sin alterar sustancialmente la trayectoria salarial.

En economías como la colombiana, caracterizadas por alta informalidad, segmentación laboral y heterogeneidad empresarial, el panorama es aún más complejo. Una parte considerable del empleo opera al margen de la tributación corporativa formal. En ese universo, la reducción del impuesto a la renta empresarial difícilmente incidirá en los salarios, porque el problema no es la carga fiscal sobre utilidades sino la baja productividad estructural y la precariedad institucional.

Además, la incidencia efectiva del impuesto corporativo —quién lo soporta en última instancia— no coincide necesariamente con quien lo paga formalmente. Parte puede recaer sobre el capital; parte, en determinadas circunstancias, sobre el trabajo; parte, incluso, sobre los consumidores. La distribución depende de elasticidades, movilidad y estructura de mercado. No es un automatismo ideológico sino una cuestión empírica.

En suma, afirmar que reducir impuestos empresariales permitirá subir salarios es, en el mejor de los casos, una proposición condicional que exige una cadena de supuestos; en el peor, una simplificación que confunde contabilidad con teoría económica. Los salarios no dependen de la benevolencia del empresario ni del alivio tributario coyuntural, sino de la productividad, la competencia y la calidad institucional.

La discusión de fondo no es si menos impuestos son buenos o malos en abstracto, sino qué tipo de estructura fiscal y qué entorno institucional maximizan la inversión productiva y la remuneración sostenible del trabajo. Sin esa arquitectura, la promesa salarial puede convertirse en un espejismo fiscal: una ilusión en la que el tributo aparece como obstáculo visible y la productividad como variable olvidada.

Y en economía, como en política, las ilusiones suelen ser más rentables en el discurso que en la realidad.

LGVA

Febrero de 2026.

 

2026: el año en que Colombia puede cruzar un punto de no retorno

 

2026: el año en que Colombia puede cruzar un punto de no retorno

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

I.             Introducción

Las economías no colapsan de un día para otro. Antes de que aparezcan la hiperinflación, la devaluación masiva, la cesación de pagos o el cierre del crédito internacional, ocurre algo más sutil y más peligroso: se deterioran las condiciones que hacen posible el funcionamiento normal del sistema económico.

En otro artículo publicado en este blog, a ese conjunto de condiciones – división de trabajo funcional, moneda estable, cálculo económico basado en precios libres, intercambio libre y voluntario y propiedad privada protegida - la llamé la Atmósfera Económica[1]. La expresión es precisa. Cuando el aire es limpio, nadie lo nota; cuando se contamina, respirar se vuelve difícil incluso antes de que haya asfixia.

Hoy Colombia no enfrenta una crisis abierta. Pero sí muestra signos de erosión en su atmósfera económica. El riesgo no es un estallido inmediato, sino la acumulación de deterioro. Puede haber gasto, puede haber consumo, puede haber retórica redistributiva, pero no hay crecimiento complejo.

II.           El problema no es ideológico, es funcional

La teoría económica lo explicó hace casi un siglo. Ludwig von Mises demostró que sin propiedad privada y precios formados en el mercado no es posible calcular racionalmente qué proyectos generan valor y cuáles destruyen recursos. Más tarde, Friedrich Hayek explicó que los precios transmiten información dispersa que ningún gobierno puede centralizar.

Cuando las señales se distorsionan —por intervenciones discrecionales, inseguridad jurídica o incertidumbre regulatoria— el cálculo económico se vuelve opaco. Y cuando el cálculo falla, la inversión se frena.

Eso es exactamente lo que empieza a observarse en Colombia: caída relativa de la inversión privada, crecimiento potencial reducido y productividad estancada. No es colapso. Es debilitamiento.

III.         Captura institucional o golpe de estado por cuotas[2].

El riesgo estructural más serio no es un golpe militar ni el cierre del Congreso. Es algo más sofisticado: la captura progresiva de instituciones clave sin ruptura formal del régimen democrático. Un “golpe por cuotas”.

Este fenómeno se caracteriza por:

• Colonización gradual de órganos de control.
• Presión política sobre entidades autónomas.
• Uso selectivo del aparato sancionatorio.
• Deslegitimación discursiva de los contrapesos.

No se necesita abolir la Constitución para alterar su funcionamiento real. Basta con modificar los equilibrios internos.

El impacto económico es inmediato en expectativas, aunque no siempre visible en cifras. Aumenta la prima de riesgo, se acortan los horizontes de inversión y el capital se vuelve defensivo.

IV.         El riesgo territorial

A esto se suma un factor crucial: la fragmentación territorial. Cuando el Estado pierde control efectivo en regiones productivas mientras aumenta la presión regulatoria en la economía formal, se produce una asimetría peligrosa:

Más intervención donde hay legalidad.
Más impunidad donde hay ilegalidad.

El resultado es desplazamiento progresivo de actividad hacia la informalidad o economías ilícitas. No porque los empresarios prefieran el desorden, sino porque la atmósfera formal se vuelve más densa que la alternativa irregular.

V.          Las fases del deterioro

El proceso no es instantáneo. Puede describirse en cinco etapas:

1.   Polarización y deslegitimación institucional.

2.   Intervenciones regulatorias selectivas.

3.   Caída sostenida de la inversión.

4.   Desanclaje de expectativas fiscales o monetarias.

5.   Estancamiento estructural.

El punto crítico no es una crisis espectacular. Es el momento en que la economía entra en una trampa de bajo crecimiento difícil de revertir.

Podríamos definir ese punto de no retorno como la coincidencia de tres factores durante un periodo prolongado: inversión privada deprimida, crecimiento potencial inferior al 2% y prima de riesgo persistentemente alta frente a la región.

Cuando eso ocurre, el país no estalla. Simplemente deja de avanzar.

VI.         2026 como bifurcación

La elección presidencial de 2026 puede convertirse en una bifurcación estructural.

Si para entonces la erosión institucional es limitada, un giro claro hacia estabilidad regulatoria, respeto a la autonomía monetaria y recuperación territorial podría restaurar confianza con relativa rapidez.

Pero si la captura institucional y el debilitamiento territorial se consolidan antes de esa fecha, incluso una alternancia política podría encontrar un aparato ya reconfigurado y un daño acumulado difícil de revertir.

La variable crítica no es solo quién gane. Es en qué estado llegue el sistema a esa elección.

VII.       El riesgo real

Conviene insistir: el peligro no es una hiperinflación inminente ni una expropiación masiva. Es más silencioso:

• Menor inversión de largo plazo.
• Migración de capital humano calificado.
• Expansión relativa del sector informal.
• Crecimiento persistentemente bajo.

El país puede evitar el desastre visible y, aun así, perder una década de desarrollo.

La atmósfera económica no se destruye de golpe. Se contamina gradualmente. Y cuando la contaminación se normaliza, el deterioro se vuelve estructural.

VIII.     Una advertencia preventiva

Colombia aún no ha cruzado ningún umbral irreversible. La autonomía del banco central sigue formalmente intacta. No hay controles generalizados de precios. La propiedad privada no ha sido abolida. Pero los signos de fragilidad existen: inversión débil, productividad estancada, incertidumbre regulatoria y fragmentación territorial.

La historia muestra que las crisis abruptas suelen provocar reformas. En cambio, el estancamiento prolongado genera resignación. El desafío no es impedir un colapso espectacular. Es evitar la normalización del deterioro incremental.

Preservar la atmósfera económica no es una bandera ideológica; es una condición de supervivencia del orden social moderno. Defender moneda estable, propiedad segura, precios libres y control territorial efectivo no es conservadurismo doctrinario: es realismo institucional.

2026 puede ser simplemente una elección más. O puede ser el año en que Colombia decida si respira aire limpio o se acostumbra a vivir con oxígeno escaso. La diferencia no será visible en un titular de prensa al día siguiente. Se medirá en la próxima década.

LGVA

Febrero de 2026.

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[1] https://luisguillermovelezalvarez.blogspot.com/2019/11/la-atmosfera-economica.html

 

 

[2] https://luisguillermovelezalvarez.blogspot.com/2025/05/golpe-de-estado-por-cuotas.html

 

Dure lex, sed lex.

 

Dure lex, sed lex.

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

 

El auto que suspende los efectos del decreto que establece el salario mínimo fue una decisión en derecho. Ya una sentencia en 2017 había delimitado el alcance de las facultades del Gobierno al momento de fijar el salario mínimo, por lo que el decreto suspendido era un grosero desafío. Si el Consejo de Estado no lo suspendía, la Ley y la Jurisprudencia hubieran sido arrastrados a ser meros adornos vacíos ante el avance autoritario del régimen.

 

No es cierto que el proceder del Gobierno fuese sólo defectuoso por su forma o falta de sustentación. El aumento del 23% es tan absurdamente desproporcional que basta un breve análisis para saber que no se puede simplemente sacar un decreto que “subsane” la falta de motivación. No hay motivación razonable en toda la literatura económica y jurídica para semejante descalabro.

 

El primer efecto del aumento es el repunte de la inflación. Una variación de 1,18% del IPC, la más alta en el siglo XXI para enero, auguraba una inflación descontrolada que puso al Banco de la República la responsabilidad de aumentar la tasa de interés 100 puntos básicos. Otro efecto, que ya se estaba poniendo en marcha, es el del aumento del desempleo y el crecimiento de la informalidad, lo que siempre pone más presión en el sistema de salud y pensiones, ya de por sí afectados.

 

Mas no se trata de un error. Es una decisión política que tiene el propósito de corromper la moneda que, como señalara Lenin, es la mejor manera de destruir el capitalismo. En 2008, con un aumento de 30% del salario mínimo, la Venezuela de Chávez inició el camino que la condujo a la hiperinflación, la muerte del bolívar y la destrucción de su economía.

 

Afortunadamente, en Colombia aún hay instituciones respetables. El Consejo de Estado, resolviendo las solicitudes de medida cautelar para impedir el desastre, incluida la por mi presentada, suspendió los efectos del decreto y ordenó al gobierno emitir otro con un aumento transitorio. Ese aumento debe ser racional, razonable y sujeto a los parámetros legales.

 

Y si hay consecuencias políticas, de estas no puede huirse con pusilanimidad ni cobardía. La obligación de defender el Estado de Derecho, la razón y lo correcto no se toma vacaciones en elecciones. El aumento decretado por el Gobierno era desastroso y es una buena noticia que los efectos del decreto se suspendieran, sin importar si con ello el petrismo obtiene una nueva arma retórica. En todo caso, esa arma debe ser combatida con argumentos y con la verdad. Cualquier otra cosa es ceder a una extorsión grotesca.

 

Los colombianos ya han rechazado antes el populismo de los subsidios y de los regalos pagados con libertad, y esta vez no será diferente. La mayoría de los ciudadanos por lo menos intuye que el aumento del salario mínimo tenía como objetivo comprar consciencias para favorecer al heredero, y si nosotros, la oposición, huimos del debate con cobardía, estaremos bajando nuestras banderas en señal de rendición a la ideología intrínsecamente corrupta del socialismo.

 

LGVA

Febrero de 2026

Entre Abelardo y Fajardo: Paloma

 

Entre Abelardo y Fajardo: Paloma

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

Durante meses sostuve que el Centro Democrático debía ir con candidatura propia a primera vuelta. El País no nos perdonaría que no hiciéramos el esfuerzo de tener un candidato único de todas las fuerzas democráticas, manifestó el presidente Uribe cuando le expuse mi tesis. Días después lanzó su llamado, “De Abelardo hasta Fajardo”, que no fue acogido por ninguno de los dos.

Uribe es el único líder con el prestigio político requerido para lanzar esa ecuménica convocatoria y el único con la sencillez republicana para acometer el arduo trabajo de hacerla realidad. A ello se entregó, con su habitual denuedo: invitaciones públicas, reuniones programáticas y, lo más harto a mi parecer, llamadas personales a dirigentes políticos de todas las tendencias, incluidos aquellos que le han dispensado el peor de los tratos.  

El gobierno de Petro está destruyendo los fundamentos de nuestra democracia liberal y de la economía de mercado y propiedad privada. Bajo el gobierno del estalinista Cepeda se culminaría esa destrucción y Colombia se precipitaría por el abismo que conduce comunismo totalitario en su más cruda forma. La Gran Alianza se conforma para oponerse al totalitarismo comunista, sin que desaparezcan las diferencias existentes entre los participantes en cuanto a los énfasis y el grado de intervención del estado en la economía.

A causa de la demora en la definición de candidatura del Centro Democrático, la de Abelardo de la Espriella alcanzó mucha acogida entre sus militantes y simpatizantes y entre el pueblo uribista y la derecha en general. Su decisión de ir en solitario a primera vuelta es respetable, pero puede resultar equivocada: en el pasado, en más de una ocasión, las firmas no se tradujeron en votos. En cualquier caso, es claro que de la Espriella entiende plenamente lo que significa la apuesta de la Gran Alianza al manifestar, sin ambages, su disposición de apoyar en segunda vuelta, si fuere el caso, a cualquiera de sus miembros.

La posición de Fajardo es desatinada pero no sorprende: es continuación de su tortuosa carrera política guiada por un supuesto pragmatismo no doctrinario. La pretensión de estar por encima de las ideologías, que le reprochara Carlos Gaviria, lo ha llevado a plegarse, volens nolens, a las de sus aliados políticos de ocasión, incluidas las más nefastas en lo económico y lo social. Ojalá en esta ocasión entienda lo que está en juego y rectifique.

Por su parte, militantes y simpatizantes del CD deberían comprender que una votación masiva por Paloma en todos los certámenes presidenciales, empezando por la Consulta, es vital para la supervivencia misma del Partido, como fuerza política decisiva encargada de liderar la lucha contra el neocomunismo que no acaba con las próximas elecciones. Incluso, si à la rigueur, en una eventual segunda vuelta, para contener al estalinista Cepeda, hubiese que votar por Abelardo o Fajardo, es esencial que la votación de Paloma sea determinante en el resultado.  Ya no es hora de distracciones ni de vanos escarceos:

¡Les jeux sont faits, rien ne va plus!

Febrero de 2026.