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miércoles, 17 de junio de 2026

¡Viva Elon!

 

 

¡Viva Elon!

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

“…ya que la riqueza es el producto de la capacidad del hombre para pensar”

(Ayn Rand, La rebelión de Atlas)

Al inicio de la Revolución Industrial hubo quienes denunciaron a James Watt por enriquecerse con la máquina de vapor; más tarde, a George Stephenson lo condenaron por lucrarse con el ferrocarril y, ya en el siglo XX, a Henry Ford lo vilipendiaron por acumular una inmensa fortuna fabricando automóviles. Thorstein Veblen les dedicó a los grandes empresarios que industrializaron los Estados Unidos una obra de infamante título: Teoría de la clase ociosa.  

Algo semejante ocurre en esta época con los informes anuales de Oxfam anunciando, con tono de alarma moral, que los ricos son cada vez más ricos. Los titulares se repiten ad nauseam: el uno por ciento posee más riqueza que el resto de la humanidad. El mensaje implícito o explícito es siempre el mismo: algo anda mal, hay que redistribuir gravando las grandes fortunas. Un 2% anual, propone Gabriel Zucman, el nuevo apóstol de la igualdad, que le disputa el trono al inefable Piketty.

Pero hay una pregunta que rara vez se formula: ¿de dónde salió esa riqueza?

Los informes de Oxfam - y los voluminosos mamotretos de Zucman, Piketty y todos los demás - no son más que registros envidiosos de activos y patrimonios financieros: contabilidad. Pero la economía no es contabilidad. La economía se ocupa de entender cómo se crea la riqueza material, es decir, los bienes y servicios que satisfacen necesidades del cuerpo y la fantasía; cómo aumenta la riqueza con el aumento de la productividad y cuáles son los determinantes del crecimiento de ésta.

 La riqueza de las naciones, no la contabilidad de los ricos, es título que Adam Smith dio a la obra fundacional de la economía. La diferencia es fundamental.

Tomemos el caso de Elon Musk. Para muchos activistas es simplemente el hombre más rico del mundo. Para la historia económica podría resultar siendo una de las personas que más haya contribuido al progreso material de la humanidad en el siglo XXI. 



Cuando Musk apostó por Tesla, la industria automotriz consideraba los vehículos eléctricos como una curiosidad para ambientalistas. Hoy prácticamente todos los grandes fabricantes del mundo compiten por desarrollar tecnologías similares. El beneficio no se limita a los accionistas de Tesla. Se extiende a millones de consumidores, a nuevas cadenas de innovación y a una aceleración tecnológica que probablemente habría tardado décadas en producirse.

Lo mismo ocurre con SpaceX. Durante medio siglo el acceso al espacio permaneció atrapado en una lógica casi artesanal: construir un cohete, lanzarlo y perderlo para siempre. Musk desafió esa premisa y desarrolló cohetes reutilizables que han reducido drásticamente los costos de lanzamiento. Como ocurrió con el ferrocarril, el motor de vapor o el contenedor marítimo, una caída radical de los costos abre posibilidades económicas completamente nuevas.

Las consecuencias futuras pueden ser enormes. Comunicaciones más baratas, investigación científica más ambiciosa y, eventualmente, la expansión de la actividad humana más allá de nuestro planeta.

Starlink constituye un tercer ejemplo. Mientras gobiernos, agencias internacionales y ONG organizaban conferencias sobre inclusión digital, miles de comunidades rurales y remotas obtuvieron acceso efectivo a internet gracias a una constelación de satélites financiada por una empresa privada. Allí donde la burocracia discutía, la innovación actuaba.

Nada de esto aparece reflejado en los balances sobre desigualdad.

Hace más de un siglo, Joseph Schumpeter explicó que el desarrollo económico no surge principalmente de la acumulación de capital ni de la redistribución de riqueza, sino de la innovación. El verdadero motor del progreso es el empresario que introduce nuevos productos, nuevos métodos de producción y nuevas formas de organización económica.

Schumpeter llamó a este proceso “destrucción creadora”. Cada gran innovación destruye actividades existentes, pero crea otras más productivas y valiosas. El automóvil reemplazó al caballo. El computador desplazó a la máquina de escribir. Internet transformó industrias enteras.

Tesla, SpaceX y Starlink son manifestaciones de esa destrucción creadora.

La obsesión contemporánea con la desigualdad suele ignorar esta verdad elemental. Si Henry Ford hubiera sido impedido de enriquecerse, millones de trabajadores no habrían accedido al automóvil. Si Steve Jobs hubiera sido desalentado por acumular fortuna, el mundo sería tecnológicamente más pobre. Si Elon Musk hubiera decidido limitarse a administrar su patrimonio, probablemente no existirían ni los cohetes reutilizables ni Starlink ni la movilidad eléctrica.

Aquí aparece una intuición poderosa de Ayn Rand en La rebelión de Atlas. La novela imagina un mundo en el que los creadores, innovadores y empresarios dejan de producir, cansados de ser tratados como villanos por una sociedad que desprecia precisamente a quienes la sostienen. El resultado es el estancamiento, la decadencia y el colapso.

Afortunadamente, en lugar de irse a Marte, Elon Musk está repitiendo las palabras de John Galt al final de la portentosa novela:

 “El camino está libre, volveremos al mundo”

Los contemporáneos de James Watt, George Stephenson o Henry Ford tampoco alcanzaron a comprender plenamente la magnitud de las transformaciones que estaban presenciando. Quizás ocurra lo mismo con Elon Musk. Dentro de un siglo nadie recordará los comunicados de prensa de Oxfam ni los debates sobre el patrimonio neto de los multimillonarios. Pero es posible que miles de millones de seres humanos sigan utilizando tecnologías nacidas de los cohetes reutilizables, de las redes satelitales globales y de las innovaciones que hoy asociamos con su nombre. La historia suele ser más generosa con quienes crean que con quienes protestan. Por eso, y por mucho que irrite a los sacerdotes de la igualdad contable, vale la pena repetirlo:

¡Viva Elon!

LGVA

Junio de 2026

domingo, 14 de junio de 2026

El megavatio más barato para evitar el racionamiento

 

El megavatio más barato para evitar el racionamiento 

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

Los pronósticos climáticos indican una probabilidad cercana al 90% de que en los próximos meses se presente un fenómeno de El Niño. No se trata de una certeza, pero sí de una advertencia suficientemente seria para que el país empiece a prepararse. La experiencia demuestra que las crisis energéticas no se resuelven cuando aparecen, sino mucho antes.



Afortunadamente, Colombia no se encuentra hoy en una situación comparable a la que condujo al racionamiento de 1992. El sistema eléctrico es más robusto, dispone de una importante capacidad térmica de respaldo y cuenta con mecanismos regulatorios que han demostrado su utilidad en episodios anteriores de sequía. Sin embargo, también es cierto que los márgenes de seguridad son menores de lo que muchos suponen. Los retrasos en proyectos de generación y transmisión, la incertidumbre regulatoria y las dificultades financieras de algunos agentes del sector - por cuenta de los incumplimientos del gobierno en pagos de subsidios, opción tarifaria, etc. - hacen que el sistema sea más vulnerable frente a eventos climáticos extremos.

La discusión pública se ha concentrado, como de costumbre, en el lado de la oferta. Se habla de acelerar proyectos, asegurar el suministro de gas, reforzar la capacidad térmica e incorporar nuevas fuentes renovables. Todo ello es importante. Pero casi nadie menciona el recurso más abundante, más rápido y más barato de todos: reducir temporalmente la demanda.

La idea puede parecer contraintuitiva. Estamos acostumbrados a pensar que los problemas eléctricos se solucionan construyendo nuevas plantas. Sin embargo, desde el punto de vista económico, un megavatio que no se consume tiene exactamente el mismo valor que un megavatio adicional de generación. En muchos casos, incluso más.

La demanda anual de electricidad del país supera hoy los 85.000 GWh. Una reducción temporal del 5% durante seis meses permitiría ahorrar entre 2.000 y 2.500 GWh de energía. Se trata de una cantidad considerable, equivalente a la producción continua de una gran central térmica durante buena parte del período crítico. Y lo mejor es que podría obtenerse en cuestión de semanas, sin licencias ambientales, consultas previas, pleitos judiciales ni multimillonarias inversiones.

La pregunta es elemental: si el sistema remunera a quienes producen energía cuando ésta escasea, ¿por qué no remunerar también a quienes dejan de consumirla?

La propuesta consiste en crear un mercado de reducción de demanda. Cada usuario tendría una línea base calculada a partir de su historial de consumo. Cuando el sistema entre en una situación preventiva, los usuarios que reduzcan su consumo recibirían una compensación económica explícita en su factura. No se trataría de una campaña de ahorro patriótico ni de un subsidio disfrazado. Sería una transacción de mercado. El sistema compra una reducción de consumo porque esa reducción tiene un valor económico real.

Los grandes consumidores podrían participar mediante subastas competitivas. Industrias, universidades, centros comerciales y edificios empresariales ofrecerían cuánta demanda pueden retirar y a qué precio. El operador del sistema seleccionaría las ofertas más económicas, exactamente como hoy selecciona la generación más eficiente.

La experiencia internacional es concluyente. California recurrió a mecanismos similares durante la crisis de 2000-2001. Brasil hizo lo propio en 2001-2002 con resultados notables. En numerosos mercados desarrollados la llamada respuesta de la demanda constituye hoy una pieza fundamental de la confiabilidad del sistema.

Además, esta alternativa tiene una ventaja adicional particularmente relevante en las circunstancias actuales del país: cuesta menos. Resulta mucho más económico pagar por el ahorro voluntario de energía que financiar medidas de emergencia, subsidiar combustibles costosos o afrontar las enormes pérdidas económicas derivadas de un eventual racionamiento.

Lo sorprendente es que, pese a todas las discusiones sobre transición energética, sostenibilidad y eficiencia, seguimos concibiendo al consumidor como un actor pasivo. El mercado eléctrico colombiano fue diseñado bajo el supuesto de que únicamente los generadores podían contribuir a la confiabilidad del sistema. Treinta años después, la tecnología permite que millones de usuarios participen activamente y sean recompensados por hacerlo.

Si el país quiere prepararse para un eventual Niño fuerte, debe empezar ahora. Las grandes obras toman años. Los incentivos económicos pueden implementarse en cuestión de semanas.

Al final, el recurso energético más barato, más limpio y más rápido de incorporar no es una nueva hidroeléctrica, una granja solar o una planta térmica. Es el megavatio que no necesitamos consumir.

LGVA

Junio de 2026

Porqué sí y porqué no

 

Porqué sí   y porqué no

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

En las próximas elecciones presidenciales no se decide meramente quién administrará mejor el Estado. Se decide entre continuar expandiendo su dominio sobre la economía y la vida de las personas o tratar de contener – y ojalá revertir – esa expansión. 

El gran mérito del gobierno de Petro y del proyecto continuista de Cepeda es haber hecho que los ciudadanos tomen conciencia de la marcha hacia el socialismo totalitario emprendida desde hace décadas, casi sin percatarse, por la sociedad colombiana. A ello ha estado orientada la acción de la mayoría de los políticos y la prédica de economistas, intelectuales y periodistas obsesionados por alcanzar el espejismo de la “justicia social” y el fetiche de la igualdad de ingresos mediante la intervención de un gobierno que todo lo sabe, que todo lo reglamenta, que todo lo distribuye.

A principios de los años 90 Colombia tenía un gasto público relativamente pequeño, una carga tributaria moderada y una deuda pública manejable, alrededor de 20% del PIB. El estatismo y el asistencialismo desatados por la Constitución de 1991 nos han llevado a un endeudamiento que excede ya el 60% del PIB, resultante de un gasto público desaforado que no ha podido ser financiado con las más de quince reformas tributarias aprobadas desde entonces y que elevaron la carga fiscal del gobierno nacional de menos de 8% a más de 18% del PIB.     

El desastroso gobierno de Petro - que fue apoyado por muchos economistas, políticos, periodistas, intelectuales y toda clase de gentes de buena fe - es fruto de ese proceso y el de Iván Cepeda sería de su culminación catastrófica pues, como advirtió Mises, no hay camino intermedio o tercera vía entre capitalismo y socialismo.

¿Por qué sí Abelardo?

Un gobierno de Abelardo de la Espriella representa la oportunidad de romper con el estatismo inveterado y de reconocer plenamente que la riqueza no la producen los decretos gubernamentales sino millones de ciudadanos libres tomando decisiones libres y cambiando libremente sus servicios productivos unos con otros. Abelardo reivindica sin complejos que la seguridad y el orden son condición previa de la libertad y que la función principal de un gobierno no es dirigir la sociedad hacia un fin definido autoritariamente sino establecer y garantizar reglas de conducta de carácter general para que las personas busquen su felicidad como cada quien la entienda. 

¿Por qué no Cepeda?

Un gobierno de Cepeda llevaría a la consolidación del proyecto neocomunista del socialismo del Siglo XXI iniciado por Petro. El neocomunismo, después del fracaso del socialismo real, ya no pretende el control de los medios de producción sino el control de los resultados de la producción mediante una tributación asfixiante sobre la economía legal y la tolerancia y connivencia con las economías ilegales. Este proyecto es incompatible con la libertad económica y la democracia liberal y lleva paulatinamente a la destrucción de la economía y la pauperización de la población, como lo muestra la amarga experiencia de la Venezuela de Chávez y Maduro.

LGVA

Junio de 2026

miércoles, 10 de junio de 2026

La oportunidad histórica

 

La oportunidad histórica

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

Los resultados del 31 de mayo dejan una conclusión inequívoca: Antioquia volvió a desempeñar el papel decisivo que tantas veces ha tenido en la historia política colombiana. La votación obtenida por Abelardo de la Espriella en el departamento no sólo fue extraordinaria; fue, también, una demostración de fuerza sin precedentes del electorado uribista y de centroderecha.

Gracias a esa movilización, Iván Cepeda no logró imponerse en la primera vuelta. El país amaneció el 1 de junio ante el mejor escenario posible para quienes creen en la libertad económica, la seguridad, la propiedad privada y las instituciones republicanas. No era el único escenario imaginable. Había otros claramente favorables para la izquierda.

Pudo ocurrir que Cepeda terminara primero mientras Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia dividían el voto de la derecha. También pudo darse un escenario en el que Cepeda alcanzara cerca de un tercio de la votación nacional, un candidato único de centroderecha obtuviera otro tercio y el resto se repartiera entre Sergio Fajardo y Claudia López, dejando abierta la posibilidad de alianzas inciertas y negociaciones complejas. Nada de eso ocurrió.

Lo que ocurrió fue mejor. El electorado produjo una clarificación política más allá de cualquier duda. La disputa quedó planteada entre dos proyectos de país claramente diferenciados: el del neocomunismo totalitario y el de las libertades económicas, políticas y personales. Esa claridad constituye una ventaja estratégica que no debe ser desperdiciada.

Por ello, la tarea del 21 de junio es distinta a la del 31 de mayo. La pregunta ya no es quién representa mejor a la centroderecha. La pregunta es cómo construir una mayoría nacional capaz de derrotar a la izquierda y ofrecer un horizonte de estabilidad y crecimiento para Colombia.

Entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella no existen diferencias de principios que justifiquen una fractura. Ambos defienden la economía de mercado, la seguridad democrática, la independencia de los poderes públicos, el fortalecimiento de la iniciativa privada y, sobre todo, la necesidad de contener el avance del neocomunismo. Las diferencias son de énfasis, de estilo o de trayectoria personal, pero no de proyecto político.

Para estas elecciones, Antioquia tiene una responsabilidad adicional. Debe convertirse en el punto de encuentro entre los votantes uribistas y los de otros partidos, incluida buena parte del electorado fajardista. Existen varios temas concretos que permiten construir ese puente, pero ninguno más importante y convocante que la defensa de Empresas Públicas de Medellín y de Hidroituango.

EPM no es simplemente una empresa. Es una de las instituciones más exitosas de Colombia y el principal instrumento de progreso de Medellín y Antioquia. Hidroituango, pese a todas las dificultades enfrentadas, representa una de las mayores realizaciones de la ingeniería nacional y una garantía de seguridad energética para el país. Su defensa trasciende partidos y campañas.

La elección del 21 de junio debe ser entendida como una oportunidad para unir a Medellín y Antioquia y a Colombia toda alrededor de aquello que ha sido clave de su éxito: instituciones sólidas, disciplina fiscal, iniciativa empresarial, capacidad de ejecución y cohesión social.

LGVA

Junio de 2026

Final del formulario

 

jueves, 4 de junio de 2026

Magnifica Humanitas y el imposible bien común

 

Magnifica Humanitas y el imposible bien común

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

La crítica más profunda que puede hacerse a Magnifica Humanitas desde una perspectiva liberal no es económica sino epistemológica. La encíclica presupone que existen autoridades capaces de identificar el bien común, ponderar adecuadamente los intereses en conflicto y diseñar reglas que orienten el desarrollo tecnológico hacia fines socialmente deseables. Sin embargo, esa premisa tropieza con uno de los grandes descubrimientos de las ciencias sociales modernas: el teorema de la imposibilidad de Kenneth Arrow.

Arrow demostró matemáticamente que no existe un mecanismo de decisión colectiva capaz de transformar de manera consistente las preferencias individuales en una preferencia social que satisfaga simultáneamente ciertos criterios mínimos de racionalidad, libertad y coherencia. Dicho de otro modo, la sociedad no posee una voluntad unificada que pueda ser descubierta y aplicada por gobernantes, expertos o instituciones internacionales. Lo que existe son millones de individuos con preferencias distintas, frecuentemente incompatibles entre sí.

La encíclica habla repetidamente del “bien común” como si se tratara de una realidad objetivamente identificable y políticamente realizable. Pero el problema señalado por Arrow es precisamente que, en sociedades complejas, no existe un procedimiento capaz de revelar de manera inequívoca cuál es ese supuesto bien común cuando las preferencias de los individuos divergen.

Esta dificultad se vuelve particularmente evidente en el campo de la inteligencia artificial. Algunos ciudadanos valoran prioritariamente la innovación; otros la privacidad; otros la seguridad; otros la igualdad; otros la libertad de expresión. No existe una fórmula objetiva que permita agregar todas esas preferencias en una única función social que pueda servir de guía para la regulación. Cuando una autoridad afirma actuar en nombre del bien común, en realidad está privilegiando unas preferencias sobre otras.

Aquí aparece una de las debilidades centrales de Magnifica Humanitas. El documento critica la lógica descentralizada del mercado, pero ignora que precisamente esa descentralización constituye una respuesta práctica al problema identificado por Arrow. El mercado no necesita conocer el bien común ni resolver filosóficamente los conflictos de valores. Permite que millones de individuos persigan fines distintos y coordinen sus acciones mediante precios, contratos y acuerdos voluntarios.

La crítica puede profundizarse recurriendo a Friedrich Hayek. Mientras Arrow mostró la imposibilidad de construir una función social coherente, Hayek explicó por qué ningún planificador puede reunir el conocimiento disperso que poseen millones de personas. Ambos argumentos convergen en una misma conclusión: la información necesaria para dirigir una sociedad compleja simplemente no está disponible para ninguna autoridad central.

Sin embargo, la encíclica propone organismos reguladores, acuerdos globales y mecanismos de supervisión capaces de orientar el desarrollo tecnológico conforme al bien común. La pregunta inevitable es: ¿quién define ese bien común? ¿Con qué información? ¿Bajo qué criterio de agregación de preferencias? ¿Cómo se resuelven los conflictos entre valores igualmente legítimos?

Desde esta perspectiva, el problema de Magnifica Humanitas no es que sea demasiado moralista, sino que supone la existencia de un conocimiento político que la teoría moderna considera imposible. La encíclica confía en que autoridades públicas e instituciones internacionales podrán identificar y ejecutar decisiones socialmente óptimas. Arrow demuestra que tal óptimo colectivo no puede definirse de manera consistente. Hayek demuestra que tampoco puede conocerse.

Por eso, la verdadera alternativa no es elegir entre mercado y regulación, sino reconocer los límites insuperables del conocimiento político. El mercado puede cometer errores, pero al menos no pretende resolver una tarea que la matemática y la teoría social han demostrado imposible: descubrir y ejecutar la voluntad coherente de toda la sociedad.

LGVA

Mayo de 2026.

lunes, 1 de junio de 2026

Magnifica Humanitas y el viejo prejuicio de la iglesia contra el mercado

 

Magnifica Humanitas y el viejo prejuicio de la iglesia contra el mercado

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

La publicación de Magnifica Humanitas de León XIV, encíclica dedicada a los desafíos éticos de la inteligencia artificial, confirma una constante de buena parte de la doctrina social de la Iglesia desde su inicio con la Rerum Novarum de León XIII:  una profunda desconfianza hacia el mercado y una persistente inclinación a considerar al Estado como corrector natural de los defectos de la sociedad. Aunque el documento no es socialista ni propone abolir la propiedad privada, su orientación general resulta claramente intervencionista y estatista.

La encíclica parte de una preocupación legítima. El desarrollo acelerado de la inteligencia artificial plantea interrogantes sobre el empleo, la privacidad, la concentración del poder económico y la manipulación de la información. Son asuntos reales que merecen atención. No obstante, la respuesta propuesta incurre en una contradicción fundamental: denuncia la concentración de poder en las grandes empresas tecnológicas, pero propone como remedio una mayor concentración de poder en los Estados y en organismos internacionales.

La historia ofrece pocas razones para creer que los monopolios políticos sean menos peligrosos que los monopolios económicos, todo lo contrario. Las grandes tragedias del siglo XX — el fascismo, el nazismo, todos los totalitarismos comunistas y las dos guerras mundiales — fueron producto de la acumulación de poder estatal, no de la libertad económica ni de la acción de las grandes empresas. Sin embargo, la encíclica parece asumir que el poder público actúa naturalmente en función del bien común, mientras que el poder privado está permanentemente bajo sospecha.

La misma contradicción aparece en su visión de la innovación. El documento reconoce los beneficios extraordinarios que la inteligencia artificial puede aportar a la medicina, la educación, la productividad y la calidad de vida. Pero simultáneamente reclama controles, restricciones y regulaciones destinadas a contener el mismo proceso innovador que ha producido esos avances. Es difícil comprender cómo pueden obtenerse los frutos de la innovación sin aceptar los incentivos económicos que la hacen posible.

Particularmente reveladora es la actitud frente al beneficio. En diversos apartes, la búsqueda de ganancias aparece asociada a riesgos morales y a posibles formas de explotación. Lo que apenas se reconoce es que el beneficio económico constituye uno de los mecanismos más eficaces para coordinar millones de decisiones individuales en sociedades complejas. Como explicaron Adam Smith, Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, el mercado no funciona gracias a la benevolencia de sus participantes sino precisamente porque canaliza intereses particulares hacia resultados socialmente útiles.

La preocupación por el empleo reproduce igualmente un error recurrente. Cada revolución tecnológica ha despertado temores similares. Ocurrió con la mecanización agrícola, con la industrialización, con la electrificación y con la informática. En todos los casos desaparecieron ocupaciones específicas, pero surgieron otras nuevas y la prosperidad general aumentó. La encíclica parece contemplar la adaptación económica como una tarea principalmente política, cuando la experiencia histórica muestra que los mercados han demostrado una notable capacidad para absorber y reasignar recursos.

En el fondo, Magnifica Humanitas refleja una tensión permanente dentro de la doctrina social católica: rechaza el socialismo, defiende la propiedad privada y reconoce las ventajas de la economía de mercado, pero al mismo tiempo desconfía de los mecanismos que generan riqueza y prosperidad. El resultado es una visión que acepta los frutos del mercado mientras cuestiona sus raíces. Es, en esencia, el viejo prejuicio contra el mercado y la libertad económica vestido con los ropajes tecnológicos del siglo XXI.

LGVA

Mayo de 2026

sábado, 30 de mayo de 2026

Los 250 años de La Riqueza de las Naciones

 

Los 250 años de La Riqueza de las Naciones

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

La física moderna nace el día en que a Isaac Newton se le ocurrió que todas las manzanas caídas desde la creación y todas las que caerían en el futuro estaban regidas por la misma ley que regía la caída de aquella que en ese momento golpeaba su cabeza.

La economía nace en el momento en que a Adam Smith[1] se le ocurre que todos intercambios que en la historia han sido y los que serán en el futuro no son arbitrarios y que están regidos por una misma ley susceptible de ser develada y comprendida por la razón.  

La relación de intercambio es la única relación social que tiene una expresión cuantitativa directa y por eso entender la ley que rige los intercambios es entender el funcionamiento de la sociedad económica.

La larga decadencia de la idea de un orden social basado en la ley divina – iniciada en los siglos XII y XIII con los enfrentamientos entre Güelfos y Gibelinos - condujo necesariamente a pensar la sociedad como algo auto instituido, surgida por la acción de los hombres mismos sin intervención divina exterior a ellos.

Lógicamente, la aparición de lo social debe darse a partir de lo no social, es decir, es a partir de los individuos pre-sociales y de su naturaleza como debe pensarse y resolverse el problema del surgimiento de la sociedad.

Ese es el proyecto de la ciencia política moderna inaugurada por Maquiavelo, en El Principe, y perfeccionada por Hobbes, en el Leviatán, y por Locke, en el Segundo Tratado sobre el gobierno civil. Los individuos pre-sociales – al parecer muy hirsutos los de Hobbes, más sosegados los de Locke – son llevados por su propio interés a renunciar a su derecho a la violencia para defender su vida y entregarlo un tercero – monarca o asamblea – que impondrá la paz entre los asociados. De esta forma la sociedad política se emancipa de la religión y el contrato sustituye a la devoción.

El punto de partida de Adam Smith, similar al de Hobbes, es “el estado primitivo y rudo de la sociedad que precede a la acumulación de capital y la apropiación de la tierra”. A diferencia de lo que ocurre con individuos pre-sociales de Hobbes, propensos a la guerra, los de Smith, llevados por una propensión a cambiar inherente a la condición humana, descubren el mercado y los beneficios de la especialización y se entregan al intercambio voluntario del producto de la pesca de los unos por el producto de la caza de los otros. La sociedad económica de cooperación voluntaria no precisa de un contrato político previo.

Ni Hobbes ni Smith están haciendo antropología, hacen teoría social. Por ello, es completamente irrelevante que el estado de naturaleza haya o no existido o que exista gente bondadosa y cumplidora del deber. El punto de partida es el mismo, pero Hobbes no puede deshacerse de la autoridad. Smith da un paso más:  el mercado que se auto regula sustituye al contrato y la economía se emancipa de la política. 

LGVA

Mayo de 2026.



[1] Estrictamente hablando en la formulación de una teoría del valor, Smith es antecedido por Ferdinando Galiani (1728-1787) cuya obra fundamental, Della moneta, fue publicada en 1751, 25 años antes que La Riqueza de las Naciones.  También es anterior la obra de Richard Cantillon (1680-1734), Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general, que se cree fue escrita hacia 1730 y fue publicada en 1764. Smtih conoció al parecer la obra de Cantillon, no así la de Galiani.

Los fisiócratas, Francois Quesnay en particular, cuya obra fue conocida y criticada por Smith, hicieron, en el Tableau Economique la representación de la sociedad económica, pero carecieron de una teoría del valor y no pretendieron en momento alguno explicar la génesis de la sociedad.   

 Smith avanza con relación a Cantillon y Galiani y a la fisiocracia en la vinculación de la teoría del valor con el nacimiento de la sociedad económica que es de lo que trata esta nota. 

sábado, 23 de mayo de 2026

¿Se saldrá de plomada la colectiva estupidez?

 

¿Se saldrá de plomada la colectiva estupidez?

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

La elección de Cepeda no sería simplemente una equivocación política; sería un caso extremo de imbecilidad colectiva. No en el sentido clínico del término, por supuesto, sino en el sentido histórico y moral de una sociedad que, pudiendo juzgar con evidencia, experiencia y razón, decide entregarse conscientemente a quienes representan lo peor de sí misma.

La elección de Petro ya constituyó una señal alarmante. No fue un accidente, ni un mero efecto de coyuntura. Tampoco basta explicarla por la compra de votos en ciertas regiones del país, aunque ésta haya sido decisiva en segunda vuelta. En primera vuelta, ocho y medio millones de colombianos votaron libremente por Petro, sabiendo quién era, qué representaba y cuál había sido su trayectoria pública. Y hoy una porción considerable de esos mismos ciudadanos parece dispuesta a hacer lo propio con Cepeda.

 ¿Cómo es posible que, después de décadas de crecimiento económico y mejoría social, la izquierda radical haya pasado de los 82.858 votos obtenidos por Gerardo Molina en 1982 a los más de once millones de Petro en segunda vuelta de 2022? ¿Cómo explicar que semejante ascenso ocurra precisamente en el período de mayor progreso material de la historia colombiana?

Durante esas cuatro décadas, el PIB per cápita se triplicó; la pobreza multidimensional cayó drásticamente; la cobertura en salud se universalizó; millones de hogares accedieron a electricidad, acueducto y educación secundaria; la esperanza de vida aumentó de forma notable y la mortalidad infantil se desplomó. Los colombianos, incluidos los más pobres, no se empobrecieron: se hicieron más ricos, más educados, más sanos y más longevos.

Al mismo tiempo, el socialismo real se derrumbaba en Europa Oriental y en la Unión Soviética. China abandonaba de facto el comunismo económico. África constataba el fracaso del llamado “socialismo africano”. El mundo entero rechaza las fantasías colectivistas. Y, sin embargo, Colombia avanza en dirección contraria.

La explicación de esta paradoja no puede reducirse a la propaganda o a la manipulación emocional. Hay algo más inquietante: una profunda degradación cultural e intelectual de las élites colombianas. La empresarial, ensimismada en la rentabilidad de cada cual y la captura regulatoria, renunció a la defensa moral del capitalismo. La política, corroída por el clientelismo y la mediocridad, perdió toda autoridad ética. Y la intelectual —universidades, periodistas, formadores de opinión— se entregó a un progresismo superficial y resentido que convirtió la ignorancia económica y el odio al mercado en signos de altura moral.

Solo en ese ambiente, personajes patéticos como Petro y siniestros como Cepeda pudieron convertirse en referentes de millones de personas. No porque encarnen virtudes admirables, sino porque una sociedad intelectualmente desarmada terminó confundiendo resentimiento con justicia, victimismo con dignidad y radicalismo con superioridad moral.

La eventual elección de Cepeda sería, entonces, mucho más que una derrota electoral para quienes defendemos la libertad económica y la democracia liberal. Sería la prueba de un fracaso histórico de las élites dirigentes colombianas incapaces de construir una cultura política seria, de defender con convicción las instituciones republicanas y de transmitir a la sociedad el valor civilizatorio de la libertad.

LGVA

Mayo de 2026

miércoles, 20 de mayo de 2026

De Paloma para Medellín y Antioquia

 

De Paloma para Medellín y Antioquia

Luis Guillemo Vélez Álvarez

Economista

En los casi dos años y medio de sus respetivos mandatos, el alcalde de Medellín, Federico Andrés Gutiérrez, y el Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Renón, han debido adelantar sus estupendas gestiones llenas de logros luchando contra el bloqueo institucional que, por razones de ideología política y pasando por encima de la Constitución y la Ley, les ha impuesto el Gobierno Nacional. 

Antioquia representa hoy todo aquello que detesta el totalitarismo comunista y cuya destrucción es su objetivo final: la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, la libertad económica y la pujanza empresarial, la administración pública pulcra y eficiente, la intolerancia absoluta con la delincuencia y la criminalidad y el respeto amoroso por las tradiciones y el legado de los mayores. Sin ello, Antioquia no es nada.

Cuatro años de un gobierno nacional encabezado por un comunista totalitario sin fisuras ni vacilaciones como Iván Cepeda, acabarían con los contrapesos constitucionales que han permitido que Antioquia resista y siga avanzando.  

Para Paloma Valencia los valores religiosos y políticos deben nacer en el fuero interno de cada familia y son los padres quienes tienen el derecho y la responsabilidad de formar el carácter y los principios de sus hijos. Por ello, se opone a la ideología de género, a la promoción del aborto como supuesto derecho de la mujer y al adoctrinamiento político y antirreligioso en escuelas y colegios. El bono educativo dará a las familias la libertad de elección de la que hoy muchas carecen.

La defensa de la empresa privada impulsora del crecimiento económico, creadora de oportunidades y de empleo de calidad está en el centro de las propuestas de Paloma. Para ello es necesario un gobierno austero, financiado con una tributación razonable que deje en manos de las empresas la mayor cantidad de dinero posible para reposición y ampliación del capital productivo. Propone Paloma pasar de 19 a 12 ministerios y llevar paulatinamente el impuesto de renta a niveles competitivos internacionalmente, entre 25% y 30%.

La seguridad de las personas y sus propiedades y la lucha frontal contra la criminalidad y la delincuencia son el eje transversal del programa de Paloma. Para recuperar el territorio hoy en manos de las estructuras criminales y reducir drásticamente las rentas de las economías ilegales del oro y el narcotráfico, el Gobernador de Antioquia contará con todo el apoyo del gobierno de Paloma. También el Alcalde de Medellin contará con ese apoyo en su lucha contra la extorsión, el microtráfico en parques y entornos escolares y las bandas criminales en las comunas.

Las grandes obras de la Ciudad y el Departamento – el Metro de la 80, el Túnel del Toyo, el Tren de Cercanías, el Acueducto de Urabá, etc. – contarán con el apoyo que por Constitución y leyes debe darles el Gobierno Nacional y que, con Paloma Presidente, estará abonado por el afecto.

El voto libre de Medellín y Antioquia, que nos dio una dupla de gobernantes embriagados por el aroma de libertad de nuestras montañas, dará el impulso decisivo al vuelo de nuestra Paloma.    

LGVA

Mayo de 2026

viernes, 15 de mayo de 2026

Otro que no fue

 

Otro que no fue

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

Con su muerte al pasado viernes 8 de mayo, Germán Vargas Lleras se une a la lista de los cinco incluidos por Augusto Vásquez Díaz su libro, Los presidentes que no fueron, donde reúne estupendos ensayos dedicados a cada uno de ellos.

A los de Vásquez Díaz - Rafael Uribe Uribe, Jorge Eliécer Gaitán, Gilberto Alzate Avendaño, Luis Carlos Galán Sarmiento y Álvaro Gómez Hurtado – hay que añadir el nombre de otro que no fue, Gabriel Turbay Abunader, biografiado recientemente por la socióloga Olga González. Además de Vargas Lleras, por mi parte, no vacilo en añadir al sacrificado Miguel Uribe Turbay, a quien muy seguramente habríamos elegido en 2026 ó 2030.

Ni Uribe Uribe, ni Alzate Avendaño, ni, por supuesto, Uribe Turbay, participaron en una elección presidencial de la que hubiesen salido derrotados. No es esta característica por si sola, compartida por muchos otros políticos justamente olvidados, la que hace que alguien sea merecedor de entrar en la galería de los presidentes que no fueron. Para mí, y creo que para Augusto Vásquez también, se trata de algo más profundo e interesante, se trata de una cierta forma de hacer política o, si se quiere, de una forma de ser político, que es lo que distingue al hombre de estado del político ordinario.

El de la política es un mercado en el que se intercambian promesas por votos. Para hacerse elegir concejal o alcalde de un pequeño pueblo, la promesa debe ser muy específica y responder a una aspiración real de los electores. A medida que se amplía el ámbito de la competencia electoral, la promesa se hace menos específica, se torna más general y abstracta, hasta fundirse con la visión de lo que el hombre de estado cree es el bien común o el interés general de la nación que aspira a dirigir.

Tener una visión de país, trasmitida en escritos y discursos, es el rasgo característico de los presidentes que no fueron, todos ellos de elevado perfil intelectual, buenos escritores y mejores oradores. 

Tal vez bajo la influencia del legado de su abuelo, Vargas Lleras llegó a la presidencial de 2010 con una visión de país plasmada en un enciclopédico programa con una solución para cada problema o, si se prefiere, un problema para cada solución. No fue suficiente, quedó en tercer lugar, debajo de Santos y Mockus.

Después de pasar por varios ministerios en el primer gobierno de Santos, en lo que fue su más grande error político, en 2014, decide unir definitivamente su destino al de aquel, sometiéndose a la vergüenza de la infame negociación con quienes habían atentado contra su vida y en la que no tuvo arte ni parte, pero cuyo costo político debió asumir en las elecciones de 2018 en las que cayó a un modesto cuarto lugar.   

Seguidor asiduo de sus columnas, no encontré en ellas autocrítica alguna sobre el desastroso legado de Santos. Lo reivindica su posición vertical frente al gobierno de Petro. Paz en su tumba.

LGVA

Mayo de 2026

miércoles, 29 de abril de 2026

El lumpen en el poder

 

El lumpen en el poder

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

El lumpen es un grupo social que atenta, sin ningún tipo de principios, contra la seguridad de los individuos y las colectividades, bajo un ánimo rapaz y delincuencial. No es una clase económica, ni un estrato social, ni una profesión determinada. Es una forma de conducta: la disposición permanente a vivir del despojo, la intimidación, el engaño, la extorsión o la captura de rentas ajenas.

Es falso que el lumpen esté integrado solamente por delincuentes de baja condición. Hay lúmpenes en todas las clases sociales y en todos los oficios y actividades económicas. Hay lúmpenes pobres, ricos y de clase media. Los hay abogados, médicos, periodistas, maestros, artesanos, obreros, banqueros, comerciantes, curas, economistas y políticos. Lo que los define no es su posición social, sino su relación con la propiedad, la libertad y la vida de los demás.

Normalmente, los lúmpenes se expresan, gremial y políticamente, como parte del sector social o laboral al que pertenecen. Mientras estén atomizados pueden hacer daño, pero no llegan a ser una amenaza existencial para una sociedad basada en los derechos de propiedad individuales y su intercambio libre y voluntario. El ladrón aislado roba; el extorsionista aislado intimida; el burócrata corrupto desvía recursos; el agitador destruye. Todos deben ser contenidos por el gobierno, que finalmente se instituye para que su existencia no perturbe en demasía el curso de la vida económica de la sociedad en un ambiente de libertad de mercado.

Pero la sociedad libre está en riesgo extremo cuando los lúmpenes de todas las procedencias superan sus demás diferencias y se conforman como fuerza política y social. Y la tragedia sobreviene cuando los lúmpenes se hacen al poder. Entonces la rapacidad deja de presentarse como delito y empieza a presentarse como causa moral. Ya no se roba: se redistribuye. Ya no se intimida: se defiende al pueblo. Ya no se destruye: se transforma. Ya no se ataca la propiedad: se corrigen desigualdades.

Poco a poco, para garantizar la supervivencia individual, la rapacidad se extiende a la mayoría de la sociedad. La ética del quid pro quo, del reconocimiento mutuo de los derechos de propiedad, se torna ruinosa. El ciudadano descubre que cumplir la ley no lo protege, que producir riqueza lo convierte en sospechoso, que disentir lo expone y que no pertenecer a la facción dominante lo deja en inferioridad frente a quienes sí pertenecen.

Ahora bien, la rapacidad como conducta económica dominante entraña una contradicción: para que los rapaces puedan ser exitosos debe haber una economía próspera que pueda ser pillada. Sin embargo, el pillaje destruye poco a poco la economía de la que viven los rapaces. Los extorsionistas no pueden subsistir sin extorsionados. El político clientelista no puede repartir subsidios si antes nadie produjo la riqueza que los financia. El burócrata rapaz no puede saquear un presupuesto que ya no se recauda.

Pero esto es algo que toma tiempo y mientras haya qué robar el lumpen robará, pues si no lo hago yo lo hará otro. Esa es la lógica interna de toda depredación colectiva. Nadie cuida el capital común porque todos sospechan que otro lo saqueará primero. Así desaparece la confianza, que es el cemento invisible de la cooperación social.

La lección es simple. Cuando la rapacidad está dispersa, la sociedad puede combatirla con instituciones. Cuando se organiza, debe combatirla con política. Cuando llega al gobierno, solo puede contenerla con contrapesos, legalidad y coraje civil. Lo que está en juego no es una diferencia ordinaria entre programas de gobierno. Es la preservación de una sociedad fundada en la propiedad individual, el intercambio libre, la responsabilidad personal, la igualdad ante la ley y la limitación del poder.

El lumpen no siempre llega con cuchillo. A veces llega con decreto. No siempre invade una finca. A veces invade una institución. No siempre roba en la noche. A veces expropia al mediodía, con lenguaje técnico, aplauso militante y apariencia de justicia social.

LGVA

Abril de 2026

Paloma contra el Leviatán

 

Paloma contra el Leviatán

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

La República de Colombia, nacida del Congreso de Cúcuta de 1821, empezó con cuatro Secretarías Presidenciales: Interior, Hacienda, Relaciones Exteriores y Guerra y Marina. En 1863 se crea la del Tesoro. Con estas cinco, más las de Fomento e Instrucción Pública, creadas en 1880, llegó la Constitución de 1886, que las rebautizó Ministerios.  El siglo XIX terminó con 7, pues el de Justicia, creado en 1890, tuvo una vida efímera y se fusionó con el de Gobierno, antes Interior.

Ya en el Siglo XX, bajo el gobierno Reyes, se crea Obras Públicas y se fusionan   Hacienda y Tesoro. En 1913 se crea Agricultura; Correos y Telégrafos, en 1923; en 1938 y 1940, respectivamente, nacen Trabajo y Minas y Petróleos. En 1946 nace Higiene y reaparece Justicia. Con algunos cambios de nombre, el número de 13, se mantuvo inalterado hasta los años noventa cuando aparecen Comercio Exterior, Ambiente y Cultura. El siglo XXI empieza con 16.

Uribe consiguió la aprobación de la ley 790 de 2002 mediante la cual se fusionaron los de Interior y Justicia; Desarrollo Económico y Comercio Exterior y Trabajo y Salud. Por pocos años el gabinete volvió a la mágica cifra de 13.

Santos echó por la borda el esfuerzo descomunal y único de Uribe por reducir el tamaño del gabinete. La ley 1444 de 2011 resucitó todos los dados de baja por aquel y creó una multitud de agencia para acompañar, completar, sustituir o estorbar el trabajo de los ministerios. El número de éstos volvió a 16.

Duque, que también en esto siguió más a Santos que a Uribe, se inventó dos: Ciencia, Tecnología e Innovación y Deporte. Con Igualdad, invención de Petro, llegamos a 19. En realidad 20, pues el DNP tiene rango ministerial. 

Los ministerios no vienen solos, llegan con viceministerios y otras arandelas. Así, como ellos, que como planetas orbitan alrededor de la presidencia, en torno a cada ministerio giran, como satélites, una serie de dependencias (agencias, unidades, fondos, etc.) que supuestamente ayudan a cumplir el “objetivo misional”. Son por lo menos 200 los objetos que conforman ese sistema planetario-burocrático que se alimenta del presupuesto nacional.

Para cumplir su propósito de reducir de 19 a 12 el número de ministerios - el desafío más grande de la historia al insaciable Leviatán -  Paloma deberá tener una determinación férrea pues enfrentará la resistencia de los empleados públicos de profesión, que viven para servir en el gobierno pues no saben hacer otra cosa; de los subsidiados, a quienes se les ha hecho creer que no pueden vivir sin depender del gobierno; de los crony capitalist, cuyos negocios y empresas viven de los favores del gobierno; de los apóstoles de la justicia social que viven de añorar un gobierno que acabe la pobreza y la desigualdad y del  político profesional, que vive de servirse del gobierno y con él a sus clientelas.

El Leviatán, Paloma, no es creación artificial de políticos estatistas, es producto orgánico de la demanda de gobierno de una sociedad temerosa de la libertad.

LGVA

Abril de 2026

lunes, 20 de abril de 2026

Con Paloma renace la esperanza

 

Con Paloma renace la esperanza

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

Al finalizar el gobierno de Turbay Ayala, en 1982, toda la cúpula del M-19 estaba en la cárcel, el ELN había casi desaparecido después de la Operación Anorí, las Farc estaban reducidas a dos o tres frentes y se había firmado, con los Estados Unidos, un tratado de extradición que tenía aterrados y en fuga a los narcotraficantes.

Belisario Betancur echó todo atrás: se hizo elegir renunciando a la extradición, sacó de la cárcel al M-19 y le montó a las FARC el Santuario de Casa Verde para iniciar el ciclo de las interminables negociaciones de paz en las que aún patina el País, sin percatarse de que ese incesante dialogar es una más de las formas de lucha de la extrema izquierda. El asesinato de Rodrigo Lara y la toma del Palacio de Justicia por la alianza del M-19 y el cartel de Pablo Escobar, le enseñaron amargamente a Betancur que el estado no puede renunciar unilateralmente al uso de la fuerza y tratar de someter a criminales con cánticos a la concordia y ramas de olivo. 

Virgilio Barco y Cesar Gaviria heredaron el desastre de Betancur y trataron de retomar el rumbo enfrentando el narcotráfico y a los criminales de las FARC, el ELN y el M-19. En medio de grandes dificultades, lograron avanzar: dieron de baja a Rodriguez Gacha y a Pablo Escobar, sometieron a los Ochoa y extraditaron a Lehder, acabando con el tenebroso cartel de Medellín. Gaviria puso en fuga a las Farc sacándolas de su santuario de Casa Verde en la Uribe.

Samper se hizo elegir con el apoyo financiero de los Rodriguez Orejuela y debilitó el accionar de las Fuerzas Militares, que durante su mandato sufrieron duros golpes como los de Las Delicias y Patascoy. Con Pastrana la claudicación del estado llegó a extremos inimaginables con la entrega al control de las Farc de 42.000 kilómetros cuadrados, extensión casi equivalente a la de Huila, Sucre, Atlántico, Caldas, Risaralda y Quindío.  

Uribe recuperó la iniciativa del estado y con su Seguridad Democrática derrotó a políticamente a las Farc, redujo su capacidad militar y le quitó el control territorial haciéndola retornar a su condición de guerrilla itinerante huyendo de la Fuerzas Militares. Imperdonablemente Santos, a unas Farc política y militarmente derrotadas, les dio en La Habana el estatus de fuerza vencedora llevándonos a la terrible situación en la que está el País.

Del Plan 10 de Paloma Valencia, el punto definitivo y fundamental, sin el cual todos los demás son palabrería vana, es el primero: enfrentar la crisis de seguridad para vivir sin miedo. Hay que llevar, durante varios años, a 4% ó 5% del PIB el gasto en seguridad y defensa, llevar el pie de fuerza a unos 600.000 hombres y disponer de enjambres de drones para que sean los criminales quienes tengan miedo.

Sobre los otros 9 puntos puede haber desacuerdos, pero no es tiempo de ponernos exquisitos. Lo fundamental es tener un gobierno al que podamos hacer oposición sin temer a ser asesinados.  

LGVA

Abril de 2026.

sábado, 11 de abril de 2026

Debreu y el espejismo del mercado que nunca hemos tenido

 

Debreu y el espejismo del mercado que nunca hemos tenido

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

La teoría económica más rigurosa del siglo XX – el modelo de equilibrio general de Arrow y Debreu - demostró que un sistema de precios puede coordinar de manera eficiente millones de decisiones individuales sin necesidad de una autoridad central. La idea de Marx según la cual un sistema regido por la búsqueda del beneficio – maximización del valor de cambio a expensas del valor de uso – conducía al caos quedó sepultada definitivamente en 1959 en el hermoso libro Teoría del Valor de Gerard Debreu.

Las condiciones para la existencia de un mercado funcional son exigentes en la teoría, pero no es imposible aproximarse a ellas en la práctica. Basta echar una mirada a los índices de libertad económica de la Fundación Heritage o el Instituto Fraser para constatar que son más ricos, equitativos y ambientalmente sostenibles los países con derechos de propiedad bien definidos, competencia efectiva, información razonablemente disponible, cumplimiento de contratos, un marco institucional estable y, sobre todo, ausencia de violencia y coacción.

En Colombia la informalidad no es una anomalía marginal: millones operan por fuera de las reglas; la violencia, la coacción, la extorsión en campos y ciudades fragmentan los mercados, encarecen las transacciones y distorsionan las decisiones. La captura del Estado por intereses particulares erosiona la competencia y convierte la regulación en un instrumento de privilegio. Las llamadas “fallas de mercado” han sido sustituidas por “fallas del estado”, más nocivas y difíciles de erradicar porque benefician a importantes grupos de presión y a sus operadores políticos.

Aunque las propuestas de recortar el tamaño de gobierno son bienvenidas, no puede caerse en el anti estatismo simplista creyendo que el mercado funcional surgirá espontáneamente por el recorte de algunos ministerios, la supresión de trámites y la reducción de impuestos.  Sin seguridad, sin justicia, sin reglas claras, lo que puede emerger no es un orden competitivo sino un nuevo entramado de clientelismo, búsqueda de rentas y coerción violenta.

Un orden económico funcional requiere un Estado limitado, sí, pero al mismo tiempo fuerte en sus funciones esenciales. No un Estado empresario que pretenda dirigir la economía, sino un Estado garante que haga posible su funcionamiento: que proteja la vida y la propiedad, que haga cumplir los contratos, que asegure la competencia y que provea estabilidad normativa.

De cara a los desafíos de Colombia, esta perspectiva ofrece una vía distinta. El problema no es que el mercado haya fracasado, sino que nunca hemos creado las condiciones para que exista plenamente. La tarea, entonces, no es reemplazarlo, sino hacerlo posible, empezando por enfrentar el enorme problema en el que estamos metidos como país.

Al amparo de la farsa de La Habana, de Santos, continuada por la paz total, de Petro; nuestra precaria democracia política y nuestra exigua libertad económica enfrentan la amenaza existencial de un totalitarismo comunista que combina todas las formas de lucha y, hecho nuevo, controla ya parcelas fundamentales del aparato del estado, creando poder dual, que, como enseña Lenin en artículo titulado justamente El poder dual, es el paso previo a la toma total del poder.

LGVA

Abril de 2026.

jueves, 9 de abril de 2026

Raponazo anunciado a la autonomía del emisor

 

 

Raponazo anunciado a la autonomía del emisor

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

La asamblea constituyente de 1991 fue la gran piñata de los “derechos sociales”. Pletóricos de altruismo, los asambleístas de todos los partidos se complacieron unos a otros y, con una ligereza conceptual sorprendente, convirtieron en derechos toda clase de necesidades, como si el acto de consagrarlas en la Constitución bastara para hacerlas realidad. Aquella expansión retórica del catálogo de derechos tuvo, sin embargo, un contrapeso decisivo.

Rodrigo Lloreda Caicedo, al frente de la Comisión Sexta de Asuntos Económicos, comprendió con claridad las implicaciones fiscales y monetarias de ese impulso desbordado. Sabía que un Estado obligado a prometerlo todo terminaría tentado a financiarlo de cualquier manera. Por ello logró introducir los artículos 371, 372 y 373, que consagraron la autonomía del Banco de la República. Esa decisión, en apariencia técnica, ha sido en realidad una de las más importantes salvaguardas institucionales de la estabilidad económica del País.

Dichas disposiciones establecieron que el manejo monetario, cambiario y crediticio quedaría en manos de la Junta Directiva; que el Banco tendría autonomía administrativa, técnica y financiera; que su Junta estaría integrada por expertos; que su función primordial sería preservar el poder adquisitivo de la moneda; y que el crédito directo al gobierno quedaría prácticamente proscrito. Se trató, en suma, de blindar la política monetaria frente a la voracidad fiscal.

Los resultados fueron evidentes. A partir de una inflación del 33% en 1990, el País logró, en las décadas siguientes, reducirla a niveles entre 2% y 4% anual. La credibilidad del emisor y la disciplina monetaria permitieron anclar expectativas y estabilizar la economía. Sin embargo, esa independencia nunca fue absoluta.

La política monetaria solo puede operar plenamente si la política fiscal no la desborda. Cuando el gasto público supera el 35% del PIB y la deuda del gobierno absorbe el 85% del mercado de renta fija, como ocurre hoy, la autonomía del banco central se vuelve frágil. En ese contexto, el control de la inflación recae casi exclusivamente en el encarecimiento del crédito al sector privado.

El mecanismo es conocido: el banco central eleva sus tasas, encarece el crédito a los bancos privados, y estos, a su vez, trasladan ese mayor costo a empresas y hogares. La consecuencia es una contracción del crédito, una reducción de la demanda nominal y, finalmente, una moderación en el aumento de los precios. Es un instrumento eficaz, pero social y políticamente costoso.

Cuando el ajuste recae sobre el sector privado y el gobierno se muestra incapaz o renuente a corregir el déficit, surge la presión por intervenir el emisor: bajar tasas artificialmente, relajar las condiciones de crédito o, en el extremo, financiar directamente el gasto público. Todo ello bajo el pretexto de reactivar la economía o aliviar a los deudores. 

La intención de convertir el Emisor en un banco de fomento para financiar, entre otras cosas, la tal transición energética, estaba ya anunciada en el Plan de Desarrollo. Petro no ha hecho nada que no hubiese advertido en su programa de gobierno o su autobiografía, documentos que nadie parece haber leído.   

LGVA

Abril de 2026.

Anexo

Política monetaria en una lección

Tenía que llegar el día en que Petro lanzara el más brutal ataque contra la autonomía del Banco de la República y la política monetaria centrada en el control de la inflación. Los 3 artículos que la consagran son el ancla de la estabilidad macroeconómica en un país con una Constitución llena de “derechos sociales”, que son el germen del asistencialismo, el gasto público desaforado y déficit fiscal practicados por todos los gobiernos y aceptados como algo normal por la mayor parte de los economistas. Por ello, tal vez no sea inútil una breve explicación de la política monetaria practicada por el Banco. 

Cuando sube el precio de un bien o servicio cualquiera ello es resultado de una demanda excesiva con relación a la oferta en un momento y un lugar determinados. El alza del precio hace que algunos demandantes se retiren y, más adelante, que aumente la oferta disponible.

La inflación es un aumento generalizado y persistente de los precios de todos o la mayoría de bienes y servicios, resultante también de un exceso de demanda nominal. El problema es que en este caso la demanda nominal excesiva resulta de un gasto público excesivo con relación al recaudo tributario y/o de una expansión excesiva del crédito nominal a las empresas y los hogares.

Cuando se presenta la situación descrita, la capacidad de respuesta de la economía de aumentar la oferta de todos los bienes y servicios en el corto plazo puede ser muy limitada, porque hay poco desempleo o poca capacidad productiva ociosa. Esto significa que la única forma de frenar o desacelerar el alza de precios es restringiendo la demanda nominal.

Si el gobierno no quiere o no puede reducir el déficit fiscal, el único mecanismo para reducir la demanda nominal es obligar a los bancos a elevar los intereses de los créditos a las empresas y los hogares. Esto se hace encareciendo el crédito que el banco central otorga a los bancos privados.

La capacidad de un banco privado está limitada por el monto de reservas en moneda legal que debe tener en todo momento, el cual depende a su turno del crédito que le otorga el banco central. Cuando el banco central sube la tasa de interés a las que les otorga crédito, los bancos privados, pronto o tarde, se ven obligados a subir las tasas a la cuales prestan a sus clientes, pues de lo contrario incurrirían en pérdidas. 

Necesariamente, algunos de los clientes dejarán de demandar créditos y otros reducirán su volumen. Como el crédito se demanda para comprar bienes y servicios, su reducción, que se expresa en reducción de los depósitos en cuentas corrientes y de ahorros, implica una reducción de la demanda nominal y de esta forma una menor alza de precios.

El descrito es el mecanismo de transmisión de la política monetaria. El tiempo que trascurre entre el alza de la tasa de interés del banco central y su efecto sobre los precios es el lag o retraso de la política monetaria.

LGVA

Abril 2026.