La
fijación del salario mínimo: más evidencia, menos política
Angélica
Ordoñez Aristizabal
Luis
Guillermo Vélez Álvarez
I.
Introducción
Pocas decisiones de política
económica despiertan tanta atención en Colombia como la fijación anual del
salario mínimo. Cada diciembre se repite el mismo ritual: sindicatos reclaman
un aumento significativo, los empresarios advierten sobre sus efectos sobre el
empleo y el Gobierno intenta presentarse como árbitro de una negociación cuyo
desenlace suele tener un alto contenido político. El debate termina reducido a
una pregunta aparentemente sencilla: ¿de cuánto debe ser el incremento?
Sin embargo, esa no es la pregunta realmente importante.
La discusión debería comenzar
por establecer si la política vigente del salario mínimo está cumpliendo el
propósito para el cual fue concebida. Es decir, si efectivamente mejora el
bienestar de los trabajadores colombianos o si, por el contrario, termina
perjudicando precisamente a quienes pretende proteger.
Esta pregunta adquiere
especial relevancia en un país donde más de la mitad de los ocupados trabaja en
la informalidad. Son más de trece millones de personas que rara vez están
representadas en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales
y Laborales, pese a que las decisiones sobre el salario mínimo afectan
directamente sus posibilidades de acceder a un empleo formal, cotizar a la
seguridad social y mejorar sus ingresos.
Paradójicamente, quienes menos
participan en la discusión son quienes más sufren sus consecuencias.
Durante años, la fijación del
salario mínimo ha estado dominada por argumentos políticos y consideraciones de
corto plazo. Cada incremento superior a la inflación suele presentarse como una
conquista social, mientras que cualquier llamado a la prudencia es interpretado
como una defensa de los intereses empresariales. Esta forma de plantear el
debate desconoce una realidad elemental de la economía: los salarios pueden
crecer de manera sostenible únicamente cuando aumenta la productividad del
trabajo. Cuando la remuneración se desvincula de la productividad, el ajuste no
desaparece; simplemente se traslada hacia otras variables, principalmente el
empleo formal, la informalidad y la inversión.
La evidencia acumulada durante
las últimas décadas muestra que Colombia presenta una situación particularmente
compleja. El salario mínimo es excepcionalmente alto en relación con el salario
mediano, la informalidad permanece entre las más elevadas de América Latina y
una proporción considerable de trabajadores posee niveles de productividad
insuficientes para justificar el costo laboral que impone la legislación. Bajo
estas condiciones, incrementos del salario mínimo por encima de la
productividad generan efectos que trascienden a quienes devengan un salario
mínimo: modifican las decisiones de contratación de las empresas, alteran la
distribución del empleo entre los sectores formal e informal, afectan la
inflación, reducen el crecimiento económico y deterioran las finanzas públicas.
En consecuencia, la discusión
sobre el salario mínimo no puede limitarse al porcentaje de incremento que se
negocia cada diciembre. El verdadero debate consiste en determinar si el
mecanismo mediante el cual se fija el salario mínimo responde a criterios
económicos objetivos o si ha terminado convirtiéndose en un instrumento sujeto
a incentivos políticos.
La política pública debe
evaluarse por sus resultados y no por sus intenciones. Una medida inspirada en
nobles propósitos pierde legitimidad cuando la evidencia demuestra que produce
efectos contrarios a los buscados. En materia de salario mínimo, la pregunta no
es cuánto desearíamos que ganaran los trabajadores, sino cuál es la política
que realmente contribuye a mejorar su bienestar.
Este documento parte
precisamente de esa premisa. Su primer objetivo es revisar de manera
sistemática la evidencia científica reciente sobre los efectos del salario
mínimo en Colombia, con especial énfasis en el empleo, la informalidad, la
distribución del ingreso, la pobreza, la inflación y el crecimiento económico.
El segundo consiste en formular propuestas de reforma legislativa que
incorporen esa evidencia y permitan construir una política salarial más
coherente con las características del mercado laboral colombiano.
En síntesis, la tesis que guía
este trabajo es sencilla: la política de salario mínimo debe dejar de ser un
escenario dominado por consideraciones políticas y convertirse en una política
pública sustentada en la evidencia económica. Solo así podrá cumplir el
propósito de mejorar, de manera sostenible, las condiciones de vida de los
trabajadores colombianos.
II.
El salario mínimo: una política que
necesita ser revisada
El salario mínimo existe en la
mayoría de los países como un mecanismo de protección para los trabajadores con
menor capacidad de negociación. Su propósito es evitar remuneraciones
excesivamente bajas y garantizar un ingreso compatible con unas condiciones
mínimas de vida. Esta es también la justificación adoptada por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), que considera el salario mínimo como un
instrumento para combatir la pobreza y reducir las desigualdades.
Sin embargo, reconocer la
legitimidad de ese propósito no equivale a afirmar que cualquier nivel de
salario mínimo produzca los resultados esperados. Como ocurre con toda política
pública, la validez de sus objetivos debe contrastarse con la evidencia sobre
sus efectos. Una política bien intencionada puede terminar generando
consecuencias contrarias a las que pretende alcanzar.
Este punto resulta
particularmente importante en Colombia, donde el salario mínimo ha adquirido
una relevancia mucho mayor que en la mayoría de las economías desarrolladas. No
solo determina la remuneración de millones de trabajadores, sino que sirve como
referencia para numerosos contratos, tarifas, contribuciones, sanciones,
prestaciones y decisiones económicas del sector público y privado. En
consecuencia, un aumento del salario mínimo produce efectos que trascienden
ampliamente el mercado laboral.
1. El
marco institucional
En Colombia la fijación del
salario mínimo está regulada por la Ley 278 de 1996. Esta norma creó la
Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales,
integrada por representantes del Gobierno, los empleadores y los trabajadores.
La ley establece que la
Comisión debe procurar un acuerdo durante la primera quincena de diciembre. Si
dicho acuerdo no se alcanza, corresponde al Gobierno fijar el incremento
mediante decreto, teniendo en cuenta variables como la inflación, la productividad,
el crecimiento del producto interno bruto y la participación de los salarios en
el ingreso nacional.
La Corte Constitucional,
mediante la Sentencia C-815 de 1999, precisó que ninguno de estos criterios
puede aplicarse de manera aislada y que el Gobierno debe armonizarlos con los
principios constitucionales de protección al trabajo y remuneración mínima vital
y móvil.
En teoría, el procedimiento
busca equilibrar consideraciones sociales y económicas. En la práctica, la
experiencia ha sido muy diferente.
2. Una
política crecientemente centralizada
La historia reciente muestra
que la concertación ha sido más la excepción que la regla. Desde 2001 hasta
2026, diecinueve de los veintiséis ajustes del salario mínimo fueron definidos
unilateralmente por el Gobierno mediante decreto. La negociación tripartita
terminó convirtiéndose, en la mayoría de los años, en una etapa previa a una
decisión del Ejecutivo.
Más importante aún es la
tendencia observada en el nivel del salario mínimo. Durante las dos últimas
décadas los incrementos nominales han sido sistemáticamente superiores a la
inflación, lo que ha permitido un crecimiento sostenido del salario mínimo en
términos reales. Este fenómeno se intensificó a partir de 2021, cuando se
aprobaron aumentos excepcionalmente elevados.
Desde la perspectiva del
trabajador que conserva su empleo formal, estos incrementos representan una
mejora evidente en su poder adquisitivo. Pero esa no es toda la historia.
La pregunta relevante es qué
ocurre con quienes no logran acceder a un empleo formal o pierden su puesto de
trabajo como consecuencia del mayor costo laboral. Esa es precisamente la
dimensión que suele desaparecer del debate público.
3. El
problema colombiano
Una forma de evaluar qué tan
exigente es un salario mínimo consiste en compararlo con el salario mediano de
la economía mediante el índice de Kaitz.
Mientras el promedio de los
países de la OCDE registra un índice cercano a 0,56, Colombia alcanza
aproximadamente 0,92, el valor más alto entre los países comparables. En otras
palabras, el salario mínimo colombiano representa cerca del noventa por ciento
del salario mediano.
Esta característica convierte
a Colombia en un caso atípico. En una economía donde la productividad de una
proporción importante de trabajadores es inferior al costo laboral impuesto por
la legislación, las empresas responden reduciendo la contratación formal,
sustituyendo trabajadores por capital o trasladando parte de su actividad hacia
la informalidad.
No sorprende entonces que el
país mantenga, de manera persistente, una de las tasas de informalidad laboral
más altas de América Latina. Durante los últimos años, más de la mitad de los
trabajadores ha permanecido fuera del empleo formal y, por tanto, sin acceso
pleno a la seguridad social, al crédito formal y a otros mecanismos de
protección laboral.
La informalidad no constituye
únicamente un problema estadístico. Es un obstáculo para el crecimiento de la
productividad, limita la incorporación de nuevas tecnologías, reduce el recaudo
tributario, debilita el sistema de seguridad social y perpetúa la pobreza entre
generaciones.
4. La
necesidad de un nuevo enfoque
Los hechos descritos permiten
extraer una primera conclusión.
Durante las últimas dos
décadas Colombia ha seguido una política de aumentos sostenidos del salario
mínimo, incluso en términos reales. Paralelamente, el país continúa registrando
un índice de Kaitz excepcionalmente alto y niveles persistentes de informalidad.
A ello se suma que la mayoría de los ajustes anuales han sido definidos por
decisión del Gobierno y no mediante concertación.
Estos hechos, por sí solos, no
demuestran una relación causal. Pero sí plantean una pregunta que no puede
seguir ignorándose: ¿está funcionando la política actual del salario mínimo?
Responder esa pregunta exige
abandonar las intuiciones y acudir a la evidencia empírica. Ese será
precisamente el objeto del siguiente capítulo.
III.
Lo que muestra la evidencia
El debate sobre el salario
mínimo suele estar dominado por posiciones ideológicas. Para unos,
incrementarlo siempre constituye una conquista social; para otros, cualquier
aumento representa una amenaza para el empleo. La evidencia empírica permite
superar esa falsa dicotomía.
En economía no basta con
defender una idea; es necesario contrastarla con los datos. Por ello, este
capítulo revisa la literatura reciente sobre los efectos del salario mínimo en
Colombia. La revisión comprende cinco investigaciones publicadas durante los
últimos años, que emplean metodologías diversas —modelos de equilibrio parcial
y general, datos de panel, series de tiempo y modelos dinámicos— pero llegan,
en términos generales, a conclusiones notablemente consistentes.
Lejos de ofrecer resultados
contradictorios, la evidencia apunta hacia un mismo diagnóstico: el nivel
actual del salario mínimo genera costos importantes sobre el funcionamiento del
mercado laboral colombiano y afecta especialmente a los trabajadores de menor
productividad.
1. El
primer efecto: menos empleo formal
El resultado más consistente
de la literatura es la reducción del empleo formal.
Diversos estudios muestran que
aumentos del salario mínimo elevan el costo de contratación para las empresas y
reducen tanto la creación de nuevos puestos de trabajo como la permanencia de
los existentes. Estos efectos recaen principalmente sobre los trabajadores
menos calificados, los jóvenes y las empresas de menor tamaño.
Arango y sus coautores estiman
que un aumento de 1 % en el salario mínimo real incrementa la destrucción de
empleo y reduce la creación de nuevos puestos de trabajo, lo que equivale, en
promedio, a decenas de miles de empleos menos cada año. Otros trabajos
encuentran resultados similares para la industria manufacturera y muestran que
las mayores pérdidas de empleo se concentran precisamente entre los
trabajadores de menor productividad.
En otras palabras, el salario
mínimo no afecta por igual a todos los trabajadores. Quienes ya cuentan con
altos niveles de productividad prácticamente no experimentan consecuencias,
mientras que aquellos cuya productividad apenas alcanza el costo laboral
exigido por la legislación son quienes enfrentan el mayor riesgo de quedar
excluidos del mercado formal.
2. El
segundo efecto: más informalidad
La pérdida de empleo formal no
implica necesariamente que los trabajadores permanezcan desempleados. En
Colombia existe un mecanismo de ajuste ampliamente documentado por la
literatura: la informalidad.
Cuando el costo de contratar
formalmente supera la productividad de determinados trabajadores, muchos
terminan desplazándose hacia actividades informales. Desde esta perspectiva, la
informalidad constituye una válvula de escape del mercado laboral.
Las estimaciones disponibles
muestran que incrementos en el índice de Kaitz aumentan la probabilidad de que
un trabajador termine vinculado al sector informal. Este efecto no es
homogéneo. Es considerablemente mayor entre las mujeres, los trabajadores con
menor nivel educativo y las personas de mayor edad. También existen diferencias
importantes entre ciudades, siendo aquellas con menores niveles de
productividad las más afectadas.
Estos resultados ayudan a
explicar por qué Colombia mantiene tasas persistentemente elevadas de
informalidad a pesar de los continuos incrementos del salario mínimo real.
3. El
tercer efecto: mayor pobreza y desigualdad
Una de las conclusiones más
llamativas de la literatura es que una política diseñada para mejorar los
ingresos puede terminar aumentando la pobreza entre determinados grupos de
trabajadores.
La explicación es sencilla.
Quienes conservan un empleo formal reciben un salario mayor, pero quienes
pierden ese empleo o no logran acceder a él experimentan una caída mucho más
significativa en sus ingresos.
Las investigaciones muestran
que aumentos del salario mínimo incrementan la desigualdad de ingresos y elevan
la probabilidad de que los hogares más vulnerables caigan por debajo de la
línea de pobreza monetaria. Este efecto se concentra especialmente entre los
trabajadores informales y los hogares pertenecientes a los primeros deciles de
ingreso.
En consecuencia, evaluar el
salario mínimo únicamente por el ingreso de quienes continúan empleados ofrece
una visión incompleta del problema.
4. El
cuarto efecto: costos para toda la economía
Los efectos del salario mínimo
no terminan en el mercado laboral.
La literatura encuentra que
incrementos superiores a la productividad generan presiones inflacionarias,
reducen la inversión, disminuyen el crecimiento económico y deterioran las
finanzas públicas.
Los modelos de equilibrio
general muestran que parte del empleo formal se desplaza hacia la informalidad,
disminuye la productividad agregada y se reducen el producto interno bruto, el
consumo y la inversión. Paralelamente, el Estado enfrenta mayores gastos
asociados a remuneraciones indexadas al salario mínimo, pensiones y
contribuciones a la seguridad social, al tiempo que pierde recaudo tributario
por la menor formalización del empleo.
En otras palabras, el costo de
un salario mínimo excesivamente alto termina distribuyéndose entre
trabajadores, empresas y Gobierno.
5. Un
diagnóstico ampliamente compartido y una conclusión inevitable
Pocas veces la literatura
económica colombiana presenta un grado de coincidencia tan amplio como en este
tema.
Aunque los estudios emplean
bases de datos, metodologías y modelos diferentes, todos coinciden en un punto
fundamental: la forma como actualmente se fija el salario mínimo genera
distorsiones importantes en el mercado laboral colombiano.
Las diferencias entre los
trabajos se refieren principalmente a la magnitud de los efectos, no a su
dirección. Todos encuentran impactos negativos sobre el empleo formal y la
informalidad; varios documentan efectos adicionales sobre pobreza, desigualdad,
inflación, crecimiento económico y sostenibilidad fiscal.
Esta convergencia resulta
particularmente relevante porque fortalece la robustez del diagnóstico y reduce
la probabilidad de que los resultados sean producto de una metodología
específica.
La evidencia examinada conduce
a una conclusión difícil de ignorar. La política vigente del salario mínimo no
está alcanzando plenamente el objetivo de mejorar el bienestar de los
trabajadores colombianos. Por el contrario, sus mayores costos recaen precisamente
sobre quienes poseen menor productividad y enfrentan mayores dificultades para
acceder al empleo formal.
La discusión, por tanto, ya no
debería centrarse exclusivamente en el porcentaje de incremento anual. La
verdadera discusión consiste en determinar cómo rediseñar las reglas de
fijación del salario mínimo para que esta política contribuya efectivamente a
mejorar el bienestar de los trabajadores sin profundizar la informalidad ni
destruir oportunidades de empleo.
Ese será el punto de partida
de las propuestas de reforma que se presentan en el capítulo siguiente.
IV.
Hacia una nueva política de salario mínimo
La evidencia examinada en los
capítulos anteriores conduce a una conclusión clara: el problema no radica en
la existencia del salario mínimo, sino en la manera como actualmente se fija y
aplica en Colombia.
En una economía caracterizada
por elevados niveles de informalidad, profundas diferencias regionales de
productividad y una gran heterogeneidad empresarial, resulta cada vez más
difícil justificar un sistema rígido que impone un único salario mínimo mensual
para todo el territorio nacional y para todas las modalidades de trabajo.
La política salarial necesita
evolucionar. No para debilitar la protección de los trabajadores, sino para
hacerla compatible con una economía más diversa, más productiva y con mayores
oportunidades de empleo formal.
Las siguientes reformas
apuntan en esa dirección.
1. Restablecer
la productividad como eje de la política salarial
Durante las últimas décadas el
salario mínimo ha dejado de reflejar la evolución de la productividad laboral
para convertirse, en buena medida, en una decisión política.
Esta tendencia debe
corregirse.
El incremento anual debería
determinarse mediante una regla objetiva en la que la inflación esperada
garantice la preservación del poder adquisitivo y las ganancias de
productividad permitan aumentar el salario real de manera sostenible.
Cuando los salarios crecen por
encima de la productividad, las empresas no pueden absorber indefinidamente ese
mayor costo. El ajuste termina manifestándose mediante menor contratación
formal, mayor informalidad, menor inversión o sustitución de trabajo por
capital.
La mejor política salarial no
es aquella que anuncia los mayores incrementos nominales, sino la que consigue
aumentar simultáneamente los salarios reales y el empleo formal.
2. Fortalecer
el carácter técnico de la Comisión de Concertación
La Comisión Permanente de
Concertación debería dejar de ser un escenario de negociación política para
convertirse en una verdadera instancia técnica de evaluación económica.
Cada decisión anual debería
sustentarse en indicadores previamente definidos sobre productividad,
inflación, empleo, informalidad y crecimiento económico.
La discrecionalidad política
disminuiría considerablemente si el país adoptara reglas transparentes y
verificables para determinar el ajuste anual del salario mínimo.
3. Adoptar
un salario mínimo por hora
La legislación colombiana
continúa estructurada alrededor de un salario mínimo mensual asociado a una
jornada laboral completa.
Este esquema corresponde a una
economía del siglo pasado, en la cual predominaban las relaciones laborales
permanentes y de tiempo completo. Sin embargo, el mercado laboral contemporáneo
es mucho más diverso.
En la mayoría de las economías
desarrolladas el salario mínimo se expresa como una remuneración por hora de
trabajo. Este sistema mantiene intacto el principio de protección al
trabajador, pero permite que la contratación se adapte con mayor flexibilidad a
las necesidades de trabajadores y empleadores.
La adopción de un salario
mínimo por hora tendría varias ventajas.
En primer lugar, facilitaría
la creación de empleos formales de tiempo parcial para estudiantes, madres y
padres con responsabilidades de cuidado, adultos mayores y personas que desean
complementar sus ingresos sin vincularse a una jornada completa.
En segundo lugar, permitiría a
las pequeñas empresas ajustar el número de horas contratadas según sus
necesidades reales de producción, en lugar de verse obligadas a asumir el costo
de una jornada completa aun cuando la demanda de trabajo sea inferior.
En tercer lugar, reduciría uno
de los principales incentivos hacia la informalidad. Muchas actividades
económicas requieren únicamente algunas horas de trabajo al día. Bajo el
esquema vigente, esas necesidades terminan resolviéndose mediante relaciones laborales
informales. Un salario mínimo por hora permitiría formalizar una parte
importante de esas ocupaciones.
Esta reforma no implica
reducir el salario mínimo. Por el contrario, garantiza que cada hora trabajada
reciba una remuneración no inferior al mínimo legal, cualquiera que sea la
duración de la jornada.
En otras palabras, la
protección deja de estar asociada a un contrato mensual y pasa a estar asociada
al trabajo efectivamente realizado.
4. Reducir
la indexación al salario mínimo
En Colombia el salario mínimo
ha dejado de ser únicamente un instrumento de política laboral.
Su evolución determina multas,
tarifas, cuotas, sanciones, aportes, honorarios y numerosas obligaciones
legales.
Esta indexación multiplica los
efectos económicos de cada incremento anual y dificulta que el salario mínimo
cumpla exclusivamente su función de proteger los ingresos laborales.
La política pública debería
avanzar hacia la eliminación gradual de estas referencias, sustituyéndolas por
otras unidades de cuenta cuando ello resulte posible.
5.
Avanzar hacia una mayor diferenciación
territorial del salario mínimo
Colombia presenta profundas
diferencias regionales en productividad, costo de vida, estructura empresarial
e informalidad laboral. Estas diferencias hacen difícil justificar que un mismo
salario mínimo resulte igualmente apropiado para todos los municipios y
departamentos del país.
Mientras las economías de
ciudades como Bogotá, Medellín o Bucaramanga exhiben niveles relativamente
altos de productividad, amplias zonas rurales y numerosas ciudades intermedias
operan con estructuras productivas muy distintas, predominio de pequeñas empresas
y menor capacidad para absorber incrementos en los costos laborales.
En estas circunstancias, un
salario mínimo uniforme puede terminar produciendo efectos muy diferentes entre
regiones. En las economías más productivas su impacto sobre el empleo suele ser
reducido; en aquellas donde la productividad laboral es menor, el mismo salario
puede convertirse en una barrera para la contratación formal y estimular la
informalidad.
La existencia de diferencias
regionales no constituye una particularidad colombiana. Varios países han
optado por reconocerlas mediante esquemas de salarios mínimos diferenciados. En
Estados Unidos coexisten un salario mínimo federal y salarios mínimos estatales
e incluso municipales. Canadá y Japón también permiten diferencias
territoriales, mientras que otros países incorporan mecanismos de ajuste
regional teniendo en cuenta el costo de vida o las condiciones del mercado
laboral.
La experiencia internacional
muestra que la diferenciación territorial no busca reducir la protección de los
trabajadores. Su propósito es adecuar la regulación a las condiciones
económicas de cada región, evitando que un nivel salarial uniforme termine excluyendo
del empleo formal a trabajadores cuya productividad es significativamente
inferior.
Una reforma de esta naturaleza
debería implementarse gradualmente y con criterios estrictamente técnicos. La
diferenciación no tendría por qué establecerse para cada departamento o
municipio. Una alternativa más viable consistiría en definir un número reducido
de regiones laborales, agrupadas según indicadores objetivos de productividad,
ingreso per cápita, costo de vida e informalidad.
La decisión sobre la región a
la que pertenece cada territorio debería recaer en una comisión técnica e
independiente, con revisiones periódicas y reglas previamente establecidas, de
manera que el proceso permanezca al margen de presiones políticas.
Esta propuesta no pretende
disminuir los ingresos de los trabajadores. Busca aumentar sus oportunidades de
acceder a un empleo formal. Para millones de colombianos, especialmente en las
regiones de menor productividad, el verdadero problema no es percibir un
salario mínimo ligeramente inferior al de las grandes ciudades, sino no tener
acceso a un empleo formal y verse obligados a trabajar en la informalidad.
En última instancia, la
política salarial debe reconocer una realidad económica elemental: cuando la
productividad difiere significativamente entre regiones, la uniformidad
absoluta puede terminar generando más exclusión que equidad.
6. Incorporar
la evaluación permanente de resultados
Toda política pública debe
someterse a evaluación. El salario mínimo no debería ser la excepción.
Cada incremento anual debería
ir acompañado de un informe técnico que cuantifique posteriormente sus efectos
sobre el empleo formal, la informalidad, la pobreza, la inflación y el
crecimiento económico.
Solo mediante una evaluación
sistemática será posible ajustar oportunamente la política salarial y evitar
que decisiones bien intencionadas produzcan resultados contrarios a los
buscados.
V.
Conclusiones
La discusión sobre el salario
mínimo ha estado dominada durante décadas por argumentos políticos y
consideraciones de corto plazo. Con frecuencia se supone que un mayor
incremento constituye, por sí mismo, una victoria para los trabajadores.
La evidencia presentada en
este documento invita a una conclusión distinta.
Los estudios disponibles
muestran que cuando el salario mínimo crece persistentemente por encima de la
productividad aparecen efectos adversos sobre el empleo formal, aumenta la
informalidad y se reducen las oportunidades laborales precisamente para quienes
poseen menores niveles de productividad.
Los principales perjudicados
no son quienes conservan un empleo formal. Son quienes nunca logran obtenerlo.
Esta realidad obliga a
replantear el debate.
La verdadera pregunta ya no
consiste en cuánto debe aumentar el salario mínimo cada diciembre. La pregunta
fundamental es cuál política salarial permite incorporar al mayor número
posible de colombianos al empleo formal y elevar sostenidamente su productividad
e ingresos.
La protección de los
trabajadores no depende únicamente del nivel del salario mínimo. Depende, sobre
todo, de que existan empresas dispuestas a contratar, trabajadores capaces de
incrementar su productividad y una economía que genere oportunidades de empleo
formal.
La experiencia internacional
demuestra que es posible combinar salarios dignos con mercados laborales
dinámicos. Para ello se requieren reglas estables, instituciones técnicas y
mecanismos suficientemente flexibles para adaptarse a las transformaciones del
trabajo moderno.
Colombia necesita avanzar
hacia ese modelo.
Una política salarial basada
en la productividad, acompañada de un salario mínimo expresado por hora, menor
indexación y una evaluación permanente de resultados, permitiría proteger mejor
a los trabajadores sin sacrificar la generación de empleo formal.
En economía, como en todas las
políticas públicas, las buenas intenciones no son suficientes. Lo que
finalmente importa son los resultados. Y la evidencia sugiere que ha llegado el
momento de construir una política de salario mínimo menos determinada por la
coyuntura política y mucho más guiada por la evidencia económica
Durante décadas Colombia ha
discutido el salario mínimo como si el dilema consistiera en escoger entre
salarios altos o salarios bajos. Ese nunca ha sido el verdadero problema. El
verdadero desafío consiste en construir una política salarial que permita que
el mayor número posible de colombianos tenga un empleo formal, productivo y
bien remunerado. Un salario mínimo que excluye a millones de trabajadores del
mercado formal deja de ser un instrumento de inclusión social para convertirse,
por noble que sea su propósito, en una barrera contra el empleo. La política
laboral del siglo XXI debe proteger al trabajador, pero también preservar la
posibilidad de trabajar.
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