Powered By Blogger

viernes, 28 de agosto de 2020

EPM: del cuento chino al racionamiento


EPM:  del cuento chino al racionamiento

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista


Si las cosas siguen como van en EPM, muy probablemente los chinos realizarán su sueño largamente acariciado de construir una hidroeléctrica en Antioquia, aunque ello signifique poner en riesgo de racionamiento al País.

Representantes de la China Three Gorges Corporation (CTGC) estuvieron rondando por Medellín, en 2003-2004, cuando se preparaba el proceso licitatorio de Porce III. Finalmente, la CTGC no se presentó a la licitación pues al parecer deseaba una contratación directa que no pudo cuajar, gracias, en buena medida, a la vigilancia de la veeduría que se creó para controlar la administración de EPM, entonces permeada por la política, y, sobre todo, por la acción de la gerencia media y los profesionales que supieron imponer los criterios de rigor técnico, jurídico y financiero propios de la Empresa.

Luego, en 2010, la CTGC calificó para la subasta internacional convocada para la construcción de Hidroituango. Este intento también se vió frustrado cuando los socios de Hidroituango – EPM y la Gobernación de Antioquia – acordaron encomendarle la construcción del proyecto a EPM mediante un contrato BOOMT.

Nunca se sabrá lo que habría sido de Hidroituango si su construcción hubiese sido encomendada a la CTGC. Lo que sí sabemos es que, bajo el liderazgo de la Gerencia y la Junta Directiva de entonces, pudo desarrollarse la acción coordinada de directivos, profesionales y técnicos de EPM con los diseñadores, los interventores y los constructores que evitó el colapso de la presa, impidiendo que la contingencia de abril de 2018 se convirtiera en una tragedia de grandes proporciones. Ese heroico esfuerzo fue atacado burdamente por el entonces candidato Quintero, quien hoy, como alcalde, lo desconoce y quiere que caiga en el olvido. 

Los chinos son persistentes y saben esperar. En reciente comunicado del Sindicato de Profesionales de EPM (SINPRO) y en declaraciones de su presidente a los medios, se indica que los chinos rondan nuevamente por Medellín y que los funcionarios vinculados a la construcción de Hidroituango recibieron la orden de suminístrales información del proyecto, desde antes de la crisis desatada por la renuncia de la junta directiva ante el desconocimiento de sus funciones por el alcalde y el gerente.

El escenario parece estar listo para que los chinos de la CTGC vean recompensada la inagotable paciencia propia de su cultura milenaria.

En efecto, sería un sinsentido que el alcalde, amo y señor de EPM, extienda el contrato a un consorcio que tiene demandado por inepto. Tampoco parece lógico que las empresas del consorcio estén dispuestas a continuar trabajando en el proyecto en esas condiciones. A la demanda de EPM se adicionarán las contrademandas del consorcio y empezará una batalla legal de 10 años por lo menos de la que los únicos ganadores ciertos serán los abogados.

El proceso licitatorio para conseguir un nuevo contratista que concluya lo que falta de Hidroituango tomaría por lo menos un año, desde la elaboración de los pliegos hasta la adjudicación. Así las cosas, la declaratoria de la urgencia manifiesta para hacer una contratación directa, invocando el riesgo de racionamiento, aparece como la opción más razonable. Y ahí estarán los persistentes y pacientes chinos de la CTGC para coger al vuelo la oportunidad soñada.

El problema es que aún con una contratación directa no se garantiza la puesta en operación de Hidroituango de forma oportuna para cumplir el compromiso que EPM tiene con el sistema interconectado, bajo el esquema del cargo por confiabilidad. Tampoco, por su puesto, se conjura el riesgo de racionamiento. La obra es en extremo compleja y su desarrollo está plagado de dificultades, aún para los contratistas actuales que llevan 10 años en el terreno.  

Esto es algo que no parece importarle al alcalde Quintero cuyos objetivos personales y políticos – así como los de sus apoyos actuales, Vargas Lleras y Petro Urrego - están por completo desalineados de los objetivos de largo plazo de EPM y del objetivo de las autoridades del sector eléctrico colombiano de garantizar el abastecimiento confiable de la demanda eléctrica.

Los miembros de la novísima Junta Directiva de EPM si deberían preocuparse por la compleja situación en la que voluntariamente se han puesto aceptando su designación. Si el alcalde, como ha dicho con displicencia, en gracia de discusión, somete a su consideración la demanda contra el consorcio constructor, quedan mal tanto si la aprueban como si la desaprueban.

En el primer caso se montan en el barco del alcalde que seguramente conduce al detrimento patrimonial de EPM por el incumplimiento de sus obligaciones con el sistema interconectado y, eventualmente, al racionamiento energético. Si desaprueban darían razón a la junta saliente y nadie entendería por qué están ahí. Es bueno que la inducción que se hace a los miembros de la junta incluya lo referente a las responsabilidades, incluso patrimoniales, que comportan sus decisiones.

Llama la atención el hecho de que a estas alturas las autoridades nacionales del sector eléctrico no hayan dicho nada sobre lo que está pasando en EPM. El Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Unidad de Planeamiento Minero Energético y la Comisión de Regulación de Energía y Gas harían bien en pedirle a XM, el operador del sistema, el balance energético del País bajo el supuesto de que Hidroituango demore su entrada en operación comercial uno o dos años más después de noviembre de 2022. 

Al problema del atraso de Hidroituango habría que añadirle el de los proyectos eólicos de La Guajira, en los que el Ministerio de Minas y Energía tiene fincadas sus esperanzas. Los promotores de esos proyectos, al parecer, no tenían idea del berenjenal tan espantoso que es el proceso de consulta previa con las comunidades indígenas de ese departamento. Para EPM, el pequeño parque de Jepirachi fue una verdadera pesadilla: cuatro veces por lo menos la infraestructura fue desmantelada por el robo de alambre de cobre y otros materiales. 

Por lo anterior el sistema interconectado quedaría muy vulnerable y con alto riesgo de racionamiento. Ese riesgo de racionamiento debería ser suficiente para que las autoridades sectoriales, en especial la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, empiecen a preguntar sobre lo que está pasando en EPM. También la Procuraduría y la Contraloría deberían estar haciendo lo suyo en lugar de esperar para actuar la ocurrencia de un gran daño a EPM y al País entero.

Los chinos de la CTGC pueden ser pacientes y buenos para hacer proyectos hidroeléctricos, pero todavía no se sabe que hagan milagros. Porque un milagro es lo que se necesitaría para que terminaran oportunamente la primera fase del proyecto en 2022. Así pues, hay que preparase para que EPM incumpla sus compromisos con el sistema interconectado poniendo en riesgo el abastecimiento eléctrico del País. Pero esto al alcalde Quintero le importa un pepino: lo suyo parecen ser los cuentos chinos.  

LGVA

Agosto de 2020.




sábado, 22 de agosto de 2020

La toma de EPM


La toma de EPM

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista


Con el nombramiento de un tal señor Robledo, el alcalde Quintero conformó ya su junta directiva de bolsillo. Faltan los 3 representantes de los comités de desarrollo y control social de los servicios públicos, cuyo nombramiento puede tomar un poco más de tiempo, mientras se inventan e inscriben los vocales de control de algunos comités fantasmas creados para el efecto. No será difícil encontrar dos o tres calanchines para completar el equipo de turiferarios que darán “respetabilidad” a las decisiones del alcalde, amo y señor de EPM durante los próximos tres larguísimos años que le restan a su mandato.

Excepción hecha del ex – gerente de ISAGEN, los demás miembros ya nombrados de la junta directiva no ostentan en materia de servicios públicos domiciliarios otra credencial que saber pulsar el interruptor de la electricidad, encender la estufa de gas o vaciar el sanitario. También son desconocidas sus ejecutorias empresariales o en el mundo de los negocios, lo que en los tiempos que corren es más bien motivo de inhabilidad. Todos son personajes del mundo de la política, profesionales del empleo público, de esos que obedecen obsecuentemente no tanto a quien los nombra sino a quien los puede botar. Y ya están advertidos por el alcalde Quintero quien dejó dicho: si no me gusta un miembro de junta, lo cambio y ya.

El equipo directivo también está arreglado. Se trajeron seis vice-presidentes igualmente ignorantes en asuntos de servicios públicos domiciliarios y que por toda experiencia no pueden acreditar más que pequeños cargos como empleados del gobierno. Para abrir espacio a los allegados, se crearon un par de vicepresidencias nuevas: la legal y la de riesgos. Hay que esperar a ver quién llega. Por lo pronto, la casi totalidad de la Junta Directiva y del equipo de gerencia está compuesta por personas que nada saben de servicios públicos domiciliarios, empezando por el alcalde y el gerente general. ¡Háganme el favor!

Las cosas no terminan aquí. Las más de cuarenta filiales de EPM tienen por lo menos 800 cargos de dirección y juntas directivas para llenarlos de aprendices sin otro merecimiento que su cercanía con el alcalde Quintero o sus patrocinadores políticos. La desprofesionalización de la dirección de EPM y sus filiales tiene graves consecuencias que van más allá de las que se derivan de las decisiones sin conocimiento ni criterio técnicos.

La primera barrera contra la corrupción es la idoneidad y la experiencia profesional. Conocer algo de algo es conocer la forma de hacer las cosas. El buen profesional o el buen técnico se resiste a lo indebido porque repugna o contraría su sentir de lo que debe hacerse frente a cada situación contingente. Esa es la integridad profesional. Desprovisto de esa barrera, el ignorante no puede hacer otra cosa que responder al halago, a la dádiva o al temor.

También el temor afectará a los buenos profesionales y trabajadores de EPM a los que les tocará padecer la pesadilla de los ineptos en el mando. Las más aberrantes órdenes que sean por escrito.  Mantengan su criterio con la flexibilidad de las palmeras frente al huracán. No se expongan, no se dejen botar, porque la Empresa los necesita para mitigar el daño que este sunami le causará y para reconstruir lo dañado una vez pase, porque pasará. Hoy, ustedes, con su conocimiento y su integridad, son la primera línea de defensa de EPM.

LGVA

Agosto de 2020.   


lunes, 17 de agosto de 2020

Vargas Lleras y EPM: entre la ignorancia y la perfidia


Vargas Lleras y EPM: entre la ignorancia y la perfidia


Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista


Después de su derrota en las elecciones de 2018, de las que se creía el seguro vencedor, Germán Vargas Lleras quedó a la deriva, sin nada que ofrecerles a los miembros de su partidito de clientelistas sin principios, que solo se mueven por cargos y tajadas de presupuesto. En un esfuerzo desesperado por no caer en el olvido, buscó refugio en las páginas de El Tiempo, donde semanalmente opina sobre cosas de las que unas veces no sabe nada y otras tampoco.

Su última columna, “Orden en la casa”, del 16 de agosto, es un ejemplo conspicuo de su inútil ejercicio hebdomadario por posar de estadista informado. Sin beneficio de inventario, recoge el cuentazo del alcalde Quintero que quiere hacer ver al Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) como una banda de trúhanes dedicados durante años a exprimir a Empresas Públicas de Medellín (EPM).

Para “evidenciar” lo que denomina “profundas e intrincadas” relaciones entre el GEA y EPM, menciona que ex – gerentes como Juan Felipe Gaviria, Federico Restrepo y Juan Esteban Calle han sido también destacados dirigentes de empresas del sector privado, como lo han sido muchos otros ex - gerentes. Para un dirigente político serio, el hecho de que a la cabeza de EPM lleguen empresarios de prestigio en lugar de pequeños politiqueros, debería ser motivo de elogio. Pero no, Vargas Lleras, emulando a Petro, lo convierte en algo sospechoso y turbio, enlodando de paso el buen nombre de honorables personas.

Honorables personas son también los miembros de la Junta Directiva que renunciaron dignamente antes de someterse a los vejámenes de Quintero, que provocaron igualmente la renuncia de la Junta de Ruta-N. ¿De cuando acá, como insinúa Vargas Lleras, ser empresario y conocedor de los servicios públicos, tener buena reputación y excelentes relaciones profesionales y de amistad en el mundo de los negocios se ha convertido en un delito y motivo de escarnio? El ladrón juzga por su condición, dice la sabiduría popular. Bajo, bajo, ha caído el ex – candidato.

A la manera de Petro, despliega Vargas Lleras una serie de insinuaciones sobre las relaciones de EPM con las empresas de ingeniería antioqueñas y el sector financiero. Para alguien que no tenga una mente enferma de anti-capitalismo, no hay nada de extraño en el hecho de que EPM tenga relaciones comerciales con esas y muchas otras empresas de Colombia y de otros países. También han sido contratistas de EPM empresas de ingeniería de Bogotá, de otras partes del País y de otros países, cuando en buena ley se han ganado las licitaciones.    

En la única parte donde pasa de las pérfidas insinuaciones a los hechos, Vargas Lleras miente descaradamente. Queriendo justificar las erráticas decisiones del alcalde Quintero, ensaya una analogía con lo acontecido en Porce III, donde supuestamente se habrían presentado gigantescos sobrecostos sin que EPM hubiese demandado a los responsables.

El presupuesto inicial de Porce III fue de US$ 948 millones. Los 550 millones de los que habla Vargas Lleras, por ignorancia o perfidia, corresponden a un estimativo de 2002, cuando no había siquiera un estudio de factibilidad. El costo final fue de US$ 1300 millones, lo que implica un sobrecosto US$ 352 millones, es decir, 37%.

Alguien que se pretende presidenciable, debería saber que entre 2005, año en el que se adjudicaron los contratos de Porce III, y 2010, año de su entrada en operación comercial, la tasa de cambio pasó   $/US$ 2.300 a $/US$ 1900, promedio anual. Esto significa que el 24% del sobrecosto fue causado por la revaluación de la tasa de cambio. En pesos, el sobrecosto de Porce III fue 13%.

La mayor parte de ese sobrecosto se explica por obra adicional, situación frecuente en esta clase de proyectos, como debería saber Vargas Lleras. Porce III se entregó cuatro meses antes de la fecha prevista y recibió por la calidad de su ingeniería el premio de la Comisión Internacional de Grandes Presas.  Así pues, señor Vargas Lleras, en Porce III no hubo demanda porque no había nada que demandar. El ejemplo del que se vale para darle sustancia a su argumento se viene al suelo y solo quedan las insinuaciones y las maledicencias del mejor estilo petrista.  

No voy a ocuparme del tema de la demanda de Hidroituango que he tratado en otras partes. Basta con decir que en esto Vargas Lleras muestra una inmensa ignorancia solo comparable con su inmenso deseo de resultarle grato al alcalde Quintero. Para el largo ayuno burocrático al que ha estado sometido, uno o dos puestecitos en esa junta y un par de subsecretarías en la alcaldía es algo que no se puede desdeñar.     


LGVA

Agosto de 2020.

domingo, 16 de agosto de 2020

¿Qué hacer con EPM?


¿Qué hacer con EPM?


Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

 
Hay poco que hacer para contener las consecuencias más inmediatas – costo reputacional y encarecimiento del crédito -  que se derivan de la solicitud de conciliación prejudicial con los contratistas de Hidroituango presentada por EPM ante la Procuraduría Judicial para asuntos administrativos de Medellín. Algunos abogados opinan que esa conciliación es un requisito que debe cumplirse antes de proceder con la demanda, otros piensan que no es así.

Es muy improbable que la conciliación prejudicial llegue a feliz término por la magnitud de lo que está en juego, que es mucho más de los 9.9 billones de los que se habla. Si los demandados resultan condenados, no solo deberán satisfacer las pretensiones económicas del demandante, sino que deberán hacerse cargo de las que resulten de las otras demandas que están en curso, como la de Hidroituango contra EPM y la demanda colectiva de las personas afectadas aguas abajo del proyecto. También deberán responder por las sanciones de la CREG, por el proceso de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la Nación, por las sanciones de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y sabe Dios qué más. Se viene un proceso que puede durar 10 o más años.

En septiembre de 2019 la aseguradora MAPFRE reconoció que la contingencia de Hidroituango estaba enmarcada en la cobertura de la póliza de US$ 2.556 millones, por daños materiales de infraestructura y equipos, y US$ 628 millones, por lucro cesante; en total US$ 3.184 millones, cerca de 12 billones de pesos. En diciembre de 2019, MAFRE realizó el primer pago por US$ 150 millones, cerca de 600.000 millones de pesos. Hay que esperar a ver cómo reacciona la aseguradora ante el proceso, pues si decidiera reconsiderar su posición o condicionar sus desembolsos al resultado del proceso, el efecto sobre la situación financiera de EPM sería extremadamente grave.

Otra incógnita es la posición que asuma el Banco Interamericano de Desarrollo, el principal financiador de Hidroituango. Hasta el momento ha permanecido en silencio pues sus directivos saben que cualquier manifestación de su parte puede deteriorar aún más la percepción que de EPM se tienen en los mercados financieros, afectando su propia posición acreedora. En otras circunstancias, los banqueros del BID ya habrían desembarcado en Medellín, pero seguramente ya deben haber sido muchas las conversaciones con la gente de EPM buscando claridad sobre la situación planteada.

Los daños colaterales ya están dados, aunque podrían mitigarse si el Gerente Rendón López aceptara la salida honorable que le ofrecieron los directivos del consorcio CCC en carta del pasado 14 de agosto. Esta comunicación pone en evidencia la fragilidad de la demanda de EPM y anuncia las contrademandas que se vendrán de continuar el litigio. El problema es que, aunque quisiera, el gerente, que como abogado sabe lo que se viene, no puede aceptarla pues la decisión depende del alcalde Quintero, que ya no puede echarse atrás en la delirante cruzada que ha emprendido para rescatar a EPM de las “garras” del GEA. Es mucha la gente de todos los niveles que cree el cuentazo del alcalde y mucha también la que está interesada en que se crea para pescar en las aguas turbias que se están agitando.

El contrato con el consorcio constructor termina en diciembre. Habida cuenta de las circunstancias, es poco probable que se extienda, pero la obra no está aún terminada, falta más de un año de trabajo. Encontrar quién se haga cargo de semejante obra es mucho más complejo que sacar la llanta de repuesto. La entrada en operación comercial - que a causa de la afectación de trabajadores por Covid-19, se había aplazado de diciembre de 2021 a junio de 2022 – sufrirá, sin duda, un nuevo aplazamiento. Es improbable que Hidroituango esté generando antes de diciembre de 2023. Se aumentan los sobre costos constructivos, crece el lucro cesante, habrá mayores sanciones de la CREG y se pone en riesgo el abastecimiento eléctrico del País.

Soy poco optimista de lo que pueda hacerse para desviar el curso de los acontecimientos. El proceso judicial seguirá adelante y dentro de algunos meses solo llamará la atención de los abogados, el alcalde Quintero recompondrá su Junta, el gerente Rendón seguirá en su cargo, los empleados se acostumbrarán al régimen de terror silencioso y la gente se olvidará del asunto. Es posible que, como en la época de Luis Pérez, aparezca una “Veeduría Ciudadana”, que será más ineficaz que su antecesora a causa del profundo cambio de opinión que se ha producido en los últimos años.

Es ese cambio de opinión el que llevó a Quintero Calle a la alcaldía, en una coyuntura, como la contingencia de Hidroituango, propicia para vehicular el discurso anti-empresarial y anti-capitalista que desde hace años hace carrera en el País. Quintero consiguió hacer que muchas personas vieran el tejido empresarial de Medellín, en el que EPM tiene, por supuesto, un papel central, como una articulación de sórdidos intereses privados, encarnados en el GEA, que descaradamente espolian a “la empresa de todos”.  

La gente de Medellín votó por una propuesta política que le hizo ver como trúhanes a los directivos de EPM que encararon la contingencia de Hidroituango. Trúhanes al servicio de los trúhanes del consorcio constructor, empeñados unos y otros en cubrirse sus responsabilidades para poder seguir después seguir saqueando a su amaño, como le han hecho toda la vida, la supuesta empresa de todos.

Para la mayoría de las personas es imposible imaginar las complejidades de la construcción de un proyecto hidroeléctrico de la magnitud de Hidroituango. Las explicaciones técnicas fuera de su alcance intelectual les parecen meras artimañas porque han perdido la confianza en quien se las suministra. Cuando la gente ha perdido la confianza en sus dirigentes se vuelve especialmente sensible a las teorías conspirativas. Por eso, las “explicaciones” a la manera del alcalde Quintero encuentran eco inmediato en un medio en el que el discurso anti-empresarial y anti-capitalista ha tomado tanto vuelo.

No hay que equivocarse. La batalla actual por la autonomía de EPM se perdió en las elecciones del 27 de octubre de 2019. Algunos hablan de buscar la revocatoria del alcalde Quintero después de su primer año de mandato. Vana ilusión: la revocatoria procede cuando no se está cumpliendo el programa por el cual se fue elegido y Quintero está cumpliendo el suyo a raja tabla, pues el elemento central de dicho programa era someter a EPM al querer de la alcaldía municipal y hacer pagar a los supuestos responsables de la contingencia de Hidroituango.

Muchos dirigentes de Medellín, que, pletóricos de anti-uribismo, apoyaron la candidatura de Quintero o que con sus acciones u omisiones facilitaron su victoria, creyeron que el Convenio Marco de relaciones Municipio de Medellín – EPM era suficiente para preservar la autonomía de la Empresa. Dudo de que el alcalde Quintero o el gerente Rendón lo hayan leído. Y por supuesto no es necesario que lo hagan porque ya pasaron por encima de él y no tienen interés ni ninguna obligación legal de cumplirlo.

En el marco normativo existente, ley 142 de 1994 y acuerdo 12 de 1998, el alcalde es amo y señor de la Empresas Públicas de Medellín, gústenos o no. Como lo fueron antes de él Federico Gutierrez, Aníbal Gaviria, Sergio Fajardo, Luis Pérez y todos los demás. Con argumentos populistas, se ha rechazado discutir siquiera la corporatización de EPM y la colocación de su acción en la bolsa de New York. La variación del precio de la acción es el mejor indicador de la calidad de la gestión y el mejor controlador de los administradores. Eso lo entendieron hasta los comunistas chinos que tienen 178 de sus empresas cotizando en Wall Street.

Las nefastas ocurrencias del alcalde Quintero ponen en evidencia, una vez más, los enormes riesgos de tener las decisiones sobre un bloque patrimonial como EPM en cabeza de un individuo. La propiedad pública es una ficción jurídica. El dueño de las cosas es el que decide qué hacer con ellas. El alcalde Quintero es hoy el dueño de EPM y, sino comete un error garrafal, lo será hasta que termine su mandato.

LGVA

Agosto de 2020.

miércoles, 12 de agosto de 2020

EPM: cierto olor a podrido


EPM: cierto olor a podrido


Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

Corromper: Alterar, descomponer. Cambiar la naturaleza de una cosa volviéndola mala. Podrir: alterar una sustancia orgánica de modo que se inutiliza, huele mal (…) Impurificar el ambiente con miasmas o mal olor”

(María Moliner)


La renuncia de los 8 miembros de su Junta Directiva es el momento culminante del acelerado deterioro del manejo de EPM bajo la administración del señor Quintero Calle. Nunca en la historia de la Empresa se había presentado una situación semejante. Desde la posesión del actual Gerente se empezaba a percibir cierto olor a podrido que se ha intensificado con el paso del tiempo.

El señor Rendón López se posesionó el primero de enero siendo representante legal y socio de Global Consulting Network, empresa que en su amplísimo objeto social incluye “la prestación de servicios públicos o privados, domiciliarios o de otro tipo y el suministro de bienes y servicios relacionados con esas actividades”, según consta en el certificado de existencia y representación legal AA20061578 del 24 de enero de 2020, expedido por la Cámara de Comercio de Comercio de Bogotá.  

Posteriormente, el alcalde nombró en la Junta al señor Oswaldo León Gómez Castaño, gerente de CONFIAR, una entidad financiera del sector cooperativo, que tiene un convenio de recaudo con EPM y que otorgó a la campaña del señor Quintero un crédito con cargo a la reposición de votos. El señor Gómez tuvo el decoro de adherir a la renuncia colectiva de la Junta.  

A principios de julio se hizo pública la intención del alcalde Quintero de pedir a Concejo Municipal facultades para modificar el objeto social de la Empresa, para incluir una inverosímil lista de actividades que ninguna relación guardan con los servicios públicos domiciliarios. Aunque el proyecto de acuerdo de facultades fue retirado, al parecer el señor Quintero mantiene intacto su propósito de presentar el acuerdo nuevamente al Concejo Municipal.

En cargos fundamentales de la Empresa y de sus filiales han sido nombradas una serie de personas que no parecen tener más mérito que su amistad con el Alcalde o el Gerente General. Al mismo tiempo, para abrir espacio a los allegados, se ha prescindido de numerosos profesionales con impecables hojas de servicio, como el gerente de la CHEC, quien venía desempeñado su cargo con especial competencia, profesionalismo y honestidad. 

La contratación se ha vuelto secreta. Los procesos de contratación y contratos celebrados, que en razón de la transparencia aparecían mensualmente en el portal de la Empresa, no se publican desde enero de 2020, lo que no deja de generar inquietud sobre lo que está ocurriendo en esta materia, en una empresa que mensualmente celebra varios miles de contratos por miles de millones de pesos.

El direccionamiento estratégico de la Empresa, que usualmente se hacía internamente, con el apoyo de una firma especializada, se define ahora desde la alcaldía. Le bastaron quince días a la nueva administración para echar a la basura el direccionamiento estratégico vigente, construido con el apoyo de la consultora McKinsey, que por el encargo cobró más de un millón de dólares, y sustituirlo por uno hecho a las carreras que está “alineado” con el plan de desarrollo del municipio. El Gerente General incurrió en el despropósito de presentar, el seis de agosto en el aniversario de EPM, como un gran logro semejante zarpazo a su autonomía.

La creación, hace 65 años, del Establecimiento Público Autónomo se hizo justamente para “desalinear” la estrategia, las finanzas, la contratación y el régimen laboral de la Empresa de los intereses del alcalde de turno. En eso consistía la autonomía de EPM.

El señor Quintero, que no el gerente quien oficia de simple estafeta, al desconocer a la Junta Directiva en dos asuntos del mayor calibre, como la ampliación del objeto social y la millonaria demanda a los contratistas de Hidroituango, da la estocada de muerte a la autonomía y se enseñorea como amo y señor de lo que ha convertido en su coto privado de caza. Las piezas cobradas – gobierno corporativo, planeación profesional, rigor jurídico, contratación transparente, meritocracia laboral y finanzas austeras -   se descomponen a su paso mientras el hedor se extiende por toda la Ciudad. Después vendrán las piezas mayores: la calidad y la continuidad de los servicios. Entonces la fetidez será insoportable.

LGVA

Agosto de 2020.



sábado, 8 de agosto de 2020

Por qué Trump lo volverá a hacer y por qué es bueno que lo haga


Por qué Trump lo volverá a hacer y por qué es bueno que lo haga


Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista


Donald Trump es un personaje desagradable: altanero, prepotente y soez. Lo acusan de misógino. Más que un gran empresario innovador es un especulador más o menos afortunado de la renta urbana. Trump es sin duda un típico representante de la clase alta neoyorkina, la que pone de moda las causas sociales, la que lee o presume leer “The Newyorker”, la que Tom Wolfe retrató cruelmente en “La Hoguera de las vanidades” y la que produce tipos como Epstien o Madoff. También produjo, esa sociedad, a Truman Capote, un enano presumido y alcohólico, que no por ello deja de ser el gran escritor que fue.

Los escritores deben ser juzgados por sus obras y los políticos por la suyas. Si juzgáramos a los políticos con base en los preceptos de “El Sermón de la Montaña” o por su encanto personal, ninguno en toda la historia de la humanidad merecería nuestra aprobación.

Uno de los principales cargos contra Trump ha sido el de su mal trato a los inmigrantes. Curiosamente, como en muchos otros casos, los números hablan a su favor. El promedio anual de inmigrantes que han recibido la residencia en Estados Unidos durante su mandato, la ansiada “Green Card”, es superior al de cualquiera de sus tres últimos antecesores. Está encima del de Obama y muy mucho más del de Clinton quien, gracias a la prensa biempensante, ostenta el lauro de gran amigo de la inmigración. 




El 43,7% de los nuevos residentes de 2018 procedía de algún país de América Latina o El Caribe; los países africanos aportaron 10,6%. En total latinos y negros que recibieron ese año la “Green Card” fueron el 54,3%, cifra que no parece mala para un “racista” y que se compara bien con el 50,7 % del último año de Obama y con el 49,9 % del último de Clinton.




En 2016, Trump ganó las elecciones porque en un golpe de audacia política rompió con el buenismo y la victimología imperantes que, despojado de su individualidad a negros, latinos, mujeres, indígenas y homosexuales, los han convertido en especies de mascotas gregarias que, incapaces de valerse por sí mismas, deben ser ayudadas y protegidas de una sociedad que las oprime. Su audacia consistió en dirigirse al supuesto opresor, al individuo blanco o de cualquier color - heterosexual, religioso, tradicionalista, patriótico – que ha sabido progresar con su esfuerzo y su trabajo y contra cuyos valores si se admite, en el buenismo oficial, la burla y la denigración. Además de este discurso, que es cada vez mejor entendido por la gente, Trump tiene en esta oportunidad varias cartas fuertes de las que carecía en 2016.     

Donald Trump ganará las elecciones de 2020 por ser el candidato-presidente, porque los resultados económicos de su gestión son satisfactorios, por el fracaso de los demócratas en el proceso de impeachment, porque los disturbios que siguieron a la muerte de George Floyd fortalecen su candidatura y porque la economía norteamericana se recuperará vigorosamente, al tiempo que los contagios y las muertes por la pandemia se reducen paulatinamente.   
  
El candidato-presidente tiene sobre su rival la ventaja de una mayor exposición mediática, la de definir los temas de la campaña y la de controlar los cargos de la administración pública donde se manejan las clientelas políticas, porque siempre vale más un “toma” que un “tendrás”.

Desde Franklin D. Roosevelt, solo dos presidentes que se presentaron a la reelección fueron derrotados: Carter y Bush padre. Hay que tener unos números muy malos o estar apabullado por algún estruendoso fracaso o escándalo reciente, para que un candidato-presidente no resulte ganador. Los números de Trump son buenos y, en lugar de una derrota, viene de una victoria política indiscutible como es el fracaso del “impeachment” impulsado por los demócratas.

Antes del choque de la pandemia, la economía de USA estaba prácticamente en pleno empleo y casi sin inflación. El crecimiento del PIB per cápita es bastante bueno. En fín, la economía es más abierta que en 2016, cuando la relación porcentual del comercio exterior con el PIB era 26,5% frente a 27,5% en 2018. Un punto de crecimiento en dos años no está mal para un proteccionista.



Los desórdenes promovidos por la izquierda radical y acolitados por el Partido Demócrata, en lugar de debilitarla, pueden fortalecer la candidatura de Trump. En 2016, Trump enfocó su oferta política hacia la clase media blanca, el sector mayoritario de la sociedad norteamericana, que por efecto de la propaganda aparece como la responsable de las calamidades de las minorías discriminadas: negros, latinos, homosexuales, etc.  Este grupo es el que ha sido víctima de las mayores agresiones protagonizadas por los participantes en las protestas desatadas tras el asesinato de Floyd. Pero aún entre los negros y latinos, que han prosperado en la sociedad norteamericana, prevalece el sentimiento de que esos desmanes son una reacción exagerada frente a un hecho que todo mundo está dispuesto a condenar como un evento de brutalidad policial.

Las protestas por lo de Floyd fueron menos masivas y se han disipado más rápidamente de lo que hubieran querido sus instigadores.  Ya solo quedan en las calles los activistas organizados de movimiento Black Lives Matter, cuyo orientación violenta y totalitaria es cada vez más notoria y más evidente para el pueblo de Estados Unidos.

Le recuperación del empleo es asombrosa. La tasa de desempleo, que llegó a 14,7% en abril, retrocedió a 11.1%, en junio, como resultado de la creación de 4.9 millones de puestos de trabajo. Si esta tendencia continúa, como presumiblemente lo hará a medida que se reabra la economía, en octubre, el desempleo estará hacia el 6% - 7% y la victoria de Trump sería muy probable. Si en el camino aparece la vacuna contra el Covid-19 en alguno de los laboratorios que han recibido fondos de la administración federal, su triunfo será imparable.



Las encuestas contratadas por los medios afectos al Partido Demócrata marcan una tendencia desfavorable a Trump, como la mostraban en 2016 hasta el día anterior a las elecciones. Ese año Trump obtuvo 3 millones de votos populares menos que Clinton, hoy podría perder por 5 y, aun así, ganar la mayoría en el Colegio Electoral, si mantiene sus votos en los estados republicanos del centro el País y gana en unos dos de los estados bisagra, como La Florida y Ohio, donde salió victorioso hace cuatro años.

Para la democracia y la libertad en Colombia, sometidas al ataque de las dictaduras de Cuba y Venezuela y de la izquierda latinoamericana, agrupada en el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, es bueno que Trump la vuelva a hacer, que vuelva triunfar.   De ganar Joe Biden, su gobierno estaría hipotecado a la izquierda pro-cubana y socialista del Partido Demócrata: Warren, Ocasio-Cortez y, por supuesto, Bernie Sanders.

A la amenaza contra Colombia desde Venezuela, donde están miles de guerrilleros de las Farc y el ELN, que hostigan permanentemente al ejército colombiano y maltratan a los habitantes de la frontera, se añade la amenaza interna de las Farc y sus aliados, con sus inmensos recursos económicos, políticos y jurídicos y sus enormes plantaciones coca que no pueden ser fumigadas porque la Corte Constitucional no lo permite.

Un gobierno de Joe Biden, que se ha declarado “progresista” – como Castro, Chávez, Maduro y Petro – sería nefasto para Colombia. ¡Ojalá que Trump lo vuelva a hacer!

LGVA

Agosto de 2020.  

jueves, 6 de agosto de 2020

La importancia de la cobertura cambiaria en EPM


La importancia de la cobertura cambiaria en EPM


Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista


Algunas personas me han criticado por mi artículo sobre la pérdida por diferencia en cambio de EPM en el primer trimestre del año[1]. Señalan que se me fue la mano porque se trata de una pérdida puramente contable sin impacto sobre la caja y que un movimiento de la tasa de cambio en sentido contrario permite recuperarla. Esta posición es asumida por EPM en el boletín informativo de los resultados del primer semestre del año, donde puede leerse lo siguiente:

“A ello se suma un gasto neto contable, sin afectación de caja, por diferencia en cambio de $ 723 mil millones, producto de una reexpresión (SIC) de la deuda en dólares asociada a la devaluación acumulada del peso de 14,70%. En el trimestre se registró una reversión de $ 612 mil millones del gasto por diferencia en cambio respecto a marzo, dada una revaluación del peso colombiano durante el segundo trimestre de 2020”  

Todo eso puede ser cierto, pero es irrelevante frente al hecho de que la ausencia de cobertura pone a la empresa en un riesgo que no debería asumir dada la naturaleza de los negocios a los que se dedica.

La contabilidad de los negocios es de causación no de caja. Eso significa que los ingresos y los egresos se registran en el momento en que se causan. El sistema de causación tiene el propósito de evitar que se confunda la liquidez con la utilidad o la iliquidez con pérdida, al saber que tienen compromisos o acreencias que darán lugar a un movimiento de efectivo en algún momento del futuro.

Una pérdida por diferencia en cambio se traduce ipso facto en un aumento del valor de la deuda en moneda local por el monto exacto de la pérdida. En la contabilidad por partida doble, ese aumento de valor de la deuda tiene necesariamente una contrapartida que no puede ser otra cosa que una reducción del valor del patrimonio, puesto que el valor del activo sigue siendo el mismo antes y después de la pérdida. Como este texto está también dirigido a personas sin entrenamiento contable, me permito explicar brevemente la cuestión.

El activo (A) de una cualquier empresa se financia con recursos de los prestamistas, que se llaman deuda (D), y recursos de los propietarios, que se llaman patrimonio (P). En todo momento del valor del activo es igual a la suma de la deuda y el patrimonio, la famosa igualdad contable:

A = D + P

Esa es la esencia del balance general de cualquier compañía que nos dice a quién corresponde la propiedad del activo.

Cuando se registra una pérdida por diferencia en cambio (PDC) el valor de la deuda se incrementa en el mismo monto:

D´ = D + PDC

Como el valor del activo no ha variado, la contrapartida tiene que ser una reducción igual del valor del patrimonio:

P´ = P -  PDC

De tal suerte que, después de la operación, el balance general queda así:

A = D´ + P´

Donde, evidentemente, D´ > D y P´ < P. Es decir, un mayor valor del activo es propiedad de los acreedores y un menor valor de los propietarios. El “gasto neto contable” es una pérdida patrimonial. Eso no es trivial pues se alteran una serie de indicadores importantes en los mercados financieros.

Las operaciones de cobertura, que se realizan mediante los llamados derivados financieros (opciones, futuros, forward), tienen el objetivo de evitar que las variaciones de la tasa de cambio alteren los estados financieros por causas diferentes a las que tienen que ver con las actividades propias de la compañía. Cuando se presenta devaluación, la pérdida por diferencia en cambio, por el aumento del valor de la deuda, es compensada por una ganancia equivalente en el instrumento de cobertura. En presencia de revaluación se produce el efecto contrario. De esta forma el estado de resultados refleja adecuadamente la operación de la compañía y el valor del patrimonio no es afectado por la diferencia en cambio. El único efecto es el costo de la cobertura que entra en los gastos financieros.

No sé si la ausencia de cobertura ha tenido o no un impacto sobre la caja. Si las alícuotas de los créditos se han cubierto con dólares adquiridos en el mercado spot, seguramente si la afectaron.

Como la pérdida por diferencia en cambio del primer semestre fue de $ 723 mil millones, para una devaluación cercana al 15%, el valor de la deuda descubierta al 31 de diciembre de 2019 es $ 4.8 billones, aproximadamente. Como la pérdida por diferencia en cambio del primer trimestre fue de 1.350 miles de millones, el valor de la deuda descubierta a 31 de diciembre de 2019 es de $ 5.4 billones, aproximadamente. Aparentemente, se han cubierto cerca de $ 600 mil millones en el segundo trimestre.

Se destaca en el boletín del segundo semestre que: “En el trimestre se registró una reversión de $ 612 mil millones del gasto por diferencia en cambio respecto a marzo”. Sinceramente es algo que me alegra, aunque preferiría ver que se avanza más en la cobertura de la deuda. Si fuera mi empresa, optaría por un mayor gasto en cobertura en lugar de dejar que los estados financieros estén como un yoyo – arriba y abajo – al vaivén de la tasa de cambio. Lo malo es que el dólar ha empezado nuevamente su marcha ascendente y una gran porción de la deuda continuaba descubierta a junio. 

LGVA

Agosto de 2020.

miércoles, 5 de agosto de 2020

¡Uribistas, a las calles!


¡Uribistas, a las calles!

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista


“Yo que nací altivo y libre sobre una sierra antioqueña, llevo el hierro entre las manos porque en el cuello me pesa”


La detención del Presidente Uribe es un ataque artero de la izquierda radical contra nuestras libertades, porque Uribe es su más erguido defensor y el símbolo vivo de todas ellas. Si Uribe pierde su libertad, todos perderemos las nuestras; si no hacemos nada, debemos prepararnos para las cadenas.

Los dirigentes del Centro Democrático deben entender que es la hora de la unidad y la acción. Sin cálculos electorales de ninguna índole, deben ponerse al frente del pueblo uribista que está listo para salir a las calles pues sabe que no hay nada peor que el virus del comunismo.

Los dirigentes democráticos y liberales de todos los partidos deben deponer sus diferencias y solidarizarse sin vacilación con el Presidente Uribe. Deben entender que la izquierda no conoce límites en su objetivo de acabar con las libertades y que, si ahora van por Uribe, más tarde irán por ellos.

Los empresarios y trabajadores, que son el nervio vital de la economía, deben apoyar sin cortapisas a quien lideró al País cuando las libertades de emprender, de trabajar y de cosechar los frutos del esfuerzo estaban gravemente amenazadas y lo llevó otra vez por el sendero de la prosperidad y el crecimiento.

Las Fuerzas Armadas y los militares de la reserva activa no pueden aceptar que el hombre que lideró su combate victorioso contra los criminales de las Farc esté hoy privado de su libertad. Es hora de que muestren su apego a los valores fundamentales de nuestra República: libertad y orden.

No hay que temerle al discurso de una izquierda que subvierte, ataca, insulta, calumnia, denigra, difama, enloda y ofende y que, cuando se le responde, sale con sus hipócritas llamados a la no-polarización y al respeto a unas instituciones que se ha empeñado en destruir. La izquierda colombiana no es nadie para darnos lecciones de convivencia y democracia. Es hora de hacerle entender que el pueblo uribista, que sabe manifestarse y votar en paz, también sabe protestar. ¡Uribistas, a las calles!

LGVA

Agosto de 2020