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sábado, 29 de junio de 2019

El Marco Fiscal de Mediano Plazo: un paso en la buena dirección


El Marco Fiscal de Mediano Plazo: un paso en la buena dirección


Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Consultor ECSIM


El Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) es un documento, que anualmente debe presentar el Ministerio de Hacienda a las Comisiones Económicas del Congreso, en el que se muestra la situación y perspectivas de las finanzas públicas en el corto y el mediano plazo y las correspondientes metas fiscales del gobierno.  El MFMP presentado el 15 de junio es un paso en la buena dirección, es decir, la de reducir el tamaño del gobierno y ampliar el espacio de la actividad privada.

El gasto del gobierno central bordea el 20 % del PIB y el del gobierno general, es decir, el de todas las entidades territoriales sumadas, llega al 30%, porcentaje que corresponde a países con un PIB per cápita que triplica el de Colombia. En el MFMP se plantea llevar el gasto del gobierno nacional a 19%, en 2020, y a un 17%, hacia 2027. Son metas modestas, pero merecen destacarse en un país donde la mayoría de los políticos y los economistas abogan por un gobierno grande.

La reducción de la tarifa del impuesto de renta de 37% a 33%, inicialmente, y a 30% más adelante, y otros beneficios como el descuento del IVA a los bienes de capital y descuento del 50% del impuesto de industria y comercio, son buenas medidas del gobierno de Duque que no se han valorado suficientemente. Hay que avanzar más porque la tarifa del impuesto a las empresas es mucho más elevada que la de Europa, Estados Unidos y Canadá. No obstante, el hecho de que el MFMP no contemple ninguna reforma tributaria adicional en lo que resta del gobierno de Duque es una buena noticia pues permitirá que los beneficios fiscales mencionados tengan efecto sobre la inversión de las empresas y la demanda laboral.

Los subsidios en Colombia son un verdadero desastre: benefician a los más avivatos, no a los más necesitados y, tal vez lo más grave, están minando los hábitos de responsabilidad, independencia y auto-estima de la gente creando una población dependiente de las dádivas del gobierno, lo cual alimenta el clientelismo y la corrupción.

Es inadmisible que el porcentaje de la población que se beneficia de los subsidios a los servicios públicos sea mayor que el de hace 25 años o que el programa llamado familias en acción, que se introdujo en 2002 cuando la tasa de desempleo era de 20%, tenga 3 millones de familia beneficiarias después de haber empezado con 300 mil. Estudios realizados por entidades como ECSIM, FEDESARROLLO y el DNP han estimado que una mejor focalización de los subsidios sociales, es decir, que solo sean entregados a quienes realmente los necesitan, produciría un ahorro fiscal de 3 billones de pesos.

Todas las medidas de racionalización de subsidios propuestas en el MFMP son pertinentes y deberían permitir avanzar hacia un esquema en que todos los llamados subsidios sociales se conviertan en un pago único a las familias beneficiarias, del que estas dispondrían libremente. Una especie de impuesto negativo, como el propuesto por Friedman, que tiene la ventaja de ayudar a las personas sin destruir los incentivos al trabajo.

La Nación tiene una participación en 105 empresas cuyo valor en libros es de 79 billones de pesos, unos 25 mil millones de dólares. Ecopetrol y sus filiales representan el 64%; ISA y otras empresas del sector eléctrico un 13%; hay un 18% en el sector financiero; 3% en telecomunicaciones y un 2% en otros sectores. La participación del gobierno en estas empresas no responde a ninguna imperfección de mercado ni a una necesidad de política social. La venta de buena parte o la totalidad de esos activos, como se plantea en el MFMP, permitiría un ajuste fiscal suave y, por supuesto, elevaría la productividad de la economía en su conjunto como consecuencia de la mayor presencia del sector privado.

Reducción de impuestos, menor gasto público, focalización de subsidios y privatización de empresas estatales son todas políticas de corte liberal que deben ser apoyadas con firmeza por los liberales de todos los otros partidos, en particular los partidos de la coalición del gobierno. La venta de activos y la reducción de subsidios son medidas difíciles desde el punto de vista político y encontrarán gran oposición. El Centro Democrático no debería cometer el error de oponerse a la venta de ISA o de parte de Ecopetrol, como lo hizo atolondradamente con la venta de ISAGEN, aumentando las dificultades que inevitablemente enfrentará el gobierno del Presidente Duque.


LGVA
Junio de 2019.  

lunes, 17 de junio de 2019

El legado de Margaret Thatcher


El legado de Margaret Thatcher

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista

En mayo de 1979, hace ya 40 años, Margaret Thatcher asumía como primera ministra del Reino Unido. A los periodistas, que con frecuencia le preguntaban cómo se sentía ser la primera mujer en llegar a ese cargo, invariablemente les respondía: “No lo sé, nunca he probado la otra posibilidad”. Para ella, completamente ajena a todas las formas del feminismo, lo que realmente significaba ese acontecimiento era el retorno al poder del verdadero liberalismo inglés.




Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, que llevó al aumento de la intervención de los gobiernos contendientes en la economía, el principio liberal del gobierno limitado sufrió un notable retroceso. La crisis de los años 30, la eliminación del patrón oro y la Segunda Guerra Mundial dieron un nuevo impulso al activismo económico de los gobiernos. Las obras de Keynes, “Teoría, general de la ocupación, el interés y el dinero”, y Pigou, “Economía del bienestar”, suministraron el fundamento racional a todas las formas del intervencionismo estatal que tuvieron un crecimiento ininterrumpido hasta los años 70 del siglo XX.

Durante la segunda post-guerra, el intervencionismo estatal, bajo la forma de socialismo democrático del partido laborista, progresó en Gran Bretaña mucho más que en cualquier país de Europa Occidental. El proyecto fabiano de construcción gradual y pacífica de la sociedad socialista gozaba de gran prestigio entre los intelectuales ingleses a principios del Siglo XX.  En los años 30, el Partido Laborista reemplazó al Partido Liberal – Whig - en el esquema bipartidista de la democracia británica y estuvo a cargo del gobierno de forma casi ininterrumpida en los 15 años anteriores a la llegada de Thatcher al poder.

En ese lapso se aplicaron a fondo todos los componentes de la receta intervencionista – inyecciones de demanda monetaria, déficit fiscal, empresas estatales subvencionadas, servicios públicos estatizados y asistencialismo de toda índole- que le pasaron la factura a la economía y fueron llevando al Reino Unido a una situación de estancamiento crónico que, en las décadas 1960 y 1970, le mereció el mote de “el enfermo de Europa”.

Cuando Margaret Thatcher asume como primera ministra, las políticas monetarias y fiscales expansivas ya tienen poco o ningún efecto sobre el empleo y se traducen en inflación; las empresas estatales acumulan un déficit tras otro al tiempo que su productividad declina y se deteriora la calidad de sus productos; en fin, el asistencialismo rampante está destruyendo los incentivos al trabajo y a la autosuficiencia y fomentando la holgazanería y la ilegalidad. La debilidad de la economía y postración moral de la sociedad se traducen en la pérdida de prestigio, respetabilidad e influencia que por entonces arrostraba la otrora potencia mundial.

En sus once años al frente de “Downing Street”, Margaret Thatcher - que bien habría suscrito aquello de que el mejor gobierno es el que menos gobierna- desarrolló una febril actividad para desmontar, al menos en parte, el gigantesco aparato intervencionista erigido por el laborismo. La acción de los gobiernos de Thatcher se centró en tres frentes: recuperación de los equilibrios macroeconómicos; reducción del tamaño del sector público y reorientación de las ayudas sociales. En todos esos campos dejó una huella duradera en las políticas públicas de muchos países del mundo.

En los años setenta, la presencia simultánea de elevadas tasas de inflación y desempleo era fenómeno macroeconómico característico de las economías capitalistas avanzadas. La relación de Phillips, es decir, la idea según la cual siempre era posible reducir el desempleo incurriendo en una inflación mayor, ya no parecía ser válida, dejando sin justificación las políticas monetarias y fiscales expansivas que solo se traducían en mayor inflación.

Los teóricos de las “expectativas racionales” – Sargent, Wallace, Barro, etc.- explicaron ampliamente la razón de ese cambio y esa fue la macroeconomía que se enseñó en los 80. Margaret Thatcher y su equipo económico extrajeron las implicaciones prácticas y obraron en consecuencia: para bajar la inflación había que controlar el crecimiento de la oferta monetaria y para ello era necesario disminuir las necesidades de financiación del sector público, es decir, reducir el déficit fiscal, pero sin aumentar los impuestos.

Esto es fácil de decir, incluso, es fácil de entender, pero el recorte del gasto es una operación en extremo dolorosa que encuentra resistencia entre aquellos que lo deben ejecutar. Los responsables de todos los ministerios y agencias del gobierno siempre están de acuerdo en que el gasto se debe recortar, pero cada uno de ellos es capaz de exhibir poderosas razones para demonstrar que agencia a su cargo debe ser excluida. En todos y cada uno de los presupuestos de los años que estuvo en el poder, mantuvo la férrea determinación de controlar el gasto público, logrando que, entre 1979 y 1990, este creciera 12.5% frente a un crecimiento de 23.5% del PIB real. Semejante esfuerzo llevó el gasto público de 44% del PIB, en 1979, a 40% del PIB, en 1990.

Desde el final de la segunda guerra mundial, se presentó en el Reino Unido - y en toda Europa- un fuerte incremento del número de empresas de propiedad pública, especialmente, bajo los gobiernos laboristas, pero también bajo los conservadores. En 1979, las empresas públicas de Reino Unido generaban el 11% del PIB y el 8% del empleo total. Allí había de todo: electricidad, agua, gas, telecomunicaciones, siderurgia, astilleros, minas de carbón, ferrocarril, cine, buses, puertos, etc. Incluso, la emblemática Rolls-Royce hacia parte del portafolio empresarial del gobierno.

Al inicio de su segundo mandato, Margaret Thatcher lanzó un vasto programa de privatización de las empresas estatales que rápidamente sería seguido en otros países de Europa y del mundo entero. Para ella la privatización, además de ser fundamental para mejorar el desempeño de la economía, era el elemento central de cualquier programa que buscara ampliar el espacio de la libertad frente a las tendencias colectivistas que habían llevado a la nacionalización de amplios sectores de la actividad económica.

Especialmente notable fue la privatización de los servicios públicos domiciliarios que prácticamente en todos los países europeos se habían nacionalizado después de la segunda guerra mundial. Sobre los servicios públicos predominaba la visión de que por ser monopolios naturales debían estar a cargo de empresas estatales, para evitar el abuso de posición dominante. Las privatizaciones de Thatcher echaron por la borda ese paradigma y mostraron que era posible desarrollar diversas modalidades de competencia o, en su defecto, aplicar una regulación que obligara a las empresas monopolísticas a comportarse como si estuvieran sometidas a la competencia. La fórmula “IPC menos X”, adoptada para regular los monopolios privatizados, se convirtió en referente de todos los procesos de privatización y reforma del sector de los servicios públicos, que, inspirados en el caso británico, se adelantaron en gran cantidad de países del mundo. Colombia no fue la excepción: la exitosa reforma del sector de los servicios públicos domiciliarios de los años 90 se benefició ampliamente de esa influencia.

Como ministra de educación del gobierno de Edward Heath, Margaret Thatcher provocó una ola de protestas cuando ordenó suspender la distribución gratuita de alimentos en las escuelas. Argumentaba Thatcher, siguiendo las conclusiones de numerosos estudios adelantados en Inglaterra y Estados Unidos, que dichos subsidios terminaban beneficiando, más que a los niños, a los padres, que además de poder gastar su ingreso en otras cosas, terminaban por sentirse liberados de sus responsabilidades frente a sus hijos y su familia. 

Para Thatcher la principal falla del estado de bienestar al otorgar sus beneficios sociales es la incapacidad de distinguir entre los individuos que están verdaderamente en dificultades, y necesitan de una ayuda para salir de ellas, y aquellos que han perdido la voluntad y el hábito de trabajo, y se han transformado en dependientes crónicos. Por ello, durante todo su mandato, Thatcher buscó la adopción de toda suerte de mecanismos que condujeran a una mejor focalización de los subsidios y beneficios sociales tratando también que fueran temporales.

Después de Thatcher la búsqueda de los equilibrios macroeconómicos, la reducción del tamaño del gobierno, la privatización de las empresas estatales, la reducción de los impuestos y el rechazo al asistencialismo rampante se incorporaron a las plataformas políticas de los partidos de orientación liberal y a las políticas públicas que adoptaron desde el gobierno. Aunque esta es sin duda una gran contribución al resurgimiento del liberalismo, tal vez el logro más importante que le reconocerá la historia es su decisiva participación en el proceso político que llevó al derrumbe del bloque comunista y al restablecimiento de la libertad y la democracia en los países que lo integraban.

El principal mérito de esos logros históricos corresponde a los Estados Unidos y, en particular, al presidente Ronald Reagan, quien - con la modernización del arsenal nuclear,  la Iniciativa de Defensa Estratégica y el despliegue de los Pershing II - impuso a la Unión Soviética una dura competencia militar que puso en evidencia la debilidad su economía y la forzó a emprender el camino de la reforma.

Mijaíl Gorbachov llegó al poder en 1985, a la edad de 54 años, poniendo fin a la gerontocracia que había gobernado a la Unión Soviética desde la destitución de Kruschev. Gorbachov era un comunista convencido y el propósito de sus reformas era detener el declive económico de su país, para legitimar a su partido y garantizar su permanencia en el poder. Por supuesto que Margaret Thatcher no podía saber a dónde conducirían la Perestroika y el Glasnost, pero desde un principio entendió que debía apoyar a Gorbachov, a quien conocía desde antes de que éste se convirtiera en el máximo dirigente de la Unión Soviética.

Su relación con Gorbachov le permitió jugar un papel fundamental en la liberación de los países de Europa Oriental y de varios países de la agonizante Unión Soviética, en cuyas capitales, Margaret Thatcher, incansable viajera, estuvo presente en momentos decisivos, apoyando sin ambages los reclamos de libertad de sus pueblos.

Margaret Thatcher dimitió de su cargo el 28 de noviembre de 1990, después de tres mandatos sucesivos. Mantuvo su participación en política durante un par de años más y hasta 2000 desarrolló actividades académicas, dictó conferencias y escribió varios libros. En 2002 sufrió algunos accidentes cerebro-vasculares que limitaron su actividad. Falleció el 8 de abril de 2013 a la edad de 87 años.

LGVA
Junio de 2019.  

sábado, 1 de junio de 2019

Apoyar sin vacilación al Presidente Duque


Apoyar sin vacilación al Presidente Duque

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista

Yo no voté por Duque para que viniera a hacer milagros, yo vote por Duque para evitar que llegara Petro a hacer desastres”
(Doña Olga, Ciudadana de Anserma)

El Presidente Duque está enfrentando una de las coyunturas políticas más complejas en la historia del País y lo peor que puede suceder es que sus amigos le quiten su apoyo, por falta de comprensión de lo que está en juego y de los obstáculos políticos y jurídicos que limitan su accionar.

En las pasadas elecciones presidenciales no estuvo en disputa, simplemente, el ejercicio temporal del poder ejecutivo entre fuerzas políticas que, en lo fundamental, comparten la misma visión del sistema de propiedad privada y libertad individual y de los arreglos institucionales que lo hacen viable. Por primera vez en la historia del País, tuvo la posibilidad de llegar a la presidencia de la república un personaje como Gustavo Petro, enemigo de la propiedad privada y la libertad económica, como lo prueban sus credenciales de asesor de Chávez y Maduro en la construcción del socialismo del siglo XXI y la destrucción de la economía y la sociedad de Venezuela. Esto es un hecho.  

El segundo hecho es el elevado riesgo en que el acuerdo de la Habana y, sobre todo, su incorporación en la Constitución, ha puesto a las instituciones democráticas por los estrechos límites que dicho acuerdo y la legislación derivada imponen al poder ejecutivo. El gobierno no dispone de una mayoría en el congreso para “hacer trizas” los acuerdos y está obligado a cumplirlos, si quiere permanecer en el marco de la constitución y las leyes.

El tercer hecho lo constituye la increíble inconsciencia de los principales dirigentes de los partidos tradicionales y sus derivaciones electoreras, quienes, en su afán descontrolado por hacerse a una parte del presupuesto y de la burocracia, son incapaces de entender la gravedad del momento político, caracterizado por la fuerza que entre las masas tiene la siempre presente tentación socialista, abierta o embozada, respaldada por multitud de idiotas útiles enquistados en los medios, en los gremios, en los partidos y en el sistema judicial.

Esos tres hechos son los que configuran el entorno en el cual el ejecutivo, en cabeza del Presidente Duque, debe desplegar su actividad. Tengo muchas diferencias con el gobierno. En particular, creo que se ha equivocado en posponer el ajuste radical de la situación fiscal, renunciando, a los soportes de la corrupción y el clientelismo, como son el burocratismo y al asistencialismo, montados sobre unos ingresos petroleros que resultan ridículos frente a los de Venezuela, cuyo improvidente empleo, por decir lo menos, llevó a ese país a la catástrofe de todos conocida. Hago votos porque los mercados no le cobren al Gobierno, como hicieron con Macri en Argentina, el gradualismo pusilánime con que está enfrentando la situación fiscal.   

No obstante, continúo creyendo que el Presidente Duque representa el principio liberal según el cual el papel del gobierno es proveer un marco legal y económico estable para que las familias y las empresas busquen la realización de sus sueños y de sus ambiciones. Esto es completamente opuesto a la visión que encarnan Petro, Robledo, las Farc y todos los “progresistas” de izquierda que entienden que el papel del gobierno es definir los sueños y ambiciones de todo mundo y hacer que todos aceptemos, querámoslo o no, ser llevados por su camino al “paraíso” que inexorablemente se transforma en el camino a la servidumbre.

Duque, carente de una mayoría clara en el Congreso y renunciando a conformarla a punta de prebendas y canonjías, procedió con prudencia frente a la ley de la JEP, limitando sus objeciones a seis artículos, que en forma alguna socavaban los cimientos de ese esperpento jurídico, cuyo presupuesto de funcionamiento entregó con largueza, de la misma forma que ha dispuestos los recursos requeridos para hacer operativos los demás componentes del acuerdo de La Habana.  

Pero no, resentidos por la falta de las prebendas burocráticas y presupuestales a las que estaban habituados, los principales figurones de la política nacional, Gaviria Trujillo y Vargas Lleras, de quienes el País debía esperar un comportamiento más digno por las distinciones y honores que han recibido, escogieron el camino de la ruindad, aliándose con los que a la larga son sus enemigos, para humillar al Presidente.

Detrás del rechazo a las objeciones presidenciales no hay ninguna posición de principio: solo politiquería barata y miserable. Otro habría sido el cantar si Simoncito hubiera ostentado la representación de Colombia en un organismo multilateral y uno de los hermanos Vargas Lleras una cómoda embajada en una capital europea.

El problema es que, en las circunstancias actuales, esa politiquería barata puede tener unas consecuencias graves. A Gaviria Trujillo, Vargas Lleras y a toda su cauda de politiqueros baratos, les haría bien recordar que el sepulturero de la democracia venezolana fue Rafael Caldera, quien, a la cabeza de los politiqueros de allá, hizo todo para desprestigiar a Carlos Andrés Pérez, creyendo que lo que estaba en juego era un mero cambio de gobierno y no todo el régimen político y económico.  

Es el Presidente Duque quien ha estado a la altura de las difíciles circunstancias políticas y jurídicas que se extenderán durante todo el tiempo de “implementación” de los nefastos acuerdos, que, gústenos o no, están en la Constitución.  Ha ejercido el poder de forma prudente, pero con firmeza y determinación que le han permitido superar la más violenta agitación social que ningún presidente reciente había enfrentado al inicio de su mandato. Presentando las objeciones a la ley de la JEP, ha cumplido con sus electores. Su derrota en el Congreso envilece a los “vencedores” y aumenta su estatura política y moral.

No deberían llamarse a engaños quienes toman por debilidad la moderación y templanza del Presidente Duque. En la compleja situación de Santrich ha jugado con prudencia y habilidad y aún le quedan, que nadie lo dude, otras cartas por jugar. De momento, la Corte Suprema y la JEP, deben hacer la próxima jugada y, de cara al País, a despecho de la evidencia aplastante, atreverse a exculpar totalmente a un facineroso, que, por su codicia incontrolada, es quien ha puesto en jaque a la JEP. Esto lo sabe hasta Timochenko, cuya ausencia en las celebraciones de la liberación de Santrich es más diciente que cualquier palabra.

El Centro Democrático, el Partido Conservador y todas las fuerzas políticas que apoyan al Presidente Duque, deberían entender la gravedad la situación política y jurídica en que se encuentra el País por los acuerdos de La Habana. Entender que, cualquiera sea el desenlace del caso Santrich, el juego apenas empieza y que se extenderá a lo largo de todo el mandato de Duque y durante 4 años más.

La tarea es lograr que en las próximas presidenciales llegue al poder un candidato amante de la libertad y respetuoso de la propiedad privada y la iniciativa individual; y acompañado de una sólida mayoría en el Congreso. De momento hay que concentrarse en las elecciones locales y buscar controlar el mayor número de alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas. En particular, en el caso de Bogotá, es necesario buscar un candidato viable que enfrente con opción de éxito a la candidata de la izquierda, cuyo triunfo, además de ser nefasto para la atribulada capital, tendría consecuencias en extremo negativas en la política nacional. Esta es la forma efectiva de apoyar sin vacilaciones al Presidente Duque.

LGVA
Junio de 2018.