El
resguardo: ineficiencia económica e injusticia moral*
Luis
Guillermo Vélez Álvarez
Economista
Cada vez que veo las mujeres y
niñas indígenas mendigando en las calles, cada vez que veo a los varones
agrediendo e intimidando a sus conciudadanos, bloqueando carreteras, atacando
soldados y policías, reclamando el pago de una imaginaria deuda histórica
pienso que el gran fracaso de nuestra sociedad es el haber negado la ciudadanía
plena a quienes hoy representan el 6% de la población, es el haberlos dejado
prisioneros de los resguardos.
Durante mucho tiempo se ha
presentado el resguardo indígena como una institución respetable, casi sagrada.
Quien se atreve a cuestionarlo es acusado de ignorancia histórica o de falta de
sensibilidad cultural. Pero esa visión romántica no resiste un examen serio ni
desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista moral.
En primer lugar, el resguardo
es una institución profundamente ineficiente.
La evidencia es clara: las
regiones donde la población indígena vive mayoritariamente bajo el régimen de
resguardo presentan, de manera sistemática, menores niveles de ingreso, mayor
pobreza y mayores porcentajes de necesidades básicas insatisfechas. Esto no es
una coincidencia. Es el resultado lógico de un sistema de propiedad colectiva y
no enajenable que impide a los individuos disponer libremente de la tierra.
Si una persona no puede
venderla, arrendarla, hipotecarla o usarla como garantía, esa tierra deja de
ser un activo económico pleno. No puede integrarse al mercado, no puede atraer
capital, no puede facilitar la especialización productiva. El resultado inevitable
es baja productividad y pobreza persistente.
El economista peruano Hernando
de Soto explicó hace décadas que la pobreza persistente en muchos países no se
debe a la falta de activos, sino a la imposibilidad de transformar esos activos
en capital productivo. Cuando la propiedad no es plenamente transferible ni
utilizable en el mercado, queda atrapada en lo que De Soto llamó capital
muerto.
Pero el problema del resguardo
no es solamente económico. Es también un problema moral.
El economista y filósofo
libertario Murray Rothbard, en su obra La ética de la libertad, sostiene que la
base de toda sociedad libre es el principio de autopropiedad: cada individuo es
dueño de sí mismo, de su trabajo y del fruto de ese trabajo. Nadie tiene
derecho a disponer de la vida o de la actividad de otro.
Cuando se niega a una persona
el derecho a decidir cómo usar su trabajo, su tiempo y su propiedad, se está
violando ese principio fundamental.
Y eso es precisamente lo que
ocurre en el sistema de resguardos.
El indígena que vive dentro de
ese sistema no puede decidir libremente sobre la tierra que trabaja, ni
integrarse plenamente a la economía moderna, ni disponer de ese activo para
mejorar su condición. La tierra no es suya; pertenece colectivamente a una estructura
institucional que limita su libertad económica.
Pero las consecuencias morales
del sistema van aún más lejos. En muchos resguardos las estructuras
comunitarias concentran el poder en manos de autoridades tradicionales o de
élites locales que controlan la tierra, el acceso a los recursos públicos y las
decisiones colectivas. En ese contexto, las mujeres y los niños suelen ocupar
el lugar más vulnerable: trabajan en actividades agrícolas, en mingas
obligatorias o en labores domésticas sin autonomía real ni posibilidad de
defender plenamente sus derechos individuales. La retórica de la “comunidad”
termina ocultando relaciones de poder profundamente desiguales en las que los
más débiles —especialmente mujeres y menores— soportan las cargas del trabajo
mientras otros administran el poder y los recursos.
Desde este punto de vista, el
resguardo no es solamente una institución ineficiente: es una institución que
restringe la libertad individual.
Se presenta como una forma de
protección cultural, pero en la práctica funciona como un sistema de tutela
permanente. A los indígenas se les trata como a menores de edad: se les
protege, se les subsidia, se les reserva representación política, pero al mismo
tiempo se les niega la posibilidad de actuar plenamente como ciudadanos libres.
Y cuando a una persona se le
niega el control sobre su trabajo y sobre los recursos con los que produce, el
resultado final es siempre el mismo: dependencia.
Dependencia del Estado.
Dependencia de líderes políticos.
Dependencia de intermediarios y organizaciones que administran recursos en su
nombre.
La historia del resguardo
confirma esta realidad. Fue una institución creada en el siglo XVI por la
Corona española no para garantizar la libertad indígena, sino para organizar y
controlar una población tributaria.
Tras la Independencia,
dirigentes republicanos consideraron que ese sistema era incompatible con la
idea moderna de ciudadanía. Entre ellos estuvo el Libertador Simón Bolívar,
quien impulsó medidas orientadas a disolver o repartir resguardos en varias regiones
con el propósito de integrar a los indígenas a la condición de ciudadanos
propietarios.
La lógica era sencilla: una
república de hombres libres no podía sostener instituciones coloniales que
mantenían a una parte de la población bajo tutela colectiva.
Por eso el debate sobre el
resguardo no puede reducirse a una discusión cultural o identitaria. Es, en el
fondo, una discusión sobre la libertad.
Y en una sociedad
verdaderamente libre no puede haber ciudadanos de primera categoría —con plenos
derechos de propiedad— y ciudadanos de segunda categoría, a quienes se les
niega esa posibilidad en nombre de la tradición o de la protección.
Por eso resulta tan reveladora
la decisión de Iván Cepeda Castro de escoger como fórmula vicepresidencial a
Aída Quilcué.
Esa decisión no es solamente
una alianza electoral. Es una señal política. Refleja una visión de país en la
que la lógica del resguardo —la tutela colectiva sobre la libertad individual—
podría extenderse al conjunto de la sociedad.
Un país organizado como un
gran resguardo: dependiente del Estado, fragmentado en identidades colectivas y
con ciudadanos cada vez menos libres para decidir sobre su propio destino.
Colombia necesita exactamente
lo contrario.
Necesita más libertad
individual, más derechos de propiedad y más mercados libres para todos los
ciudadanos, incluidos los indígenas.
Porque la verdadera dignidad
no consiste en vivir protegido dentro de un sistema de tutela permanente.
La verdadera dignidad consiste
en ser libre para trabajar, producir, elegir y prosperar. Y también para
cometer errores y asumir sus consecuencias.
El verdadero respeto por los
pueblos indígenas no consiste en encerrarlos en instituciones coloniales ni en
convertirlos en beneficiarios permanentes de subsidios. El verdadero respeto
consiste en reconocerles lo mismo que a cualquier otro ciudadano: la plena
propiedad de sí mismos, de su trabajo y de los frutos de ese trabajo.
Como explicó Murray Rothbard,
una sociedad justa comienza cuando cada individuo es dueño de su propia vida.
Por eso la pregunta que
Colombia debe hacerse es muy simple:
¿Queremos una sociedad de
ciudadanos libres o una sociedad de comunidades tuteladas?
La experiencia histórica de
varias regiones del país sugiere una respuesta clara. Allí donde la tierra pudo
convertirse en propiedad individual y transferible surgieron comunidades de
pequeños propietarios, trabajadores independientes y emprendedores capaces de
labrarse su propio destino.
Ese proceso fue
particularmente visible en Antioquia durante el siglo XIX. La minería de
aluvión primero y, más tarde, la colonización cafetera, produjeron una sociedad
de pequeños propietarios relativamente libres de las estructuras coloniales de
servidumbre y tutela.
De esa experiencia surgió una
cultura profundamente asociada con la independencia económica, el trabajo
individual y la responsabilidad personal.
No fue un accidente histórico.
Fue el resultado de instituciones que permitieron a las personas ser dueñas de
sí mismas y del fruto de su trabajo.
Los pueblos no progresan
cuando se les protege de la libertad. Progresan cuando se les permite
ejercerla.
Por eso el verdadero respeto
por los pueblos indígenas no consiste en perpetuar instituciones coloniales que
restringen su libertad económica. El verdadero respeto consiste en reconocerles
lo mismo que a cualquier otro ciudadano: el derecho a ser plenamente dueños de
su vida, de su trabajo y de su propiedad.
La libertad —la libertad
verdadera, individual y responsable— no es un privilegio cultural ni una
concesión del Estado.
Es un derecho humano
universal.
Y Colombia no será una
sociedad plenamente libre mientras mantenga instituciones que, en nombre de la
protección, niegan a millones de personas el derecho fundamental a ejercerla.
LGVA
Marzo de 2026
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