Los seguros de Hidroituango y una medalla de cuero
para el Contralor
Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista
Por arte de birlibirloque, el señor Carlos Felipe Córdoba
Larrarte está a punto de convertir una de las más lamentables actuaciones de la
Contraloría General de la República en toda su historia en un “estruendoso
éxito” de su gestión de guardián fiscal. Aunque con eso no se impida que se
cuelgue su medallita de cuero, no sobra hacer alguna claridad sobre los seguros
de Hidroituango.
Tres hechos fundamentales:
·
HIDROITUANGO
ERA PROYECTO BIEN ASEGURADO. Los seguros fueron negociados y contratados
en 2010 y tenían vigencia para el período comprendido entre el 15 de abril de
2011 y el 24 de junio de 2019. Inicialmente, se tenía una póliza Todo Riesgo
Construcción y Montaje, con amparos adicionales de sabotaje y terrorismo, lucro
cesante, transporte internacional y nacional para los equipos y cobertura de
equipo y maquinaria. La cobertura por daños materiales ascendía a US$ 2074
millones; por lucro cesante a US$ 149 millones y US$ 200 millones por sabotaje
y terrorismo. La póliza de responsabilidad civil extracontractual tenía una
cobertura de US$ 50 millones. Posteriormente,
el valor asegurado de la póliza todo riesgo para daños materiales se elevó a
US$ 2.557 millones y el del lucro cesante pasó a US$ 629 millones, extendiendo
su vigencia hasta marzo de 2021. También se extendió la vigencia de la póliza
de responsabilidad civil y se le adicionaron otros eventos que podrían
afectarla.
·
LA GALERÍA AUXILIAR DE DESVIACIÓN FUE INCLUIDA
OPORTUNAMENTE DENTRO DE LA COBERTURA DE LA PÓLIZA. La compañía de seguros aceptó pagar por la
contingencia causada por el colapso de la GAD porque había admitido la inclusión
de esta y del conjunto de obras que conformaban el Sistema Auxiliar de
Desviación (SAD) dentro de la cobertura de la póliza de todo riesgo. La propuesta
del SAD fue conocida por la aseguradora en noviembre de 2013.
·
MAPFRE HABÍA RECONOCIDO QUE EL SINIESTRO ESTABA
DENTRO DE LA COBERTURA Y HABIA EMPEZADO A PAGAR. El 2 de mayo de 2018 se dio aviso de siniestro
a Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. El 16 de septiembre de 2019, Mapfre
informó a EPM su decisión de otorgar cobertura bajo la póliza “Todo riesgo
construcción y montaje” por la contingencia de abril de 2018. Mapfre determinó
que la causa de la contingencia estaba enmarcada dentro de la cobertura de
dicha póliza que aplica a la reparación de la infraestructura, obras civiles,
equipo y lucro cesante. En diciembre de 2019, la aseguradora realizó el primer
desembolso de US$ 150 millones, en septiembre de 2020 el segundo por US$ 100
millones y el tercero en agosto de 2021. La decisión de otorgar cobertura
significaba que para MAPFRE no hubo en la contingencia ni dolo ni culpa grave puesto
que por ley esas situaciones no son asegurables.
A la luz de estos hechos, el
fallo de la Contraloría en primera instancia era inexplicable. No hubo
corrupción y el seguro estaba pagando, entonces ¿cuál detrimento fiscal?
Aterrada por las consecuencias
de su absurdo fallo, la Contraloría, en lugar de hacer lo que correspondía que era
admitir que no había habido culpa grave, emite un fallo de segunda instancia más
absurdo que el primero pues decide vincular a las aseguradoras para hacerlas
pagar vía acto administrativo.
El contrato de seguros entre
EPM y MAPFRE es un contrato privado, regido por el código de comercio. Una vez
reconocida la cobertura, el asegurado va cobrando demostrando ocurrencia y
cuantía y la aseguradora va pagando. Esto es lo que se venía haciendo y a esto
están obligadas incluso las entidades estatales que no pueden declarar
siniestros de cualquier seguro por la vía de un acto administrativo, que por
definición es una decisión unilateral.
Seguramente para no inhabilitarse
y para ayudar al País a salir del enredo en el que estamos metidos por culpa de
Contralor, la aseguradora va aceptar el ajuste del siniestro por la vía de un
fallo de responsabilidad fiscal. A fin de cuentas, ya había reconocido el siniestro y venía pagando. Pero esto deja un precedente muy malo para la
reputación de Colombia en el mercado internacional de seguros.
La intervención de la
Contraloría en el proceso de Hidroituango causó tres daños, a saber:
·
Generó gran incertidumbre sobre la continuidad
del proyecto afectando gravemente la reputación de EPM y del País todo.
·
Al impedir la renovación oportuna del contrato de
construcción, ocasionó el retiro del BID de la financiación del proyecto
afectando gravemente las finanzas de EPM.
·
Ocasiona grave daño a la reputación de Colombia
en el mercado asegurador porque ¿quién querrá dar seguros a entidades o
empresas colombianas cuando el ajuste se termina haciendo por la vía de un
fallo fiscal?
Muy dañino el contralorcillo,
pero ya nada impedirá que se cuelgue su medallita de cuero. ¡Disfrútala, Felipillo!
LGVA
Diciembre de 2021.
Culpa del alcalducho también hay, querían solo empañar la reputación de las personas y las empresas.
ResponderEliminarBuen articulo Luis Guillermo.
ResponderEliminar