Otra vez sobre los derechos de los niños y el manual de convivencia escolar

Otra vez sobre los derechos de los niños y el manual de convivencia escolar

(Respuesta al señor Luis Fernando Echeverri)

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista, Docente Universidad EAFIT

El señor Luis Fernando Echeverri, a quien no tengo el gusto de conocer, ha hecho a mi anterior escrito sobre el asunto una objeción seria que me ha puesto a pensar y que merece una respuesta amplia por su pertinencia y porque probablemente es compartida muchos de mis amables lectores, entre ellos mi hija Sara Helena. Transcribo en su totalidad el comentario del señor Echeverri.

“La interpretación de la sentencia está errada. En ningún momento se les impone a los padres nada. Lo que se impone a los colegios es que no debe haber discriminación ni por apariencia física, ni por identidad sexual. Eso es todo. Dentro de su casa, el padre puede inculcarle al niño que los negros son inferiores, que los indígenas son inferiores, que los LGBT son inmorales, que las mujeres no deben estudiar y quedarse en casa. Lo que quiera. Pero no por eso deben existir colegios que impidan a los negros, indígenas, LGBT y mujeres estudiar. Y si no quiere que su niño se encuentre con ellos en el colegio, pues que se vaya para otro país o consiga una máquina del tiempo y regrese unos siglos...”

La sentencia ciertamente no les impone a los padres nada directamente, por fortuna, añadiría yo. Pero si limita su elección sobre el modo de educar a sus hijos al pretender la uniformización de los manuales de convivencia. Al optar por un colegio determinado los padres presumiblemente lo están eligiendo porque consideran que la orientación de éste es más o menos acorde con los valores que les inculcan a sus hijos dentro del hogar. Esa capacidad de elección se limita con la uniformización y en ese sentido si se les impone, indirectamente, a los padres una restricción en su libertad de educar a sus hijos.

Debo decir antes de entrar en la sustancia del asunto que me considero tan tolerante y respetuoso de los grupos mencionados como el señor Echeverri. También acepto que todas las formas de discriminación que él enumera son detestables y deben ser abolidas y que probablemente la mayoría de la gente comparte este punto de vista. Pero el problema no es ese, como lo sugerí,  quizás de manera poco clara, en el escrito anterior.

Ofrezco disculpas por el tono de anécdota familiar que tiene lo que sigue, pero creo que puede contribuir a ilustrar el punto que deseo expresar mucho mejor que una formulación abstracta. Soy agnóstico y en mi hogar no les di a mis hijos ninguna educación religiosa. No obstante los matriculé en un colegio con una clara orientación católica. Había otras cosas que no me agradaban, pero las que me gustaban primaron e hice mi elección. En ese colegio, que es mixto, existe una norma según la cual con excepción de los días en que se tiene clase de educación física, las niñas deben portar el uniforme de falda. Esta obligación no se les impone a los varones. A mi hija no le gustaba esa falda, prefería vestirse siempre de pantalones, y rechazó de plano los argumentos de las autoridades escolares: la feminidad y otras tonterías. Cuando mi hija tomó la decisión de vestirse de pantalones cuando a bien lo tuviera, le llamé la atención sobre el hecho de que esa norma estaba en el manual de convivencia escolar que aceptamos en el momento de la matrícula. Pues el manual de convivencia está mal y hay que hacer algo para cambiarlo y llevar pantalones siempre puede ser un medio para propiciar el cambio. Me pareció aplastante el argumento de mi hija y decidí apoyarla. Fueron muchas las sanciones que le impusieron  y muchas las quejas y advertencias que recibí de los maestros y autoridades escolares. Las autoridades no se decidieron a expulsarla y tampoco al puñado de chicas que siguió a Sara Helena en su resistencia y rechazo a  esa norma. Probablemente si el número de chicas y padres que se oponen a esa discriminación crece, el colegio terminará por eliminarla. Fin de la anécdota.

Existen muchas cosas que nos desagradan de la actividad social o económica de los otros. Son muchas las que con razón o sin ella consideramos perjudiciales para la salud de nuestro cuerpo y mente o para la salud de todo el cuerpo social. Es algo delirante pedir en cada caso la intervención de la autoridad para prohibir las actividades o las cosas que nos desagradan o creemos prejudiciales. Pero lo sorprendente es que estamos llegando a ese delirio: se prohíbe la producción y comercialización de unas gomillas, con el argumento de que los niños se pueden ahogar al consumirlas; se quiere limitar el tamaño de los envases de bebidas azucaradas, porque las personas se vuelven obesas;  se prohíbe que la gente haga cierta clase de chistes, porque algunas personas pueden sentirse ofendidas. Y los políticos apoyados por la mayoría de la gente están convencidos de que esto debe ser así. Esa tendencia de recurrir a la autoridad en todos los casos de conflictos de la vida social y económica conduce a la casuística creciente de la norma, a que cada grupo y, en el límite, cada persona tenga su pedazo de constitución  o su ley personal. La gran tragedia de nuestra época, en Colombia y en casi todos los países, es la convicción generalizada de que cada conflicto social o cada desavenencia entre ciudadanos o grupos de éstos se resuelven con la intervención de los poderes públicos en favor de la eventual mayoría.

¿Qué hacemos entonces con los colegios que promueven la discriminación,  las empresas que producen gomitas asesinas, las que embotellan bebidas engordadoras o los humoristas que echan chistes de mal gusto? Hay que reconocer que mientras hagan esas cosas desagradables haciendo uso de recursos de su propiedad están en derecho de hacerlo. Aquellos que detestan todas esas cosas están en libertad de no asistir a esos colegios, de no comprar las gomitas ni tomar las bebidas y de no escuchar ni ver a los humoristas de mal gusto. Pero además, haciendo uso de sus propios recursos y sin recurrir a la violencia, tienen el derecho de boicotear su actividad y de incitar a otros al boicot.

El boicot, lo define Rothbard, como “la tentativa de persuadir a otros ciudadanos a que rompan sus contratos con una determinada persona o empresa, ya sea suspendiendo las relaciones sociales  o acordando no comprar los productos de una determinada firma”[1] Sin que importen los objetivos desde el punto de vista moral, pueden ser loables o reprensibles, el boicot es siempre lícito mientras no se atente contra la vida o las propiedades de los boicoteados. Pero también quienes encuentran reprensible un boicot concreto, están en su derecho de boicotear a los boicoteadores. Todo esto hace parte del derecho que asiste a toda persona de divulgar información y difundir sus opiniones. ¿Qué debe hacer el gobierno? Nada distinto a limitarse a que boicoteados, boicoteadores y contra-boicoteadores  se respeten unos a otros en sus personas y propiedades. La cuestión es comprender que la intervención coactiva del gobierno no es la única opción que existe para combatir a las personas o actividades que algún ciudadano o la mayoría encuentren inmorales o reprensibles.   

LGVA

Agosto de 2016.  

---

[1] Rothbard, M. La ética de la libertad. Unión Editorial, Madrid, 1995. Página 188.