EPM: del cuento chino al racionamiento

EPM:  del cuento chino al racionamiento

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

Si las cosas siguen como van en EPM, muy probablemente los chinos realizarán su sueño largamente acariciado de construir una hidroeléctrica en Antioquia, aunque ello signifique poner en riesgo de racionamiento al País.

Representantes de la China Three Gorges Corporation (CTGC) estuvieron rondando por Medellín, en 2003-2004, cuando se preparaba el proceso licitatorio de Porce III. Finalmente, la CTGC no se presentó a la licitación pues al parecer deseaba una contratación directa que no pudo cuajar, gracias, en buena medida, a la vigilancia de la veeduría que se creó para controlar la administración de EPM, entonces permeada por la política, y, sobre todo, por la acción de la gerencia media y los profesionales que supieron imponer los criterios de rigor técnico, jurídico y financiero propios de la Empresa.

Luego, en 2010, la CTGC calificó para la subasta internacional convocada para la construcción de Hidroituango. Este intento también se vió frustrado cuando los socios de Hidroituango – EPM y la Gobernación de Antioquia – acordaron encomendarle la construcción del proyecto a EPM mediante un contrato BOOMT.

Nunca se sabrá lo que habría sido de Hidroituango si su construcción hubiese sido encomendada a la CTGC. Lo que sí sabemos es que, bajo el liderazgo de la Gerencia y la Junta Directiva de entonces, pudo desarrollarse la acción coordinada de directivos, profesionales y técnicos de EPM con los diseñadores, los interventores y los constructores que evitó el colapso de la presa, impidiendo que la contingencia de abril de 2018 se convirtiera en una tragedia de grandes proporciones. Ese heroico esfuerzo fue atacado burdamente por el entonces candidato Quintero, quien hoy, como alcalde, lo desconoce y quiere que caiga en el olvido. 

Los chinos son persistentes y saben esperar. En reciente comunicado del Sindicato de Profesionales de EPM (SINPRO) y en declaraciones de su presidente a los medios, se indica que los chinos rondan nuevamente por Medellín y que los funcionarios vinculados a la construcción de Hidroituango recibieron la orden de suminístrales información del proyecto, desde antes de la crisis desatada por la renuncia de la junta directiva ante el desconocimiento de sus funciones por el alcalde y el gerente.

El escenario parece estar listo para que los chinos de la CTGC vean recompensada la inagotable paciencia propia de su cultura milenaria.

En efecto, sería un sinsentido que el alcalde, amo y señor de EPM, extienda el contrato a un consorcio que tiene demandado por inepto. Tampoco parece lógico que las empresas del consorcio estén dispuestas a continuar trabajando en el proyecto en esas condiciones. A la demanda de EPM se adicionarán las contrademandas del consorcio y empezará una batalla legal de 10 años por lo menos de la que los únicos ganadores ciertos serán los abogados.

El proceso licitatorio para conseguir un nuevo contratista que concluya lo que falta de Hidroituango tomaría por lo menos un año, desde la elaboración de los pliegos hasta la adjudicación. Así las cosas, la declaratoria de la urgencia manifiesta para hacer una contratación directa, invocando el riesgo de racionamiento, aparece como la opción más razonable. Y ahí estarán los persistentes y pacientes chinos de la CTGC para coger al vuelo la oportunidad soñada.

El problema es que aún con una contratación directa no se garantiza la puesta en operación de Hidroituango de forma oportuna para cumplir el compromiso que EPM tiene con el sistema interconectado, bajo el esquema del cargo por confiabilidad. Tampoco, por su puesto, se conjura el riesgo de racionamiento. La obra es en extremo compleja y su desarrollo está plagado de dificultades, aún para los contratistas actuales que llevan 10 años en el terreno.  

Esto es algo que no parece importarle al alcalde Quintero cuyos objetivos personales y políticos – así como los de sus apoyos actuales, Vargas Lleras y Petro Urrego - están por completo desalineados de los objetivos de largo plazo de EPM y del objetivo de las autoridades del sector eléctrico colombiano de garantizar el abastecimiento confiable de la demanda eléctrica.

Los miembros de la novísima Junta Directiva de EPM si deberían preocuparse por la compleja situación en la que voluntariamente se han puesto aceptando su designación. Si el alcalde, como ha dicho con displicencia, en gracia de discusión, somete a su consideración la demanda contra el consorcio constructor, quedan mal tanto si la aprueban como si la desaprueban.

En el primer caso se montan en el barco del alcalde que seguramente conduce al detrimento patrimonial de EPM por el incumplimiento de sus obligaciones con el sistema interconectado y, eventualmente, al racionamiento energético. Si desaprueban darían razón a la junta saliente y nadie entendería por qué están ahí. Es bueno que la inducción que se hace a los miembros de la junta incluya lo referente a las responsabilidades, incluso patrimoniales, que comportan sus decisiones.

Llama la atención el hecho de que a estas alturas las autoridades nacionales del sector eléctrico no hayan dicho nada sobre lo que está pasando en EPM. El Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Unidad de Planeamiento Minero Energético y la Comisión de Regulación de Energía y Gas harían bien en pedirle a XM, el operador del sistema, el balance energético del País bajo el supuesto de que Hidroituango demore su entrada en operación comercial uno o dos años más después de noviembre de 2022. 

Al problema del atraso de Hidroituango habría que añadirle el de los proyectos eólicos de La Guajira, en los que el Ministerio de Minas y Energía tiene fincadas sus esperanzas. Los promotores de esos proyectos, al parecer, no tenían idea del berenjenal tan espantoso que es el proceso de consulta previa con las comunidades indígenas de ese departamento. Para EPM, el pequeño parque de Jepirachi fue una verdadera pesadilla: cuatro veces por lo menos la infraestructura fue desmantelada por el robo de alambre de cobre y otros materiales. 

Por lo anterior el sistema interconectado quedaría muy vulnerable y con alto riesgo de racionamiento. Ese riesgo de racionamiento debería ser suficiente para que las autoridades sectoriales, en especial la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, empiecen a preguntar sobre lo que está pasando en EPM. También la Procuraduría y la Contraloría deberían estar haciendo lo suyo en lugar de esperar para actuar la ocurrencia de un gran daño a EPM y al País entero.

Los chinos de la CTGC pueden ser pacientes y buenos para hacer proyectos hidroeléctricos, pero todavía no se sabe que hagan milagros. Porque un milagro es lo que se necesitaría para que terminaran oportunamente la primera fase del proyecto en 2022. Así pues, hay que preparase para que EPM incumpla sus compromisos con el sistema interconectado poniendo en riesgo el abastecimiento eléctrico del País. Pero esto al alcalde Quintero le importa un pepino: lo suyo parecen ser los cuentos chinos.  

LGVA

Agosto de 2020.