El Marco Fiscal de Mediano Plazo: un paso en la buena dirección
Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Consultor ECSIM
El Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) es un
documento, que anualmente debe presentar el Ministerio de Hacienda a las Comisiones
Económicas del Congreso, en el que se muestra la situación y perspectivas de
las finanzas públicas en el corto y el mediano plazo y las correspondientes
metas fiscales del gobierno. El MFMP presentado
el 15 de junio es un paso en la buena dirección, es decir, la de reducir el
tamaño del gobierno y ampliar el espacio de la actividad privada.
El gasto del gobierno central bordea el 20 % del PIB y
el del gobierno general, es decir, el de todas las entidades territoriales
sumadas, llega al 30%, porcentaje que corresponde a países con un PIB per cápita
que triplica el de Colombia. En el MFMP se plantea llevar el gasto del gobierno
nacional a 19%, en 2020, y a un 17%, hacia 2027. Son metas modestas, pero merecen
destacarse en un país donde la mayoría de los políticos y los economistas
abogan por un gobierno grande.
La reducción de la tarifa del impuesto de renta de 37%
a 33%, inicialmente, y a 30% más adelante, y otros beneficios como el descuento
del IVA a los bienes de capital y descuento del 50% del impuesto de industria y
comercio, son buenas medidas del gobierno de Duque que no se han valorado suficientemente.
Hay que avanzar más porque la tarifa del impuesto a las empresas es mucho más
elevada que la de Europa, Estados Unidos y Canadá. No obstante, el hecho de que
el MFMP no contemple ninguna reforma tributaria adicional en lo que resta del gobierno
de Duque es una buena noticia pues permitirá que los beneficios fiscales
mencionados tengan efecto sobre la inversión de las empresas y la demanda
laboral.
Los subsidios en Colombia son un verdadero desastre:
benefician a los más avivatos, no a los más necesitados y, tal vez lo más
grave, están minando los hábitos de responsabilidad, independencia y
auto-estima de la gente creando una población dependiente de las dádivas del
gobierno, lo cual alimenta el clientelismo y la corrupción.
Es inadmisible que el porcentaje de la población que
se beneficia de los subsidios a los servicios públicos sea mayor que el de hace
25 años o que el programa llamado familias en acción, que se introdujo en 2002
cuando la tasa de desempleo era de 20%, tenga 3 millones de familia
beneficiarias después de haber empezado con 300 mil. Estudios realizados por
entidades como ECSIM, FEDESARROLLO y el DNP han estimado que una mejor
focalización de los subsidios sociales, es decir, que solo sean entregados a
quienes realmente los necesitan, produciría un ahorro fiscal de 3 billones de
pesos.
Todas las medidas de racionalización de subsidios propuestas
en el MFMP son pertinentes y deberían permitir avanzar hacia un esquema en que
todos los llamados subsidios sociales se conviertan en un pago único a las
familias beneficiarias, del que estas dispondrían libremente. Una especie de
impuesto negativo, como el propuesto por Friedman, que tiene la ventaja de
ayudar a las personas sin destruir los incentivos al trabajo.
La Nación tiene una participación en 105 empresas cuyo
valor en libros es de 79 billones de pesos, unos 25 mil millones de dólares.
Ecopetrol y sus filiales representan el 64%; ISA y otras empresas del sector
eléctrico un 13%; hay un 18% en el sector financiero; 3% en telecomunicaciones
y un 2% en otros sectores. La participación del gobierno en estas empresas no
responde a ninguna imperfección de mercado ni a una necesidad de política social.
La venta de buena parte o la totalidad de esos activos, como se plantea en el
MFMP, permitiría un ajuste fiscal suave y, por supuesto, elevaría la
productividad de la economía en su conjunto como consecuencia de la mayor
presencia del sector privado.
Reducción de impuestos, menor gasto público,
focalización de subsidios y privatización de empresas estatales son todas
políticas de corte liberal que deben ser apoyadas con firmeza por los liberales
de todos los otros partidos, en particular los partidos de la coalición del
gobierno. La venta de activos y la reducción de subsidios son medidas difíciles
desde el punto de vista político y encontrarán gran oposición. El Centro Democrático no debería cometer el error de oponerse a la venta de ISA
o de parte de Ecopetrol, como lo hizo atolondradamente con la venta de ISAGEN,
aumentando las dificultades que inevitablemente enfrentará el gobierno del
Presidente Duque.
LGVA
Junio de 2019.
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