El
presupuesto distrital y las transferencias de EPM
Luis
Guillermo Vélez Álvarez
Economista
Aforado en $11,7 billones, el
presupuesto de 2027 “apenas” crece frente al de 2026, de $11,6 billones. Imposición
de las circunstancias, no decisión voluntaria. El de 2026 aumentó 6,4 %
respecto al de 2025, y este, 25 % frente al de 2024.
La danza de los billones del
presupuesto de Medellín comenzó en 2003, cuando alcanzó por primera vez los
$1,3 billones. En 1997, año en que EPM, mediante el Acuerdo 69, pasó de
establecimiento público a empresa industrial y comercial del Estado, el presupuesto
municipal no llegaba al medio billón. Después creció de forma sostenida,
alimentado, en buena medida, por las transferencias de EPM destinadas a “inversión
social”. Para comparar por décadas: $1,8 billones en 2007, $4,6 billones en
2017 y casi $12 billones en 2027.
Ese 1997 es crucial en la
historia de EPM, en su relación con el Municipio y, por supuesto, en la de las
transferencias. Durante los cuarenta años transcurridos desde su constitución
como establecimiento público, en 1956, estas se calculaban como un porcentaje
de los ingresos brutos. Al principio eran modestas y apenas alcanzaban para
cubrir el servicio de alumbrado público. Después crecieron, pero sin
convertirse en una fuente estructural de financiación del presupuesto
municipal.
El artículo 13 del Acuerdo 69
de 1997 fijó en un máximo del 30 % los excedentes transferibles. Los estatutos
adoptados mediante el Acuerdo 12 de 1998 establecieron como base de liquidación
las utilidades después de impuestos, sin ajustes por inflación. El Convenio
Marco de abril de 2007 dispuso que las transferencias extraordinarias serían
«definidas y acordadas entre ambas partes». No he logrado establecer mediante
qué acto jurídico se elevó al 25 % la transferencia extraordinaria ni cuándo
adquirió, en la práctica, el carácter de ordinaria. Dejo esa pesquisa en manos
de los abogados.
El problema de fondo es la
transformación de una empresa comercial, que opera en competencia y está
sometida a riesgos, en un recurso fiscal del Municipio. Es lo mismo que hizo la
Nación con Ecopetrol, con consecuencias semejantes.
Cuando el exministro Cárdenas Santamaria
impulsó la reforma tributaria que elevó el IVA del 16 % al 19 %, justificó el
aumento por la necesidad de compensar la caída de las utilidades de Ecopetrol.
No se le ocurrió que también podía reducirse el gasto público. Algo parecido
ocurre ahora en Medellín. La caída de las utilidades reduce las transferencias,
no porque disminuya la tasa, que sigue en 55 %, sino porque cae la base de
liquidación. Para compensarlo, la Secretaría de Hacienda propone endeudarse en
$1,5 billones. Como si en el gigantesco conglomerado del Distrito no hubiera
nada que recortar.
La deuda de hoy es el impuesto
de mañana. Así lo recuerda el teorema de la equivalencia ricardiana. Antes de
endeudar al Distrito para sostener el gasto, habría que preguntarse por qué no
se empieza por revisar ese gasto. No se puede comer carne y tomar leche de la
misma vaca. La Ciudad debe abrir una gran discusión sobre las transferencias de
EPM.
LGVA
Noviembre de 2026

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