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lunes, 16 de noviembre de 2026

Impuestos, empréstito forzoso y equivalencia ricardiana Comentario sobre la propuesta se Santiago Pardo

 

Impuestos, empréstito forzoso y equivalencia ricardiana

Comentario sobre la propuesta se Santiago Pardo

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

No he podido encontrar una presentación sistemática de propuesta de Santiago Pardo de eliminar una serie de impuestos y sustituir temporalmente el recaudo por un empréstito forzoso a las sociedades. La información que se resume a continuación es extraída de la entrevista con Maria Isabel Rueda publicada el 30 de agosto en El Tiempo y de una presentación que el señor Pardo hizo a los congresistas del Centro Democrático.

Sobre los impuestos:

·         Diminución del impuesto de renta corporativo de 35% a 30%.

·         Eliminar el impuesto al patrimonio.

·         Eliminar 4X1.000.

·         Eliminar autorretención especial.

·         Eliminar los impuestos a las bebidas azucaradas y ultra procesados.

·         Permitir descontar el 100% del ICA del impuesto de renta.

·         Disminuir a 10% el impuesto a los dividendos y ganancias ocasionales.

Sobre el empréstito obligatorio:

·         El 20% de las utilidades esperadas durante dos o tres años.

·         Recaudo esperado: 40 ó 60 billones.

Dos observaciones:

·         No se indica ni el plazo del bono, ni el valor del cupón.

·         El ICA ya se descuenta al 100%.

Conviene separar dos asuntos: la conveniencia de la reforma tributaria y la idoneidad del mecanismo propuesto para financiarla.

La primera parte tiene una justificación económica sólida. Los impuestos al patrimonio, a las transacciones financieras y a la inversión castigan la acumulación de capital, encarecen la producción y afectan la competitividad. El 4 × 1.000, por ejemplo, grava la circulación del dinero y estimula el uso de efectivo y la informalidad. El impuesto al patrimonio penaliza la propiedad de activos independientemente de su rentabilidad. La acumulación del ICA con el impuesto de renta introduce costos adicionales sobre la actividad productiva. Su eliminación o corrección podría mejorar los incentivos para invertir, producir y formalizar empresas.

No se trata solamente de reducir la carga tributaria. Se trata de cambiar la estructura de los impuestos para que el sistema fiscal interfiera menos en las decisiones económicas. Una economía necesita inversión, ahorro, formación de capital y empresas capaces de asumir riesgos. Un sistema tributario que penaliza esas actividades termina comprometiendo el crecimiento futuro y, paradójicamente, su propia capacidad de recaudo.

El problema aparece con el empréstito forzoso. Aquí resulta particularmente pertinente el teorema de la equivalencia ricardiana, asociado a David Ricardo y desarrollado formalmente por Robert Barro en su conocido artículo de 1974, ¿Are Government Bonds Net Wealth?

La proposición de Barro es sencilla en su formulación, aunque exigente en sus supuestos: financiar el gasto público mediante impuestos o mediante deuda es equivalente desde el punto de vista de la riqueza privada, si los agentes anticipan racionalmente las obligaciones fiscales futuras. Cuando el Gobierno deja de cobrar impuestos hoy y se endeuda, tendrá que cobrar impuestos mañana para pagar el capital y los intereses. Los contribuyentes, conscientes de esa obligación, deberían ahorrar los recursos que reciben por la reducción tributaria para atender la carga fiscal futura.

Supongamos que el Gobierno elimina impuestos por $40 billones y obtiene esa misma suma mediante bonos obligatorios suscritos por las empresas. En apariencia, estas últimas han recuperado recursos que antes entregaban al Estado como impuestos. Pero ahora tienen un título de deuda en sus balances y el Gobierno tiene una obligación de pago. Si los bonos se redimen con impuestos futuros, la carga simplemente se ha trasladado en el tiempo. Si se pagan con nuevas emisiones de deuda, se posterga el problema. Si se recurre a la emisión monetaria, aparece el riesgo de inflación.

El empréstito forzoso no crea recursos fiscales gratuitos. Cambia la naturaleza jurídica y financiera de la transferencia, pero no elimina la restricción presupuestaria Inter temporal del Estado.

Esto no significa que impuestos y deuda sean siempre equivalentes en la realidad. La equivalencia ricardiana depende de supuestos que no se cumplen plenamente: ausencia de restricciones de crédito, expectativas racionales, horizontes de planificación suficientemente largos y certeza sobre los impuestos futuros. Por eso la deuda puede tener efectos sobre el consumo, la inversión y la actividad económica que no tendría una tributación inmediata. Pero la proposición conserva toda su fuerza como advertencia contra la ilusión de que financiar el gasto mediante deuda equivale a financiarlo sin costo.

Hay, además, una diferencia entre financiar al Estado mediante impuestos distorsionantes y hacerlo mediante deuda. Los primeros pueden reducir directamente los incentivos para invertir y producir. La segunda puede permitir distribuir en el tiempo el costo de una transición fiscal. Por eso no descartaría el endeudamiento transitorio como instrumento de una reforma tributaria. Lo que cuestiono es la obligatoriedad de la operación y la pretensión de presentarla como sustituto permanente del recaudo.

El empréstito forzoso plantea también problemas económicos concretos. Las utilidades contables de una empresa no equivalen necesariamente a recursos líquidos disponibles. Una compañía puede registrar beneficios y necesitar simultáneamente financiación para inventarios, inversiones, cuentas por cobrar o amortización de sus créditos. Obligarla a suscribir bonos puede llevarla a endeudarse para cumplir la obligación estatal. En ese caso, el Gobierno estaría capturando ahorro privado y desplazando recursos que podrían destinarse a inversión productiva.

Que los bonos sean negociables tampoco resuelve completamente el problema. La posibilidad de venderlos no garantiza que puedan realizarse inmediatamente a su valor nominal. Si los compradores exigen una compensación por el riesgo soberano, las empresas obligadas a suscribirlos tendrán que soportar un descuento. Y si la remuneración es inferior a la tasa de mercado, el empréstito contendrá un impuesto implícito.

La dimensión jurídica tampoco es menor. Colombia tiene un antecedente directamente relacionado con esta discusión. Mediante la Sentencia C-149 de 1993, la Corte Constitucional declaró inexequibles los artículos de la Ley 6 de 1992 que establecían los Bonos para Desarrollo Social y Seguridad Interna. La operación obligaba a determinados contribuyentes a realizar una inversión forzosa en títulos públicos. La Corte consideró que, dadas sus características materiales, se trataba de un impuesto y no de un verdadero empréstito. El hecho de denominarlo inversión obligatoria no modificaba su naturaleza económica y jurídica.

No significa que toda inversión forzosa sea necesariamente inconstitucional. Pero una iniciativa que obligue a las empresas a entregar una proporción de sus utilidades al Estado tendría que superar un examen constitucional particularmente exigente. No basta con prometer la devolución del capital y reconocer intereses para convertir automáticamente una exacción obligatoria en una operación ordinaria de crédito público.

Queda, finalmente, el problema fiscal más importante. La eliminación de impuestos produce una reducción permanente de los ingresos públicos, mientras que el empréstito proporciona financiación transitoria. Si el faltante de $40 billones es recurrente, no basta con conseguir esa suma durante dos o tres años. Al vencimiento de los bonos, el Gobierno seguirá enfrentando la reducción del recaudo y tendrá que atender, además, los intereses y las amortizaciones de la deuda.

Es posible que la reforma estimule la inversión y el crecimiento y que, como consecuencia, aumente el recaudo de otros impuestos. Pero ese resultado no puede darse por descontado. La curva de Laffer no demuestra que cualquier reducción tributaria se autofinancie. Para sostener esa afirmación habría que estimar las elasticidades de las bases gravables y los efectos de cada modificación sobre la actividad económica. Tampoco puede suponerse que los mayores ingresos fiscales aparecerán inmediatamente, mientras las obligaciones financieras tienen fechas ciertas de vencimiento.

Rescataría, por tanto, la reforma tributaria y prescindiría del empréstito forzoso. La transición podría financiarse mediante deuda voluntaria, dentro de límites compatibles con la sostenibilidad fiscal, acompañada de una reducción estructural del gasto público y de una senda verificable de disminución del déficit.

La propuesta de Santiago Pardo acierta al señalar que Colombia necesita un sistema tributario menos hostil a la inversión y a la actividad empresarial. Pero el problema fiscal no se resuelve cambiando impuestos por obligaciones financieras impuestas a quienes producen. La equivalencia ricardiana nos recuerda que las obligaciones del Estado no desaparecen por cambiar su forma de financiación.

La verdadera reforma liberal no consiste en modificar el procedimiento mediante el cual el Estado se apropia de los recursos privados. Consiste en reducir sus necesidades de financiación, limitar el gasto y devolver a los ciudadanos y a las empresas la libertad de disponer del fruto de su trabajo, su ahorro y su inversión.

LGVA

Noviembre de 2026.