Impuestos,
empréstito forzoso y equivalencia ricardiana
Comentario
sobre la propuesta se Santiago Pardo
Luis
Guillermo Vélez Álvarez
Economista
No he podido encontrar una
presentación sistemática de propuesta de Santiago Pardo de eliminar una serie
de impuestos y sustituir temporalmente el recaudo por un empréstito forzoso a
las sociedades. La información que se resume a continuación es extraída de la
entrevista con Maria Isabel Rueda publicada el 30 de agosto en El Tiempo y de
una presentación que el señor Pardo hizo a los congresistas del Centro
Democrático.
Sobre los impuestos:
·
Diminución del impuesto de renta corporativo de
35% a 30%.
·
Eliminar el impuesto al patrimonio.
·
Eliminar 4X1.000.
·
Eliminar autorretención especial.
·
Eliminar los impuestos a las bebidas azucaradas
y ultra procesados.
·
Permitir descontar el 100% del ICA del impuesto
de renta.
·
Disminuir a 10% el impuesto a los dividendos y ganancias
ocasionales.
Sobre el empréstito obligatorio:
·
El 20% de las utilidades esperadas durante dos
o tres años.
·
Recaudo esperado: 40 ó 60 billones.
Dos observaciones:
·
No se indica ni el plazo del bono, ni el valor
del cupón.
·
El ICA ya se descuenta al 100%.
Conviene separar dos asuntos:
la conveniencia de la reforma tributaria y la idoneidad del mecanismo propuesto
para financiarla.
La primera parte tiene una
justificación económica sólida. Los impuestos al patrimonio, a las
transacciones financieras y a la inversión castigan la acumulación de capital,
encarecen la producción y afectan la competitividad. El 4 × 1.000, por ejemplo,
grava la circulación del dinero y estimula el uso de efectivo y la
informalidad. El impuesto al patrimonio penaliza la propiedad de activos
independientemente de su rentabilidad. La acumulación del ICA con el impuesto
de renta introduce costos adicionales sobre la actividad productiva. Su
eliminación o corrección podría mejorar los incentivos para invertir, producir
y formalizar empresas.
No se trata solamente de
reducir la carga tributaria. Se trata de cambiar la estructura de los impuestos
para que el sistema fiscal interfiera menos en las decisiones económicas. Una
economía necesita inversión, ahorro, formación de capital y empresas capaces de
asumir riesgos. Un sistema tributario que penaliza esas actividades termina
comprometiendo el crecimiento futuro y, paradójicamente, su propia capacidad de
recaudo.
El problema aparece con el
empréstito forzoso. Aquí resulta particularmente pertinente el teorema de la
equivalencia ricardiana, asociado a David Ricardo y desarrollado formalmente
por Robert Barro en su conocido artículo de 1974, ¿Are Government Bonds Net
Wealth?
La proposición de Barro es
sencilla en su formulación, aunque exigente en sus supuestos: financiar el
gasto público mediante impuestos o mediante deuda es equivalente desde el punto
de vista de la riqueza privada, si los agentes anticipan racionalmente las
obligaciones fiscales futuras. Cuando el Gobierno deja de cobrar impuestos hoy
y se endeuda, tendrá que cobrar impuestos mañana para pagar el capital y los
intereses. Los contribuyentes, conscientes de esa obligación, deberían ahorrar
los recursos que reciben por la reducción tributaria para atender la carga
fiscal futura.
Supongamos que el Gobierno
elimina impuestos por $40 billones y obtiene esa misma suma mediante bonos
obligatorios suscritos por las empresas. En apariencia, estas últimas han
recuperado recursos que antes entregaban al Estado como impuestos. Pero ahora tienen
un título de deuda en sus balances y el Gobierno tiene una obligación de pago.
Si los bonos se redimen con impuestos futuros, la carga simplemente se ha
trasladado en el tiempo. Si se pagan con nuevas emisiones de deuda, se posterga
el problema. Si se recurre a la emisión monetaria, aparece el riesgo de
inflación.
El empréstito forzoso no crea
recursos fiscales gratuitos. Cambia la naturaleza jurídica y financiera de la
transferencia, pero no elimina la restricción presupuestaria Inter temporal del
Estado.
Esto no significa que
impuestos y deuda sean siempre equivalentes en la realidad. La equivalencia
ricardiana depende de supuestos que no se cumplen plenamente: ausencia de
restricciones de crédito, expectativas racionales, horizontes de planificación
suficientemente largos y certeza sobre los impuestos futuros. Por eso la deuda
puede tener efectos sobre el consumo, la inversión y la actividad económica que
no tendría una tributación inmediata. Pero la proposición conserva toda su
fuerza como advertencia contra la ilusión de que financiar el gasto mediante
deuda equivale a financiarlo sin costo.
Hay, además, una diferencia
entre financiar al Estado mediante impuestos distorsionantes y hacerlo mediante
deuda. Los primeros pueden reducir directamente los incentivos para invertir y
producir. La segunda puede permitir distribuir en el tiempo el costo de una
transición fiscal. Por eso no descartaría el endeudamiento transitorio como
instrumento de una reforma tributaria. Lo que cuestiono es la obligatoriedad de
la operación y la pretensión de presentarla como sustituto permanente del
recaudo.
El empréstito forzoso plantea
también problemas económicos concretos. Las utilidades contables de una empresa
no equivalen necesariamente a recursos líquidos disponibles. Una compañía puede
registrar beneficios y necesitar simultáneamente financiación para inventarios,
inversiones, cuentas por cobrar o amortización de sus créditos. Obligarla a
suscribir bonos puede llevarla a endeudarse para cumplir la obligación estatal.
En ese caso, el Gobierno estaría capturando ahorro privado y desplazando
recursos que podrían destinarse a inversión productiva.
Que los bonos sean negociables
tampoco resuelve completamente el problema. La posibilidad de venderlos no
garantiza que puedan realizarse inmediatamente a su valor nominal. Si los
compradores exigen una compensación por el riesgo soberano, las empresas obligadas
a suscribirlos tendrán que soportar un descuento. Y si la remuneración es
inferior a la tasa de mercado, el empréstito contendrá un impuesto implícito.
La dimensión jurídica tampoco
es menor. Colombia tiene un antecedente directamente relacionado con esta
discusión. Mediante la Sentencia C-149 de 1993, la Corte Constitucional declaró
inexequibles los artículos de la Ley 6 de 1992 que establecían los Bonos para
Desarrollo Social y Seguridad Interna. La operación obligaba a determinados
contribuyentes a realizar una inversión forzosa en títulos públicos. La Corte
consideró que, dadas sus características materiales, se trataba de un impuesto
y no de un verdadero empréstito. El hecho de denominarlo inversión obligatoria
no modificaba su naturaleza económica y jurídica.
No significa que toda
inversión forzosa sea necesariamente inconstitucional. Pero una iniciativa que
obligue a las empresas a entregar una proporción de sus utilidades al Estado
tendría que superar un examen constitucional particularmente exigente. No basta
con prometer la devolución del capital y reconocer intereses para convertir
automáticamente una exacción obligatoria en una operación ordinaria de crédito
público.
Queda, finalmente, el problema
fiscal más importante. La eliminación de impuestos produce una reducción
permanente de los ingresos públicos, mientras que el empréstito proporciona
financiación transitoria. Si el faltante de $40 billones es recurrente, no
basta con conseguir esa suma durante dos o tres años. Al vencimiento de los
bonos, el Gobierno seguirá enfrentando la reducción del recaudo y tendrá que
atender, además, los intereses y las amortizaciones de la deuda.
Es posible que la reforma
estimule la inversión y el crecimiento y que, como consecuencia, aumente el
recaudo de otros impuestos. Pero ese resultado no puede darse por descontado.
La curva de Laffer no demuestra que cualquier reducción tributaria se autofinancie.
Para sostener esa afirmación habría que estimar las elasticidades de las bases
gravables y los efectos de cada modificación sobre la actividad económica.
Tampoco puede suponerse que los mayores ingresos fiscales aparecerán
inmediatamente, mientras las obligaciones financieras tienen fechas ciertas de
vencimiento.
Rescataría, por tanto, la
reforma tributaria y prescindiría del empréstito forzoso. La transición podría
financiarse mediante deuda voluntaria, dentro de límites compatibles con la
sostenibilidad fiscal, acompañada de una reducción estructural del gasto público
y de una senda verificable de disminución del déficit.
La propuesta de Santiago Pardo
acierta al señalar que Colombia necesita un sistema tributario menos hostil a
la inversión y a la actividad empresarial. Pero el problema fiscal no se
resuelve cambiando impuestos por obligaciones financieras impuestas a quienes
producen. La equivalencia ricardiana nos recuerda que las obligaciones del
Estado no desaparecen por cambiar su forma de financiación.
La verdadera reforma liberal
no consiste en modificar el procedimiento mediante el cual el Estado se apropia
de los recursos privados. Consiste en reducir sus necesidades de financiación,
limitar el gasto y devolver a los ciudadanos y a las empresas la libertad de
disponer del fruto de su trabajo, su ahorro y su inversión.
LGVA
Noviembre de 2026.
