Estado limitado, no Estado indiferente

 

Estado limitado, no Estado indiferente

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

En una intervención reciente en el Concejo de Medellín sobre la revisión del POT hice una afirmación que podría parecer poco liberal. Afirmé preferir que el dinero público se destinase a construir vivienda que a construir un estadio. No hay contradicción.

Mi liberalismo no es el del Estado omnipresente, pero tampoco el de un Estado indiferente frente a la pobreza. Estado limitado, no Estado indiferente.  El pensamiento liberal en general, el mío en particular, es sutil y matizado, anclado en principios, atento a la evidencia y pragmático en soluciones.

La función fundamental del Estado es proteger la vida, la libertad y la propiedad. Sin seguridad, justicia y protección de los derechos de propiedad no existe una economía de mercado. Pero ayudar a quienes no pueden satisfacer por sí mismos determinadas necesidades también puede formar parte de las funciones legítimas del Estado.

Hayek no sostuvo que una sociedad libre debiera desentenderse de los pobres. Su preocupación era que la protección social se convirtiera en planificación y que el Estado pretendiera sustituir al mercado. Sowell, por su parte, ha mostrado cómo las restricciones a la oferta de vivienda - mediante control de arriendos y obligaciones inmobiliarias- terminan elevando sus precios y perjudicando precisamente a quienes se pretende beneficiar. Arthur Lewis sostuvo que en vivienda era preferible el subsidio a la oferta pues los beneficiarios de las transferencias monetarias podrían preferir gastarlas en consumo corriente y continuar viviendo en condiciones de hacinamiento e insalubridad.  

De ahí que una política liberal de vivienda deba combinar mercado y Estado. Es decir, facilitar la construcción privada, ampliar la oferta de suelo formal, eliminar restricciones innecesarias y, cuando el mercado no sea suficiente para determinados hogares, utilizar recursos públicos.

En Singapur, el país más liberal del mundo, el 80% de la población vive, bajo contratos de arriendo a 99 años, en viviendas construidas, subvencionadas y gestionadas por el Housing Development Boar, una entidad gubernamental. 

También dije que la política pública se expresa en el presupuesto y se aplica con su ejecución. Por eso propuse la creación del Fondo de Gestión y Financiación del POT orientado a la habilitación de suelo para vivienda popular y a contribuir a su financiación.

Si Medellín reconoce que tiene un problema de vivienda VIS y VIP, debe poner recursos para resolverlo. No propongo que la Alcaldía sustituya a los constructores privados. Puede aportar suelo, financiar urbanización, otorgar subsidios, facilitar crédito, asociarse con particulares o, en determinadas circunstancias, construir directamente.

Por eso destaco lo que viene haciendo la Gobernación de Antioquia a través de VIVA: más de 12.000 viviendas nuevas y 40.000 mejoramientos con una inversión cercana al billón de pesos. También por eso reivindico, con las debidas diferencias históricas, la experiencia del Instituto de Crédito Territorial que en sus 50 años de historia construyó y financió la vivienda de millones de colombianos.

El pobre necesita algo más que recreación subsidiada. Necesita oportunidades para convertirse en propietario. La vivienda es techo, pero también es patrimonio, seguridad económica y una forma de incorporación a la economía formal.