El costo de oportunidad del estadio que pagamos todos

 

El costo de oportunidad del estadio que pagamos todos

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

He cuestionado en el Concejo de Medellín el proyecto de modernización del Atanasio Girardot no porque desconozca la importancia del deporte ni el significado que tiene el estadio para la ciudad. Lo cuestiono por una razón económica elemental: los recursos públicos son escasos y tienen usos alternativos.

El esquema previsto para el nuevo estadio es de financiación mixta: 45 % corresponde a capital público y 55 % a crédito. Pero hay una precisión importante. Ese 45 % de participación pública se financiaría con los recursos generales del Distrito, es decir, con los impuestos que pagan los ciudadanos. La estampilla Prodeporte es otra cosa: sus recaudos constituyen una fuente adicional y específica de ingresos tributarios que, entre otros destinos, contribuye a financiar el proyecto. No estamos, por tanto, ante una sustitución de impuestos: estamos ante más recursos tributarios destinados al deporte, además de los impuestos que ya financian la participación patrimonial del Distrito.

El asunto no termina ahí. El crédito tampoco es gratis. Deberá pagarse con recursos futuros del Distrito, recursos que tendrán usos alternativos y cuyo costo financiero habrá que asumir durante años.

Aquí aparece el concepto que suele desaparecer de las presentaciones de estos grandes proyectos: el costo de oportunidad.

Medellín es una ciudad con un enorme déficit habitacional. Cada peso de recursos públicos comprometido en el estadio es un peso que no puede utilizarse simultáneamente para infraestructura de vivienda, habilitación de suelo, servicios públicos, transporte, espacio público o cualquier otra necesidad urbana. La pregunta relevante, entonces, no es solamente cuánto costará el estadio, sino qué dejamos de hacer para construirlo.

J. C. Bradbury plantea una pregunta semejante en This One Will Be Different: False Promises and Fiscal Realities of Publicly Funded Stadiums. Después de estudiar décadas de subsidios públicos a escenarios deportivos en Estados Unidos, muestra que las promesas de empleo, turismo, desarrollo inmobiliario y mayores ingresos tributarios suelen confundir actividad económica con creación neta de riqueza.

Un estadio puede generar gasto sin generar gasto adicional. El dinero que un ciudadano gasta allí puede haber sido gastado de otra manera. Y los empleos creados pueden sustituir empleos que habrían surgido en otras actividades. Por eso la pregunta correcta no es cuánto movimiento económico produce el estadio, sino cuánto produce por encima de lo que habría producido la utilización alternativa de esos recursos.

Este principio resulta particularmente importante en Medellín. Si el Distrito dispone de recursos suficientes para aportar el 45 % del capital y asumir además el endeudamiento correspondiente al 55 %, debe demostrar que el estadio constituye un uso de esos recursos superior a sus alternativas.

Y la carga de la prueba debería ser mayor cuando se agregan nuevos impuestos. La estampilla Prodeporte no hace más rentable al estadio. Simplemente permite disponer de recursos que los ciudadanos habrían podido utilizar en otros bienes y servicios.

Por eso mi objeción no es contra el estadio. Es contra la idea de que todo proyecto deseable es automáticamente un buen proyecto público.

El fútbol puede ser extraordinariamente valioso para Medellín. Pero el valor emocional del fútbol no elimina el costo económico de las decisiones públicas.

En una ciudad con un déficit enorme de vivienda, la verdadera pregunta no es cuánto nos gusta el nuevo estadio. Es cuánto estamos dispuestos a sacrificar en otras necesidades para tenerlo.

El costo de un estadio público no es solamente lo que cuesta construirlo. Es también aquello que Medellín deja de construir con el dinero que decidió poner en él.

LGVA

Septiembre de 2026