Lawfare
contra el gobernador
Luis
Guillermo Vélez Álvarez
Economista
Fiscalmente los departamentos
son la cenicienta de nuestra organización territorial. Su participación en el
recaudo tributario escasamente llega al 4% (frente a 86% de la Nación y 10% de
los municipios), razón por la cual los recursos de la mayoría de ellos
provienen en un 80% o más de transferencias del nivel central, principalmente
del Sistema General de Participaciones (SGP), el Sistema General de Regalías
(SGR) y recursos con destinación específica.
Estados federales como Brasil,
Estados Unidos o Alemania otorgan a sus entidades subnacionales potestad
tributaria sobre impuestos de renta, consumo o propiedad, y facultades
normativas para definir bases, tarifas y administración tributaria. En Argentina
y México, sus provincias o estados pueden recaudar impuestos significativos y
diseñar incentivos fiscales. La arquitectura fiscal colombiana impone a los
departamentos una dependencia estructural que convierte en letra muerta la
“autonomía para gestionar sus intereses” otorgada a las entidades territoriales
por el artículo 287 de la Constitución.
A diferencia de los
gobernadores que se han sucedido desde la expedición de la Constitución de 1991,
limitados en su mayoría a un ejercicio anodino de sus funciones, el gobernador
Andrés Julián Rendón decidió tomar en serio aquello de la autonomía del
artículo 287 y la responsabilidad en el manejo del orden público que le asigna
el 296. Para lo primero, se puso al frente de la convocatoria de un referendo para
reformar el artículo de 298 de la Constitución y entregarles a los
departamentos el recaudo del impuesto de renta; para lo segundo, asumió el
elevado costo político de establecer un tributo destinado a la financiación
logística de las fuerzas militares.
Gobernador de Antioquia por
amplia mayoría y con la mayor favorabilidad entre los gobernantes territoriales,
su discurso de seguridad, inversión privada y autonomía territorial contrasta
con las propuestas centralistas, asistencialistas y claudicantes con la
criminalidad del Gobierno Nacional. En este escenario, judicializar a Rendón no
sólo debilita políticamente a Antioquia, sino que envía un mensaje claro a
otros gobernantes que se atrevan a ejercer liderazgo sin alinearse con la Casa
de Nariño: el costo de disentir será la persecución. Estamos hablando de
supuestas irregularidades en contratos de infraestructura y transporte que
datan de la época en que Rendón fue alcalde de Rionegro y que han sido objeto
de investigaciones jurídicas, administrativas y técnicas sin se haya demostrado
responsabilidad alguna del gobernador.
El momento procesal no es
coincidencia. Desde hace meses, distintos sectores han denunciado una
politización creciente de la Fiscalía, bajo la dirección de Luz Adriana
Camargo, cercana al presidente Gustavo Petro. Se evidencia una preocupante
tendencia a perseguir judicialmente a figuras de la oposición, mientras se
engavetan investigaciones contra aliados del gobierno. En este contexto, el
proceso contra Rendón no se presenta como una acción de justicia imparcial,
sino como parte de una estrategia de desestabilización de los contrapesos
regionales frente al poder central.
Se hace necesaria una veeduría
internacional y el acompañamiento permanente de la Procuraduría en lo que a
todas luces es un caso lawfare.
LGVA
Julio de 2025
