Consecuencias del Informe Pöyry

 

Consecuencias del Informe Pöyry

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

 

El 1 de junio de 2018, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales expidió la Resolución 820 mediante la cual impuso una medida preventiva consistente en la suspensión de las actividades y obras tendientes a la puesta en operación de la Central Hidroeléctrica Ituango. Solo podían continuarse las actividades y obras necesarias para superar la contingencia. Para levantar la medida, la ANLA exigió la contratación de un peritaje sobre la estabilidad de las obras principales del proyecto. Ese es el origen y el propósito del Informe Pöyry, divulgado recientemente y que, al parecer, se quería mantener oculto.

Son tres las principales conclusiones del Informe, a saber:

1.    El abandono del proyecto y restablecimiento de las condiciones originales no es opción. Independientemente del gigantesco costo que tendría, esta opción tiene más impactos y riesgos ambientales que la terminación del proyecto y su puesta en operación. Esta es una conclusión muy importante pues deja sin fundamento la propuesta de abandonar el proyecto plateada por sectores ambientalistas y políticos de la izquierda.

 

2.    El proyecto se debe terminar de la manera más expedita para eliminar, reducir y mitigar riesgos ambientales existentes. Esto tiene que ver, principalmente, con el problema de la operación continua del vertedero y su cuenco de amortiguación que afecta la estabilidad de las obras principales. Para esto es necesario poner en operación el proyecto lo más pronto posible.

 

3.    Evitar el cambio de los actores principales del proyecto. Un eventual cambio ocasionaría un retraso de un año, como mínimo, aumentando la persistencia de otros riesgos. Además, "reduce la trazabilidad de la recuperación del proyecto y hace que se pierda la responsabilidad en el diseño y ejecución de las obras". Y, lo que no es un detalle menor, “aumentará el costo global del proyecto”.

 

Desde que la gerencia de EPM, a instancias del alcalde, presentó, en agosto de 2020, la demanda contra los consorcios contratistas, muchos expertos y técnicos de EPM, de los consorcios y de entidades independientes expresaron conceptos similares a los que recoge el Informe Pöyry, desoídos sistemáticamente por el alcalde y la Junta Directiva.

No existe la más mínima probabilidad de que las conclusiones del Informe Pöyry sean suficientes para hacer entrar en razón al alcalde o conmover a su servil Junta Directiva. Queda la esperanza de que las autoridades de vigilancia y control – Superintendencia de Servicios Públicos, Procuraduría y Contraloría – hagan uso de sus facultades preventivas y pongan término, de una vez por todas, a la incertidumbre sobre la culminación del proyecto ocasionada por la obsesión del alcalde de sacar a los contratistas actuales e instalar en su lugar, sin que importen el costo y las consecuencias, a otros contratistas, recurriendo incluso, como revela el Informe, a la contratación directa.

LGVA

Enero de 2022.