El rearme de las Farc
Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista
El rearme de una fracción de las Farc o, más
precisamente, de Márquez y su pandilla, es una mala noticia para el País, para
los que apoyaron el proceso de La Habana y también para quienes lo
cuestionamos, durante su desarrollo y ahora. Aunque parece que el grupo que
retoma las armas no es muy grande, el hecho no debe minimizarse porque tiene consecuencias
significativas sobre la percepción del País en el contexto internacional, sobre
la situación política interna y sobre el orden público y la seguridad.
Independientemente de la apreciación negativa que se tenga internamente sobre el proceso de La Habana, por las desmedidas
concesiones que se hicieron a una guerrilla derrotada políticamente y menguada
en lo militar, lo cierto es que la llamada comunidad internacional lo ha visto
con buenos ojos, tanto en las instancias políticas como en las económicas y financieras.
El Gobierno y las entidades gremiales con proyección internacional deben actuar
para evitar que ese hecho cambie la percepción de Colombia como un país seguro
y propicio para la inversión, percepción esta que se venía forjando gracias a
la Seguridad Democrática, mucho antes de los acuerdos de La Habana. Esto exige una
acción militar rápida y contundente contra la pandilla de Márquez.
El rearme de las Farc favorece al régimen de Maduro y
sus secuaces, el peor enemigo de Colombia y que seguramente fue su instigador.
Venezuela y Cuba han venido siendo los protectores del ELN y ahora lo serán de
Márquez y su pandilla, que fueron acogidos clamorosamente en la reunión del
Foro de Sao Paulo celebrada en Caracas en julio pasado. La anunciada instalación
en Venezuela de una fábrica rusa para la producción de fusiles kalashnikov aumenta
la amenaza que se cierne sobre Colombia. El Gobierno nacional debe denunciar todo esto sin ambages y actuar decididamente en contra de esos regímenes por todos
los medios a su alcance. Es imperioso mantener y fortalecer la alianza con
Estados Unidos, sin descartar recurrir al TIAR, en caso de una agresión desde
Venezuela.
El reame de Márquez y su pandilla es un duro golpe
contra todas las fuerzas políticas que apoyaron y apoyan la claudicación
institucional de La Habana y una gran oportunidad para el fortalecimiento
político de sus opositores. Pero esto no puede hacerse debilitando al gobierno
del Presidente Duque al exigirle actuaciones por fuera del marco constitucional
y legal. Es necesario avanzar en las elecciones regionales de octubre para
poder aspirar a una mayoría clara en el Congreso de 2022 para proceder, ahí sí,
al desmonte de los aspectos más lesivos de los acuerdos, incluido su retiro de
la constitución y el desmantelamiento de la JEP.
Como habían logrado que los acuerdos de La Habana
garantizaran la casi inmunidad de los cultivos de coca, Márquez y Santrich esperaban
continuar dirigiendo el tráfico de cocaína, cómodamente instalados en sus
curules de congresistas y protegidos por la JEP: el mejor de los mundos. La
elección del Presidente Duque, en lugar de un amigo de Santos, y la
intervención de Estados Unidos frustró esa pretensión.
A la cúpula de las Farc que sigue en el proceso hay
que continuar dándole protección y, principalmente, mantenerla vigilada. A los
guerrilleros de base hay que darles todo el apoyo en su reinserción, para
evitar que sean reclutados por la pandilla narcotraficante de Márquez, que
claramente ha informado su intención de recurrir al asesinato selectivo y al
terrorismo urbano como su principal forma de actuación. Estamos advertidos.
LGVA
Septiembre de 2019.
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