El programa de Fajardo: más estado, menos libertad económica y más corrupción

El programa de Fajardo: más estado, menos libertad económica y más corrupción

Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista

Dejando de lado las declaraciones retóricas y las habituales promesas de un mundo mejor, el programa de la Coalición Colombia de Sergio Fajardo propone aumentar los impuestos, profundizar el asistencialismo, incrementar la burocracia estatal, levantar obstáculos adicionales a la actividad empresarial y resucitar el proteccionismo. Todo esto conduce a menor libertad económica y, como sugiere la experiencia internacional, al aumento de la corrupción.

Aumentar los impuestos. Un mayor recaudo tributario, dice el programa, “es un objetivo inaplazable”. También indica  que se buscará “una mayor progresividad en la estructura impositiva” y que se definirá “un esquema de transición de impuestos indirectos a directos”. Y dice también que se hará “un desmonte general de beneficios tributarios”. 

Se promete pues una nueva reforma tributaria, lo que no es ninguna novedad en un País donde se han hecho 20 en 25 años, para financiar el crecimiento de un estado que en ese mismo lapso ha triplicado su tamaño. Llama la atención el sesgo marcadamente anti-empresarial y anti-capitalista que tendría la reforma de la Coalición Colombia en caso de llegar a materializarse.

Los beneficios tributarios se han ido introduciendo como paliativo frente a una tributación creciente que restaba competitividad a los negocios. Su eliminación sería conveniente si estuviera acompañada de la reducción de las tarifas generales. Pero no es este el caso pues iría en contra de objetivo “inaplazable” de aumentar el recaudo. Por tanto, las tarifas generales se mantendrían al tiempo que se eliminan los beneficios lo cual llevaría al crecimiento de la tasa efectiva de tributación de las empresas.

Las propuestas de una mayor progresividad en la estructura impositiva y de una transición de impuestos indirectos a directos se traducirán en el aumento de la tributación de las rentas de capital y de las rentas de trabajo de la población más eficiente. La única forma de introducir cierta progresividad en el IVA es estableciendo tasas diferenciales según la clase de productos transados o excluir del gravamen a algunos de ellos: los bienes de la canasta básica, por ejemplo. El problema es que de esas tarifas menores y de esas exclusiones se benefician todos los contribuyentes, no solo los de menores ingresos.

El impuesto de renta y el impuesto a la propiedad son más idóneos para dar progresividad al sistema tributario. La progresividad se obtienen gravando con tarifas mayores los ingresos y patrimonios más elevados. En la práctica se establecen rangos a cada uno de los cuales se le asigna una tarifa impositiva cada vez mayor. Una mayor progresividad de los impuestos a las personas se puede obtener elevando la tarifa marginal, aumentando el número de rangos o incrementando las tarifas infra-marginales. No puede aumentarse la progresividad del sistema tributario sin elevar los impuestos[1].

Profundizar el asistencialismo. Se lee en el programa: “Reducir la pobreza y la desigualdad exige programas sociales, subsidios del Gobierno Nacional y un Estado que ofrezca bienes públicos de calidad en la Colombia rural y urbana para abrir las puertas de las oportunidades”.

Si no existieran la pobreza y la desigualdad habría que inventarlas para justificar la existencia del gobierno grande que tanto gusta a los políticos. Los sistemas políticos asistencialistas y clientelistas colapsarían el día en que la gente dejara de creer que su destino económico depende de las transferencias y dádivas del gobierno.

El asistencialismo ha crecido de manera exponencial en los últimos años. El gasto en subsidios es de “proporciones mayúsculas”, se lee en un documento del DNP. Según dicha Entidad, en 2014 el gasto anual en subsidios fue de $ 71 billones, cifra equivalente al 10% del PIB o al 35% del presupuesto general de la Nación y superior al servicio de deuda.  

El 98% de esa suma se destina a los “subsidios sociales” o al “gasto público social”, como pudorosamente se denomina en los documentos oficiales al asistencialismo. ¿Qué tan progresivo es este gasto en subsidios?, se preguntan los técnicos del DNP. “Lamentablemente no mucho”, se responden. Y en efecto, el quintil más pobre de la población solo recibe un 20% de esas transferencias, casi lo mismo que el quintil más rico. Por eso no es sorprendente que, después de semejante esfuerzo, el coeficiente de GINI, que mide la desigualdad, tenga el mismo valor antes y después de subsidios. 

Es falso que el asistencialismo reduzca la pobreza y la desigualdad. Lo que sí es claro es que es la base de  un régimen político y electoral basado en las falsas promesas y el clientelismo. Adicionalmente, como lo han puesto en evidencia múltiples escándalos en los últimos meses, el asistencialismo alimenta la corrupción  pues los recursos de los que se apropian los corruptos son los supuestamente destinados al “gasto social”. No se puede combatir el clientelismo y la corrupción y mantener al mismo tiempo un gobierno asistencialista.

Incrementar la burocracia estatal. Fiel a su vocación estatista, la Coalición Colombia propone reactivar la economía mediante inversiones públicas para crear “empleos formales de calidad”. Ya hay en el País 1.200.000 empleados públicos del nivel nacional y unos 600.000 del nivel territorial. Esto es más del 8% de la ocupación total. Pero resulta que el 50% de los 22 millones de ocupados son informales, de donde se sigue que el 16% del empleo formal es público. Sin duda alguna el gobierno es hoy por hoy el mayor empleador del País y la Coalición Colombia quiere hacerlo crecer aún más. Al lado del asistencialismo el empleo público, cuya remuneración se consume la cuarta parte de los impuestos,  es el otro pilar del modelo político clientelista.

Resurrección del proteccionismo. “Una comisión oficial integrada por entidades del Estado, sectores sociales y productivos evaluará los efectos económicos, sociales e institucionales de los Tratados de Libre Comercio y de los Tratados de Protección a las Inversiones para realizar las revisiones pertinentes”. Esta es propuesta responde a la viejo prejuicio del senador Jorge Robledo según el cual el comercio internacional libre empobrece a los países. En increíble que la incultura económica sea el soporte de un prestigio político. Tratemos una vez más de correr el velo de la ignorancia del senador Robledo, pongan atención:

·         El comercio internacional – y tampoco el nacional – no es beneficioso por los bienes y servicios que vendemos, las exportaciones, sino por los bienes y servicios que recibimos a cambio, las importaciones. Son éstas las que al proveernos con algo de lo que carecíamos aumentan nuestro bienestar y nos dan nuevas oportunidades de producción.   

·         En el comercio internacional y también en el nacional, los bienes y servicios se pagan con bienes y servicios. Si los imperialistas quieren inundarnos de importaciones tiene que comprarnos nuestras exportaciones.

·         Si el valor de los bienes y servicios que recibimos, importaciones, es superior al valor de los bienes y servicios que entregamos cambio, exportaciones, se siguen dos posibilidades: 1. Que nos regalen el excedente, ¿qué hay de malo en ello? o  2.  Que les quedemos debiendo el excedente. (Senador Robledo: ponga atención que en lo que sigue radica su confusión).

·         En un período dado, un individuo no recibe bienes y servicios por valor superior al valor de los bienes y servicios que entrega para después buscar un crédito para financiar el déficit, compra por un valor superior al valor que vende porque previamente se le ha otorgado un crédito para poder hacerlo. Es lo mismo con los países: la deuda viene primero el déficit comercial viene después. La balanza de pagos manda, la balanza comercial obedece, decía Böhm-Bawerk.

·         Los particulares pueden endeudarse con el exterior y lo hacen. También puede hacerlo el gobierno y lo hace en grado sumo. Hoy, el déficit de la balanza comercial que tanto le preocupa es resultado de las decisiones del gobierno que se ha endeudado para sostener un tren de gasto que excede su capacidad fiscal. La secuencia es esta: endeudamiento, déficit fiscal, déficit comercial. No al revés. Recuerde, Robledo, cuando estén gobernando, si se presenta un gran déficit comercial los responsables serán ustedes, no el imperialismo  yanqui y sus lacayos.   

Obstáculos a la actividad empresarial. La retórica esa del estado amigo de los empresarios salta de vez en cuando. Se habla de participación, concertación, protección al ambiente y todo lo demás. Y en medio de todo se vienen con la siguiente perla: “Apoyaremos los procesos mineros en lugares con vocación histórica, basados en licencias sociales obtenidas mediante la participación ciudadana y la concertación como mecanismos para ordenar el territorio, disminuir los conflictos socio-ambientales y proteger los recursos naturales”. Y esta otra: “Apoyaremos la buena minería y la explotación de hidrocarburos que protejan el ambiente, proporcionen empleo, generen encadenamientos productivos, transfieran tecnología y respeten a las comunidades locales. Bajo el cumplimiento de esas condiciones apoyaremos la inversión nacional y extranjera en el sector”.

La figura de la “licencia social” no existe en nuestro ordenamiento jurídico. Es una creación de las ONG que se oponen a las actividades minero-energéticas para darle un toque de decencia a las acciones extorsivas que promueven contra las empresas del sector. Los últimos gobiernos han tolerado que arropados en esa figura esas ONG pongan trabas a la actividad de las empresas del sector Las autoridades locales brindan poco a ninguna protección a los empresarios frente a las ONG que reclaman el pago por la “licencia social”. Un título minero o un licencia ambiental otorga a su titular, que la ha recibido del estado, el derecho de adelantar el conjunto de actividades productivas amparadas en por ese título o licencia. Con la tal licencia social la  Coalición Colombia se propone desconocer desde el gobierno los derechos de propiedad que el mismo gobierno otorga.

Quien consulte los índices de la Heritage Foundation[2] o del Fraser Institute[3] puede constatar que un estado asistencialista y burocrático y los altos impuestos reducen la libertad económica. También la reducen la mayor reglamentación y la menor libertad comercial. Cuando se pierde la libertad económica se ponen en riesgo las libertades políticas y civiles.  Eso se resume en el siguiente diagrama. 

Pero hay algo más. La principal bandera de Fajardo y su Coalición es la lucha contra la corrupción. Quienes cometen actos de corrupción son las personas y está bien buscar que a la administración del estado lleguen individuos con firmes valores profesionales y éticos que les permiten resistir a las tentaciones que inevitablemente se van a presentar. Muchos ojos pocas manos dice Fajardo. Pero, cuando los dueños de esas manos pueden disponer de cuantiosos recursos, decidir sobre el empleo de muchas personas o afectar las decisiones de los empresarios con reglamentación o normas confiar en la firmeza de esos valores no es suficiente. La evidencia internacional sugiere que la corrupción tiende a ser mayor en los países con poca libertad económica. Y esto no tiene nada de sorprendente, la libertad económica significa la capacidad de elegir sobre los aspectos pecuniarios de la vida con la menor injerencia gubernamental posible.  

En la gráfica se relacionan el índice de transparencia de la Transparency International[4] con el índice de libertad económica de la Heritage Foundation. Los países con mayor libertad económica - como Canadá, Suiza, Singapur, Alemania, etc. – tienen un mayor indicador de transparencias, es decir, son menos corruptos. En la parte inferior, con escaza libertad económica y poca transparencia, se encuentra Venezuela. Colombia ahí, en la mitad de las tablas, esperando que las propuestas de la Fajardo nos permitan disputarle a Venezuela su deshonroso lugar.

LGVA

Enero 2018.

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[1] No sobra recordar que el impuesto fuertemente progresivo es una de las diez medidas recomendadas por Marx y Engels en el Manifiesto del partido comunista “para ir arrancando gradualmente a la burguesía todo el capital y centralizar todos los instrumentos de producción en manos del Estado”.  Esto lo saben bien los amigos de Fajardo del Foro de Sao Paulo que piensan que el capitalismo es un sistema social fracasado que se debe  “sacar de nuestras vidas”. Los liberales del siglo XIX rechazaron abiertamente la tributación progresiva. John Stuart Mill la calificó de “hurto solapado”. En el siglo XX la idea según la cual la utilidad del ingreso marginal de un rico es menor que la del ingreso marginal de un pobre, le dio a la tributación progresiva cierta respetabilidad entre los políticos y los economistas mediocres que ignoran que las comparaciones interpersonales de utilidad son imposibles. Pero suponiendo que puedan hacerse esas comparaciones, dado que la utilidad marginal del ingreso es decreciente como creciente es el esfuerzo marginal exigido para obtenerlo, se sigue de ello que debería recompensarse con una tributación menor el esfuerzo de quienes generan mayor riqueza. Es decir, adoptar una tributación regresiva, cobrando tarifas menores a medida que aumenta el ingreso o el patrimonio, lo cual sería el mejor antídoto contra evasión y la elusión.  La tributación progresiva carece de todo fundamento científico, es arbitraria y no tiene otro objetivo que modificar arbitrariamente la distribución de la riqueza. La tributación progresiva castiga la eficiencia y la productividad y castiga también el ahorro y la inversión pues ese es el destino final de la mayor parte del ingreso de las personas más acaudaladas. Naturalmente este es un argumento que carece de validez para los socialistas que piensan que toda la inversión debe realizarla el estado.

[2] http://www.heritage.org/index/pdf/2016/book/Highlights_Spanish.pdf

[3] https://www.fraserinstitute.org/

[4] https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016#table