Adelante con Hidroituango
Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista
EPM ha manejado con gran pericia las dificultades
geológicas imprevisibles que se han presentado en la construcción de
Hidroituango y ha puesto especial cuidado en evitar, controlar, mitigar o
compensar los impactos ambientales resultantes. El gran esfuerzo técnico y
humano para manejar los aspectos físicos de la emergencia, ha estado acompañado
de un admirable compromiso por remediar las afectaciones causadas a las
comunidades del área de influencia del Proyecto. Todo ello de cara a la opinión
pública, los medios y las autoridades que han recibido un flujo permanente de
información sobre los problemas que se han ido presentando y las medidas
adoptadas para superarlos. Los historiadores del futuro no tendrán mayor
dificultad en reconstruir los avatares de la emergencia: les bastará leer los
118 comunicados expedidos por la Empresa hasta la fecha.
La presa está consolidada, el vertedero completamente
operativo y todo parece indicar que la casa de máquinas no sufrió mayor
deterioro. Curiosamente, cuando el proyecto está cada vez más bajo control en
los aspectos constructivos y ambientales, surgen amenazas de otra índole como
son las reacciones que ha suscitado la decisión de EPM de participar en la
subasta de energía firme del 28 de febrero y las diversas presiones para que la
ANLA suspenda la licencia ambiental o el Consejo de Estado decrete su
nulidad.
La decisión de participar en la subasta es enteramente
racional desde el punto de vista empresarial y conveniente para el País. Los
ingresos de una planta hidroeléctrica como Hidroituango provienen de tres
fuentes: los contratos de largo plazo, las ventas en la bolsa y los ingresos
por cargo de confiabilidad. Estos últimos, que se definen en la
subasta de energía firme, pueden llegar representar un 20% de los ingresos
totales, razón por la cual resultan necesarios para garantizar la sostenibilidad
financiera del proyecto.
Por otra parte, sin la participación de Hidroituango
la subasta estaría dominada por las ofertas de las plantas térmicas. Como estas
plantas venden poco o nada en contratos de largo plazo, sus ingresos dependen
de sus ventas en bolsa y, principalmente, del cargo por confiabilidad. Se
estima que, sin Hidroituango, la subasta arrojaría un cargo de US$ 23 por MWH;
mientras que con ella sería de US$ 17 por MWH. Como Hidroituango de todas
formas se terminaría, su ausencia en la subasta llevaría a un exceso de
capacidad muy costoso para la demanda.
Se argumenta que, dada la incertidumbre sobre la
situación de la casa de máquinas, EPM debería abstenerse de participar en la
subasta de energía firme. Ese argumento no resiste ningún análisis. En junio de
2018, EPM comunicó que el proyecto estará operativo a finales de 2021, es
decir, un año antes de la fecha en que entran en vigencia las obligaciones de
energía firme que se asignarán en la subasta del 28 de febrero. Ciertamente hay
incertidumbre, pero esta es sustancialmente menor a la que existía hace algunos
años cuando Hidroituango no era más que un proyecto en el papel, lo cual no
impidió su participación en las subastas de 2006 y 2012, en las cuales adquirió
obligaciones de energía firme que están vigentes en la actualidad. Hoy
Hidroituango tiene la presa consolidada y el vertedero completamente operativo;
solo falta limpiar la casa de máquinas para proceder a instalar los equipos
electromecánicos.
La licencia ambiental está parcialmente suspendida
desde mayo de 2018, cuando la ANLA ordenó una serie de medidas que manejo
ambiental, que ya estaban siendo cumplidas con creces por EPM, y dispuso que
solo podían ejecutarse las acciones tendientes a superar la emergencia, mas no
aquellas conducentes a hacer operativo el Proyecto. Esta restricción debe
levantarse pronto para permitir los trabajos de instalación de los equipos
electromecánicos que tienen que empezar en los próximos meses. Las autoridades
ambientales están instituidas no para impedir el desarrollo de los proyectos
sino para propiciarlo, respetando, por supuesto, los bienes ambientales y el
interés de las comunidades directamente afectadas, algo que EPM viene haciendo
con especial esmero.
Además de las autoridades ambientales, EPM necesita –
y merece – el apoyo del Gobierno Nacional, de la regulación y de los entes de
vigilancia y control. Las investigaciones sobre las causas de la emergencia y
las responsabilidades de diversa índole que de ellas puedan derivarse, no
pueden convertirse en un obstáculo a la terminación del Proyecto.
Hace curso en el Consejo de Estado una demanda de
nulidad de la licencia ambiental, interpuesta por el Movimiento Rios Vivos y el
Colectivo de Abogados Alvear Restrepo, organizaciones claramente hostiles la
generación hidroeléctrica, vinculadas a entidades internacionales, como Friends of the Earth e International Rivers, financiadas,
principalmente, por donantes de países europeos que ya han agotado su potencial
hidroeléctrico o que nunca lo tuvieron. Directamente o por medio de franquicias
o apoyando organizaciones con objetivos similares, dichas entidades operan
en Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, Paraguay, Perú, Uruguay y, cómo
no, en Colombia, donde tienen como aliadas a las organizaciones como CENSAT y
el Movimiento Rios Vivos, que trataron de sabotear el desarrollo de El Quimbo y
Sogamoso y ahora hacen lo mismo con Ituango.
No debe olvidar el Consejo de Estado ni la sociedad
colombiana en su conjunto, que entre 1970 y 1992 entraron en operación las doce
centrales hidroeléctricas (Betania, Caleras, Chivor, Guatapé, Guavio, Jaguas,
Mesitas, Playas, Rio Grande 2, Rio Prado, Salvajina y San Carlos) que,
conjuntamente con Quimbo y Sogamoso, recientemente puestas en operación,
representan cerca del 50% de la capacidad instalada y, en condiciones normales,
el 70 % de la generación. En su momento esos desarrollos tuvieron importantes impactos
ambientales y ocasionaron perjuicios a las comunidades de las zonas de
influencia. Hoy esas centrales conviven pacíficamente con las comunidades de
sus entornos, aportan importantes ingresos de los municipios de sus cuencas,
generan empleo de calidad y producen energía limpia, que le vale al sector
eléctrico colombiano el reconocimiento internacional. Ese es el destino final
de Hidroituango una vez superadas las contingencias del presente. Por eso, EPM,
apoyada por el País entero, debe seguir adelante con Hidroituango.
LGVA
Febrero de 2019.
Sin ser un experto en el tema sino un ciudadano común y corriente, ahora entiendo los intereses que pueden estar con la idea de que esta obra no se concluya, todos los colombianos pagaríamos el sobre-costo de la energía generada en termoeléctricas y que decir la la contaminación que generarían este tipo de plantas.
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