Desvirtuando a Petro III: las libertades
económicas
Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista
Petro no ha prometido acabar con las libertades económicas y civiles y
si quisiera hacerlo seguramente no lo diría. Es más, se le puede conceder el
beneficio de la duda y admitir que no pretende hacerlo. Pero los políticos no
deben ser juzgados por sus promesas sino por las decisiones de política pública
que anuncian o deben tomar para cumplirlas. Todas las decisiones de política
pública tienen consecuencias inmediatas y ostensibles y otras más tardías y
menos aparentes. Las primeras suelen parecer benéficas y deseables, mientras
que las segundas a menudo son perjudiciales e indeseables. Es un error grave
dejarse guiar solo por las primeras, las que se ven, e ignorar las segundas,
las que no se ven y que solo pueden ser puestas en evidencia por el análisis y
la reflexión.
Buena parte de las políticas públicas que Petro promete o debe adoptar,
aunque no lo haya prometido, ponen en peligro la libertad económica y por ello el
conjunto de libertades, pues la primera es el fundamento de todas las demás.
Por ejemplo, si el gasto público elevado requerido para financiar la gratuidad
prometida de la educación y los servicios de salud lleva al déficit fiscal y
este provoca, como suele ocurrir, mayor inflación y el déficit en las cuentas
externas del país, muy seguramente el gobierno estará tentado a imponer el
control de precios y a limitar o acabar con la libertad de cambios, es decir,
con la libertad de comprar y vender moneda extranjera. La reacción de la
sociedad en contra de esas limitaciones puede llevar a que el gobierno opte por
falsear la información económica y, a la postre, silenciar a todos aquellos que
reclamen o difundan una información veraz. De esta forma, el derecho a recibir
una información cierta de las autoridades quedará conculcado y estarán en
peligro las libertades de expresión y de prensa. Esto ha ocurrido en muchas
partes y puede ocurrir en Colombia.
Pero además de ser el fundamento de todas las libertades, la libertad
económica es la base del bienestar y el progreso. Los
países que la tienen en mayor grado suelen tener mejor desempeño económico y
mayor bienestar que los países menos libres. Su producto por habitante es más
elevado, tienen menos pobres, son menos desiguales y es mayor la esperanza de
vida de sus habitantes. Adicionalmente,
en los países con más libertad económica son mayores las libertades políticas y
civiles, mayor la igualdad de género y sus habitantes se sienten más felices
que los de aquellos que carecen de ella. Existen, por supuesto, excepciones
como Arabia Saudita, que es un país extremadamente rico con grandes
limitaciones en libertades civiles e individuales, o China, que ha crecido
considerablemente en las últimas décadas promoviendo la libertad económica,
pero con menor avance en libertades civiles.
La relación entre libertad económica y el desempeño económico, medido
por el PIB por habitante, no es perfectamente lineal. Además de los casos
peculiares de Arabia Saudita y China mencionados, se presentan situaciones de
países que han retrocedido en libertad económica sin que ello refleje aún
en una menor producción por habitante o de aquellos donde la libertad económica
es reciente y aún no han cosechado plenamente sus efectos en el bienestar material.
Habida cuenta de las salvedades indicadas, la gráfica sugiere que hay
una relación positiva entre el índice de libertad económica, estimado por la
Fundación Heritage, y el PIB por habitante, tomado de la base de datos del
Banco Mundial. Hay unos 70 países de todos los continentes, tamaños, razas y
diversa dotación de recursos naturales. La libertad económica importa.
Por aquello de que una imagen vale más que mil palabras, se muestra a continuación
una fotografía nocturna satelital que muestra a las dos Coreas, la del Norte,
casi oscura, la del Sur espléndidamente iluminada con luz eléctrica. Dos
naciones con la misma geografía y habitadas por el mismo pueblo, que hace 65
años optaron por dos caminos diferentes: el de la libertad económica, la del
Sur, el del colectivismo comunista, la del Norte. Naturalmente un ambientalista
podrá decir que las gentes del Norte disfrutan más del cielo nocturno pues están
libres de la contaminación visual que produce la luz eléctrica.
La libertad económica es la libertad de emplear el trabajo propio y todos
los recursos legítimamente adquiridos en la actividad productiva que cada cual
crea es la mejor y de cambiar libremente los resultados del esfuerzo propio con
los resultados del esfuerzo de los demás. En las sociedades contemporáneas, esa
libertad depende de cinco variables a saber: el tamaño del gobierno, la
protección legal a la propiedad, la estabilidad monetaria, la libertad de
comercio internacional y las regulaciones gubernamentales a la actividad
económica.
El tamaño del gobierno depende de su participación en la economía medida
por la magnitud los impuestos o el gasto público, con relación a la producción,
y la importancia de la propiedad del estado. Aunque ahora en la etapa final de
la campaña quiere dar marcha atrás, Petro ha expresado sin tapujos su intención
de aumentar la propiedad estatal o, como dice eufemísticamente, “democratizarla”.
En lo que puede ser algo más que un mero alarde oratorio, anunció su intención
de expropiar un gran ingenio azucarero, ha expresado su antipatía por el sector
financiero privado y su deseo de sustituirlo por uno estatal y, la cereza del
postre, promete establecer un impuesto tan confiscatorio sobre las propiedades
rurales que obligue a sus propietarios a venderlas al estado. Sus programas asistencialistas
de educación superior gratuita, salud para todos sin costo alguno y sabe Dios
qué más, no pueden realizarse sin un gran aumento del gasto público, de los
impuestos y el déficit fiscal. Bajo un gobierno de Petro el tamaño del gobierno
aumentaría y la propiedad individual estaría amenazada reduciéndose así la
libertad económica de los colombianos.
La estabilidad monetaria o, lo que es lo mismo, el control de la
inflación es fundamental para la buena marcha de la economía y el bienestar de
la población, especialmente de los más pobres, pues son éstos a quienes más
castiga la expropiación de la riqueza que se produce con la inflación. El
principal activo institucional de Colombia es la autonomía del Banco de la
República consagrada constitucionalmente y que obliga a sus directores a
preservar el valor de la moneda. Aunque ya lo está negando, Petro anunció su
intención de promover una reforma constitucional podría poner en riesgo la
autonomía del Banco. Sin embargo, no necesita de esa reforma para socavar esa
autonomía, le bastaría con llevar a la Junta Directiva del Banco a algunos de
sus partidarios, lo que puede hacer fácilmente pues el período de los
directores actuales vence durante su eventual presidencia y es potestad del presidente
nombrar los sustitutos. No es un escenario improbable que su gobierno, deseoso
de cumplir su ambicioso programa asistencialista, obligue al Banco a comprar
ingentes cantidades de deuda pública interna para financiarlo, expandiendo la
cantidad de moneda y provocando su depreciación. Bajo un gobierno de Petro la
estabilidad monetaria estaría en riesgo y con ella la libertad económica de los
colombianos.
Es conocida la antipatía de Petro y, en general, de la izquierda
colombiana frente a la libertad de comercio internacional. Petro ha expresado
su intención de elevar la protección arancelaria y para-arancelaria para
proteger a la agricultura y la industria, las cuales, según su incorrecto
diagnóstico, están en crisis como consecuencia de los tratados de libre
comercio suscritos por el País, los cuales ha prometido revisar. Los beneficios
del libre comercio no se miden por las cosas que exportamos sino por las que
importamos y pagamos con esas exportaciones. El 30% de nuestras importaciones
son bienes de capital y el 42% materias primas para la industria y la
agricultura; un 11% son bienes de consumo duradero y un 17% bienes de consumo
no duradero. En los últimos 15 años, el valor total de las exportaciones
agro-industriales ha excedido el valor de las importaciones. Estos datos desvirtúan
las ideas de Petro y muestran que la mayor protección arancelaria, que solo
favorecería a productores ineficientes, elevaría los costos de la producción y
la oferta nacional haciéndola menos competitiva y aumentando el costo de vida para
el consumidor final. Así pues, la menor libertad comercial termina finalmente
castigando a la población más pobre, la que Petro dice representar.
Finalmente, está la regulación gubernamental. Esta debe ser entendida
como el conjunto de normas que los empresarios deben cumplir para llevar a cabo
de su actividad. La mayor regulación no solo dificulta la actividad empresarial,
sino que propicia la corrupción. El Doing-Business es el indicador del Banco
Mundial que mide las regulaciones para hacer negocios. Con muchos esfuerzos, Colombia ha mejorado en
esa clasificación llegando al puesto 59, pero, al parecer, Petro quiere
hacernos retroceder. En el País no se puede hacer ninguna obra de infraestructura
de alguna envergadura sin una licencia ambiental, cuya obtención es
ya un proceso extremadamente arduo. Petro anuncia la modificación del licenciamiento
ambiental añadiendo al concepto técnico de las entidades algo que llama “evaluaciones
ambientales territoriales estratégicas sectoriales” en las que será definitivo
el concepto de las comunidades. Y como si fuera poco, promete la arbitrariedad
anunciando la desaparición del principio primero en el tiempo y primero en el
derecho. Petro ofrece pues más regulación lo que significa menos libertad,
mayor arbitrariedad del gobierno y más corrupción.
Ahí quedan expuestas las consecuencias de un gobierno de Petro sobre la
libertad económica. Nadie puede decir que no está advertido. Ténganlo en cuenta
para que no terminemos, como el pueblo venezolano, repitiendo incansablemente
la frase de Petronio: “Queríamos, pobres de nosotros, pedir auxilio, pero no
había nadie para venir en nuestra ayuda”.
LGVA
Junio de 2018.
